Sentencia C-797 de junio 29 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

REGULACIÓN DE LOS SINDICATOS

SE REVISA LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNAS DISPOSICIONES DEL C.S.T.

Sentencia C-797/2000 

Exp.: D-2720

Magistrado Ponente:

Antonio Barrera Carbonell

Demandante: Benjamín Ochoa Moreno

Santafé de Bogotá, D. C., junio veintinueve de dos mil.

Normas acusadas:

Apartes normativos contenidos en los artículos 355, 358 360, 362, 369, 374, 376, 379, 384, 388, 390, 394, 395, 396, 399, 400, 404, 417, 422, 424, 425, 432, 444, 448, 486 del Código Sustantivo del Trabajo.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia.

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad el ciudadano Benjamín Ochoa Moreno demandó, en algunos casos totalmente y en otros parcialmente las normas contenidas en los artículos 355, 358, , 360, 362-3, 369, 374-1, 374-3, 376 parágrafo, 379-d, 384, 388, 390-1, 390-2, 394, 395, 396, 399, 400-1, 400-3, 404, 417-1, 422, 424, 425, 432-1, 432-2, 444 inciso 4º, 448-3, 486- del Código Sustantivo del Trabajo.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. Normas acusadas

A continuación se hace la transcripción literal del texto de las normas demandadas, destacando con negrilla los apartes acusados:

ART. 355.—Actividades lucrativas. Los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro.

ART. 358.—Libertad de afiliación. Altos empleados. Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En los estatutos se reglamentarán las condiciones y restricciones de admisión, la devolución de cuatas o aportes a los afiliados en caso de retiro voluntario o expulsión, así como la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido el sindicato con aportes de sus miembros.

ART. 360.—Afiliación a varios sindicatos. Se prohíbe ser miembro a la vez de varios sindicatos de la misma clase o actividad.

ART. 362.—(Subrogado por la L. 50/90, art. 42). Estatutos. Toda organización sindical tiene el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán, por lo menos, lo siguiente:

(...).

3. Condiciones y restricciones de admisión.

ART. 369.—(Subrogado por la L. 50/90, art. 48). Modificación de los estatutos. Toda modificación de los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida para electos del registro correspondiente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes.

Para el registro se seguirá en lo pertinente, el trámite previsto en el artículo 366 de este código.

ART. 374.—Otras funciones. Corresponde también a los sindicatos:

1. Designar de entre sus propios afiliados las comisiones de reclamos permanentes o transitorias, y los delegados del sindicato en las comisiones disciplinarias que se acuerden.

2. Presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los patronos, cualquiera que sea su origen y que no estén sometidas por la ley o la convención a un procedimiento distinto, o que no hayan podido ser resueltas por otros medios.

3. Adelantar la tramitación de los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los afiliados que deban negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar.

ART. 376.—(Modificado, L. 11/84, art. 16). Atribuciones exclusivas de la asamblea. Son de atribución exclusiva de la asamblea general los siguientes actos: la modificación de los estatutos, la fusión con otros sindicatos, la afiliación a federaciones o confederaciones y el retiro de ellas; la sustitución en propiedad de los directores que llegaren a faltar y la destitución de cualquier director; la expulsión de cualquier afiliado; la fijación de cuotas extraordinarias; la aprobación del presupuesto general; la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los sueldos; la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto; la adopción de pliego de peticiones que deberán presentarse a los patronos a más tardar dos (2) meses después; la designación de negociaciones; la elección de conciliadores y árbitros; la votación de la huelga en los casos de ley y la disolución del sindicato.

PAR.—(adicionado por la L. 50/90, art. 51). Cuando en el conflicto colectivo esté comprometido un sindicato de industria o gremial que agrupe más de la mitad de los trabajadores de la empresa, éstos integrarán la asamblea para adoptar pliego de peticiones, designar negociadores y asesores y optar por la declaratoria de huelga o someter el conflicto a la decisión arbitral.

ART. 379.—Prohibiciones. Es prohibido a los sindicatos de todo orden:

(...).

d) Efectuar operaciones comerciales de cualquier naturaleza, sea que se realicen con los trabajadores o con terceros;

ART. 384.—Nacionalidad. No puede funcionar sindicato alguno cuyo personal no esté compuesto por lo menos en sus dos terceras partes, por ciudadanos colombianos. Cualquiera que sea la forma de dirección del sindicato, ningún extranjero es elegible para los cargos directivos.

ART. 388.—Requisitos para los miembros de la junta directiva. 1. Para ser miembro de la junta directiva de un sindicato, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos, además de los que exijan los estatutos respectivos:

a) Ser colombiano;

b) Ser miembro del sindicato;

c) Estar ejerciendo normalmente, es decir, no en forma ocasional, o a prueba, o como aprendiz, en el momento de la elección, la actividad, profesión u oficio característico del sindicato, y haberlo ejercido normalmente por más de seis (6) meses en el año anterior;

d) Saber leer y escribir;

e) Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según el caso, y

f) No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la elección.

2. La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección; pero las interrupciones en el ejercicio normal de la actividad, profesión u oficio de que trata el aparte c) no invalidarán la elección cuando hayan sido ocasionadas por la necesidad de atender a funciones sindicales.

ART. 390.—Período de directivas. 1. El período de las directivas sindicales no puede ser menor de seis meses con excepción de la directiva provisional, cuyo mandato no puede prolongarse por más de treinta (30) días, contados desde la publicación oficial del reconocimiento de la personería jurídica, pero el mismo personal puede ser elegido para el período reglamentario. Esto no limita la libertad del sindicato para remover, en los casos previstos en los estatutos, a cualesquiera miembros de la junta directiva, ni la de éstos para renunciar a sus cargos; los suplentes entran a reemplazarlos por el resto del período.

2. Si dentro de los treinta (30) días de que habla este artículo, la junta provisional no convocare a asamblea general para la elección de la primera junta reglamentaria, un número no menor de quince (15) afiliados puede hacer la convocatoria.

ART. 394.—(modificado por la L. 11/84, art. 19). El sindicato, en asamblea general, votará el presupuesto de gastos para períodos no mayores de un (1) año y sin autorización expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto. Sin perjuicio de las prohibiciones o de los requisitos adicionales que los estatutos prevean, todo gasto que exceda del equivalente al salario mínimo mensual más alto, con excepción de los sueldos asignados en el presupuesto, requiere la aprobación previa de la junta directiva los que excedan del equivalente a cuatro (4) veces el salario mínimo más alto, sin pasar del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo más alto y no estén previstos en el presupuesto, necesitan, además, la refrendación expresa de la asamblea general, con el voto de la mayoría absoluta de los afiliados; y los que excedan del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto aunque estén previstos en el presupuesto, la refrendación de la asamblea general, por las dos terceras partes (2/3) de los votos de los afiliados. Estas normas no se aplican para gastos que ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su cuantía.

ART. 395—Caución del tesorero. El tesorero de todo sindicato debe prestar a favor de éste una caución para garantizar el manejo de los fondos. La cuantía y forma de la misma serán señaladas por la asamblea general, y una copia del documento en que ella conste será depositada en el departamento nacional de supervigilancia sindical.

ART. 396.—(modificado por la L. 11/84, art. 20). Depósito de los fondos. Los fondos de todo sindicato deben mantenerse en algún banco o caja de ahorros, salvo la cantidad para gastos cotidianos menores que autoricen los estatutos y que no puede exceder en ningún caso del equivalente al salario mínimo mensual más alto. Todo giro y toda orden de pago deberán estar necesariamente autorizados por las firmas conjuntas del presidente, tesorero y el fiscal.

ART. 399.—Separación de miembros. Todo sindicato decretará la separación del socio que voluntariamente deje de ejercer durante un año la profesión u oficio cuya defensa y mejoramiento persigue la asociación.

ART. 400.—(Subrogado por el D. 2351/65, art. 23). Retención de cuotas. 1. Toda asociación sindical de trabajadores tiene derecho a solicitar con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, que tos patronos respectivos deduzcan de los salarios de los trabajadores afiliados y pongan a la disposición del sindicato el valor de las cuotas ordinarias o extraordinarias con que aquéllos deben contribuir. La retención de las cuotas extraordinarias requiere copia autenticada del acta de la asamblea sindical en que fueron aprobadas. Para la retención de las cuotas ordinarias bastará que el secretario y el fiscal del sindicato comuniquen certificadamente al patrono su valor y la nómina de sus afiliados.

(...).

3. Previa comunicación escrita y firmada por el presidente, el fiscal y el tesorero del sindicato, el patrono deberá retener y entregar las cuotas federales y confederales que el sindicato esté obligado a pagar a los organismos de segundo y tercer grado a que dicho sindicato esté afiliado.

ART. 404.—Aprobación oficial. La liquidación debe ser sometida a la aprobación del juez que la haya ordenado, y en los demás casos, a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical, debiendo expedir el finiquito al liquidador, cuando sea el caso.

ART. 417.—Derecho de federación 1. Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, las facultades de unirse o coaligarse en federaciones locales, regionales, profesionales o industriales y éstas en confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería propia y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente, cuando la ley la autoriza a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados.

