Sentencia C-812 de agosto 1º de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-812/2001 

Ref.: Expediente D-3381

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Actor: Samuel Escobar Castrillón.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 169, 170 y 171 primer inciso del Código Civil y el inciso segundo del artículo tercero del Decreto-Ley 2668 de 1988.

Bogotá, D.C., agosto primero de dos mil uno.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

Los textos de las disposiciones demandadas se transcriben a continuación, resaltando los apartes que el propio demandante destaca en su demanda, por considerar que contravienen, primordialmente, la Carta Política.

Código Civil

Libro 1º, Título VIII

De las segundas nupcias.

ART. 169.—(Modificado por el art. 5º del D. 2820/74) La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando.

Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.

ART. 170.—(Modificado por el art. 6º del D. 2820/74) Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Cuando así fuere, deberá el curador testificarlo.

ART. 171.—(Modificado por el art. 7º del D. 2820/74) El juez se abstendrá de autorizar el matrimonio hasta cuando la persona que pretenda contraer nuevas nupcias le presente copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos, del auto que le discernió el cargo y del inventario de los bienes de los menores. No se requerirá de lo anterior si se prueba sumariamente que dicha persona no tiene hijos de precedente matrimonio o que éstos son capaces.

(...).

Decreto 2668 de 1988 

Por el cual se autoriza la celebración del matrimonio civil ante notario público

(26 de diciembre)

ART. 3º—(…).

Si de segundas nupcias se trata, se acompañarán además, el registro civil de defunción del cónyuge con quien estuvo unido en matrimonio anterior o los registros civiles donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad o de dispensa pontificia, debidamente registrada y un inventario solemne de bienes, en caso de existir hijos de precedente matrimonio, en la forma prevista por la ley.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 241 numerales 4º y 5º de la Constitución Política.

2. Cosa juzgada formal respecto de los cargos presentados con relación a los artículos 169 y 171 del Código Civil por violación al principio de igualdad.

Advierte la Corte que con relación al cargo formulado por el demandante en contra de los artículos 169 y 171 del Código Civil, en el sentido de que en ellos se discrimina a todos aquellos niños y niñas que no hayan nacido dentro de un matrimonio, existe cosa juzgada formal por cuanto esta corporación ya se había pronunciado al respecto. En efecto, en la Sentencia C-289 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), frente a una demanda dirigida en contra de las mismas disposiciones por las mismas razones, se resolvió:

Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “de precedente matrimonio" y “volver a”, del artículo 169, y “de precedente matrimonio" del artículo 171 del Código Civil. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 42 de la Constitución el vocablo “casarse" y la expresión “contraer nuevas nupcias”, contenidos en dichas normas, deben ser entendidos, bajo el supuesto de que la misma obligación que se establece para la persona que habiendo estado ligada por matrimonio anterior quisiere volver a casarse, se predica también respecto de quien resuelve conformar una unión libre de manera estable, con el propósito responsable de formar una familia, a efecto de asegurar la protección del patrimonio de los hijos habidos en ella.

En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional observará dicha decisión y estará a lo resuelto en ella.

3. Cosa juzgada material respecto del cargo presentado en contra del segundo inciso del artículo tercero del Decreto-Ley 2668 de 1988, por violación al principio de igualdad.

Según el demandante, el hecho de que la norma acusada contemple la obligación de realizar un inventario solemne de bienes, como uno de los requisitos para contraer matrimonio ante un notario público, sólo en caso de existir hijos de un matrimonio anterior, también constituye una violación al principio de igualdad de los hijos concebidos fuera de un matrimonio.

Observa la Corte que en efecto la disposición demandada contempla el mismo contenido normativo (1) del inciso primero del artículo 169 del Código Civil que fue declarado inexequible por la Corte en la Sentencia C-289 de 2000. En aquel inciso se decía,

(1) Según la Sentencia C-427 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales.

ART. 169.—La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio (...) quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando.

Y en el inciso acusado del Decreto-Ley 2668 de 1988 se dice,

ART. 3º—(...).

Si de segundas nupcias se trata, se acompañarán además, (...) un inventario solemne de bienes, en caso de existir hijos de precedente matrimonio, en la forma prevista por la ley.

En ambos casos se establece una protección sólo para los hijos habidos en el matrimonio, lo cual llevó a esta corporación a decir en la Sentencia C-289 de 2000 que,

"(...) examinado objetivamente el contenido de las referidas normas la Sala aprecia la existencia de una desigualdad manifiesta, en la medida en que otorga una protección especial al patrimonio de los hijos habidos en una relación matrimonial, y en cambio se omite dispensar la misma protección al patrimonio de los hijos originados en una unión libre no permanente, o permanente, o sea la que nace de la voluntad responsable de una mujer y un hombre de cohabitar y establecer una comunidad de vida permanente y singular, con firmes vínculos de apoyo mutuo, solidaridad e intereses comunes por satisfacer, en aras de conformar una familia".

