Sentencia C-817 de noviembre 1º de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-8490

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1402 de 2010 “por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima”

Actora: Tatiana Arias Cadavid

Bogotá, D.C., primero de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma demandada, publicada en el Diario Oficial 47.771 del 15 de julio de 2010.

“Ley 1402 de 2010

(Julio 15)

Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—El Gobierno Nacional y el Congreso de la República se asocian a la celebración de los cincuenta (50) años de la creación de la diócesis de El Espinal, departamento del Tolima y rinden público homenaje en su conmemoración.

ART. 2º—El Gobierno Nacional y el Congreso de la República rendirán honores a la diócesis de El Espinal, mediante placa conmemorativa que será impuesta en acto solemne en la catedral de esta ciudad.

ART. 3º—El Congreso de Colombia, se vincula a la celebración de los cincuenta (50) años de la creación de la diócesis de El Espinal, emitiendo en nota estilo un pergamino que contenga el texto de la presente ley.

ART. 4º—Autorícese al Gobierno Nacional para incluir dentro del presupuesto general de la Nación, senda partida presupuestal que permita la ejecución de las obras necesarias para la remodelación, reparación y conservación de la catedral de El Espinal, ubicada en el municipio de El Espinal, departamento del Tolima en la vigencia de las leyes del presupuesto nacional posteriores a la promulgación de la presente ley.

ART. 5º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional

Competencia de la Corte

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de la referencia, conforme a la facultad prevista en el artículo 241-4 de la Carta Política, al tratarse de una acción de inconstitucionalidad contra una ley de la República.

Problema jurídico y metodología de la decisión

2. La ciudadana Arias Cadavid considera que la Ley 1402 de 2010 vulnera la Constitución, a partir de dos motivos principales. En primer lugar, debido a que el precepto, en cuanto asocia a la Nación con una conmemoración religiosa particular del credo católico e impone obligaciones concretas a favor del mismo, viola los principios de Estado laico y de pluralismo religioso, que imponen al aparato estatal un deber de neutralidad frente a las prácticas religiosas. Esta situación, además, incorpora un tratamiento discriminatorio injustificado, en tanto confiere a la iglesia católica un trato preferente más favorable respecto de otras expresiones religiosas. En segundo término, considera que el título de la norma acusada desconoce el principio de unidad de materia, puesto que el mismo anuncia que el precepto declara monumento nacional a la catedral ubicada en el municipio de El Espinal, pero nada de ello es regulado por la normatividad demandada.

Uno de los intervinientes acoge los argumentos de la actora, con el fin de defender la inexequibilidad de la Ley 1402 de 2010. Agrega que decisiones anteriores de la Corte han concluido la inconstitucionalidad de la medida legislativa, frente a preceptos de similar naturaleza, En cambio, otros intervinientes indican que el precepto es parcialmente exequible, en especial teniendo en cuenta que la norma no es incompatible con la libertad religiosa, pues el reconocimiento que realiza de la diócesis de El Espinal y de su catedral, no está basado en su carácter religioso, que en cualquier caso responde al credo mayoritario en la población, sino a sus vínculos culturales e históricos con el municipio de El Espinal. Uno de estos intervinientes agrega que la Corte no podría pronunciarse sobre la demanda presentada, en tanto se está ante la carencia actual de objeto, ya que las actuaciones allí ordenadas tuvieron lugar. Finalmente, el Procurador General considera que la demanda es inepta, debido a que (i) de la Constitución no puede predicarse válidamente los principios de Estado laico y pluralismo religioso, razón por la cual el cargo carece de pertinencia; y (ii) la censura es insuficiente en lo que respecta al presunto vicio por unidad de materia, puesto que la lectura atenta de los antecedentes legislativos demuestra que el legislador tuvo la intención de declarar a la catedral de El Espinal como monumento nacional.

3. Según lo expuesto, corresponde a la Corte definir dos problemas jurídicos definidos. El primero, consistente en determinar si la norma acusada es contraria al derecho de libertad religiosa y a los principios de Estado laico y pluralismo religioso, en tanto impone deberes públicos respecto de la celebración vinculada con la iglesia católica y uno de sus bienes destinados al culto. Advierte la Corte que este asunto debe estudiarse en primer lugar, debido a que se trata de un cargo contra la integridad del precepto. Luego, deberá asumirse el segundo problema jurídico, relativo a si es vulnerado el principio de unidad de materia cuando el título de una ley prevé asuntos que no son descritos o regulados en la disposición correspondiente.

4. Para resolver estos problemas jurídicos, la Corte adoptará la metodología siguiente. En primer lugar y habida consideración de las posiciones expuestas por la demandante, los intervinientes y el Ministerio Público, se fijará el contenido y alcance de la disposición acusada. Luego, la Sala hará una presentación de las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional en materia de libertad religiosa y, en especial, las limitaciones imponibles al legislador a partir del contenido concreto de los principios de Estado laico y pluralismo religioso. En tercer lugar, la Corte hará referencia a las reglas jurisprudenciales existentes sobre las denominadas leyes de honores, aparte en que se hará especial énfasis en aquellas que tienen relación con fenómenos religiosos. A partir de la síntesis de estos argumentos, la Sala resolverá en cuarto término el primero de los problemas jurídicos antes mencionados. En una etapa siguiente, la Corte asumirá el segundo el problema jurídico, para lo cual identificará las reglas fijadas por su jurisprudencia sobre la aplicación del principio de unidad de materia en los títulos de las leyes, a fin de aplicarlas al caso objeto de examen.

Con todo, la Sala considera oportuno señalar que las razones planteadas por el Procurador General para predicar la ineptitud del cargo, en realidad no tienen ese carácter, sino que están dirigidas a cuestionar de fondo la materia objeto de debate. Por ende, estos argumentos no serán asumidos de manera preliminar por parte de la Corte, sino que serán estudiados como parte del análisis sobre la constitucionalidad material de la ley acusada.

Contenido y alcance de la Ley 1402 de 2010

5. La Ley 1402 de 2010 anuncia en su título la regulación de dos materias definidas: el asocio de la Nación a la celebración de los cincuenta años de la diócesis de El Espinal, en el departamento del Tolima, al igual que la declaración como monumento nacional de la catedral ubicada en ese municipio. La norma consta de cuatro artículos sustantivos y un artículo sobre su vigencia. Las tres primeras disposiciones imponen deberes concretos al Estado, relativos a (i) el asocio del Gobierno Nacional y el Congreso de la República a la conmemoración de los cincuenta años de la diócesis, para lo cual “rinden público homenaje” a esa efemérides; (ii) que esas mismas autoridades deberán rendir dicho homenaje mediante una placa conmemorativa en la catedral, cuya instalación se realizará en “acto solemne”; y (iii) las citadas autoridades, del mismo modo, deberán emitir en nota de estilo un pergamino contentivo del texto de la ley acusada. El artículo 4º autoriza al Gobierno Nacional para incluir dentro del presupuesto general de la Nación, la partida presupuestal destinada a financiar la ejecución de las obras necesarias para la remodelación, reparación y conservación de la catedral ubicada en El Espinal.

6. De estas previsiones se derivan dos conclusiones, útiles para resolver los problemas jurídicos materia de esta sentencia. En primer término, la norma acusada es expresa en vincular a la Nación, representada en el gobierno y el Congreso, en una celebración propia de la religión católica, como es la conmemoración de una diócesis. Esta vinculación se manifiesta de dos maneras, a saber, (i) con actos de naturaleza simbólica, como la rendición de público homenaje y la realización de ceremonias solemnes; (ii) con actuaciones materiales, con cargo a los recursos del Estado, como la imposición de placa conmemorativa, elaboración de nota de estilo con el texto de la ley y autorización al gobierno para que incorpore partidas del presupuesto destinadas a la refacción de un inmueble destinado al culto católico.

En segundo lugar, la Sala concuerda con la demandante y algunos de sus intervinientes, en el sentido que existe una discordancia entre el título de la ley y lo regulado en ella, puesto que el articulado omite toda referencia que sustente la decisión del legislador de declarar a la catedral ubicada en El Espinal como monumento nacional. Sobre el particular, la Corte considera que no es viable acoger la argumentación defendida por el Procurador General, en el sentido que esa conclusión omite tener en cuenta que tanto la exposición de motivos como los distintos debates dentro del trámite legislativo, evidencian esa intención del legislador. Esto debido a que el principio de legalidad obliga a que las previsiones jurídicas estén efectivamente contenidas en un texto normativo verificable y público, como requisito previo a su validez dentro del ordenamiento jurídico. Si bien los antecedentes legislativos confieren información de primer orden para la interpretación de las disposiciones legales a partir de un criterio histórico, esta hermenéutica depende necesariamente de la existencia de un texto normativo susceptible de ser asumido por el intérprete.

