Sentencia C-810 de agosto 1º de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-810 de 2001

Ref.: Expediente D-3370

Magistrado Sustanciador:

Dr. Eduardo Montealegre Lynett

Actor: Constanza Guerra Rodríguez

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21, parcial, de la Ley 14 de 1991.

Bogotá, D.C., agosto primero de dos mil uno.

EXTRACTOS:«VI. Consideraciones

1. El problema planteado.

La norma acusada dispone que el diez por ciento del presupuesto publicitario de las entidades descentralizadas se deberá destinar al patrocinio o auspicio del canal cultural de Inravisión y de la programación cultural de las organizaciones regionales de televisión. Para la actora, tal disposición lesiona los artículos 13, 333, 70 y 71 constitucionales, por cuanto excluye de este beneficio económico a los operadores privados de televisión que transmitan programación cultural; en particular, se pueden resaltar dos cargos centrales en su demanda:

a) La disposición configura un trato discriminatorio, porque no existe una diferencia relevante entre los operadores públicos contemplados en la norma, y los operadores privados del servicio de televisión, que transmitan programación de carácter cultural, a los cuales también se les debería dar tal financiamiento. No es una razón constitucionalmente apta para justificar tal diferenciación el carácter público de Inravisión y las organizaciones regionales de televisión; ninguno de tales operadores constituye un grupo marginado, discriminado o en condiciones de debilidad manifiesta; por lo mismo, no se trata de una distinción proporcionada, y

b) La norma viola el derecho a la libre competencia, al otorgar un privilegio inconstitucional a entidades que de por sí ocupan una posición más ventajosa que los demás operadores y concesionarios del servicio televisivo, a pesar de competir en el mismo mercado, por lo cual deberían encontrarse en igualdad de condiciones.

Los intervinientes, por su parte, consideran que, dadas las particulares características del canal cultural que opera Inravisión, no se le puede equiparar con los demás prestadores del servicio público de televisión que transmiten programación cultural, por cuanto la finalidad que se persigue con la operación de dicho canal cultural, así como su especial forma de financiación, justifican el establecimiento de distintos regímenes.

De esta manera, el problema central que se plantea a esta corporación, es determinar si constituye un trato discriminatorio, que no se haya incluido, dentro de los destinatarios de los recursos previstos en la norma, a los operadores del servicio de televisión distintos al canal cultural de Inravisión y a las organizaciones regionales de televisión, que transmitan programación de carácter educativo y cultural. Así mismo, resulta necesario resolver la pregunta sobre la compatibilidad de esta medida legislativa con el principio constitucional de preservación de la libre competencia económica —teniendo en cuenta los fines previstos tanto para la televisión cultural, como para el servicio público de televisión, en general—, así como con la obligación, que asiste al Estado, de promover el acceso de los colombianos a la cultura en todas sus manifestaciones.

De antemano, la Corte advierte que la actora parte de una interpretación descontextualizada de lo dispuesto en la norma que demanda. Por lo mismo, el primer paso a tomar es comprender el significado integral de la disposición acusada, así como su finalidad y sentido.

2. Sentido y contextualización de la disposición acusada.

El sentido del parágrafo acusado es claro en sí mismo; es decir, no es necesario acudir a otras normas, distintas a la que se demanda, para extraer su significado preciso. Así, la norma dispone que las entidades descentralizadas a las que se refiere el Decreto Legislativo 1982 de 1974 tendrán que destinar una décima parte de sus presupuestos publicitarios, de la siguiente manera: el 7% para cubrir, a título de auspicio, colaboración o patrocinio, el funcionamiento del canal cultural de Inravisión; y el 3%, para distribuir equitativamente entre las organizaciones regionales de televisión, con destino a su programación cultural.

