Sentencia C-804 de septiembre 27 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-804 de 2006 

Ref.: Expediente D-6178

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

Demandante: Andrés Gómez Roldán.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial) del Código Civil.

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada:

CÓDIGO CIVIL

Ley 57 de 1887

“Por la cual se adoptó el Código Civil de la Nación sancionado el 26 de mayo de 1873”.

(...).

CAPÍTULO V

Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes

“ART. 33.—Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo.

Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la Carta.

2. Objeto de la demanda.

El demandante encuentra que el término “hombre”, la expresión “y otras semejantes que” contenidas en el inciso primero del artículo 33 del Código Civil y las expresiones “por el contrario” y “no se aplicarán a otro sexo”, contenidas en el segundo inciso del mismo precepto, vulneran el principio de dignidad humana (C.N., art. 1º), el principio de igualdad (C.N., art. 13) y el derecho de la mujer a no ser discriminada (C.N., art. 43).

Según el actor, el lenguaje utilizado en la definición contenida en el artículo 33 utiliza el vocablo “hombre” en su uso equivalente a género masculino para hacer referencia tanto a varones como a mujeres lo que implica ubicar a la mujer en una situación de dependencia y subordinación. A su juicio, el lenguaje tiene un enorme potencial simbólico y de comunicación y además un poder reproductor y transformador que debe ponerse en armonía con el marco de libertad y de igualdad material dentro del contexto del Estado democrático, participativo y pluralista que ofrece la Constitución Nacional. El actor estima que las expresiones demandadas desconocen el principio de la dignidad humana e implican una discriminación injustificada del género femenino. Constituyen, en consecuencia, una vulneración de los artículos 1º, 13 y 43 superiores y de los pactos y convenios internacionales orientados a garantizar el respeto de la dignidad humana de las mujeres y a prohibir la discriminación por razones de género.

Algunas de las intervenciones y la vista fiscal consideraron que las expresiones demandadas no desconocían el texto constitucional pues el vocablo “hombre” que aparece en el párrafo primero del artículo 33 había sido utilizado en su acepción general y abarcaba tanto a mujeres como a varones. Muchas de las intervenciones coincidieron en que al ser utilizado el término “hombre” en un sentido general estaba orientado justamente a proteger a las mujeres y no a excluirlas. El Ministerio Público planteó una preocupación adicional relacionada con el eventual efecto discriminatorio que se pudiera derivar del trato efectuado por el legislador cuando aplique las palabras hombre, mujer u otras semejantes para referirse a un solo sexo. Conceptuó el procurador que al ser la expresión contenida en el artículo 33 producto del legislador de 1886, esta debía siempre ser interpretada en el sentido establecido por la Constitución de 1991 de manera que sugirió a la Corte declarar la exequibilidad de “las expresiones ‘a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo’, ‘por el contrario’ y ‘no se aplicarán a otro sexo’ contenidas en el artículo 33 del Código Civil, bajo el entendido de que el uso en las disposiciones de las leyes, de las palabras hombre, mujer y otras semejantes referidas a un solo sexo o género debe ser exclusiva y objetivamente de carácter razonable y proporcionado en función de la salvaguarda de intereses superiores del ser humano y de la sociedad, y en ningún momento discriminatorio”.

Otros intervinientes estimaron que el vocablo “hombre”, supuestamente neutral y abarcador de ambos géneros, no hacía más que perpetuar una estado de invisibilidad y subordinación de la mujer, situación esta que —de acuerdo con los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos; de conformidad con los preceptos constitucionales y con los desarrollos jurisprudenciales que prohíben la discriminación por razones de sexo—, debe ser proscrita pues significa privilegiar a los varones y discriminar de manera injustificada a la mujer. Si bien es cierto algunas de las intervenciones consideraron que no era del resorte de la Corte Constitucional realizar cambios en las definiciones contenidas en las normas y muchas de ellas se pronunciaron respecto de los efectos indeseables que podría tener realizar una modificación de las expresiones demandadas, sugirieron a la corporación modular su sentencia en el sentido de ajustar el contenido del artículo 33 del código Civil a los preceptos constitucionales tal y como lo ha hecho la Corte Constitucional en otras ocasiones. La mayoría de las intervenciones expusieron en extenso acerca del poder simbólico e instrumental del lenguaje en general, así como del jurídico en particular y sobre la importancia de las expresiones utilizadas por este en la trasformación de un grupo de prácticas que han contribuido a perpetuar el trato discriminador contra las mujeres. Otras intervenciones consideraron, a su turno, que la situación de discriminación de la mujer es una práctica social que no debería existir pero llamaron la atención respecto de que la discriminación existe en el lenguaje corriente y que habría primero que corregir el idioma corriente para evitarla lo que además de exagerado podría resultar probablemente inocuo.

3. La integración de la unidad normativa y la formulación del problema jurídico.

Antes de entrar a formular el problema jurídico considera la Corte pertinente establecer por anticipado que para realizar el juicio de constitucionalidad de las expresiones acusadas en el caso bajo examen procederá a integrar la unidad normativa y por una parte extenderá el control sobre todo el contenido normativo del artículo 33 del Código Civil.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido reiteradamente que la integración de la unidad normativa es excepcional, y solo procede “cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado” (16) .

Se trata realmente de dos hipótesis diferentes en las cuales la Corte Constitucional puede extender su examen de constitucionalidad sobre disposiciones o enunciados normativos que no han sido acusados expresamente en la demanda. En primer lugar, cuando las expresiones demandadas carecen de un contenido deóntico claro unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas, y se requiere precisar su alcance incluyendo en el juicio de constitucionalidad otros enunciados normativos que las complementan, caso en el cual la Corte procede a formular la proposición jurídica completa (17) .

La otra hipótesis acaece cuando “las normas (...) tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo, pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa” (18) . En este último caso la Corte Constitucional ha afirmado que debe existir una relación “íntima e inescindible” entre la disposición acusada y aquella respecto de la cual se integra la unidad normativa, de manera tal que para evitar un fallo inocuo resulte indispensable extender el examen de constitucionalidad a esta última (19) . La segunda hipótesis también tiene lugar cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie inconstitucional (20) .

En el caso concreto se impugnaron algunas expresiones aisladas contenidas en el artículo 33 del Código Civil, tales como las expresiones hombre y otras semejantes del inciso primero, al igual que las expresiones por el contrario y no se aplicarán a otro sexo contenidas en el inciso segundo de la misma disposición. Tales expresiones carecen de significado aisladas de su contexto, por tal razón deberá formularse la proposición jurídica completa y examinarse la constitucionalidad de la totalidad del artículo 33.

Una vez aclarado lo anterior, pasa la Corte a formular el problema jurídico. En esta oportunidad le corresponde a la Sala Plena verificar si al establecer el artículo 33 del Código Civil que el vocablo “hombre” puede ser empleado en las definiciones legales en tanto término genérico y abarcador de los dos sexos “a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limite manifiestamente a uno solo” y luego, al añadir que “por el contrario las palabras mujer, niña viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él” se ajusta la definición contenida en el referido artículo a la Constitución en su conjunto y, concretamente, a lo dispuesto por los artículos 1º (dignidad humana), 13 (derecho a la igualdad), 40 (garantía de participación de las mujeres en la elección, ejercicio y control del poder político) 43 (prohibición de discriminación contra la mujer) así como a lo consignado en los pactos y convenios internacionales sobre los derechos de las mujeres aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el Gobierno Nacional.

Para solucionar el problema jurídico la Corte Constitucional:

(i) Repasará brevemente la evolución del rol social de la mujer y sus derechos. Con relación a lo anterior, aludirá a los derechos de la mujer en el ordenamiento jurídico constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos.

(ii) Se referirá al lenguaje jurídico. En este orden de ideas, abordará los siguientes temas: (a) poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico; (c) el lenguaje jurídico no es neutral; (d) las situaciones de inclusión y exclusión también se reflejan en el lenguaje jurídico; (e) la razón patriarcal y su proyección en el lenguaje jurídico y en la cultura jurídica; (f) potencial transformador del lenguaje jurídico y de la cultura jurídica.

(iii) Examinará el sentido y alcance de la expresión hombre utilizada en la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil a la luz de las ideas y valores predominantes en el momento en que se adoptó el Código Civil a fines del siglo XIX. En relación con lo anterior, la Corte se pronunciará respecto de los asuntos que se nombran a continuación:

(iv) Determinará si la expresión “hombre”, tal como es utilizada en la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil, constituye un término equívoco que en lugar de incluir a las mujeres, las excluye.

(v) Verificará si la definición contenida en el párrafo primero y en el párrafo segundo del artículo 33 del Código Civil armoniza con lo dispuesto en los artículos 1º, 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y con lo establecido en los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia.

Por último, una vez establecidos los anteriores elementos examinará la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.

4. Evolución del rol social de la mujer y sus derechos.

Las mujeres han batallado durante años por reclamar lo que a partir de un concepto mínimo de humanidad han merecido pero que históricamente les ha sido negado, esto es, el reconocimiento de su dignidad humana y de su estatus de personas y ciudadanas; la igualdad formal y material de trato; el goce de aquellos derechos que hacen factible su capacidad de concebir y emprender de manera activa los proyectos que sean de su interés; la capacidad de administrar sus propios bienes; el derecho a recibir una instrucción y una educación adecuada a sus necesidades; la posibilidad de participar de manera activa en la configuración, en el ejercicio y en el control del poder político. En suma, la manera de hacer factible su aparición visible, concreta, consciente, autónoma y libre en la vida familiar, social, económica, política, cultural y jurídica de conformidad con su propia mirada.

La lucha a favor de los derechos de las mujeres se inicia muy temprano, cada caso aislado y remoto en el tiempo ha servido de ejemplo y motivación para avanzar en el sendero iniciado por las pioneras. Romper una tradición excluyente no ha sido fácil y lo han logrado mujeres puestas en circunstancias especiales, así como mujeres resueltas a abrirse paso aun en medio de las condiciones más adversas, y en esta lucha han sido acompañadas por ilustres miembros del otro género que —como ellas— se han resistido con tenacidad y valentía a admitir que las mujeres se vean reducidas al estatus de “cosa”, de “objeto” (21) .

A propósito de la situación de desventaja histórica en que se han encontrado las mujeres —en general— y concretamente las mujeres colombianas, manifestó la Corte en la Sentencia C-410 de 1994:

“En nuestro país, tradicionalmente, el derecho civil ha definido el papel de las mujeres en un sentido bastante restrictivo, acorde con el marcado signo patriarcal de las fuentes que informaron el código, entre las que se cuentan el derecho romano, el derecho canónico, el ordenamiento español y el código de Napoleón; hasta bien entrado el presente siglo, rigieron instituciones civiles caracterizadas por el particular énfasis que pusieron en las obligaciones y prohibiciones a la mujer, en contraste con la largueza que caracterizó la concesión de derechos al varón sobre su esposa e hijos; para confirmar lo anterior es suficiente recordar que en la concepción original del código, para proceder al divorcio, que realmente era una separación, bastaba el adulterio de la mujer frente al amancebamiento que se exigía del hombre; la potestad marital otorgaba al marido derechos y obligaciones “sobre la persona y bienes de la mujer” quien tampoco tenía domicilio propio sino el de su esposo, el matrimonio la convertía en incapaz correspondiéndole al marido la representación legal y el manejo exclusivo de los bienes de la sociedad conyugal y de los propios de la mujer, la patria potestad se ejercía tan solo por el padre; el Decreto 1003 de 1939 obligó a la mujer a tomar el apellido del marido, agregándole el suyo precedido de la partícula “de”, indicativa de pertenencia”.

Más adelante se refirió la sentencia mencionada a la exclusión de las mujeres respecto de la vida laboral:

“A la exclusión de las mujeres de la vida política durante un amplio período, se juntó su exclusión de la vida económica general; el trabajo asalariado no estuvo dentro del conjunto de actividades que pudieran ser realizadas por ellas, y cuando se las admitió al mismo fueron relegadas a labores de segunda categoría; los prejuicios sociales imponían el confinamiento de la mujer a las tareas del hogar, comúnmente consideradas improductivas; se difundió, de ese modo, una imagen de la mujer como ser económicamente dependiente y por tal motivo sometida a la autoridad de los padres o del marido”.

Destacó esta misma sentencia los obstáculos que se presentan para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en la práctica incluso luego de haber podido acceder las mujeres al campo laboral:

“Sin embargo, cuando la mujer logra superar el obstáculo inicial de acceder a un trabajo, las dificultades persisten, impidiéndosele en gran medida la promoción dentro del mismo, por que la organización laboral sigue asentada sobre bases masculinas, las normas y las experiencias de los hombres dominan el mundo del trabajo que se estructura conforme a un modelo en el que la presencia femenina se torna extraña y por ende inestable. La delimitación de las esferas de actuación de uno y otro sexo es un dato tan corriente y antiguo que no precisa prueba alguna; la segregación profesional divide el mercado de trabajo, relegando a la mujer a ocupaciones secundarias y mal remuneradas”.