Resultaría contrario a un concepto mínimo de seguridad jurídica asumir la posición según la cual están integradas al ordenamiento jurídico decisiones implícitas del legislador, que si bien no están presentes en el derecho positivo, se encuentran en los debates legislativos. Esto al menos por dos tipos de razones. La primera, de tipo prescriptivo, según la cual la Constitución solo confiere la naturaleza jurídica de ley en sentido formal a los preceptos que cumplen con las condiciones previstas en el artículo 157 de la Carta, condiciones que claramente no cumplen los distintos documentos que se producen a lo largo del debate legislativo. La segunda, de naturaleza lógico conceptual, referida a que mientras las prescripciones jurídicas toman la forma de textos con contenido deontológico, respecto de las cuales puede generalmente inferirse una consecuencia jurídica predicable de determinado acto o supuesto de hecho, los debates legislativos, en tanto constancia de la actividad deliberativa del Congreso, carecen de ese carácter. Asumir una posición como la ahora criticada, impondría una carga desproporcionada a los ciudadanos y a los servidores del Estado, quienes deberían escrutar sus derechos y obligaciones no solo en las leyes, sino también en las complejas discusiones parlamentarias. Por lo tanto, la Corte concluye que la Ley 1402 de 2010 nada dice, en cuanto a su contenido concreto, respecto de la declaratoria como monumento nacional de la catedral ubicada en el municipio de El Espinal.

El principio de Estado laico y el pluralismo religioso en la Constitución colombiana

Uno de los aspectos que han merecido más atención en el constitucionalismo contemporáneo es el contenido y alcance de la relación entre el Estado y la cuestión religiosa. Precisamente, puede plantearse válidamente que este tópico ha ido de la mano con el desarrollo de las democracias liberales y que, incluso, un rango distintivo que permite diferenciar las distintas fórmulas de conformación democrática del poder político es el modo de relación entre las iglesias y el Estado. Esta nodal importancia, sumada a la evidente tensión derivada de la presencia en la sociedad colombiana de un credo mayoritario, justifica que la jurisprudencia constitucional haya mostrado su interés sobre la materia en múltiples decisiones(2). Por ende, en la presente sección la Corte hará una recopilación de las reglas que dichas decisiones han fijado, a efectos de identificar el marco de análisis para la resolución de los problemas jurídicos antes planteados.

7. La forma en que los Estados resuelven su relación con los diferentes credos religiosos responde a una categorización, que oscila entre la asunción de un credo particular como propio de la Nación, hasta el carácter laico y secular de la organización política. Esta división fue evidenciada por la Corte en la Sentencia C-350 de 1994, la cual declaró la inconstitucionalidad del mandato legal que consagraba el Estado colombiano al símbolo católico del “sagrado corazón de Jesús”. Allí se indicó que una tipología aceptable sobre la materia no solo comprende los estados religiosos y los estados laicos, sino que existe una gradación intermedia que reconoce los diversos niveles de intensidad de la relación entre iglesias y el Estado. Así, se distinguen los siguientes tipos de Estado de acuerdo a la manera como resuelven la cuestión religiosa:

7.1. Estados confesionales, los cuales adscriben el aparato estatal a un credo particular y específico y, de manera correlativa, prohíben o restringen la práctica de otras expresiones religiosas distintas. Estas medidas no solo toman la forma de desestímulos para la práctica de credos diferentes, sino la asimilación de la población al credo oficial, por lo que es usual que las prescripciones religiosas tengan carácter jurídico formal.

7.2. Estados que tienen una religión oficial, pero que a su vez son tolerantes a otras prácticas religiosas, razón por la cual no imponen sanciones a quienes no comparten el credo estatal. En este escenario, resultan admisibles regulaciones legales que promuevan la religión del Estado o que le reconozcan tratamientos preferentes respecto de otras religiones. La doctrina constitucional en comento señala que dentro de esa categoría se encuentran dos vertientes: la conformada por los Estados con religión oficial, pero que toleran otros credos; y el grupo de Estados que, como sucede con el Reino Unido, tienen una religión oficial, pero aceptan la plena libertad religiosa para sus ciudadanos. Como se explicará con mayor detalle en el fundamento jurídico siguiente, el Estado colombiano regulado por la Constitución anterior adscribía a la primera vertiente de este modelo.

7.3. Estados que aunque no asumen oficialmente una religión oficial, esto es, a través de normas jurídicas formales, en todo caso admiten la validez en su ordenamiento de normas que otorgan tratamiento preferencial a un credo particular, merced de su carácter mayoritario y/o su vínculo con una práctica social igualmente mayoritaria. Es decir, son estados de orientación confesional.

7.4. Estados que, siendo ejemplos paradigmáticos Estados Unidos y Francia, basan su modelo de organización política en un criterio secular, fundado en la estricta separación entre iglesias y Estado, al igual que en el reconocimiento de la libertad religiosa y en la correlativa prohibición para el Estado de prohijar un credo particular. Así, como lo indica la Sentencia C-350 de 1994 “[e]stos regímenes constitucionales reconocen el hecho religioso y protegen la libertad de cultos pero, por su laicismo, no favorecen ninguna confesión religiosa por cuanto consideran que ello rompería la igualdad de derecho que debe existir entre ellas. Ello implica, como contrapartida, que la autonomía de las confesiones religiosas queda plenamente garantizada, puesto que así como el Estado se libera de la indebida influencia de la religión, las organizaciones religiosas se liberan de la indebida injerencia estatal”. Para efectos de esta sentencia, esta categoría será definida como de estados laicos o seculares.

7.5. Estados que manifiestan expresamente que son ateos y, a su vez, intolerantes de toda práctica religiosa. La Corte en la sentencia en comento trae a colación para esta categoría el ejemplo de la Constitución de la República Socialista de Albania de 1976, la cual en su artículo 54 prohibía la creación de organizaciones religiosas, y en su artículo 36 establecía que “el Estado no reconoce ninguna religión y fomentará y desarrollará la propaganda ateísta con el fin de infundir al pueblo la concepción materialista científica del mundo”. Sin embargo, la misma decisión señaló que esta postura es contraria a los derechos humanos y, por ende, al modelo democrático. Por ende, esta categoría no es necesaria ni pertinente para adelantar el presente estudio.

8. Con todo, propuestas teóricas más recientes subsumen las categorías explicadas a modelos más simples que, como se verá, permiten una diferenciación conceptual con mayor utilidad, en especial a efectos de dirimir la diversidad de criterios que respecto del tema ofrecen la demandante, los intervinientes y, en especial, el Procurador General. A este respecto Ronald Dworkin, en obra relativamente reciente(3) y refiriéndose al tema de la cuestión religiosa, distingue dos tipos de sociedades democráticas: (i) las sociedades religiosas tolerantes, las cuales consideran que la práctica religiosa, en sí misma considerada, debe ser objeto de protección estatal, pero que admiten que la misma se exprese a través de diversos credos o, inclusive, que tolera que los ciudadanos no profesen ninguno; y (ii) las sociedades seculares, que aceptan la práctica religiosa de los ciudadanos, o la negativa a ella, pero no por el hecho que consideren que las religiones son un ámbito constitucionalmente protegido por sí mismo, sino en tanto tales prácticas hacen parte de la autonomía del individuo, quien puede optar por cualquier tipo de parámetro ético o moral para guiar su conducta, incluso uno de carácter transcendente o religioso. En otras palabras, la religión no cuenta con un valor particular en sí misma, por lo que el Estado debe ser neutral ante ese fenómeno, y permitir su práctica en la medida en que la creencia hace parte del ámbito de libertad individual.

