Sentencia C-081 de agosto 22 de 18

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-11842

Demanda de inconstitucionalidad en contra del literal E), artículo 2° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

Demandantes: Jaime Riaño Espinosa y otros.

Magistrada Ponente:

Gloria Stella Ortiz Delgado

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

EXTRACTOS: «II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA

A continuación se transcriben el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal E) del artículo 2° de la Ley 797 de 2003:

“LEY 100 DE 1993 

(Diciembre 23) 

Diario Oficial Nº 41.148 de 23 de diciembre de 1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 

ART. 13.—Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: 

a. «Literal modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:» La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes; 

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley. 

c. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la presente ley. 

d. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley. 

e. «Literal modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:» Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;”. (El aparte subrayado es el demandado).

(...).

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia.

1. Conforme al artículo 241 numeral 4º Superior, la Corte es competente para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

Cuestión previa. Análisis sobre la operancia del fenómeno de la sustracción de materia.

2. La Sala Plena considera que, antes de realizar el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la norma acusada, debe verificar si en el presente asunto operó el fenómeno de la sustracción de materia. Con base en lo anterior, se analizará ésta figura procesal y el alcance normativo de la disposición demandada, para determinar si la misma agotó plenamente su contenido y generó la carencia actual de objeto en este caso.

La sustracción de materia en los juicios de constitucionalidad adelantados ante la Corte.

3. La Carta Política le atribuyó a este Tribunal la competencia para conocer las demandas de inconstitucionalidad presentadas con base en el artículo 241 Superior. Sin embargo, dicha función está condicionada a que el escrito ciudadano cumpla con los requisitos formales y adicionalmente, que las normas acusadas hagan parte del ordenamiento jurídico vigente o de lo contrario, produzcan actualmente efectos(54).

Conforme a lo anterior, en Sentencia C-931 de 2009(55) esta Corte expresó que no puede conocer de fondo las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones que perdieron vigencia, ya que, en esos casos, carece de competencia por “sustracción de materia”, denominada también “carencia actual de objeto(56). Dicho fenómeno puede configurarse, al menos por las siguientes situaciones(57):

i) Cuando la demanda se dirige contra disposiciones derogadas: debido a que la decisión que adopte esta corporación sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una proposición derogada se torna inocua para producir efectos, pues aquella ha perdido vigencia en el ordenamiento jurídico por disposición del legislador, lo que justifica una decisión inhibitoria(58).

La derogatoria de una ley genera la cesación de sus efectos jurídicos y puede producirse de manera explícita en el evento en que una norma posterior suprime formal y específicamente la anterior; implícita en el momento en que la nueva ley contenga disposiciones incompatibles o contrarias a la de la antigua; y por regulación integral o derogatoria orgánica cuando un nuevo cuerpo normativo reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la proposición(59).

ii) La censura recae sobre proposiciones que contienen mandatos específicos ya ejecutados: en el sentido de que la Corte ha considerado que carece de competencia para conocer acusaciones de inconstitucionalidad contra normas cuyo objeto ya se cumplió, y no producen efectos. En otras palabras, la decisión de inhibirse de conocer el fondo del asunto se fundamenta en el hecho de que la proposición censurada “ya agotó plenamente su contenido(60).

En efecto, la Sentencia C-145 de 1994(61) estudió la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 4º de la Ley 84 de 1993, que consagraba:

“ART. 4º—Inscripción de votantes. La inscripción de votantes es permanente. Sin embargo, se suspenderá dos (2) meses antes de las elecciones. 

Habrá un período general de zonificación municipal de dos (2) meses comprendidos entre el 13 de noviembre de 1993 y el 13 de enero de 1994. 

Durante los períodos de inscripción y/o zonificación, la Registraduría atenderá al público todos los días, incluidos domingos y festivos, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.”. 

La decisión fue proferida el 23 de marzo de 1994, y en aquella oportunidad este Tribunal expresó que: “(...) constata la Corte que el inciso segundo del artículo 4º es una ley medida que ya agotó plenamente su contenido puesto que el período de zonificación municipal ya transcurrió. Por tal motivo, esta corporación se inhibirá de conocer de tal inciso”. (Lo énfasis agregado).

En Sentencia C-350 de 1994(62), este tribunal manifestó que cuando se demandan normas que contienen mandatos específicos que ya fueron ejecutados, la Corte no puede proferir decisión de fondo. Dicho en otras palabras, en el evento en que el precepto objeto de censura consagra una orden de realizar, un acto o, desarrollar o, una actividad y su cumplimiento ha tenido lugar, carece de todo objeto la decisión de la Corte y en consecuencia debe declararse inhibida(63).

