Sentencia C-807 de noviembre 11 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-807 de 2009

Ref.: Expediente D-7735

Magistrada Ponente:

Dra. María Victoria Calle Correa

Demandante: Daniel Alejandro Castaño Parra

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 37, parcial, del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, mediante el cual se modificó el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas, resaltando las partes demandadas:

DECRETO 2282 DE 1989

(Octubre 7)

Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la comisión asesora por ella establecida,

DECRETA:

ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:

[...].

37. El artículo 85, quedará así:

Inadmisibilidad y rechazo de plano de la demanda. El juez declarará inadmisible la demanda:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

3. Cuando la acumulación de pretensiones en ella contenida, no reúna los requisitos exigidos por los tres numerales del primer inciso del artículo 82.

4. Cuando no se hubiere presentado en legal forma.

5. Cuando el poder conferido no sea suficiente.

6. En asuntos en que el derecho de postulación procesal este reservado por la ley a abogados, cuando el actor que no tenga esta calidad presente la demanda por sí mismo o por conducto apoderado general o representante que tampoco la tenga.

7. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.

En estos casos el juez señalará los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días. Si no lo hiciere rechazara la demanda.

El juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que el término esta vencido.

Si el rechazo se debe a falta de competencia, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente dentro de la misma jurisdicción; en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose.

La apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquél que negó su admisión, y se concederá en el efecto suspensivo’.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las acusadas.

2. Problemas jurídicos.

2.1. La demanda de inconstitucionalidad que se estudia en el presente proceso considera que el aparte del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil acusado, viola el derecho de acceso a la justicia (C.P., art. 229) —por cuanto le impone a las personas una importante restricción mediante una carga irrazonable y desproporcionada— y el derecho a la igualdad (C.P., art. 13) —por cuanto dicho trato supone una discriminación respecto de las personas a las cuales se les rechaza la demanda por falta de competencia—. Salvo una de las personas intervinientes, todos, incluyendo al Procurador General de la Nación, apoyaron la solicitud de la demanda, presentando, en algunos casos, soluciones alternativas con relación a la declaratoria de inconstitucionalidad de la parte acusada.

2.2. Así pues, la Sala considera que la demanda plantea dos problemas jurídicos. El primero, sobre el derecho de acceso a la justicia, es el siguiente: ¿limita el legislador, razonable y proporcionalmente, el derecho de acceso a la justicia de una persona, cuando establece que si una demanda se rechaza de plano por falta de jurisdicción, se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose, en lugar de remitir el proceso a la jurisdicción correspondiente? El segundo problema, sobre el principio de igualdad, es el siguiente: ¿discrimina el legislador a las personas que se les rechaza de plano una demanda por falta de jurisdicción, frente a las personas a las que se les rechaza de plano la demanda por falta de competencia, al ordenar en el segundo caso al juez que remita el proceso al funcionario judicial competente, y en el primero no se ordena lo análogo, sino devolver los anexos, sin necesidad de desglose?

2.3. Para la Sala la respuesta al primero de estos problemas es afirmativa, por cuanto la medida legal contemplada en la norma acusada parcialmente es irrazonable [busca un fin constitucionalmente imperioso mediante un medio que no está prohibido, pero que es adecuado tan solo parcialmente para alcanzar los fines propuestos y, en modo alguno, necesario] y desproporcionada [sacrifica en exceso el derecho de acceso a la justicia del demandante en pro de una defensa menor y parcial del derecho del eventual demandado].

Para analizar este problema la Sala expondrá la jurisprudencia constitucional aplicable al respecto (sección 3 de las consideraciones) para luego, a la luz de esta, analizar la norma acusada parcialmente por la demanda (sección 4). Ahora bien, en la medida en que la solución al primer problema jurídico permite concluir la inconstitucionalidad de la norma, la Sala no entrará a analizar el segundo de los problemas presentados por la demanda, referente a la eventual violación del principio de igualdad, por lo que pasará directamente a justificar la orden a impartir en el presente caso (sección 5).

3. Una carga procesal capaz de comprometer el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia de una persona es inconstitucional cuando es irrazonable y desproporcionada.

3.1. En varias oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que con ocasión del ejercicio del derecho de acceso a la justicia, una persona puede tener que asumir deberes procesales que acarreen el soportar cargas necesarias, útiles o pertinentes para el correcto desarrollo de un proceso judicial. No obstante, también ha dicho la jurisprudencia que el solo hecho de que tal carga sea pertinente o útil para el procedimiento no es razón suficiente para que se tenga por constitucional; para ello se requiere, además que la carga procesal sea razonable y proporcionada. Como se dijo en la Sentencia C-662 de 2004, ‘al juez constitucional le corresponde garantizar al máximo la libertad de configuración que tiene el legislador; libertad, que sin embargo, no puede ser absoluta ni arbitraria, sino que debe desarrollarse conforme a los límites que impone la misma Carta’.

