Sentencia C-790 de octubre 20 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-8499

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 510 y 511 (parciales) del Decreto-Ley 410 de 1971, “Por el cual se expide el Código de Comercio”

Demandante: Camilo Pabón Almanza

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Texto de la normas acusadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, pertenecientes al Decreto-Ley 410 de 1971, “Por el cual se expide el Código de Comercio”, publicado en el Diario Oficial 33339 de junio 16 del mismo año, resaltando los segmentos impugnados:

“ART. 510.—El gestor será reputado único dueño del negocio en las relaciones externas de la participación.

Los terceros solamente tendrán acción contra el administrador, del mismo modo que los partícipes inactivos carecerán de ella contra los terceros.

ART. 511.—La responsabilidad del partícipe no gestor se limitará al valor de su aportación. Sin embargo, los partícipes inactivos que revelen o autoricen que se conozca su calidad de partícipe, responderán ante terceros en forma solidaria con el gestor. Esta solidaridad surgirá desde la fecha en que haya desaparecido el carácter oculto del partícipe”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 superior, esta Corte es competente para conocer de la acción en referencia, por estar dirigida contra normas del Decreto-Ley 410 de 1971, emitido con el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 16 de 1968.

2. Problema jurídico a resolver.

Censura el accionante las reglas del contrato de cuentas en participación del Código de Comercio, referidas a la reputación del gestor como único dueño del negocio, al ocultamiento de los partícipes no gestores y a la limitación de su responsabilidad frente a terceros, por vulnerar el interés general, las funciones pública y administrativa y la libertad de competencia de mercado, que protege la Carta Política.

Los segmentos acusados de los artículos 510 y 511 de dicho código, no obstante haber sido matizados a lo largo de la demanda hacia la práctica de la contratación estatal, suponen para el actor, en concreto, el desarrollo de conductas indebidas o ilícitas que pueden suscitar los comerciantes con ocasión de su actividad mercantil a través del contrato de cuentas en participación.

Advierte esta corporación que las razones de inconstitucionalidad expuestas por el accionante, ligadas a actuaciones posiblemente vulneradoras de la gestión pública, conllevan una base de certeza de que los preceptos acusados del Código de Comercio aluden a características y comportamientos especiales y únicos de los sujetos que estructuran el negocio jurídico mercantil, los cuales, por sus fines y efectos, conforme a los cargos planteados, aconsejan el pronunciamiento solicitado. Las actividades que desarrollan el gestor y el cuenta partícipe, por esas especialísimas condiciones, involucran reglas universales que la Carta Política protege, razón suficiente y válida para promover la revisión constitucional en los términos descritos.

Por lo anterior, la Corte para resolver tales interrogantes procederá a considerar (i) el principio de buena fe en las actuaciones públicas y privadas y (ii) el ejercicio de la actividad económica conforme a los límites de bien común, en relación con las personas que acuerdan la formación de un contrato de cuentas en participación.

3. La naturaleza y las responsabilidades del gestor como único dueño y de los partícipes no gestores, previstas en el contrato de cuentas en participación del Código de Comercio, encuadran dentro del postulado constitucional de la buena fe de las actuaciones privadas.

3.1. El artículo 83 de la Constitución Política establece que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

La buena fe pasó de ser un principio general de derecho a transformarse en un postulado constitucional, adquiriendo de esta manera nuevas implicaciones en el ordenamiento jurídico. La Corte, desde sus primeras sentencias(4), ha traído a colación apartes del constituyente de 1991 sobre la incorporación imperativa de tal principio en la carta política, regulador de las relaciones entre particulares y de estos con el Estado:

“En la ponencia presentada a la Asamblea Nacional Constituyente, los ponentes consideraron que la norma (art. 83), tiene dos elementos fundamentales:

‘Primero: que se establece el deber genérico de obrar conforme a los postulados de la buena fe. Esto quiere decir que tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, como las autoridades en el desarrollo de sus funciones, deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio. En el primer caso, estamos ante una barrera frente al abuso del derecho; en el segundo ante una limitante de los excesos y la desviación del poder.