4. En suma, la figura de la sustracción de materia genera la pérdida de la competencia de la Corte para proferir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la norma acusada, bien porque aquella fue derogada de forma explícita, implícita o por regulación integral, o porque el sentido de la proposición agotó plenamente su contenido o los mandatos que consagraba fueron ejecutados. En tales casos, la decisión que se impone adoptar por este tribunal es la inhibición, por falta de competencia para realizar materialmente el juicio de confrontación entre el precepto acusado y la norma superior.

Análisis del alcance normativo de la proposición acusada.

5. Tal y como se advirtió previamente, la verificación de la ocurrencia de la figura de la sustracción de materia exige analizar el alcance de la norma objeto de censura. En efecto, la disposición jurídica demandada en esta oportunidad es el artículo 13 (parcial) de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal e) del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, específicamente lo referido a la limitación para realizar el traslado de régimen pensional cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a una pensión de vejez.

Según los ciudadanos, esta prohibición se impone como una barrera desproporcionada para quienes se encuentran en el régimen de ahorro individual y requieren acceder al programa de subsidios del fondo de solidaridad pensional regulado en el artículo 26 de la Ley 100 de 1993, y que actualmente es administrado por el consorcio Colombia Mayor y solo es aplicable en la práctica actual al régimen de prima media, situación que presuntamente configura un desconocimiento de los derechos a la igualdad y a la seguridad social.

Algunos intervinientes, no obstante haber solicitado la inhibición de la Corte, analizaron la disposición objeto de censura desde las interacciones con el régimen subsidiado de aportes en el Sistema General de Pensiones y solicitaron a la Corte declarar su exequibilidad(64).

Por tal razón, el análisis del alcance de la disposición reprochada debe realizarse, no de manera aislada, sino dentro del Régimen General de Seguridad Social en Pensión y específicamente, en el subsistema subsidiado de aportes.

El Sistema General de Seguridad Social Integral.

6. La Ley 100 de 1993 creó y reguló el sistema de seguridad social integral, entendido como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida digna, mediante la protección de las contingencias que la afecten(65).

Uno de los principios que lo orienta es la universalidad, expresada como la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida(66), mediante el reconocimiento de la seguridad social como derecho irrenunciable(67).

Sistema general de pensiones.

7. Dentro del sistema de seguridad social integral se encuentra la regulación pensional, la cual tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinen en la Ley 100 de 1993 y la obligación de ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población que no están cubiertos con un régimen de pensiones(68).

Este subsistema está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, que son: i) el régimen solidario de prima media con prestación definida; y ii) el régimen de ahorro individual con solidaridad(69).

El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, prescribe las características del sistema general de pensiones, especialmente, la contenida en el literal e) de esa disposición —cuya inconstitucionalidad fue demandada en el presente asunto— que establece la facultad que tienen los afiliados para escoger el régimen de pensiones. Sin embargo, aquella consagra una limitación temporal a dicha libertad, puesto que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. La disposición descrita es del siguiente tenor:

“Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;”. 

El fondo de solidaridad pensional.

8. El fondo de solidaridad pensional fue creado como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Sus recursos serán administrados por sociedades fiduciarias de naturaleza pública, especialmente por aquellas que pertenezcan al sector solidario(70).

El mencionado fondo tiene como finalidad subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, las personas en situación de discapacidad física, psíquica y sensorial, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción(71).

El subsidio se concede de manera parcial para reemplazar los aportes del empleador y del trabajador, o de este último en caso de que sea independiente, hasta por un salario mínimo como base de cotización(72).

Quienes sean beneficiarios de estos subsidios podrán escoger entre el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. En este último caso, los usuarios solo podrán afiliarse a fondos administrados por sociedades que pertenezcan al sector solidario y que tengan una rentabilidad real por lo menos igual al promedio de los demás fondos de pensiones, conforme a lo establecido en la ley(73).

Las fuentes de financiamiento del fondo están determinadas por los recursos percibidos por: i) la subcuenta de solidaridad; y ii) la subcuenta de subsistencia(74).

En suma, se trata de subvenciones de naturaleza temporal y parcial, por lo que el beneficiario debe realizar un esfuerzo para el pago del aporte que está a su cargo.

La reglamentación del acceso al subsidio de aportes al sistema general de pensiones.

9. La reglamentación del subsidio de aportes al sistema general de pensiones se encuentra inicialmente en el Decreto 1858 de 1995 y posteriormente en el Decreto 569 de 2004. Ambas normativas fueron derogadas por el artículo 39 del Decreto 3771 de 2007.