3.2. En la sentencia citada, la Corte Constitucional estableció que para juzgar cargas procesales impuestas por el legislador, que conllevan restricciones al acceso a la justicia, se ha de “[...] evaluar, entre otras cosas, la razonabilidad y proporcionalidad de las mismas y en especial: (i) si la limitación o definición normativa persigue una finalidad que no se encuentra prohibida por el ordenamiento constitucional; (ii) si la definición normativa propuesta es potencialmente adecuada para cumplir el fin estimado, y (iii) si hay proporcionalidad en esa relación, esto es, que la restricción no sea manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada [C-624/98], con el fin de establecer los alcances de la norma demandada y sus implicaciones constitucionales [C-333/99]”.

3.3. De acuerdo con estos criterios, en la misma sentencia, la corporación decidió que la carga procesal acusada —a saber ‘errar en la definición de la jurisdicción o en los alcances del compromiso o cláusula compromisoria en el proceso, implica la no interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad durante el tiempo transcurrido, para el demandante’— era inconstitucional, por cuanto “[...] es desproporcionada para el demandante, principalmente porque muchos factores propios del trámite procesal, no dependen exclusivamente de él y todas sus consecuencias negativas sí le son plenamente aplicables”.

3.3.1. La Corte consideró que el objetivo buscado por el legislador mediante la primera carga procesal que se deriva de la norma estudiada en aquella oportunidad, a saber, la exigencia de presentar en término la demanda para que sea viable la interrupción o no de la prescripción y caducidad(18), es “[...] propender por la consolidación de la seguridad jurídica en favor de los asociados que permita establecer con claridad el límite máximo y mínimo temporal de exigencia de los derechos, a fin de no estar sometidos al albur o incertidumbre permanente frente a futuras exigencias procesales [...]”(19). Posteriormente, consideró que la segunda carga procesal que establece la norma estudiada es la siguiente: ‘errar en la definición de la jurisdicción o en los alcances del compromiso o cláusula compromisoria en el proceso, implica la no interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad durante el tiempo transcurrido, para el demandante’.

3.3.2. Ahora bien, para establecer el cabal alcance de la norma sobre las consecuencias de la excepción de falta de jurisdicción, la sentencia advirtió “[...] que conforme a la Constitución actual, pueden ser entendidas como jurisdicciones(20) en sentido lato: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional, la especial (la de indígenas y jueces de paz), la coactiva y la penal militar, sin ser esta una enumeración excluyente”. En tal sentido cabe reiterar lo expresamente dicho por la Corte en aquella oportunidad:

“[los] conflictos a los que hace alusión la excepción de falta de jurisdicción acusada, por consiguiente, no serían aquellos que se dan al interior de la jurisdicción ordinaria, en la medida en que estos serían considerados como conflictos de competencia(21) y especialidades, sino aquellos que primordialmente ocurren entre las diversas jurisdicciones enunciadas, v. gr. entre la ordinaria y la contencioso-administrativa; la ordinaria y la indígena o la ordinaria y los jueces de paz, entre otras. Nótese además que los árbitros configuran otro tipo de jurisdicción, de allí que también puedan registrarse entre ellos y la jurisdicción ordinaria o contenciosa, otros conflictos de esta naturaleza.

La excepción de falta de jurisdicción, le permite al demandado desvirtuar la selección del juez de conocimiento que el demandante realizó a la presentación de su causa, alegando factores aparentemente objetivos y claros derivados de las especificaciones constitucionales y legales correspondientes, para fundar su discrepancia. El propósito de esta excepción, es la de evitar que un juez a quien no corresponde en principio el conocimiento de una causa, decida un proceso que no es de su competencia, en virtud de un ejercicio equivocado de la acción por parte del demandante”.

3.3.3. La sentencia señaló que si bien parecería que las normas legales para determinar la jurisdicción “[...] son contundentes y que un descuido de jurisdicción es un error que debe sancionarse con la no interrupción de la prescripción en los términos descritos por el artículo 91 del estatuto procesal civil(22), también es claro que sobre el alcance de estas excepciones hay enfrentamientos en la doctrina y en la jurisprudencia, que no son en modo alguno atribuibles al demandante y que pueden llevar a la pérdida de sus derechos sustanciales en la práctica, por razones que no le pueden ser atribuibles”. La Corte indicó que el tema de las excepciones previas de falta de jurisdicción y cláusula compromisoria son un asunto complejo y debatido, “[...] por lo que no es necesariamente la negligencia o el error craso del demandante lo que conduce siempre al equívoco de concurrir a una jurisdicción incorrecta o de iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria aunque exista cláusula compromisoria entre las partes”(23).