Posteriormente, se refirió la Sentencia C-410 de 1994 a dos situaciones que continúan significando un reto enorme en el camino de las mujeres hacia su propia realización libre y autónoma: los problemas que deben enfrentar las madres cabeza de familia y la doble carga que han de asumir con frecuencia tantas mujeres trabajadoras las cuales deben también llevar sobre sus hombros todo el peso del trabajo en el hogar:

“Es de anotar que el panorama sucintamente descrito ofrece particulares incidencias cuando se trata de hogares con jefatura femenina; la violencia crónica productora de un elevado número de viudas, el divorcio, el abandono, la emigración y el denominado “madresolterismo” incrementan el porcentaje de mujeres cabeza de familia (25%), fenómeno que en una importante proporción se presenta en los sectores pobres. Tampoco puede olvidarse que dentro de los grupos discriminados existen subgrupos sometidos a un grado más alto de presión como consecuencia del estado civil o de la situación familiar. Las mujeres casadas, normalmente soportan mayores dificultades para su acceso y permanencia en el trabajo y de ordinario lo abandonan más temprano. Sin embargo, en muchos países se registra un aumento de su participación en la población activa, independientemente de que tengan o no hijos.

Ahora bien, la creciente vinculación de la mujer a la fuerza productiva no ha sido suficiente para relevarla del cumplimiento de las labores domésticas que tradicionalmente se han confiado a su exclusiva responsabilidad; esas tareas no retribuidas, no reconocidas y ejecutadas sin la ayuda de nadie, preceden a la existencia del mercado económico regular y continúan hoy en día al margen del mismo; de ahí que las heterogéneas y complejas labores del ama de casa ligadas a la función “reproductiva y alimentadora” y que abarcan desde la crianza y educación de los hijos hasta la producción y transformación de alimentos, pasando por la provisión de servicios, el aseo y el cuidado de enfermos o impedidos, además de no retribuidas sean desconocidas como trabajo efectivo, incluso por las mismas mujeres, quienes suelen entender por trabajo exclusivamente el empleo remunerado que desarrollan fuera del hogar. Como invisible, difuso o trivial, el trabajo doméstico que suele coincidir con el período reproductivo de la mujer.

El trabajo doméstico cumple un papel decisivo en el funcionamiento del sistema económico, en el proceso de socialización y en el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo; a pesar de esto, y como resultado de la nula valoración de este tipo de labores, los planificadores ignoran esta faceta del trabajo femenino que según algunos cálculos equivale a una cifra que oscila entre la quinta y la tercera parte del producto nacional bruto; semejante limitación afecta las estadísticas sobre la mujer, que participa cada vez más en la fuerza laboral, supeditando las más de la veces su actividad productiva a las responsabilidades primarias del hogar. El trabajo doméstico, consecuentemente, escapa a los registros de la seguridad social y a los beneficios y prestaciones que esta proporciona; en definitiva, en una sociedad en la que todavía el papel del sexo femenino es puesto, en buena medida, en el lado contrario al de los roles vinculados al éxito y a la efectividad, lo que se considera trabajo productivo no depende tanto de la actividad que se despliegue como del sujeto que la realice.

La suma del trabajo doméstico y del trabajo remunerado aporta una idea acerca de la complejidad y heterogeneidad de las funciones que las mujeres incorporadas a la fuerza laboral deben atender y, además, permite captar la especificidad de las tareas femeninas en términos de intensidad; los variados campos en los que la mujer trabajadora interviene, la sujetan al cumplimiento de una “doble jornada”, pues habitualmente reservan un tiempo prudencial a las tareas domésticas antes y después de cumplir con su horario de trabajo remunerado. Según datos aportados por la Defensoría ‘... el trabajo de una mujer con doble jornada asciende a las 12 y 13 horas diarias. En una investigación realizada entre madres usuarias de los CAIPS se encontró que el 35.2% de las mujeres trabajan más de 5 días, incluyendo los días en que los niños no van al jardín, situación especialmente difícil para las mujeres que laboran también los domingos. Las horas requeridas para las responsabilidades de casa y el tiempo necesario para el trabajo, suma en la mayoría de las veces 96 horas semanales, comparadas a las 48 horas semanales de los hombres’.

De las cifras transcritas se deduce que la noción de tiempo de descanso resulta prácticamente vacía de contenido para la población femenina trabajadora; los fines de semana y los feriados, cuando no están dedicados al trabajo remunerado, son utilizados para adelantar actividades domésticas, y mientras tanto los restantes miembros de la familia se entregan al ocio. De acuerdo con la defensoría, la investigación realizada entre madres usuarias de los CAIPS indicó que ‘un 82% de las madres consideraron que dedicaban su descanso a realizar oficios en el hogar, considerando como tiempo libre aquel que no se destina a una actividad remunerada’”.

No sobra traer a la memoria la síntesis que hizo la Corte Constitucional en la Sentencia C-731 de 2000 en la cual destacó algunas de las principales etapas por las que ha trascurrido la lucha de las mujeres colombianas por lograr el reconocimiento de la igualdad en el terreno propiamente jurídico. Recordó la Corte en aquella ocasión que:

““No hay duda alguna de que la mujer ha padecido históricamente una situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familia, a la educación y al trabajo. Aun cuando hoy, por los menos formalmente, se reconoce igualdad entre hombres y mujeres, no se puede desconocer que para ello las mujeres han tenido que recorrer un largo camino.

Baste recordar que bien entrado el siglo veinte, las mujeres en Colombia tenían restringida su ciudadanía, se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, no podían ejercer la patria potestad, se les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole al suyo la partícula “de” como símbolo de pertenencia, entre otras limitaciones.

(...).

En materia política, en 1954 se les reconoció [a las mujeres] el derecho al sufragio, que pudo ser ejercido por primera vez en 1957. En materia de educación, mediante el Decreto 1972 de 1933 se permitió a la población femenina acceder a la universidad. En el ámbito civil, la Ley 28 de 1932 reconoció a la mujer casada la libre administración y disposición de sus bienes y abolió la potestad marital, de manera que el hombre dejó de ser su representante legal. El Decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia al marido, y la de vivir con él y seguirle a donde quiera que se trasladase su residencia; el artículo 94 Decreto-Ley 999 de 1988 abolió la obligación de llevar el apellido del esposo, y las leyes 1ª de 1976 y 75 de 1968 introdujeron reformas de señalada importancia en el camino hacia la igualdad de los sexos ante la ley. En materia laboral, la Ley 83 de 1931 permitió a la mujer trabajadora recibir directamente su salario. En 1938, se pusieron en vigor normas sobre protección a la maternidad, recomendadas por la OIT desde 1919, entre otras, las que reconocían una licencia remunerada de ocho semanas tras el parto, ampliada a doce semanas mediante la Ley 50 de 1990. Por su parte, mediante el Decreto 2351 de 1965, se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo.

A este propósito de reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer se sumo también el constituyente de 1991. Por primera vez, en nuestro ordenamiento superior se reconoció expresamente que ‘la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades’ y que ‘la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación’”.

En virtud del rol de las mujeres en la sociedad actual, no tienen cabida en el ordenamiento jurídico colombiano disposiciones que establecen tratos discriminatorios aun cuando se trate de regulaciones dirigidas supuestamente a protegerlas, pero que al estar inspiradas en estereotipos sociales y culturales machistas perpetúan la desigualdad. La Corte Constitucional se ha ocupado de este fenómeno en repetidas oportunidades, y lo ha calificado como “discriminación indirecta”, razón por la cual este tipo de enunciados normativos han sido declarados inexequibles (22) . Sin embargo, no todo trato diferenciado a favor de las mujeres está constitucionalmente prohibido y en esa medida las acciones afirmativas a favor de las mujeres implementadas por el Legislador con el propósito de reparar las desigualdades históricas han significado un avance importante en la ruta por la construcción de la igualdad.

En los últimos años, las conquistas de las mujeres se han ampliado y profundizado. En este sentido la Sentencia C-355 de 2006 ha significado un hito importante en el reconocimiento a la mujer de los derechos sexuales y reproductivos. En esa oportunidad le correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse respecto de si la penalización del aborto en todo caso y bajo toda circunstancia era compatible con las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados y ratificados por Colombia. La Corte resolvió que penalizar a la mujer que abortara en determinadas circunstancias —cuando el embarazo es producto de una violación; en el evento en que de llevarse a término el embarazo corra peligro la vida de la madre; cuando se presenten serias malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina; en caso de incesto— significaba imponerle a las mujeres una carga desproporcionada y no razonable que no armonizaba ni con los derechos constitucionales fundamentales ni con lo dispuesto en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Estado colombiano.

En esa misma sentencia se pronunció la corporación sobre algunos de los avances más destacados en materia de garantía de los derechos de las mujeres como lo son, la protección reforzada de la mujer embarazada y la preservación de su estabilidad laboral; la existencia de un conjunto de medidas afirmativas adoptadas por el legislador con el fin de obtener la igualdad real de las mujeres, en especial, aquellas decisiones aprobadas para amparar a las madres cabeza de familia; la garantía del derecho de las mujeres a desarrollar su personalidad libres de imposiciones y de presiones injustificadas; el derecho de las mujeres a gozar de las mismas oportunidades de las que gozan los hombres y el amparo de sus derechos sexuales y reproductivos (23) .

Todas estas garantías están consignadas en la Constitución de 1991 y reciben una protección especial a partir de lo dispuesto por los Tratados Internacionales aprobados por el Estado colombiano.

5. Los derechos de la mujer en el ordenamiento constitucional colombiano.

La lucha por los derechos de las mujeres en Colombia comenzó a cosechar frutos con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991 (24) , pero puede decirse que a partir de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento las conquistas obtenidas hasta ese momento se profundizan y se elevan a rango constitucional.

Sobra decir que toda la Constitución de 1991 garantiza a las mujeres el pleno disfrute de los derechos consignados en la norma fundamental y, en especial, su derecho a estar libres de cualquier tipo de discriminación. En la presente sentencia se referirá la Corte particularmente a las disposiciones que el actor consideró vulneradas con las expresiones demandadas y, en tal sentido, se pronunciará sobre el artículo 1º (dignidad humana) el artículo 13 (derecho a la igualdad), artículo 40 (protección especial a la participación de las mujeres en la administración pública) y el artículo 43 (prohibición de discriminar a las mujeres).

El artículo 1º de la Constitución de 1991 establece:

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

En este lugar bien vale la pena resaltar que lo dispuesto en el artículo 1º implica un cambio profundo con consecuencias directas frente a la lucha a favor de los derechos de las mujeres. La disposición contenida en el artículo 1º superior describe a Colombia como un “Estado social de derecho (...) organizado en forma de República (...) democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana”. El respeto por la dignidad humana exige reconocer en las mujeres igual dignidad a la que durante mucho tiempo solo se reconoció en los hombres. Requiere que las mujeres sean tratadas con el mismo respeto y consideración con que son tratados los varones. Lo anterior no como resultado de un acto de liberalidad o condescendencia sino porque las mujeres por sí mismas son reconocidas como personas y ciudadanas titulares de derechos cuya garantía está amparada en forma reforzada por lo ordenamientos jurídico interno e internacional.

El respeto por la dignidad humana de las mujeres significa, además, dejar de considerarlas “objeto” a disposición de los hombres: padres, maridos o compañeros permanentes. Este reconocimiento expreso en el texto constitucional constituye sin duda un paso enorme, ante todo cuando se piensa que la entidad de persona y de ciudadanas de las mujeres fue puesta en duda por siglos, y será profundizado por lo dispuesto en la Constitución vista en su conjunto y, en particular, por lo preceptuado en los artículos 13, 40 y 43 superiores, como tendrá la Corte oportunidad de indicar más adelante.

En la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional se pronunció sobre la dignidad humana en las distintas facetas en que esta aparece en el ordenamiento jurídico colombiano: como valor fundacional de todo el sistema jurídico, como principio y como derecho fundamental. Resaltó la Corte que:

“a pesar de su distinta naturaleza funcional, las normas deducidas del enunciado normativo dignidad humana —el principio constitucional de dignidad humana y el derecho fundamental a la dignidad humana— coinciden en cuanto al ámbito de conductas protegidas. En efecto, ha sostenido esta corporación que en aquellos casos en los cuales se emplea argumentativamente la dignidad humana como un criterio relevante para decidir, se entiende que esta protege: (i) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como se quiere), (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), (iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)” (25) .

