Sentencia C-788 de septiembre 24 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-788 de 2002

Ref.: D-3917

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 392 (parcial) de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Actor: Eudoro Echeverri Quintana

Bogotá, D.C., septiembre veinticuatro de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

Los apartes demandados del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, aparecen resaltados y en negrilla a continuación:

“LEY 600 DE 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

(…).

ART. 392.—Del control de la medida de aseguramiento y de decisiones relativas a la propiedad, tenencia o custodia de bienes. La medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público.

Cuando se cuestione la legalidad material de la prueba mínima para asegurar procederá el amparo en los siguientes eventos:

1. Cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas.

2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en la construcción del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica.

3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez.

Quien solicite el control de legalidad, con fundamento en las anteriores causales, debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que objetivamente se incurrió en ella.

Reconocido el error sólo procederá el control cuando desaparezca la prueba mínima para asegurar.

La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.

Si se trata de una decisión sobre bienes que no se origina en una providencia motivada, el control de legalidad podrá ejercerse de inmediato. Se exceptúan de la anterior disposición aquellos bienes que se encuentren fuera del comercio o que por su naturaleza deban ser destruidos.

Formulada la petición ante el Fiscal de la Nación o su delegado, éste remitirá copia del expediente al juez de conocimiento, previo el correspondiente reparto. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y surtirá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días.

Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes: Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del numeral 4º de la Constitución Política, la Corte es competencia para conocer de la presente demanda.

2. Ineptitud de la demanda respecto de los numerales 1º, 2º y 3º del inciso segundo y del inciso tercero del artículo 392 de la Ley 600 de 2000.

El demandante acusa los numerales 1º, 2º y 3º del inciso segundo, así como el inciso tercero del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, que regulan el control de legalidad material que pueden ejercer los jueces de conocimiento sobre las medidas de aseguramiento y las decisiones relativas a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferida por el Fiscal General de la Nación o sus delegados dentro del proceso penal. Afirma el actor que tales apartes normativos violan el artículo 235, numeral 1º de la Carta, principalmente, así como el artículo 29 —porque impone las ritualidades propias del recurso de casación a los juicios ordinarios— y el artículo 228 —porque establece un control de legalidad material excesivamente formal que impide la prevalencia del derecho sustancial y la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Cuestiona también el actor la expresión “las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admite recurso alguno”, contenida en el inciso final del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, pues en su concepto dicha expresión viola el artículo 29 de la Carta, y por conexión, los artículos 2º, 13, 29, 31, 229 en lo que respecta la igualdad en el acceso a la justicia.

El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda, ya que, en su concepto, los problemas que ella plantea se derivan de una interpretación errónea de la norma acusada al suponer que la similitud de las causales de control de legalidad y de casación, convierte a los jueces de conocimiento en jueces de casación. En subsidio pide que se declare la exequibilidad de la disposición acusada. El Fiscal General de la Nación (e) coincide con la postura del procurador. Pasa, entonces, la Corte a establecerse, en efecto la demanda es inepta, lo cual llevaría a un fallo inhibitorio.

La Corte ha dicho que las demandas deben comprender el concepto de la violación, lo cual exige que el actor exponga las razones por las cuales considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda (1) . Estas razones han de ser, además, ciertas, específicas, claras, pertinentes y suficientes (2) .

(1) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-142 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Se inhibió la Corte en esta oportunidad para conocer de muchos de los cargos formulados contra algunos numerales de los artículos 223 y 226 del Código Contencioso Administrativo, pues el actor no identificó claramente las disposiciones constitucionales que resultaban vulneradas.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda, en este fallo la Corte examina los requisitos mínimos que debe cumplir toda demanda de inconstitucionalidad para evitar pronunciamientos inhibitorios y a la vez garantizan el principio pro actione.