A pesar de lo anterior, dado que el cargo central que se formula en el presente caso es de igualdad, es necesario tomar en consideración la justificación que pueden tener estas disposiciones, pues así lo exige el test que se habrá de aplicar. En efecto, en reciente pronunciamiento (Sent. C-673/01), esta corporación explicó que la intensidad de dicho test de igualdad dependerá de la materia que, en cada caso, sea objeto de análisis; así, como regla general, en materias económicas, tributarias o de política internacional, se habrá de aplicar un test leve, que se limite a “establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo ésta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado”. Pues bien, para efectos de aplicar tal método a la norma acusada —que versa sobre un asunto netamente económico y presupuestal—, debe la Corte hacer referencia a otras normas legales conexas, aplicando los métodos armónico y sistemático de interpretación, para así deducir la razón de ser de la medida bajo estudio.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta el inciso 2º del mismo artículo acusado, que no se demanda en esta oportunidad, pero es fundamental para comprender el parágrafo acusado —ya que las normas deben interpretarse en su integridad, y no de manera fragmentaria—. Tal inciso dispone que en el aludido canal cultural de Inravisión, no se podrá incluir propaganda comercial alguna, a diferencia del simple reconocimiento de los auspicios, colaboraciones o patrocinios recibidos; esta misma regla es aplicable a los programas culturales difundidos por las organizaciones regionales de televisión, que se hayan financiado con cargo a los recursos recibidos para tal fin a título de auspicio, colaboración o patrocinio. Esta disposición fue derogada expresamente por el artículo 64 de la Ley 182 de 1995 y sustituida por el artículo 61 de la misma ley, el cual fue posteriormente modificado por el artículo 15 de la Ley 335 de 1996, cuyo parágrafo 2º, actualmente vigente, dispone:

“En todo caso los programas de la Cadena Tres o Señal Colombia podrán recibir aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios, de conformidad con la reglamentación que expida la Comisión Nacional de Televisión. Cuando se trate de transmisiones de eventos culturales y recreativos especiales de esta cadena, se aplicarán las normas previstas para la comercialización en las Cadenas Uno y A de Inravisión, sin perjuicio del objeto de Señal Colombia”.

En otras palabras, tal y como lo sostiene el representante de Inravisión en el presente proceso, los programas que se transmitan por la Cadena Tres o Señal Colombia, sólo podrán ser financiados por propaganda comercial, de conformidad con las normas aplicables a las Cadenas Uno y A de Inravisión, en las hipótesis excepcionales en que se transmitan eventos culturales o recreativos especiales; por lo demás, sólo podrá financiar tal programación con cargo a los aportes, colaboraciones, auspicios o patrocinios que reciba, con sujeción al reglamento expedido para el efecto por la Comisión Nacional de Televisión.

Lo anterior significa que, a diferencia de los demás operadores del servicio de televisión, quienes pueden financiar la programación con cargo a propaganda comercial, Inravisión, en tanto operador del canal cultural al que alude la norma —la Cadena Tres o Señal Colombia—, sólo podrá recibir, como regla general, financiación por cauces distintos al de la comercialización ordinaria.

Por otra parte, para comprender la razón de la norma que se estudia, es indispensable hacer referencia al objeto y las finalidades del citado canal cultural de Inravisión. Este se encuentra previsto legalmente en el artículo 21 de la Ley 182 de 1995, así: “en todo caso, el Estado colombiano conservará la explotación de al menos un canal de cobertura nacional de televisión de interés público, social, educativo y cultural”. Así, la Cadena Tres o Señal Colombia encuentra varias finalidades, cuyo común denominador es la promoción del interés general, e incluye programas dirigidos a proteger el interés público o social, a estimular la educación y fomentar los valores culturales nacionales.

La ley también proporciona algunas pautas útiles para definir la programación prevista en este canal. Por una parte, la programación cultural habrá de ser producida, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 335 de 1996, por la Compañía de Informaciones Audiovisuales, individual o conjuntamente con Inravisión, con fundamento en un concepto amplio de cultura. La programación educativa, por otra parte, en virtud del artículo 20 de la Ley 335 de 1996, deberá ser transmitida por la misma frecuencia, “de acuerdo con la programación definida por Inravisión, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las funciones establecidas para la Comisión Nacional de Televisión”. Esta última programación “incluirá programas de educación formal no formal e informal, de educación laboral, de bachillerato que actualmente divulga la Radio Nacional de atención educativa a poblaciones y de educación sobre el ambiente, dirigidos a niños, jóvenes y adultos, sin distingo de raza, religión y condición social” (ibíd.).

Por último, la norma demandada contempla a las “organizaciones regionales de televisión”. Estas, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, prestarán el servicio público de televisión a nivel regional, y los canales que operan, “harán énfasis en una programación con temas y contenidos de origen regional, orientada al desarrollo social y cultural de la respectiva comunidad”. Es así como estas organizaciones, al igual que el canal cultural de Inravisión, también cuentan con claras restricciones legales en cuanto al contenido que pueden transmitir.

