Sentencia C-796 de junio 29 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

PAGO DE LO NO DEBIDO EN MATERIA TRIBUTARIA

LA LEY NO PUEDE PROHIBIR LA DEVOLUCIÓN

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el parágrafo primero del artículo 47 de la Ley 488 de 1998, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43460 del 28 de diciembre de 1998, resaltando en negrilla el aparte demandado.

“LEY 488 DE 1998

(Diciembre 24)

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

CAPÍTULO II

Impuestos sobre las ventas

ART. 47.—Tarifa para vehículos automóviles.

PAR. 1º—Para efectos del impuesto sobre las ventas se entiende por camperos, los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, funciones de bajo manual automático y altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de 200 mm, sin importar si el chasis es independiente o no de la carrocería. Cuando los responsables hayan liquidado y cobrado una tarifa superior a la vigente del veinte por ciento (20%), no habrá lugar a devolución de impuestos”.

(...)

Según los cargos de la demanda, el criterio de algunos intervinientes y el concepto del Procurador General de la Nación, el asunto que debate en el presente proceso se contrae a determinar, si la norma acusada quebranta los principios de legalidad e irretroactividad del sistema tributario que consagra la constitución, y si puede válidamente el legislador prohibir el derecho al reintegro de lo que el contribuyente pagó en exceso por el IVA en la adquisición o importación de vehículos camperos.

(...)

2.4. Según los términos del texto acusado, el responsable de la importación o venta de camperos con un costo inferior a US $ 30.000, no podrá reclamar la devolución del exceso del IVA, pagado por equivocación, con fundamento en una disposición anterior a la Ley 488 de 1998.

Para la Corte es claro que la norma en cuestión es inexequible, en razón de que desconoce varias disposiciones de la Constitución, según se deduce de las siguientes consideraciones:

— Evidentemente si los responsables del IVA en las operaciones de comercio de camperos, por error calculan y liquidan una tarifa superior a la prevista por la ley vigente, tienen razonablemente todo el derecho a que se les reintegre el mayor valor que cubrieron no estando obligados a hacerlo, porque ello contraviene varios principios que se deducen del ordenamiento jurídico positivo.

En primer término, del principio de legalidad del tributo, expresamente consagrado en nuestro ordenamiento constitucional (C.P.,150-12 y 338), según el cual, en tiempo de paz sólo la ley puede establecer los impuestos, y para ello, la norma debe definir directamente todos los elementos esenciales que lo integran, entre ellos, por supuesto, la tarifa respectiva.

De la lectura del texto censurado surge claramente que se está reconociendo por el texto enjuiciado un tributo distinto al legalmente previsto, cuando se autoriza el error como fuente de la obligación y a pesar de ello no se permite evitar el enriquecimiento sin causa.

— Y ese enriquecimiento vulnera igualmente el derecho de propiedad del contribuyente (C.P., art. 58), que salvaguarda desde luego la Constitución, porque afecta su patrimonio al menos en la misma proporción en que el Estado se enriquece, enriquecimiento que resulta ilícito aún, como ocurre aquí, con motivo de un error del sujeto pasivo.

Tal como está concebido el texto acusado el Estado se estaría aprovechando, sin causa válida, de esa equivocación.

Igualmente la norma en referencia quebranta el principio de irretroactividad de la ley tributaria (C.P., art. 363), porque es claro que la Ley 488 de 1998 esta regulando hechos tributarios ocurridos y consolidados anteriormente, pues a eso equivale prohibir hoy que se reintegre el exceso de pago de un tributo asumido con fundamento en una norma anterior.

— Finalmente, encuentra la Corte que el texto acusado viola el principio de igualdad (C.P., arts. 13 y 363), en la medida en que le otorga al contribuyente que se encuentre en los términos que allí se contemplan, un tratamiento que indudablemente no se le aplica a otro contribuyente que dentro de la misma situación tributaria, no incurre en el referido error.

No puede el Estado cobrarle a los contribuyentes tributos por encima de los previstos en la ley vigente, ni siquiera a pretexto de que en el supuesto que ello ocurra resulta ser el producto de un error que no quiso ni buscó, y mucho menos cuando el Estado, como sucede en el caso sub lite, persigue ese enriquecimiento adoptando una ley que prohíbe la devolución del pago indebido por error.

El examen de la situación que rodea la norma no se compadece con la realidad conceptual de su texto, porque su contenido no permite inferir que la negativa a devolverse lo tributado en exceso se refiera sólo a los casos en que existía una tarifa legal superior aplicable en ese momento, sino en cualquier caso, lo cual envuelve una generalización que conduce a justificar y mantener siempre un pago ilícito.

Con ello se contrarían abiertamente los principios constitucionales en materia tributaria, pues el legislador no sólo pretende imponer una tarifa mayor, sin ley que la establezca, sino darle retroactividad a la norma al volver sobre situaciones ya ocurridas. Se presenta, sin duda, un tratamiento tributario inequitativo, que hace necesario excluir la norma demandada del ordenamiento jurídico.

Consecuente con lo anterior, anota la Corte que los responsables del IVA únicamente están obligados a asumir el pago del valor que le corresponde de acuerdo con la tarifa vigente en la fecha de la respectiva operación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el aparte final del parágrafo del artículo 47 de la Ley 488 de 1998, cuyo texto dice: “Cuando los responsables hayan liquidado y cobrado una tarifa superior a la vigente del veinte por ciento (20%), no habrá lugar a la devolución de impuestos”.

Notifíquese, comuníquese publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-796 de junio 29 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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