(...).

“La dignidad humana asegura de esta manera una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y por los particulares. Respecto de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral, que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle roles de género estigmatizantes, o inflingirle sufrimientos morales deliberados”.

De otra parte, el aspecto pluralista de la definición de democracia participativa contenido en el artículo 1º adquiere aquí la mayor importancia. El pluralismo se convierte junto con el principio de igualdad en un hilo conductor que recorre de manera trasversal todos los preceptos constitucionales, superándose con ello la visión patriarcal masculina, impuesta de modo excluyente durante tantos años. La Constitución de 1991 abre la puerta a un conjunto de grupos sobre los cuales hasta ese momento —con algunas contadas excepciones— se había tendido un grueso manto de indiferencia o a quienes se había ignorado y condenado a la sumisión, a la dependencia, a la inactividad y a la invisibilidad: las etnias, las mujeres, las ancianas y los ancianos, las personas con limitaciones físicas o psíquicas, aquellas cuyas preferencias sexuales no coinciden con la heterosexualidad, las niñas y los niños.

En el artículo 13 superior se consigna el derecho a la igualdad en sus varias facetas, esto es, como igualdad formal ante la ley, como derecho a no ser discriminados de manera injusta, como igualdad material, es decir, como exigencia para equilibrar las oportunidades vitales de las personas y evitar situaciones extremas de desprotección y desamparo.

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (énfasis fuera del texto original).

Toda persona, por el hecho biológico del nacimiento, es reconocida como libre e igual ante la ley y se hace merecedora de la misma protección y del mismo trato por parte de las autoridades públicas. Todas las personas con independencia de su sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica son titulares de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

A partir de la lectura del párrafo segundo del artículo 13 superior resulta palmario que las y los constituyentes no permanecieron indiferentes ante la situación de desigualdad material en que se hallan tantas mujeres y no se les escapó que “los derechos en abstracto pueden”, en efecto, “no ser suficientes para definir la situación concreta de las mujeres” (26) . Justamente por ese motivo determinaron que —con independencia de la ideología que profese el gobierno de turno— el Estado debe intervenir mediante el diseño de políticas públicas para que la igualdad entre varones y mujeres deje de ser meramente formal y pase a ser una igualdad real y efectiva.

El párrafo tercero agrega algo de suma importancia en relación con los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas mujeres que con motivo de su situación económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Lo anterior es tanto más importante por cuanto para nadie es un secreto que existen miles y miles de mujeres obligadas por una u otra razón a enfrentar condiciones económicas desfavorables o situaciones vitales adversas las cuales limitan su acceso a la educación y restringen de modo extremo sus posibilidades de autodeterminación. Son muchas todavía las mujeres que deben sufrir en silencio el maltrato físico, psíquico y emocional por parte de sus parientes, padres, maridos o compañeros permanentes. De otro lado, según lo preceptuado por el artículo 13 superior, no cabe duda alguna que las mujeres gozan de todos los derechos constitucionales fundamentales establecidos de manera generosa en la Constitución Nacional.

En el caso particular de las mujeres, la Constitución de 1991 prescribe en su artículo 43 que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”. Y agrega de manera contundente: “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación” (énfasis añadido). Esta prohibición se extiende a todos los campos en los que puedan surgir medidas, actuaciones, definiciones y, en general, políticas con contenidos discriminatorios para las mujeres. La Corte Constitucional ha emitido una amplia jurisprudencia en relación con este asunto y ha hecho valer en múltiples ocasiones la prohibición de someter a las mujeres a cualquier tipo de discriminación, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 43 superior (27) . El derecho a estar las mujeres libres de cualquier forma de discriminación ha sido, pues, desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (28) y ha sido complementado con un conjunto de posibilidades que garantizan a las mujeres el ser tratadas con la misma consideración y el mismo respeto con que se trata a los varones y les aseguran poder ejercer de manera amplia sus derechos constitucionales fundamentales (29) .

Conocedoras como fueron las y los constituyentes de 1991 sobre la situación de precariedad económica o de la sujeción y dependencia en que se encuentran todavía tantas mujeres, la convirtieron en sujetos de especial protección constitucional. Justamente en este sentido se pronuncia el artículo 43 cuando determina:

“durante el embarazo y después del parto gozará [la mujer] de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.

El artículo 40, a su turno, significa ampliar el horizonte de actuación de las mujeres y extenderlo a importantes escenarios de la vida pública dentro de los cuales ellas pueden contribuir a definir los contenidos de las reglas que rigen los destinos de la sociedad y participar de modo activo en la puesta en marcha del Estado en todos los campos: administrativo, político y jurisdiccional. En este orden de cosas el artículo 40 superior preceptúa que:

“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

6. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

7. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”.

El numeral séptimo del artículo referido constituye la cristalización de una lucha constante de las mujeres por aparecer de modo visible y activo en el escenario político; para dejar de ser objeto de definiciones y pasar a convertirse en personas que definen las reglas de juego e introducen contenidos en ellas; para abandonar la condición de destino y empezar a marcar los destinos en conjunto con los varones. Y este mandato constitucional fue materializado mediante la expedición de la Ley Estatutaria 581 de 2000.

Entre los mecanismos contemplados en la ley estatutaria para garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública cabe mencionar los siguientes:

— La participación mínima de las mujeres en el 30 por ciento (30%) de los cargos los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.

— La participación mínima de las mujeres en el treinta por ciento (30%) de los cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público, que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial.

— La obligación de incluir por lo menos el nombre de una mujer en las ternas para el nombramiento en los cargos que deban proveerse por este sistema, en cabeza de quien esté encargado de elaborarlas.

— La obligación de incluir hombres y mujeres en igual proporción para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, en cabeza de quien esté encargado de elaborarlas.

A partir de lo expuesto, es factible afirmar que el ordenamiento constitucional colombiano en su conjunto está diseñado para acoger a la mujer como persona y ciudadana digna, merecedora del mismo respeto y de la misma consideración que merecen los varones, con plena capacidad para ejercer toda la gama de derechos que de modo amplio se consigna en la Constitución de 1991. A renglón seguido, indicará la Corte cómo a partir de lo consignado en el campo del derecho internacional la protección de los derechos de la mujer contenida en la norma fundamental se profundiza, amplía y refuerza.

6. Los derechos de la mujer en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 93 superior, “los tratados y convenios internacionales ratificados (sic) por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Ahora bien, si se tiene en cuenta lo determinado en el párrafo 2º del mismo artículo 93 de acuerdo con el cual, “los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, entonces de ahí resulta que los convenios y tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el Gobierno Nacional también deben servir como canon de interpretación de los derechos constitucionales fundamentales y han de ser tomados como puntos de referencia para fijar el sentido y alcance de los derechos constitucionales fundamentales de las mujeres. De esa suerte, no solo se confirma la vocación internacionalista del ordenamiento constitucional colombiano sino que se recalca, a un mismo tiempo, el amparo reforzado que se confiere a los derechos de las mujeres.

Tal como sucedió durante mucho tiempo en el plano del derecho interno, también en el ámbito del derecho internacional los primeros documentos y declaraciones fueron formulados desde una perspectiva excluyente de la visión y de los intereses de las mujeres. Los logros, por tanto, fueron en un comienzo precarios. Esto empieza a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial cuando se expide la Declaración universal de derechos humanos en 1948 y cuando en el año de 1966 se aprueban los pactos de Naciones Unidas, el primero, sobre derechos civiles y políticos y, el segundo, sobre derechos sociales económicos y culturales.

Dentro de los instrumentos internacionales que consignan los derechos de la mujer cobran especial relevancia la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer de 1967 y la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, acogida por Colombia mediante la Ley 51 de 1981 y vigente en el país a partir del 19 de febrero de 1982.

El preámbulo de la convención reconoce inspirarse en la fe depositada por las Naciones Unidas en los derechos humanos fundamentales así como en la dignidad y en el valor de la persona humana y en la igualdad de los hombres y mujeres. Invoca también el preámbulo a la Declaración universal de los derechos humanos. Parte de la necesidad de llevar a la práctica los derechos y libertades proclamados por esa declaración sin distinción de sexo y de favorecer la igualdad de goce de todos los derechos sociales, culturales, civiles y políticos a favor de hombres y mujeres por igual. No obstante ese reconocimiento, se preocupa el preámbulo por destacar que pese a la existencia de diversos instrumentos de protección de los derechos de las mujeres, ellas “siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”.

Este instrumento internacional fue objeto de un protocolo facultativo adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el día 6 de octubre de 1999, el cual entró en vigor en Colombia el día 22 de diciembre de 2000 (30) .

Otro instrumento internacional de gran relevancia es la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el día 20 de diciembre de 1952 que entró en vigor en Colombia apenas el 5 de noviembre de 1986 mediante la Ley 35 de 1986. El preámbulo de esta convención recalca que:

“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país” e insiste en el deseo de “igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración universal de derechos humanos”.

En las sentencias C-410 de 1994, T-500 de 2002 y C-355 de 2006 la Corte Constitucional realizó una completa síntesis sobre los instrumentos internacionales que han sido adoptados por Colombia con miras a evitar la discriminación en contra de las mujeres (31) .

En la Sentencia T-500 de 2002 aprovechó la Corte para pronunciarse de modo extenso sobre el derecho a la igualdad consignado en el artículo 13 superior y reflexionó respecto de las contribuciones realizadas por el derecho internacional en punto a la lucha en contra de la discriminación por razones de sexo (32) . La Corte recordó que la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 2º había reivindicado el ejercicio de derechos y libertades sin diferenciación por razón de sexo. Mencionó, así mismo, que el Pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 1º contenía el compromiso de los Estados de respetar los derechos de las personas sin distinción alguna, asunto que será confirmado por lo establecido en el Pacto internacional sobre derechos sociales, económicos y culturales. Ambos pactos adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 fueron, como se sabe, suscritos por Colombia el 21 de diciembre del mismo año y aprobados mediante Ley 74 de 1968.

Se refirió también la Corte a los derechos contenidos en la convención americana cuyo artículo 1º prevé el principio de no discriminación por motivos de sexo y en el artículo 24 estatuye el derecho a la igualdad formal ante la ley (33) . Hizo énfasis la Corte sobre otro documento de gran importancia, cual es, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belém Do Pará, Brasil, el día 9 de junio de 1994 y aprobada mediante la Ley 248 de 1995. La Convención de Belém Do Pará, que entró en vigor en el país el día 15 de diciembre de 1996, consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de toda forma de discriminación y a ser “valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.

Igualmente en la Sentencia C-355 de 2006 se hace un extenso recuento de la evolución de los derechos de la mujer en el plano internacional, con especial énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos. Se menciona inicialmente la Primera conferencia mundial de derechos humanos llevada a cabo en Teherán en 1968, en la cual se reconoció la importancia de los derechos de las mujeres, y se reconoció por primera vez el derecho humano fundamental de los padres “a determinar libremente el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos”. Se recuerda también que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el año 1975 como el Año internacional de la mujer, y que ese mismo año se convocó una conferencia mundial en México dedicada a mejorar la condición de la mujer, y se estableció la década de 1975-1985 como Decenio de la mujer de las Naciones Unidas. Dentro de este marco tuvieron lugar las conferencias mundiales de Copenhague en 1980 y la de Nairobi en 1985, para comprobar y evaluar los resultados del Decenio de la mujer de las Naciones Unidas.

En la misma sentencia se destaca el papel de la Conferencia mundial sobre derechos humanos de Viena en 1993, al declarar que “los derechos humanos de la mujer y la niña, son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales”, así como que la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en la vida política, económica, social y cultural, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

Posteriormente, en la Conferencia mundial sobre población y desarrollo de El Cairo en 1994, en el documento de programa de acción, se puso un gran énfasis en los derechos humanos de la mujer, y se reconoce que “los derechos reproductivos son una categoría de derechos humanos que ya han sido reconocidos en tratados internacionales y que incluyen el derecho fundamental de todas las personas a “decidir libremente el número y el espaciamiento de hijos y a disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo”. Este programa establece además, que “la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia”. También se determinó, que hombres, mujeres y adolescentes tienen el derecho de “obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables” de su elección para la regulación de la fecundidad, así como el “derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgo”.

La cuarta Conferencia mundial sobre la mujer (Plataforma de Beijing), confirma los derechos reproductivos establecidos en el programa de acción de El Cairo.

En la Sentencia C-355 de 2006 también se hace alusión a los diferentes tratados internacionales que sirven de base para el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, a los cuales ya se hizo previamente referencia tales como la Declaración universal de los derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y la Convención americana de derechos humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer —CEDAW—, que entró en vigor para Colombia a partir del 19 de febrero de 1982, en virtud de la Ley 51 de 1981, y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”, entrada en vigencia para Colombia el 15 de diciembre de 1996, al aprobarse la Ley 248 de 1995.