En términos de la obra citada, “[n]inguno de los dos modelos impondría ninguna prohibición a la práctica pacífica de cualquier religión. Sin embargo, el reconocimiento de un derecho a la libertad religiosa requiere hacer un análisis primario acerca del origen y el fundamento de ese derecho, asunto respecto del cual las dos comunidades [religiosa tolerante y secular] no deben estar de acuerdo. Quienes apoyan una sociedad religiosa tolerante tienden a declarar que el derecho a la libertad religiosa tiene carácter sui generis, en tanto derecho especial que refleja la particular importancia de la religión. Incluso, podrían estar tentados a tener una comprensión muy estrecha de ese derecho: que este abarca únicamente la libertad de rendir culto a un ser sobrenatural de una u otra descripción, o en una iglesia dedicada a ese culto, al margen de su denominación, e incluso la libertad de rechazar por completo la existencia o la importancia de dicho ser. (...) Sin embargo, una sociedad tolerante secular no puede aceptar esa visión tan estrecha como fundamento de la libertad de religión. Así como una sociedad religiosa tolerante puede encontrar una especial justificación para ese derecho en el especial valor de la religión, una sociedad secular tolerante no lo hace, en tanto no confiere ningún valor especial a la religión en cuanto fenómeno. Esta sociedad conoce que muchos de sus miembros otorgan gran importancia a su libertad de elegir su propia vida y compromisos religiosos, a la vez que ansiosamente respetan esa convicción. Pero también sabe que muchos de sus miembros confieren igual importancia a la potestad de decidir acerca de cómo vivir —por ejemplo frente a la sexualidad o la procreación— decisiones que reflejan sus diferentes convicciones sobre qué clase de modos de vida son buenos para ellos. (...) Una sociedad secular tolerante debe por tanto encontrar su propia justificación para la libertad religiosa, en un principio más básico de libertad, el cual provee una concepción más generosa de las esferas de valor respecto de las cuales las personas deben ser libres de escoger por sí mismas. Se trata, entonces, de una libertad religiosa comprendida como una expresión de un derecho más general, que no es simplemente una libertad de culto, sino una libertad ética”(4).

Como es sencillo observar, la diferencia entre uno y otro modelo es el origen de la justificación constitucional de la tolerancia religiosa. En los Estados religiosos tolerantes, el culto de las personas es un objeto autónomo de protección constitucional, en la medida en que se advierte valiosa, en sí misma considerada, la práctica de la religión. En cambio, para el Estado secular la admisibilidad de la religión se funda en que ese escenario es una expresión de la libertad del individuo de guiarse por un modelo de conducta particular, que puede o no ser religioso. Aunque el teórico estadounidense no lo plantea de ese modo, la Corte señala que el único límite predicable de dicho modelo es que no contradiga el orden público y los derechos de los demás, restricción que es propia de las distintas esferas de libertad individual(5).

9. La Carta Política de 1991 dispone, por ende, un cambio cualitativo y de grado en lo que respecta al modo de resolver la cuestión religiosa en el constitucionalismo colombiano. Como se sabe, la Constitución de 1886 prodigaba una forma de organización política que fijaba una religión oficial y, a su vez, toleraba otros credos, en todo caso supeditados a la práctica religiosa mayoritaria. En efecto, el preámbulo de ese texto vinculaba el principio de soberanía a la figura divina, puesto que el mismo estatuto superior era previsto por los ciudadanos reunidos en plebiscito nacional en tanto mandatarios de ese poder sobrenatural. A esto se sumaba que ese mismo preámbulo señalaba que la religión católica era “la de la Nación”, lo que reafirmaba su carácter preferente. Empero, no puede perderse de vista que la Constitución anterior preveía una cláusula de tolerancia religiosa que, conforme el artículo 53 de esa codificación, garantizaba “... la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común”.

Resalta la Corte que con base en esa última cláusula, importantes doctrinantes nacionales del derecho constitucional aceptaban que el Estado colombiano regulado bajo la égida de la Constitución anterior, no era confesional y conservaba la separación entre iglesia y Estado, lo cual no era incompatible con la validez de la deferencia para el credo católico. Así lo afirma Luis Carlos Sáchica, al indicar que “... [u]na larga y firme tradición católica ha justificado el trato preferencial dado a esa iglesia. Pero el concordato no implica que esa religión sea la del Estado, aunque es la de la mayoría de la Nación. No hay, pues, religión oficial, Estado teocrático. || Está prohibido inculcar determinadas creencias o perseguirlas. Se toleran todos los cultos que no sean contrarios a la ley y a la moral cristiana que pertenece a nuestro contexto cultural. Los ritos contrarios a la ley no eximen de responsabilidad. || La inclinación en este campo es, siguiendo las orientaciones del Concilio Vaticano II, el reconocimiento de una plena libertad religiosa y la consiguiente separación de Estado e Iglesia, desligando los problemas de credo, de fe y de conciencia, de la órbita del poder temporal, y afirmando la completa autonomía de las dos potestades, para eliminar todo rezago de confesionalismo, alianza o confusión de poderes. Ni laicismo anticlerical, ni fundamentalismo”(6).

10. Encuentra entonces la Corte que, a partir de la categorización expresada anteriormente, el modelo constitucional anterior se encuadraba en los postulados religiosos tolerantes. Como se observa, la Carta de 1886 reconocía a un credo particular como el propio de la Nación, pero a su vez permitía otras expresiones religiosas, que en todo caso no podían mostrarse incompatibles con el culto mayoritario, amén de la limitación a partir del criterio de la moral cristiana.

En ese orden de ideas, la Constitución de 1991 contiene un importante cambio cualitativo sobre la materia, que reposa en tres aspectos principales. Así, se eliminó la referencia a un ser sobrenatural como sustento del principio de soberanía y, en cambio, se hizo una referencia en el preámbulo a la invocación de la protección de Dios, lo cual es una opción diametralmente opuesta a justificar el fundamento del poder político en esa instancia trascendente que, además, no fue vinculada a ningún credo particular, como sí sucedía al amparo del régimen anterior.

En segundo lugar, se previó en la definición misma del Estado colombiano (C.P., art. 1º), la cláusula democrática, participativa y pluralista. Como se explicará con mayor detalle en apartado posterior, a propósito del contenido y alcance del principio de pluralismo religioso, una previsión constitucional de esta naturaleza, incorporada en la definición que contiene los conceptos fundantes y definitorios del Estado social y democrático de derecho, impide la imposición de un credo particular o, el reconocimiento de una religión como propia de la Nación, pues ello significaría negar el mandato de pluralismo democrático, que no significa nada distinto que asumir y promover que en la sociedad concurran diversos modos de comprender la ética, la moral y, en general, distintos escenarios axiológicos, todos ellos igualmente válidos y con ningún otro límite que la vigencia de los derechos fundamentales.

En tercer término, el artículo 19 de la Constitución Política prevé la garantía de la libertad de cultos, según la cual (i) todas las personas tienen derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva; y (ii) todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. En tal sentido, existe un mandato constitucional concreto que impide al Estado que otorgue un tratamiento preferente a un credo particular, tal y como lo ha comprendido la jurisprudencia constitucional.

11. La profunda modificación sobre la materia fue, a su vez, fruto de la decisión del Constituyente de plantear un nuevo paradigma acerca del modo en que el Estado resuelve la cuestión religiosa en el caso colombiano. Los debates de la Asamblea Nacional demuestran que el acuerdo sobre la materia llevó a que a partir del nuevo texto constitucional se instaurara un modelo de Estado secular, según la categorización explicada en el fundamento jurídico 8 de esta sentencia. Así, en una de las deliberaciones de la Asamblea se indicó que ““[d]entro del nuevo ordenamiento constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras “todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”, expresan la diferencia fundamental con el texto de la Constitución vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos”(7).

Con todo, también debe advertirse que la decisión del Constituyente en ese sentido, no estuvo exenta de debate. En efecto, algunos delegatarios plantearon que la cláusula de Estado secular resultaba incompatible con el hecho, efectivamente verificable, que la religión católica es practicada por la mayoría de la población, lo que generaría la necesidad de conservar su carácter preferente. No obstante, esa propuesta fue derrotada al interior de la Asamblea, la cual decidió optar por un modelo de Estado laico. Este debate es mostrado en la Sentencia C-350 de 1994, antes citada, que al respecto señaló:

“En cuarto término, la Constitución de 1991 estableció expresamente, en el artículo 19, que ‘todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley’. Esto significa que la Constitución de 1991 ha establecido una plena igualdad entre todas las religiones, mientras que la Constitución de 1886 confería un tratamiento preferente a la religión católica, por su carácter mayoritario. Durante los debates en la comisión I de la Asamblea Constituyente, algunos sectores quisieron mantener esa preeminencia del catolicismo, considerando que ella no era incompatible con la plena libertad de cultos y consultaba la realidad social del país. Así, el constituyente Ramírez Ocampo expreso: “se deben respetar las creencias religiosas ajenas —respeto a los agnósticos, respeto a los ateos, respeto a los politeístas— pero una gran mayoría del pueblo colombiano es católico y reconocer este hecho no hace ningún mal sino que obedece a un comportamiento estrictamente democrático; es una realidad nacional y es una realidad que yo creo debería ser reconocida”(8).

