Sentencia C-783 de julio 28 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-783 de 2005

Ref.: expediente D-5643

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4º y 5º (parcial), de la Ley 890 de 2004 “Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal”.

Actor: Edgard Peña Velásquez

Bogotá D.C., veintiocho de julio de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

Se transcribe a continuación los textos de los artículos 4º y 5º (parcial) de la Ley 890 de 2004, resaltando los apartes demandados:

“LEY 890 DE 2004

(Julio 7)

Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 4º—El artículo del Código Penal tendrá un inciso penúltimo del siguiente tenor:

‘Su concesión estará supeditada al pago total de la multa’”.

ART. 5º—El artículo 64 del Código Penal quedará así:

ART. 64.—Libertad condicional. El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la víctima.

(…)”.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º, del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra una ley de la República.

2. Problemas jurídicos a resolver por la Corte.

Atendiendo los argumentos de inconstitucionalidad expuestos por el actor, corresponde a la Corte Constitucional determinar sí las disposiciones acusadas desconocen el preámbulo y los artículos 2º, 4º, 13 y 28 de la Constitución Política, como también el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos al supeditar la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el reconocimiento de la libertad condicional al pago total de la multa y de la reparación de la víctima, en la medida que impide a los condenados de condiciones económicas precarias acceder a estos beneficios y contraría la expresa prohibición constitucional según la cual no habrá prisión por deudas.

Sin embargo, atendiendo lo señalado por el señor Procurador General de la Nación, respecto de la configuración de la cosa juzgada constitucional respecto de las expresiones acusadas “su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004 como también de una inhibición por ineptitud sustancial de la demanda respecto de la expresión “y de la reparación a la víctima”, contenida en el artículo 5º de dicha ley, resulta necesario entonces que esta Corte se ocupe de determinar previamente i) si se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de las expresiones acusadas y en el evento de no presentarse respecto de todos los cargos formulados habrá de resolver ii) si hay una demanda en forma. De lo contrario, la Corte abordará iii) el problema jurídico planteado inicialmente.

3. La cosa juzgada constitucional formal-material y absoluta-relativa. La cosa juzgada relativa explícita en la Sentencia C-194 de 2005 y la existencia de la cosa juzgada constitucional en el presente asunto en relación con los cargos formulados por el actor.

El inciso primero del artículo 243 de la Constitución Política, establece:

“Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.

De esta preceptiva constitucional se tiene que las decisiones que profiera la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, lo que significa que dichas decisiones se tornan en definitivas e incontrovertibles de tal manera que sobre el tema resuelto no puede plantearse un nuevo proceso (1) .

Es importante recordar que en la Sentencia C-113 de 1993 (2) , la Corte declaró inexequibles los incisos 2º y 4º, del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991. Entre los fundamentos de esta decisión y como respuesta a la pregunta en cuanto a quién corresponde declarar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, se señaló que “solo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de esta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad”, lo cual nace de la misión contenida en el inciso primero del artículo 241 de la Carta, cuando le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

Así lo vino a reiterar la Sentencia C-037 de 1996 (3) ,relativa a la ley estatutaria de la administración de justicia, cuando indicó que solo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus decisiones en atención i) a la prevalencia del principio de separación funcional de las ramas del poder público, ii) el silencio que guardó la Constitución para indicar los alcances de las providencias proferidas por los altos tribunales del Estado, iii) la labor trascendental que cumple la Corte Constitucional cuando se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta y, iv) los efectos de la cosa juzgada constitucional y erga omnes que tienen sus decisiones.

Por ello, el alcance de la cosa juzgada constitucional habrá de atender a la motivación y parte resolutiva de la decisión específica proferida por la Corte Constitucional. Así se señaló en la Sentencia C-774 de 2001 (4) , cuando se indicó que en los asuntos de constitucionalidad es indispensable modular la operancia de la cosa juzgada constitucional “conforme a un análisis que tenga en cuenta la posibilidad de que se planteen nuevos cargos, no tenidos en cuenta por el juez constitucional, o que el examen de las normas demandadas se haya limitado al estudio de un solo asunto de constitucionalidad, o que no se haya evaluado la disposición frente a la totalidad de la Carta, o que exista una variación en la identidad del texto normativo. En eventos como estos, no obstante existir ya un fallo de constitucionalidad, podría abrirse la posibilidad de realizar una nueva valoración de la norma acusada. En este sentido la jurisprudencia de la Corte ha ido perfilando una serie de categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada constitucional de manera tal que se garanticen tanto el objetivo de seguridad jurídica que tiene la cosa juzgada, como las garantías ciudadanas propias del proceso de constitucionalidad, y en particular el derecho que tiene quien inicia un proceso constitucional a obtener decisiones de fondo sobre las concretas pretensiones de inconstitucionalidad que presente”.