2. Las confederaciones pueden afiliar sindicatos, si sus estatutos lo permiten.

ART. 422. Junta directiva. 1. Para ser miembro de la junta directiva de una federación o confederación de sindicatos, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos, además de los que se exijan en los estatutos respectivos:

a) Ser colombiano;

b) ser miembro activo de una cualquiera de las organizaciones asociadas;

c) Estar ejerciendo normalmente, en el momento de la elección, la actividad, profesión u oficio característico de su sindicato, y haberlo ejercido normalmente por más de un año, con anterioridad;

d) Saber leer y escribir;

e) Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según el caso, y

f) No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva, a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la elección.

2. La falta de cualquiera de estos requisitos produce el efecto previsto en el inciso 2º del artículo 388.

3. Las condiciones exigidas en los apartes b) y c) de los incisos 1º y 2º no se toman en cuenta cuando el retiro del sindicato, o la interrupción en el ejercicio de la profesión, o la extinción del contrato de trabajo en una empresa determinada, o el cambio de oficio hayan sido ocasionados por razón, de funciones, comisiones o actividades sindicales, lo cual debe ser declarado por la asamblea que haga la elección. Tampoco se toman en cuenta las suspensiones legales del contrato de trabajo.

ART. 424.—Directiva provisional. La directiva provisional de una federación o confederación sindical ejercerá el mandato hasta la primera reunión posterior al reconocimiento de su personería jurídica que celebre la asamblea general.

ART. 425.—Estatutos. El período de las directivas o comités ejecutivos reglamentarios y las modificaciones de su elección, la integración de los mismos, el quórum y la periodicidad de las reuniones ordinarias de las asambleas, la vigencia de los presupuestos y los requisitos para la validez de los gastos se rigen por las disposiciones de los estatutos federales o confederales aprobados por el Ministerio del Trabajo.

ART. 432.—Delegados. 1. Siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar por resultado la suspensión de trabajo, o que deba ser solucionado mediante el arbitramento obligatorio, el respectivo sindicato o los trabajadores nombrarán una delegación de tres (3) de entre ellos para que presente al patrono, o a quien lo represente, el pliego de peticiones que formulan.

2. Tales delegados deben ser colombianos, mayores de edad, trabajadores actuales de la empresa o establecimiento, y que hayan estado al servicio de éste por más de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses.

ART. 444.—(Subrogado por la L. 50/90, art. 61). Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento.

La huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.

Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de la empresa, laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo y, el resultado final de ésta lo constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas.

Antes de celebrarse la asamblea o asambleas se dará aviso a las autoridades del trabajo para que puedan presenciar y comprobar su desarrollo. Este aviso deberá darse con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.

ART. 448.—(Subrogado por la L. 50/90, art. 63). Funciones de las autoridades. 1. Durante el desarrollo de la huelga, las autoridades policivas tienen a su cargo la vigilancia del curso pacífico del movimiento y ejercerán de modo permanente la acción que les corresponda, a fin de evitar que los huelguistas, los empleadores, o cualesquiera personas en conexión con ellos excedan las finalidades judiciales de la huelga, o intenten aprovecharla para promover desórdenes o cometer infracciones o delitos.

2. Mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persistan en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de este derecho y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de grupos minoritarios de trabajadores aunque éstos manifiesten su deseo de hacerlo.

3. Declarada la huelga, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de oficio o a solicitud del sindicato o sindicatos que agrupen la mayoría de los trabajadores de la empresa, o en defecto de éstos, de los trabajadores en asamblea general, podrán someter a votación de la totalidad de los trabajadores de la empresa, si desean o no, sujetar las diferencias persistentes a fallo arbitral. Si la mayoría absoluta de ellos optare por el tribunal, no se suspenderá el trabajo o se reanudará dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles si se hallare suspendido.

El ministro solicitará al representante legal del sindicato o sindicatos convocar la asamblea correspondiente. Si la asamblea no se celebra dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a dicha solicitud, el ministro la convocará de oficio.

En la resolución de convocatoria de la asamblea, se indicará la forma en que se adelantará, mediante votación secreta, escrita, e indelegable, y el modo de realizar los escrutinios por los inspectores del trabajo, y en su defecto por los alcaldes municipales.

4. Cuando una huelga se prolongue por sesenta (60) días calendario, sin que las partes encuentren fórmula de solución al conflicto que dio origen a la misma, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá ordenar que el diferendo se someta a la decisión de un tribunal de arbitramento, en cuyo caso los trabajadores tendrán la obligación de reanudar el trabajo dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles.

ART. 486.—(Subrogado por el D. 2351/65, art. 41). Atribuciones y sanciones. 1. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los patronos, trabajadores y directivos o afiliados a las organizaciones sindicales para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos, entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su identificación como tales, en toda empresa, y en toda oficina o reunión sindical con el mismo fin y ordenar las medidas preventivas que considere necesarias, asesorándose de peritos como lo crean conveniente, para impedir que violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces aunque sí para actuar en esos casos como conciliadores.

2. (Subrogado, L. 50/90, art. 97). Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que indique el gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para todo lo relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior, y están facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de una (1) a cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente según la gravedad de la infracción y mientras subsista, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

3. Las resoluciones de multas que impongan los funcionarios del Ministerio del Trabajo prestarán mérito ejecutivo. De estas ejecuciones conocerán los jueces del trabajo, conforme al procedimiento especial de que trata el capítulo 16 del Código de Procedimiento del Trabajo.

(...).

Vl. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Alcance del fallo.

1.1. La Corte no se pronunciará en relación con el artículo 384, con los literales a) de los artículos 388 y 422, y la expresión “ser colombianos” contenida en el numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, por existir cosa juzgada constitucional, dado que dichos preceptos fueron declaradas inexequibles en la sentencia C-385 de 2000(2). En tal sentido, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará estarse a lo resuelto en el mencionado fallo.

(2) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

1.2. Tampoco se pronunciará en relación con las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la Ley 50 de 1990, por existir cosa juzgada constitucional, según se desprende del contenido de las sentencias 115 de 1991(3) de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y C-085 de 1995(4) proferida por esta corporación.

(3) M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

(4) M.P. Jorge Arango Mejía.

1.3. No obstante que el Congreso de la República, mediante Ley 584 de 2000, publicada en el Diario Oficial 44.043 de 14 de junio de 2000, derogó algunas y modificó otras de las normas cuya inconstitucionalidad se demanda, la Corte se pronunciará sobre la pretensión del demandante, por cuanto se encuentran produciendo efectos jurídicos, salvo en lo relacionado con la acusación contra apartes normativos del numeral 1º del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. El problema jurídico planteado.

Según los términos de la demanda, la intervención del Ministerio de Justicia y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte determinar si las normas acusadas violan la Constitución, en cuanto permiten una injerencia indebida del legislador en asuntos que son privativos de la organización y administración de los sindicatos, y limitan la autonomía que tienen las organizaciones sindicales para obtener en forma automática su personería, elaborar sus reglamentos, establecer las calidades y requisitos de admisión de afiliados, y determinar su forma de gestión administrativa y financiera y, por consiguiente, desconocen la libertad sindical y el principio de igualdad.

3. Solución al problema.

3.1. Apreciaciones generales en torno al derecho de libertad sindical.

En relación con el derecho fundamental de asociación sindical la Corte en la sentencia C-385 de 2000(5), tuvo ocasión de pronunciarse en los siguientes términos:

(5) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

“2.1. El artículo 39 de la Constitución consagra el derecho fundamental de asociación sindical de los trabajadores, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, dado que aquél consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los una, en defensa de los intereses comunes de la respectiva profesión u oficio, sin autorización previa o la injerencia o intervención del Estado, o de los empleadores”.

“En la sentencia T-441 de 1992(6) la Corte expresó, sobre el derecho de asociación sindical, lo siguiente:

(6) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“Se concluye que el derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural que desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un Estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho que permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público”.

“La asociación sindical tiene un carácter voluntario, ya que su ejercicio descansa en una autodeterminación de la persona de vincularse con otros individuos y que perdura durante esa asociación”.

“Tiene también un carácter relacional o sea que se forma de una doble dimensión. Ya que de un lado aparece como un derecho subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma una persona colectiva”.

“Tiene así mismo un carácter instrumental ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social””.

(...).

“La Corte estima necesario precisar que el derecho de asociación sindical, debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado social de derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política”.

Según los artículos 53, inciso 4º, 93 y 94 de la Constitución el contenido y alcance del derecho de asociación sindical ha de fijarse con arreglo a los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos(7). Específicamente ha de tenerse en cuenta el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización que, en lo pertinente, establece lo siguientes principios:

(7) Declaración Universal de los Derechos Humanos artículos 2º y 23. Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales artículo 8º. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Artículo 1

“Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes”.

Artículo 2

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.

Artículo 3

“1. Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular sus programas de acción”.

“2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.

Artículo 4

“Las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.

Artículo 5

“Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a las organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores”.

Artículo 6

Las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 4º de este convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Artículo 7

“La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 4º de este convenio.

