Sentencia C-804 de septiembre 16 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-804 de 2003 

Ref.: Expediente D-4497

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: Jaime Lascar Posada.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 733 de 2002.

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44693 del 31 de enero de 2002, resaltando el aparte demandado:

“LEY 733 DE 2002

(Enero 29)

Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

“(...).

ART. 15.—Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 172 de la Ley 599 de 2000”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia.

1. Dado que la expresión acusada pertenece a una ley de la República, corresponde a esta corporación resolver sobre su constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del Estatuto Superior.

Problemas jurídicos planteados.

2. Corresponde a la Corte determinar si el aparte impugnado, que derogó expresamente el artículo 172 del Código Penal (L. 599/2000), en virtud del cual constituía delito contra la libertad individual la intervención en la celebración de un contrato que asegurara el pago del rescate de un posible secuestro, o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado, por razones diferentes a las humanitarias:

i) Fue debatido en el trámite de la Ley 733 de 2002.

ii) Debía someterse al trámite de una ley estatutaria.

iii) Quebranta el principio de igualdad, por discriminar a las personas que careciendo de recursos económicos no pueden celebrar un contrato de seguro o negociar la liberación del secuestrado, y el principio de dignidad de la persona.

iv) Vulnera el principio de unidad de materia de las leyes.

Esta corporación no examinará el cargo por supuesta violación del derecho a la paz, por no haber sido sustentado, como lo expresa el Procurador General de la Nación en su concepto.

Análisis de los cargos formulados.

3. Manifiesta el demandante que la expresión demandada no hacía parte del proyecto presentado por el Ministro de Justicia y del Derecho al Congreso de la República y que no se debatió en el trámite de la ley.

Respecto de este cargo, con fundamento en el examen del expediente legislativo y las gacetas del Congreso correspondientes (1) se puede establecer lo siguiente:

(1) Gacetas del Congreso 380 de 2000, 469 de 2000, 211 de 2001, 247 de 2001, 342 de 2001, 38 de 2002, 547 de 2001, 628 de 2001, 31 de 2002, 75 de 2002.

Ciertamente la expresión acusada no hacía parte del proyecto original radicado por el Ministro de Justicia y el Derecho en la secretaría general de la Cámara de Representantes el 18 de septiembre de 2000, con el número 76 de 2000, cuyo artículo 17 trataba de la vigencia de la ley.

Por el contrario, el artículo 5º del proyecto expresaba:

“Los artículos 12 de la Ley 40 de 1993 y 172 de la Ley 599 de 2000, quedarían así:

“Celebración indebida de contratos de seguro. Quien intervenga en la celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro, o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado, por razones diferentes a las humanitarias, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de mil (1000) a cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El servidor público, cualquiera que sea su cargo o función, que intervenga en la celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro, o intermedie o negocie el rescate pedido por un secuestrado, por razones diferentes a las humanitarias, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de dos mil (2000) a seis mil (6000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Este texto fue aprobado con modificaciones en los debates de la Cámara de Representantes, realizados el 9 de mayo de 2001 (primer debate) y el 13 de junio del mismo año (segundo debate).

Posteriormente el proyecto fue radicado en la secretaría general del Senado con el número 8 de 2001.

En la ponencia para primer debate en el Senado se expresa:

“No obstante todo lo anterior, considera el suscrito ponente, que se debe excluir del proyecto el artículo 5º, aprobado por la honorable Cámara de Representantes, que tiene como finalidad modificar el artículo 172 de la Ley 599 de 2000 por cuanto respecto de su contenido la Corte Constitucional en Sentencia 542 de 1993, declaró la exequibilidad de un artículo, el 12 de la Ley 40 de 1993 de similar contenido, salvo cuando el agente actúe en alguna de las circunstancias de justificación del hecho previstas en la ley penal, caso en el cual es inexequible. Por esta razón propongo el retiro de dicha norma”.

La Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado aprobó la anterior propuesta los días 28 de noviembre de 2001 y 4 de diciembre del mismo año, pero no introdujo la expresión acusada en el artículo sobre vigencia de la ley (art. 15).

En la plenaria del Senado el ponente del proyecto propone: “En el artículo 16 de vigencia, se debe hacer mención especial y clara que se deroga el artículo 172 de la Ley 599 de 2000 referente a la celebración indebida de contratos de seguro”.

Esta propuesta fue aprobada por la plenaria el 14 de diciembre de 2001.

En esta forma quedó planteada una discrepancia sobre el punto entre las dos cámaras legislativas, por lo cual, aplicando los artículos 161 superior y 186 de la Ley 5ª de 1992 (2) , se designó una comisión accidental de mediación que se reunió el 14 de diciembre de 2001 y en el acta respectiva hizo constar que “luego de la discusión correspondiente hemos decidido acoger el texto aprobado en el día de hoy catorce (14) de diciembre de 2001 por el honorable Senado de la República”.

(2) Según el artículo 161 de la Constitución, “cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión final en sesión plenaria de cada cámara. Si después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto”.

Por su parte, el artículo 186 de la Ley 5ª de 1992 dispone que “serán consideradas como discrepancias las aprobaciones del articulado de manera distinta a la otra cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”.

