Sentencia C-783 de julio 25 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-783 DE 2001

Ref.: Expediente D-3355

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Montealegre Lynett

Actor: Miguel Hernando Rodríguez González

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 15 (parciales) de la Ley 226 de 1995.

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil uno.

EXTRACTOS:«II. Norma demandada.

A continuación, se transcriben los artículos 14 y 15 de la Ley 226 de 1995 y se resaltan los apartes acusados.

LEY 226 DE 1995 

(Diciembre 20)

Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones.

(...).

“ART. 14.—El programa de enajenación que para cada caso expida el Gobierno dispondrá las medidas correspondientes para evitar conductas que atenten contra los principios generales de esta ley. Estas medidas podrán incluir la limitación de la negociabilidad de acciones a los destinatarios de condiciones especiales, hasta por dos (2) años a partir de la fecha de la enajenación; en caso de producirse la enajenación de dichas acciones antes de dicho plazo se impondrán multas graduales de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la adquisición de las acciones y el momento de enajenación, dichas sanciones se plasmarán en el programa de enajenación.

Sin perjuicio de las disposiciones penales que les sean aplicables, si en cualquier momento se determina que la adquisición se realizó en contravención a esas disposiciones o a las que la reglamenten para cada caso en particular sobre el beneficiario o adquirente real, el negocio será ineficaz.

Sin perjuicio de las limitaciones que se puedan imponer a los destinatarios de condiciones especiales, los cargos del nivel directivo de la entidad en el proceso de privatización, sólo podrán adquirir acciones por un valor máximo de cinco (5) veces su remuneración anual”.

“ART. 15.—La nulidad absoluta de los contratos de compraventa de acciones de entidades estatales sólo podrá ser alegada por las partes o por el Ministerio Público. La nulidad relativa sólo la podrá alegar aquél en cuyo favor está establecida.

En caso de ineficacia o de declaratoria de nulidad de los contratos de compraventa de acciones, sólo habrá lugar a la restitución de las acciones cuando el órgano público veedor así lo solicite. En todo caso, no habrá lugar a obtener la restitución de acciones que se encuentren en poder de terceros de buena fe. Cuando no haya lugar a la restitución sólo podrá haber lugar a las reparaciones pecuniarias correspondientes. Estas disposiciones, por ser de carácter procedimental, son de aplicación inmediata”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia.

1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de la norma acusada, ya que se trata de una demanda ciudadana en contra de una norma que hace parte de una ley de la República.

Existencia de cosa juzgada constitucional.

2. Esta corporación ya tuvo oportunidad de analizar la constitucionalidad de las normas acusadas habiendo operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Así, en la Sentencia C-384 de 1996 (1) , la Corte resolvió lo siguiente:

(1) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

“1. Declárase EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 14 de la Ley 226 de 1995, en el entendido de que las medidas que puede adoptar el gobierno en virtud de ellas son de carácter puramente administrativo”.

Y en cuanto tiene que ver con la segunda disposición acusada también existe cosa juzgada constitucional, aun cuando se condicionó la exequibilidad de la norma. En la Sentencia C-343 de 1996 (2) , la Corte resolvió:

(2) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

“1. Declárase EXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 226 de 1995, con excepción de las expresiones “sólo”, de la primera parte de su primer inciso; “sólo” y “cuando el órgano público vendedor así lo solicite”, de la primera parte de su segundo inciso, y “por ser de carácter procedimental” de su inciso tercero, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.

Es entendido que la nulidad absoluta de los contratos previstos en la norma que se declara exequible también podrá ser alegada por quien tenga un interés legítimo, que hubiere participado en el proceso de enajenación, o hubiere sufrido lesión o perjuicio dentro del mismo por violación de la normatividad constitucional aplicable.

En los aludidos términos se condiciona la exequibilidad declarada”.

Si bien la Corte condicionó la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 226 de 1995, esto es, recurrió a una decisión interpretativa para excluir del ordenamiento ciertas interpretaciones inconstitucionales, ello no significa que el alcance de la cosa juzgada haya sido limitado. Es preciso reiterar la diferencia entre una sentencia condicionada, y una donde la cosa juzgada es relativa, explicado por la Corte en los siguientes términos:

“Es necesario distinguir entre las sentencias de cosa juzgada relativa y las sentencias de constitucionalidad condicionada. Así, la limitación de la cosa juzgada tiene que ver con la posibilidad de que una disposición que ya fue analizada por la Corte, pueda o no ser estudiada en el futuro. Por ende, existe cosa juzgada relativa cuando la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma pueda ser nuevamente reexaminada en el futuro. En cambio, la constitucionalidad condicionada consiste en que la Corte delimita el contenido de la disposición acusada para, en desarrollo del principio de conservación del derecho, poder preservarla en el ordenamiento. Así, la sentencia condicionada puede señalar que sólo son válidas algunas interpretaciones de la misma, estableciéndose de esta manera cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuales no son legítimos constitucionalmente. Pero si la Corte no limita el alcance de la cosa juzgada, entonces ese pronunciamiento material de constitucionalidad condicionada tiene efectos jurídicos definitivos y erga omnes" (3) .

(3) Sentencia C-492 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 4º.

Ahora bien, un análisis de las sentencias C-343 de 1996 y C-384 de 1996, lleva a la conclusión que la Corte no limitó el alcance de la cosa juzgada, por lo que deberá estarse a lo resuelto en las mencionadas providencias.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-384 de 1996, que declaró EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 14 de la Ley 226 de 1995, en el entendido de que las medidas que puede adoptar el gobierno en virtud de ellas son de carácter puramente administrativo.

2. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-343 de 1996, que declaró EXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 226 de 1995, con excepción de las expresiones “sólo”, de la primera parte de su primer inciso; “sólo” y “cuando el órgano público vendedor así lo solicite”, de la primera parte de su segundo inciso, y “por ser de carácter procedimental”, de su inciso tercero, las cuales se declararon INEXEQUIBLES.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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