Sin embargo tal propuesta no fue adoptada por cuanto la mayoría de la comisión consideró que ese reconocimiento al catolicismo vulneraba el pluralismo y equivalía a mantener la orientación confesionalista de la Constitución de 1886. Así, según la delegataria María Mercedes Carranza: “La Constitución debe ser pluralista y permitir la participación de todas las religiones. Establecer preferencias corresponde al esquema de un estado confesional, y los colombianos desean pluralismo religioso y político”(9).

Por tales razones, la Asamblea Constituyente aprobó la fórmula del artículo 19 que estableció la igualdad entre las religiones, excluyendo entonces la preeminencia de cualquier confesión religiosa sobre las otras. Así, en el respectivo informe-ponencia, el Constituyente Diego Uribe Vargas dijo: “Dentro del nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras ‘todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley’, expresan la diferencia fundamental con el texto de la Constitución vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos” (destacado de la Corte)(10).

Por consiguiente, el carácter más extendido de una determinada religión no implica que esta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que esta tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas”.

Así, a partir de la interpretación histórica de la Constitución, que se sirve de las discusiones que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte concluyó en la providencia analizada que “... la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”.

12. La regulación constitucional ofrece, por ende, dos conceptos centrales para resolver los problemas jurídicos relacionados con la cuestión religiosa: el Estado laico o secular y el pluralismo religioso. En cuanto al primer concepto, la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido que la decisión del constituyente de prodigar idéntico tratamiento a todos los credos religiosos, está basado en un mandato específico, que impone al Estado un deber de neutralidad frente a esos credos e iglesias. En otras palabras, ante el hecho religioso el Estado constitucional colombiano acepta que la práctica del culto hace parte de las libertades individuales, pero a su vez, merced de la norma constitucional que proscribe tratos preferentes a un credo particular, no puede servirse de ese reconocimiento para vincular el poder público a determinadas expresiones de culto, con el único argumento de la importancia de esa práctica religiosa.

Esta conclusión está consolidada en la jurisprudencia constitucional desde los primeros fallos que analizaron el tópico. Así por ejemplo, en la Sentencia C-350 de 1994, varias veces reseñada, se explicitó como “... [l]a laicidad del Estado se desprende entonces del conjunto de valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. En efecto, un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones (C.P., arts. 1º y 19) no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado ya que, como lo señaló el Constituyente Horacio Serpa Uribe, la referencia de que ninguna confesión tendría el carácter de estatal hubiese sido necesaria con el preámbulo de la Constitución de 1886 que contenía el reconocimiento de la religión católica, pero “si eso va a ser eliminado y no hay cláusulas en la carta que otorguen privilegios a la religión católica podría suprimirse esa referencia”(11). En fin de cuentas, en la Constitución de 1991 la unidad nacional se funda en el pluralismo y es el resultado de la convivencia igualitaria y libre de los más diversos credos y creencias en los diferentes campos de la vida social, mientras que en la Constitución de 1886, esa unidad nacional tenía como base esencial el reconocimiento de la preeminencia del catolicismo como religión de toda la nación. || Por todo lo anterior, para la Corte Constitucional es claro que el Constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 —que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional por la protección preferente que otorgaba a la iglesia católica—, y estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico”. Adicionalmente, esta sentencia fue expresa en afirmar que las conclusiones a las que arribaba no eran novedosas para esa etapa de la jurisprudencia constitucional, puesto que se limitaban a reafirmar y sistematizar consideraciones que en idéntico sentido habían sido planteadas en los fallos T-403 de 1992(12), C-568 de 1993(13) y C-088 de 1994(14).

Previsiones jurisprudenciales de similar naturaleza sirvieron de base para adoptar nuevas decisiones. Un inventario de ellas es presentado por la Corte en la Sentencia C-1175 de 2004, la cual declaró la inconstitucionalidad de la previsión que incluía a un representante de la iglesia católica en el comité de clasificación de películas. En esa oportunidad, se indicó que “[l]o anteriormente expuesto presenta el desarrollo, no solo del artículo 19 de la Constitución sino de las normas de la Carta Política de 1991, que a diferencia de las de la Constitución de 1886, establecen la separación del Estado y la Iglesia en atención al carácter pluralista que se garantiza y se promueve para la sociedad, a partir de los principios de igualdad, libertad y convivencia propios de un Estado social de derecho (C.P., art. 1º). Ahora bien, el estudio de constitucionalidad que emprende ahora la Corte, se basa en los principios que precisamente encuadraron los distintos pronunciamientos jurisprudenciales citados. Estos son: (i) separación entre Estado e iglesias de acuerdo con el establecimiento de la laicidad del primero (C-088/94 y C-350/94), (ii) prohibición de injerencia alguna obligatoria, que privilegie a la religión católica o a otras religiones en materia de educación (C-027/93), (iii) renuncia al sentido religioso del orden social y definición de este como orden público en el marco de un Estado social de derecho (C-088/94 y C-224/94), (iv) determinación de los asuntos religiosos frente al Estado, como asuntos de derechos constitucionales fundamentales (C-088/94), (v) prohibición jurídica de injerencia mutua entre Estado e iglesias (C-350/94), (vi) eliminación normativa de la implantación de la religión católica como elemento esencial del orden social (C-350/94) y (vii) establecimiento de un test que evalúa si las regulaciones en materia religiosa están acordes con los principios de pluralidad y laicidad del Estado colombiano (C-152/2003)”.

13. Ahora bien, el principio de pluralismo religioso, aunque está estrechamente vinculado con el concepto de Estado laico, tiene un contenido y alcance concreto. De acuerdo con esa garantía constitucional, que se deriva del principio democrático pluralista, al igual que del derecho a la igualdad y del derecho a la libertad religiosa, las diferentes creencias religiosas tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del Estado. Por ende, no resultan admisibles medidas legislativas o de otra índole que tiendan a desincentivar, y menos conferir consecuencias jurídicas desfavorables o de desventaja, contra las personas o comunidades que no comparten la práctica religiosa mayoritaria, bien porque ejercen otro credo, porque no comparten ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta oposición a toda dimensión trascendente. Cada una de estas categorías es aceptada por el Estado constitucional el cual, en tanto tiene naturaleza laica y secular, reconoce y protege dichas legítimas opciones, todas ellas cobijadas por el derecho a la autonomía individual y a la dignidad humana.

Esta argumentación es avalada por la jurisprudencia constitucional, la cual es consistente en afirmar que “... el carácter más extendido de una determinada religión no implica que esta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que estas tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas”(15).

Es por esta misma razón que el artículo 13 de la Constitución, incorpora dentro de los criterios sospechosos de discriminación a la religión. De acuerdo con esa previsión, se presume la inconstitucionalidad de las medidas legales y administrativas que confieran un tratamiento distinto entre personas y situaciones de hecho, que esté fundada exclusivamente en la pertenencia a un credo particular o la negativa a practicarlo. Ello debido a que esa actuación estatal es abiertamente contraria a su naturaleza laica y al contenido y alcance del pluralismo religioso.

