SENTENCIA C-791 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2006

 

Sentencia C-791 de septiembre 20 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-791 de 2006 

Ref.: Expediente D-6220

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 474, parcial, del Código de Procedimiento Civil y 2336, parcial, del Código Civil.

Actor: Jhon Jairo Sabogal Gutiérrez

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Textos de las normas acusadas

Se transcribe a continuación el texto de los artículos 474 del Código de Procedimiento Civil y 2336 del Código Civil, resaltando los apartes acusados:

“DECRETOS NÚMEROS 1400 Y 2019 DE 1970

(Agosto 6 y Octubre 26)

Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil.

ART. 474.—Derecho de compra. Decretada la venta del bien común, cualquiera de los demandados, dentro de los tres días siguientes a aquel en el que el avalúo quede en firme, podrá hacer uso del derecho de compra establecido en el artículo 2336 del Código Civil. La distribución entre los comuneros que ejerciten tal derecho se hará en proporción a sus respectivas cuotas.

El juez, de conformidad con el avalúo, determinará por auto que es apelable, el precio del derecho del demandante y la proporción en que han de comprarlo los demandados que hubieren ofrecido hacerlo. En dicho auto se prevendrá a estos para que consignen la suma respectiva en el término de diez días, a menos que los comuneros les concedan uno mayor que no podrá exceder de seis meses. Efectuada oportunamente la consignación, el juez dictará sentencia en la que adjudicará el derecho a los compradores.

Si quien ejercitó el derecho de compra no hace la consignación en tiempo, el juez le impondrá multa a favor del demandante, por valor del veinte por ciento del precio de compra, en auto que es apelable en el efecto diferido, y el proceso continuará su curso. En este caso, los demás comuneros que hubieren ejercitado el derecho de compra y consignado el precio, podrán pedir que se les adjudique la parte que al renuente le habría correspondido, y se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores”.

“CÓDIGO CIVIL

ART. 2336.—Venta parcial de la cosa común. Cuando alguno o algunos de los comuneros solicite la renta de la cosa común, los otros comuneros o cualquiera de ellos pueden comprar los derechos de los solicitantes, pagándoles la cuota que les corresponda, según el avalúo de la cosa”.

(...).

VII. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con los numerales 4º y 5º del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Cargo planteado y problema jurídico a resolver.

Debe aclarar previamente la Corte, que los cargos del ciudadano giran en torno a la violación del derecho a la igualdad (art. 13 superior), por lo que se procederá a determinar el problema jurídico solamente a la luz de dicha disposición constitucional, ya que en relación con las otras normas constitucionales que se considera infringidas (arts. 1º y 29 de la Constitución), el actor simplemente se limitó a manifestar su violación sin presentar o desarrollar cargo alguno de inconstitucionalidad, como se aprecia de la demanda.

Por lo anterior, le corresponde a la Corte estudiar si las expresiones “cualquiera de los demandados” y “los otros comuneros o cualquiera de ellos pueden comprar los derechos” contenidas en los artículos 474 y 2336 del Código Civil, respectivamente, vulnera el derecho a la igualdad al permitir el ejercicio del derecho de compra, en el proceso divisorio de venta de la cosa común, únicamente a los comuneros demandados, posibilidad que no se otorga al comunero demandante.

Las intervenciones de la Universidad del Rosario y del Ministerio del Interior y de Justicia presentadas oportunamente (1) , coinciden en solicitar la exequibilidad de las disposiciones parcialmente acusadas bajo los siguientes argumentos: i) el derecho de compra se enmarca dentro de la libertad de configuración legislativa en materia de procedimientos judiciales, ii) los comuneros pueden de común acuerdo, es decir, sin necesidad de acudir a la vía judicial repartir materialmente el bien, venderlo a uno solo de ellos u ofrecerlo a un tercero, de lo contrario les queda la posibilidad de acudir a la diligencia de remate para comprar el bien, iii) quien opta por demandar expresa su voluntad de poner fin a la comunidad o dejar en claro el interés de perder el carácter de comunero en virtud del principio de libertad individual según el cual nadie está obligado a permanecer en la indivisión como lo prevé el artículo 2334 del Código Civil, y iv) el derecho de compra busca la permanencia o conservación de la comunidad al otorgar la primera opción de compra antes de que se surta el remate del bien.

Para el Procurador General de la Nación las normas parcialmente acusadas se ajustan a la Constitución (art. 13), por cuanto se fundamentan en la presunción que el demandante al iniciar el proceso divisorio actúa con el interés de terminar la comunidad para sí, perder la calidad de comunero y, por consiguiente, renunciar al derecho preferencial de compra. Señala que el demandante y los demandados no están en las mismas circunstancias, pues, mientras el primero busca poner fin a la calidad de comunero, los segundos persiguen continuar compartiendo el dominio sobre la cosa común.