Los instrumentos internacionales mencionados con antelación tienen algo en común: todos subrayan la insuficiencia de los derechos humanos —considerados desde el punto de vista de su existencia formal y en abstracto— para dar respuesta de manera suficiente a la “diversidad, especificidad y complejidad de la problemática de la mujer” (34) . Estos instrumentos se esfuerzan, por tanto, en considerar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran aún gran cantidad de mujeres “tanto en las esferas públicas como privadas” (35) y propenden, en tal sentido, por reconocer las necesidades particulares de las mujeres de modo que se garantice “eficazmente la eliminación de las inequidades históricas y las injusticias estructurales que experimentan las mujeres por el único hecho de ser (mujeres)” (36) .

Hasta aquí puede decirse que el empeño de las mujeres a favor de superar su situación de discriminación histórica se ha manifestado de varias maneras en el tiempo y en el espacio. Sin lugar a dudas y pese a que todavía queda un buen trayecto por recorrer, estos esfuerzos han logrado subvertir un orden de cosas que durante largo tiempo parecía inmodificable. Por sobre todo han insistido las mujeres en ampliar en la práctica “la máxima de la universalidad” (37) supuestamente abarcadora de los dos sexos para que incluya, en efecto, también a las mujeres y les haga extensibles a ellas los beneficios que por un largo lapso solo favorecieron a los hombres.

Si bien es cierto el derecho abstracto ha significado el umbral de ingreso de la mujer a la vida activa, a la posibilidad de autorrealización, también se debe reparar en que ese umbral puede no ser bastante y es imposible predecir de antemano si este punto de ingreso llegue a trasformarse en algo meramente formal, en una simple fachada para distraer las miradas de la exclusión y la discriminación dominante en la realidad (38) . El reto de las políticas en contra de la discriminación de la mujer consiste hoy, justamente, en profundizar las conquistas, llevarlas a la práctica y hacerlas extensibles al mayor número de mujeres.

En los párrafos que anteceden, ha realizado la Sala Plena una breve aproximación a los avances que en el campo del ordenamiento jurídico interno como en el ámbito del derecho internacional se han llevado a cabo para obtener la real y efectiva protección de los derechos de las mujeres. Esta perspectiva es útil para abordar el problema jurídico relevante en esta decisión, sin embargo no es suficiente. En efecto, en esta ocasión debe examinar la Corte Constitucional las connotaciones constitucionales del lenguaje jurídico, específicamente aquellas que involucran las definiciones contenidas en un texto preconstitucional, el cual además data de un período histórico muy anterior al momento en que la cuestión de la mujer adquiere relevancia en el plano interno e internacional.

Si bien las expresiones que ocupan a la Corte Constitucional en esta decisión en principio no tienen un contenido deóntico, pues no son formuladas como un mandato, una permisión o una prohibición, no por ello puede decirse que estén desprovistas de significado, por el contrario, reflejan una determinada concepción del mundo con claras implicaciones para el papel de la mujer en el ordenamiento jurídico civil.

En esa medida las definiciones contenidas en un cuerpo normativo de las características del Código Civil no pueden sustraerse del influjo del nuevo orden introducido por la Carta de 1991. Baste recordar que el derecho constitucional irradia en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, y por lo tanto los principios y valores constitucionales moldean y transforman todos los ámbitos del derecho, con más fuerza aquellos preconstitucionales. En definitiva, el uso del lenguaje no es indiferente al derecho constitucional, porque ciertas expresiones pueden entrar a reñir con el orden de valores establecidos en el texto constitucional, y esta Corporación puede y debe entrar a estudiar las implicaciones constitucionales del lenguaje jurídico.

Por esa razón, a continuación, abordará la Corte el asunto relacionado con el poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico y la influencia que este ejerce bien sea para mantener la condición de sujeción de las mujeres y su sometimiento a prácticas injustamente discriminatorias —y por tanto desconocedoras de sus derechos constitucionales fundamentales— o bien para trasformar el estado de cosas imperante y lograr una igualdad real y efectiva entre varones y mujeres.

7. Poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico.

El lenguaje es a un mismo tiempo instrumento y símbolo. Es instrumento, puesto que constituye el medio con fundamento en el cual resulta factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja las ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado. El lenguaje es un instrumento mediante el cual se configurar la cultura jurídica. Pero el lenguaje no aparece desligado de los hombres y mujeres que lo hablan, escriben o gesticulan quienes contribuyen por medio de su hablar, escribir y gesticular a llenar de contenidos las normas jurídicas en una sociedad determinada.

Como lo recuerda Arthur Kaufmann, “todo lenguaje y todo hablar contiene ya una determinada interpretación de la realidad” (...) la controversia sobre palabras y sobre reglas del lenguaje, es por tanto algo absolutamente típico en sociedades pluralistas”. Se discute sobre las reglas del lenguaje y también acerca de las palabras utilizadas para definir los contenidos. Cada una de las expresiones utilizadas marcan el fondo de aquello que se propone afirmar —mandar, prohibir o permitir—. Mediante el lenguaje se comunican ideas, concepciones de mundo, valores y normas pero también se contribuye a definir y a perpetuar en el tiempo estas ideas, cosmovisiones, valores y normas.

Por otra parte, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional no ha sido extraña a los problemas constitucionales implicados en el uso del lenguaje jurídico. En efecto, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, numerosas expresiones contenidas en el ordenamiento jurídico han sido demandadas en acción pública de inconstitucionalidad por no corresponder al contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional (39) .

Sobre este extremo la Corte ha sostenido de manera reiterada que el legislador está en la obligación de hacer uso de un lenguaje legal que no exprese o admita siquiera interpretaciones contrarias a los principios, valores y derechos reconocidos por la Constitución Política (40) . En este sentido se pronunció cuando al examinar uno de los títulos de la ley estatutaria de administración de justicia encontró que la expresión “recursos humanos” de la rama judicial comportaba un desconocimiento del principio de la dignidad humana, por considerar que dicha expresión pugna con “la concepción de la persona como un fin en sí misma y no como un medio para un fin. En otras palabras, como un ser que no es manipulable, ni utilizable en vista de un fin, así se juzgue este muy plausible. El Estado está a su servicio y no a la inversa”. Por lo anterior, concluyó que denominar recursos humanos “a las personas que han de cumplir ciertas funciones, supone adoptar la perspectiva opuesta a la descrita, aunque un deplorable uso cada vez más generalizado pugne por legitimar la expresión” (41) .

Igualmente el estudiar una norma de la denominada Ley Nacional del Deporte, la Corte indicó que la utilización de la expresión “transferencia” de los deportistas, representaba “en sentido literal, que los clubes son verdaderos dueños de esas personas, ya que solo se transfiere, se vende y se presta aquello de que se es propietario”. razones por las cuales advirtió que “el lenguaje de una norma legal no es axiológicamente neutro, ni deja de tener relevancia constitucional (...)” y por lo tanto “el uso de términos jurídicos que tiendan a cosificar a la persona no es admisible” (42) .

Las expresiones empleadas en el Código Civil han dado lugar a diversos pronunciamientos de esta corporación. La Corte ha debido ocuparse por ejemplo de la constitucionalidad de expresiones tales como “criado” (43) , “padres naturales” o el calificativo de “legítimos” de los ascendientes y descendientes (44) , o las expresiones “furiosos locos”, “mentecatos”, “imbéciles” (45) , las cuales ha considerado que riñen abiertamente con el principio de dignidad humana, consagrado en el artículo 1º de la Carta de 1991.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que el lenguaje legal debe ser acorde con los principios y valores que inspiran a la Constitución de 1991, ya que “es deber de la Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aun porque el lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga” (46) .

En este sentido se sostuvo en la Sentencia C-1088 de 2004:

El uso emotivo de las palabras utilizadas por el legislador al formular una regla de derecho determinada puede interferir derechos fundamentales de las personas y por ello el juez constitucional se halla legitimado para resolver los problemas constitucionales que se deriven de ello y que le sean planteados en ejercicio de la acción pública e informal de inconstitucionalidad. Y cuando el juez constitucional asume esta función, lejos de incurrir en excesos, está cumpliendo, de manera legítima, con la tarea que se le ha encomendado: Defender la integridad y supremacía de la Carta Política.

En fecha reciente se ocupó nuevamente de la cuestión, cuando se pronunció sobre la constitucionalidad de las expresiones “criado”, “sirviente” y “amo” contenidas en el artículo 2439 del Código Civil y sostuvo:

De las anteriores citas jurisprudenciales se observa que el juicio para determinar el impacto del lenguaje sobre la constitucionalidad de ciertos textos legales, es un ejercicio que trasciende el análisis netamente lingüístico. En efecto, las consideraciones históricas, sociológicas y de simple uso del idioma tienen especial importancia para verificar si determinadas expresiones lingüísticas contravienen el cuadro de valores, principios y derechos fundamentales que inspiran la Constitución. Así sucede cuando la Corte reprocha un enunciado determinado por el contexto en que se encuentra inserto sin que en sí mismo este tenga una significación discriminatoria. Así ocurre con las expresiones “recursos” o “transferencia” a las que atrás se ha hecho mención, las cuales han sido retiradas del ordenamiento en consideración a su uso inapropiado.

En el caso que ocupa ahora la atención de la Corte, desde el punto de vista meramente lingüístico las expresiones “criado”, “sirviente” y “amo” podrían considerarse inclusive precisas para designar una relación de subordinación como la de los empleados domésticos. En efecto, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la expresión criado, en su acepción pertinente, designa a la “persona que sirve por un salario, y especialmente la que se emplea en el servicio doméstico”; la locución sirviente a la “persona adscrita al manejo de un arma, de una maquinaria o de otro artefacto” y a la “persona que sirve como criado”; mientras que amo designa al “Hombre que tiene uno o más criados, respecto de ellos” pero también a la “Cabeza o señor de la casa o familia”, a la “Persona que tiene predominio o ascendiente decisivo sobre otra u otras” y al “Dueño o poseedor de algo”.

No obstante, ampliando la perspectiva del análisis, se observa que las expresiones utilizadas por el Código Civil para denominar la relación de los empleados domésticos con sus empleadores, admiten interpretaciones discriminatorias y denigrantes de la condición humana y así se evidencia cuando se analizan con un enfoque más amplio. Al respecto, se tiene que dichas locuciones tienden a la cosificación del ser humano y refieren a un vínculo jurídico que no resulta constitucionalmente admisible, cual era el denominado en el propio Código Civil como “arrendamiento de criados y domésticos”, el cual consistía en una modalidad de arrendamiento que en realidad hacía al “criado” sujeto pero sobre todo objeto del contrato, como si tratara de un bien más.

Con base en los anteriores razonamientos declaró la inexequibilidad de las expresiones demandadas bajo el entendido que las mismas serían en adelante sustituidas por las expresiones “empleadores” y “trabajadores”, y sin que el pronunciamiento afectara el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 2349 del Código Civil y el alcance fijado por la jurisprudencia especializada.

Se tiene, entonces que la jurisprudencia constitucional ha coincidido en que el lenguaje jurídico no es un instrumento neutral de comunicación y en esa medida debe ajustarse al contenido axiológico de la Carta de 1991.

8. Las situaciones de inclusión o exclusión también se proyectan en el lenguaje jurídico. La razón patriarcal y su proyección en el lenguaje jurídico y en la cultura jurídica.

Siendo el lenguaje, como lo es, uno de los principales instrumentos de comunicación y reflejando —como refleja— los hábitos, concepciones y valores imperantes en un medio social determinado, las situaciones de inclusión o exclusión también se proyectan en el lenguaje jurídico. Precisamente uno de los fines de las definiciones legales consiste en fijar fronteras y, en tal sentido, en determinar quiénes se encuentran dentro de los límites establecidos por las definiciones y quiénes permanecen por fuera. Los criterios que se utilizan para marcar la inclusión o la exclusión reflejan el contexto valorativo e ideológico en que ellos se adoptan.

“El lenguaje no solo refleja y comunica los hábitos y valores de una determinada cultura sino que conforma y fija esos hábitos y valores. Como los hombres/varones han tenido el poder de definir las cosas, todo lo que está definido lo está desde su perspectiva. Como los hombres han tenido el poder de definir las cosas y los valores, solo las cosas y valores que ellos han definido están aceptados como válidos en nuestra cultura y, por ende, esta cultura es masculina” (47) .

No es extraño, por consiguiente, que la situación de invisibilidad, subordinación, y discriminación a la cual por largos años se vieron y se han visto sometidas las mujeres, se proyectara también en el modo en que se fijaron los criterios de inclusión y exclusión mediante el lenguaje jurídico generando, de paso, una cultura de tipo patriarcal que se proyectó y, aún se proyecta, en el lenguaje jurídico y en la cultura jurídica.