Esta última disposición, estableció en su artículo 13 los requisitos para ser beneficiario del subsidio de aportes para pensión, los cuales se sintetizan a continuación:

— Tener cotizaciones por quinientas (500) semanas como mínimo, previas al otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan.

— Ser mayores de 55 años si se encuentran afiliados al ISS.

— Ser mayores de 58 años si se encuentran afiliados a los fondos de pensiones, siempre y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima.

— Estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

10. Por su parte, el Decreto 4944 de 2009, modificó el artículo 13 del Decreto de 3771 de 2007, y estableció los siguientes requisitos para acceder a la mencionada subvención:

a. Ser mayor de 35 años y menor de 55 años si se encuentran afiliados al ISS o menores de 58 años si se encuentran afiliados a los fondos de pensiones siempre y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima y contar con doscientas cincuenta (250) semanas como mínimo, previas al otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan.

b. Ser mayores de 55 años si se encuentran afiliados al ISS o de 58 si se encuentran afiliados a los fondos de pensiones, siempre y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima y contar con quinientas (500) semanas como mínimo, previas al otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan.

c. Estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Operatividad del subsistema de subsidio de aportes para pensiones en materia de acceso.

11. Previamente se realizó un breve análisis de las normas que rigen tanto el sistema general de pensiones, como el subsistema del régimen de subvenciones a los aportes para pensión. Sin embargo, de las intervenciones y de la información pública sobre los requisitos de acceso al programa, la Sala advierte que la operatividad dinámica de la medida permite identificar la acusación expuesta por los ciudadanos, la cual se sustenta en un escenario de discriminación al impedir que un grupo poblacional al cual están dirigidas las subvenciones acceda a las mismas, tal y como pasa a verse a continuación.

12. El administrador fiduciario de los recursos del fondo de solidaridad es el Consorcio Colombia Mayor, según el contrato de encargo fiduciario número 216 de 2013(75). En su sitio web se presenta un plegable en el que se indican las generalidades del programa de subsidio al aporte en pensión, y específicamente se exponen los siguientes requisitos para ser beneficiario(76):

a. Estar afiliado a salud, ya sea como cotizante o beneficiario del régimen contributivo o afiliado al régimen subsidiado;

b. Que la última cotización se haya realizado con Colpensiones. En caso de haberse realizado con un fondo privado, debe ser viable el traslado hacia esa entidad. El usuario debe tramitar dicho traslado y este deberá ser aprobado.

Por su parte, Colpensiones en su intervención ante esta corporación, expresó que los ciudadanos que pretendan ser beneficiarios del subsidio de aportes para pensión, conforme a lo dispuesto “(...) en el artículo 1º del Decreto 4944 de 2009, modificatorio del artículo 13 del Decreto 3771 de 2007, en armonía con la Ley 797 de 2003(77) (lo énfasis agregado), debe acreditar, entre otros requisitos, lo siguiente:

Faltarles más de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, en caso de solicitud de traslado del RAIS(78) al RSPMPD(79)

13. Conforme a lo expuesto, surgen las siguientes cuestiones: ¿por qué el Consorcio Colombia Mayor exige como requisito para acceder al subsidio que la última cotización se haya realizado en Colpensiones y que en caso de haberse efectuado en un fondo privado, el traslado hacia esa entidad sea viable? Y además, ¿cuál es la razón para que Colpensiones en su intervención ante esta corporación manifestara de forma expresa que quien pretenda ser beneficiario del subsidio y pertenezca al régimen de ahorro individual solidario debe faltarle más de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, puesto que es necesario su traslado al régimen de prima media?

Para la Corte es claro que estos interrogantes no se derivan de la disposición jurídica acusada de inconstitucional, sino que surgen de la dinámica propia del régimen general en pensiones y del subsistema de subvenciones al aporte, de ahí la importancia de la respuesta que se presenta a renglón seguido.

14. El subsistema de subsidio de aporte para pensión de vejez está diseñado normativamente para que el grupo poblacional al cual está dirigido tenga acceso a la subvención y escoja libremente cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones(80). Sin embargo, la posibilidad de que el subsidio exista realmente en el régimen de ahorro individual con solidaridad está condicionado a que el usuario se afilie a un fondo administrado por una entidad que pertenezca al sector solidario y que tenga una rentabilidad igual al promedio de los demás fondos de pensiones.