3. Análisis del caso concreto. Las normas demandadas no vulneran el derecho a la igualdad de los comuneros.

Considera el demandante que las normas parcialmente demandadas vulneran el derecho a la igualdad, por cuanto facultan para hacer uso del derecho preferente de compra solamente a los comuneros demandados y no al comunero demandante.

Cabe recordar, que el artículo 2336 del Código Civil, parcialmente atacado de inconstitucionalidad, forma parte del capítulo III, del cuasicontrato de comunidad, título XXXIII de los cuasicontratos, libro cuarto, de las obligaciones en general y de los contratos, y consagra que cuando alguno o algunos de los comuneros solicite la venta de la cosa común, los otros comuneros o cualquiera de ellos pueden comprar los derechos de los solicitantes, pagándoles la cuota que les corresponda, según el avalúo. Por su parte, el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, parcialmente demandado, se encuentra ubicado en el capítulo I sobre la división material y venta de la cosa común, del título XXVI de los procesos divisorios, libro tercero, de los procesos, y establece que decretada la venta del bien común, cualquiera de los demandados, dentro de los tres días siguientes a aquel en el que el avalúo quede en firme, podrá hacer uso del derecho de compra establecido en el artículo 2336 del Código Civil.

Al respecto del cuasicontrato de comunidad, puede decirse que “un mismo derecho pertenece a dos o más sujetos conjuntamente. En la verdadera comunidad, communione pro indiviso, el derecho de cada comunero se extiende a toda y cada una de las partes de la cosa común... Hay comunidad o indivisión cuando varias personas tienen sobre la totalidad de una misma cosa y sobre cada una de sus partes derechos de idéntica naturaleza jurídica, o mejor, un solo derecho...” (2) .

Entre los derechos que las leyes civiles otorgan a los comuneros se encuentra el de no estar obligado a permanecer en la indivisión, es decir, cada comunero conserva su libertad individual, de allí que tanto el Código Civil, artículo 2334, como el de Procedimiento Civil, artículo 467, consagren que todo comunero puede pedir la división material de la cosa común, o su venta para que se distribuya el producto; y que, la demanda deberá dirigirse contra los demás comuneros, y a ella se acompañará la prueba de que demandante y demandado son condueños. Cabe recordar, que en el cuasicontrato de comunidad entre dos o más personas, ninguna de ellas ha contratado sociedad, o celebrado otra convención relativa a la misma cosa (3) .

La actiocomun dividendo o solicitud de división de la cosa común puede presentarse por los comuneros interesados a los demás condueños para que, en principio, a través del común acuerdo se resuelva el estado de indivisión; o, de ser necesario demandar la división ante la administración de justicia, las normas procedimentales, por su parte, consagran el procedimiento que debe seguirse para la división material o la venta de la cosa común.

Ahora bien, salvo lo dispuesto en normas especiales, la división material será procedente cuando se trate de bienes que puedan partirse materialmente sin que los derechos de los condueños desmerezcan por el fraccionamiento. En los demás casos, procederá la venta (4) . Además, tanto la división material de la cosa común como su venta tienen un trámite común hasta el avalúo del bien o el señalamiento de su valor de común acuerdo por las partes (5) .

En el trámite de división material, en firme el avalúo, el juez prevendrá a las partes para que designen partidor o soliciten autorización para hacerla si fueren capaces, de lo contrario el juez lo nombrará. Presentado el trabajo de partición se aplica lo dispuesto para el trámite de la sucesión, y registrada la partición material, cualquiera de los asignatarios puede solicitar que se le entregue la parte adjudicada (6) .

En cambio, en el caso de la venta del bien común, el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, parcialmente demandado, señala que una vez decretada la venta de la cosa común, “cualquiera de los demandados”, dentro de los tres días siguientes a aquel en el que el avalúo quede en firme, podrá hacer uso del derecho de compra que establece el artículo 2336 del Código Civil, parcialmente también demandado, que refiere a que cuando alguno o algunos de los comuneros solicite la venta de la cosa común “los otros comuneros o cualquiera de ellos pueden comprar los derechos” de los solicitantes, pagándoles la cuota que les corresponda, conforme el avalúo de la cosa.