Segundo: se presume que los particulares en sus relaciones con el poder público actúan de buena fe. Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger’”(3).

Del mismo modo, esta corporación, siguiendo la doctrina, ha puesto de presente que el principio de la buena fe se erige en el “principio cumbre del derecho”, informador de las relaciones humanas con proyecciones específicas en las normas jurídicas. Así, tanto en sede de control abstracto como de control concreto de constitucionalidad, se ha pronunciado sobre su significado, alcance y contenido:(5)

“... la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir bonus)’(6). En este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada’(7).

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un principio que ‘de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente’(8).

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo 83 superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas.

Adicionalmente también ha estimado que la presunción de buena fe establecida en el artículo superior respecto de las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario(9).

Estima la Corte, que en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen. Por lo tanto observa la Corte que no se trata por esencia de un principio absoluto, y es por ello que la Corte Constitucional también ha admito(sic) la posibilidad de que, excepcionalmente, la ley establezca la presunción de mala fe, y le atribuya los efectos que considere en cada caso, lo cual se traduce en si se admite o no prueba en contrario en cada caso.

En efecto la Corte se pronunció en el sentido referido en la Sentencia C-544 de 1994, en la que se ocupó de estudiar la constitucionalidad del inciso final del artículo 768 del Código Civil el cual dispone: ‘Pero el error en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario’.

En esa oportunidad la Corte señaló que ‘[l]a norma demandada, interpretada a la luz de la Constitución, y despojada del efecto estigmatizante de la mala fe, significa que el legislador, simplemente, ha querido reiterar, en esta materia, la negativa general a admitir el error de derecho. La alusión a la mala fe es un recurso técnico para ratificar el anotado principio y, en este sentido, no puede ser inconstitucional’.

Posteriormente en la Sentencia C-540 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad del inciso primero del artículo 769 del Código Civil, conforme con el cual ‘[l]a buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria’. En esa providencia la jurisprudencia constitucional reconoce de manera expresa que ‘excepcionalmente, la ley puede establecer la presunción contraria, es decir, la presunción de mala fe’.

(...).

Con fundamento en lo anterior concluye la Sala que la ley puede determinar criterios, antecedentes, o circunstancias conocidas, de las cuales se deduzca en una situación particular, una presunción de mala fe, de naturaleza legal o de derecho, conforme con lo que ella misma disponga, y que por tanto admita o no prueba en contrario.

Recapitulando, es claro para la Corte que si bien el ordenamiento jurídico por regla general presume la buena fe de los particulares en sus relaciones, y en las actuaciones que adelanten ante las autoridades públicas, este es un principio que no es por esencia absoluto, de tal manera que en situaciones concretas admite prueba en contrario, y en este sentido es viable que el legislador excepcionalmente, establezca presunciones de mala fe, señalando las circunstancias ante las cuales ella procede”.

3.2. La Corte también se ha pronunciado acerca de la buena fe que debe inspirar los negocios jurídicos de los particulares, sean personas naturales o personas jurídicas.

Este aspecto en el derecho comercial, tratándose de la formación de sociedades, pero sin perjuicio de lo dispuesto por remisión de la ley o por analogía para las personas naturales, adquiere especial relevancia ante la autonomía de la voluntad y el derecho de asociación(10), por cuya razón las actividades que se desarrollen deben asegurar el respeto de los derechos ajenos e impedir su abuso, preservar la moral, la seguridad y el orden público.

Al respecto, ha indicado:(11)

“El artículo 83 de la Constitución Política reconoce el principio de buena fe en las actuaciones de los particulares. Dicha disposición de raigambre superior tiene desarrollo legislativo concreto, en materia contractual, en los artículos 1603 de Código Civil(12) y 871 del Código de Comercio(13).