“En esta forma dejamos rendido el informe correspondiente a fin de que sea sometido a consideración de las plenarias de cada una de las dos corporaciones”.

Las plenarias, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, aprobaron dicho informe el 14 de diciembre de 2001.

De lo anterior se deduce que el aparte impugnado sí fue considerado en el debate del proyecto de ley y cumplió el trámite establecido en la Constitución y la Ley 5ª de 1992, por lo cual el cargo de la demanda es infundado.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la Constitución, el Congreso de la República debe regular mediante leyes estatutarias, entre otras materias, la administración de justicia. Sin embargo, dichas leyes no están destinadas a regular en forma exhaustiva las materias contempladas en la citada disposición. A este respecto la Corte ha expresado:

“Así, no es posible afirmar —como lo hace el actor— que toda regulación de temas afines con el objeto de una ley estatutaria, obliga a seguir el procedimiento restrictivo y más exigente previsto por el Constituyente para su formación (3) , pues cuando el mismo ordenamiento superior defiere dicha reglamentación a la ley ordinaria, tal procedimiento se hace innecesario. Por otra parte, la jurisprudencia de esta corporación ha sido enfática en señalar que “el propósito de las leyes estatutarias no es el de regular en forma exhaustiva la materia que constituye su objeto” (4) , puesto que “estas leyes están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, (o cualquiera otra materia sometida a dicho procedimiento), pero no fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística cualquier evento ligado a ellos, pues, de algún modo, toda la legislación, de manera más o menos lejana, se ve precisada a tocar aspectos que con ese tema se relacionan” (negrilla no original) (5)(6) .

(3) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-114 de 1999 M.P. Fabio Morón Díaz. En esta oportunidad al declarar la exequibilidad de varios artículos demandados de la Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”, la Corte desestimó el argumento, según el cual, dichas disposiciones hacían referencia a una materia que debía regularse a través de una ley estatutaria y en su lugar afirmó la regla que ahora se reitera.

(4) Ibíd. Esta regla fue reiterada, entre otras, en las sentencias C-145 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-424 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-425 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández. Galindo). La Corte, al declarar la exequibilidad de los artículos 94, 96 y 97 de la Ley 104 de 1993 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, no acogió el argumento de impugnación, según el cual, dichas materias hacían parte de una ley estatutaria que desarrollara el derecho fundamental de expresión, a pesar de la relación temática entre las normas acusadas y dicha garantía. Este pronunciamiento recoge la tesis que aboga por la interpretación restrictiva en materia de aplicación del artículo 152 de la Constitución, al que ya había hecho alusión la Corte en la Sentencia C-313 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz (se declara exequible la Ley 57 de 1993 “Por la cual se adiciona parcialmente el Código Penal”). Allí se dijo: “Si se prohijara la tesis extrema de que la totalidad de las implicaciones o facetas propias de los derechos constitucionales fundamentales deben ser objeto de regulación por medio de ley estatutaria, se llegaría a la situación absurda de configurar un ordenamiento integrado en su mayor parte por esta clase de leyes que, al expandir en forma inconveniente su ámbito, petrificarían una enorme proporción de la normatividad, y de paso vaciarían a la ley ordinaria de su contenido, dejándole un escaso margen de operatividad, a punto tal que lo excepcional devendría en lo corriente y a la inversa”. Cfr., además, la Sentencia C-247 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(6) Sentencia C-523 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Así mismo, la materia propia de la ley estatutaria de administración de justicia son las disposiciones relativas a la estructura o composición de esta, los principios generales sobre el ejercicio de sus funciones y, en general, los aspectos sustanciales atinentes a ella. Los demás temas acerca de dicha administración constituyen materia de las leyes ordinarias, en especial de los respectivos códigos, a pesar de la vinculación funcional o instrumental con los primeros.

Sobre el particular la Corte ha sostenido:

“Es suficiente, para los efectos de este fallo, recordar las precisiones que, acerca del contenido propio de la ley estatutaria de la administración de justicia, la corporación consignó en la Sentencia (7) C-037 de febrero 5 de 1996 al referirse al campo propio de la ley ordinaria.

(7) M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

“Dijo entonces la corporación:

“... Para la Corte, una ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b) del artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento.

De conformidad con lo anterior, esta corporación entiende que el legislador goza, en principio, de la autonomía suficiente, para definir cuáles aspectos del derecho deben hacer parte de este tipo de leyes. Sin embargo, debe señalarse que esa habilitación no incluye la facultad de consagrar asuntos o materias propias de los códigos de procedimiento, responsabilidad esta que se debe asumir con base en lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 150 superior, es decir, a través de las leyes ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo establecer una diferenciación clara y contundente respecto de las materias que deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, pues, resulta claro que, al igual que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los derechos fundamentales (art. 152, lit. A) no todo aspecto que de una forma u otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer parte de una ley estatutaria. De ser ello así, entonces resultaría nugatoria la atribución del numeral 2º del artículo 150 y, en consecuencia, cualquier código que en la actualidad regule el ordenamiento jurídico, o cualquier modificación que en la materia se realice, deberá someterse al trámite previsto en el artículo 153 de la Carta.

(...).