Artículo 8

“1. Al ejercer los derechos que se le reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad”.

“2. La legislación no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en este convenio”.

(...).

Artículo 11

“Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación”.

Las normas del Convenio 87 se encuentran complementadas en el Convenio 98, que regulan lo relativo a la aplicación de los principios de derecho de sindicalización y negociación colectiva.

En la sentencia C-385 de 2000(8) la Corte precisó la relación entre derecho de asociación y libertad sindical de la siguiente manera:

(8) Ídem.

“En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autorregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes, con la limitación que impone el inciso 2º del artículo 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos”.

Considera la Corte, en consecuencia, que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2º del artículo 39; iv) la facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical.

No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” (art. 39, inc. 2º) y que, los convenios internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicas, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio.

3.2. análisis de los cargos.

3.2.1. Artículos 355 y 379 literal d). Prohibición a los sindicatos de ejercer actividades lucrativas y de efectuar operaciones comerciales.

El artículo 355 establece que los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro.

A juicio de la Corte la referida disposición debe ser interpretada, en el sentido de que este tipo de organizaciones no pueden tener como objeto único la realización de negocios o actividades lucrativas, pues si ello estuviera permitido se desnaturalizarían sus funciones y perderían lo que es de la esencia y la razón de su existencia, como representantes y defensores de los intereses comunes de sus afiliados. Es decir, perderían su identidad y podrían confundirse con las sociedades comerciales que persiguen la realización de un objetivo comercial, con fines de lucro.

En tales circunstancias, considera la Corte que la norma acusada se ajusta a la Constitución, y será declarada exequible.

Por el contrario, el aparte normativo acusado del literal d) del artículo 379 que prohíbe a los sindicatos efectuar operaciones comerciales de cualquier naturaleza con sus trabajadores o con terceros es inconstitucional, por las siguientes razones:

El logro de los objetivos de la asociación sindical necesariamente exige el desarrollo de ciertas actividades de naturaleza económica, que involucran tanto a sus afiliados como a terceros, aunque es necesario precisar lo siguiente:

— La actividad económica que pueden desarrollar los sindicatos no puede tener el alcance de un objetivo único y principal, sino apenas complementario o accesorio a las labores que constituyen su objeto esencial; por lo tanto, la posibilidad del ejercicio de dicha actividad no se encuadra dentro de la preceptiva del artículo 333 de la Constitución, sino como algo que resulta útil y conveniente para la realización de los fines de la organización sindical.

— El ejercicio de actividades económicas por los sindicatos no es equiparable a la realización de actos de comercio, propios de los comerciantes, que implican la necesaria especulación económica y la obtención de un lucro o beneficio para los asociados, a través del reparto de utilidades individuales.

— La actividad económica de los sindicatos, por consiguiente, puede ser asimilable a la que desarrollan cierto tipo de organizaciones de propiedad solidaria, autorizadas por la Constitución, en los términos de los artículos 58, inciso 3º, 60, inciso 2º y 333, inciso 3º, que antes que el beneficio económico individual persiguen el bienestar y la realización de fines colectivos.

Por las razones anteriores, se declara exequible el artículo 355 e inexequible la expresión acusada del literal d) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo.

3.2.2. Artículos 358 y 362, parcial. Libertad de afiliación, restricciones de admisión, devolución de cuotas a los afiliados y coparticipación en instituciones de beneficio mutuo.

En razón de la unidad de materia que presenta el artículo 358 la Corte analizará en su integridad su constitucionalidad.

Lo primero que observa la Corte es que el título del artículo, en cuanto alude a los “altos empleados” no corresponde a la materia que se regula.

La norma en cuestión establece que los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores, y que en los estatutos se reglamentarán las condiciones y restricciones de admisión a éstos, lo relativo a la devolución de las cuotas o aportes a los afiliados, en caso de retiro o expulsión, y la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido el sindicato con aportes de sus miembros.

Ningún reparo de constitucionalidad encuentra la Corte al aparte normativo, según el cual los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores, pues ello es un desarrollo fiel de la libertad positiva y negativa de asociarse a un sindicato o a desafiliarse de éste.

Tampoco encuentra la Corte que sea inconstitucional el mandato conforme al cual en los estatutos se deben regular las condiciones y restricciones de admisión al sindicato, porque es usual que tales condiciones y restricciones se señalen con respecto al ingreso de miembros a cualquier tipo de asociación, con el fin de asegurar que éstos se identifiquen y compartan los intereses y propósitos comunes que los agrupan.

La norma no está imponiendo ningún tipo de limitación o restricción concreta al ingreso de miembros a las organizaciones sindicales, sino que se limita a señalar que corresponde a éstas establecerlas de conformidad con los objetivos e intereses que deben perseguir y proteger y que constituyen la base esencial de su existencia. Se trata, en consecuencia, de una norma neutra que no puede equipararse a una restricción.

En lo que concierne con las regulaciones atinentes a la devolución de cuotas o aportes, considera la Corte que son los estatutos del sindicato, los que deben determinar, bajo qué circunstancias concretas procede o no el reintegro de los aportes.

La norma en sí misma no es inconstitucional, porque simplemente está señalando que son los estatutos los que deben reglamentar lo relativo a la devolución de aportes; habrá casos en que dadas las circunstancias y condiciones en que se hace un aporte o se entrega una cuota no existirá la obligación de reintegrarlos y en cambio habrá otros casos en que sí procede la devolución de éstos.

Ningún reparo de constitucionalidad encuentra la Corte a que en los estatutos se reglamente lo relativo a la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido el sindicato con aportes de sus miembros, pues tratándose de cuestiones que pueden afectar tanto al patrimonio de éste como de sus afiliados debe existir una expresa regulación en aquéllos.

En cuanto a la expresión “y restricciones”, contenida en el numeral 3º del artículo 362 la Corte, por las mismas razones antes expuestas, no encuentra vicio de inconstitucionalidad alguno.

Conforme a lo expresado, la Corte declarará exequible el artículo 358, salvo la expresión “la devolución de cuotas o aportes a los afiliados en caso de retiro voluntario o expulsión” que se declara exequible pero bajo los condicionamientos antes señalados. Igualmente declarará exequible la expresión “y restricciones” contenida en el numeral 3º del artículo 362.

3.2.3. Artículos 376 parcial, 390 numerales 1º y 2º, 394, 395, 396 y 424. Atribuciones exclusivas de las asambleas, período de directivas, votación del presupuesto, caución del tesorero y directiva provisional de federación y confederación.

— La expresión acusada del artículo 376, señala que es atribución exclusiva de la asamblea determinar la cuantía de la caución del tesorero, la asignación de sueldos y la aprobación de gastos en la cuantía allí especificada. En armonía con esta disposición en el artículo 395 se regula lo relativo a la caución que debe prestar el tesorero de todo sindicato para garantizar el manejo de los fondos a su cargo, cuya cuantía y forma deben ser determinados por la asamblea general.

Considera la Corte que se ajusta a la Constitución la exigencia de una caución al tesorero de los sindicatos con el fin de garantizar el adecuado y correcto manejo de los fondos pertenecientes a éstos, pues se trata de una norma que tiende a asegurar la protección del patrimonio de las mencionadas organizaciones y de los aportes o cuotas de sus miembros. Por consiguiente, es razonable que sea función de la asamblea general determinar la cuantía y condiciones bajo las cuales dicho tesorero debe prestar la aludida caución.

Así mismo estima la Corte que se ajusta a la Constitución que, según el artículo 376, sea atribución de la asamblea la asignación de los sueldos, pues como órgano supremo de la administración es normal que tenga competencia para señalar, en forma general, la correspondiente escala de sueldos o salarios, de modo que los órganos que tengan competencia para incorporar y promover a los empleados del sindicato no actúen en forma discrecional, sino ajustándose en esta materia a los parámetros que aquélla señale.

Sin embargo, considera la Corte que es irracional, en la forma como está concebida, la norma del mismo artículo 376, según la cual, la asamblea debe aprobar “todo gasto mayor de un equivalente a 10 veces el salario mínimo más alto”, porque ello puede atentar contra la eficacia y la eficiencia administrativas, en la medida en que dado lo ínfimo de dicha cuantía será necesario reunir frecuentemente a la asamblea general, cuando se requiera realizar así sea en forma urgente un gesto que supere la aludida cifra, con los consiguientes inconvenientes para el buen funcionamiento administrativo. En tales circunstancias, con el fin de superar los problemas que pueden derivarse de la aplicación estricta de la referida norma, la Corte la declarará exequible bajo el entendido de que corresponde a la asamblea la aprobación de todo gasto que supere la cuantía mencionada, siempre que no esté contemplado en el presupuesto.

— Los apartes acusados del artículo 390 aluden a restricciones que se imponen al período de las directivas sindicales, el cual no puede ser menor de seis meses, con excepción de la directiva provisional, cuyo mandato no puede prolongarse por más de 30 días, contados a partir de la publicación del reconocimiento de personería jurídica, y que cuando la junta provisional no convocare la asamblea para la elección de la junta reglamentaria un número no menor de quince afiliados puede hacer la respectiva convocatoria.