3.3.4. Finalmente, la Corte Constitucional concluyó en la Sentencia C-662 de 2004 que la norma legal acusada no era razonable y proporcional en términos constitucionales. Teniendo en cuenta (1) que de acuerdo con la jurisprudencia ‘un derecho se coarta no solo cuando expresamente o de manera abierta se impide u obstruye su ejercicio, sino, de igual modo, cuando de alguna manera y a través de diferentes medios, se imponen condicionamientos o exigencias que anulan o dificultan en extremo la posibilidad de su ejercicio o la forma para hacerlo efectivo’ [C-346/97], (2) que el alcance de las excepciones acusadas no es claro jurisprudencial y doctrinalmente para las partes en el proceso —en ocasiones ni siquiera para el mismo juez—, y (3) que debido a la congestión judicial, la decisión puede darse una vez superado el plazo posible para acudir procesalmente a la jurisdicción competente; la Corte consideró que “la carga que se le impone al demandante de acertar plenamente en la definición de la jurisdicción y en el alcance de la cláusula compromisoria y lograr que se interrumpa la prescripción y no opere la caducidad, es una carga desproporcionada que hace recaer en el demandante todo el peso de las divergencias que sobre la materia se suscitan en el ordenamiento jurídico”(24).

3.3.5. Ahora bien, dado el tipo de norma acusada, la Corte resolvió proferir una ‘decisión integradora’ que sustituyera temporalmente el vacío jurídico producto de la inexequibilidad de la norma. En efecto, teniendo en cuenta, por una parte, que no se podía mantener la norma en el ordenamiento sin que ello implicara involucrar la imposición de una carga altamente gravosa a los derechos sustanciales del demandante y, por otra, que tampoco podía eliminarse sin más, pues la norma resultaba imprescindible para limitar la liberalidad del demandante en el ejercicio de sus derechos frente al demandado, en especial con relación a la posibilidad de una interrupción permanente de la prescripción y la caducidad debido a los errores del demandante. Por tanto, la corporación resolvió declarar inexequible el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a la excepción de falta de jurisdicción prevista en el numeral 1º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, indicando expresamente en su parte resolutiva que “[...] en este caso, en el mismo auto, el juez ordenará remitir el expediente al juez que considere competente, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema”(25).

3.4. Esta posición jurisprudencial, que como se dijo, ha sido construida a través de varias decisiones que fueron recogidas y sintetizadas en la Sentencia C-662 de 2004, ha sido acogida y reiterada en muchas ocasiones. A continuación se mencionan tres de ellas a manera de ejemplo(26).

3.4.1. En la Sentencia C-275 de 2006, por ejemplo, se decidió que “[...] en las hipótesis a que se ha hecho referencia en esta sentencia la imposibilidad de obtener el certificado del registrador de instrumentos públicos en los términos que se señalan en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil se convierten en un obstáculo insalvable, sin que se encuentre ninguna justificación para que el demandante que se encuentra en esas circunstancias se vea obligado a asumir las consecuencias”(27).

3.4.2. De forma semejante, en la Sentencia C-183 de 2007 se decidió que “[...] las limitaciones que impone el legislador con la perención a los derechos al acceso a la administración de justicia y a la eficacia de los derechos constitucionales, no son ajenos a la voluntad y decisión del propio demandante, por lo cual no pueden calificarse como excesivos, dado que es el demandante por su inacción quien se expone a las consecuencias procesales de su indiferencia, conforme al debido proceso administrativo. De allí que al no ser ajeno al resultado previsto, ni ser su situación un resultado insuperable, sino la consecuencia directa de su incumplimiento de las cargas procesales, la terminación anticipada del proceso y la no interrupción de la caducidad, no son para el demandante medidas desproporcionadas que lo ponen en indefensión”(28).

3.4.3. Finalmente, y en relación a la cuestión tratada, cabe señalar la Sentencia C-227 de 2009, un caso reciente en el que los criterios recogidos en la Sentencia C-662 de 2004 también fueron reiterados y aplicados. La Corte señaló en esta ocasión que tal como está concebida la norma acusada(29), esta “[...] permite entender que la misma sanción procesal —ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad— es aplicable al demandante que ha acudido de manera oportuna y diligente a la justicia, cumpliendo con las cargas procesales que le imponen las normas legales, y sin embargo, debido a factores que no le son imputables, como pueden ser las discusiones doctrinarias o jurisprudenciales sobre las normas de competencia, se ve enfrentado a la pérdida de su derecho sustancial así como de la oportunidad para accionar. Este sentido, permitido por la configuración del segmento normativo acusado, resulta inconstitucional por imponer al demandante, que se encuentra en tal circunstancia, unas cargas desproporcionadas”(30).