En este caso, respecto de los numerales 1º, 2º y 3º del inciso segundo, así como el inciso tercero del artículo 392 de la Ley 600 de 2000 la demanda no cumple con los requisitos de exponer razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (3) . A pesar de que el magistrado sustanciador inadmitió la demanda y el actor la corrigió para aclarar sus argumentos, ésta tiene tres fallas graves que impiden que la Corte se pronuncie de fondo sobre los numerales demandados. En primer lugar, las causales demandadas en sí mismas carecen de un significado autónomo. El actor ha debido también demandar el encabezamiento de dichas causales, o sea, el inciso segundo en su integridad, así como el inciso primero de la norma que es el que regula de manera general el control de legalidad formal y material de las medidas cautelares en el proceso penal habida cuenta de que el inciso segundo es una especie de este género, referida a la prueba mínima para asegurar, que se inscribe dentro del mismo y cuya cabal comprensión solo es posible a la luz del inciso primero citado. Esta falla desconoce que el actor debe demandar una proposición jurídica completa como lo exige el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte. En segundo lugar, la demanda le hace decir al texto acusado lo que éste no dice puesto que parte de la premisa de que los jueces que controlen la medida de aseguramiento obraran como jueces de casación. Ello no respeta el requisito de certidumbre de las razones expresadas. En tercer lugar, la demanda, aun después de corregida, presenta argumentos demasiado vagos o confusos, lo cual desconoce el requisito de claridad. Todo ello conduce a que los argumentos expuestos por el demandante no sean específicos en la medida en que no apuntan a cuestionar directa y concretamente el contenido normativo demandado.

(3) Cfr. entre varios, los autos de la Sala Plena 244 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño y de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, confirmó los autos en los que inadmitió la demanda por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.

Dado que las fallas en la demanda son de esta magnitud no procede en este caso aplicar el principio pro actione como lo solicita el actor en su escrito de corrección de la demanda porque, al aplicarlo, la Corte terminaría por sustituir a los ciudadanos en la formulación de los cargos. Por lo tanto, la Corte se inhibirá de pronunciarse sobre esta parte del artículo demandado.

En relación con el segundo cargo, el actor cuestiona que la norma impida el ejercicio de recursos contra la decisión judicial que controle la legalidad material de la medida de aseguramiento y de las medidas relativas a la propiedad, posesión tenencia y custodia de bienes, por considerar que ello viola los derechos constitucionales a acceder a la justicia y al debido proceso. En su concepto, para asegurar la efectividad de los derechos, la Carta garantiza el derecho a controvertir las decisiones judiciales. Por lo tanto, también respecto de este cargo existen cuestionamientos constitucionales claros, específicos, pertinentes y suficientes que hacen posible un pronunciamiento de fondo.

3. La potestad de configuración del legislador respecto de los medios de impugnación y la exclusión de recursos respecto de providencias del juez sobre el control de legalidad.

Según el artículo 392 de la Ley 600 de 2000 “las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso”, esto es, las decisiones relativas al control de legalidad material y formal que dictan los jueces de conocimiento respecto de las decisiones que adopten los fiscales en materia de medidas de aseguramiento o relativas a la propiedad, posesión, tenencia, o custodia de bienes. El actor afirma que resulta contrario a la Carta el que se niegue la posibilidad de recurrir tales decisiones, pues el artículo 31 de la Carta establece el derecho a apelar todas las decisiones judiciales. Pasa la Corte ha examinar este punto.

De conformidad con lo que establece el inciso primero del artículo 31 de la Constitución Política.

“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”.

Para comenzar, subraya la Corte que el artículo 31 alude a sentencias judiciales más no a todas las providencias judiciales. Una interpretación literal del artículo lleva a la conclusión de que los autos, como lo profiere el juez al controlar la legalidad de las medidas cautelares dentro del proceso penal, no están cobijados expresamente por la disposición constitucional citada.