Visto lo anterior, procede la Corte a resolver las acusaciones específicas planteadas por la ciudadana de la referencia.

3. La aludida discriminación entre operadores de televisión que transmiten televisión cultural.

Alude la demandante, como fundamento de sus cargos, que no existe justificación alguna para otorgar un trato disímil a los diversos operadores de televisión que transmiten televisión cultural, en lo que respecta a la posibilidad de recibir financiación a cargo del presupuesto publicitario de los organismos descentralizados. Tal acusación, presupone que Inravisión, en tanto operador del canal cultural, y las organizaciones regionales de televisión, por una parte, se encuentran en igualdad de condiciones con los demás operadores del servicio de televisión que transmitan programación cultural por frecuencias distintas a la Cadena Tres o los canales regionales. Sin embargo, para la Corte esto último no es cierto; es decir, no se encuentran en igualdad de condiciones los sujetos previstos por la norma acusada como beneficiarios del financiamiento en cuestión, y los demás operadores, por más que estos últimos transmitan contenidos que se puedan catalogar como “programación cultural”. Lo que es más, la medida de diferenciación que se establece en la norma acusada cuenta con una justificación sólidamente cimentada en la Carta Política, como se establecerá a continuación, y existe una relación de adecuación razonable entre la medida bajo estudio y la finalidad que con ella se persigue; en ese sentido, al aplicar el test de igualdad arriba explicado, se tiene que la norma es respetuosa del artículo 13 constitucional.

La medida que se analiza cuenta, en realidad, con dos justificaciones: una para el caso del canal cultural que opera Inravisión —la Cadena Tres o Señal Colombia—, y otra para el caso de las frecuencias que operan las organizaciones regionales de televisión. Cada una de estas hipótesis se estudiará por separado.

En primer lugar, el canal cultural que opera Inravisión, como ya se anotó, tiene dos restricciones que lo particularizan: (i) sólo puede transmitir programación de cierto tipo: aquella orientada a preservar intereses públicos, sociales, culturales y educativos; y (ii) no puede financiarse de la misma forma en que lo hace la generalidad de los operadores, por vía de la propaganda comercial; en consecuencia, sólo podrá recibir auspicios, colaboraciones o patrocinios, además de los recursos que, de conformidad con la Ley 335 de 1996, sean destinados por la Comisión Nacional de Televisión y por el presupuesto general de la Nación para que Inravisión, en tanto operador de dicho canal, cumpla con sus cometidos propios.

Así mismo, la Cadena Tres o Señal Colombia se diferencia de los demás canales, porque es uno de los medios idóneos con que cuenta el Estado colombiano para cumplir con su obligación constitucional —e internacional— de promover el acceso y la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones, con especial énfasis en la cultura nacional.

Ya ha reiterado esta corporación en numerosas oportunidades, que el servicio público de televisión es un servicio especial, cuyas características son tan particulares que le ubican en una posición privilegiada frente a los demás medios de comunicación social, por la fuerte incidencia que tienen sobre los procesos sociales, incluso sobre aquellos que resultan menos accesibles a otro tipo de fuerzas culturales. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-497 de 1995, se afirmó lo siguiente: “La televisión, sobra decirlo, ocupa un lugar central en el proceso comunicativo social. La libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado, en una escala masiva, dependen del soporte que les brinda el medio de comunicación”. En el mismo sentido, en la Sentencia C-350 de 1997, se estableció lo siguiente: “La televisión, como se ha dicho en forma reiterada por parte de esta corporación, es el medio masivo de comunicación al que más poder de penetración se le atribuye en la sociedad moderna; a ella se le hace responsable de la consolidación de un nuevo paradigma de vida, un paradigma cuyo epicentro es un individuo que, determinado por la complejidad y densidad del contexto en el que se desenvuelve, necesita, para relacionarse con otros, para poder realizar actos de comunicación que afectan y determinan su vida diaria, de intermediarios, necesidad que en gran medida suplió la tecnología con la televisión; de hecho, a través de ella se han cimentado las bases de una nueva cultura, en la cual el dominio del poder político y económico lo determina, en gran medida, la capacidad de orientar la toma de decisiones de la opinión pública, decisiones que van desde aquellas relacionadas con el sistema político del que hacen parte las personas, hasta aquellas que caracterizan y definen su cotidianidad, esto es, sus hábitos de consumo”.