Para nadie constituye una novedad, que durante una largo lapso solo los varones pudieron participar en los escenarios políticos. Los hombres y únicamente ellos tomaron parte en la vida activa de las sociedades; se fijaron fines, emprendieron proyectos y trazaron los caminos que habían de conducirlos a la obtención de las metas propuestas. Resulta claro, por tanto, que lo manifestado por los hombres —también en el terreno jurídico— tienda a conectarse de inmediato con lo humano por antonomasia. El referente predominante fue, por largo tiempo, masculino. Así las cosas, los hombres adquirieron la virtualidad de representar de manera simultánea lo positivo y lo neutro:

“Hasta el punto que se dice ‘los hombres’ para designar a los seres humanos, pues el singular de la palabra vir se ha asimilado al sentido general de la palabra homo. La mujer aparece como el negativo, de modo que toda determinación se le imputa como una limitación sin reciprocidad” (48) (énfasis añadido).

Esta situación se ha proyectado de modo especialmente profundo en el ámbito del lenguaje jurídico y, no en último lugar, en la manera como se establecen definiciones por medio del mismo. Es factible —y eso lo reconocen quienes se han ocupado de resaltar esta circunstancia— que los atributos y prerrogativas del género masculino no las posean todos los varones por igual. No obstante:

“El patriarcado no podría funcionar sin el refuerzo ideológico de su gran trampa, que es el de haberse convertido en género universal ante rem, in re y post rem, en arquetipo anterior a la existencia de los hombres singulares (...) Precisamente la ideología se ocupa de hipertrofiar sus virtualidades sintética, y de hacer que el género sea percibido como patrimonio pro indiviso que todos usufructúan, impidiendo la resolución analítica que pondría de manifiesto el carácter ilusorio de esta percepción totalizadora” (49) .

Es preciso reparar en que la identificación de los valores masculinos con lo neutral y objetivo se reflejó muy pronto en la manera misma como se nombraban las cosas, en el modo cómo se creaban y definían las palabras, cómo se sentaban las reglas de la gramática, en fin, en la forma cómo se “establecía lo que existe y lo que no existe, lo que se considera natural y lo que no lo es, lo bueno y lo malo” (50) . A lo largo de años y años las mujeres se vieron exceptuadas del ejercicio de ese inmenso poder. Ese poder fue monopolizado por el hombre.

Las mujeres estuvieron durante siglos excluidas de participar en la actividad generadora de contenidos por medio del lenguaje y la cultura jurídica se impregnó de aquello que el hombre consideraba valioso. Esta situación trajo como consecuencia que “la voz hombre sirviera para denominar tanto el varón de la especie como a la especie toda” y que se crearan asimismo “reglas gramaticales que permitieran que lo masculino pudiera tanto excluir como incluir/ocultar a lo femenino” (51) .

Las consecuencias de esta situación, se manifiestan de diversas maneras y sus alcances en la configuración de la cultura en general y de la cultura jurídica, en particular, son inmensos. En el modelo masculino se valora de manera positiva la fuerza, la razón, el arrojo, la independencia. La dulzura, la interdependencia, la intuición y, en general, las tareas asociadas con cuidar, nutrir, dar, no tienen en el modelo masculino —supuestamente representante de todo lo humano— una connotación positiva. Salta a la vista que esta categorización dicotómica distorsiona por completo la realidad e impide reconocer que ninguno de estos rasgos es patrimonio exclusivo y excluyente de varones y mujeres. Al erigirse, sin embargo, la fuerza, la violencia, el arrojo, como rasgos generalizadores de lo que debe ser una sociedad se han despreciado otros rasgos como la solidaridad, el cuidado, la benevolencia y solo en los últimos tiempos se ha logrado develar lo engañoso y contraproducente que puede resultar para la vida en sus diferentes aspectos familiares, sociales, económicos, culturales políticos y jurídicos seguir operando bajo ese tipo de categorizaciones dicotómicas y excluyentes.

9. Potencial transformador del lenguaje jurídico y de la cultura jurídica.

El predominio de la razón patriarcal y su proyección en la manera como se fijan los contenidos de las normas jurídicas no solo tiene un impacto simbólico. Presenta serios y graves obstáculos en el camino hacia la igualdad real y efectiva entre varones y mujeres. En párrafos anteriores se insistió en que el trayecto hacia la igualdad real y efectiva para las mujeres ha sido largo y a menudo difícil de sortear. Uno de esos impedimentos ha sido, sin duda, el predominio de la razón patriarcal reflejada en todos los ámbitos de la vida.

El lenguaje y la cultura y, desde luego, el lenguaje jurídico y la cultura jurídica —estrechamente relacionados entre sí— permanecen vivos únicamente en la medida que se adapten a los cambios. Las trasformaciones en estos ámbitos suelen presentarse de manera lenta y a veces imperceptible:

“Una cultura viva es como una lengua viva, que cambia sin cesar (aunque lentamente) durante determinado período de tiempo, asimilando nuevos idiomas y nuevas frases, nuevas formas y estructuras, que a menudo consideramos el aspecto creativo del lenguaje. Una lengua muerta no cambia, como tampoco lo hace una cultura muerta” (52) .

El contacto entre culturas trae como consecuencia que se adopten algunos usos ajenos pero también que se dejen de lado ciertas prácticas. A este respecto es posible pensar en la existencia de una suerte de línea de progreso: sin dejar de ser sensibles al contexto, a las peculiaridades de cada caso en concreto, se marcan fronteras con relación a aquellas expresiones culturales que se proyectan de modo negativo frente al “tejido básico del universo humano” (53) .

En muchas partes del mundo ha sucedido que expresiones o manifestaciones culturales aceptadas y difundidas con cierta amplitud en algunos momentos han sido, luego, seriamente cuestionadas por considerarse degradantes de la dignidad humana y por herir la sensibilidad de los humanos. Hoy en día resulta patente que no todas las expresiones y no todos los contenidos pueden ser admitidos. Aquellas manifestaciones del lenguaje, aquellos contenidos de la cultura —del lenguaje jurídico y de la cultura jurídica— que signifiquen lesionar la dignidad humana tienden a ser rechazados.

El reconocimiento de la dignidad humana de las mujeres, el respeto y garantía de protección de sus derechos se ha entendido justamente como un avance en esta dirección. Lo anterior no significa en modo alguno que la dignidad de la mujer o sus derechos primen sobre la dignidad o los derechos de los hombres. Ambos, mujeres y hombres, tienen igual dignidad y deben ser tratados con igual consideración y respeto. Bajo este enfoque, aun cuando continúa siendo necesario admitir que “la construcción social de los roles, actitudes y relaciones entre mujeres y hombres siempre existirá, el reto es asegurarnos que esta construcción sea justa para ambos sexos y que ningún sexo domine al otro” (54) (énfasis añadido).

A partir de lo expresado hasta este lugar puede decirse que el lenguaje como fenómeno social, cultural e institucional de primer orden, se proyecta de manera directa en el ámbito jurídico: “el derecho se manifiesta, se funda y se expresa por medio de palabras” (55) . El lenguaje jurídico refleja y también contribuye a perpetuar formas de pensamiento (56) . El lenguaje ni la cultura permanecen estáticos sino que se transforman de manera profunda, aun cuando a veces imperceptible, con el paso del tiempo. Así, como los cambios sociales pueden tener incidencia en los cambios del lenguaje y de los contenidos de las definiciones construidas a partir del mismo, también el lenguaje y la manera como este sea utilizado para establecer contenidos, puede producir una variación en la percepción de los fenómenos sociales (57) .

Resulta manifiesta, pues, la influencia que ejerce el lenguaje jurídico bien sea para mantener la condición de sujeción de la mujer y su sometimiento a prácticas injustamente discriminatorias —y por tanto desconocedoras de sus derechos constitucionales fundamentales— o bien para trasformar el estado de cosas imperante y lograr una igualdad real y efectiva entre varones y mujeres.

Luego de las consideraciones que anteceden, pasa la Corte a examinar el sentido y alcance de la expresión hombre utilizada en la definición prevista en el artículo 33 del Código Civil y lo hará teniendo presente las ideas y los valores que predominaban cuando se adoptó el Código Civil a finales del siglo XIX.

10. Sentido y alcance de la expresión “hombre” utilizada en la definición prevista en el artículo 33 del Código Civil a la luz de las ideas y valores predominantes en el momento en que se adoptó el Código Civil a fines del siglo XIX.

El artículo 33 forma parte del capítulo V del Código Civil que contiene definiciones de uso frecuente en las leyes. La definición prevista en este artículo actualmente tiene su sentido y razón de ser en el contexto y respecto del Código Civil, sin embargo cabe recordar que durante buena parte de los siglos XIX y XX ello no fue así. En efecto, no sobra advertir que en el momento histórico cuando fue adoptado el Código Civil se consideraba que la Constitución era un texto esencialmente político, de escasa eficacia normativa, el cual regía las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, mientras que todo el tráfico jurídico entre particulares y las relaciones sociales se entendía que estaban sujetas exclusivamente a la legislación civil, cuyo máximo exponente era precisamente el código.

Como bien ha recalcado la doctrina, el constitucionalismo liberal desde sus inicios y durante buena parte de su evolución, tenía como uno de sus fundamentos estructurales la separación entre sociedad y Estado, mientras que el primero de estos órdenes era regido por la codificación civil, a la Constitución se le atribuía exclusivamente la naturaleza de un texto que regía las relaciones entre los poderes públicos y eventualmente entre estos poderes y los ciudadanos.

En esa medida también se explica la opinión generalizada que el Código Civil tenía mayor fuerza normativa y estabilidad que la propia Constitución, razón por la cual no es extraño que la Ley 57 de 1887 incorporara al Código los derechos y garantías civiles contenidos en el título III de la Carta de 1886.

Adicionalmente a su fuerza normativa, el Código Civil también cumplía un papel integrador y sistematizador del ordenamiento jurídico en general, y era el referente para la interpretación de toda la legislación vigente. Por ello se explica que se incorporara en el código conceptos y definiciones jurídicas de alcance general, al igual que principios de solución de antinomias normativas. Hoy en día es claro que el código fue desplazado de tal posición de primacía en el ordenamiento jurídico, una vez que la Constitución adquirió plena fuerza y eficacia normativa, sin embargo, las disposiciones contenidas en el título preliminar, entre las que se cuentan las definiciones de varias palabras de usos jurídico frecuente siguen conservando fuerza normativa para la interpretación no solo del código, sino también de la legislación civil en su conjunto.

Algunas de las intervenciones sostuvieron que las definiciones no son en sí mismas normas jurídicas pues no están orientadas a mandar, permitir o prohibir ninguna conducta. Otras insistieron en que la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil en lugar de ser discriminatoria se orientaba a cobijar a las mujeres en pie de igualdad con el hombre. Con respecto al primer asunto, debe decir la Corte que si bien en un sentido estricto el artículo 33 del Código Civil no podría considerarse en sí mismo una norma jurídica, la definición contenida en dicho precepto tiene un carácter descriptivo, valorativo y normativo innegable por la cual es factible realizar el juicio de constitucionalidad.

Un buen número de intervenciones enfatizaron que la expresión hombre utilizada en la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil tiene varias acepciones y la primera de ellas, de acuerdo con lo establecido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es general, abarcadora por igual de mujeres y varones. Con ello negaron los intervinientes que el vocablo hombre utilizado en esa definición tuviera un efecto discriminatorio para la mujer o violatorio de sus derechos o de su dignidad humana. Otras intervenciones subrayaron, entretanto, que el lenguaje carece de neutralidad y, dada las características de origen del mismo, está impregnado de manera a veces exclusiva y excluyente de las cosmovisiones defendidas por aquellos que han contribuido a conformarlo, en este caso, los hombres, quienes han pretendido elevar ciertas magnitudes al rango de lo universal, abstracto, racional, objetivo y neutro.

En relación con este punto, vale la pena hacer un análisis de contexto respecto del vocablo “hombre” contenido en la definición establecida en el artículo 33 del Código Civil. A partir de allí, se mostrará que la expresiones utilizadas en esa definición lejos de ser neutrales y abarcadoras son, más bien, el resultado de la cosmovisión imperante al momento de adoptarse el Código Civil a finales del siglo XIX y fueron pensadas, expresadas y consignadas en el artículo 33 de manera exclusiva y excluyente por varones. Un examen detenido del contexto ideológico y valorativo en el que surgió el Código Civil colombiano, de la filosofía que lo inspiró así como del contenido de muchos de sus preceptos referentes a la mujer deja ver que el Código Civil tuvo un signo marcadamente patriarcal.