Dada la unidad de materia que contiene esta disposición, se analizará en forma integral su constitucionalidad, así:

La norma del artículo 390 es inconstitucional, porque de acuerdo con el artículo 3º del Convenio 87 a las organizaciones sindicales les asiste el derecho de elegir libremente sus representantes, e igualmente les corresponde, a través de sus estatutos fijar las reglas de juego, concernientes con el proceso de elección de los miembros de las juntas directivas. Por consiguiente, el legislador desbordó el ámbito de su competencia, al entrar a regular aspectos del proceso democrático de elección de las directivas de las organizaciones sindicales, en los cuales no le es dable intervenir, por pertenecer al núcleo básico o esencial de la libertad sindical.

— En cuanto a las regulaciones contenidas en los artículos 394, que se refieren a la competencia de la asamblea para votar el presupuesto de gastos, a las restricciones y condicionamientos para efectuar ciertas erogaciones, y al manejo de los fondos por los sindicatos, considera la Corte lo siguiente:

Es exequible el aparte normativo del artículo 394, en cuanto señala que el sindicato en asamblea general votará el presupuesto de gastos para períodos no mayores de un año y que sin autorización expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto, porque esta norma realiza el principio del artículo 39 de la Constitución.

Es viable, en consecuencia, que sea el órgano de representación de los miembros del sindicato el que tenga la atribución de aprobar el presupuesto, y resulta razonable, con el fin de asegurar el buen manejo de los recursos de aquél, que no puedan realizarse erogaciones que no estén previstas en dicho presupuesto.

Es exequible el inciso final del artículo 394, que excluye de la aprobación de la asamblea general los “gastos que ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su cuantía”, porque con ello se garantiza plenamente el derecho de huelga. En efecto, imponer como requisito la aprobación de la asamblea, cuya reunión rápida y oportuna puede dificultarse, por la necesidad de convocarla con la debida anticipación, y de darle publicidad al acto de convocación, para que apruebe los gastos, no previstos en el presupuesto, que se generen en relación de las referidas huelgas, implica restringir indebida e injustificadamente el referido derecho.

— El aparte normativo restante del artículo 394 dispone que, sin perjuicio de las prohibiciones o de los requisitos adicionales previstos en los estatutos, todo gasto que exceda del equivalente al salario mínimo mensual más alto, salvo los sueldos aprobados en el presupuesto, requiere la aprobación previa de la junta directiva; los que excedan del equivalente a 4 veces el salario mínimo más alto, sin pasar del equivalente a 10 veces el salario mínimo más alto y no estén previstos en el presupuesto, requieren adicionalmente la refrendación expresa de la asamblea general, con el voto de la mayoría absoluta de los afiliados; y los que excedan de 10 veces el salario mínimo mensual más alto aunque estén previstos en el presupuesto, la refrendación de la asamblea general por las dos terceras partes del voto de los afiliados.

Aprecia la Corte que el legislador no puede intervenir o injerir en aquellos aspectos que conciernen al núcleo básico o esencial de la autonomía administrativa, patrimonial y financiera de las organizaciones sindicales. Son los estatutos de éstas los que deben determinar lo relativo a la aprobación de su presupuesto por la asamblea general, que debe contener el estimativo de sus ingresos y egresos, y los gastos no previstos en éste que requieren aprobación de la junta directiva o de la asamblea general; aunque como se dijo antes al analizar la constitucionalidad del artículo 376, puede justificarse que los gastos que superen la cuantía allí determinada, siempre que no estén previstos en el presupuesto, requieran aprobación expresa de dicha asamblea.

Un examen detenido de la mencionada disposición permite deducir que ella contiene una serie de regulaciones, que van hasta el detalle, en lo concerniente a la forma como los sindicatos deben manejar sus recursos económicos, que se juzgan innecesarias, irracionales, desproporcionadas y, por ende, violatorios del derecho de la libertad sindical.

— El artículo 396 impone a los sindicatos la necesidad de mantener sus fondos en instituciones bancarias o de ahorro, salvo la cantidad necesaria para atender gastos menores, según los estatutos, y por una cuantía que no exceda el salario mínimo mensual más alto. Igualmente se prevé en dicha norma la necesidad de que toda orden de pago cuente con la autorización conjunta del presidente, el tesorero y el fiscal.

A juicio de la Corte es justificada la aludida regulación, porque ella busca atender una finalidad legítima como es la protección y el adecuado manejo del patrimonio y de los recursos de las organizaciones sindicales.

— El artículo 424 señala que la directiva provisional de una federación o confederación sindical ejercerá el mandato hasta la primera reunión posterior al reconocimiento de su personería jurídica que celebre la asamblea general.

La totalidad de la mencionada disposición será declarada inexequible, por las siguientes razones: porque el artículo 39 dispuso que el reconocimiento jurídico de la organización sindical se produce con la simple acta de su constitución, es decir, en forma automática, y según lo establecido en los artículos 5º, 6º, 7º, del Convenio 87 de la OlT, las organizaciones de los trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, sin necesidad de que el Estado otorgue el reconocimiento de personería jurídica. Además, es cuestión que pertenece al ámbito de la reglamentación estatutaria el determinar lo relativo a la conformación de las directivas de las federaciones y confederaciones sindicales y al carácter de éstas; es decir, su carácter de provisional o definitivo. No le es dable al legislador, por consiguiente, expedir reglamentaciones como las contenidas en la norma acusada, que conciernen con materias que pertenecen al núcleo esencial del derecho de libertad sindical.

Con fundamento en las consideraciones anteriores la Corte adoptará las siguientes decisiones:

En relación con el artículo 376 se declarará exequible la expresión “la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los sueldos” y exequible en forma condicionada la expresión “la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto”.

Con respecto al artículo 394 se declarará su inexequibilidad, salvo las siguientes expresiones que se declaran exequibles:

“El sindicato, en asamblea general, votará el presupuesto de gastos para períodos no mayores de un (1) año y sin autorización expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto” y “estas normas no se aplican para gastos que ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su cuantía”.

Se declarará exequible la totalidad del artículo 395, con la aclaración de que la alusión al “Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical”, debe entenderse hoy, con respecto a la división de asuntos colectivos.

Se declarará igualmente exequible el artículo 396.

Se declararán inexequibles los artículos 390 y 424.

3.2.4. Artículo 400. Retención de cuotas sindicales.

— Los segmentos normativos demandados del inciso primero, exigen que “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” la asociación sindical tiene derecho a que los empleadores deduzcan de los salarios y pongan a disposición del sindicato las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados y, además, que para la retención de cuotas ordinarias bastará que “el secretario y el fiscal del” sindicato comuniquen certificadamente al empleador su valor y la nómina de afiliados.

En el numeral 3º se demanda la expresión “y firmada por el presidente, el fiscal y el tesorero”, que alude a la comunicación escrita que debe enviarse al patrono para retener y entregar las cuotas a las federaciones y confederaciones a las que se encuentra afiliado al sindicato.

Observa la Corte que la expresión acusada del numeral 1º del artículo 400 que dice “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” es inconstitucional, porque comporta una intervención injustificada e irracional del legislador en un asunto que atañe exclusivamente a la organización sindical dentro del ámbito de la libertad sindical, que además, obstaculiza o dificulta que los sindicatos puedan recaudar oportunamente dichas cuotas.

Nada puede disponer la ley en relación con la forma como se deben llevar a cabo las votaciones para la adopción de decisiones en el seno de las organizaciones sindicales, en asuntos que conciernen con el manejo de su patrimonio.

No sucede lo propio con los demás apartes demandados del mismo numeral 1º y 3º, en relación con las formalidades que deben cumplirse para que el patrono lleve a cabo la retención de las cuotas ordinarias con que deben contribuir los afiliados al sindicato, así como la retención de las cuotas federales y confederales a cargo del sindicato, pues ello en nada afecta la autonomía y el derecho de libertad sindical. Se busca simplemente con dichas normas que el empleador tenga certeza, para efectos de la aludida retención, que ésta se exige por los órganos que tienen la representación del sindicato.

Conforme a lo anterior se declarará inexequible en relación con el numeral 1º del artículo 400 la expresión “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” y exequible la expresión “secretario y el fiscal”. Igualmente se declarará exequible la expresión “y firmada por el presidente, el fiscal y el tesorero” contenida en el numeral 3º del artículo 400.

3.2.5. Numeral 1º del artículo 417. Derecho de federación.

El numeral 1º del artículo 417 consagra el derecho que tienen los sindicados de afiliarse a las federaciones y éstas de hacer parte de las confederaciones. Agrega, que las organizaciones de segundo y tercer grado tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica propia y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la de declarar la huelga, por ser esta decisión atribución exclusiva de los sindicatos.

En razón de la unidad normativa que aprecia la Corte, se considera que lo demandado es la siguiente expresión del artículo 417:

“Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente, cuando la ley lo autoriza, a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados”.