Bajo estos supuestos, esta corporación (5) ha hecho referencia a la cosa juzgada formal para señalar que tiene lugar cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma “que es llevada posteriormente a su estudio. Supone la vinculación jurídica que surge para el juez constitucional en relación con el precepto en sí mismo formalmente considerado”. Y la ha distinguido de la cosa juzgada material, la cual se presenta cuando no se trata de una disposición con texto normativo exactamente igual, o sea, formalmente igual, sino de una norma cuyos contenidos normativos son idénticos. “El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política”. Decisiones que fueron reiteradas por esta Corte (6) para concluir que en el evento de la cosa juzgada formal no se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada norma legal sino que se trata simplemente de la constatación de un hecho: “que la Corte ya ha emitido pronunciamiento sobre la norma que nuevamente se acusa y, en consecuencia, se le informa al actor esta situación”. Y, en relación con la cosa juzgada material se presenta cuando la norma acusada tiene un contenido normativo idéntico al de otra disposición sobre la cual esta corporación emitió una decisión, por lo que “los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este serían totalmente aplicables a aquélla y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior”.

En relación con la cosa juzgada relativa y la cosa juzgada absoluta, esta Corte ha indicado:

“De la cosa juzgada absoluta y de la cosa juzgada relativa:

Se presenta cosa juzgada absoluta cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional.

La cosa juzgada relativa se presenta de dos maneras:

Explícita, cuando ‘... la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro...’ (7) , es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada ‘...mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...’ (8) .

— Implícita, se presenta cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, ‘... en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que solo se ha analizado determinados cargos ...’ (9) . Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad; así sostuvo que se presenta cuando: ‘... el análisis de la Corte está claramente referido solo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada...’ (10) .

Además, la Sentencia C-656 de 2003 (11) anotó que “en relación con la cosa juzgada constitucional la Corte ha precisado que, no obstante haberse aceptado que esta pueda operar de manera relativa, la regla general es que la cosa juzgada sea absoluta y que por ello cuando opte por la primera deberá dejar expresa constancia de ello o encontrarse así implícitamente consagrado en la parte motiva de la sentencia. En este sentido la Corte ha advertido que es necesario aclarar en la sentencia que limita el alcance de la decisión, ya sea en la parte resolutiva o motiva de su providencia. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha determinado que si el juez constitucional restringió los efectos de su declaratoria de exequibilidad en la parte resolutiva de la sentencia, se constituye una cosa juzgada relativa explícita, pero, si lo hace en los considerandos o la parte motiva, se presenta una cosa juzgada relativa implícita (12) .

Conforme se tiene de las consideraciones anteriores, debe esta Corte entrar a determinar previamente la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de los cargos formulados y en relación con la Sentencia C-194 de 2005, en cuanto a las expresiones “su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004, que en esta oportunidad se acusan.

Por ende, la Corte entrará a determinar los aspectos más relevantes de la Sentencia C-194 de 2005, con la finalidad de determinar el alcance o modalidad de cosa juzgada constitucional configurada, los problemas jurídicos abordados y la ratio decidendi de dicha decisión atendiendo los argumentos planteados por el actor. En efecto, de la Sentencia C-194 del 2 de marzo de 2005, se tiene lo siguiente:

1. En cuanto a la parte resolutiva de la sentencia, en el numeral primero se declaró exequible, “(p)or los cargos analizados en esta providencia”, el artículo 4º de la Ley 890 de 2004, por el cual se adiciona el artículo 63 del Código Penal. En el numeral cuarto, “(p)or los cargos analizados en esta providencia, se declara exequible la expresión “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, en los términos del artículo 39 del Código Penal.

2. Entre otros, los problemas jurídicos que abordó la Corte y que interesan al caso en estudio fueron:

“¿Vulnera el principio constitucional de igualdad el hecho de que, para conceder el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el legislador exija al condenado el pago total de la multa? En el mismo sentido, ¿es constitucional que se exija el pago total de la multa al condenado que solicita el reconocimiento de la libertad condicional?