Según el principio de buena fe contractual, las partes obligadas por un acto jurídico actúan bajo los parámetros de la recta disposición de la razón dirigida al cumplimiento fiel de las obligaciones derivadas del acto. Se trata de reconocer que al momento de aceptar la realización de una determinada prestación, se procederá con honestidad, lealtad y moralidad.

En materia societaria, el principio de buena fe igualmente se presume, no podría considerarse que el ejercicio del derecho de asociación para constituir una persona jurídica es con el ánimo de defraudar los intereses y derechos de los trabajadores. Por el contrario, conforme se expuso con anterioridad, la constitución y creación de una sociedad, especialmente, las denominadas sociedades de riesgo limitado, es con el propósito firme de contribuir al crecimiento y desarrollo económico de la Nación.

(...).

… cuando se vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad de riesgo limitado no con el propósito de lograr un fin constitucional válido, sino con la intención de defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a hacer responsables a los asociados, con fundamento en una causa legal distinta de las relaciones que surgen del contrato social. Es entonces en la actuación maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora de un daño para con los terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la reparación del daño acontecido.

Estas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del levantamiento del velo corporativo o ‘disregard of the legal entity’ o ‘piercing the corporate veil’ cuya finalidad es desconocer la limitación de la responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en circunstancias excepcionales ligadas a la utilización defraudatoria del beneficio de la separación(14). Al respecto, ha sostenido la doctrina: ‘El ente hermético se abre siempre que surja o se perciba un asomo de mala fe, fraude, abuso del derecho o simulación. Así mismo cuando se forma para burlar el ordenamiento jurídico, o si después de constituida con arreglo a la ley se desvía de su finalidad, o la persona es utilizada para actos o propósitos ilícitos, se configura el ejercicio anormal de un derecho que merece correctivos para que no persista el abuso’(15).

En nuestro ordenamiento jurídico se consagran algunos instrumentos que cumplen la misma función de la teoría del levantamiento del velo corporativo, prevista expresamente en otros ordenamientos, al respecto, se pueden destacar: (i) El deber constitucional y legal de no hacer daño a otro (neminem laedere), de acuerdo con los artículos 58 y 83 de la Constitución y con el artículo 2341 del Código Civil(16); (ii) la responsabilidad por el abuso del derecho según el artículo 830 del Código de Comercio(17); ...”.

Por expresos mandatos del legislador, se torna factible que determinadas reglas de sociedades mercantiles sean aplicadas a otras similares o a personas naturales que desarrollan operaciones mercantiles según las normas del Código de Comercio, y en esta misma medida, los pronunciamientos judiciales vertidos sobre tópicos compatibles con la naturaleza, la especialidad y los fines para los cuales fueron creadas.

Así, la limitación del riesgo no es un derecho absoluto que pueda ser utilizado de manera indiscriminada por los comerciantes, cualquiera sea su voluntad de formación, puesto que si con su uso se defraudan la buena fe y los intereses de terceros, habrá lugar a acudir a las herramientas legales propias del régimen, como por ejemplo, el levantamiento del velo corporativo, para obtener la reparación del daño acontecido.

3.3. Realizado el cotejo de los fundamentos que informan la presunción constitucional de la buena fe en las actuaciones de los particulares, con los segmentos de los artículos 510 y 511 del Código de Comercio, demandados, analiza esta corporación que las condiciones especiales allí descritas acerca de las personas que se asocian para formar el contrato de cuentas de participación, son clara expresión de la especialidad y los fines del negocio jurídico conforme a su contenido (art. 507 ib.), de cuya lectura no se deduce propósito diferente al de gestionar operaciones mercantiles, las cuales, por realizarse bajo esas características de los asociados, en manera alguna suponen manifestaciones de voluntad indebidas o ilícitas ni, por consiguiente, las supuestas actuaciones individuales o colectivas irregulares que predica el accionante en la demanda.

Dispone el precepto citado que la participación “es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida”.