3.5. A continuación, pasa entonces la Sala a analizar el caso de la referencia a la luz de los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional citada.

4. La medida legal que se impone frente al rechazo de plano por falta de jurisdicción —‘devolver los anexos, sin necesidad de desglose’ y, por tanto, la no interrupción de la prescripción y que no opere la caducidad—, constituye una carga procesal capaz de comprometer el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia de una persona.

4.1. El antepenúltimo inciso del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez ‘rechazará de plano la demanda’ en dos grupos de causales, la primera cuando el juez (i) ‘carezca de jurisdicción o de competencia’, o (ii) cuando ‘exista término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que el término está vencido’. Así pues, en el primer caso, se rechaza de plano la demanda porque el juez carece de la facultad para pronunciarse de fondo en el caso que se le somete a su consideración, bien por falta de competencia, bien por falta de jurisdicción. En el segundo caso, en cambio, la razón para el rechazo es que ya pasó el tiempo en que un juez con la facultad para pronunciarse de fondo podía hacerlo. Es claro entonces, que si bien la ‘falta de competencia’ y la ‘falta de jurisdicción’ son dos situaciones distintas, son comparables en tanto causales de rechazo de plano de una demanda.

4.2. Ahora bien, el siguiente inciso del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, el penúltimo, es el que establece las consecuencias jurídicas objetadas por el accionante. En él se indica que ‘si el rechazo se debe a falta de competencia, el juez enviará [la demanda] con sus anexos al que considere competente dentro de la misma jurisdicción’ y, a la vez, que ‘en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose’. Mientras que en el antepenúltimo inciso las faltas de competencia y jurisdicción son reguladas conjuntamente, en el penúltimo inciso se regulan separadamente. En este caso el rechazo por falta de jurisdicción es regulado junto con todas las demás causales. Es precisamente por ello que la demanda solicita que se declare la inconstitucionalidad del aparte de la disposición legal acusada, advirtiendo que la acción “[...] se circunscribe únicamente al caso o evento de rechazo de plano de la demanda por falta de jurisdicción previsto por el inciso segundo del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil y no respecto de los demás eventos”(31).

4.3. Aún teniendo en cuenta que la medida establecida por la norma acusada no es una ‘sanción’ en el sentido penal del término, sino en el sentido civil del mismo, y que por tanto, no debe entenderse como un ‘castigo’ sino como una ‘consecuencia’(32), es preciso concluir que sí implica una carga considerable sobre el demandante, hasta el punto de afectar sus derechos. Para la Sala el grado de afectación que tal medida implica en el caso de ‘falta de jurisdicción’ es alta, por cuanto conlleva el eventual riesgo de que los fenómenos de prescripción o de caducidad se verifiquen, generándose así un grave obstáculo al goce efectivo del derecho de acceder a la justicia. Aunque es cierto que no se trata de una consecuencia que necesariamente siempre tenga que pasar, sí puede ocurrir, y, dada su gravedad, constituye un alto grado de afectación del derecho de acceso a la justicia.

Adicionalmente, la Sala verifica que el origen de la norma acusada parcialmente tiene dos aspectos que demandan del juez constitucional un mayor celo en la evaluación de su razonabilidad. En primer lugar, se trata de una norma expedida en 1989, esto es, antes de la Constitución de 1991. En tal sentido, es claro que su aprobación no pretendió desarrollar los principios consagrados en la Carta Política del 91. Por tanto, si bien se presume constitucional, su estudio ha de ser más exigente, por esta circunstancia. En segundo lugar, se trata de una norma que no se origina en el Congreso de la República, sino que surge en el seno del poder ejecutivo, rama del poder público que, en principio, no tiene por objeto ejercer la representación política en materia legislativa. La jurisprudencia constitucional ha señalado que las normas que ordinariamente deberían ser expedidas por el Congreso de la República, en especial aquellas que suponen la imposición de restricciones o limitaciones a derechos constitucionales, deben ser sometidas a juicios de constitucionalidad más estrictos cuando estas han sido proferidas por el poder ejecutivo, en uso de facultades constitucionales especiales(33).

Esto implica entonces, que el juicio de razonabilidad que se haga de esta carga procesal ha de ser estricto en consideración a tres aspectos, a saber, el grado de afectación de la medida sobre el derecho de acceso a la justicia, el origen de la norma acusada y el hecho de tratarse de una norma anterior a la expedición de la Constitución.