¿Constituye la exigencia del pago de la multa, como requisito para acceder al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, una manifestación de la prohibición constitucional del artículo 28 de imponer prisión por deudas?”.

En relación con estos dos problemas jurídicos, la sentencia referida consideró necesario previamente precisar el concepto de multa y los criterios que han de tenerse en cuenta para su imposición, atendiendo que “el demandante sostiene que, siendo la multa una deuda, la imposibilidad de recuperar la libertad como consecuencia de no pagarla es violatoria de la prohibición del artículo 28 de la Carta que proscribe la prisión por deudas. Igualmente, la precisión relativa a los criterios para imposición de la multa es necesaria, porque el cargo de la demanda parte de la base de que la ley discrimina a quienes no tienen la capacidad económica de pagar la multa frente a quienes sí la tienen, como si la capacidad económica no fuera un factor que tuviera que tenerse en cuenta para graduar el monto de la misma”.

3. La ratio decidendi de cada uno de estos problemas jurídicos estuvo dada por lo siguiente:

a) En relación con el principio de igualdad (art. 13 de la Constitución), se concluyó:

“el cargo por violación del artículo 13 constitucional, que el demandante formuló en contra del artículo 4º de la Ley 890 de 2004 y de la expresión “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa” del artículo 5º de la misma ley, carece por completo de fundamento, pues la ley sí dispensa un trato diferenciado para situaciones que realmente lo merecen, por lo que la norma no encarna discriminación alguna”.

Como fundamento de esta respuesta, la sentencia señaló:

“De la descripción de las normas citadas (C.P., arts. 39 y 40) es posible concluir, en primer lugar, que el Estado ha dispuesto mecanismos adecuados y pertinentes para calcular el monto de la multa de conformidad con la condición económica y personal del condenado. En segundo término, la Corte concluye que cuando la capacidad económica del condenado es mínima o inexistente, el sistema jurídico ofrece una alternativa económica, consistente en la posibilidad de prorrogar el pago mientras el obligado encuentra los medios para cancelarla, y una alternativa no económica, que consiste en la posibilidad de conmutar la obligación de dar por una obligación de hacer, consistente en el desarrollo de actividades de naturaleza e interés sociales.

(…) Lo anterior implica que la capacidad o incapacidad de pago del individuo no es irrelevante —por el contrario, es indispensable— para determinar el monto de la multa, así como su forma de pago e, incluso, la posibilidad de amortizarla mediante trabajo o, en casos extremos, de convertirla en arresto de fin de semana. Lo anterior también significa que el procedimiento de tasación de la multa no es irreflexivo, sino que, por el contrario, requiere de una justificación suficiente que explique las razones por las cuales, teniendo en cuenta las condiciones del procesado, se impone una suma determinada de dinero y no otra.

(…) De lo anterior, la Corte no encuentra que el establecimiento de un monto mínimo de la multa, señalado en un salario mínimo legal mensual vigente, sea discriminatorio, es decir, afecte el principio de igualdad del artículo 13 constitucional, de la misma forma que el monto mínimo de la caución prendaria lo hacía, según el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con la declaratoria de inexequibilidad de la Corte, adoptada mediante Sentencia C-316 de 2002.

(…) No obstante, el planteamiento del argumento del demandante demuestra a las claras que el actor desconoce el contenido de la normatividad que regula el método de imposición de la multa y los mecanismos dispuestos para facilitar el pago. En efecto, las previsiones citadas del Código Penal demuestran que la imposición de la multa, el monto de la misma y las alternativas ofrecidas al condenado para el pago hacen parte de un esquema de sanción proporcional que consulta la realidad fáctica del individuo e incluye, como factor determinante, su capacidad económica.

b) En relación la prohibición de prisión por deudas (inc. final del art. 28 de la Constitución), se concluyó:

“Así mismo, tampoco es de recibo el cargo formulado contra las mismas preceptivas que denuncia la violación de la regla constitucional que prohíbe la prisión y el arresto por deudas —C.P., art. 28—. Y la razón —fundamentalmente— es que la naturaleza de la multa, aunque se manifieste en el mundo jurídico a la manera de una deuda, no lo es en el sentido al que se refiere la prohibición constitucional, por lo que es legítimo que el legislador haya supeditado al pago de la misma la concesión de los subrogados de suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad condicional. No siendo la multa una de las deudas a las que se refiere el artículo 28 superior, el legislador no quebranta la Carta al impedir que se conceda la libertad a quien se abstiene de pagarla”.