Esta norma enuncia el principio de la doble instancia, el cual, según la jurisprudencia de esta corporación, no tiene un carácter absoluto, en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial debe ser susceptible de ser apelada o consultada, pues por expresa autorización del constituyente, el legislador puede consagrar excepciones, “pero sin rebasar el límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente en lo que atañe con el principio de igualdad. En tal virtud, su pretexto de ejercer la competencia que emana de la referida disposición, no le es dable al legislador al regular la procedencia de la apelación o de la consulta establecer tratos diferenciados que carezcan de una legitimación objetiva, en cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho que los justifican, su finalidad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad (4) .

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-153 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell, en la que la Corte declaró la constitucionalidad de una disposición del Código Contencioso Administrativo que establecía el grado de consulta respecto de autos de liquidación de condenas en abstracto.

Al respecto la Corte ha puntualizado que “los recursos, concebidos como instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considere afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio para obtener que se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido proceso. En efecto, el artículo 29 de la Constitución exige que todo juzgamiento se lleve a cabo con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entre éstas, que son señaladas por la ley, está la posibilidad de instaurar recursos contra las determinaciones que se van adoptando en el curso del trámite procesal o al finalizar el mismo (5) ”.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-365 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, donde la Corte declaró la constitucionalidad de una norma de procedimiento penal que establecía la obligatoriedad de la sustentación del recurso de apelación y encontró qué razones de economía procesal y de mayor eficiencia de la administración de justicia justificaban que el legislador exigiera la sustentación de dicho recurso. También señaló la Corte que el principio de doble instancia que establece expresamente, la Carta se refiere a las sentencias y que en materia de autos, la definición de cuáles recursos proceden se dejó en manos del legislador, el cual puede decidir discrecionalmente los recursos que proceden contra tales decisiones.

Por regla general, la regulación de los diversos procedimientos judiciales en la medida en que no haya sido efectuada directamente por el constituyente, corresponde al legislador en ejercicio de su libertad de configuración. De conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, “la doble instancia, cuya especial trascendencia en el campo penal es evidente, no es sin embargo, forzosa en todos los asuntos que son materia de decisión judicial, pues el legislador, dentro de la facultad que tiene de regular su trámite, bien puede decidir en cuáles procede la segunda instancia y en cuáles no, siempre y cuando con esa determinación no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales de las partes procesales (6) ”.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte declaró la exequibilidad de una norma que establecía la no procedencia de ciertos recursos en el proceso verbal sumario y en el proceso de ejecución de mínima cuantía. Ver también la Sentencia C-377 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en la que la Corte declaró la exequibilidad de una norma que establecía que el auto que inadmitía la demanda de una acción popular era inapelable. En esta sentencia salvaron el voto 4 magistrados: Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Clara Inés Vargas Hernández.

En virtud de este principio, el legislador puede también instituir recursos diferentes al de apelación para la impugnación de las decisiones judiciales o establecer, por razones de economía procesal, las circunstancias y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos, e incluso definir cuando no procede ningún recurso, tal como lo ha reconocido esta corporación en la Sentencia C-005 de 1994 (7) , donde expresó lo siguiente:

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-5 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, fallo en el que la Corte declaró la exequibilidad de varias normas de que establecían la improcedencia de recursos contra ciertas providencias judiciales.

“Así, pues, si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el solo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política”.

En esta materia es amplia la potestad configurativa del legislador para regular los medios de impugnación y defensa. Por lo anterior, corresponde a la Corte determinar si la disposición del artículo 392 que señala la improcedencia de recursos contra decisión sobre el control de legalidad formal y material de la medida de aseguramiento o de las medidas relativas a bienes, resulta una limitación irrazonable a los derechos del procesado o de la parte civil. La Corte estima que ello no es así por las siguientes razones.