4.4. Análisis del fin de la medida. Aunque ninguna entidad del Estado participó dentro del proceso para defender la constitucionalidad de la norma acusada parcialmente, existen en el debate de la Sentencia C-662 de 2004 argumentos al respecto, así como en algunas de las intervenciones. En efecto, al participar dentro del proceso mencionado, el Ministerio del Interior y de Justicia indicó que en su opinión, “[...] si en los eventos previstos en la norma acusada se interrumpiera la prescripción y no operara la caducidad como propone el demandante, la posibilidad de demandar nuevamente en cualquier tiempo daría lugar a su juicio, a la vulneración de los derechos al debido proceso, pronta administración de justicia, y seguridad y certeza jurídica para las partes”. Es decir, sostuvo que la disposición acusada en aquella oportunidad, similar a la que ahora se estudia, tenía como propósito fundamental asegurar “el debido proceso, el adecuado acceso a la justicia, y la celeridad y eficacia judicial”.

Así pues, si se acepta en gracia de discusión que el fin que se busca con la medida legal que se impone frente al rechazo de plano por falta de jurisdicción —‘devolver los anexos, sin necesidad de desglose’ y, por tanto, la no interrupción de la prescripción y que no opere la caducidad— es asegurar ‘el debido proceso, el adecuado acceso a la justicia, y la celeridad y eficacia judicial’, puede concluirse que la medida si se orienta en la búsqueda de un fin legítimo constitucionalmente (no prohibido). De hecho, se trata de un fin imperioso en términos constitucionales, acorde con el sentido básico de un estado de derecho de instaurar un orden justo.

4.5. Análisis del medio. El medio elegido en este caso por el legislador extraordinario no está prohibido, prima facie. En efecto, establecer las consecuencias jurídicas de un acto procesal, como el haber presentado una demanda ante un juez que carece de jurisdicción para asumir su conocimiento, no es algo prohibido en el orden constitucional vigente, por el contrario, es el ejercicio de una facultad propia del legislador. Además, establecer que en tal caso la demanda sea remitida al funcionario judicial competente para lo de su competencia o establecer que dicha demanda sea devuelta al demandante no son acciones o consecuencias jurídicas que le esté prohibido considerar al legislador, prima facie, como medio para alcanzar fines constitucionales legítimos.

4.6. Análisis de la relación entre el medio y el fin. Teniendo de presente que el fin de la medida es asegurar ‘el debido proceso, el adecuado acceso a la justicia, y la celeridad y eficacia judicial’, no puede concluir la Sala que la medida sea un medio adecuado para alcanzar tal fin. Incluso si se considera que la medida es conducente para lograr, concretamente, los fines de asegurar celeridad y eficacia judicial, no así para conseguir los fines de asegurar el debido proceso y el adecuado acceso a la justicia. En efecto, tal como lo ha indicado la Corte en la jurisprudencia previamente citada, el derecho de acceso a la justicia puede verse obstaculizado por los fenómenos de la prescripción y de la caducidad, en tanto comprometen la posibilidad de que la cuestión que plantee el demandante sea efectivamente resuelta por algún juez de la República. Adicionalmente, pueden verse materialmente afectadas dimensiones de protección del derecho del debido proceso, tales como el derecho de defensa. Por supuesto, sobra decir que la medida analizada no es necesaria para lograr los fines a los que propende, en tanto existen otros medios procesales diferentes para alcanzarlos. No es necesario que se tenga que imponer a los demandantes la carga procesal que contempla la norma parcialmente demandada.

Por otro lado, como lo indicó la Corte en la Sentencia C-662 de 2004, el que los demandantes sepan que existe tan grave carga procesal, no asegura por sí solo que estos se comporten adecuada y diligentemente en términos procesales, asegurando que los procesos sean presentados adecuadamente en tiempo. En muchos casos, como se indicó en aquella sentencia y ahora se reitera, las dificultades que existen para establecer la jurisdicción ante la cual se ha de presentar una demanda se originan, en parte, en la falta de claridad de las reglas y criterios aplicables. De forma similar, la demora en la definición de la falta de jurisdicción puede provenir del demandante, pero también del despacho judicial que analice la cuestión. En tales casos, la medida tampoco es siquiera adecuada para alcanzar el fin propuesto.

4.7. Análisis de proporcionalidad en sentido estricto. Finalmente, aunque las razones anteriores bastan para controvertir efectivamente la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada, por cuanto demuestran que no es razonable, cabe señalar que, además, se trata de una medida desproporcionada, ya que sacrifica en alto grado un derecho constitucional, en pro de proteger en bajo grado otro derecho constitucional.

