Sentencia C-786 de agosto 18 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-786 de 2004 

Ref.: Expediente D-5088

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Actor: Oscar Orlando Posada Mejía.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 820 de 2003.

Bogotá D.C., dieciocho de agosto dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

Se transcribe el texto de la norma acusada.

“Congreso de la República

Ley número 820 de 2003

(Octubre 7)

Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 15.—Reglas sobre los servicios públicos domiciliarios y otros. Cuando un inmueble sea entregado en arriendo, a través de contrato verbal o escrito, y el pago de los servicios públicos corresponda al arrendatario, se deberá proceder de la siguiente manera, con la finalidad de que el inmueble entregado a título de arrendamiento no quede afecto al pago de los servicios públicos domiciliarios:

1. Al momento de la celebración del contrato, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de garantías o fianzas con el fin de garantizar a cada empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios el pago de las facturas correspondientes.

La garantía o depósito, en ningún caso, podrá exceder el valor de los servicios públicos correspondientes al cargo fijo, al cargo por aportes de conexión y al cargo por unidad de consumo, correspondiente a dos (2) períodos consecutivos de facturación, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

El cargo fijo por unidad de consumo se establecerá por el promedio de los tres (3) últimos períodos de facturación, aumentado en un cincuenta por ciento (50%).

2. Prestadas las garantías o depósitos a favor de la respectiva empresa de servicios públicos domiciliarios, el arrendador denunciará ante la respectiva empresa, la existencia del contrato de arrendamiento y remitirá las garantías o depósitos constituidos.

El arrendador no será responsable y su inmueble dejará de estar afecto al pago de los servicios públicos, a partir del vencimiento del período de facturación correspondiente a aquél en el que se efectúa la denuncia del contrato y se remitan las garantías o depósitos constituidos.

3. El arrendador podrá abstenerse de cumplir las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento hasta tanto el arrendatario no le haga entrega de las garantías o fianzas constituidas. El arrendador podrá dar por terminado de pleno derecho el contrato de arrendamiento, si el arrendatario no cumple con esta obligación dentro de un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de celebración del contrato.

4. Una vez notificada la empresa y acaecido el vencimiento del período de facturación, la responsabilidad sobre el pago de los servicios públicos recaerá única y exclusivamente en el arrendatario. En caso de no pago, la empresa de servicios públicos domiciliarios podrá hacer exigibles las garantías o depósitos constituidos, y si estas no fueren suficientes, podrá ejercer las acciones a que hubiere lugar contra el arrendatario.

5. En cualquier momento de ejecución del contrato de arrendamiento o a la terminación del mismo, el arrendador, propietario, arrendatario o poseedor del inmueble podrá solicitar a la empresa de servicios públicos domiciliarios, la reconexción de los servicios en el evento en que hayan sido suspendidos. A partir de este momento, quien lo solicite asumirá la obligación de pagar el servicio y el inmueble quedará afecto para tales fines, en el caso que lo solicite el arrendador o propietario.

La existencia de facturas no canceladas por la prestación de servicios públicos durante el término de denuncio del contrato de arrendamiento, no podrán, en ningún caso, ser motivo para que la empresa se niegue a la reconexión, cuando dicha reconexión sea solicitada en los términos del inciso anterior.

6. Cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios instalen un nuevo servicio a un inmueble, el valor del mismo será responsabilidad exclusiva de quién solicite el servicio. Para garantizar su pago, la empresa de servicios públicos podrá exigir directamente las garantías previstas en este artículo, a menos que el solicitante sea el mismo propietario o poseedor del inmueble, evento en el cual el inmueble quedará afecto al pago. En este caso, la empresa de servicios públicos determinará la cuantía y la forma de dichas garantías o depósitos de conformidad con la reglamentación expedida en los términos del parágrafo 1º de este artículo.

PAR. 1º—Dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con los formatos para la denuncia del arriendo y su terminación, la prestación de garantías o depósitos, el procedimiento correspondiente y las sanciones por el incumplimiento de lo establecido en este artículo.

PAR. 2º—La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios velará por el cumplimiento de lo anterior.

PAR. 3º—Las reglas sobre los servicios públicos establecidas en este artículo entrarán en vigencia en el término de un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, con el fin de que las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios realicen los ajustes de carácter técnico y las inversiones a que hubiere lugar”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad del artículo demandado, ya que éste hace parte de una ley de la República.