— Considera la Corte que la expresión “al reconocimiento” contenida en el artículo 417 es inconstitucional porque las federaciones y confederaciones, al igual que los sindicatos, tienen derecho al reconocimiento automático de su personería jurídica, sin la intervención del Estado (C.P., art. 39. Convenio 87 de la OIT).

— En cuanto a la restricción que contiene la norma de atribuir exclusivamente a los sindicatos la declaración de huelga, considera la Corte lo siguiente:

Si bien las federaciones y confederaciones tienen los mismos derechos de los sindicatos conforme se ha precisado, hay que entender cuál es el papel que cumplen unos y otras. En efecto:

Los sindicatos tienen como objetivo principal representar los intereses comunes de los trabajadores frente al empleador, lo cual se manifiesta primordialmente en la integración de comisiones de diferente índole, en la designación de delegados o comisionados, en la presentación de pliego de peticiones, en la negociación colectiva y la celebración de convenciones colectivas y contratos colectivos, en la declaración de huelga y la designación de árbitros de acuerdo con las previsiones de los artículos 373 y 374 del Código Sustantivo del Trabajo.

En cambio las federaciones y confederaciones son uniones sindicales de segundo y tercer grado, que desarrollan funciones de asesoría de sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la tramitación de sus conflictos y frente a las autoridades o terceros de cualesquiera reclamaciones y adicionalmente pueden, según sus estatutos, atribuirse “las funciones de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria, adoptada por una de las organizaciones afiliadas; la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias que ocurran entre dos o más organizaciones federales” (CST, arts. 418 y 426).

La representación directa de los trabajadores en el conflicto económico que han planteado al empleador a través del pliego de peticiones corresponde exclusivamente a los sindicatos. Igualmente son los trabajadores sindicalizados, reunidos en asamblea, los que toman la decisión de declarar la huelga, cuando no es posible solucionar el conflicto por la vía directa. En tales circunstancias, se justifica constitucionalmente, que las federaciones y confederaciones estén excluidas de una decisión, como es la declaración de huelga, que es una cuestión que toca de manera directa y sustancial con los intereses de los trabajadores afiliados y aun con los no afiliados. Ello es así, si se tiene en cuenta que eventualmente podrían presentarse conflictos de intereses entre los trabajadores afiliados al sindicato o no afiliados y la federación o confederación correspondiente, en el evento de que aquéllos hayan decidido declarar la huelga o no declararla y ésta adopte una determinación contraria.

Otro argumento que se puede dar en beneficio de esta restricción, consiste en que la decisión de irse o no a la huelga, compete de manera privativa a los trabajadores que se encuentran vinculados a la empresa, y son éstos y no las organizaciones de segundo y tercer nivel, quienes en su fuero interno pueden determinar en toda su dimensión los efectos económicos y jurídicos que se producen con la declaratoria de huelga y en relación con su contrato de trabajo, v. gr., cesación de pago de sueldos y prestaciones.

En síntesis, estima la Corte razonable y proporcionada la restricción mencionada, que corresponde a la facultad del legislador para reglamentar el ejercicio del derecho de huelga. En tal virtud, será declarada inexequible la expresión “al reconocimiento” y exequible la expresión “salvo la declaración de huelga que compete privativamente, cuando la ley la autorice a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados” antes mencionada.

3.2.6. Artículo 360. Afiliación a varios sindicatos.

Según el artículo 360 se prohíbe ser miembro a la vez de varios sindicatos de la misma clase o actividad.

La prohibición mencionada no tiene justificación constitucional por las razones que se explican a continuación:

— En consideración a las clases de sindicatos que pueden organizarse según el artículo 356, la norma indicaría que una persona no puede al mismo tiempo ser miembro de dos sindicatos de base, gremiales, de industria o de oficios varios.

— Como en una empresa sí pueden existir dos o más sindicatos de base según lo decidió la Corte al declarar inexequible en la sentencia C-567 de 2000(9) los numerales 1º y 3º del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, el trabajador en ejercicio de la libertad positiva de asociación pueda afiliarse a los sindicatos de base existentes en ellas. También puede hacerlo, por consiguiente, cuando se trata de dos o más empresas y se presenta la coexistencia de contratos.

(9) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

— En el evento de dos sindicatos gremiales o de industria, en principio, no existe impedimento para que el trabajador haga parte de ellos, en el evento de que el trabajador pertenezca al gremio o industria correspondientes.

— En el caso de los sindicatos de oficios varios, los requisitos señalados para su existencia excluyen per se la existencia de éstos en un mismo lugar, pues la letra d) del artículo 356 dice que esta clase de sindicatos “sólo pueden formarse en los lugares en donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requeridos para formar uno gremial, y sólo mientras subsista dicha circunstancia”, lo cual es explicable.

— Por lo demás, la restricción carece de efectos jurídicos prácticos, en la medida en que no existe ningún tipo de consecuencia jurídica o sanción, toda vez que la preceptiva demandada ni ninguna otra establecen sanción al trabajador que la desconoce.

Aparte de lo expresado, considera la Corte, que según el Convenio 87 de la OIT y lo establecido en el artículo 39, una restricción de esta naturaleza viola el derecho de la libertad sindical, por la circunstancia de que no existe razón objetiva y seria, y legítima desde el punto de vista constitucional que justifique la referida disposición.

En razón de las consideraciones precedentes, el artículo 360 será declarado inexequible.

3.2.7. Artículo 369. Modificación de los estatutos.

El inciso primero del artículo 369 se refiere a la modificación de los estatutos sindicales, por la asamblea de la organización sindical, y a la obligación de presentarla al Ministerio del Trabajo. Se demanda el aparte de dicho inciso, que exige la remisión de dicha modificación dentro de un término perentorio de cinco días, junto con la copia del acta de la respectiva reunión en que consten las reformas introducidas, debidamente firmada por todos los asistentes.

Así mismo, se demanda el inciso final que dispone que para el registro se seguirá el trámite previsto en el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo.

No se opone a la Constitución la exigencia relativa a que toda modificación de los estatutos, para efectos del registro correspondiente, se remita en el plazo señalado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con copia de los documentos correspondientes, porque dentro de las atribuciones del legislador se encuentra la de asegurar que las reformas estatutarias de los sindicatos, por razones de publicidad y para proteger derechos de terceros, sean registradas oportunamente.

En cuanto la norma contenida en el inciso segundo del artículo 369, la Corte considera que no merece ningún reparo de inconstitucional, pues la misma lo único que establece es una remisión neutral al artículo 366, el cual ya fue objeto de estudio por parte de esta corporación, y declarado exequible en la sentencia C-567 de 2000(10).

(10) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

Consecuente con lo expuesto, la Corte habrá de declarar exequibles las expresiones acusadas del artículo 369.

3.2.8. Numerales 1º y 3º del artículo 374. Otras funciones.

Las disposiciones demandadas señalan como funciones adicionales de los sindicatos, entre otras, la de designar comisiones de reclamos, delegados en las comisiones disciplinarias y adelantar la tramitación de pliegos de peticiones, designar y autorizar los afiliados que deban negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar.

La acusación simplemente se limita en el numeral 1º a solicitar la declaración de inexequibilidad de la expresión “de entre sus propios afiliados” y en el numeral 3º del vocablo “afiliados”.

Determinar quiénes deben representar a la organización sindical es asunto que concierne exclusivamente a ésta en ejercicio de la libertad de que es titular. Las expresiones acusadas, por lo tanto, violan el artículo 39 de la Constitución y el Convenio 087 de la OIT.

De esta manera, se declararán inexequibles las expresiones acusadas de los numerales 1º y 3º del artículo 374.

3.2.9. Artículos 388, 422, 432 numerales 1º y 2º. Requisitos para los miembros de junta directiva y delegados.

En el artículo 388 se señalan los requisitos para ser miembro de las juntas directivas, provisional y reglamentaria de un sindicato, además de las que se señalan en los estatutos, en el sentido de que se debe ser miembro del sindicato, estar ejerciendo normalmente la actividad, profesión u oficio característico del sindicato durante un determinado período, saber leer y escribir, tener documento de identificación, no haber sido condenado a sufrir pena aflictiva salvo que haya sido rehabilitado ni estar llamado a juicio por delitos comunes al momento de la elección, con la consecuencia de que la falta de estos requisitos, en principio, invalida la elección.

El actor demanda en el encabezamiento del numeral 1º del artículo 388 las expresiones “tanto de la provisional como de la reglamentaria”, así como las expresiones “siguientes”; “además de los”, y las letras b), c), d), e) y f) de dicho numeral y su numeral 2º.

El señalamiento de la naturaleza de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, esto es, si son provisionales o reglamentarias, es materia propia de los estatutos de dichas organizaciones, que pueden darse libremente en ejercicio de la autonomía que, en principio, tienen para determinar sus órganos de gobierno. Por lo tanto, el legislador no puede injerir en una materia que toca con el núcleo esencial de la libertad sindical que se reconoce a las organizaciones de trabajadores.

Es razonable y no viola el derecho a la libertad sindical que el legislador establezca como condiciones para hacer parte de la junta directiva de un sindicato, las siguientes:

Ser miembro del sindicato, porque es apenas normal que quienes integren los órganos del gobierno y administración del sindicato estén afiliados a éste. El interés común que une a éstos debe reflejarse en la participación como integrantes de dichos órganos.