La Sala considera entonces, que con relación al cargo presentado en contra del aparte acusado del artículo 3º del Decreto-Ley 2668 de 1988 se da el fenómeno de la cosa juzgada material. En consecuencia, y no existiendo razones para fallar de forma diferente, (2) la Corte decide reiterar dicha jurisprudencia, por lo que declarará inexequible la expresión “de precedente matrimonio" contenida en dicha disposición (3) .

(2) En la Sentencia C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) la Corte sostuvo que “la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente. Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. (...) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa, obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias".

(3) En igual sentido se ha pronunciado la Corte en otras ocasiones, como por ejemplo en la Sentencia C-1412 de 2000; M.P. Martha Victoria Sáchica (en este caso se resolvió, entre otras cosas, declarar exequible un aparte del artículo 86 de la L. 136/94 por contemplar el mismo contenido normativo del artículo 2º L. 78/86, el cual ya había sido declarado exequible por la Corte).

4. Problemas jurídicos planteados con relación a la supuesta violación del principio de la buena fe y la dignidad humana en los artículos 169 y 170 del Código Civil y en el inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley 2668 de 1998 (sic).

Los argumentos presentados por el demandante llevan a la Corte a plantearse los siguientes problemas jurídicos: ¿Viola una norma el derecho a la dignidad humana y el principio de buena fe, al exigir que se nombre un curador para hacer un inventario solemne de los bienes que esté administrando la persona que, teniendo hijos bajo su patria potestad, quiera casarse o conformar: unión libre? b) ¿Desconoce el derecho a la dignidad humana y el principio de la buena fe una disposición que señala que el curador se deberá nombrar, incluso si los hijos carecen de cualquier bien de su propiedad, en cuyo caso aquél lo deberá testificar?

Aunque en estricto sentido son problemas diversos, se encuentran estrechamente vinculados, por lo que pasa la Corte a continuación a resolverlos de manera conjunta.

5. Las normas que buscan garantizar los derechos de los niños no conllevan un desconocimiento del principio de la buena fe ni constituyen un trato indigno.

5.1. A partir de la lectura de las normas acusadas puede establecerse que el sentido de éstas no es otro diferente al de proteger los derechos de los niños. En efecto, el artículo 169 del Código Civil señala que cuando alguien se va a casar o va a conformar una unión libre (4) y tiene bajo su patria potestad, tutela o curatela a hijos previos, tendrá que hacer un inventario solemne de los bienes que administra, para lo cual se nombrará un curador. De esta forma la ley busca garantizar que exista certeza legal respecto a cuáles bienes son propiedad de la persona y cuáles pertenecen a sus hijos, los cuales no entrarán a formar parte de la sociedad patrimonial que se vaya a crear en virtud del matrimonio o la unión libre.

(4) Se sigue aquí la interpretación de la norma fijada por esta corporación en la Sentencia C-289 de 2000 ya antes mencionada.

El artículo 170 del mismo código establece que habrá lugar a nombrar al curador, incluso si los hijos carecen de todo bien de su propiedad, pues en tal caso su obligación será, precisamente, testificarlo. Nuevamente se trata de garantizar los derechos reales de los niños, (5) mediante una persona que asegure que el patrimonio de éstos en efecto carece de bien alguno.

(5) Es preciso señalar que aquí se usa la expresión “niño" en su acepción constitucional, la cual, según el artículo 1º de la Convención sobre los derechos del niño, ratificada por Colombia, contempla a toda persona hasta los dieciocho años de edad.

Finalmente, el inciso segundo del artículo tercero del Decreto-Ley 2668 de 1998 (sic) contempla la misma obligación a propósito de las segundas nupcias ante notario público. La norma establece como requisito de dicho acto que en caso de existir hijos se haga un inventario solemne de los bienes en la forma prevista por la ley, lo cual constituye una remisión a las normas del Código Civil sobre el tema, a saber, artículos 169 a 172.

5.2. Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación ya se ha pronunciado en el pasado para indicar que el principio de la buena fe no es absoluto y que se justifica su limitación en diversas situaciones (6) .

Concretamente, ha señalado la protección a los débiles como una de las razones que justifican el que sea matizado. Ha dicho la Corte,

(6) Corte Constitucional, Sentencia T-460 de 1992; M.P. José Gregorio Hernández Galindo (en este fallo la Sala de Revisión indicó que el principio de la buena fe tiene límites y condicionamientos, como por ejemplo, aquellos derivados de otro postulado fundamental como es el de la prevalencia del interés común).