Como fundamento de esta respuesta, la sentencia señaló:

“Sin embargo, atendiendo a la naturaleza sancionatoria de la multa, la jurisprudencia ha entendido que aquella no configura una “deuda” en el mismo sentido en que lo son los créditos civiles. Y es que no existe razón alguna para considerar que, como en ambos casos el medio liberatorio de la obligación es el dinero, la naturaleza jurídica de los créditos sea la misma. Ciertamente, el origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta socialmente reprochable. Más aún, la multa no es una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el delito.

(…) En fin, para la jurisprudencia ha sido claro que el carácter crediticio de la multa no la convierte en una deuda.

(…) Y tan cierto es que la multa no es una deuda que la Corte Constitucional, al definir el alcance del artículo 28 de la Constitución Política, ha señalado que cuando la Carta prescribe que “en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas”, aquella lo hace en relación con los créditos civiles y no con los que dimanan de la conducta delictiva del individuo, por lo cual es perfectamente posible que la multa se convierta en arresto o, lo que es lo mismo, que el derecho a la libertad personal se vea condicionado por el cumplimiento de la obligación dineraria constitutiva de multa.

(…) Habiendo quedado claro que la institución penal de la multa denota su naturaleza punitiva y que la misma no es una de las deudas a las que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política, es procedente analizar —para efectos de responder el segundo de los cargos de la demanda— cuáles son los criterios legales que deben tenerse en cuenta en el trámite de imposición de esta pena”.

Ahora, como se indicó anteriormente, los problemas jurídicos en relación con el asunto sub judice consisten en determinar sí las expresiones acusadas, es decir, “Su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004, desconocen el principio de igualdad (art. 13 de la Constitución) y la prohibición contenida en el inciso final del artículo 28 de la Constitución, al supeditar la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y del reconocimiento de la libertad condicional al pago total de la multa, en la medida que impide a los condenados de condiciones económicas precarias acceder a estos beneficios y contraría la expresa prohibición según la cual no habrá prisión por deudas.

Del estudio comparativo de los problemas jurídicos propios de este asunto y de los que abordó en su oportunidad esta corporación que dio lugar a la Sentencia C-194 de 2005, se tiene que se presenta una identidad en los mismos, en la medida que coinciden en señalar el desconocimiento de las mismas reglas constitucionales, es decir, del principio de igualdad y de la prohibición constitucional de imponer prisión por deudas. Además, los argumentos de inconstitucionalidad expuestos por los actores también son iguales por cuanto consideran que supeditar la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y del reconocimiento de la libertad condicional al “pago total de la multa”, no atiende a la real capacidad económica del condenado y contraría la prohibición constitucional de prisión por deudas.

Ahora, la ratio decidendi del precedente constitucional, es decir, la Sentencia C-194 de 2005, responden también a cabalidad los argumentos de inconstitucionalidad presentados por el actor en este asunto, al precisar que el cargo por violación del artículo 13 constitucional respecto de las disposiciones acusadas carece de fundamento por cuanto el Estado ha dispuesto mecanismos adecuados y pertinentes para calcular el monto de la multa atendiendo la condición económica y personal del condenado. Y, en relación con el inciso final del artículo 28, al señalar la referida decisión que la naturaleza de la multa, aunque se manifieste en el mundo jurídico a la manera de una deuda, no lo es en el sentido al que se refiere la prohibición constitucional ya que la jurisprudencia ha entendido que aquella no configura una deuda en el mismo sentido en que lo son los créditos civiles. Como lo recuerda la sentencia en comento, el origen de la multa es el “comportamiento delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta socialmente reprochable. Más aún, la multa no es una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el delito”.

De igual manera, observada la parte resolutiva de la Sentencia C-194 de 2005, se tiene que supeditó la decisión respecto del artículo 4º y de la expresión “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, del artículo 5º de la Ley 890 de 2004, a “los cargos analizados en esta providencia”. En consecuencia, se está en presencia de una cosa juzgada relativa explícita.

Puede señalarse entonces que los cuestionamientos que en su oportunidad esta Corte estudio y resolvió en la Sentencia C-194 de 2005, corresponden igualmente a los que se plantean en el presente asunto y que resultan también objeto de respuesta por dicha decisión, por lo que se presenta la cosa juzgada constitucional en relación con las expresiones “Su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004, respecto de los artículos 13 y 28 de la Carta, que lo fue entonces por los cargos aquí reseñados. Por lo anterior, esta Corte comparte el planteamiento del Ministerio Público.