Estar ejerciendo normalmente la actividad, profesión u oficio característico del sindicato, y haberlo ejercido normalmente por seis meses en el año anterior, porque ello es relevante tratándose de sindicatos de industria, gremiales o de oficios varios, dado que la práctica, de la actividad, profesión u oficio es lo vincula al afiliado con aquél y lo hace acreedor del derecho a hacer parte de la junta directiva. La exigencia, por consiguiente, no resulta irrazonable.

Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según el caso, porque ello es apenas un requisito normal y razonable para establecer la identidad de las personas que hacen parte de la junta directiva. Sin embargo, se aclara que tratándose de extranjeros la identificación se establece con la respectiva cédula de extranjería.

Resultan, a juicio de la Corte irrazonables y desproporcionadas las siguientes exigencias:

Saber leer y escribir, por cuanto éste es un requisito irrelevante, dado que para representar a los trabajadores en la junta directiva no se requiere de este condicionamiento. Son los afiliados del sindicato a quienes corresponde libremente determinar quiénes lo representan en los órganos de gobierno y administración; por lo tanto ellos, en principio, son los que deben señalar las calidades que deben tener sus representantes, y bien pueden determinar que no sea necesario saber leer y escribir para ejercer la representación en la junta directiva.

No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos comunes, porque si ya cumplió la pena y no existe una inhabilidad para ello, no se encuentra razón válida para que no pueda hacer parte de la junta directiva del sindicato, y porque el llamamiento a juicio no significa que la persona esté condenada o necesariamente vaya a ser condenada. Lo que interesa es que el afiliado al sindicato esté en condiciones de llevar la representación y ejercer efectivamente el cargo en la junta directiva; pero es natural que estas situaciones sólo pueden ser evaluadas libremente por quienes realizan la correspondiente elección.

Concordante con lo anterior, resulta exequible el numeral 2º del artículo 388, en cuanto simplemente se limita a señalar la consecuencia que se deriva de la ausencia de los anotados requisitos, que es la invalidez de la elección.

En el artículo 422 se señalan requisitos parecidos, a los previstos en el artículo 388, además de los previstos en los estatutos, para ser miembro de la junta directiva de una federación o confederación de sindicatos, con las mismas consecuencias jurídicas, cuando faltan dichos requisitos.

El mismo examen de constitucionalidad hecho precedentemente en relación con el artículo 388, resulta válido con respecto al artículo 422 bajo examen, en lo acusado, esto es, las expresiones censuradas correspondientes al encabezamiento del numeral 1º de dicha norma, que son: “tanto de la provisional como de la reglamentaria”; “siguientes'': y “además de los, y las letras b), c), d), e), f).

En el artículo 432 se alude a los delegados del sindicato para presentar pliegos de peticiones ante el empleador.

Se demanda del inciso 1º la expresión “de tres (3) de entre ellos”, es decir, se cuestiona la exigencia de que los representantes de los trabajadores deban ser necesariamente tres. Igualmente, se demanda la totalidad del inciso 2º que señala los requisitos que deben reunir los referidos delegados, entre otros, ser mayores de edad, trabajadores de la empresa y tener una determinada antigüedad en ésta.

Estima la Corte que la norma, en lo acusado, desconoce el derecho a la libertad sindical, pues son las organizaciones sindicales las que deben autónomamente determinar cuántos son los delegados que deben presentar ante el empleador el pliego de peticiones y qué condiciones deben reunir.

Por lo anterior, la Corte adoptará las siguientes determinaciones:

a) Se declarará exequible el artículo 388, con excepción de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del numeral 1º que se declararán inexequibles, y lo que se prevé en el punto 1.1;

b) Se declarará exequible el artículo 422, con excepción de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del numeral 1º que se declaran inexequibles, y lo que se prevé en el punto 1.1, y

c) Se declarará inexequible la expresión “de tres (3) de entre ellos” del numeral 1º y el numeral 2º del artículo 432, excepción hecha de la expresión “ser colombianos” que fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-385 de 2000.

3.2.10. Parágrafo del artículo 376 parcial. Atribuciones exclusivas de la asamblea.

La norma acusada dispone que cuando en el conflicto colectivo esté involucrado un sindicato de industria o gremial, que agrupe a más de la mitad de los trabajadores de la empresa, éstos llevarán la representación correspondiente. Se acusa la expresión “más de la mitad de” del mencionado parágrafo.

El problema planteado consiste en determinar si lo relativo a la representación de las organizaciones sindicales es asunto que debe ser regulado por el legislador.

Según el artículo 39 de la Constitución y el Convenio 87 de la OIT (art. 3º, aparte 1º), lo relativo a la representación de los trabajadores es cuestión esencial que hace parte del derecho de asociación y de la libertad sindical, razón por la cual en esta materia no puede, en principio, intervenir el legislador.

Por lo demás, ya esta Corte definió el problema relativo a la representación de los trabajadores, cuando en una empresa existen dos o más sindicatos de base, al declarar inexequible, en la sentencia C-567 de 2000” el numeral 3º del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que establecía: “si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación”.

En dicha sentencia expresó la Corte lo siguiente:

“Otro argumento importante de los que defienden la constitucionalidad de la limitación legal, la encuentran en la representación sindical, en el sentido de que al limitar la existencia de un solo sindicato de base en una misma empresa, se fortalece la representación de los trabajadores. Sin embargo, la Corte considera que éste tampoco es un argumento de índole constitucional, pues no hay que olvidar que la representación sindical es un asunto que se gana en la misma lucha democrática, dentro de la propia organización sindical, y no por medio de una legislación que, bajo la excusa de proteger a los trabajadores, está impidiendo el goce efectivo de un derecho fundamental, como es el de la libertad sindical”.

(11) Ídem.

Lo expuesto en la aludida sentencia para declarar inexequible lo relativo a la representación de los trabajadores cuando en una empresa existen dos o más sindicatos de base, es igualmente válido cuando se trata de la representación en el conflicto colectivo en aquellos casos en que un sindicato gremial coexiste con el de base o de industria. Por lo tanto, corresponde a las organizaciones sindicales en forma autónoma definir lo relativo a la representación.

Por las razones expresadas antes, será declarado inexequible el parágrafo del artículo 376.

3.2.11. Artículo 404. Aprobación oficial.

La norma acusada regula lo relativo a la aprobación oficial a que debe someterse la liquidación de un sindicato.

Dos son las situaciones que ella prevé:

En primer término, dispone que la liquidación será sometida a consideración del juez cuando éste la haya ordenado, para su aprobación, y en segundo lugar, establece que en los demás casos, es decir, cuando la liquidación no ha sido ordenada dentro de un proceso judicial, será el Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical, hoy la Dirección de Asuntos Colectivos, quien impartirá su aprobación.

La Corte comparte plenamente los argumentos presentados por el procurador, en cuanto la primera situación se adecua plenamente al artículo 39 constitucional y al artículo 4º del Convenio 87, que disponen la cancelación de la personería jurídica no procede por vía administrativa, sino a través de la rama judicial. En estas circunstancias, la consecuencia lógica, será la intervención del juez, en la aprobación de la liquidación de la asociación sindical.

En cambio, para la Sala, la segunda hipótesis resulta inconstitucional, porque establece una injerencia injustificada en asuntos internos del sindicato, según se ha expuesto en forma reiterada en esta providencia.

En efecto, la aprobación oficial de la liquidación de la asociación sindical es un tema inherente a los reglamentos de la organización, donde el Estado no tiene ninguna facultad para intervenir, salvo y por la vía judicial, cuando la liquidación sea impugnada por algún interesado que resulte afectado por ella en sus derechos.

Conforme a lo expresado, se declarará exequible el artículo 404 salvo la expresión “y en los demás casos, a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical” que se declarará inexequible.

3.2.12. Artículo 425, parcial. Funciones de la junta provisional y aprobación de los estatutos de las federaciones y confederaciones.

El artículo 425, se refiere a ciertas materias que deben ser reguladas por los estatutos de las federaciones y confederaciones; pero se exige que ellos sean aprobados por el Ministerio del Trabajo. Se demanda la expresión “aprobados por el Ministerio de Trabajo”, contenida en dicho artículo.

Considera la Corte que la expresión demandada del artículo 425 es inconstitucional, porque atenta contra la libertad sindical ya que son las organizaciones de trabajadores las que pueden darse sus estatutos, con sujeción al artículo 39 de la Constitución, sin la intervención del Estado. En tal virtud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no puede impartir la aprobación de éstos.

Será declarada inexequible la expresión acusada.

3.2.13. Artículos 444 y 486, numeral. Decisión de los trabajadores, funciones, atribuciones y sanciones a cargo de las autoridades administrativas.

— El artículo 444 establece que cumplida la etapa de arreglo directo, sin que se hubiere logrado un acuerdo sobre el conflicto laboral, los trabajadores podrán optar por la huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento, y que la huelga o la solicitud de arbitramento deben ser decididos dentro del término, las condiciones y el procedimiento que allí se señalan.