La medida balancea la protección constitucional de dos derechos. Por una parte el derecho del demandante a acceder a la justicia para que su reclamo sea atendido y, por otra, el derecho del eventual demandado a que exista un momento en que la situación jurídica se defina procesalmente, y no permanezca eternamente a la espera de si la contraparte va a reclamar la protección judicial de sus derechos o no. El derecho del demandante se ve altamente afectado, pues como se dijo, se crea el riesgo de que los fenómenos de prescripción y de caducidad impidan completamente su derecho de acceso a la justicia para presentar su demanda. El derecho del demandado, por otra parte, se ve beneficiado por la medida, pero no de forma definitiva. En efecto, si bien ayuda a que en aquellos casos en los que se rechaza la demanda de plano por falta de jurisdicción, existe una mayor posibilidad de que la situación jurídica se defina más rápido, no es una medida de la cual dependa vitalmente la garantía de esta seguridad jurídica para el demando. El que la consecuencia jurídica para los rechazos de una demanda por falta de jurisdicción fuera la misma que para los casos de falta de competencia, por ejemplo, no implicaría cercenar el derecho de los demandantes a que su situación jurídica finalmente se resolviera, en tal caso, simplemente se pospondría un tiempo este momento.

Para la Sala, por lo tanto, la medida es desproporcionada, por cuanto conlleva el riesgo de que el derecho de acceso a la justicia del demandante sea altamente afectado, al no poder plantear su demanda judicial, a la vez que solo protege parcialmente el derecho del demandado a que su situación jurídica sea resuelta prontamente. Consecuentemente, garantizar el derecho del demandante implica proteger en alto grado su derecho de acceso a la justicia, a la vez que la limitación que implica sobre el eventual demandado es transitoria pues, finalmente, la situación jurídica quedará en firme.

4.8. En resumen, la medida legal contemplada en la norma acusada parcialmente, es inconstitucional, por cuanto es irrazonable y desproporcionada. No es razonable, por cuanto busca un fin constitucionalmente imperioso mediante un medio que no está prohibido, pero que es adecuado tan solo parcialmente para alcanzar los fines propuestos y, en modo alguno, necesario. No es proporcional por cuanto sacrifica en exceso el derecho de acceso a la justicia del demandante en pro de una defensa menor y parcial del derecho del eventual demandado.

En razón a que la Corte considera que el primer cargo presentado por la demanda es procedente, y por tanto, está ya probada la inconstitucionalidad de la norma, no considera necesario la Sala entrar a analizar el segundo de los cargos referente a la eventual violación del principio de igualdad. A continuación, entonces, pasa la Corte a establecer cuál es la orden específica que ha de impartirse en el presente caso.

5. Declaración de exequibilidad condicionada del penúltimo inciso del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

5.1. La norma acusada parcialmente establece, por una parte, que ‘si el rechazo se debe a falta de competencia’, la consecuencia es que ‘el juez enviará [la demanda] con sus anexos al que considere competente dentro de la misma jurisdicción’ y, por otra que ‘en los demás casos, al rechazar la demanda’ la consecuencia ha de ser ‘ordenar devolver los anexos, sin necesidad de desglose’. En consecuencia, la regla que la Corte considera inconstitucional por las razones expuestas a saber: ordenar devolver los anexos, sin necesidad de desglose, cuando la causa del rechazo es la falta de competencia, se encuentra incluida dentro de una regla amplia que contempla está hipótesis y ‘los demás casos’, a excepción de la falta de competencia.

De tal suerte que corresponde a la Sala encontrar una fórmula que le permita excluir del orden constitucional vigente la regla legal que se demostró que es inconstitucional, sin excluir las demás hipótesis fácticas que regula la norma acusada parcialmente.

5.2. Al igual que se decidió en la Sentencia C-662 de 2004, corresponde a la Sala proferir una sentencia ‘integradora’, mediante la cual, fundándose en el orden legal y constitucional vigente, se construya una respuesta que contemple una solución para el caso concreto y asegure la protección de los derechos, principios y valores constitucionales en conflicto. En tal sentido, la Sala considera que dicha medida ha de consistir en establecer que los rechazos por falta de jurisdicción serán tratados análogamente a como se tramitan los rechazos por falta de competencia. Tal medida es una solución que permite armonizar los derechos en conflicto, tal como se hizo en la sentencia citada [C-662/2004].

5.3. Por consiguiente, la Sala decide que no declarará inexequible el aparte de la norma demandada, sino que condicionará la interpretación de la misma. En tal sentido se declararan exequibles las expresiones ‘en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose’, contempladas en el penúltimo inciso del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, por las razones estudiadas en la presente sentencia, bajo el entendido de que en los casos de rechazo de la demanda por falta de jurisdicción, esta se enviará al juez competente y con jurisdicción, de forma análoga a como se hace en los casos de rechazo de la demanda por falta de competencia.