En primer lugar, porque la limitación que establece el legislador se refiere exclusivamente a la posibilidad de controvertir la providencia que resuelve sobre la legalidad formal y material de la medida de aseguramiento o de las medidas relativas a la propiedad, posesión, tenencia, o custodia de bienes, no supone una limitación gravosa de los derechos de acceder a la justicia, al debido proceso o a la defensa, como quiera que tal limitación no impide cuestionamientos a otras decisiones distintas de la del control de legalidad que puedan afectar sus derechos. En efecto, tanto el procesado como la parte civil tienen a su disposición una serie de recursos y acciones para controvertir decisiones que afecten sus derechos a lo largo del proceso penal. Por ejemplo, según el artículo 193 de la Ley 600 de 2000, las providencias que decidan sobre la libertad o detención del procesado, las que decreten o levanten el embargo de bienes, las que nieguen la práctica de pruebas, las que declaren el cierre de la investigación, entre otras providencias, son susceptibles de recurso de apelación (8) . Además, en caso de que se trate de irregularidades sustanciales que afecten las garantías de los sujetos procesales, el artículo 306 de la Ley 600 de 2000 establece que procede la declaratoria de nulidad (9) . Y, por otra parte, tal como lo regula el artículo 363 de la Ley 600 de 2000, cuando sobrevengan pruebas que desvirtúen el fundamento probatorio de las medidas o la necesidad de su imposición (10) , podrá solicitarse su revocatoria.

(8) Ley 600 de 2000, artículo 193. Efectos de las providencias apeladas. Sin perjuicio de lo señalado en otras disposiciones de este código, los recursos de apelación se concederán en los siguientes efectos: a) En el suspensivo la sentencia y las siguientes providencias: 1. La que corrige el error aritmético en la sentencia. 2. La que decreta nulidad en la etapa de juzgamiento. 3. La que ordena la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento, cuando comprenda todas las conductas punibles y a todos los autores y partícipes. 4. La resolución inhibitoria. 5. La que califica la investigación. 6. La proferida con posterioridad a la decisión ejecutoriada que haya puesto fin a la actuación procesal; b) En el diferido: 1. La que deniegue la admisión o práctica de alguna prueba solicitada oportunamente. 2. La que ordena la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento, cuando no comprendan todas las conductas punibles investigadas, ni a todos los autores o partícipes. 3. La que ordene desembargo de bienes o reducción del embargo, a menos que esté comprendido en providencia cuya apelación deba surtirse en el efecto suspensivo. 4. La que disponga la entrega de bienes a una de las partes o a terceros, cuando haya oposición o las partes sustenten pretensiones diferentes sobre ellos. 5. La que revoque la providencia admisoria de la parte civil, y c) En el devolutivo: Todas las demás providencias, salvo que la ley provea otra cosa.

(9) Ley 600 de 2000, artículo 306. Causales de nulidad. Son causales de nulidad: 1. La falta de competencia del funcionario judicial. Durante la investigación no habrá lugar a nulidad por razón del factor territorial. 2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. 3. La violación del derecho a la defensa.

(10) Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. De acuerdo con el condicionamiento fijado en esta sentencia, la medida de aseguramiento se podrá revocar no sólo cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen, sino también cuando desaparezca la necesidad de su imposición teniendo en cuenta los fines que llevaron a decretarla.

En segundo lugar, porque la improcedencia de recursos contra la providencia que controla la legalidad formal y material de la medida de aseguramiento o de las medidas sobre bienes, cumple una finalidad legítima, constitucionalmente relevante, cual es, asegurar la eficacia de la justicia y la celeridad del proceso. Este tipo de limitaciones a la procedencia de recursos garantiza que el proceso penal continue su curso, sin dilaciones indebidas que impiden el logro de una pronta y cumplida justicia y que favorecen la impunidad, a la vez que garantizan la efectividad de los derechos de los sujetos procesales.