Sin embargo dicha disposición, en la parte acusada, obliga a los sindicados en los casos en que la asamblea general vaya a decidirse por la huelga, o por acudir a un tribunal de arbitramento, a dar aviso al Ministerio de Trabajo, con el fin de que dicha autoridad presencie y compruebe su desarrollo.

En relación con el aparte normativo demandado del artículo 444 la Corte considera que es inconstitucional por las siguientes razones:

Corresponde al sindicato como función esencial, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, e igualmente el de declarar la huelga o someter el diferendo laboral a la decisión de un tribunal de arbitramento.

Tales derechos son consustanciales a la asociación y a la libertad sindical; de tal suerte que las autoridades administrativas del trabajo no pueden hacer presencia ni mucho menos comprobar el desarrollo de las reuniones de las asambleas sindicales, salvo que los estatutos así lo dispongan o el sindicato lo solicite, cuando se trate de adoptar decisiones de la anotada estirpe, porque ello implica la intervención y, en alguna forma, la obstaculización de las actividades de dichas organizaciones, pues es obvio que la presencia de dichas autoridades en aquéllas, así no sea activa, constituye un factor que perturba o coarta la adopción de dichas decisiones.

— El numeral primero del artículo 486 dispone que los funcionarios del Ministerio del Trabajo podrán intervenir a efectos de hacer comparecer a los trabajadores y directivos o afiliados a las organizaciones sindicales, para exigirles las informaciones, exhibición de libros, todos los demás documentos que consideren pertinentes, así como también entrar a toda oficina o reunión sindical con el mismo fin y ordenar las medidas preventivas que considere necesarias, asesorándose de peritos como lo crean conveniente, para impedir que violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces aunque sí para actuar en esos casos como conciliadores.

El numeral siguiente de dicho artículo establece que los funcionarios respectivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrán el carácter de autoridades de policía para todo lo relacionado con la vigilancia y control y que están facultados para imponer multas en las cuantías que allí se especifican.

La demanda versa sobre las expresiones “trabajadores y directivos o afiliados a las organizaciones sindicales” y, además, “y en toda oficina o reunión sindical, del numeral 1º del artículo 486 y se dirige a impedir, con la declaración de inexequibilidad de dichos apartes normativos, que las autoridades del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ejerzan control sobre las organizaciones sindicales.

Al hacer una comparación de la norma del artículo 486 con la del artículo 20 de la Ley 584 de 2000, que modificó precisamente la primera de las mencionadas disposiciones, claramente se observa que los segmentos normativos acusados fueron eliminados de la nueva disposición. En tal virtud, la Corte considera improcedente adelantar un juicio de constitucionalidad sobre unos preceptos que han dejado de regir.

Conforme a lo anterior la Corte declarará inexequible el inciso 4º del artículo 444 y se inhibirá para decidir sobre las expresiones acusadas del numeral 1º del artículo 486 por carencia actual de objeto.

3.2.14. Artículo 399. Separación de miembros.

Esta norma indica que los sindicatos deben separar a los afiliados que en forma voluntaria hayan dejado de ejercer durante un año la profesión u oficio y cuyos intereses defiende la organización sindical.

Observa la Corte que requisito previo para afiliarse a un sindicato es el ejercicio de una actividad laboral en conjunto con otras personas; éstas justamente, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Carta se unen en una asociación cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en general y de cada uno de ellos en particular. De esta suerte, si alguien, de manera voluntaria deja de ejercer la profesión u oficio de que se trata, resulta una consecuencia lógica de ello que, de la misma manera, deje entonces de pertenecer al sindicato al que antes, cuando era trabajador, se encontraba afiliado.

Con todo, resulta indispensable hacer hincapié en que esa terminación de la condición de trabajador de la empresa respectiva sea voluntaria, requisito este que no se cumplirá cuando el trabajador deja de ejercer material y realmente la labor contratada para cumplir, durante un tiempo funciones de carácter sindical, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se le concede por el empleador, para ese fin, una “comisión” o “permiso sindical”, pues es claro que, en este caso, no hay la decisión de abandonar la condición de trabajador, sino otra: la de asumir la defensa de los afiliados al sindicato en una posición de dirección y, entonces, precisamente en garantía del derecho de asociación sindical, habrá que entender que en eventos tales la norma acusada no puede interpretarse en el sentido de que se hubiere dado el supuesto de dejar de ejercer la profesión u oficio para cuya defensa y mejoramiento fue creado el sindicato. En estas circunstancias, la norma habrá de declararse exequible, en forma condicionada y para este efecto.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTESE A LO DISPUESTO en la sentencia C-385 de 2000 en relación con el artículo 384, con los literales a) de los artículos 388 y 422 y, la expresión “ser colombianos” contenida en el numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. ESTESE A LO DISPUESTO en las sentencias 115 de 1991(12) de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y C-085 de 1995(!3) proferida por esta corporación en relación con las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la Ley 50 de 1990 por existir cosa juzgada constitucional.

(12) M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

(13) M.P. Jorge Arango Mejía

3. Declararse INHIBIDA para decidir sobre las expresiones acusadas del numeral 1º del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual del objeto.

4. Declarar EXEQUIBLE el artículo 355 e INEXEQUIBLE la expresión acusada del literal d) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo.

5. Declarar EXEQUIBLE el artículo 358 del Código Sustantivo del Trabajo, salvo la expresión “la devolución de cuotas o aportes a los afiliados en caso de retiro voluntario o expulsión”, que se declara EXEQUIBLE bajo los condicionamientos señalados en la consideración 3.2.2.

Igualmente declarar EXEQUIBLE la expresión “y restricciones” contenida en el numeral 3º del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo.

6. Declarar EXEQUIBLE la expresión “la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los sueldos” contenida en el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo y EXEQUIBLE en forma condicionada, como se expresa en la consideración 3.2.3, la expresión “la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto”, del mismo artículo.

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 394 del Código Sustantivo del Trabajo, salvo las siguientes expresiones que se declaran EXEQUIBLES:

“El sindicato, en asamblea general, votará el presupuesto de gastos para períodos no mayores de un (1) año y sin autorización expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto” y “estas normas no se aplican para gastos que ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su cuantía”.

Declarará EXEQUIBLE la totalidad del artículo 395 del Código Sustantivo del Trabajo, con la aclaración de que la alusión al “Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical”, debe entenderse hoy, con respecto a la División de Asuntos Colectivos.

Declarar igualmente EXEQUIBLE el artículo 396 del Código Sustantivo del Trabajo.

Declarar INEXEQUIBLES los artículos 390 y 424 del Código Sustantivo del Trabajo.

7. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” y EXEQUIBLE la expresión “secretario y el fiscal” en relación con el numeral 1º del artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo.

Declarar EXEQUIBLE la expresión “y firmada por el presidente, el fiscal y el tesorero” contenida en el numeral 3º del artículo 400.

8. Declarar INEXEQUIBLE la expresión del artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo “al reconocimiento” y EXEQUIBLE la expresión “salvo la declaración de huelga que compete privativamente, cuando la ley la autorice a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados”.

9. Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 360 del Código Sustantivo del Trabajo.

10. Declarar EXEQUIBLE el artículo 369 del Código Sustantivo del Trabajo en lo acusado.

11. Declarar INEXEQUIBLES, los numerales 1º y 3º del 374 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo acusado.

12. Declarar EXEQUIBLE el artículo 388 del Código Sustantivo del Trabajo, con la salvedad anotada en el ordinal 1º de la parte resolutiva y con excepción de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del numeral 1º que se declararán INEXEQUIBLES.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 422 del Código Sustantivo del Trabajo, con la salvedad ya registrada, y con excepción de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del numeral 1º que se declaran INEXEQUIBLES.

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de tres (3) de entre ellos” del numeral 1º y el numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, excepción hecha de la expresión “ser colombianos” que fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-385 de 2000.

13. Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo.

14. Declarar EXEQUIBLE el artículo 404 del Código Sustantivo del Trabajo salvo la expresión “y en los demás casos, a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical” que se declarara INEXEQUIBLE.

15. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “aprobados por el Ministerio de Trabajo del artículo 425 del Código Sustantivo del Trabajo.

16. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 4º del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo.

17. Declarar EXEQUIBLE en forma condicionada, según el considerando 3.2.14, el artículo 399 del Código Sustantivo del Trabajo.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el respeto debido por la decisión mayoritaria, adoptada por la Sala Plena de la corporación en el asunto de la referencia, procedemos a exponer las razones de nuestro salvamento parcial de voto a dicha decisión, en los siguientes términos:

La norma acusada (CST, art. 399) impone a todo sindicato la obligación perentoria de decretar la separación del socio que voluntariamente deje de ejercer durante un año la profesión u oficio cuya defensa y mejoramiento persigue la asociación.