Y, más adelante se lee:

Las consideraciones precedentes sirven, además, de fundamento para advertir la inconveniencia de permitir al legislador regular aspectos propios de la ley procesal en una ley estatutaria, pues es sabido que el trámite de este tipo de normatividad reviste características especiales —aprobación en una sola legislatura, votación mayoritaria de los miembros del Congreso, revisión previa de la Corte Constitucional—, las cuales naturalmente no se compatibilizan con la facultad que le asiste al legislador para expedir o modificar códigos a través de mecanismos eficaces —es decir, mediante el trámite ordinario—, en los eventos en que las necesidades del país así lo ameriten. Permitir lo contrario sería tanto como admitir la petrificación de las normas procesales y la consecuente imposibilidad de contar con una administración de justicia seria, responsable, eficaz y diligente (negrilla fuera de texto).

(...)”.

Es, pues, claro, que por el hecho de que una regulación normativa sea o haya sido materia de una ley estatutaria, en este caso, la de administración de justicia, no por ello queda automáticamente excluida del ámbito normativo propio de la ley ordinaria.

Recuérdese que la misma Carta autoriza al Congreso a expedir, por la vía ordinaria, códigos en todos los ramos de la legislación, por lo cual, mal puede sostenerse que toda regulación de los temas que han sido objeto de ley estatutaria, haga forzoso el procedimiento restrictivo y más exigente previsto por el Constituyente para su formación. Se reitera: el propósito de las leyes estatutarias no es el de regular en forma exhaustiva la materia que constituye su objeto” (8) .

(8) Sentencia C-114 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.

En el caso que se examina, el aparte demandado derogó expresamente una disposición del Código Penal, el cual tiene indiscutiblemente el carácter de ley ordinaria. Por tanto, a la luz de la Constitución dicha derogación debía hacerse a través de una ley del mismo tipo, que es el que ostenta la Ley 733 de 2002, y por ello el cargo es infundado.

5. El actor alega que la expresión derogatoria acusada introduce una discriminación de las personas que carecen de recursos económicos para celebrar contratos de seguros que cubran el riesgo del pago del rescate del secuestrado, teniendo en cuenta que en la actualidad los secuestros ocurren en el país en forma generalizada, y señala que al mismo tiempo vulnera el principio del respeto de la dignidad humana.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que no obstante la eliminación de la tipificación penal de la intervención en la celebración de los mencionados contratos, esta configura un ilícito civil, para el cual el ordenamiento jurídico contempla una sanción. Así lo establece la disposición especial contemplada en el artículo 26 de la Ley 40 de 1993, por la cual se adoptó el estatuto nacional contra el secuestro y se dictaron otras disposiciones, en cuya virtud aquellos son ineficaces de pleno derecho, es decir, no producen efectos sin necesidad de declaración judicial, al expresar que “sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, los contratos de seguros que bajo cualquier modalidad se otorguen para cubrir el riesgo del pago para lograr la liberación de un secuestrado, serán ineficaces de pleno derecho, y las compañías de seguros y los corredores o intermediarios que intervengan en su realización, serán sancionados por la Superintendencia Bancaria, previa investigación administrativa, con multa no inferior a doscientos (200) salarios mínimos y no superior a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales” (9) .

(9) Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-542 de 1993, M.P. Jorge Mejía Arango. Salvamento parcial de voto de Vladimiro Naranjo Mesa. Aclaración de voto de Hernando Herrera Vergara. Puede considerarse que la misma está vigente, por no estar comprendida en la derogación contenida en el artículo 474 del Código Penal (L. 599/2000), que estableció: “Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifiquen y complementen, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales”. En cambio, todas las normas penales de la Ley 40 de 1993 quedaron derogadas.

Cabe anotar que en el supuesto de que no existiera esta disposición especial, con base en las reglas generales los mismos contratos estarían afectados de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil (arts. 1521 y 1741), por estar destinados a cubrir el riesgo de la ejecución de un contrato con causa y objeto ilícitos, consistentes estos en el cambio de la libertad, y eventualmente la vida, de la persona secuestrada, que son “inalienables” de acuerdo con el artículo 5º de la Constitución Política, o sea, están por fuera del comercio (C.C., art. 1518), por el precio de rescate, hasta el punto de que tal convenio constituye, respecto de una de las partes, elemento integrante de un delito penal unánimemente considerado como muy grave.

Así mismo, en dichos contratos concurre un vicio del consentimiento por causa de la fuerza ejercida sobre la víctima y sus allegados, el cual genera la nulidad relativa de ellos (C.C., arts. 1513 y 1741).

De lo anterior se deduce que el ordenamiento jurídico excluye la celebración de los referidos contratos de seguro, en forma general, por lo cual no existe la supuesta discriminación de las personas sin recursos económicos para celebrarlos, que constituye la premisa del cargo.