En ese orden de ideas, es incontrovertible el hecho de que la televisión brinda un canal inigualable para satisfacer tal cometido estatal, derivado no sólo de los artículos 70 y 71 de la Carta, sino de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo mismo, el hecho de que el legislador haya reservado un canal de cobertura nacional para tal fin, se amolda integralmente a la Constitución, algo que también la actora reconoce en su demanda.

Por idéntico motivo, no puede equipararse la situación del canal cultural que opera Inravisión con la de los demás canales, asignados a operadores públicos o privados, ya que estos últimos no son medios a través de los cuales el Estado cumple directamente con las obligaciones que le asisten en materia de fomento a la cultura, ni cuentan con las restricciones presupuestales y de contenido arriba reseñadas. En consecuencia, se trata de circunstancias disímiles, hecho que en sí mismo basta para descartar los cargos de la demanda; en cualquier caso, como ya se demostró, la norma cumple con las exigencias del test de igualdad que se le ha aplicado, ya que se trata de una medida proporcionada para la consecución de un fin legítimo. Por lo tanto, habrá de desecharse el cargo formulado en este sentido, en lo que incumbe a la Cadena Tres o Señal Colombia, no sin antes aclarar que, contrario a lo que señala la demandante, en este caso el beneficio económico previsto en la disposición acusada no obedece a la naturaleza pública del operador —Inravisión—, sino a las finalidades que se persiguen con la operación del canal cultural en cuestión.

En segundo lugar, las organizaciones regionales de televisión, como arriba se anotó, están sujetas a la limitación de contenido prevista en el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, en virtud del cual los canales que éstas operan “harán énfasis en una programación con temas y contenidos de origen regional, orientada al desarrollo social y cultural de la respectiva comunidad”. Por lo mismo, tampoco puede equipararse su situación a la de los demás operadores, públicos o privados, que transmitan programación cultural; no es procedente, por tal razón, efectuar un análisis de igualdad en ese sentido.

Al respecto, debe hacerse una precisión: los operadores públicos y privados que transmitan programación cultural y que no se encuentran previstos en la norma demandada, cuentan, en cualquier caso, con la obligación legal de destinar un mínimo de sus tiempos de programación para cierto tipo de contenidos; así, los operadores públicos —cadenas Uno y A—, en virtud del artículo 20 de la Ley 335 de 1996, están obligados a ceder espacios a las entidades gubernamentales “para la emisión de programas encaminados a la educación de los ciudadanos, especialmente en áreas de salud, educación, servicios públicos, desarrollo cultural, derechos humanos y economía solidaria”; e igualmente, los operadores privados del servicio de televisión, por virtud del artículo 11 ibídem, están obligados a “reservar el 5% del total de su programación para presentación de programas de interés público y social”. Sin embargo, estos condicionamientos, que encuentran un sólido respaldo en motivos de interés general y constituyen una especie de contraprestación por el hecho de estar disfrutando de la respectiva concesión, no alcanzan las dimensiones de lo previsto por el citado artículo 37 de la Ley 182 de 1995, y menos aún los de las disposiciones que se refieren al canal cultural de Inravisión, las cuales destinan a los mismos fines, o bien el énfasis general de la programación, o bien a la totalidad de la misma. Existen, así, claras diferencias, tanto en las razones que justifican la transmisión de programas culturales en unos y otros espacios, como en el alcance y el porcentaje de programación que tal transmisión representa en cada uno de ellos, todo lo cual confirma la improcedencia de las acusaciones presentadas en este caso.

4. La alegada violación del derecho a la libre competencia.

Es claro, entonces, que los operadores públicos o privados del servicio de televisión que transmitan programación cultural, distintos de la Cadena Tres y de los canales que operan las organizaciones regionales de televisión, no se encuentran en una situación comparable a la de estos últimos, por las razones que arriba se enumeraron. Esos mismos motivos son los que llevan a la Corte a desvirtuar, igualmente, el cargo por violación del derecho a la libre competencia.