La verificación operativa del programa de subvenciones mencionado muestra que existe una limitación en términos de acceso para quienes se encuentran en el régimen de ahorro individual, puesto que, según lo manifestado por el Ministerio del Trabajo en el presente proceso, en la actualidad no existe en el mercado un fondo de pensión que pueda administrar los recursos del subsidio; en efecto, quienes administran el régimen de ahorro individual son sociedades anónimas. Al respecto esa entidad expresó:

(...) los Fondos de pensiones que administran actualmente el régimen de ahorro individual con solidaridad son sociedades anónimas, no existe ninguno que pueda administrar el programa subsidiado de aporte a la pensión, por lo que todos los beneficiarios de este deben ser afiliados a Colpensiones.(81)

15. La limitación en el acceso al subsidio de los beneficiarios que se encuentran en el RAIS, puede solventarse con el traslado al régimen de prima media, sin embargo, es en este escenario en donde surge la interacción de la norma acusada con el subsistema de la subvención de los aportes a pensión, puesto que la prohibición de cambio de régimen se impone como una barrera para las personas que requieren el auxilio, están afiliados en el RAIS y les falten diez (10) años o menos para tener derecho a la pensión de vejez.

El desmonte del programa de subsidio al aporte para pensión.

16. El esquema de subvención al aporte pensional fue objeto de cierre gradual de acuerdo con la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 “Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país””, que en su artículo 212 estableció:

Las personas que fueron beneficiarias del programa subsidio aporte a la pensión podrán vincularse al servicio complementario de beneficios económicos periódicos (BEPS) y trasladar un porcentaje de dicho subsidio en la proporción y condiciones que reglamente el Gobierno Nacional. En todo caso será prioritario el reconocimiento de la pensión si se logra cumplir los requisitos para ello. Las madres comunitarias, sustitutas y FAMI también podrán beneficiarse de lo dispuesto en este artículo.

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para el traslado entre el sistema general de pensiones y BEPS, y la forma como el programa subsidio aporte a la pensión se cerrará gradualmente, manteniendo una alternativa para quien quiera obtener pensión”. (Lo énfasis agregado).

De esta manera, la norma citada consagró la obligación al Gobierno Nacional para que reglamentara la forma en que el régimen de ayudas estatales para los aportes pensionales debía cerrarse de manera gradual. Es decir, contenía un mandato específico al Ejecutivo para que desmontara el programa de subsidios originados en el fondo de solidaridad pensional.

17. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 387 de 26 de febrero de 2018(82), con base en el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015, previamente referido. Dicho cuerpo normativo, en su artículo 2.2.14.5.8 consagró:

“ART. 2.2.14.5.8.—Afiliaciones al subsidio al aporte para pensión del Fondo de Solidaridad Pensional. A partir de la entrada en vigencia del presente capítulo, se cierran las afiliaciones al subsidio al aporte para pensión que adelanta el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional. Sin embargo, se podrá vincular excepcionalmente la siguiente población:  

1. Las personas de 40 o más años pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén de acuerdo con los puntajes que adopte el Ministerio del Trabajo que tengan como mínimo 650 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones.  

2. Concejales pertenecientes a los municipios de categorías 4, 5 Y 6 que no tengan otra fuente de ingreso adicional a sus honorarios. El subsidio se concederá solamente por el periodo en el que ostenten la calidad de concejal. 

3. Ediles que no perciban ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. El subsidio se concederá solamente por el periodo en el que ostenten la calidad de edil.  

4. Madres sustitutas, siempre que no sean afiliadas obligatorias al Sistema General de Pensiones”. (Lo énfasis agregado).

De acuerdo a lo anterior, el Gobierno Nacional, mediante la expedición del Decreto 387 de 2018, cumplió con el mandato contenido en la Ley 1753 de 2015, en el sentido de cerrar las afiliaciones al programa de subsidios al aporte para pensión a partir de la vigencia de la mencionada norma, salvo que se trate de la vinculación excepcional que dicha ley estableció.

Verificación de la configuración del fenómeno de la sustracción de materia en el presente asunto.

18. Los accionantes consideraban que la norma incurría en violación de los derechos a la igualdad y a la seguridad social porque “presenta una extralimitación desproporcionada e irracional” que afectaba a personas en situación de debilidad manifiesta —personas mayores de 50 años que no tienen empleo ni ingresos suficientes— puesto que a pesar de ser un grupo especialmente protegido, no podían acceder al programa estatal que subsidiaba los aportes a pensión en casos en los que sus titulares no pueden seguir cotizando, debido a la prohibición de cambio de régimen.

Con fundamento en lo expuesto, los actores pretendían que la Corte declarara la exequibilidad condicionada de la norma acusada, en el sentido de que se habilitara el traslado de quienes se encontraban afiliados al régimen de ahorro individual al de prima media, y de esta manera pudieran afiliarse al Programa de Subsidio para el Aporte de Pensión, administrado por el Consorcio Colombia Mayor.