VII. Decisión

En conclusión, la medida legal que se impone frente al rechazo de plano por falta de jurisdicción —‘devolver los anexos, sin necesidad de desglose’ y, por tanto, la no interrupción de la prescripción y que no opere la caducidad—, una carga procesal capaz de comprometer el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia de una persona, es inconstitucional por irrazonable y desproporcionada, por cuanto (i) no es adecuada ni necesaria, (ii) muchos factores propios del cumplimiento del trámite procesal no dependen exclusivamente de la persona a la que las consecuencias negativas sí le son plenamente aplicables y (iii) tal consecuencia desprotege en alto grado los derechos del demandante en pro de proteger levemente los derechos del demandado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose’ contempladas en el penúltimo inciso del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil (D. 2282/89, art. 1º, num. 37), por las razones estudiadas en la presente sentencia, bajo el entendido de que ‘en los casos de rechazo de la demanda por falta de jurisdicción, esta se enviará al juez competente y con jurisdicción, de forma análoga a como ocurre en los casos de rechazo por falta de competencia’.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(18) Con relación a la prescripción la sentencia señala: “La prescripción, como institución de manifiesta trascendencia en el ámbito jurídico, ha tenido habitualmente dos implicaciones: de un lado ha significado un modo de adquirir el dominio por el paso del tiempo (adquisitiva), y del otro, se ha constituido en un modo de extinguir la acción (entendida como acceso a la jurisdicción), cuando con el transcurso del tiempo no se ha ejercido oportunamente la actividad procesal que permita hacer exigible un derecho ante los jueces [C.C., arts. 2535 a 2545]. A este segundo tipo de prescripción es al que hace referencia, la norma acusada. || Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que: ‘El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; (...) Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular;’. [Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999. Exp. 6185. M.P. Jorge Santos Ballesteros] || [...] || El interés del legislador, al atribuirle estas consecuencias al paso del tiempo, es entonces el de asegurar que en un plazo máximo señalado perentoriamente por la ley, se ejerzan las actividades que permitan acudir a quien se encuentra en el tránsito jurídico, a la jurisdicción, a fin de no dejar el ejercicio de los derechos sometido a la indefinición, en detrimento de la seguridad procesal tanto para el demandante como el demandado. De prosperar entonces la prescripción extintiva por la inactivación de la jurisdicción por parte de quien tenía la carga procesal de mover el aparato jurisdiccional en los términos previstos, es evidente que aunque el derecho sustancial subsista como obligación natural acorde a nuestra doctrina, lo cierto es que este no podrá ser exigido legítimamente ante la jurisdicción, por lo que en la práctica ello puede implicar ciertamente la pérdida real del derecho sustancial”. Con relación a la caducidad lo siguiente: “En el mismo sentido, la figura procesal de la caducidad ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez en cualquier caso, oficiosamente. En ambos eventos, prescripción o caducidad, los plazos son absolutamente inmodificables por las partes, salvo interrupción legal, sea para ampliarlos o restringirlos. || La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en lo concerniente a esta figura procesal, ha reconocido que: ‘(...) el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede ser útilmente ejercitado; (...) la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la imposibilidad del hecho’ [Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999. Exp. 6185. M.P. Jorge Santos Ballesteros.] || [...] En la caducidad [...] el simple paso del tiempo sin la intervención de las partes, conlleva a la pérdida de la acción o del derecho”.

(19) Al respecto añadió la Corte: “[Los] derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, exigen que con diligencia, eficacia y prontitud, las personas que se someten al tránsito jurídico puedan obtener una respuesta definitiva a sus causas, que termine en lo posible con una decisión que haga tránsito a cosa juzgada. En el mismo sentido, quienes son sujetos pasivos de esas exigencias, es decir los demandados, deben saber con claridad hasta cuándo estarán subordinados a requerimientos procesales, de manera tal que sus derechos constitucionales también sean respetados. || Por estas razones, la prescripción y la caducidad fenómenos de origen legal cuyas características y efectos debe indicar el legislador, permiten determinar con claridad los límites temporales de estas exigencias procesales”. Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2004.

(20) Consejo Superior de la Judicatura. Auto enero 25 de 1993 (M.P. Álvaro Echeverry Uruburu).

(21) Artículo 28, Código de Procedimiento Civil.

(22) La sentencia sostuvo al respecto: “Para esta corporación las razones de la imposición normativa de las cargas enunciadas y de sus efectos, resultan hasta aquí, en principio, fundadas constitucionalmente. De hecho, responden a un fin válido acorde a la Carta, en la medida en que establecen criterios para configurar el debido proceso y el acceso a la justicia, aseguran la seguridad jurídica y la eficacia de la justicia al imponer tiempos específicos para el conocimiento de las causas y protegen al demandado ante actuaciones indebidas del demandante. A su vez, resultan ser cargas adecuadas para el fin propuesto, en la medida en que le dan atribuciones al demandado para su defensa y efectos negativos al demandante que resultan motivados, en razón de su error o negligencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2004.