En efecto, el artículo 333 superior establece que la libre competencia es un derecho de todos, que supone responsabilidades; igualmente, dispone que la ley podrá delimitar el alcance de las libertades económicas, siempre que así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. En este contexto, es claro que, por disposición del legislador, el canal cultural de Inravisión, así como la programación cultural transmitida por las organizaciones regionales de televisión, cuentan con el carácter de medios para la satisfacción de obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, y por lo mismo, no se encuentran en condiciones de igualdad con los demás actores del mercado televisivo; es decir, que el legislador, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 333 constitucional, ha trazado unas reglas especiales aplicables a la Cadena Tres y a los programas culturales de los canales regionales, por considerar que ello es necesario para la preservación del valor constitucional de la cultura. Por lo anterior, no se puede predicar la existencia de una competencia económica como tal entre tales espacios y los demás operadores que emitan programas culturales.

Y es que, si bien el artículo 333 de la Carta establece un derecho genérico a la libre competencia económica, ello no implica que absolutamente todos los aspectos que puedan entrar en relación con el mercado, deban someterse a la dinámica propia de éste. De hecho, el Estado está en libertad de decidir si somete por completo a los azares del mercado, o por el contrario, si sustrae del mismo, aspectos como la satisfacción de sus cometidos más esenciales; por lo mismo, no es la lógica de dicho mercado la que se debe aplicar, necesariamente, al análisis de casos como el presente, en los cuales el Congreso, en ejercicio de su discrecionalidad, ha decidido reservar para el cumplimiento exclusivo de sus obligaciones, una determinada frecuencia televisiva, sin que los vaivenes propios del comercio afecten la eficacia con la cual se pliega a dicho compromiso, nacional e internacional, de fomentar la cultura. De ahí que la actividad y los ingresos de los operadores previstos en la norma acusada puedan ser sometidos a reglas sustancialmente distintas que las que gobiernan el quehacer de los demás operadores televisivos, quienes sí se encuentran sujetos, en su actividad, al mercado propio del servicio público en cuestión.

Al no verificarse la existencia de los presupuestos esenciales de una situación de competencia económica amparada por la Carta, el cargo bajo estudio será rechazado.

Por las anteriores razones, la norma acusada será declarada exequible, únicamente por los cargos analizados en esta providencia.

VII.Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 21 de la Ley 14 de 1991, por los cargos estudiados en esta providencia.

ACLARACIÓN DE VOTO

Aun cuando compartimos la decisión de declaración de exequibilidad del parágrafo del artículo 21 de la Ley 14 de 1991 por los cargos analizados en la Sentencia C-810 de 1º de agosto de 2001, con el debido respeto nos vemos precisados a aclarar nuestro voto por cuanto, no estamos de acuerdo con incluir en la motivación de la sentencia que el examen de constitucionalidad de una norma pueda realizarse aplicando lo que allí se denomina un “test” de “intensidad” variable según la materia a que se refiera, de tal suerte que él será “leve” si se trata de “materias económicas, tributarias o de política internacional”, pues lo que a la Corte le confía el artículo 241 de la Carta es la guarda de la supremacía e integridad de la Constitución, sin que pueda establecerse de manera subjetiva que en unos casos debe ser más estricta que en otros, pues lo único que ha de guiar su labor es el ejercicio de la función de control que se le atribuye por la citada norma “en los estrictos términos” que la propia Constitución le señala.

Nuestra oposición a que la Corte aplique al decidir sobre la constitucionalidad de normas sometidas a su control el concepto de intensidad del test (leve, mediano o estricto), se funda además en que puede ser subjetivo y caprichoso por cuanto habría que preguntarse ¿quién determina la intensidad del test? ¿por qué a unas materias se aplicaría un test leve, a otras uno mediano y a otras uno estricto? Interrogantes estos que nos podrían conducir en esa materia a preguntar ad infinitum.

Por otra parte, aplicado en una de esas modalidades subjetivas ese “test” siempre debería hacerse así en el futuro. Eso lleva a que la Corte Constitucional “se case con la tesis de que a ciertas materias se aplique de antemano un test de intensidad determinada”, que la Constitución no autoriza.