6. Por otra parte, esta corporación ha manifestado que, en virtud del principio de intervención mínima, el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado debe ser el último de los recursos, y, así mismo, debe ser lo menos gravoso posible para los derechos individuales, así:

“La Corte considera oportuno en primer lugar advertir que no es cierto lo que plantea el actor en el sentido de que todas las actividades deben penalizarse, ya que en virtud del principio de intervención mínima la actuación punitiva del Estado, que restringe el campo de la libertad y que mediante la pena priva de derechos fundamentales o condiciona su ejercicio, por una parte, debe ser el último de los recursos (ultima ratio) de los que el mismo tiene a su disposición para tutelar los bienes jurídicos y, por otra parte, debe ser lo menos gravoso posible para los derechos individuales, mientras resulte adecuado para alcanzar los fines de protección que se persiguen. Ello significa que:

i) El derecho penal solo es aplicable cuando para la protección de los bienes jurídicos se han puesto en práctica otras medidas no represivas, que pueden ser, por ejemplo, de carácter laboral, administrativo o mercantil, y ellas han resultado insuficientes; por tanto, sería desproporcionado e inadecuado comenzar con una protección a través del derecho penal.

ii) El Estado debe graduar la intervención sancionadora administrativa y penal, de modo que siempre que sea posible alcanzar el amparo del bien jurídico mediante el recurso a la potestad sancionadora de la administración, debe preferir esta a la penal, por ser menos gravosa, al menos para las conductas menos dañosas o menos peligrosas.

Ello permite señalar el carácter subsidiario del derecho penal frente a los demás instrumentos del ordenamiento jurídico y, así mismo, su carácter fragmentario, en cuanto no tutela todos los ataques a los bienes jurídicos relevantes sino únicamente los más graves o más peligrosos” (10) .

(10) Sentencia C-356 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.

Igualmente, el legislador tiene la función de fijar la política criminal del Estado, para amparar los derechos constitucionales, pero está limitado en su desempeño por los mismos derechos y por las disposiciones y principios superiores, que debe respetar. Dentro de este marco puede ejercer la potestad de configuración política y adoptar medidas diversas y cambiantes que permiten concretar en dicho campo el principio del pluralismo democrático, de acuerdo con las necesidades, las conveniencias y la evolución de la vida social y su reflejo en la composición del Congreso de la República, medidas entre las cuales está comprendida la penalización o la despenalización de las conductas. Sobre este tema la Corte ha señalado:

“... si bien la Carta de 1991 constitucionalizó, en gran medida, el derecho penal (11) , lo cierto es que el legislador mantiene una libertad relativa para definir de manera específica los tipos penales (C.P., arts. 28 y 29).

(11) Ver, por ejemplo, Sentencia C-127/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Así, ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados —particularmente, en el campo de los derechos fundamentales— que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas.

Pero lo anterior no implica que la Constitución haya definido de una vez por todas el derecho penal, puesto que el legislador, obviamente dentro de los marcos fijados por la propia Carta, tiene ante sí un espacio relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por unos valores, presupuestos y finalidades propios, pese a su acentuado grado de constitucionalización. Así, a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, el Estado tipifica las conductas prohibidas y fija las condignas sanciones (principio de legalidad de la pena) y en este quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que pueden ser más o menos drásticas, según el propio legislador lo considere políticamente necesario y conveniente.

Dentro de ciertos límites son posibles entonces diferentes desarrollos de la política criminal, que corresponden a orientaciones distintas en la materia. Esto es perfectamente compatible con el carácter democrático de la Constitución y el reconocimiento del pluralismo político que implica la alternancia de mayorías políticas. Las leyes no son entonces siempre un desarrollo de la Constitución sino que son, en muchas ocasiones, la concreción de una opción política dentro de los marcos establecidos por la Carta: son pues un desarrollo dentro de la Constitución, ya que la Carta es un marco normativo suficientemente amplio, de suerte que en él caben opciones políticas y de gobierno de muy diversa índole.

Esto es claro porque el legislador tiene frente a la Constitución una relación compleja puesto que esta es tanto de libertad como de subordinación. El legislador no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (C.P., art. 4º). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Esto es lo que la doctrina constitucional comparada ha denominado la libertad de formación democrática de la voluntad o la libertad de configuración política del legislador. Esta corporación ya había señalado con claridad al respecto:

“Es propio de una constitución democrática y pluralista como la colombiana, que sus normas materiales o sustantivas, en principio, puedan permitir, dentro de ciertos límites, diversas políticas y alternativas de interpretación. De otra parte, no podría pretender la Constitución ser eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad si la amplitud de la materia que abarca, no pudiera remitirse a las normas abiertas que la integran y que permiten su permanente vinculación y adaptación a la realidad.

La relación de la ley con la Constitución no puede, en consecuencia, ser análoga a la existente entre la ley y el reglamento. El legislador, en estricto rigor, no ejecuta la Constitución sino que actúa y adopta libremente políticas legales —que en el tiempo pueden incluso ser contrarias entre sí en desarrollo del principio básico del pluralismo— y lo hace dentro de los marcos y espacios de actuación que la Carta habilita para el efecto y siempre que no la quebrante (12) .

(12) Corte Constitucional. Sentencia C-531/93 del 11 de noviembre de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Todo lo anterior muestra que el legislador puede criminalizar o despenalizar conductas, siempre que al hacerlo respete los principios, derechos y valores establecidos por la Constitución. En efecto, como bien lo señala uno de los ciudadanos intervinientes, el legislador puede y debe describir conductas en tipos penales sin que ellas estén prohibidas en forma expresa por la Constitución, cuando considere que es indispensable acudir al derecho penal como ultima ratio para defender el interés jurídico de eventual menoscabo y garantizar así el goce natural y en función social de los derechos de las personas. El control constitucional, en este caso, es más un control de límites de la competencia del legislador, con el fin de evitar excesos punitivos” (13) .