14. La misma jurisprudencia ha enfatizado, en cuanto al deber de neutralidad, que el mismo conlleva la prohibición estatal de alentar u otorgar un trato más beneficioso o desfavorable, a un credo en específico, fundado en esa misma condición. Este deber, como lo ha explicado la jurisprudencia, no es incompatible con el reconocimiento jurídico y la garantía de la práctica religiosa, en tanto expresión de la libertad individual, sino que solo exige que la pertenencia de una persona o situación a un credo particular no sirva de fundamento para conferir un tratamiento más favorable –o perjudicial– que el que resultaría aplicable en caso que no concurriera la práctica de ese culto religioso específico. Del mismo modo, es contrario al deber de neutralidad que una actividad estatal se explique o fundamente en razón exclusiva de un credo particular o, en general, en la promoción de la práctica religiosa

Esta regla es explicitada por la Corte, entre otros fallos, en la reciente Sentencia C-766 de 2010, la cual declaró fundadas las objeciones gubernamentales al proyecto de ley que confería la condición de “ciudad santuario” a un municipio. En esa decisión se indicó como “[l]a neutralidad, derivada de la laicidad, no consistirá en la búsqueda por parte del Estado de un tratamiento igual a las religiones a partir de las actividades que este realice en relación con ellas. La neutralidad estatal comporta que las actividades públicas no tengan fundamento, sentido u orientación determinada por religión alguna —en cuanto confesión o institución—, de manera que las funciones del Estado sean ajenas a fundamentos de naturaleza confesional. En este sentido, la igualdad no se logra motivando las funciones estatales con base en intereses de todas las religiones por igual —algo, por demás, de imposible realización en la práctica—, pues esta pretendida igualdad, en cuanto vincula motivos religiosos en las actividades estatales, sería diametralmente contraria al principio de secularidad que resulta ser el núcleo del concepto de laicidad estatal y, de su concreción, el principio de neutralidad. || La neutralidad, en desarrollo del carácter secular del Estado, honra la igualdad por medio de los límites que impone a este respecto de los motivos religiosos e influencia religiosa que sus actividades tengan. Por esta razón es que la igualdad en este específico punto se materializa como un valor —entendido en cuanto objetivo constitucional— que se busca alcanzar por vía del principio de laicidad estatal, que comportará el carácter secular de las acciones estatales y, por tanto, la neutralidad de la actuación estatal. || Sin embargo, el análisis constitucional no conduce a entender que la neutralidad estatal implica un total aislacionismo de la religión respecto de los intereses del Estado. Empero, las actividades que desarrolle el estado en relación con la religión deben tener como único fin el establecer los elementos jurídicos y fácticos que garanticen la libertad de conciencia, religión y culto de las personas, sin que se encuentre fundamento legítimo para que las funciones públicas se mezclen con las que son propias de las instituciones religiosas, siendo ejemplo de estas últimas las que atienden a la definición de su ideología, su promoción y difusión. Contrario sensu, no puede ser el papel del Estado promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se practique en su territorio”(16).

15. Por último, el precedente en comento destaca que los principios de Estado laico, pluralismo religioso, y deber de neutralidad, en modo alguno impiden que el Estado prodigue determinado tratamiento jurídico a una persona, comunidad o situación, que tenga connotación religiosa. Sin embargo, para que una medida de ese carácter resulte válida desde la perspectiva constitucional, deben cumplirse dos condiciones particulares. En primer lugar, la medida deberá ser susceptible de conferirse respecto de otros credos, en igualdad de condiciones(17). En segundo término, el aparato estatal no debe incurrir en una de las prohibiciones siguientes, identificadas por la Corte en la Sentencia C-152 de 2003, en la que declaró la constitucionalidad de la expresión “ley María” que el legislador había previsto para la norma que prescribe la licencia de paternidad, en razón a que esta expresión podía ser interpretada a partir de una perspectiva secular. De este modo, la mencionada sentencia dispone que el Estado tiene prohibido, por mandato de la Constitución (i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión o (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional. No obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas.

Por ende, la constitucionalidad de las medidas legislativas citadas dependerá que en cada caso concreto sea posible identificar un criterio secular lo suficientemente discernible, que la sustente o justifique. Así por ejemplo, podría válidamente otorgarse autorización a una comunidad religiosa para que regente una institución que preste el servicio público de educación, en tanto esa decisión no está justificada en la naturaleza del culto, sino en la posibilidad constitucionalmente admitida que los particulares, bajo la vigilancia y control del Estado, presten el servicio educativo. Por lo tanto, como el Estado tiene un particular interés en que se preste ese servicio en condiciones de universalidad y calidad, bien puede autorizar a los particulares, entre ellas las instituciones religiosas, para lograr esa cobertura. Como lo señala la jurisprudencia “[n]o significa lo anterior que le esté vedado al Estado entablar relaciones con las iglesias y confesiones religiosas. Lo que prohíbe la Carta es que las entable con unas y no con otras igualmente protegidas en su dignidad y libertad por la Constitución, si estas quieren entablarlas en ejercicio de su autonomía”(18).

Este fue el criterio que, en igual sentido, utilizó la Corte para declarar la exequibilidad de la expresión “ley María” estudiada en la Sentencia C-152 de 2003 antes reseñada. En ese caso, se concluyó que ese término no tenía una necesariamente vinculación a la virgen de los católicos, sino que se justificaba en otros criterios, como el hecho que hubiese sido inspirada en el nombre de la hija de uno de los funcionarios del gobierno comprometido con la aprobación de la licencia de paternidad, o que el nombre María fuera de uso común de las mujeres colombianas.

En conclusión, encuentra la Corte que concurren reglas jurisprudenciales consolidadas, que interpretan las normas constitucionales sobre pluralismo democrático, derecho a la igualdad y libertad religiosa, las cuales validan el carácter laico del Estado colombiano. Esta premisa impide que se impongan medidas legislativas u otras reglas del ordenamiento jurídico, que prevean tratamientos más favorables o perjudiciales a un credo particular, basadas en el hecho exclusivo de la práctica o rechazo a ese culto religioso. Estos parámetros jurisprudenciales servirán de base para resolver el primero de los problemas jurídicos que ofrece la demanda de la referencia.

16. Finalmente, la Corte considera pertinente hacer algunas precisiones frente a los argumentos planteados por el Ministerio Público, que apuntan a negar la existencia de una cláusula constitucional que disponga el Estado laico y el principio de pluralismo religioso.

En criterio de la Sala, este cuestionamiento plantea tres tipos de falencias que le restan capacidad de convicción, a saber, (i) la confusión conceptual entre las sociedades religiosas tolerantes y las sociedades seculares; (ii) la omisión del pluralismo democrático y el principio de igualdad como fundamentos constitucionales concurrentes para el Estado laico y el principio de pluralismo religioso; y (iii) el desconocimiento del contenido secular como requisito para la promoción de manifestaciones culturales o tradicionales.

16.1. En cuanto a lo primero, se ha señalado en esta sentencia que aunque los modelos religioso tolerante y secular protegen, incluso con un grado análogo de intensidad, la opción de las personas de optar por una religión o por no practicar ninguna, se diferencian en la fundamentación de esa protección. En el primer caso, porque se considera que la práctica religiosa es intrínsecamente valiosa. En el segundo, porque se advierte que la libertad de culto es una expresión de la libertad individual de escoger determinada opción axiológica para guiar la conducta de la persona, dentro de un escenario democrático y pluralista, que reconoce y protege todas estas opciones, al margen de si son de estirpe religiosa o de otra naturaleza, tópico que de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia, se explica a partir del deber de neutralidad. Es claro que la modificación que sobre la cuestión religiosa en el caso colombiano se evidencia partir de esa diferenciación. En el modelo constitucional anterior, se estaba ante una sociedad religiosa tolerante, no confesional, pues reconocía todos los credos como válidos y, simultáneamente, prodigaba un tratamiento preferente a la iglesia católica. En el actual régimen, por expresa disposición del Constituyente, se dio paso al Estado laico o secular, que optó por una sociedad democrática que reconoce a la religión, pero solo en tanto es uno de los escenarios en que se expresa la libertad individual. En cambio, el concepto del Ministerio Público mezclaría indebidamente ambos planos, al intentar aplicar las reglas de la sociedad religiosa tolerante a las de la sociedad laica, asimilándolas a partir del elemento que tienen en común, como es el reconocimiento de la libertad religiosa. Sin embargo, deja de tener en cuenta las hondas diferencias que se encuentran entre la justificación de la protección a ese derecho, ampliamente explicadas en este fallo. Por ende, es precisamente ese yerro conceptual el que permite al dictamen del Ministerio Público predicar las conclusiones del Estado religioso tolerante, para negar la existencia de un Estado laico en Colombia.