En el numeral decimoséptimo de la parte resolutiva de la sentencia se declaró inexequible en forma condicionada la mencionada disposición, por las siguientes razones que aparecen expuestas en el punto 3.2.14 de la parte motiva:

“Observa la Corte que requisito previo para afiliarse a un sindicato es el ejercicio de una actividad laboral en conjunto con otras personas; éstas justamente, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Carta se unen en una asociación cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en general y de cada uno de ellos en particular. De esta suerte, si alguien, de manera voluntaria deja de ejercer la profesión u oficio de que se trata, resulta una consecuencia lógica de ello que, de la misma manera, deje entonces de pertenecer al sindicato al que antes, cuando era trabajador, se encontraba afiliado.

Con todo, resulta indispensable hacer hincapié en que esa terminación de la condición de trabajador de la empresa respectiva sea voluntaria, requisito este que no se cumplirá cuando el trabajador deja de ejercer material y realmente la labor contratada para cumplir, durante un tiempo funciones de carácter sindical, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se le concede por el empleador, para ese fin, una “comisión” o “permiso sindical”, pues es claro que, en este caso, no hay la decisión de abandonar la condición de trabajador, sino otra: la de asumir la defensa de los afiliados al sindicato en una posición de dirección y, entonces, precisamente en garantía del derecho de asociación sindical, habrá que entender que en eventos tales la norma acusada no puede interpretarse en el sentido de que se hubiere dado el supuesto de dejar de ejercer la profesión u oficio para cuya defensa y mejoramiento fue creado el sindicato. En estas circunstancias, la norma habrá de declararse exequible, en forma condicionada y para este efecto”.

Consideramos, como lo decía la ponencia original, que la norma demandada es inconstitucional, porque impone de manera injustificada a la organización sindical, con violación del derecho a la libertad sindical, la toma de una decisión consistente en la obligación de separar a sus miembros de ésta, en la hipótesis señalada.

La adopción o no de una determinación de esta naturaleza corresponde a dicha organización en forma autónoma, la cual a través de sus estatutos puede disponer en forma libre lo concerniente a los requisitos y condiciones para la exclusión de sus miembros. No puede injerir, por consiguiente, el legislador en una materia que es ajena a sus competencias.

En los anteriores términos dejamos expuestas las razones de nuestro salvamento parcial de voto.

Antonio Barrera Carbonell—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Los suscritos magistrados, con el debido respeto a las decisiones de la Corte, salvamos parcialmente nuestro voto en relación con lo resuelto en la sentencia C-797 de 29 de junio de 2000, en lo atinente a la exequibilidad parcial del artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo, por las razones que van a expresarse:

1. El artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone en su numeral 1º, que: “Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, las facultades de unirse o coaligarse en federaciones locales, regionales, profesionales o industriales y éstas en confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería propia y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente, cuando la ley la autoriza a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados”, norma esta respecto de la cual se solicitó por los actores la declaración de inexequibilidad de las expresiones que aparecen en negrilla.

2. La sentencia C-797 de 29 de junio de 2000, en su numeral octavo declaró inexequible la expresión “al reconocimiento" y exequible la expresión “salvo la declaración de huelga que compete privativamente, cuando la ley la autorice a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados".

3. Por cuanto los suscritos magistrados encontramos que las federaciones y confederaciones sindicales son una manifestación expresa del derecho de asociación sindical consagrado por el artículo 39 de la Carta Política y, como quiera que la propia Constitución establece, entre otros derechos de los trabajadores los de “negociación colectiva para regular las relaciones laborales" y el de “huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”, consideramos que la ley no puede, a pretexto de la regulación propia del derecho colectivo del trabajo, cercenar, ni prohibir, como lo hace en la segunda parte del numeral primero del artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo el derecho a la declaración de huelga de los trabajadores cuyos sindicatos de primer grado se encuentren afiliados a federaciones o confederaciones de ese carácter. Por esta vía se abre el camino para despojar de las funciones propias de las organizaciones sindicales a las entidades de segundo o tercer grado que agrupen a los trabajadores, para convertirlas, simplemente, en personas jurídicas que, a su turno, estén conformadas por otras personas jurídicas, sin ningún ejercicio real de actividad alguna en defensa de los trabajadores, que es, en el fondo, precisamente, la razón de su existencia.

Así, las federaciones y confederaciones sindicales serían solamente entes inanes, refugio de supuestos dirigentes, carentes de relación directa con sus bases, semejantes a generales sin ejércitos, para que entonces pueda entronizarse con facilidad la corrupción sindical, el tráfico de influencias y una burocracia sin sentido alguno de su responsabilidad democrática con los asociados, que lejos de defenderlos, se convertiría pronto en instrumento dócil de otros intereses. Ello indica, a las claras, que la prohibición a las federaciones y confederaciones para declarar la huelga, es un obstáculo que se crea por la ley al ejercicio de las funciones sindicales, con vulneración del artículo 39 de la Carta y del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por Colombia, circunstancia esta que indica que, además, se vulnera el artículo 93 de la Constitución Política.

Por ello, tal prohibición ha debido declararse inexequible. No lo hizo así la Corte, razón esta que explica nuestro salvamento de voto.

Alfredo Beltrán Sierra—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el habitual respeto expresamos a continuación las razones de nuestro desacuerdo con la decisión mayoritaria de la Corte conforme a la cual se declararon inexequibles varias de las disposiciones acusadas integrantes del Código Sustantivo del Trabajo por considerar la Corte que con ellas se afecta el núcleo esencial de la libertad sindical y se excede consecuencialmente el ámbito de la competencia estatal prevista en el artículo 39 de la Constitución Política.

Sobre el particular consideramos que las disposiciones contenidas en los artículos 360, 374 numerales 1º y 3º, 376 parágrafo, 388 —literales d y f del numeral 1º—, 390, 394, 400, 417, 424, 404, 422, 424 y 444 —inciso cuarto— han debido ser declaradas ajustadas a las reglas constitucionales pues constituyen un desarrollo apropiado de las competencias constitucionales del Estado a través de la ley.

En efecto, en la sentencia de la cual nos apartamos se expresa, entre los lineamientos de la libertad sindical, que el legislador puede imponer limitaciones a dicha libertad en cuanto a la determinación del objeto de la organización; ese reconocimiento se encausa hacia aquellas restricciones que sean “necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosos”. “Por tanto se advierte que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio”.

Sobre el particular consideramos que el mandato del artículo 39 constitucional, en cuanto sujeta el ejercicio de la libertad sindical en punto a la determinación de la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales, al orden legal y a los principios democráticos, adquiría, con las disposiciones en cuestión, cabal proyección, pues es evidente que la observancia de los principios democráticos en el seno de las organizaciones sindicales, sociales y gremiales, exige el señalamiento de pautas, por supuesto razonables y proporcionadas, que fije el Estado, porque sólo mediante ellas se garantizan de manera efectiva los derechos de todos los asociados o agremiados.

De otra parte, la mención que se hace en la norma al orden legal, pone de presente la habilitación constitucional a una intervención normativa que sirva de marco a la acción de esas organizaciones indispensables y provechosas para el equilibrio del desarrollo social.

Al repasar las normas objeto de la declaración de inexequibilidad, en los aspectos que generan nuestro disentimiento, se encuentra:

El artículo 394 en la parte declarada inexequible regulaba lo relativo a la exigencia de aprobación previa por parte de la junta directiva de ciertos gastos de los sindicatos; el artículo 390 se refería al período mínimo de las directivas sindicales; el artículo 424 aludía al ejercicio de las directivas provisionales de federaciones o confederaciones sindicales; el artículo 400 en las partes declaradas inexequibles se refería a la necesidad de una mayoría determinada para la petición de deducción del valor de las cuotas ordinarias o extraordinarias con que deben contribuir los trabajadores afiliados a los sindicatos y a la forma de realizar la retención, para lo cual bastaba comunicación certificada del secretario y del fiscal del sindicato; el artículo 360 disponía la prohibición de ser miembro a la vez de varios sindicatos de la misma clase o actividad; el artículo 374 en sus numerales 1º y 3º se refería a los requisitos que deben cumplir los miembros de las comisiones de reclamos permanentes o transitorias y a la autorización que a los afiliados correspondía otorgar a los sindicatos para la negociación de pliegos de peticiones y nombramientos de los conciliadores y árbitros a que haya lugar.

En fin, el artículo 388 se refería a los requisitos que han de reunir los miembros de las juntas directivas de los sindicatos tanto de las provisionales como de las reglamentarias y el cuarto inciso del artículo 444 se refería al aviso que debía darse a las autoridades del trabajo para presenciar y comprobar el desarrollo de las asambleas de los sindicatos.

Como puede apreciarse se trata del enunciado del marco básico dentro del cual las organizaciones sindicales y gremiales del trabajo podían desarrollar plenamente la autonomía constitucionalmente reconocida, significando el orden legal una garantía mínima razonable y proporcionada para asegurar la efectividad de los principios democráticos y el buen funcionamiento de la organización. Las disposiciones en cuestión, se repite, proyectaban, junto con las normas que fueron declaradas exequibles en la sentencia, un marco de garantías básicas que en nada contrariaba los mandatos constitucionales; por el contrario propiciaban su realización apropiada, como corresponde a la acción del legislador, en un Estado social de derecho, como el figurado en el estatuto superior.

Eduardo Cifuentes Muñoz—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis.

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