2. Problemas jurídicos.

En la presente ocasión la Corte debe determinar (i) si incluir una norma referente a las obligaciones de arrendador y arrendatario en relación con los servicios públicos domiciliarios en una ley que regula el contrato de arrendamiento contraría el principio constitucional de unidad de materia y (ii) si regular un tema de reserva de ley en diferentes leyes contraría tal reserva.

3. El rompimiento de la unidad de materia implica falta de conexidad entre la norma acusada y la ley que la contiene.

El ciudadano Oscar Orlando Mejía demanda el artículo de la referencia, toda vez que, en su criterio, viola el principio de unidad de materia debido a que so pretexto de modificar el contrato de arrendamiento introdujo otros aspectos que en realidad modifican el contrato de servicios públicos o de condiciones uniformes establecido en la Ley 142 de 1994. Entra la Sala a abordar el cargo presentado.

El principio de unidad de materia está protegido constitucionalmente en los artículos 158 y 169 de la Carta, en los cuales se dispone, respectivamente, que “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella” y que “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”.

La Corte ha considerado que este principio se respeta cuando existe conexidad temática, teleológica o sistemática entre la norma acusada y la ley que la contiene. Igualmente, ha estimado que respeto a la libertad de configuración del legislador, el estudio de la existencia de la conexidad en los aspectos mencionados no debe ser excesivamente restringido.

Al referirse a la conexidad temática, esta corporación ha estimado que para la determinación del núcleo temático con el cuál debe estar relacionada la norma demandada se puede acudir, entre otros, a los antecedentes legislativos —exposición de motivos y debates en comisiones y plenarias— o al título de la ley (1) . Teniendo en cuenta el título de la ley que contiene la norma ahora acusada, la Corte entrará a analizar la existencia de unidad temática.

El título de la ley, el cual sirve para determinar el núcleo temático de la Ley 820 de 2003, es “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”. La Sala encuentra que entre el título y el artículo demandado existe conexidad temática en virtud de que al regular lo atinente a los servicios públicos domiciliarios no lo hace descontextualizadamente, sino dentro del marco fijado por el título, a saber, el régimen de arrendamiento de vivienda urbana. Es así como las normas de servicios públicos domiciliarios acusadas se refieren a la forma en que arrendador y arrendatario responderán por el pago derivado del uso de éstos en el inmueble sobre el cual se celebra el contrato de arrendamiento. En efecto, el encabezado del artículo 15 señala “Cuando un inmueble sea entrenado en arriendo, a través de contrato verbal o escrito, y el pago de los servicios públicos corresponda al arrendatario, se deberá proceder de la siguiente manera, con la finalidad de que el inmueble entregado a título de arrendamiento no quede afecto al pago de los servicios públicos domiciliarios (...) “(negrillas ajenas al texto).

La conexidad temática se refuerza con la sistemática al observar que la Ley 820 de 2003, en el artículo 2º, señala que contrato de arrendamiento es “aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado” (negrillas ajenas al texto). En el mismo artículo, se indica como inherentes al goce del inmueble arrendado los servicios públicos. Dispone el literal a) del mencionado artículo: “a) Servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como servicios, cosas o usos conexos, los servicios públicos domiciliarios y todos los demás inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesidades propias de la habitación en el mismo; (...) “(negrillas ajenas al texto). Al ser los servicios públicos domiciliarios algo inherente al goce del inmueble es innegable que éste no puede estar ausente de la regulación integral del contrato de arrendamiento que pretende la ley.

Por otro lado, esta corporación ha encontrado que si existe conexidad teleológica entre la norma acusada y la ley que la comprende, aquélla no será inexequible por violación del principio de unidad de materia (2) . Para determinar la conexidad teleológica la Sala estima conveniente, entre otros aspectos, acudir a la exposición de motivos de la ley y a las discusiones en plenaria y en cámara. Es en éstas donde, usualmente, el legislador deja consignado el objetivo buscado con la expedición de la ley, el cual, a veces, no se consagra expresamente en el texto de la ley. Entra la Sala a estudiar la conexidad teleológica entre la norma acusada y la Ley 820.

De la lectura de los antecedentes legislativos queda claro que existe un factor cohesionador de la Ley 820 de 2003, éste es no sólo la determinación del régimen sobre arrendamiento de vivienda urbana, sino la búsqueda de una regulación equitativa para las partes del contrato de arrendamiento. La equidad entre arrendador y arrendatario es, por tanto, el fin de la norma. En los mismos antecedentes se observa que para la consecución de este objetivo el legislador estimó conveniente modificar el régimen de servicios públicos domiciliarios dentro del contrato de arrendamiento en el cual se había, en criterio del Congreso, generado una carga desproporcionada en cabeza del arrendador con respecto al pago de tales servicios.