En tercer lugar, la Corte subraya que el control de legalidad establecido en la norma cuestionada es adicional al control interno que ejerce la propia fiscalía. En efecto, por ejemplo, los artículos 189, 193, y 202 establecen la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra las decisiones que adopten los fiscales, entre otros asuntos, en materia de libertad y detención del procesado, decreto o levantamiento del embargo de bienes, la cesación de procedimiento, o la preclusión de la investigación. La norma cuestionada se refiere a un control distinto y adicional al que ejerce la propia fiscalía. Se trata de un control de legalidad formal y material, externo, horizontal, que ejercerán los jueces de conocimiento sobre las medidas de aseguramiento y las relativas a la propiedad, posesión, tenencia, o custodia de bienes que adopten los fiscales.

En cuarto lugar, como quiera que los fiscales pertenecen a la rama judicial, el control regulado es ejercido por un juez externo a la fiscalía respecto de la providencia proferida por otro funcionario judicial, de tal manera que el legislador podía razonablemente confiar en que era suficiente con permitir este control externo sin crear, a su turno, otro control de un juez externo respecto de la providencia proferida por el juez que revisó la legalidad formal y material de la medida cautelar.

En quinto lugar, el derecho de defensa puede ser garantizado por el legislador mediante el establecimiento de controles verticales u horizontales en ejercicio de la potestad de configuración que le reconoce la Constitución, sin que ello implique necesariamente que todas las decisiones que se adopten en ejercicio de dicho control deban ser objeto de recursos de manera ilimitada.

En ese sentido, el legislador estaría facultado para diseñar mecanismos de control judicial teniendo en cuanta alguno o varios de los siguientes criterios: 1. el órgano de control; 2. el momento en el que se ejerce el control; 3. el objeto sobre el que recaerá el control; 4. el ámbito del control; 5. los efectos del control, así como otros que el legislador estime convenientes e idóneos.

Según el órgano que ejerza el control, éste puede ser interno, esto es ejercido por funcionarios de la misma fiscalía, o externo, es decir, ejercido por los jueces (11) . También pueden coexistir modalidades de control interno y externo, según lo estime apropiado el legislador (12) . En cuanto al momento en que se realice dicho control, el legislador puede precisar que sea previo, como ocurre en la mayoría de sistemas acusatorios, o posterior.

(11) Por ejemplo, en materia de detención preventiva, la mayoría de sistemas penales acusatorios establecen un control judicial de la decisión que adopten los fiscales. Ver Pradel, Jean, Op. Cit., páginas 324 a 328 y 501 a 515. Frase, Richard. Comparative Criminal Justice as a Guide to American Law reform: How Do The French Do It. How Can We Find Out, and Why Should We Care? 78 California Law Review, páginas 542 y siguientes mayo, 1990.

(12) En el derecho comparado dichos controles judiciales han sido clasificados en tres grupos. El primero es el de los controles sucesivos, como el modelo francés, según el cual el interesado puede presentar un recurso ante un juez de instrucción. Si el recurso es rechazado, puede apelar la decisión ante la cámara de acusaciones, y en caso de un segundo rechazo, puede acudir ante la Corte de Casación. El segundo modelo es el de los controles paralelos, como el modelo alemán, el que el interesado tiene dos vías: 1. Solicitar un pronunciamiento de verificación de los fundamentos de la detención ante el juez que había decidido sobre la detención. 2. Intentar un recurso ante la Cámara Penal del Tribunal Regional y en caso de rechazo por ésta, puede presentar un recurso ante el tribunal regional superior. En este modelo el interesado no puede acudir simultáneamente en las dos vías. El tercer sistema es el de los controles mixtos que combinan controles paralelos y sucesivos según el caso, como en el caso italiano (CPP, arts. 299 y 311). Ver Pradel, Op. Cit, página 507.

Según el objeto sobre el cual recae el control, éste puede ser una decisión positiva como la que adopta el fiscal al dictar una medida de aseguramiento, como lo prevé expresamente la norma en su inciso primero, no acusado en el presente proceso, o una decisión negativa, como cuando el fiscal considera que no procede en el caso concreto dictar una medida de aseguramiento. También puede recaer sobre una omisión, como cuando el fiscal se abstiene de tomar decisión alguna cuando ya han vencido los términos para ello y no hay justificación razonable para admitir dicha demora.