De otro lado, es importante señalar que la Corte acepta, e incluso alienta, que tanto la ciudadanía como el Ministerio Público, en el marco participativo de la acción pública de inconstitucionalidad, presenten diversas posturas, entre ellas las que se oponen a las conclusiones que presenta el precedente judicial existente en cada materia. Esta garantía constitucional implica, de suyo, la posibilidad de solicitar a la Corte que analice la opción de modificar su precedente, en tanto no desarrolla adecuadamente los postulados superiores. Con todo, en el caso analizado la Sala encuentra que los fundamentos del Estado laico y del pluralismo religioso tienen sustento no solo en una jurisprudencia estable y consolidada por cerca de dos décadas, sino que se avizora desde las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Por ende, disiente de las conclusiones planteadas por el concepto de la vista fiscal, en el sentido de la inexistencia de ese precedente, fundado en una lectura incompleta y aislada de distintas decisiones de la Corte. Esto es distinto a que el Procurador General considere legítimamente que la Corte debe variar su doctrina sobre ese punto de derecho. Empero, lo deseable es que esa posición sea manifestada de manera abierta, a fin que tanto la Sala como la ciudadanía interviniente puedan plantear las posiciones teóricas que defenderían o cuestionarían esa alternativa.

16.2. Se ha señalado que el Estado laico y el Estado secular comparten un grado de protección análogo de la libertad religiosa. Es este aspecto común el que, como se ha explicado, usa el concepto del Ministerio Público para prodigar indistintamente consecuencias jurídicas a uno y otro escenario. Esta confusión categorial se aclara con sencillez al considerar que el Estado laico y el pluralismo religioso, no solo tienen sustento en la cláusula de libertad religiosa del artículo 19 de la Constitución Política, sino también en la definición del Estado como democrático, participativo y pluralista, así como en el principio de igualdad. Aceptar, como lo hace la Constitución y la jurisprudencia de este tribunal, el principio de pluralismo como base de los derechos fundamentales, implica reconocer como igualmente válidas las distintas fórmulas éticas y morales existentes en la sociedad, que no sean lesivas de tales derechos. No solo tolerar como una carga admisible esas distintas concepciones, sino reafirmar con decidido vigor que todas ellas tienen cabida en un Estado democrático, en tanto son intrínsecamente valiosas para la sociedad, razón por la cual la promoción estatal de un credo particular es inadmisible, pues rompería con ese equilibrio valorativo e impondría una discriminación injustificada. Este es precisamente el rasgo que distingue al Estado laico y el Estado religioso tolerante: El primero asume ese compromiso con el pluralismo como un factor que lo define como democrático, el segundo se limita a reconocer que cada persona puede ejercer su culto, a pesar de no participar de un credo mayoritario o, incluso, de alguna práctica religiosa.

16.3. Por último, advierte la Corte que tanto el concepto de la vista fiscal como algunos de los intervinientes defienden la tesis según la cual la promoción estatal del credo católico, resulta válida en la medida que al ser el culto que practican la mayoría de los colombianos, cuyos orígenes se remontan a la Conquista española y, por supuesto, tiene un vínculo evidente con la tradición y la historia nacional, puede ser objeto de un tratamiento particular acorde con esas características. Para la Corte, asimilar a un culto específico, por sí mismo, al concepto “cultural”, plantea serias dificultades y graves riesgos. El pluralismo religioso implica reconocer y proteger todas las expresiones de culto, al igual que aquellas agnósticas o que defienden el ateísmo, pues todas ellas son válidas dentro de una sociedad democrática. Este reconocimiento debe realizarse con abstracción de particularidades culturales o poblacionales, pues lo contrario pondría en riesgo la vigencia de los derechos constitucionales de las personas o comunidades que adoptan una opción minoritaria. Por ejemplo, es también claro que la familia patriarcal o la promoción de la heterosexualidad son prácticas que sin duda se encuadran dentro de lo que algunos definen como “tradición”. Igualmente, la población colombiana mestiza demográficamente supera con creces a la indígena o la afrodescendiente. Con todo, estas razones no pueden servir de base para que el Estado constitucional deje de estar comprometido con la defensa de las minorías conformadas por mujeres, homosexuales, indígenas y afrocolombianos, precisamente porque de no hacerlo, a partir del reconocimiento de esas prácticas tradicionales, negaría sus derechos y libertades en pos del mantenimiento de la comprensión de lo que debe ser la sociedad para la mayoría. Esta es la razón por la cual la jurisprudencia constitucional asume el criterio de discriminación histórica como parámetro para la protección especial por parte del Estado de determinadas categorías de personas y comunidades.

Estas consideraciones son aplicables mutatis mutandis a quienes, haciendo parte de una minoría en el país, ejercen un credo distinto al católico o no ejercen ninguno. Vincular a la religión católica a una tradición constitucionalmente protegida, en razón de sus vínculos culturales, significaría excluir a dichas minorías de la protección estatal. Por supuesto, en esta sentencia se ha señalado que son admisibles los tratamientos jurídicos, incluso favorables, para fenómenos vinculados a credos religiosos, tratamientos que a su vez pueden estar basados en el reconocimiento de fenómenos de comprobada raigambre cultural. Por ejemplo, no existe duda que podría prodigarse determinado trato favorable para la conservación y restauración de un lugar destinado al culto, cuando se compruebe suficientemente que el mismo tiene un valor arquitectónico y/o histórico, que trasciende a la práctica religiosa. Por ende, para evitar desconocer los principios de igualdad, Estado laico y pluralismo religioso, este reconocimiento estatal depende de que en cada caso concreto pueda evidenciarse que la medida está fundada principalmente en un criterio secular constitucionalmente admisible, que permite dicha promoción. Ello debido a que ese criterio secular haría que la acción el Estado se encuadre dentro del deber de neutralidad, categoría que precede a la vigencia del Estado laico.

La exigencia de ese criterio secular es, en ese orden de ideas, la que da sentido al deber de neutralidad estatal ante la cuestión religiosa. El Estado tiene vedado adscribirse institucionalmente a cualquier culto, sea este mayoritario o minoritario, por el solo hecho de ser una práctica religiosa. Esto no impide que pueda válidamente apoyar expresiones insertas en la práctica religiosa, a condición que las mismas ofrezcan un contenido secular principal y verificable, esto es, no marginal.

Condiciones para la validez de las leyes de honores que se vinculan a prácticas religiosas

17. El artículo 150-17 de la Constitución Política faculta al Congreso para dictar leyes que decreten honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. A partir de esta disposición, existe en el ordenamiento colombiano la categoría tradicionalmente denominada como leyes de honores. Estas normas jurídicas tienen como objeto exaltar la actividad de personas, situaciones o instituciones que promueven valores importantes para el Estado constitucional, razón por la cual resulta válido que la Nación se asocie a ellos.

La jurisprudencia constitucional(19) ha fijado un grupo de reglas particulares acerca de la naturaleza jurídica de las leyes de honores, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente:

17.1. La naturaleza jurídica de las leyes de honores se funda en el reconocimiento estatal a personas, hechos o instituciones que merecen ser destacadas públicamente, en razón de promover significativamente, valores que interesan a la Constitución. Como lo ha previsto la Corte, las disposiciones contenidas en dichas normas “... exaltan valores humanos que por su ascendencia ante la comunidad, han sido considerados como ejemplo vivo de grandeza, nobleza, hidalguía y buen vivir, y por ello se les pone como ejemplo ante la posteridad”(20).

17.2. Contrario a como sucede con la actividad legislativa ordinaria del Congreso, las leyes de honores carecen de carácter general y abstracto, agotándose en su expedición de manera subjetiva y concreta, respecto de la persona, situación o institución objeto de exaltación. En términos de la jurisprudencia reiterada, “[e]sta clase de leyes, debe anotarse, producen efectos particulares sin contenido normativo de carácter abstracto. Desde el punto de vista material, no crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas objetivas y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, pues simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singulares, cuyo alcance es únicamente la situación concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hipótesis o casos. || Estas leyes se limitan entonces, como lo dice el artículo 150, numeral 15 de la Constitución vigente, a “decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria” y de manera alguna pueden desprenderse de su contenido, efectos contrarios a su origen, o interpretaciones diversas que se aparten del sentido de la ley”(21).

17.3. El legislador puede adoptar diversas acciones para exaltar o asociar a la Nación a la persona, situación u organización objeto del decreto de honores, de manera tal que las categorías avaladas por la Corte solo tienen carácter enunciativo. Con todo, es factible identificar tres modalidades recurrentes de leyes de honores, a saber (i) leyes que rinden homenaje a ciudadanos; (ii) leyes que celebran aniversarios de municipios colombianos; y (iii) leyes que se celebran aniversarios de instituciones educativas, de valor cultural, arquitectónico o, en general, otros aniversarios.