En efecto, las normas parcialmente acusadas de inconstitucionalidad, en el caso de la venta del bien común, decretada su venta y antes de procederse a su remate, otorgan una prelación para ejercer el derecho de compra solamente a los comuneros demandados. Y, es solo en el caso de que proceda el remate del bien, que cualquier comunero puede presentarse como postor, para lo cual deberá consignar el porcentaje legal y pagar el precio del remate en la misma forma que los terceros, pero con deducción del valor de su cuota en proporción a aquel (7) .

Para la Corte el que las normas sustantivas y procedimentales civiles, confieran en etapa anterior al remate, un derecho preferente de compra solamente a los comuneros demandados, no vulnera el derecho a la igualdad de los comuneros demandantes, como pasa a explicarse.

Cabe recordar, que el legislador dispone de un amplio margen para regular los mecanismos que precisen la forma de acceso al derecho a la propiedad privada, como sus contenidos, transferencia y límites, esta Corte ha señalado que dicha potestad se encuentra sujeta a la Constitución ya que debe resultar razonable y proporcionada. Así lo ha entendido esta corporación cuando en Sentencia C-782 de 2004 (8) , señaló que “al legislador le compete,... definir las características y modalidades de la propiedad —intelectual, compartida, inmueble, etc.— y las “facultades, obligaciones, cargas y deberes que los propietarios y terceros pueden desarrollar y están, obligados a cumplir” (9) con respecto a los bienes que ostentan y al tipo de propiedad que poseen, en cada caso específico... En ese orden de ideas, si bien la regulación de los derechos de propiedad tiene reserva de ley, eso no significa que la potestad reguladora del Congreso no es absoluta, en la medida en que le compete asegurar que el ejercicio de la propiedad sea posible y sus límites o exigencias sean razonables y respetuosas del núcleo esencial de este derecho... Tal potestad es propia de sus competencias constitucionales, por lo que solo limitaciones desproporcionadas o irrazonables, o abiertamente contrarias a derechos fundamentales concretos, pueden ser consideradas reprochables, en vista del amplio margen de configuración del Congreso en materia económica y patrimonial”.

De igual modo, el legislador dispone de un margen de configuración para establecer las formas procedimentales que habrán de regir los procesos judiciales que no resulta absoluta al encontrarse limitada por los mandatos constitucionales como el derecho a la igualdad (10) . Así lo reiteró esta Corte en Sentencia C-561 de 2004 (11) , al pronunciarse sobre unas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, al recordar que “en la Sentencia C-789 de 2003, ... la Corte resaltó que “el legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial (12) . Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º)”; en ese sentido, precisó la Corte que los límites en cuestión “están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 5º, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (C.P., art. 83)”. En el mismo orden de ideas, en la Sentencia C-1091 de 2003 ... la Corte reiteró que “el margen de configuración legislativa de los procedimientos judiciales es amplio... la Constitución Política concede al legislador un amplio margen a su potestad de configuración en el diseño de los procedimientos judiciales, que solo se excede cuando se afectan claramente derechos fundamentales”.

En efecto, si bien la igualdad es un derecho que limita la potestad de configuración del legislador, pues de acuerdo con el principio general de igualdad se prohíbe otorgar un trato diferente frente a supuestos iguales, puede ser admisible que se otorgue un trato distinto siempre y cuando se encuentre justificado y sea razonable.

Como se ha expuesto, las expresiones acusadas “cualquiera de los demandados” y “los otros comuneros o cualquiera de ellos pueden comprar los derechos”, contenidas en los artículos 474 y 2336 del Código Civil, respectivamente, parten de reconocer un derecho de preferencia de compra para los comuneros demandados, que debe entenderse circunscrito a la modalidad de venta de la cosa común o ad valorem en el proceso divisorio y antes de que proceda el remate del bien.

Al tratarse de un proceso divisorio en el que procede la venta del bien común y no la división material del mismo, el o los demandantes comuneros, deben tener presente que si bien tienen el derecho a no permanecer en la indivisión, y que la naturaleza de dicha acción en el caso concreto consiste en vender o enajenar la cuota o cuotas partes proindiviso, en cabeza de los demandados también se encuentra el derecho a permanecer en la indivisión si no han expresado una voluntad contraria, teniendo en consecuencia también el derecho a conservar la propiedad de su cuota parte.

Distintos intereses pueden motivar a cada una de las partes en el proceso divisorio de venta de la cosa común, por lo que el derecho preferente de compra a favor de los demandados encuentra una justificación constitucional como lo es perseguir ejercer las prerrogativas propias del derecho a la propiedad, que para unos puede estar en terminar la comunidad y para otros en conservarla dentro del proceso de venta de la cosa común.