En efecto, no está de más recordar que si bien las revoluciones liberales produjeron cambios fundamentales en la historia de la humanidad, dentro de los cuales se destaca la idea del Estado de derecho, esto es, la necesidad de limitar el poder para impedir su ejercicio arbitrario y, por ende, la importancia de evitar que el poder se concentre en unas solas manos, dejaron más o menos intacta la situación de las mujeres. Los trascendentales cambios acaecidos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX no lograron evitar que la mujer permaneciera recluida en el ámbito doméstico, pues no se pudo superar la idea con base en la cual se defendía que la mujer se mantuviera privada de lo público.

Esta circunstancia fue plasmada por el Código de Napoleón (58) y recogida en la mayoría de los ordenamientos de tradición continental. En Colombia, con la adopción del Código Civil de Bello las mujeres fueron objeto de extensivas prohibiciones en contraste con las amplias facultades que se otorgaron a los varones. Las mujeres fueron reducidas a la condición de incapaces o inmaduras mentales, equiparables en muchos aspectos a las personas con limitaciones psíquicas o a los niños. En este sentido, se abrió paso a la potestad marital compuesta por un conjunto de derechos de los que disponía el varón sobre la persona y bienes de la mujer. La mujer carecía de domicilio propio, debía habitar en el del padre o marido; era considerada un objeto de propiedad del varón, padre o esposo; no podía ejercer la patria potestad sobre sus hijos.

El predominio de la razón patriarcal en esa época y en tiempos posteriores fue destacado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-082 de 1999 y en tiempos recientes mediante la Sentencia C-101 de 2005 (59) :

“Tradicionalmente en nuestra sociedad, como en la mayoría de las sociedades actuales, el ‘paradigma de lo humano’ se ha construido alrededor del varón. Es a él a quien se le atribuyen características socialmente valoradas como la racionalidad, la fuerza, el coraje, por oposición a la mujer a quien se caracteriza como irracional, débil, sumisa. Tal dicotomía en la construcción del género o, en otras palabras, los diferentes roles y estereotipos que culturalmente se han asignado al hombre y a la mujer, no han hecho nada distinto que generar una enorme brecha entre los sexos que, a su vez, ha dado lugar a la discriminación de esta última en los más variados campos. En especial, este trato diferente ha relegado a la mujer al espacio de lo privado, al de la fiel esposa, aquella que debe guardar sumisión frente al marido, ‘quien debe liberar al ciudadano de las preocupaciones y tareas del ámbito privado (el de naturaleza) para que este pueda dedicarse al ámbito de lo público (el de la cultura)’”.

Varias referencias históricas dan cuenta de ello.

Rousseau, por ejemplo, filósofo de vanguardia en su época, en el capítulo V del Emilio escribió en un tono que refleja su tiempo:

‘Toda la educación de las mujeres debe estar referida a los hombres... Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarles de pequeños, cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce: esos son deberes de todos los tiempos y lo que ha de enseñárseles desde la infancia’.

Kierkegaard, padre del existencialismo, en El Diario de un seductor, sostuvo:

‘La esencia de la mujer viene indicada justamente como gracia, expresión que nos recuerda la vida vegetativa; ella es como una flor, gusta decir a los poetas, y por último lo que en ellas hay de espiritual tiene algo de vegetativo. Entra en los límites de la naturaleza y es, por esto, libre más bien estéticamente. En un sentido más profundo, es liberada por medio del hombre’.

Schopenhauer, por su parte, afirmó:

‘El defecto fundamental del carácter femenino es que no tiene sentido de la justicia. Ello es debido al hecho mencionado de que las mujeres son deficientes en los poderes de razonar y deliberar’.

De acuerdo con estos pensadores la individualidad y la autonomía eran connotaciones predicables solo del sexo masculino, y la mujer, por tanto, solo debía ajustarse al lugar que ‘la naturaleza’ (principalmente por sus atributos biológicos) le había reservado: tener hijos, criarlos, cuidar al marido y a toda la familia, ocuparse de la casa. De esta manera se fue constituyendo una especie de ‘contrato social’, donde cada quién ocupaba el espacio que le era destinado, con el agravante de que aquel que correspondía a las mujeres estaba sub valorado”.

Una lectura desprevenida de la expresión utilizada en la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil podría conducir erróneamente a pensar que con lo allí determinado se estaba favoreciendo a las mujeres. No es cierto, sin embargo, que el vocablo “hombre” tal como es utilizado allí signifique un reconocimiento abierto y sincero de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. No puede serlo cuando, como se vio, el mandato de igual consideración y respeto para las mujeres —vigente a todas luces en la Constitución de 1991— estuvo lejos de orientar la filosofía en la que se inspiró el Código Civil. En esa medida las definiciones contenida en el artículo 33 guardan estrecha relación con la concepción del género femenino que inspiraba toda la codificación y con el papel subordinado y dependiente que se asignaba a la mujer a lo largo de su articulado.

12. (sic) La expresión “hombre”, tal como es utilizada en la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil, constituye un “vocablo equívoco” desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales pues en lugar de incluir a las mujeres, las excluye.

Si a partir del contexto en que surgió el artículo 33 del Código Civil es factible decir que el término “hombre” no logró despojarse del sentido masculino que tiene en la práctica, está situación se confirma cuando se examina la palabra “hombre” a la luz de otras definiciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (60) y, más concretamente, cuando se tienen en cuenta las definiciones de sexo débil y de sexo fuerte:

“‘Sexo débil: Las mujeres. Femenino, na: Débil, endeble. Afeminación: Molicie, flojedad de ánimo: Afeminar: Hacer perder a uno la energía varonil. Molicie: afición al regalo, afeminación. Blando: Afeminado y que no es fuerte para el trabajo’.

Sexo fuerte: los hombres. Varonil: Esforzado, valeroso, firme. Hombrada: Acción propia de un hombre generoso y esforzado. Fuerte: Animoso, varonil’”.

No sería extraño que esta concepción dicotómica cause sorpresa a más de una persona hoy. En la actualidad, ni en ninguna época de la historia la mujer podría equipararse a esa encarnación de lo débil, endeble, blando, carente de energía, flojo para el trabajo que pretende eternizar el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Cierto es, como se indicó en apartes anteriores de esta decisión, que las mujeres se vieron excluidas durante un largo lapso de aparecer de manera activa, visible, consciente, autónoma y libre en la vida familiar, social, económica, política, cultural y jurídica y esta situación retrasó de modo considerable sus posibilidades de actuar en todos los ámbitos mencionados. Eso no significa, sin embargo, que alguna vez la definición contenida en el diccionario haya reflejado un estado de cosas real.

Sirva lo anterior para ilustrar los rasgos arbitrarios que subyacen a la construcción de definiciones por medio del lenguaje y para resaltar, de paso, el contenido no neutral e incluso con frecuencia irracional de las definiciones. Como puede extraerse de las distinciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, con ellas pretende perpetuarse una perspectiva según la cual, lo fuerte, enérgico, activo, arrojado, trabajador, es característico de la masculinidad. No hace falta realizar estudios muy profundos para darse cuenta que la definición contenida en el diccionario solo refleja la imagen que proyectaron los hombres hacedores de las mismas cuando se dieron a la tarea de marcar diferencias. No obstante, salta a la vista la artificialidad de las dicotomías, su carácter arbitrario, desatinado y excluyente cuando en la realidad estas cualidades o defectos parecen más bien diluirse en la práctica y mantenerse esquivos a cualquier encasillamiento o categorización simple.

Si se tiene en cuenta el contexto ideológico y valorativo en el cual se emitió la definición analizada y contenida en el artículo 33 del Código Civil y se repara, de igual modo, en la filosofía que inspiró la codificación, puede decirse que lo allí consignado no tenía otro fin que perpetuar el dominio masculino sobre la mujer pues, como se mencionó, todas las disposiciones referentes a la mujer en el Código Civil estaban dirigidas a reafirmar la inferioridad de la mujer respecto del varón, a recalcar la incapacidad de la mujer para manejar su propia vida y administrar sus bienes o para orientar la educación de sus hijos. Si bien hoy en día el Código Civil ha de ser interpretado de conformidad con los principios, valores y derechos consagrados en el ordenamiento constitucional, en todo caso, es inocultable el sentido originalmente sexista y discriminador de la codificación.

Luego de lo expuesto con antelación, es factible constatar cómo con el empleo de expresiones genéricas usualmente orientadas a denotar un solo sexo —como lo es el vocablo “hombre” en su uso social— pero aplicadas en un sentido general, supuestamente abarcador de los dos sexos en definiciones jurídicamente relevantes, se cae en lo que la doctrina ha denominado “vocablos genéricos con trampa”, esto es, expresiones que “parecen incluir a los dos sexos pero con frecuencia son excluyentes respecto de las mujeres” (61) .

Justamente por cuanto durante mucho tiempo el derecho y los contenidos del mismo fueron definidos desde fuentes exclusivamente patriarcales, se presenta el fenómeno del sexismo, es decir, “la ideología de la supremacía masculina, de la superioridad del varón y las creencias que la respaldan y las mantienen” (62) . De ahí que —como bien lo planteó el demandante y lo solicitaron varios de los intervinientes— sea imprescindible examinar la validez de la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil a la luz de los preceptos constitucionales así como de las disposiciones previstas en los convenios y pactos internacionales.

12. Examen de constitucionalidad de la definición contenida en el párrafo primero y en el párrafo segundo del artículo 33 del Código Civil examinada a la luz de los artículos 1º, 13, 40 y 43 del Código Civil y de lo establecido en los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia.

Lejos de ser el resultado de un juicio imparcial, ajeno a cualquier consideración de orden fáctico, político, ideológico o sociológico, la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil está impregnada de cada una de estas facetas y en conjunto arroja un resultado claramente discordante con lo que las y los constituyentes de 1991 consideraron debía ser la situación de la mujer en Colombia. La definición contenida en el artículo 33 del Código Civil es una definición hecha por contraste. No solo emplea vocablos cuyo uso social únicamente hacen referencia al varón y ordena entenderlos en un sentido general supuestamente abarcador de hombres y mujeres por igual, sino que cuando en el párrafo segundo indica que a contrario sensu “las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él”, esta distinción tiene un impacto simbólico e instrumental negativo si se piensa en el poder del lenguaje jurídico para generar una cultura jurídica incluyente y no discriminatoria.

¿Por qué el vocablo hombre puede convertirse en referente de la humanidad en su conjunto y el término mujer no? En realidad, no existe una razón de orden racional u objetiva capaz de responder a este interrogante. Sencillamente —y se mostró más arriba— el artículo acusado formaba parte de una codificación que fue inspirada en un concepto determinado de mujer y fue consecuente con el mismo. Que eso haya sido así obedeció a motivos fácticos, esto es, a la situación de la mujer en las sociedades del momento; a razones ideológicas, es decir, a que quienes realizaron los trabajos que sirvieron de base al Code Civil —fundamento a su vez de toda la codificación occidental entre la que se cuenta el Código Civil colombiano— fueron varones impregnados por cosmovisiones de acuerdo con las cuales las mujeres eran consideradas como débiles, incapaces y sometidas a la eterna custodia de los hombres. Los varones eran propietarios de las mujeres: “madre y esposa, niños, cocina e iglesia, eran el ideal de vida femenina al comenzar el siglo” (63) .

No pretende la Corte sugerir que el vocablo “mujer” el cual en su uso social solo hace alusión a las mujeres —tal como sucede con la expresión “hombre” que se refiere en su uso social solo a los hombres— sea utilizado como universal o genérico, abarcador por igual de mujeres y hombres. La intención de la Corte es enfatizar el impacto no solo simbólico sino instrumental del lenguaje jurídico y su desconocimiento de la protección conferida a los derechos constitucionales fundamentales de las mujeres por el ordenamiento jurídico constitucional en su conjunto y, particularmente, por lo dispuesto en los artículos 1º (dignidad humana, pluralismo); 13 (igualdad); 40 (participación activa de las mujeres en el ejercicio y control del poder político y en actividades relacionadas con la administración pública) y 43 (derecho de las mujeres a no ser discriminadas de manera injustificada).