(13) Sentencia C-038 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Por tanto, el legislador podía válidamente, mediante el segmento normativo impugnado, derogar la disposición contenida en el artículo 172 del Código Penal que atribuía carácter delictivo a la intervención en la celebración de contratos de seguros para cubrir el riesgo del pago del rescate de personas secuestradas, o en la negociación o intermediación del rescate, por razones diferentes a las humanitarias, sin que con dicha decisión quebrantara los principios de igualdad y de dignidad de las personas como afirma el demandante.

Dicha decisión tiene una justificación aun más clara si se considera que la Corte Constitucional en virtud de la citada Sentencia C-542 de 1993 al estudiar la constitucionalidad de una disposición similar contenida en el artículo 12 de la Ley 40 de 1993 resolvió declararla exequible “salvo cuando el agente actúe en alguna de las circunstancias de justificación del hecho previstas en la ley penal”, caso en el cual es inexequible (14) .

(14) Dicha disposición, derogada por el artículo 474 del Código Penal, establecía: “Quien intervenga en la celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años”.

La corporación consideró que la inexequibilidad señalada deriva de la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal y a la vida y de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, sobre lo cual expresó:

“Según el artículo 12 de la Constitución, nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pues bien: la ley que prohíbe pagar para salvar la vida y recobrar la libertad de una persona ¿no somete acaso a esta, a su familia y a sus amigos, a trato cruel, inhumano y degradante?

¿Será, por desventura, humanitaria la norma que contradice los sentimientos del hombre, y le impide cumplir el deber de socorrer a su prójimo?

(...).

El pagar el rescate es, en sí, un acto indiferente, ni bueno, ni malo. Lo que determina su naturaleza moral es la finalidad que se busque. Por esto se ha visto que quien interviene en el pago por necesidad de salvar la vida y recobrar la libertad propias o ajenas, obedece a un móvil altruista reconocido universalmente por el derecho.

Por el contrario, quien obra sin encontrarse en estado de necesidad, obedeciendo exclusivamente motivos innobles o bajos, como serían su propio lucro o el propósito de enriquecer a los delincuentes o dotarlos de recursos económicos, sí incurre en un delito. Y no podría alegar y demostrar causal alguna de justificación. Solo en estas circunstancias es exequible el artículo 12 de la Ley 40 de 1993 y lo son las normas concordantes con él.

Claramente se observa, en consecuencia, que la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 40 de 1993, está subordinada a los fines del autor de la acción que en él se describe. Así habrá de declararlo la Corte Constitucional” (las negrillas forman parte del texto original).

7. De conformidad con el artículo 158 de la Constitución, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella.

Esta disposición consagra el principio llamado de unidad de materia, en virtud del cual cada ley debe regular una materia determinada, que puede ser compleja, en forma tal que exista conexidad o vinculación objetiva y razonable entre los varios aspectos de su contenido, y por tanto exista coherencia en todo su texto, y no debe regular materias separadas. Con ello se persigue claridad, orden y seguridad en la expedición de las leyes que han de regir la vida de los gobernados y se evita la inclusión de disposiciones extrañas a los cuerpos legales, que tiene el riesgo de producir sorpresas inconvenientes y hacer incierta y difícil su futura localización en el conjunto del ordenamiento jurídico.

Sobre este tema la Corte ha expresado:

“... el principio de unidad de materia tiene la virtualidad de concretar el principio democrático en el proceso legislativo, pues garantiza una deliberación pública y transparente sobre temas conocidos desde el mismo surgimiento de la propuesta. Permite que la iniciativa, los debates y la aprobación de las leyes se atengan a unas materias predefinidas y que en esa dirección se canalicen las discusiones y los aportes previos a la promulgación de la ley. Esa conexión unitaria entre los temas que se someten al proceso legislativo garantiza que su producto sea resultado de un sano debate democrático en el que los diversos puntos de regulación hayan sido objeto de conocimiento y discernimiento. Con ello se evita la aprobación de normas sobre materias que no hacen parte o no se relacionan con aquella que fue debatida y se impide el acceso de grupos interesados en lograr normas no visibles en el proceso legislativo. De este modo, al propiciar un ejercicio transparente de la función legislativa, el principio de unidad de materia contribuye a afianzar la legitimidad de la instancia parlamentaria” (15) .

(15) Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Salvamento de voto de Jaime Araújo Rentería. Salvamento parcial de voto de Rodrigo Escobar Gil.

Dicho principio ha sido interpretado en forma amplia por la jurisprudencia constitucional, con el fin de preservar el principio democrático que le sirve de fundamento. En este sentido ha manifestado:

“Como ya se señaló anteriormente, esta Corte siempre ha interpretado de manera amplia la noción de materia, con el fin de determinar si un artículo acusado desconoce o no la regla de unidad de materia, o si un proyecto respetó en su trámite el principio de identidad. Así, en forma reiterada, esta corporación ha dicho que la “interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado colombiano”, por lo cual únicamente “aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley” (16)(17) .