(23) Dice la sentencia al respecto: “[...] ¿puede un demandante diligente reconocer en abstracto y objetivamente, la jurisdicción que le compete en cada caso concreto? En principio podríamos decir que sí por las razones que hemos visto. Sin embargo, ahondando un poco más en el tema de la dicotomía entre jurisdicciones, sí es claro que existen debates jurídicos serios en este sentido, que pueden hacer difícil para el demandante la determinación cierta y exacta de la jurisdicción ante la que debe comparecer. || Ejemplos de esta dicotomía y de las controversias no siempre pacíficas entre jurisdicciones, pueden ser entre otros, los siguientes: i) En el derecho laboral, es frecuente el debate que se genera entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa, debido a las dificultades que se dan en ocasiones, para establecer la naturaleza del vínculo laboral del empleado público, que se estima trabajador oficial, o viceversa. Esta falta de claridad puede finalizar con la pérdida del derecho de acción ante la jurisdicción competente, especialmente si la controversia tiene relación con actos administrativos. ii) En materia de procesos de ejecución, por ejemplo, antes de la Ley 80 de 1993, estos correspondían a la justicia civil, con excepción de los que tramitaban por jurisdicción coactiva; ahora la jurisprudencia ha señalado que el cobro ejecutivo de los créditos que tenga origen directo o indirecto en todos los negocios estatales, consten en títulos judiciales o extrajudiciales, son del resorte de esa jurisdicción [Consejo de Estado. Providencia de noviembre 29 de 1994. Exp. S-414. M.P Guillermo Chaín]. Algunos, por el contrario, limitan específicamente esta atribución a los cobros ejecutivos fundados en controversias contractuales, de lo que puede concluirse que perviven las diferencias doctrinales sobre el punto. iii) Finalmente, existen a su vez dicotomías en lo concerniente al alcance de la jurisdicción especial de la superintendencia de sociedades en procesos concursales y la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, existen diferentes consideraciones respecto a la competencia ordinaria para conocer de procesos específicos no incluidos en el proceso concursal respectivo, por lo que podemos concluir que en estos aspectos también hay posiciones encontradas respecto a la jurisdicción correspondiente”.

(24) Añade la Corte al respecto: “[...] Ello es más grave aún, si se tiene en cuenta que de prosperar la caducidad o la prescripción durante el trámite, el acceso a la justicia como mecanismo procesal conducente a una decisión final sobre los derechos del demandante, puede ser considerado prácticamente como un derecho inexistente y totalmente ineficaz para quien inició la acción, no solo porque finalmente no logró una decisión definitiva, —por una responsabilidad no estrictamente imputable a su inactividad—, sino porque además perdió los derechos sustanciales que le correspondía exigir, a pesar de haber ejercitado en tiempo su acción. Esta situación contradice abiertamente, en consecuencia, los postulados fundamentales de los artículos 29, 83 y 229 de la Constitución Política, en cuanto destruye las posibilidades de un debido proceso para el demandante y además obstaculiza su efectivo acceso a la administración de justicia”.

(25) Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).

(26) Además de las decisiones a las que se hace referencia en el texto de esta sentencia, la Corte también ha acogido esta posición jurisprudencial, entre otras, en las sentencias C-985 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-1232 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-046 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) C-1033 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SPV Rodrigo Escobar Gil), C-210 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-735 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SPV Jaime Araujo Rentería), C-523 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa).

(27) Corte Constitucional, Sentencia C-275 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(28) Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En esta sentencia, estándose a lo decidido en la Sentencia C-123 de 2003, se resolvió declarar exequible el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, por los cargos analizados.

(29) Código de Procedimiento Civil, artículo 11, numeral 3º, de acuerdo con el cual, no se considera interrumpida la prescripción y operará la caducidad, ‘cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda’.

(30) Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2009 (Luis Ernesto Vargas Silva). En este caso se resolvió declarar exequible, por los cargos analizados, el numeral 3º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ‘en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad solo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante’.

(31) Al respecto, ver el tercer capítulo de los antecedentes de la presente sentencia.

(32) De acuerdo con el inciso primero del artículo 6º del Código Civil, ‘la sanción legal no es solo la pena sino también la recompensa: es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones’.

(33) Con relación a los criterios de intensidad de los juicios de constitucionalidad, en especial, respecto de los criterios de ‘origen democrático de la norma’ y ‘vigencia de la Constitución de 1991 al momento de expedirse la ley’ ver, entre otras, las sentencias C-673 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Jaime Araújo Rentería), sentencia que ha sido reiterada, entre otras, por las sentencias C-584 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-065 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-475 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), y C-354 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).