Tal instrumento mercantil se halla amparado por el principio general de la buena fe tanto en su preparación (art. 863 ib.) como en su ejecución (art. 871 ib.) y, de otro lado, compelido al respeto de los derechos ajenos (art. 830 ib.), de manera que cualquier abuso en su práctica comercial, opuesta a la ley, a la costumbre y a la equidad, acarreará para quienes lo formaron la obligación de indemnizar los perjuicios que lleguen a causar.

Nótese entonces que, con independencia de las características especiales de los sujetos que originan el contrato mencionado (partícipe gestor y cuenta - partícipe o partícipe no gestor singular o plural), pero sí en calidad de comerciantes, la buena fe, tanto legal como constitucional, se erige en el principio rector de las actuaciones mercantiles que permite este negocio jurídico.

Así expuesto, se torna imperioso señalar que las conductas de las personas que conforman el contrato de cuentas en participación, obedecen propiamente al objeto del instrumento y a los principios rectores que lo enmarcan, y no, únicamente, a la simple manifestación de voluntad de aquellas, puesto que cualquier comportamiento ajeno a tales principios y obligaciones en el ejercicio comercial carece, por tal virtud, de la fuerza suficiente para desvirtuar, condicionar o desconocer las características que la ley quiso otorgar a los sujetos integrantes del negocio jurídico.

Pensar de manera contraria a lo establecido, esto es, considerar que los comerciantes a través de este contrato se asocian para delinquir o para defraudar, en este caso al Estado, como lo expone subjetivamente el actor, significa plantear per se la eliminación sistemática de la buena fe, armadura del ordenamiento jurídico y social y, de contera, tener como patente constante de las operaciones mercantiles, el abuso, el engaño y la mala fe, concepción diametralmente opuesta a los preceptos enunciados, que riñe con las obligaciones contraídas por la práctica del comercio y, en esa medida, mal puede inferirse o extraerse de la normativa acusada, dada la presunción que el constituyente de 1991 consagró para las gestiones que adelantan los particulares.

El contrato de cuentas en participación por sus especiales características, dispone la naturaleza “oculta” del partícipe no gestor. Este aspecto, atado exclusivamente a la relación interna con el gestor, persona que asume la representación, obligaciones y responsabilidades externas del negocio jurídico, se contrae a su objeto en estricto, definido en el artículo 507 del Código, en función del cual la “secrecía” se establece para rendición de cuentas, por esa estrecha relación o nexo, sin que por ello se estén fraguado conductas ilícitas, ni que la responsabilidad del gestor ante terceros disminuya, salvo que los partícipes no gestores revelen su calidad, en cuyo caso esta será solidaria y no se limitará al valor de la aportación (arts. 510 y 511 ib.).

Para esta corporación, la regulación en precedencia no comporta una ruptura de los principios rectores del contrato ni de las preceptivas constitucionales enunciadas como vulneradas, en tanto las actividades mercantiles, cobijadas por la presunción constitucional de la buena fe (art. 83, ib.), aparecen desarrolladas en la relación gestor - partícipe no gestor, donde las funciones y las responsabilidades dispuestas en cabeza del primero, garantizan no solo la ejecución del contrato, sino las consecuencias ante terceros que eventualmente resulten perjudicados con la conducta contractual.

Resulta entonces irrelevante el carácter oculto del partícipe no gestor en la medida que, de un lado, el gestor será el llamado a responder por causa del contrato en las relaciones externas y, de otro, el nexo entre este y el partícipe no gestor al interior del negocio jurídico, se funda en el ejercicio y la evaluación de las operaciones económicas propias de la ejecución del contrato, las cuales, por la condición “secreta” de uno de sus asociados, no infieren la producción intencional de conductas reprochables como comerciantes, que alega el actor, estando amparadas sus actuaciones bajo el principio legal y constitucional de la de buena fe.

Desde otra perspectiva, la Corte precisa que el contrato de cuentas en participación es figura jurídica que aparece ligada a un tipo de asociación mercantil; el artículo 514 del Código de Comercio, “en lo no previsto”, la asimila a las sociedades en comandita simple y, en cuanto sean insuficientes sus normas, dispone también la aplicación de las reglas del título primero, referidas a los comerciantes y asuntos de comercio.