(16) Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 43, criterio reiterado en numerosas sentencias posteriores.

(17) Sentencia C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Salvamento de voto de Marco Gerardo Monroy Cabra y Jaime Araújo Rentería. Salvamento parcial de voto de Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Alfredo Beltrán Sierra.

El aparte censurado tiene una relación de conexidad clara con el tema general de la Ley 733 de 2002, que es la erradicación de los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, en cuanto deroga expresamente una disposición penal que tipificaba la celebración indebida de contratos de seguro para cubrir el riesgo del pago del rescate de un posible secuestro, norma esta que el legislador en uso de su potestad de configuración política consideró que no era acorde con el propósito de dicha ley.

En consecuencia, el cargo no puede prosperar.

Por lo anterior, la Corte declarará exequible el aparte acusado, por los cargos examinados en esta sentencia.

VII. Decisión

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “en especial el artículo 172 de la Ley 599 de 2000” contenida en el artículo 15 de la Ley 733 de 2002, por los cargos examinados en esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS:« Con el acostumbrado respeto, nos permitimos consignar las razones que nos llevaron a salvar el voto en el asunto de la referencia, las cuales fueron debidamente expuestas durante el curso de los debates en el seno de la Sala Plena.

Conforme lo expresamos oportunamente, no compartimos la decisión mayoritaria que resolvió declarar la inexequibilidad parcial del artículo 33 del Código Civil, bajo la consideración de que tal disposición, al definir el alcance de las expresiones “hombre”, “niño”, “adulto”, generaban un trato excluyente y discriminatorio hacia las mujeres.

Consideramos que la decisión de la Corte es equivocada por dos razones fundamentales. La primera, por cuanto no tuvo en cuenta el hecho de que la norma acusada no tenía por sí misma contenido jurídico autónomo y, por tanto, que no cabía adelantar en su contra el juicio de inconstitucionalidad. La segunda, en la medida que le atribuyó a la preceptiva demandada un alcance que desborda su verdadero contenido normativo y que resulta contrario al espíritu de la misma.

1. La norma acusada no produce efectos jurídicos propios.

Según lo ha señalado de forma reiterada esta corporación, no hay lugar a emitir pronunciamiento de fondo dentro del juicio de inconstitucionalidad, cuando las normas que se someten al mismo no son susceptibles de producir efectos jurídicos (1) . Ha precisado la jurisprudencia que este fenómeno puede tener ocurrencia no solo cuando la norma llevada a juicio ha sido derogada por otra posterior o cuando se trata de una disposición cuyo contenido normativo se ha agotado o ejecutado, sino también, cuando la preceptiva acusada, a pesar de encontrarse vigente en el ordenamiento, no está en capacidad de generar por sí misma consecuencias jurídicas concretas e independientes y requiere para el efecto de su integración con otras normas que la desarrollen o complementen (2) .

Respecto de esta última circunstancia, que es la que interesa al asunto bajo análisis, la Corte ha destacado que tal situación puede tener lugar respecto de normas atípicas, que por razón de su contenido material son meramente explicativas y no regulatorias, como es el caso de aquellas que se limitan a definir ciertos conceptos o fijar el alcance de palabras o expresiones que son de uso frecuente en el ordenamiento y que, stricto sensu, no son jurídicamente relevantes en cuanto no están llamadas a cumplir con el carácter general de la ley cual es el de “mandar, prohibir, permitir o castigar” (3) . Dichas normas, que como se dijo no buscan ordenar, prohibir, castigar o permitir determinada conducta en forma directa, actúan más bien como marco conceptual para definir ciertas reglas utilizadas por otros preceptos que sí generan consecuencias jurídicas específicas y concretas. [...].

Siendo consecuente con la posición adoptada por la Corte en las sentencias C-507 de 2004 y C-534 de 2005, tampoco en el caso del artículo 33 del Código Civil había lugar a emitir pronunciamiento de fondo, pues el mismo no contiene un mandato jurídico propiamente dicho. Se trata en realidad de una norma de definición, explicativa y no regulatoria, que por sí misma no está llamada a producir efectos jurídicos propios, y menos los que le son atribuidos por el actor. Atendiendo a su contenido normativo, por su intermedio se define el alcance de las palabras “hombre, persona, niño adulto”, de acuerdo con el uso general que el lenguaje le atribuye a las mismas, con lo cual no puede afirmarse que su objetivo sea el de afectar la dignidad de la mujer o el de establecer un trato discriminatorio en su contra, pues la misma no tiene esa significación ni la potencialidad para estimular la violación de tales garantías.

El demandante aduce que la expresión “hombre” es per se discriminatoria, sin entrar a demostrar en qué casos en particular la propia ley, e incluso los operadores jurídicos, la emplean para desconocer los derechos de la mujer, aun a pesar de la advertencia hecha por la propia preceptiva acusada de usarla en sentido general y no peyorativo ni discriminatorio.

Desde este punto de vista, la opción de adelantar el respectivo juicio de constitucionalidad, con el fin de establecer una presunta violación de los principios de dignidad humana e igualdad de la mujer, solo era posible a partir del señalamiento de las disposiciones que hacen uso de la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil y de la manera como estas son interpretadas con criterio discriminatorio. Sin embargo, en cuanto la demanda se dirigió únicamente contra el artículo citado y no se acreditó la discriminación aludida, se hizo nugatoria cualquier posibilidad de activar el juicio de inconstitucionalidad en su contra.