En la exposición de motivos del Proyecto-Ley 141 de 2001, Cámara, cuyo proyecto fue presentado el 1º de noviembre de 2001 por el Ministro de Desarrollo Económico, se mencionó que para aumentar la posibilidad de oferta de vivienda arrendada, la cual también podía reunir las condiciones para una vivienda digna, promovida por la Constitución, se “exige una modificación normativa que permita establecer un equilibrio adecuado entre las partes intervinientes en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, lo cual no constituye en sí una condición suficiente para impulsar esta figura, pero sí es un paso necesario para que esto se produzca” (3) . Dentro de las modificaciones requeridas se mencionó la relativa al cambio de régimen de servicios públicos domiciliarios. En tal sentido se dijo: “Se hace obligatoria la autorización del propietario del inmueble o arrendador para la instalación de líneas adicionales de telefonía, situación que a la fecha no es verificada por parte de la empresa prestadora del servicio, imponiendo por tanto obligaciones de carácter económico al arrendador, dueño del inmueble, de las cuales, generalmente, sólo conoce de su existencia al momento de ser notificado para responder por las mismas. Así mismo se establece una disposición mediante la cual se rompe con la solidaridad entre el arrendatario y el arrendador o propietario del inmueble respectivo para efectos del pago de los servicio s públicos” (4) .

En la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes al Proyecto-Ley 140 de 2001, presentada el 15 de abril de 2002, por los parlamentarios, Juana Yolanda Bazán Achury, Antonio José Pinillos Abozaglo y William Vélez Meza, la cual contenía un pliego de modificaciones, se dijo “El proyecto en estudio establece la necesidad de obtener por parte del arrendador la correspondiente autorización cuando el arrendatario desee establecer nuevas líneas telefónicas o cualquier servicio público domiciliario adicional, sin que esta autorización implique solidaridad del arrendador con la obligación que adquiere el arrendatario. (...) aunque el proyecto busca un equilibrio de cartas entre las partes, consideramos que esta intención no se desarrolló del todo y por lo mismo en el pliego de modificaciones que propondremos se incluirán o excluirán según el caso (5) (negrillas ajenas al texto).

Por su parte, en el informe de ponencia para primer debate al Proyecto-Ley 165 de 2002, Senado, 140 de 2001, Cámara, presentado por los senadores Andrés González Díaz y Mauricio Pimiento Barrera, se dijo “se deben redoblar esfuerzos para que la mayoría de los colombianos puedan acceder a una vivienda propia, pero al mismo tiempo se debe propiciar un modelo para que los colombianos puedan habitar dignamente viviendas arrendadas. Sin embargo, son pocos los ciudadanos que hoy quieren construir edificaciones para alquilar vivienda, pues la realidad es que, las normas que gobiernan actualmente el contrato de arrendamiento resultan inequitativas entre el arrendador y el arrendatario” (6) . (negrillas ajenas al texto). Para la consecución de este fin se proponía, entre otras, ciertas reglas sobre servicios públicos domiciliarios. Se señaló en el informe de ponencia: “se modifica el texto aprobado en Cámara para consagrar en el presente pliego de modificaciones, una reglamentación más moderna y equitativa. En este orden de ideas, se incluye en el artículo 15 del pliego de modificaciones, una norma que persigue fundamentalmente evitar, de un lado, que el arrendatario evada el pago de las facultades de los servicios públicos domiciliarios, y, del otro, corregir la situación que se presenta en la actualidad, consistente en quedar los arrendadores como deudores de facturas de servicios públicos que no hayan consumido, y, por consiguiente, quedando sus inmuebles afectos al pago de las mismas” (7) (negrillas ajenas al texto)

En el informe de ponencia para segundo debate en el Senado del Proyecto-Ley 165 de 2002, Senado, 140 de 2001, Cámara, presentado por los senadores Andrés González Díaz y Mauricio Pimiento Barrera, se dijo: “Si el contrato de arriendo es equitativo y se garantiza que en caso de incumplimiento del arrendatario, el arrendador podría obtener su pronta restitución, no solo se garantizaría la construcción de [proyectos de urbanización], sino que adicionalmente, habría la posibilidad de titularizar estos contratos, para ser colocados en el mercado a inversionistas, quienes tendrían la garantía de recibir un rendimiento apropiado” (8) . Para el logro de una mayor equidad en el contrato de arrendamiento se proponía, entre otros aspectos, la eliminación de la solidaridad en el pago de los servicios públicos domiciliarios. Se dijo en la ponencia “el artículo 15 del texto aprobado en primer debate por la comisión primera del Senado (titulado “reglas sobre los servicios públicos domiciliarios y otros”) introduce una reglamentación más moderna y equitativa sobre el particular.