Cierto es que el lenguaje jurídico y la cultura jurídica son un reflejo de las valoraciones vigentes en el contexto social dentro del cual se desenvuelven. No lo es menos, sin embargo, que tanto el lenguaje jurídico como la cultura jurídica tienen un enorme potencial transformador. La manera como se utiliza el lenguaje jurídico, el modo en que se fijan los contenidos de las definiciones por medio del mismo, la conciencia que se tiene respecto de que “también se crean mundos por medio del lenguaje jurídico” no puede ser indiferente a los avances que se han producido, particularmente, luego de la Constitución de 1991. Ajustar el contenido de las definiciones jurídicas a lo dispuesto por la ley fundamental parece ineludible si se quiere superar la hegemonía de la razón patriarcal y si se desea ampliar los horizontes para dar lugar a una cultura jurídica verdaderamente incluyente. No se trata, pues, de cambiar el lenguaje corriente sino de ajustar el lenguaje jurídico a lo previsto por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Tanto la Constitución de 1991 y los convenios internacionales sobre los derechos de las mujeres se encaminan a procurar que la mujer salga de esa condición de sometimiento, pasividad e invisibilidad en la cual por obra de sociedades marcadamente patriarcales estuvo sumida. De ahí la insistencia en demandar que el Estado promueva las condiciones para que la igualdad no quede convertida en letra muerta y se torne real y efectiva. Lejos de ser una norma caracterizada por su neutralidad, la Constitución de 1991 previó unos contenidos valorativos mínimos que han de ser respetados por todas las autoridades públicas y todos los ciudadanos y ciudadanas sin excepción.

Los contenidos de las definiciones legales inciden en la manera como se perpetúan medidas, actuaciones y en general políticas discriminatorias frente a las mujeres, de modo que aquellas definiciones tendientes a reproducir contenidos sexistas significan una vulneración de la prohibición prevista en aquellos preceptos constitucionales dirigidos a reconocer la dignidad de las mujeres como personas autónomas y libres merecedoras de la misma consideración y respeto que merecen los varones y constituyen, de la misma forma, una violación de los pactos y convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia.

De acuerdo con lo anterior, toda y cualquier distinción —incluso diferenciaciones lingüísticas basadas en el sexo— que desconozcan o amenacen desconocer el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres debe ser rechazada por lo menos en el ámbito jurídico. Los Estados están obligados a adoptar las medidas apropiadas y conducentes a fin de eliminar esas medidas en sus distintas manifestaciones. Uno de los objetivos principales de los distintos textos contenidos en documentos internacionales consiste, insistimos, en romper con el sistema de jerarquías excluyente y con la subordinación y discriminación. Su propósito principal es, por consiguiente, lograr comprometer a los Estados en el diseño de políticas y estrategias serias orientadas a garantizar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Así las cosas, la definición contenida en el artículo 33 no supera el examen de constitucionalidad. Utilizar expresiones como las empleadas por el artículo 33 del Código Civil, contribuye a mantener la situación histórica de discriminación contra las mujeres. Pretender que se utilice como universal el vocablo “hombre”, solo trae como consecuencia la exclusión de las mujeres pues, como bien lo recordó la intervención de la Universidad de los Andes, el término hombre, que en su uso social solo se refiere a los varones, utilizado en tanto genérico implica que las mujeres “deben estar constantemente calculando si la expresión las incluye o no”. Dada la influencia que tiene tanto el lenguaje jurídico, como la manera de llenar de contenido las definiciones jurídicas por medio del mismo en las trasformaciones que puedan presentarse en la cultura jurídica, solo una definición cuyo contenido permita visualizar lo femenino, hacer visibles a las mujeres o al menos no ocultarlas tras la fachada de un término que en su uso social solo alude a los varones —armoniza con los preceptos constitucionales y con lo dispuesto en los pactos y convenios internacionales aprobados por Colombia—.

En relación con lo anterior vale la pena mencionar que la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución AG/RES. 1591 (XXVIII-O/98) encomendó al Consejo Permanente lo siguiente:

“Estudiar y proponer, de ser el caso, la modificación del título de la ‘Declaración americana de los derechos y deberes del hombre’ por el de ‘Declaración americana de los derechos y deberes de la persona’, u otra expresión que se considere pertinente, así como reemplazar en su texto, cuando corresponda, la palabra ‘hombre’ por ‘persona’ o la expresión que se acuerde”.

Esta recomendación obedece a una tendencia general por reconocer que el lenguaje en tanto instrumento de comunicación y símbolo o reflejo de aquello que las sociedades consideran valioso o no en un momento dado de su historia cumple una tarea clave. En este sentido se ha llamado la atención acerca de que:

“Uno de los aspectos más relevantes que se plantea hoy en la relación entre derecho y lenguaje es el de la reconstrucción del lenguaje jurídico con una perspectiva de género. La lucha por la igualdad de la mujer es también la lucha por la eliminación de términos sexistas en el lenguaje y por la reformulación del lenguaje en un sentido igualitario. Se trata de una tarea complicada por cuanto que el lenguaje que compartimos ha sido construido históricamente sobre claves masculinas y su reformulación sobre claves igualitarias ofrece gran dificultad” (64) .

Ahora bien, podría pensarse que en virtud del principio de conservación del derecho, lo mejor sería proferir una sentencia interpretativa que adecué al contenido axiológico de la Carta de 1991 las expresiones contenidas en el artículo 33 del Código Civil, sin embargo, encuentra esta corporación que en esta oportunidad tal opción resulta impracticable, precisamente porque el uso generalizador de la palabra hombre y en general de los vocablos que identifican a los individuos del género masculino para referirse al todos los individuos de la especie humana es lo que se encuentra inconstitucional por su contenido discriminador y excluyente. Por consiguiente declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas bajo el entendido que cobijan también al género femenino sería simplemente reproducir el contenido de la disposición demandada.

Por lo tanto, con fundamento en las consideraciones realizadas a lo largo de la presente sentencia, la Corte procederá a declarar inexequible la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil salvo el siguiente aparte: “la palabra persona en su sentido general se aplicará a individuos de la especie humana sin distinción de sexo”, el cual, se declarará exequible.

Ahora bien, es preciso enfatizar que el objeto de este pronunciamiento es el lenguaje jurídico y no el lenguaje corriente. Por lo tanto esta decisión no trasciende a todos los usos del lenguaje común que tengan connotación de género, sino que se limita específicamente a un término empleado por el Código Civil que resulta contrario a los valores, principios y derechos constitucionales porque torna invisible al género femenino. Si bien sería conveniente que tanto el lenguaje corriente como el lenguaje jurídico se adaptaran a la nueva cosmovisión pluralista introducida por la Carta de 1991, tal propósito escapa sin dudas a los alcances del control de constitucionalidad.

Adicionalmente esta corporación estima pertinente realizar algunas precisiones en relación con el alcance de la decisión adoptada. En primer lugar se recalca que la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil, cuya inexequibilidad declarará la Corte en la presente sentencia, no es de orden técnico sino de carácter general y no es indispensable para la comprensión del contenido del Código Civil ni de otras disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, en esa medida la declaratoria de inexequibilidad no suscita problemas de interpretación insalvables, ni dificulta la comprensión de otras disposiciones del ordenamiento civil.

En segundo lugar, es preciso señalar que si bien la definición prevista en el artículo 33 del Código Civil desconoce preceptos constitucionales y por esa razón será declarada inexequible, eso no significa que todas las expresiones contenidas en la legislación vigente que tengan una connotación de género devengan inconstitucionales. En efecto, muchas de ellas no tienen un sentido discriminador y excluyente y en esa medida se ajustan a la Constitución. Por otra parte, incluso aquellas que tienen una connotación discriminadora y que en esa medida pueden suscitar serios reparos sobre su constitucionalidad, solo en caso extremos deberán ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Cobra aquí pleno sentido el principio de conservación del derecho, y en consecuencia tales expresiones deben ser interpretadas de conformidad con el orden axiológico constitucional, y por lo tanto, solo en casos excepcionales, cuando ello no sea posible, como acontece precisamente con la definición objeto de examen en la presente decisión, habrá lugar a una declaratoria de inexequibilidad.

Es preciso, por tanto, subrayar la necesidad de que las operadoras y los operadores jurídicos interpreten siempre ese tipo de expresiones de forma que armonice con los principios, valores y derechos consignados en la Constitución Nacional y con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esta obligación se extiende, pues, a la interpretación de los distintos niveles normativos, de inferior a superior jerarquía, reglamentos, ley, Constitución y tratados internacionales.

De esta manera se puede armonizar el lenguaje jurídico empleado por textos normativos preconstitucionales, o incluso de aquellos promulgados con posterioridad a la entrada en vigor de la Carta de 1991, con el contenido axiológico contenido en esta. No obstante, esto no exime a todos los órganos con competencia para producir derecho del deber de utilizar siempre un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los colombianos y de las colombianas.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo 33 del Código Civil salvo el siguiente aparte que se declara EXEQUIBLE: “la palabra persona en su sentido general se aplicará a individuos de la especie humana sin distinción de sexo”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(16) Sentencia C-320 de 1997.

(17) Ver sentencias C-357 de 1999 y C-409 de 1994.

(18) Sentencia C-349 de 2004.

(19) Ver las sentencias C-538 y C-925 de 2005.

(20) Sentencia C-320 de 1997.

(21) Así, por ejemplo, En su obra titulada Sur l’ admission des femmes au droit de Cité dijo Condorcet:

“O bien ningún miembro de la especie humana tiene verdaderos derechos, o bien todos ellos poseen los mismos; aquel que vota contra los derechos de otro, sea cual fuere el color, la religión o el sexo de este, abjura con ello de los suyos propios”.

Condorcet se opuso de modo vehemente a que las mujeres fueran despojadas de todos sus derechos y fueran sometidas de manera arbitraria a lo que con ellas se resolviera hacer: bien sea relegarlas a un estado de comodidad parasitaria que las inhibe para actuar y las reduce a la más completa invisibilidad; o ponerlas en situación de privilegio aislado y convencerlas de “que la situación a la que se ha visto enfrentada la mujer no ha impedido el surgimiento de grandes personalidades femeninas” (Simone de Beauvoir. El segundo sexo. Los hechos y los mitos, vol. I, Ediciones Cátedra, Universidad de valencia, Madrid, 2002, pág. 216); o bien condenarlas a una suerte de esclavitud perpetúa, invisible y silenciosa, haciéndolas víctimas de constantes maltratos físicos, psíquicos y emocionales.

(22) Ver sentencias T-026 de 1996, C-622 de 1997, C-534 de 2005.

(23) Ver sentencias T-028 de 2003, T-771 de 2000, T-900 de 2004, T-161 de 2002 y T-653 de 1999. También sentencias T-1084 de 2002, T-1062 de 2004, T-375 de 2000, C-722 de 2004, C-507 de 2004, T-606 de 1995, T-656 de 1998, T-943 de 1999, T-624 de 1995, C-112 de 2000, C-371 de 2000, C-1039 de 2003.

(24) Al respecto consultar María Emma Wills Obregón Investigadora del IEPRI, Universidad Nacional de Colombia “Las luchas por la plena ciudadanía de las mujeres en Colombia: contrastes y aprendizajes de tres oleadas feministas en el siglo XX. En: Responsabilidad Democrática de las Mujeres. Un mundo en construcción. http/ www.fescol.org.co

(25) Cfr. Sentencia T-881 de 2002.

(26) Ibídem, pág. 158.

(27) El derecho a estar las mujeres libres de cualquier forma de discriminación ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-355 de 2006 realizó la corporación un repaso completo de las distintas decisiones en donde se ha fijado el alcance y sentido del derecho de las mujeres a no ser discriminadas: El derecho a ser madre, o, en otros términos, la consideración de la maternidad como una “opción de vida” que corresponde al fuero interno de cada mujer. En consecuencia, no es constitucionalmente permitido que el Estado, la familia, el patrono o instituciones de educación, establezcan normas que desestimulen o coarten la libre decisión de una mujer de ser madre, así como tampoco lo es cualquier norma, general o particular, que impida el cabal ejercicio de la maternidad. En ese orden de ideas, el trato discriminatorio o desfavorable a la mujer, por encontrarse en alguna especial circunstancia al momento de tomar la decisión de ser madre (ya sea a temprana edad, dentro del matrimonio o fuera del mismo, en una relación de pareja o sin ella, o mientras se desarrolla un contrato de trabajo etc.) resulta, a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad, abiertamente inconstitucional. El derecho a la identidad personal, del que se desprenden entre otros: (i) el derecho a un nombre como expresión de la individualidad. La Corte entiende “jurídicamente” este derecho como “la facultad del individuo de proclamar su singularidad”; (ii) El derecho a la libre opción sexual. La Corte ha afirmado en diversas sentencias que “la preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual hace parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (...)”; (iii) el derecho a decidir sobre la apariencia personal, la Corte ha determinado que patrones estéticos no pueden ser impuestos por las instituciones educativas, ni tampoco por el Estado ni por otros particulares. A manera de ejemplo, las decisiones sobre el atuendo o vestido, la longitud del cabello o el uso de cosméticos no pueden ser decididas por el establecimiento educativo. Tampoco las entidades estatales pueden establecer normas reglamentarias discriminatorias del acceso a cargos y funciones públicas con base en patrones estéticos, ni los establecimientos de reclusión imponer reglamentos de visitas que coarten las decisiones sobre la apariencia personal.