2. La norma acusada no tiene un contenido discriminatorio.

Si en gracia de discusión se admitiera que en el asunto de la referencia había lugar a proferir decisión de fondo, consideramos que el artículo 33 del Código Civil ha debido declararse exequible, toda vez que, conforme se anotó anteriormente, el significado que el mismo le reconoce a la voz “hombre”, corresponde al de su uso habitual, común y generalizado dentro del lenguaje castellano, es decir, al que alude a los individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, comprendiendo tanto a los varones como a las mujeres.

Tal y como lo manifestamos, la definición que hace la norma acusada del vocablo “hombre” coincide plenamente con la noción gramatical contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en cuanto que este, en su primera acepción define “hombre” como “ser animado racional”, comprensivo de “todo el género humano”.

Aun cuando en el idioma español la palabra “hombre” puede congregar distintas acepciones, la que cobija a “todo el género humano” es la más arraigada y la que se muestra como principal y originaria, en razón a que el significado de su ancestro etimológico, el latín “homo”, refiere precisamente al “ser humano”. La voz “homo” remite a su vez a la voz “humus” que simboliza “tierra”, “barro”, de manera que, combinando estas dos voces, “hombre” es el nacido de la tierra sin distinción de género, es decir, el “ser humano”.

En el latín clásico, del cual surgieron las lenguas romances incluyendo por supuesto el castellano, había una clara distinción entre las voces “homo” y “uir”, en el sentido que la primera se utilizaba para designar al ser humano y la segunda para referirse al varón, siendo entonces evidente que “homo” tenía un significado neutro que comprendía los dos géneros: tanto al varón como a la mujer. Una situación semejante ocurría con el idioma griego, pues allí era común la diferencia entre las palabras “anthropos” y “aner”, refiriéndose el término inicial al ser humano y el último al varón. En la evolución del latín a las lenguas romances, la voz “uir” desapareció, sin dejar expresión semejante en el idioma español, constituyéndose tal hecho en el motivo por el cual a la expresión “hombre” se le fueron agregando otras acepciones, secundarias y supletivas, manteniendo su principal significado, el equivalente a ser racional, todo su valor, importancia y trascendencia dentro de la cultura occidental.

Si como lo ha dicho esta corporación (10) , el significado de una palabra es el de su uso en el lenguaje, siendo a su vez el lenguaje fruto de la historia, la cultura y las relaciones sociales, debe entonces concluirse que a partir de sus bases históricas, etimológicas y semánticas, la acepción de “hombre” en el contexto general de la cultura occidental, hace relación a lo humano y no a lo masculino o viril y engloba por tanto a toda la especie humana.

Esta interpretación encuentra además pleno respaldo en el derecho internacional, que a través de distintos tratados y convenios internacionales ha empleado el vocablo “hombre” con un sentido general y neutro, esto es, para referirse al genero humano sin distinción de sexo. Esto ocurre, concretamente, en el caso de la Convención americana sobre derechos humanos de San José de Costa Rica y en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, las cuales se encuentran incorporados al derecho interno y, según lo ha sostenido esta corporación, hacen parte del bloque de constitucionalidad por tratarse de convenios que reconocen derecho humanos.

Así, en el preámbulo de la Convención americana sobre derechos humanos de San José de Costa Rica, incorporada a nuestro derecho interno a través de la Ley 16 de 1972, se lee:

“Reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos...” (negrillas fuera de texto).

Por su parte, tanto en su epígrafe como en el preámbulo, la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, aprobada en la Novena conferencia internacional americana en Bogotá, Colombia en 1948, se utiliza la expresión de la siguiente manera:

“Declaración americana de los derechos y deberes del hombre

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.

— El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. (...).

Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría.

Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu” (negrillas fuera de texto).

En el caso de la Constitución Política, aun cuando en su texto no se hace uso del vocablo “hombre” para referirse al ser humano, la misma sí le reconoce un significado neutro a las expresiones “niño” y “adolescente”, también cuestionadas por la Corte en el presente caso. Concretamente, tales expresiones fueron utilizadas por el constituyente de 1991 para identificar tanto a los niños y adolescentes varones como a las niñas y adolescentes mujeres, lo cual tiene ocurrencia en los artículos 44 y 46 de la Carta en los que se consagran los “derechos fundamentales de los niños” y se propugna por el derecho del “adolescente” ... “a la protección y a la formación integral” (negrillas fuera de texto).

Entendido de esa manera, no podía considerarse, como lo hace la sentencia, que el propósito de la norma al reconocerle a la palabra “hombre” un significado neutro, era precisamente excluir lo femenino y someter a la mujer a una situación de inferioridad. Se desconoce que es el mismo legislador quien se ocupó de despojar dicha expresión de todo contenido emotivo y sexista, al señalar expresamente que debe emplearse por los operadores jurídicos y por la ley para comprender los seres humanos, atendiendo así a su uso general.