La buena fe que se presume de la actividad societaria, reiterada en pronunciamientos de la Corte, encuentra aquí especial realce y connotación, en tanto una vulneración por engaño, defraudación o por cualquiera otra razón, contraria al fin superior establecido, hace responsables a los asociados y constituye la fuente para desconocer la limitación de la responsabilidad, expresada en lo que la doctrina denomina “el levantamiento del velo corporativo”. Esta herramienta que busca la reparación del daño, comporta dos consecuencias en la actividad comercial: una modalidad de sanción para los asociados y, paralelamente, una garantía para terceros afectados.

En conclusión, resulta irrazonable, a partir del postulado constitucional de la buena fe y de las normas comerciales que lo contienen, como de las sanciones que regula ese ordenamiento legal, suponer que los segmentos acusados de los artículos 510 y 511 del Código de Comercio, facultan a los asociados del contrato de cuentas en participación la realización de conductas o comportamientos opuestos a los preceptos de la carta política, que enuncia el demandante como vulnerados. El entendimiento de esas preceptivas mercantiles no puede invocarse de manera aislada, sino bajo los fundamentos del contrato mismo, explicado en el artículo 507 y teniendo como pilar el artículo 83 de la carta.

4. Las operaciones que en calidad de comerciantes realizan el gestor y el partícipe no gestor, en función del contrato de cuentas en participación, se encuentran acordes con el libre ejercicio de la actividad económica y el bien común.

4.1. Los artículos 333 y 13 de la Constitución Política garantizan a todas las personas el ejercicio de la actividad económica y la iniciativa privada conforme a los derechos fundamentales de igualad y de libertad, pero, precisa la carta, “dentro de los límites del bien común”, es decir, bajo las exigencias y los linderos dispuestos por el legislador en términos de razonabilidad y proporcionalidad del proceso económico y, consecuentemente, con las responsabilidades que ello apareja(18).

A propósito de este tema, la Corte en Sentencia C-616 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, expuso:

“La definición del concepto de libertad económica presenta serias dificultades, por tratarse de una cláusula abierta e indeterminada por la Constitución, la cual es susceptible de distintas interpretaciones según la concepción que se tenga del hombre y de la sociedad. La Corte Constitucional ha señalado que la libertad económica es: ‘... [u]na facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio’(19).

La reforma constitucional de 1991 adoptó el modelo propio de una economía social de mercado e introdujo una serie de principios e instituciones para armonizar la intervención del Estado con la libertad de los ciudadanos, entre las cuales el de la libertad económica tiene un valor superior dentro del ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, el artículo 333 de la Constitución Política establece que ‘La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.’ Y agrega que ‘La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades’.

De la anterior norma se puede inferir que la Constitución, al referirse a la actividad económica de manera general, está reconociendo y garantizando al individuo una multiplicidad de sectores dentro de los cuales puede desplegar su libre iniciativa en orden a la satisfacción de sus necesidades, sin que se permita privilegiar unos sujetos, en detrimento de otros. Por ello, esta garantía constitucional se extiende por igual a empresas organizadas y a las que no lo están, a las personas naturales o jurídicas.

La libertad económica que, se encuentra reconocida y garantizada por la Constitución, dentro de los límites del bien común y del interés social, constituye uno de los fundamentos del Estado social de derecho. De esta manera, así como la libertad de empresa se orienta a permitir la posibilidad real del individuo de desarrollar actividades económicas que considera necesarias para la satisfacción de sus intereses, también, se autoriza al Estado para intervenir y crear las condiciones necesarias para que estas se materialicen en armonía con los valores superiores previstos en la Carta”.

4.2. Adicionalmente, la libertad económica que la Constitución promueve y protege, involucra la denominada “libertad de empresa”, cuya concepción ofrece diversos direccionamientos e instrumentos de aplicación, según se trate de las políticas y de los agentes económicos de mercado (v.gr. personas naturales o jurídicas, en sus diversas modalidades comerciales). Bajo esta dimensión, el desempeño que la carta reconoce a los particulares, dependerá del ordenamiento y la estructuración que dispongan las leyes, acorde con las restricciones y responsabilidades allí establecidas y “los límites del bien común”.