Las leyes de honores están sometidas a los límites constitucionales propios de las demás normas que produce el legislador. En especial, estas leyes no pueden servir de instrumento para desconocer las reglas superiores y orgánicas en materia presupuestal, violar la prohibición contenida en el artículo 136-4 de la Constitución Política en materia de donaciones u otros auxilios a favor de personas o entidades, ni como se explicará en mayor detalle en apartado siguiente, para desconocer libertades constitucionales, como aquellas relacionadas con el carácter laico del Estado. Así, señala la jurisprudencia analizada que la atribución del Congreso de decretar honores “... debe ser ejercida por el Congreso de la República dentro de parámetros de prudencia, proporcionalidad y razonabilidad y con respeto de los preceptos constitucionales, puesto que de lo contrario daría lugar a situaciones contradictorias v. gr. cuando se pretende exaltar a quien no es digno de reconocimiento, con las consabidas repercusiones que en la conciencia colectiva y en moral administrativa puede ocasionar tal determinación. De la misma manera, cree la Corte que los decretos de honores que expide el legislador no pueden convertirse en un pretexto para otorgar gracias, dádivas o favores personales a cargo del erario público, ni para ordenar gasto público con desconocimiento del reparto de competencias existente entre la Nación y los municipios”(22).

18. Ahora bien, en razón de la materia analizada en el asunto de la referencia, interesa detenerse en el precedente constitucional aplicable respecto del control judicial de aquellas leyes de honores que tienen como base fenómenos vinculados a la práctica religiosa. Esta fue el tópico asumido por la Corte en la Sentencia C-766 de 2010. En esa oportunidad, se decidieron favorablemente las objeciones gubernamentales formuladas con el proyecto de ley mediante el cual se conmemoraban “... los cincuenta años de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones”. Esta iniciativa contaba con cuatro disposiciones específicas, a saber (i) la conmemoración del “jubileo de las ‘Bodas de Oro de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá’, ocurrida en 1959 en el municipio de La Estrella, departamento de Antioquia”; (ii) la declaración como “ciudad santuario” al municipio de La Estrella, por lo cual se imponían obligaciones al Ministerio de Cultura, dirigidas al reconocimiento de “... la amplia tradición cultural y religiosa basada en la devoción y las prácticas de fe de sus ciudadanos y como homenaje a su Basílica-Santuario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá”; (iii) la previsión para que la Nación, a través del ministerio mencionado, adelantara planes específicos para el municipio de La Estrella, con miras a su exaltación como “ciudad santuario”, entre ellas mecanismos electrónicos de documentación histórica, que permitieran la publicación de los asuntos que “... se estimen más apropiados, la historia, la tradición cultural y los méritos que le hacen ser reconocida como ciudad santuario”; y (iv) la obligación de disponer una placa conmemorativa en la basílica citada, en la que se indicara la consagración como “ciudad santuario” al municipio de La Estrella.

Una de las objeciones gubernamentales contra la ley se fundó en considerar que violaba la libertad religiosa, pues vinculaba a un municipio con el concepto de “ciudad santuario”, el cual tenía connotación propia de la iglesia católica. Para resolver este asunto, la Corte presentó las reglas jurisprudenciales de forma análoga a como se expresaron en los fundamentos jurídicos anteriores, a partir de los cuales fijó las siguientes conclusiones, que dieron lugar a la inconstitucionalidad del proyecto de ley objetado.

18.1. El ordenamiento jurídico colombiano no ofrece una definición para el término “santuario”, que el proyecto de ley confería al municipio de La Estrella. Este concepto es propio de la iglesia católica, cuyo Código de Derecho Canónico adscribe en el canon 1230 esa condición a “una iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles, con aprobación del ordinario del lugar”; en igual forma resulta clarificador el artículo 1234 numeral 1º que consagra “[e]n los santuarios se debe proporcionar abundantemente a los fieles los medios de salvación, predicando con diligencia la palabra de Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica principalmente mediante la celebración de la eucaristía y de la penitencia, y practicando también otras formas aprobadas de piedad popular”. Esto llevaba a concluir, forzosamente, que la norma tenía una íntima relación con el culto católico, al exaltar a un municipio dentro de sus categorías.

18.2. La decisión del legislador, en ese orden de ideas, se mostraba incompatible con el principio de neutralidad estatal frente a la práctica religiosa, en tanto promovía un credo específico a partir de la exaltación de sus prácticas concretas. Así, indicó la sentencia que “... declarar a un municipio como “ciudad santuario” constituye una acción de promoción y favorecimiento a la iglesia católica por parte del Estado y, en el caso del proyecto analizado, implica una serie de actividades que redundarían en beneficio de la mencionada confesión religiosa; todo lo anterior conlleva un resultado contrario al principio de neutralidad estatal que rige las relaciones iglesia-Estado dentro de un Estado laico. De la misma forma resulta contrario a la laicidad del Estado el que sus poderes autorice u ordene la realización de programas o proyectos que tengan como objetivo primordial la difusión, patrocinio o promoción de confesiones religiosas o de manifestaciones directas de estas, como son el reconocimiento de la devoción y la fe religiosa de los fieles de una iglesia —artículos 3º y 5º del proyecto de ley—. Esta relación también se crea cuando, por canales públicos, se hace difusión del carácter de ciudad santuario que tenga un municipio —artículo 4º—; se emplean medios que vinculen al Estado con cualquier forma de reconocimiento de la condición de ciudad santuario del municipio —artículo 2º—; o se utilizan las instituciones públicas para difundir o reconocer la devoción o las prácticas que manifiestan la fe de un grupo social —artículo 3—”.

18.3. La Sala desestimó el argumento de la práctica mayoritaria de la religión católica, bajo la consideración que afirmar que la promoción de determinado credo puede válidamente sustentarse en que una porción significativa de los integrantes de la comunidad comulgan con este, es abiertamente contraria con el carácter secular del Estado, que de suyo impide conferir un tratamiento favorable a una religión en específico, originada exclusivamente en razón del reconocimiento del credo mismo. En palabras de la Sentencia C-766 de 2010 “... el Estado no simplemente debe desarrollar un trato equitativo respecto de las confesiones presentes en su territorio; además, deberá evitar que el fundamento o la motivación de las decisiones que tomen los órganos públicos tengan una naturaleza religiosa, que implique la contradicción del principio de secularidad estatal. No es papel del Estado el promocionar las distintas confesiones religiosas, así lo haga respetando la igualdad entre ellas, pues se estaría ante actividades que no se podrían catalogar como seculares y, por consiguiente, que irían en contra del principio de laicidad en que se funda el Estado democrático colombiano”.

18.4. De manera similar, la Sala concluyó que no resultaba viable defender la constitucionalidad del proyecto de ley objetado con base en el argumento que, en realidad, estaba amparando una práctica cultural, lo que hacía a la normativa compatible con el carácter secular del Estado. Esto debido a que el contenido cultural del proyecto era apenas incidental, siendo su materia principal el componente religioso católico. Por lo tanto, tal referencia marginal no podía transmutar la naturaleza jurídica de la disposición, que en realidad versaba sobre la exaltación de una categoría propia y exclusiva de la religión católica. Por ende, no se cumplía el criterio de identificación del componente secular de la medida legislativa. Según lo expone la decisión analizada, “... algún sentido religioso tiene, adquiere un carácter predominantemente cultural, siendo, por tanto, una declaración en la que primaría una naturaleza secular; o, incluso, que la declaración de ciudad santuario trasciende la significación religiosa y representa, simplemente, el reconocimiento a la tradición de una determinada población colombiana. || Para la Corte el argumento planteado por el Congreso de la República serviría para avalar la constitucionalidad de la ley, siempre y cuando se comprobara que en dicha declaratoria prima el carácter cultural y que, por consiguiente, el elemento religioso es meramente accidental o accesorio a la declaratoria. En otras palabras, sería acorde a los preceptos constitucionales una ley por medio de la cual el Estado declara a un municipio ciudad santuario, si se demostrara que tal acción no tiene un significado primordialmente religioso, sino que, por el contrario, dicha declaración concreta una manifestación secular del ejercicio de funciones estatales” (negrillas originales).