Ahora, por cuanto el actor acusa también del artículo 5º de la Ley 890 de 2004, la expresión que sigue, es decir, “y de la reparación de la víctima”, por el presunto desconocimiento del preámbulo, los artículos 2º, 4º, 13 y 28 de la Constitución, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe la Corte, entonces, como lo solicitó el Procurador General de la Nación, abordar previamente si se presenta una ineptitud sustancial de la demanda por ausencia de cargo de inconstitucionalidad. Por último, resolverá si respecto de las expresiones sobre las cuales se ha configurado la cosa juzgada constitucional en cuanto a los artículos 13 y 28 de la Carta, existe también ausencia del concepto de la violación en cuanto al presunto desconocimiento del preámbulo y los artículos 2º y 4º de la Constitución Política, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Inhibición constitucional en cuanto a la expresión “y de la reparación de la víctima” contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004 por el presunto desconocimiento del preámbulo, los artículos 2º, 4º, 13 y 28 de la Constitución Política, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como también sobre las expresiones “Su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas en los artículos 4º y 5º de dicha ley, por el presunto desconocimiento del preámbulo y los artículos 2º y 4º de la Constitución Política, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ausencia del concepto de la violación.

Establece expresamente el numeral tercero, del artículo 2º, del Decreto 2027 de 1991, “Por la cual se dicta el régimen procedimiental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, que la demanda de inconstitucionalidad debe contener, entre otros requisitos, “Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados”.

Al respecto, la Corte Constitucional, como lo señala la Sentencia C-176 de 2004 (13) , ha reiterado (14) que el mismo supone que el actor formule al menos un cargo de inconstitucionalidad. En efecto, esta corporación al interpretar dicho numeral ha indicado que las razones de inconstitucionalidad deben ser (a) claras, (b) ciertas, (c) específicas, (d) pertinentes y (e) suficientes para que se configure un cargo apto (15) , ya que de no cumplirse este requisito no sería viable un pronunciamiento de fondo sino una decisión inhibitoria (16) . Así lo reiteró la Sentencia C-568 de 2004 (17) cuando definió estos presupuestos de la siguiente forma: la claridad implica “que exista un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa”, la certeza consiste en que la demanda “recaiga sobre una proposición jurídica real y existente”, la especificidad conlleva a que “se exprese con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política”, la pertinencia expresa “que el reproche realizado por el peticionario se funde en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado” y la suficiencia hace relación a “que se expongan todos los elementos de juicio – argumentativos y probatorios, necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad y que despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada”.

La exigencia entonces que efectúa la Corte al ciudadano de estructurar al menos un verdadero cargo de inconstitucionalidad está en consonancia no solo con el carácter rogado que tiene la jurisdicción constitucional, sino también con las exigencias mínimas establecidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, a fin de que esta corporación pueda centrar adecuadamente el examen constitucional, permitiendo de igual manera a los intervinientes y al Procurador General de la Nación, el pronunciamiento sobre problemas jurídicos concretos. Es decir, la naturaleza pública de la acción de inconstitucionalidad, de manera alguna contradice la exigencia de un mínimo de rigor en la acusación que el actor dirija contra una norma jurídica de rango constitucional (18) .

De igual manera, también la Corte (19) ha determinado, conforme a la Sentencia C-1256 de 2001, que si la demanda inicial no cumple los requisitos, por ausencia de un cargo concreto de constitucionalidad, es necesario emitir un pronunciamiento inhibitorio, aun cuando la demanda haya sido admitida y la intervención de otro ciudadano concrete la acusación y siente las bases del debate constitucional, ya que esa intervención “no puede subsanar las inconsistencias, so pena de afectar desproporcionadamente el debido proceso constitucional, el real y efectivo acceso a la justicia, la democracia participativa, y el ejercicio y control del poder político”. Así, la litis se trabaría con uno de los extremos poco definido pues los cargos no han sido precisados, lo cual desconocería el debido proceso constitucional”.

Ahora, de proceder la inhibición por no cumplirse estos requisitos mínimos, implica que no se configura la cosa juzgada frente a la disposición acusada, que haría procedente la presentación de nuevas demandas contra la misma norma, señalando para el efecto el concepto de la violación, bien de los artículos de la Constitución que fueron señalados o de otros (20) .