"(...) con respecto del cargo formulado en la demanda contra el inciso segundo del artículo 552 del Código Civil por quebrantar el artículo 83 de la Constitución Política, de conformidad con el cual las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la Corte considera pertinente resaltar que el hecho de que el ordenamiento constitucional, con miras a que las relaciones entre los particulares, como también las que surgen entre éstos y las autoridades públicas se desenvuelvan en un clima de mutua confianza, hubiese dispuesto que la buena fe se presume, no da cabida para que se entienda que del ordenamiento jurídico deban desaparecer las disposiciones protectoras de los débiles. Si así fuera la Constitución Política no hubiese impuesto al Estado la especial protección de quienes se encuentren en estado de debilidad —C.P., art. 13—, o lo que es lo mismo, siguiendo los planteamientos de la demanda, la buena fe resultaría suficiente para colocar a los que adolecen de demencia en condición de igualdad con aquellos que tienen pleno control mental de su persona y de sus actos, lo cual, a todas luces, resulta inaceptable frente al texto constitucional que ordena su protección, sin perjuicio de presumir la buena fe de sus allegados (7) .

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-1109; M.P. Álvaro Tafur Galvis (en este caso la Corte decidió que era exequible una disposición según la cual “el cuidado inmediato de la persona del demente no se encomendará a persona alguna que sea llamada a heredarle a no ser su padre o madre, o su cónyuge").

Así pues, las medidas consagradas en los artículos 169 y 170 del Código Civil y el artículo 3º del Decreto-Ley 2668 de 1998 (sic) se enmarcan dentro de las limitaciones que a la luz de la Constitución es posible imponer al principio de la buena fe. Máxime si se tiene en cuenta que se trata de niños, quienes además de estar contemplados en la protección genérica de personas en estado de debilidad contemplada por el artículo 13 de la Carta Política, gozan de una protección especial por el artículo 44, según el cual la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás.

No comparte esta Sala el concepto del Ministerio Público en el sentido de considerar que el artículo 170 del código parte de un supuesto diferente al del artículo 169, y que en consecuencia aquel sí deba ser declarado inexequible. Según el Procurador si no existen bienes el curador es innecesario. Sin embargo, esta corporación considera que sí se justifica puesto que en este evento es idéntica la función preventiva del requisito. Así como un padre, respecto de los bienes de los hijos, podría ocultar algunos bienes y declarar otros (hipótesis del art. 169), podría ocultarlos todos (art. 170), lo cual es razón suficiente para que se encuentre justificada constitucionalmente la protección también en este caso. Además, antes de decidir si se debe nombrar curador, es fácticamente imposible saber si se está en la hipótesis del artículo 169 o 170.

5.3. Es preciso señalar además que las normas acusadas en forma alguna contemplan una presunción de mala fe. La Corte no advierte en ellas un acusación previa hacia los padres y las madres de los niños, ni la creencia de que mayoritariamente a éstos se les deba proteger de sus progenitores. Una lectura de las normas sobre familia, bien sea de la Constitución o de las leyes, evidencia que no son pocas las prerrogativas que el sistema jurídico contempla a favor de los padres.

Para esta Corte, las normas acusadas constituyen una respuesta del legislador a una realidad social en la que desafortunadamente existen casos en los que el padre, la madre o ambos, abusan de su posición prevalente respecto de sus hijos, bien sea en términos económicos, físicos, etc. (8) .

(8) Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 1997; M.P. Alejandro Martínez Caballero (en este fallo la Corte señaló que la buena fe no es un concepto absoluto y como simple presunción no puede catalogarse en un grado de superior jerarquía frente a la realidad).

5.4. Dicho lo anterior, la Corte considera que la imposición de cargas a las personas con miras a proteger a sus hijos no constituyen violaciones a la dignidad humana. (9) No se está cosificando a los padres ni convirtiéndolos en objeto de actos contrarios a su condición. Simplemente se trata de contar con un tercero imparcial cuya función es salvaguardar los derechos patrimoniales de los niños.

(9) Corte Constitucional, Sentencia SU-062 de 1999; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (en este fallo la Corte señaló que la “dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano").

Así pues, en razón a las anteriores consideraciones la Corte declarará exequibles las normas acusadas por el demandante respecto de los cargos presentados por él en su demanda.

VII. Decisión

En conclusión, una norma que exige que se nombre un curador para hacer un inventario solemne de los bienes que esté administrando la persona que, teniendo hijos bajo su patria potestad, quiera casarse o conformar unión libre no viola el derecho a la dignidad humana y el principio de buena fe. De la misma forma, tampoco desconoce dichas garantías una disposición que señala que el curador se deberá nombrar, incluso si los hijos carecen de cualquier bien de su propiedad, en cuyo caso aquél lo deberá testificar.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-289 de 2000, en donde se declaró inexequible la expresión de precedente matrimonio contenida tanto en el inciso primero del artículo 169 como en el inciso primero del artículo 171 del Código Civil.

2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión de precedente matrimonio contenida en el inciso segundo del artículo tercero del Decreto-Ley 2668 de 1998 (sic).

3. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los artículos 169 y 170 del Código Civil así como el inciso segundo del artículo tercero del Decreto-Ley 2668 de 1998, (sic) con excepción de lo resuelto en los dos numerales anteriores.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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