En relación con el ámbito del control, el legislador puede restringirlos a examinar los aspectos formales de la decisión, o incluir también aspectos materiales. Estos últimos pueden comprender elementos de hecho o de derecho, como por ejemplo, la existencia de prueba suficiente para adoptar una determinada decisión (13) y el razonamiento para justificar la decisión misma, a la luz de su necesidad para alcanzar fines constitucionalmente legítimos y de su proporcionalidad dados los hechos del caso concreto.

(13) Por ejemplo, en cuanto al control de legalidad material de la detención preventiva, los estados han establecido la existencia de indicios de responsabilidad como criterio material fundamental para determinar cuándo procede la medida. Cada sistema jurídico establece un estándar diferente para determinar cuándo un indicio o conjunto de indicios justifican la detención preventiva. Así, en Países Bajos se exige la existencia de “sospecha grave”, en Alemania se requiere “una sospecha fuerte”, en Dinamarca se habla de “sospecha particularmente reforzada”, en Bélgica y Grecia el estándar es el de “indicios serios de culpabilidad”, en Italia de “indicios graves de responsabilidad”. En los Estados Unidos, el juez considera el peso global de la evidencia contra esa persona. Ver Pradel, Jean Op Cit 501 y 502. La Corte Europea de Derechos Humanos también ha examinado este punto y en el caso Fox, Campbell y Hartley contra el Reino Unido, del 28 de octubre de 1987, donde tres irlandeses fueron detenidos como sospechosos de ser terroristas y la Corte encontró que dicha detención había sido arbitraria, porque dadas las circunstancias del caso no existían razones objetivas plausibles que justificaran su detención. Ver también los casos Grauslys contra Lituania del 10 de octubre de 2000, Jablonski contra Polonia, del 21 de diciembre de 2000. Labita contra Italia, del 6 de abril de 2000, García Alva contra Alemania, del 13 de febrero de 2001, donde la Corte sostuvo que la detención preventiva debía fundarse en sospechas razonables y en la legitimidad del propósito que buscaba la autoridad con la detención preventiva. Ver también, Chambers, Jr. Henry L., Reasonable Certainty and Reasonable Doubt, 81 Marquette Law Review, Spring, 1998, páginas 655 y siguientes.

En cuanto a los efectos del control, las opciones van desde control judicial amplio —como cuando el juez en aras del principio de imparcialidad es quien concede la medida solicitada por el fiscal—, hasta un control judicial reducido —como cuando el juez sólo puede advertir que la medida no cumple las condiciones fijadas por el legislador para su imposición, de tal manera que si el fiscal no la modifica se sigue la consecuencia prevista en la ley—, pasando por opciones intermedias —como cuando el juez tiene la facultad de revocar la medida si encuentra que ella no se ajusta a lo previsto en la ley—.

En el caso del control de legalidad de las medidas de aseguramiento o de las medidas sobre la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes que establece el artículo 392, el legislador optó por un control externo atribuido a los jueces de conocimiento; posterior que se llevará a cabo una vez se haya adoptado la decisión de asegurar o no asegurar; material y no sólo formal por lo cual se establecen condiciones sustantivas cuyo cumplimiento deberá verificar el juez; y, finalmente, en cuanto a sus efectos, definió que la consecuencia de constatar la existencia de errores graves sea la de revocar la providencia proferida por el fiscal. En este evento, además, el legislador consideró conveniente para evitar dilaciones injustificadas del proceso penal, que las decisiones judiciales de control de legalidad no fueran objeto de recursos.

Finalmente, la protección del derecho a la libertad que puede verse comprometido cuando efectivamente se profiere la medida de detención preventiva tampoco exige que el legislador establezca en este caso una segunda instancia. En efecto, la Corte ha reconocido en varias ocasiones que no todas las decisiones judiciales que afecten el derecho a la libertad deben ser susceptibles del recurso de apelación. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-150 de 1993 (14) , dijo la Corte:

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, en donde la Corte declaró la constitucionalidad de una norma que reconocía la existencia de excepciones al principio de la doble instancia contra las providencias interlocutorias que se producen dentro del proceso penal.