Tomando en consideración este hecho, extraña a los suscritos que la mayoría de la Sala no hubiera considerado para el análisis, la reglas hermenéuticas consagradas en los artículos 27 y 28 del Código Civil, en las que se expresa que: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, y que “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras”; Reglas hermenéuticas que, por lo demás, vienen siendo consideradas por el derecho internacional e incluso lo fueron por el propio constituyente de 1991 a la hora de fijar el sentido de las expresiones “hombre”, “niño” y “adulto”.

Ahora bien, como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, es cierto que la Corte Constitucional se halla legitimada para preservar el contenido axiológico humanístico que informa la Carta Política, controlando que el legislador no lo contradiga a través del lenguaje legal que utiliza al expedir la ley. Sin embargo, tal y como lo ha precisado la propia jurisprudencia, el juicio para determinar el impacto del lenguaje sobre la constitucionalidad de los textos jurídicos está condicionado a que se establezca con precisión el uso de expresiones, palabras o términos contrarios a los valores, principios y derechos reconocidos por la Constitución Política, ya que no cualquier interpretación y diferencias con el lenguaje empleado puede dar lugar a su retiro del ordenamiento jurídico, máxime cuando el defecto inconstitucional alegado no se proyecta sobre el contenido normativo propiamente dicho.

De acuerdo con este criterio, en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, la corporación ha excluido del ordenamiento, por encontrarlos violatorios de los principios de dignidad humana e igualdad, términos y expresiones con sentido peyorativo, degradante o discriminatorio y que tienden a cosificar a la persona. Así, por ejemplo, en la sentencia C-478 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte declaró inexequibles expresiones del Código Civil que para denominar a personas con limitaciones psíquicas utilizaban locuciones como “furiosos locos”, “mentecatos”, “imbecilidad”, “idiotismo”, “locura furiosa” y “casa de locos”. Con ese mismo criterio, en la Sentencia C-1235 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la corporación declaró inexequible las expresiones “criado”, “sirviente” y “amo”, contenidos en el artículo 2349 del Código Civil, utilizadas para referirse a las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Acorde con la misma regla hermenéutica, también la corporación ha avalado expresiones del lenguaje jurídico cuya lectura puede generar controversia pero que en sí mismas no son contrarias a la Constitución Política. Así, en la sentencia C-668 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se declararon exequibles las expresiones “no demandante” del artículo 211, “demandante” de los artículos 213 y 216 y “demandada” del artículo 217 de la Ley 600 de 2000, acusadas bajo el supuesto de desconocer la perspectiva constitucional de la casación en materia penal, pues le daban a tal recurso la connotación de una acción independiente al proceso y no el carácter de medio impugnación de naturaleza extraordinario que en realidad debe tener. En esa oportunidad, acogiéndose al significado etimológico y jurídico de los citados términos, la Corte calificó como infundadas las referidas acusaciones con el argumento de que “el sentido semántico de las expresiones impugnadas no altera la esencia del recurso extraordinario de casación penal” y, por tanto, las mismas no violaban ningún precepto constitucional. Al respecto, sostuvo este tribunal que “[e]n el asunto que se revisa es evidente que nos encontramos ante una situación en la cual es necesario salvaguardar la eficacia de las normas jurídicas parcialmente acusadas, comoquiera que se ha establecido que el sentido de las expresiones acusadas —pese a su aparente contradicción con el significado que la jurisprudencia le ha atribuido a la casación en materia penal—, no desvirtúa la naturaleza de la casación como recurso extraordinario, sino, todo lo contrario, hace énfasis en su carácter de medio de impugnación que debe sustentarse con arreglo a una técnica especial que asegure su prosperidad”.

Aplicando entonces la doctrina dominante de la Corte sobre el control constitucional del lenguaje jurídico, expresada —entre otros— en los fallos citados, no cabe duda que el alcance dado a la expresión “hombre” por la norma acusada no es constitucionalmente inadmisible, como equivocadamente lo consideró la Sala, pues, independiente al hecho de que el mismo pueda suscitar diferencias en punto a los distintos alcances que le son atribuibles, lo cierto es que en su uso neutro y genérico no es peyorativo ni discriminatorio, y tampoco comporta una connotación contraria a la dignidad de la mujer ni busca colocarla en una situación de sujeción u ocultamiento.

Dentro de su función de defender la supremacía de la Constitución, compartimos plenamente el empeño loable de la Corte de procurar la dignificación de la mujer y de vencer cualquier concepción sexista que mantenga vigente la segregación. Sin embargo, considerarnos que a tal propósito no contribuye la declaratoria de inconstitucionalidad parcial del artículo 33 del Código Civil, ya que, como ha quedado suficientemente explicado, de su contexto normativo no se advierte un desconocimiento del contenido axiológico humanístico que informa la Carta Política»

Rodrigo Escobar Gil—Nilson Pinilla Pinilla 

(1) Al respecto ver, entre otras, las sentencias C-350 de 1994 y C-685 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-883 de 1995 y C-1644 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-1373 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-074 de 2004 y C-757 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(2) Cfr. las sentencias C-507 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-534 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(3) El artículo 4º del Código Civil dispone: “La ley es una declaración de voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar”.

(10) Cfr. la sentencia C-1088 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

_____________________________________________