(28) Ver sentencias C-588 de 1992, T-484 de 1993, T-098 de 1994, C-410 de 1994, T-145 de 1995, T-202 de 1995, T-214 de 1995, T-326 de 1995, T-026 de 1996, C-309 de 1996, C-410 de 1996, C-622 de 1997, C-623 de 1998, C-082 de 1999, C-112 de 2000, C-371 de 2000, C-007 de 2001, T-1153 de 2001, T-500 de 2002, T-530 de 2002, T-610 de 2002, C-184 de 2003, C-964 de 2003, C-044 de 2004, C-507 de 2004, C-722 de 2004, C-101 de 2005.

(29) En la Sentencia C-355 de 2006 realizó la corporación un repaso completo de las distintas decisiones en donde se ha fijado el alcance y sentido de los derechos de las mujeres:“El derecho a ser madre, o, en otros términos, la consideración de la maternidad como una “opción de vida” que corresponde al fuero interno de cada mujer. En consecuencia, no es constitucionalmente permitido que el Estado, la familia, el patrono o instituciones de educación, establezcan normas que desestimulen o coarten la libre decisión de una mujer de ser madre, así como tampoco lo es cualquier norma, general o particular, que impida el cabal ejercicio de la maternidad. En ese orden de ideas, el trato discriminatorio o desfavorable a la mujer, por encontrarse en alguna especial circunstancia al momento de tomar la decisión de ser madre (ya sea a temprana edad, dentro del matrimonio o fuera del mismo, en una relación de pareja o sin ella, o mientras se desarrolla un contrato de trabajo etc.) resulta, a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad, abiertamente inconstitucional. El derecho a la identidad personal, del que se desprenden entre otros: (i) el derecho a un nombre como expresión de la individualidad. La Corte entiende “jurídicamente” este derecho como “la facultad del individuo de proclamar su singularidad”; (ii) El derecho a la libre opción sexual. La Corte ha afirmado en diversas sentencias que “la preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual hace parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (...)”; (iii) el derecho a decidir sobre la apariencia personal, la Corte ha determinado que patrones estéticos no pueden ser impuestos por las instituciones educativas, ni tampoco por el Estado ni por otros particulares. A manera de ejemplo, las decisiones sobre el atuendo o vestido, la longitud del cabello o el uso de cosméticos no pueden ser decididas por el establecimiento educativo. Tampoco las entidades estatales pueden establecer normas reglamentarias discriminatorias del acceso a cargos y funciones públicas con base en patrones estéticos, ni los establecimientos de reclusión imponer reglamentos de visitas que coarten las decisiones sobre la apariencia personal. / Además, en virtud de la autonomía de toda persona para tomar decisiones relativas a su salud, puede decidir seguir un tratamiento médico o rehusarlo, y esto último aun cuando existan en esa persona perturbaciones mentales que no constituyan obnubilación total que le impidan manifestar su consentimiento, o a pesar de que la elección del paciente no conduzca, según criterios de otros, incluido el del médico, a su restablecimiento o a la recuperación de su salud”.

(30) El artículo primero del protocolo establece que “Todo Estado en el presente protocolo (‘Estado parte’) reconoce la competencia del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (‘el Comité’) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas e conformidad con el artículo 2º”. El artículo segundo del protocolo establece, a su turno, que “las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento”.

(31) Los textos de los instrumentos internacionales orientados a proteger los derechos de las mujeres se pueden consultar en: www.hchr.org.co

(32) En esa oportunidad varias trabajadoras de Ecopetrol instauraron acción de tutela pues consideraron que las exigencias que debían cumplir sus cónyuges para acceder en calidad de beneficiarios a los servicios a cargo de la entidad eran mayores que las que se requerían a las esposas de los trabajadores masculinos. Esto, según las peticionarias, configura una medida discriminatoria por razones de sexo sin justificación alguna. La Corte concedió la tutela y ordenó a la empresa, entre otras cosas, “que procediera a inscribir a los cónyuges de las accionantes como familiares de aquellas, para efectos del goce de los beneficios legales y reglamentarios correspondientes, previa comprobación únicamente de los requisitos señalados en las normas de dicha empresa para la inscripción de las esposas de los trabajadores de sexo masculino”.

(33) Si bien es cierto esta convención fue suscrita en San José de Costa Rica el día 22 de noviembre de 1969, se adoptó en Colombia por medio de la Ley 16 de 1972 y fue ratificada en el año de 1973. Entró en vigencia, no obstante, hasta el día 18 de julio de 1978.

(34) Derechos de la mujer. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Edición actualizada, Bogotá, diciembre de 2002, pág. 11. Para obtener información actualizada a la fecha consultar www.hchr.org.co

(35) Ibídem.

(36) Ibídem.

(37) Celia Amorós, ob. cit., pág. 55.

(38) El último informe presentado al Consejo económico y social de Naciones Unidas por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (62º período de sesiones E/CN.4/2006//009, 20 de enero de 2006 págs. 98 y 99) establece lo siguiente sobre la situación de las mujeres colombianas: “Durante 2005 se han mantenido los avances en el área de la educación y de la participación política de las mujeres en la rama ejecutiva del nivel nacional. La Alcaldía de Bogotá presentó un plan de igualdad de oportunidades para la ciudad. Sin embargo persisten la violencia (por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, según la encuesta nacional de demografía y salud 2005, 2 de cada 5 mujeres alguna vez casadas o unidas, reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte del esposo o compañero; también persisten las inequidades, principalmente en la áreas de ingresos y empleo (la tasa de desempleo de las mujeres es casi de 18% mientras que la de los hombres es de 10.5% (2019 Visión Colombia. Presidencia de la República, DNP, versión para discusión 2005). Las mujeres tienen ingresos por lo general 20% menores que los hombres (Informe Nacional sobre Metas del Milenio 2005));salud (por ejemplo, la tasa de mortalidad continúa muy alta: para 2003 la tasa promedio era 99 por 100.000 mil nacidos vivos, pero en el Chocó llegaba al 409 por 100.000 (Informe Nacional sobre Metas del Milenio)) y participación (por ejemplo la participación actual de las mujeres en las gobernaciones es del 6%, en las alcaldías del 7.5% y en el Congreso del 12% (UNIFEM. Situación de las mujeres en Colombia. Septiembre de 2005).Las metas y compromisos internacionales del país en materia de equidad de género no se ven reflejados adecuadamente en las políticas públicas, en particular en el documento 2019 presentado por el gobierno nacional para la discusión pública. La respuesta estatal a la violencia intrafamiliar no es satisfactoria. Esto se debe, entre otras razones, a la dispersión de autoridades competentes, a la falta de coordinación institucional y de servicios, y a disposiciones normativas que no contribuyen a la prevención y sanción de ese tipo de conductas”.

(39) Ver entre muchas otras, Corte Constitucional. Sentencias C-105 de 1994; C-222 de 1994; C-544 de 1994; C-397 de 1995; C-446 de 1995; C-591 de 1995; C- 174 de 1996; C-004 de 1998; C-742 de 1998; C-068 de 1999; C-082 de 1999; C-112 de 2000; C-289 de 2000; C-641 de 2000; C-800 de 2000; C-1111 de 2000; C-1440 de 2000; C-1492 de 2000; C-1495 de 2000; C-1264 de 2000; C-007 de 2001; C-1298 de 2001; C-174 de 2001; C-092 de 2002, C-379 de 2002; C-478 de 2003; C-1088 de 2004 y C-1235 de 2005.

(40) Cfr. Sentencia C-1235 de 2005.

(41) Sentencia C-037 de 1996.

(42) Sentencia C-320 de 1997. En esta ocasión al examinar la exequibilidad de una disposición de la denominada Ley Nacional del Deporte, la Corte indicó que la utilización de la expresión “transferencia” de los deportistas, representaba “en sentido literal, que los clubes son verdaderos dueños de esas personas, ya que solo se transfiere, se vende y se presta aquello de que se es propietario”. razones por las cuales advirtió que “el lenguaje de una norma legal no es axiológicamente neutro, ni deja de tener relevancia constitucional (...)”.

(43) Sentencia C-379 de 1998.

(44) Corte Constitucional. Sentencia C-105 de 1994.

(45) Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2003.

(46) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.

(47) Alda Facio Montejo. “El principio de igualdad ante la ley en el contexto de una política para la eliminación de la discriminación sexual. En: AA:VV Avances en la construcción jurídica de la igualdad para las mujeres colombianas. Defensoría del Pueblo, Bogotá, 1995, pág. 18.

(48) Simone de Beauvoir, ob. cit., pág. 49.

(49) Celia Amorós. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Anthropos, Barcelona, 1991, pág. 26.

(50) Ibídem pág. 17.

(51) Ibídem.

(52) Bimal K. Matilal. “Pluralismo, relativismo e interacción entre culturas”. En: Cultura y Modernidad. Perspectivas filosóficas de Oriente y Occidente. Autores Varios. Edición a cargo de Eliot Deutsch, Kairós, Barcelona de 2001, págs. 151-172, especialmente, págs. 164 y 165.

(53) Ibídem.

(54) Alda Facio, ob. cit., pág. 15.

(55) Naciones Unidas. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas Para la Prevención del Delito y la Atención del Delincuente (ILANUD). Programa Mujer, Justicia y Género. En: www.ilanud.or.cr/justiciagenero/SEXISMO .pdf, pág. 3.

(56) Ibídem.

(57) Ibídem.

(58) “El código napoleónico que fija (la suerte de la mujer) durante un siglo retrasó mucho su emancipación” dice Simone de Beauvoir, y rememora “Napoleón solo quiere ver en la mujer una madre, pero heredero de la revolución burguesa, no desea romper la estructura de la sociedad y dar a la madre un lugar más elevado que a la esposa; prohíbe la investigación de la paternidad; define con dureza la condición de la madre soltera y el hijo natural. No obstante la mujer casada tampoco encuentra recurso en su dignidad de madre; la paradoja final se perpetúa. Soltera y casada están privadas de la condición ciudadana, lo que veda funciones como la profesión de abogado y el ejercicio de la tutela. Sin embargo la mujer soltera cuenta con la plena capacidad civil, mientras que el matrimonio conserva el mundium. La mujer debe obediencia a su marido; este puede condenarla a reclusión en caso de adulterio y obtener el divorcio contra ella; si mata a la culpable sorprendida en flagrante delito, es excusable a los ojos de la ley; sin embargo, el marido solo es susceptible de multa si lleva a una concubina al domicilio conyugal, y solo en este caso la mujer puede obtener el divorcio contra él. El hombre fija el domicilio conyugal, tiene muchos más derechos sobre los hijos que la madre; salvo en caso de que la mujer dirija una empresa comercial, su autorización es necesaria para contraer obligaciones. El poder marital se ejerce con rigor sobre la persona de la esposa y sobre sus bienes”. Op. cit. págs. 186, 187.

(59) En la Sentencia C-082 de 1999 se abordó el análisis de constitucionalidad del numeral 7 del artículo 140 del Código Civil. El numeral 7º del artículo 140 del Código Civil establecía que el matrimonio era nulo y sin efectos “cuando se (había) celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio”. La Sala Plena le dio la razón al demandante y concluyó que la disposición acusada contenía, en efecto, una discriminación en razón del sexo, y si esta se constituía en un límite injustificado al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la intimidad. En vista de lo anterior, resolvió la Sala Plena de la Corte Constitucional expulsar del ordenamiento jurídico la disposición contenida en el numeral 7º del artículo 10 del Código Civil. En la Sentencia C-101 de 2005 le correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional realizar el juicio de constitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 1134 del Código Civil. La demanda planteó que este precepto desconocía el principio constitucional de igualdad así como la prohibición de establecer discriminaciones por razones de género por cuanto condicionaba el derecho de las mujeres a gozar del usufructo, de la habitación o de la pensión periódica a que permanecieran en estado de soltería o de viudedad. La Corte resolvió declarar inexequible el artículo demandado.

(60) El análisis aquí efectuado se inspira en el realizado por Helena Urrutia que es, a su turno, referido por Alda Facio Montejo en su escrito, “El principio de igualdad ante la ley en el contexto de una política para la eliminación de la discriminación sexual, op. cit. pág. 17.

(61) Ibídem.

(62) Ibídem.

(63) Margarita Riviere. El mundo según las mujeres. pág. 17.

(64) Francisco Balaguer Callejón. “La construcción del lenguaje jurídico en la Unión Europea”. En: ReDCE Nº 1. Enero-Julio de 2004, www.ugr.es/~redce/ReDCE1/LA%20construcción%20lenguaje%20jurídico.

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