En el proceso divisorio de venta de la cosa común, el o los comuneros demandantes buscan no permanecer en estado de indivisión a través de la venta del bien —a lo que no podrán oponerse los demandados—, pretensión que quedaría satisfecha cuando se logra tal cometido bien porque los demás comuneros accedan a la propiedad de la cuota parte de aquellos y paguen el valor correspondiente, o bien porque finalmente el bien sea rematado con la opción en este caso para cualquier comunero o un tercero de adquirir la propiedad del bien, existiendo una división posterior ad valorem.

Cabe recordar, que a los comuneros demandados les puede animar un interés distinto al del demandante como lo es el conservar la comunidad, el legislador previó precisamente la facultad de ejercer el derecho preferente de compra, señalando que decretada la venta del bien común, dentro de los tres días siguientes a aquel en el que el avalúo quede en firme, los demandados podrán ejercer dicho derecho, para lo cual al juez corresponde determinar el precio del derecho del demandante y la proporción en que han de comprarlo los demandados que hubieren ofrecido hacerlo, se prevendrá para que se efectúe la consignación y una vez efectuada se proferirá sentencia adjudicando el derecho a los compradores.

El medio empleado por el legislador resulta adecuado y necesario a la consecución del fin establecido por cuanto los comuneros demandados podrán ejercer el derecho preferente de compra, conservando su calidad de comunero, sobre el derecho o cuota parte del demandante, evitando así que también pase a manos de terceros por remate del mismo. Y, a la vez se podrá satisfacer el interés del comunero demandante de no permanecer en la comunidad a través de la venta de lo que le corresponde sobre el bien común.

Así mismo, debe indicarse que si el comunero demandante busca además comprar el bien común, es decir, no solo desea dejar de pertenecer a la comunidad sino que también persigue adquirir la cosa común, podrá conseguirlo, como se ha expuesto, a través del común acuerdo con los demás comuneros o solo en la medida que estos no utilicen la opción de compra el bien deba salir a remate, momento en el cual el demandante puede presentarse como postor.

Por consiguiente, la opción de compra inicial y preferencial que se confiere a los comuneros demandados sobre la cosa común no vulnera el derecho a la igualdad de los comuneros demandantes.

Habrá, entonces, de declararse la exequibilidad de las expresiones “cualquiera de los demandados” y “los otros comuneros o cualquiera de ellos pueden comprar los derechos”, contenidas en los artículos 474 y 2336 del Código Civil, respectivamente, por el cargo examinado.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES, por el cargo examinado, las expresiones “cualquiera de los demandados” y “los otros comuneros o cualquiera de ellos pueden comprar los derechos”, contenidas en los artículos 474 del Código de Procedimiento Civil y 2336 del Código Civil, respectivamente.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Debe señalarse que la Universidad Libre de Colombia intervino en este asunto pero extemporáneamente solicitando la exequibilidad condicionada de las normas parcialmente acusadas.

(2) Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, “Los bienes y los derechos reales”. Tercera edición. Editorial Nascimento. Santiago de Chile, 1974.

(3) Código Civil, artículo 2322.

(4) Código de Procedimiento Civil, artículo 468.

(5) Código de Procedimiento Civil, artículo 471.

(6) Código de Procedimiento Civil, artículos 611 a 614, 617, 618 y 620, en lo pertinente, y artículo 471.

(7) Código de Procedimiento Civil, artículo 471-8.

(8) M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Consúltese también la Sentencia C-1172 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En esta decisión se señaló: “... la propiedad ha sufrido notorias transformaciones conceptuales que de suyo relativizan su ejercicio, y en su condición de derecho subjetivo es objeto de garantía y protección constitucional, de modo que solamente puede ser materia de restricciones o limitaciones por las causas y con las finalidades señaladas en la propia Carta Política. Ciertamente, el contenido esencial del derecho de propiedad, entendido como aquel mínimo subjetivo o espacio de libertad para que las personas puedan ejercer y disponer libremente de sus bienes dentro del marco jurídico, no puede ser interferido por el Estado so pretexto de regular su función social y ecológica, ya que ante todo se trata de un derecho fundamental que permite el desarrollo de un ámbito de libertad personal y en este sentido debe protegerse constitucionalmente. Por ello, las limitaciones que puedan imponerse al propietario por el legislador deben tener en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que exigen un balance equitativo entre los intereses individuales y los intereses de la sociedad”.

(9) Corte Constitucional. Sentencia C-488 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) Sentencia C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(11) Sentencia C-561 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(12) Cfr. artículo 150 numerales 1º y 2º de la Constitución Política y sentencias C-680-98, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-1512-00, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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