En efecto, este artículo consagra una norma que persigue fundamentalmente evitar, de un lado, que el arrendatario evada el pago de las facturas de los servicios públicos domiciliarios y, del otro, corregir la situación que se presenta en la actualidad, consistente en quedar los arrendadores como deudores de facturas de servicios públicos que no han consumido, y, por consiguiente, quedando sus inmuebles afectos al pago de las mismas” (9) .

Para la Sala es evidente que la norma acusada era un medio con el que el legislador pretendía lograr mayor equidad en los contratos de arrendamiento, fin de la Ley 820.

En conclusión, para la Corte es clara la existencia de unidad de materia por conexidad temática, sistemática y finalística.

4. Reserva de ley para regular el tema referente a los servicios públicos.

Considera el actor que el artículo demandado contraría los artículos 365, 366 y 367 constitucionales, puesto que “es sólo con el estudio, debate, aprobación y promulgación de otras leyes, sobre la materia específica de los servicios públicos domiciliarios, que se encuentra facultado el legislador para adicionar, modificar o sustituir las normas sobre [la materia]”. Entra la Corte a abordar el cargo presentado.

Varias son las disposiciones constitucionales que atribuyen a la ley la regulación de los servicios públicos, dentro de los cuáles se encuentran los de carácter domiciliario. En efecto, el artículo 150, numeral 23, atribuye como función del Congreso “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”; por otro lado, el artículo 365 señala los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley (...)”; por su parte, el artículo 367 prevé que “la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos”.

De lo dispuesto en los mencionados artículos sólo se puede deducir la reserva de ley para regular tal materia (10) . No obstante, no se puede derivar el mandato de hacerlo en una ley que aborden con un carácter totalizante y exclusivo la materia.

En esta medida, el hecho de que en la Ley 820 de 2003 se haya incluido el artículo 15 cuestionado que establece reglas sobre los servicios públicos domiciliarios dentro del contrato de arrendamiento no implica vulneración alguna a la reserva de ley establecida por la Constitución para esta materia.

5. La declaración de constitucionalidad de una disposición no implica la inconstitucionalidad de una disposición que regule la materia en diferente sentido —ineptitud del cargo—.

5.1. El demandante sostiene que la norma acusada debe ser declarada inexequible, en virtud de que la Corte en las sentencias C-493 de 1997 y C-636 de 2000 encontró ajustadas a la Constitución normas que establecían la responsabilidad solidaria entre arrendatario y arrendador en el pago de los servicios públicos domiciliarios, por considerar que tal figura jurídica estaba acorde con la finalidad social del Estado y aseguraba las condiciones mínimas de subsistencia.

La Sala encuentra que la afirmación del demandante no contiene un cargo de constitucionalidad, motivo por el cual se inhibirá de estudiarlo, por las razones que se exponen a continuación. De lo dicho por el accionante se deduce que existe una contradicción entre la norma demandada y aquéllas que fueron declaradas exequibles por la Corte. No obstante, esta conclusión no contiene un cargo de constitucionalidad, puesto que éste debe señalar la contradicción de una norma legal con la constitucional y no con otra de igual jerarquía, así ésta haya sido declarada exequible. De la exequibilidad de una norma no se deriva, necesariamente, la inexequibilidad de su contradictoria. Sostener lo contrario implicaría limitar desproporcionadamente la libertad de configuración del legislador.

5.2. No obstante, podría pensarse que el cargo planteado por el demandante no consiste en la contradicción de la norma demandada con una previamente encontrada exequible, sino en la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley 820, en virtud del desconocimiento del precedente fijado en las sentencias mencionadas. La Corte entra a analizar esta situación.

Primero, vale la pena señalar que en la Sentencia C-636 de 2000 no se declaró exequible una norma que abordara los mismos temas de la ahora demanda, pero de manera diversa, toda vez que en esta ocasión se cuestionaban dos artículos que consideraban que tanto el propietario como el quien utiliza el inmueble estaban legitimados para el celebrar el contrato de servicios públicos (11) y en el artículo 15 demandado no se abordan tales aspectos.

Por otra parte, la Sentencia C-493 de 1997 sí abordó el estudio de una norma que es contradictoria con la actualmente analizada. Se acusaba como contrario a la Constitución el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 en el aparte que señala “El propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos (...)”. Tal artículo fue declarado exequible. El argumento central para tal decisión fue la razonabilidad de que el propietario del inmueble llevara la carga correlativa al beneficio que implicaba la correcta prestación de los servicios en su inmueble.