19. La demanda ciudadana fue presentada el 1º de noviembre de 2016 y el registro del proyecto de sentencia se realizó el 24 de marzo de 2017. Tal como se estudió previamente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 387 de 26 de febrero de 2018, con base en el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015, que estableció que esa autoridad reglamentaría “(...) la forma como el programa subsidio aporte a la pensión se cerrará gradualmente (...)”. Dicho cuerpo normativo, en su artículo 2.2.14.5.8 consagró que: “A partir de la entrada en vigencia del presente capítulo, se cierran las afiliaciones al Subsidio al Aporte para Pensión que adelanta el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional”.

20. Conforme a lo expuesto, al momento de proferirse este fallo los cargos que sustentaron la demanda de inconstitucionalidad (desconocimiento de los derechos a la igualdad y a la seguridad social) se tornan inocuos porque la norma objeto de censura, referida a la limitación en el acceso al subsidio de los beneficiarios que se encuentran en el RAIS, producto de la interacción de la norma acusada con el subsistema de la subvención de los aportes a pensión, ya no tiene el mismo efecto normativo que tenía al momento de admitirse la demanda. En efecto, tal y como se expuso previamente, la prohibición de cambio de régimen se imponía como una barrera para las personas que requieren el auxilio, están afiliados en el RAIS y les falten diez (10) años o menos para tener derecho a la pensión de vejez, ya agotó plenamente su contenido al haberse cerrado las afiliaciones al programa de asistencia estatal.

En efecto, partir de la vigencia del Decreto 387 de 2018, operó la sustracción de materia, en tanto que el acceso a la medida sobre la cual recaía el presunto trato inequitativo que acusaban los accionantes, particularmente los obstáculos legales en materia de traslado, fue desmontada.

21. En consecuencia, la Corte carece de competencia para analizar el fondo del presente asunto, por lo que la decisión que se adoptará es la declaratoria de inhibición para conocer sobre la constitucionalidad de la norma acusada.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

1. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el Auto 305 del veintiuno (21) de junio de 2017.

2. INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo, sobre la constitucionalidad del literal E) del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, tras haber operado el fenómeno de la sustracción de materia.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese y archívese el expediente.

Magistrados: Alejandro Linares Cantillo, Presidente—Carlos Bernal Pulido—Diana Fajardo Rivera—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Antonio José Lizarazo Ocampo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Cristina Pardo Schlesinger—José Fernando Reyes Cuartas—Alberto Rojas Ríos.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaría General».

54 Sentencia C-110 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, reiterada en Sentencia C-931 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

55 M.P. María Victoria Calle Correa.

56 En dicho pronunciamiento fueron reiteradas las siguientes decisiones: Auto 007 de 1992, M.P Jaime Sanín Greiffenstein; C-055 de 1996, M.P Alejandro Martínez Caballero; C-329 de 2001, M.P Rodrigo Escobar Gil; C-338 de 2002, M.P Álvaro Tafur Galvis.

57 Sentencia C-931 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

58 Sentencia C-329 de 2001, M.P Rodrigo Escobar Gil.

59 Sentencia C-931 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

60 Sentencia C-145 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; versaron sobre otras cuestiones diferentes a la citada.

61 M.P. Alejandro Martínez Caballero

62 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

63 Esta postura ha sido reiterada en sentencias C-1174 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-931 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras.

64 Al respecto ver las intervenciones de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, ASOFONDOS, Ministerio del Trabajo, Colpensiones, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

65 Preámbulo y artículo 1º de la Ley 100 de 1993.

66 Artículo 2º de la Ley 100 de 1993.

67 Artículo 3º, ejusdem.

68 Artículo 10, ejusdem.

69 Artículo 12, ejusdem.

70 Artículo 25, ejusdem.

71 Artículo 26, ejusdem.

72 Ibídem.

73 Ibídem.

74 Artículo 27, ejusdem.

75 Intervención del Ministerio del Trabajo, fl. 64, cdno. ppal.

76 http://colombiamayor.co/images/PSAP%20Plegable.pdf, consultado el treinta y uno (31) de mayo de 2017. Esta información es reiterada por ASOFONDOS en su intervención, al respecto ver folio 55 del expediente.

77 Fl. 81, cdno. ppal.

78 Régimen de ahorro individual solidario

79 Régimen solidario de prima media con prestación definida.

80 Artículo 26 de la Ley 100 de 1993.

81 Fl. 64, cdno. ppal.

82 Por el cual se adiciona el capítulo 5 al título 14 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” y se dictan otras disposiciones.