Advierte la Corte que la Constitución establece el principio de la doble instancia como derecho constitucional fundamental, y con carácter indisponible y obligatorio pero referido sólo al caso de la sentencia condenatoria; esta observación se hace en atención a los reiterados argumentos que formulan los actores. (…).

La Corte no encuentra que exista obstáculo alguno de carácter constitucional, que impida al legislador proveer sobre la materia en ciertas hipótesis acerca de la improcedencia de recursos contra providencias distintas a las sentencias condenatorias; en este sentido se tiene en cuenta lo dispuesto por el citado inciso cuarto del artículo 29 de la Carta, en concordancia con el inciso 1º del artículo 31 de la Constitución Nacional, en la parte que indica que quien sea sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Igualmente se señala que el legislador no puede ordenar la improcedencia de los recursos contra la sentencia condenatoria, ni establecer excepciones al respecto, salvo el caso de los fueros especiales en materia penal radicados en la Corte Suprema de Justicia por mandato constitucional, ya que ésta es según definición de la propia Carta, el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria.

Más recientemente, en otro ámbito donde también puede ser afectada la libertad, la Corte reiteró la jurisprudencia constitucional según la cual no es contrario a la Carta que el legislador establezca la improcedencia de recursos contra la decisión judicial de imponer medidas correccionales como el arresto a quienes perturben el desarrollo de la diligencia de audiencia en la Sentencia C-759 de 2002 (15) .

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-759 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte reiterando la decisión adoptada en la Sentencia C-657 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, dijo lo siguiente: “el señalamiento de los recursos contra las decisiones judiciales es un asunto deferido al legislador en lo no regulado por la Carta Política, la cual no consagra medio de impugnación alguno contra decisiones judiciales que imponen medidas correccionales”. En el mismo sentido la Sentencia C-218 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.

No encuentra la Corte contrario a la Carta que, en relaciones con los autos a los que se refiere el artículo 115 del Decreto-Ley 2700 de 1991, el legislador sólo haya previsto el recurso de reposición, y tampoco juzga reñido con los preceptos superiores lo plasmado en el artículo 117 del Código de Procedimiento Penal, pues es claro que el propio artículo 31 de la Constitución Política faculta a la ley para establecer excepciones al principio general de las dos instancias y no se trata, en el presente evento, de sentencias condenatorias. “Si el legislador ha dispuesto que contra los autos previstos en las normas señaladas por el actor, no procede recurso alguno, enseña la Corte que lo ha hecho teniendo en cuenta principios superiores en los cuales se basa la administración de justicia, como son los de eficacia y la celeridad. De tiempo atrás se ha buscado, con razón, evitar las trabas y dilataciones que traen consigo la interposición de recursos y la proposición de incidentes con el único fin de entorpecer el proceso. Estrategia propia de quienes abusan del derecho de litigar, es la de dilatar el proceso”…

La Corte sostuvo algo similar en las sentencias C-657 de 1996 (16) y C-358 de 1997 (17) .

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-657 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, la Corte encuentra conforme a la Carta el que el legislador restrinja los recursos que puedan interponerse contra las decisiones judiciales, ya sea prohibiéndolos completamente o limitándolos al recurso de reposición.

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-358 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, en la que la Corte declaró la exequibilidad de una disposición del Código Penal Militar que establecía la inimpugnabilidad de las sanciones para las personas que no colaboren con la buena marcha del proceso.

Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso” contenida en el inciso final del artículo 392 de la Ley 600 de 2000.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE respecto de los cargos relativos a los numerales 1º, 2º y 3º del inciso segundo y al inciso tercero del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, por ineptitud de la demanda.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso”, contenida en el inciso final del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos analizados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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