En la Sentencia C-524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, se dispuso:

“... ‘Por libertad de empresa hay que entender aquella libertad que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia. El término empresa en este contexto parece por lo tanto cubrir dos aspectos, el inicial —la iniciativa o empresa como manifestación de la capacidad de emprender y acometer— y el instrumental —a través de una organización económica típica—, con abstracción de la forma jurídica (individual o societaria) y del estatuto jurídico patrimonial y laboral’(20).

La libertad de empresa le otorga a toda persona el derecho de ejercer y desarrollar una determinada actividad económica, de acuerdo con el modelo económico u organización institucional que, como ya se anotó, en nuestro país lo es la economía de mercado, libertad que al tenor del Estatuto Supremo no es absoluta, ya que el legislador está facultado para limitar o restringir su alcance cuando así lo exijan ‘el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación’. Además, no puede olvidarse que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social qué cumplir, la que implica ciertas obligaciones, y que la libre competencia económica ‘supone responsabilidades.

(...).

… ‘las limitaciones que la ley imponga a la actividad económica y a la libre competencia, habrán de ser serias y razonables. Se trata de dos derechos constitucionales que si bien son de configuración legal, describen un ámbito de actuación privada que, a partir de un cierto límite, no es susceptible de ser restringida adicionalmente, so pena de vulnerar sus núcleos esenciales. En este sentido, aparte de los fines propios de la intervención del Estado en la economía que se señalan en el artículo 334 de la Constitución Política, la libertad de empresa, en el lenguaje de la Constitución Política la actividad económica y la iniciativa privada y la libre competencia, pueden ser delimitadas por la ley cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (C.P., art. 333). La seriedad y razonabilidad de las medidas legales limitativas de la actividad económica, no la coartan. Por el contrario, la restricción legal persigue conciliar los intereses de la actividad económica libre con los que demanda la atención del bien común, en un sistema que en razón de sus fundamentos debe guiarse por el principio pro libertate’”(21).

4.3. El contrato de cuentas en participación, expresión jurídica de las reglas contempladas en el Título I del Código de Comercio, que definen y demarcan los sujetos que se ocupan de actividades consideradas mercantiles, constituye una de las muchas concreciones mediante las cuales los particulares realizan el cometido de los artículos 333 y 13 de la Carta Fundamental en una sociedad de mercado, conforme a la concepción política, social y económica del Estado colombiano.

Los sujetos que estructuran este contrato, según las características previstas en el artículo 507 del Código de Comercio y las condiciones individuales establecidas en los preceptos 510 y 511 ib. (partícipe gestor y partícipe inactivo o no gestor), desarrollan esa garantía constitucional a través de operaciones mercantiles libres, de manera que, facultados para participar como personas naturales en actividades propias del ámbito privado o público, no tienen más cortapisa que el cumplimiento del objeto contractual, el respeto de los principios superiores y legales, y el apego a las disposiciones que los involucran en determinada gestión.

Lo anterior, sin desmedro de las responsabilidades que puedan generarse, si como comerciantes se distancian de tales postulados y mandatos, asunto también regulado por la normativa respectiva, sea mercantil, administrativa, financiera, fiscal, tributaria, disciplinaria o penal.

Encuentra la Corte que los segmentos acusados a que se ha venido haciendo referencia, propios de la naturaleza del contrato, representan en realidad el componente humano a través del cual se ejerce la actividad económica referida, sin que sea posible deducir de plano, por esas especiales características que la ley le otorga, y por razón de la protección contenida en el artículo 83 superior, comportamiento alguno que se oponga a los “límites del bien común”.