Así entonces, a fin de que la Corte pueda pronunciarse de fondo sobre la expresión “y de la reparación de la víctima”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, es menester que el cumplimiento del requisito contenido en el numeral 3º, del artículo 2º, del Decreto 2067 de 1991, se realice con observancia de las consideraciones señaladas.

En este caso, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte inhibirse de dictar decisión de fondo sobre la expresión “y de la reparación a la víctima”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda, al considerar que respecto de esta expresión el actor “no plantea ningún cargo de inconstitucionalidad, circunscribiendo su análisis y demanda al pago de la multa”.

En efecto, para la Corte asiste la razón al concepto del Ministerio Público por cuanto si bien el actor subraya como expresión acusada “y de la reparación a la víctima”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, no presenta respecto de la misma concepto de violación alguno que permita a la Corte entrar a tomar una decisión de fondo, siempre que cumpliera con las exigencias mínimas señaladas. Así se tiene de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el actor cuando circunscribe su análisis en torno de la expresión “al pago total de la multa”, que constituye el otro aparte acusado. Se tiene así la presencia en este asunto de una ausencia del concepto de la violación en relación con el aparte “y de la reparación a la víctima”, previsto en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, cuando indica que desconoce el preámbulo, los artículos 2º, 4º, 13 y 28 de la Constitución Política, como también el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cabe aclarar, como lo ha expuesto esta corporación (21) que si bien al momento de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad en virtud del examen apriorístico que está llamado a realizar la Corte en dicha etapa, se consideró que aquella cumplía con los requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, al entrar a realizar un examen de fondo, se encuentra que, en cuanto a las existencia de un verdadero cargo de inconstitucionalidad contra la expresión cuestionada, la demanda presenta defectos procesales insalvables, razón por la cual la Corte, reitera, deberá inhibirse.

De igual manera, esta Corte concluye que se presenta inhibición constitucional respecto de las expresiones “su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, en cuanto al desconocimiento del preámbulo y los artículos 2º y 4º de la Constitución Política, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ausencia del concepto de la violación.

En efecto, las conclusiones anteriores son aplicables en la misma medida, ya que si bien el actor señala las normas constitucionales que considera infringidas por las expresiones acusadas, se presenta igualmente una ausencia del concepto de la violación, que como se indicó deben ser (a) claras, (b) ciertas, (c) específicas, (d) pertinentes y (e) suficientes para que se configure un cargo apto (22) , lo cual al no presentarse hacen imposible para la Corte proferir una decisión de fondo dando lugar a una providencia inhibitoria, como en efecto se declarará.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-194 de 2005, que dispuso: “Primero. Por los cargos analizados en esta providencia, declarar EXEQUIBLE el artículo 4º de la Ley 890 de 2004, por el cual se adiciona el artículo 63 del Código Penal. (…) Cuarto. Por los cargos analizados en esta providencia, declarar EXEQUIBLE la expresión y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, en los términos del artículo 39 del Código Penal”.

2. INHIBIRSE de proferir decisión de fondo respecto a la expresión “y de la reparación de la víctima” contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, por el presunto desconocimiento del preámbulo, los artículos 2º, 4º, 13 y 28 de la Constitución Política, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como también de las expresiones “su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, por el presunto desconocimiento del preámbulo y los artículos 2º y 4º de la Constitución Política, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004, por ausencia del concepto de la violación.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) C-397 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(2) M.P. Jorge Arango Mejía.

(3) Vladimiro Naranjo Mesa.

(4) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(5) C-427 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) Auto 027ª de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(7) Sentencia C-492 de 2000.

(8) Sentencia C-478 de 1998.

(9) Sentencia C-478 de 1998.

(10) Auto 131 de 2000.

(11) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(12) Ver, entre otras, las sentencias C-478 de 1998, C-153 y C-774 de 2001 y C-310 de 2002.

(13) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(14) Ver entre otras, las sentencias C-142, C-898 y 1052 de 2001 y C-788 de 2002.

(15) Ver por ejemplo la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual, la Corte, al declararse inhibida de pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de algunas normas demandadas, realizó una síntesis de los criterios que ha sentado esta corporación en la materia.

(16) Ver Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(17) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(18) C-888 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(19) C-572 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

(20) C-913 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(21) C-176 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(22) Ver por ejemplo la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual, la Corte, al declararse inhibida de pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de algunas normas demandadas, realizó una síntesis de los criterios que ha sentado esta corporación en la materia.

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