Afirmar que en materias económicas el análisis de constitucionalidad se oriente mediante “un test leve de razonabilidad” compromete a la Corte en un sentido determinado y la pone a andar un camino que después no puede deshacer y, en cambio, le impide examinar con objetividad cada caso concreto. No es verdad que todo lo que se refiere a materias económicas tenga la misma trascendencia jurídico constitucional. Por eso, resulta imposible, de antemano, afirmar que el análisis debe ser “leve” en esas materias, pues, como se sabe, hay unas de mayor importancia y trascendencia que otras, aun siendo todas de contenido económico. Así, no es lo mismo una ley que concede un subsidio a los veteranos de la guerra del Perú (de los cuales superviven muy pocas personas) que la ley que adopta el plan de desarrollo e inversiones públicas, para juzgarlas ambas con poco rigor, con un “test leve”. La dificultad se evita si, en los dos casos, se juzga aplicando sin esguinces la Constitución Política. Lo mismo sucedería con un tratado internacional, si se juzga con fundamento en la Constitución uno destinado al intercambio cultural entre Colombia y Venezuela por ejemplo, que otro que estableciera la pena de muerte para quienes crucen la frontera como indocumentados. En los dos casos, aunque son diversos, la constitucionalidad ha de juzgarse única y exclusivamente con aplicación de las normas previstas por la Carta en una y otra hipótesis, sin necesidad de acudir a la “intensidad” de test no prevista en la Constitución.

Conviene recordar que esa técnica jurídica de la “intensidad de los test” de constitucionalidad producto de la experiencia constitucional norteamericana, permite clasificarlos de tal suerte que unos serán estrictos, otros medianos y otros leves, dependiendo del intérprete y dejando sin resolver por qué apenas se considerarían esas tres categorías y no otras adicionales, que llevarán, por ejemplo, a “un test estrictísimo”, a un “test levísimo”, a uno “medio estricto”, o a otro “medio leve”, y para agravar la incertidumbre cabría preguntarse ¿quién determina el test que se escoge?; ¿existen criterios objetivos para escogerlo?, o ¿más bien es el intérprete quien escoge subjetivamente un test y luego, a posteriori trata de justificarlo?, y, ¿con qué fundamento constitucional?

A nuestro juicio, el rigor en el control sobre la constitucionalidad de los actos sometidos al mismo por decisión de la Carta Política debe ser, siempre, el que resulte de la confrontación de las normas inferiores con aquella, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse o disminuirse para que quepa o no la norma causada dentro de la Constitución según la materia a que ella se refiera, pues ello equivale a que la Constitución se alarga o se acorta según convenga, al igual que ocurría con el “lecho de Procusto” en el que, para que el usuario cupiera se le estiraba o se cercenaba para que de todas maneras diera la medida.

Fecha ut supra.

ACLARACIÓN DE VOTO

De acuerdo con lo expresado en la sesión de Sala Plena del 1º de agosto de 2001, a propósito de la discusión y aprobación de la Sentencia C-810, reitero que aunque comparto la decisión de declarar la exequibilidad del parágrafo del artículo 21 de la Ley 14 de 1991, por los cargos que se analizaron en dicha sentencia, no comparto las precisiones que se consignan en la sentencia acerca de la modulación de la intensidad del control de constitucionalidad.

Si bien es cierto que, como lo ha reconocido la Corte en su jurisprudencia, la potestad legislativa del Congreso de la República, como órgano legislativo, no está llamada a ser ejercida en todos los casos con la misma amplitud de configuración, pues ésta dependerá del marco específico dado por la Constitución para la regulación de las diversas materias, y que el tratamiento constitucional otorgado incide necesariamente en la mayor o menor amplitud o intensidad del control de constitucionalidad, también es cierto que no pueden establecerse por la Corte pautas que de manera rígida vinculen su actuación futura en su función de guarda de la supremacía constitucional.

Por lo tanto, estimo que sólo en cada caso concreto habrán de precisarse las características, intensidades y efectos de control, tal como lo ha hecho la Corte en diversos pronunciamientos acerca del entendimiento de los test de igualdad, de razonabilidad y proporcionalidad, sobre el tipo de control que corresponde a la corporación y la intensidad del mismo, en relación con diversas materias, entre ellas, la económica.

De la suma de esos pronunciamientos puede generarse una orientación, una línea es cierto, pero ésta no puede adoptarse como obligatoria, pues adquiriría un carácter normativo, a mi juicio, extraño a las características de los mismos.

Fecha ut supra

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