En otras palabras, la sola existencia de los partícipes y sus especiales calidades, no constituyen razón válida ni suficiente para presumir la supuesta ocurrencia de conductas indebidas o ilícitas alrededor, por ejemplo, de la contratación estatal en la que llegaren a intervenir, en cuanto que esta modalidad pública es autónoma, tiene sus normas y controles, a los que debe hacer frente el partícipe gestor, en materia de obligaciones, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, etc., siendo entonces inane la no revelación del partícipe no gestor o inactivo.

Lo expuesto obedece a que las eventuales irregularidades no se originan propiamente del carácter “oculto” de este último, sino de la actividad cuestionada que desarrolle el partícipe gestor, quien deberá responder, según probanzas, independientemente de aquel, salvo que por la voluntad de revelación o autorización o por el levantamiento del velo corporativo, haya lugar a la responsabilidad solidaria, que igual aparece contemplada el artículo 511 del Código de Comercio.

Eliminar la normatividad que plantea el accionante, (i) significaría la desaparición fáctica en el ordenamiento jurídico del contrato de cuentas en participación, cuando esta figura del derecho comercial no riñe por su estructura con las normas constitucionales enunciadas como violadas ni con los postulados constitucionales, según se ha analizado, lo cual, sin embargo, no conduce a propiciar la desatención de los controles y las sanciones previstas para comerciantes en grado de ilicitud, (ii) repercutiría negativamente en el desarrollo sectorizado de la economía y, (iii) entrañaría un quebramiento del derecho de libertad económica, al proscribirse una institución que prohíja la autonomía y la dinámica mercantiles, y por consecuencia, la libertad de empresa, sea individual o colectiva, de acuerdo al modelo de economía de mercado.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE :

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos estudiados, las expresiones “será reputado único dueño del negocio en las relaciones externas de la participación” y “Sin embargo, los partícipes inactivos que revelen o autoricen que se conozca su calidad de partícipe, responderán ante terceros”, contenidas en los artículos 510 y 511 del Decreto-Ley 410 de 1971, respectivamente.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.»

(4) Cfr. T-469/92 (jul. 17), M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) “Cfr. Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nº 24. Título: Buena Fe. Autores: Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11 de 1991. Página 3”.

(5) Cfr. C-071/2004 (feb. 3), M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-1194/2008 (dic. 3), M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(6) “Ver Sentencia T-475 de 1992”.

(7) “Ibídem”.

(8) “Sentencia C-253 de 1996”.

(9) “Ver Sentencia C-071 de 2004”.

(10) C-041/94 (feb. 3), M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-399/99 (jun. 2), M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.

(11) Cfr. C-865/2004 (sep. 7), M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(12) “Dispone la norma en cita: ‘Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que la ley pertenecen a ella’”.

(13) “Señala la norma: ’Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural’”.

(14) “Véase, Pinzón, Gabino. Op. cit. Sociedades comerciales. Narváez, José Ignacio, Op. cit. Teoría general de las sociedades. Reyes Villamizar, Francisco, Op. cit. Personificación jurídica de la sociedad. Reyes Villamizar, Francisco. Sociedades comerciales en Estados Unidos, Editorial Doctrina-Ley, Bogotá, 1996. Moeremans. Daniel. Extensión de la responsabilidad de los socios en las sociedades de capital”.

(15) “Narváez, José Ignacio. Op. cit. Teoría general de las sociedades. Pág. 41”.

(16) Dispone la norma en cita: ‘El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido’”.

(17) “Determina la citada disposición: ‘El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause’”.

(18) En sentencia C-368 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández) la Corte expuso: “... la libertad del individuo se encuentra atemperada en la preceptiva constitucional por la prevalencia del interés colectivo (art. 1º), por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado (C.P., arts. 333, 334 y 335) y por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la doctrina de esta Corte ha prohijado. Cfr. C-322/2000 (mar. 22), M.P. Fabio Morón Díaz.

(19) “Corte Constitucional, Sentencia T-425 del 24 de junio de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón”.

(20) “Constitución y sistema económico. Martin Bassols Coma; Tecnos, 1988”.

(21) C-415/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.