Como se observa, el argumento que sustenta la sentencia mencionada está dirigido a señalar por qué es exequible la norma que establece la solidaridad en el pago de los servicios públicos, más no a indicar que la norma que no la consagra es inexequible. Según lo indicado en el numeral 5.1., de la exequibilidad de una norma no se deriva, indefectiblemente, la inexequibilidad de su contradictoria. En este orden de ideas, los argumentos para señalar que una norma es exequible no contienen, de manera inequívoca, razones para indicar que la norma contradictoria es inexequible.

5.4. Por tanto, debido a que el demandante no expuso de manera suficiente, e independiente de la Sentencia C-493 de 1997, la razón por la cual el artículo 15 demandado contraría la Carta, no se configura un cargo de constitucionalidad —enfrentamiento entra la ley y la Constitución— a la luz del cual deba ser estudiada la norma demandada.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

1. DECLARAR exequible el artículo 15 de la Ley 820 de 2003, por el cargo de unidad de materia estudiado en la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(1) Ver Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta ocasión se decidió que el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, que modificó el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, ley de descongestión judicial, la cual, entre otras medidas, comprendió la asignación de competencias a las superintendencias de Sociedades, Valores, Industria y Comercio y Bancaria —en títulos separados—, no vulneraba el principio de unidad de materia, toda vez que, simultáneamente, en título común a todas ellas se reguló el procedimiento que debía adelantarse en cada caso. En consecuencia, consideró la Corte, si la regulación del procedimiento se hizo con ese criterio de generalidad, una norma modificatoria como el artículo 52 de la Ley 510 de 1999 no tenía necesariamente que ceñirse a una superintendencia en particular, y específicamente a la Superintendencia Bancaria. En el mismo sentido, Sentencia C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(2) Ver, por ejemplo, Sentencia C-247 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en la cuál se encontró que la norma que regulaba el servicio legal popular sí tenía conexidad con la ley de descongestión de despachos judiciales en la medida en que “si se cumplen los propósitos del servicio legal popular, éste puede convertirse en una valiosa herramienta en la descongestión, eficacia y acceso a la administración de justicia”. Igualmente, Sentencia C-064 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, en la que la Corte encontró que existía una “evidente relación teleológica” entre la norma que definía qué se entendía por delitos contra el patrimonio del Estado, para efectos de la responsabilidad disciplinaria, y la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, por lo cual no se vulneraba el principio de unidad de materia. Ver también Sentencia C-779 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; en esta ocasión, la Corte encontró que existía conexidad teleológica y lógica entre la Ley 510 de 1999, que tiene por objeto “dictar disposiciones en relación con el sistema financiero y la Superintendencia Bancaria” y las disposiciones acusadas que involucraban las empresas del sector solidario, en cuanto a las actividades financieras desarrolladas por éstas. Igualmente, Sentencia C-065 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la cual se afirmó “si la ley a la que pertenecen los preceptos impugnados tiene un claro propósito por reestructurar la conformación del mercado de valores, no resulta extraño que se expidan normas que hacen referencia a algunos de los intermediarios del mismo ampliando su participación en otras ramas de la actividad económica (i.e. el mercado cambiario), pues al hacerlo el legislador no sólo ejerce sus funciones constitucionales sino que regula materias funcional y sustancialmente ligadas que dependen de una normatividad que se interconecta necesariamente y debe responder a orientaciones uniformes. Por esta vía, se descubre una conexión sustancial y teleológica entre las normas que son objeto de la demanda y las materias reguladas por la ley de la que hacen parte”.

(3) Gaceta del Congreso 563 del 8 de noviembre de 2001.

(4) Ibídem.

(5) Gaceta del Congreso 172 del 20 de mayo de 2002.

(6) Gaceta del Congreso 226 del 27 de mayo de 2003, pág. 2.

(7) Ibídem, pág. 5.

(8) Gaceta del Congreso 274 del 12 de junio de 2003, pág.12.

(9) Ibídem, pág. 14

(10) El alcance de la reserva de ley en materia de servicios públicos fue ampliamente desarrollado en la Sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda.

(11) El tenor de los artículos demandados era el siguiente: “Ley 142 de 1994.

ART. 129.—Celebración del contrato. Existe contrato de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita allí recibir el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.

(...).

ART. 134.—Del derecho a los servicios públicos domiciliarios. Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos”.

______________________________