En el caso planteado, el análisis tanto de los antecedentes legislativos como del texto de la iniciativa demostraba que el factor principal de la actividad estatal de reconocimiento y promoción del municipio de La Estrella como “ciudad santuario” era la exaltación de la práctica religiosa católica adelantada por la población de esa entidad territorial. En consecuencia, la norma estaba basada en un criterio contrario al carácter laico del Estado colombiano, lo que tenía como consecuencia necesaria la inexequibilidad del precepto. Sobre el particular, la sentencia estudiada previó que “independientemente de los otros posibles significados, la denominación de santuario tiene un sentido predominantemente religioso, que se superpone a otros usos en contextos culturales e, incluso, históricos que puedan atribuirse a esta denominación. Esto se confirma al comprobar que el Código Canónico incorpora este concepto —art. 1230—; que el término no es utilizado por el ordenamiento jurídico secular; y que el concepto no deja lugar a dudas sobre la íntima relación que tiene con la práctica del culto católico que, como es de esperar, involucrará contenidos que se relacionan íntimamente con las creencias propias de dicha religión. || Contrario sensu, no encuentra la Corte un elemento secular que se superponga a la clara significación católica que tiene la denominación de Santuario, con lo cual esta acción del Estado entraría en la esfera, prohibida en un Estado laico, de promoción de una determinada religión(23), máxime si se tienen en cuenta las consecuencias que en materia funcional y presupuestal se asignan en la ley a instituciones públicas —contenidas en artículos 2º, 3º, 4º y 5º del proyecto de ley objetado—. || Por estas razones, para la Corte no resulta razonable la promoción y protección del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión religiosa, como ocurre en el presente caso con la denominación de Ciudad Santuario(24). || Finalmente, tampoco resulta un argumento conducente para demostrar la constitucionalidad de la denominación “santuario” entender que su significado no es exclusivo de la religión católica, sino que también otras religiones pueden entenderse representadas por esta decisión. Claramente, se trata, en todo caso, de un desconocimiento de las exigencias derivadas del principio de neutralidad estatal que, como antes se dijo, inhibe cualquier tipo de motivación o fundamentación religiosa en las actividades de los órganos públicos cualquiera que sea el ámbito competencial en que estas se realicen” (negrillas originales).

Solución del primer problema jurídico

19. En el fundamento jurídico 6 se concluyó que la Ley 1402 de 2010 tiene por objeto asociar a la Nación a la conmemoración del aniversario de la diócesis del municipio de El Espinal, para lo cual se prevén deberes para el Estado tanto simbólicos como materiales, en los términos allí explicados. Esta afirmación encuentra sustento adicional en el análisis de los antecedentes que dieron lugar a la expedición de dicha normatividad. En este sentido, en la exposición de motivos correspondiente se señaló que la iniciativa tenía por objeto rendir homenaje a la mencionada diócesis, en tanto representa el credo católico de los habitantes de El Espinal. Este documento, a pesar que introduce el asunto con una expresión de respeto formal a la libertad de cultos, hace una profusa alusión a las características clericales de la diócesis. Por último, de manera marginal, hace referencia a la catedral ubicada en El Espinal, la cual considera merecedora de exaltación pública, exclusivamente en razón de servir para la congregación católica de dicho municipio.

19.1. Habida consideración de la importancia de estos argumentos para decidir acerca de la constitucionalidad de la norma acusada, la Sala transcribe en su integridad la exposición de motivos, de la siguiente manera:

“Respetando la libertad de cultos que establece nuestra Carta Política, se busca a través del presente proyecto de ley rendir un homenaje, a través del Congreso de la República, a la diócesis de El Espinal en sus cincuenta (50) años de creación, la cual representa y simboliza la fe católica de más de 20 municipios y corregimientos del departamento del Tolima.

La importancia de la diócesis de El Espinal radica en el hecho de ser una institución de carácter permanente, constituida por un sinnúmero de parroquias ubicadas en diferentes municipios y corregimientos del Tolima, quienes no solo aportan desde el punto de vista espiritual, sino también a la formación de valores positivos para los fieles que integran su jurisdicción eclesiástica, sumado a los altruistas servicios prestados a la población más vulnerable.

La diócesis de El Espinal fue creada mediante Bula Pontificia “Qui Supremum” proferida el 18 de marzo de 1957 por su santidad el Papa Pío XII. En su inicio quedó conformada por 23 parroquias en 21 municipios y 2 corregimientos, además de 31 sacerdotes que componían su presbiterio diocesano. Su primer Obispo fue monseñor Jacinto Vásquez Ochoa, quien dirigió la diócesis durante 15 años y entre sus obras principales están: la construcción del seminario, el fomento de las vocaciones sacerdotales, la Casa Social Diocesana y la formación de campesinos en las escuelas radiofónicas. Murió el 21 de Julio de 1980.

El segundo obispo de la diócesis fue Monseñor Hernando Rojas Ramírez, quien tomó posesión el 12 de diciembre de 1974 y sus obras principales fueron las siguientes: celebración del año santo en 1975, la celebración el 18 de marzo de 1982 de las bodas de plata de la diócesis. Murió el 14 de Febrero de 2002, luego de estar 14 años al frente de su misión pastoral.

Posteriormente se posesiona el 12 de diciembre de 1985 monseñor Alonso Arteaga Yepes, quien ejerció su cargo por espacio breve de 3 años y medio. Murió el 31 de octubre de 1989 y desarrolló las siguientes tareas: la creación de nuevas parroquias, la creación del mutuo auxilio sacerdotal y una frontal disciplina para el clero.

Posteriormente en el año 1990 fue designado como obispo monseñor Abraham Escudero Montoya, quien estuvo hasta el año 2007, cumpliendo una destacada labor pastoral en la población integrante de su jurisdicción.

A partir de diciembre del año 2007 oficia como obispo monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz.

La diócesis de El Espinal está conformada por los siguientes municipios y corregimientos: El Espinal, Chaparral, Flandes, Melgar, Ortega, Santiago Pérez, Planadas, Cunday, Natagaima, Rioblanco, Alpujarra, Prado, Purificación, Villarrica, Dolores, Ataco, Carmen de Apicalá, Castilla, Coyaima, Gaitania, Gualanday, Guamo, Saldaña, La Arada, Olaya Herrera, Tres Esquinas, Chicoral, El Limón, Los Alpes, San Antonio, Valencia y Lozanía, Herrera, San Luis y Guayaquil.

En razón a la importancia de la diócesis de El Espinal en el departamento del Tolima y teniendo en cuenta que su jurisdicción comprende más de 20 municipios y corregimientos, más de 13.514 km2 de territorio y aproximadamente 425.000 habitantes, es que se hace necesario resaltar su labor.

El templo parroquial insigne de la diócesis es la Catedral de El Espinal, buscándose en este proyecto su declaratoria como monumento nacional. Esta catedral se empezó a construir por Fray Nicolás Guarín en el año de 1848 y concluida en 1887 por el padre Antonio Castañeda. La catedral fue destruida en 1918 y 1967 como consecuencia de dos terremotos, pero reconstruida en igual número de oportunidades”(25).

19.2. La ponencia para primer debate en la comisión cuarta de la Cámara de Representantes, aunque pretende hacer compatible la norma con el pluralismo religioso, al vincular a la diócesis con las manifestaciones culturales del municipio de El Espinal, en todo caso justifica ese vínculo en el hecho que la práctica religiosa católica de esa localidad, en tanto mayoritaria, se vincula a la tradición y a la cultura. Sobre el particular, se indica en el informe de ponencia que la iniciativa “... pretende honrar una de las expresiones culturales de nuestro pueblo, por vía de las manifestaciones religiosas que se organizan institucionalmente bajo la figura de las diócesis en el ámbito de la religión católica. Sin desconocer el pluralismo religioso que inspira al Estado colombiano, la consecuente libertad de cultos y el carácter laico que debe mantener el Estado, no puede menos que reconocerse la trascendencia de la religión católica en la vida cultural e institucional de nuestra nación, por lo que no se aprecia extraño que el Congreso de la República se vincule a una conmemoración como la que se presenta en el proyecto de la referencia, que honra una tradición no ajena a nuestra idiosincrasia. || El articulado que exalta la creación de la diócesis y celebra su creación, mediante placas conmemorativas y pergaminos se corresponde con las potestades del Gobierno Nacional y del Congreso, dentro de cada ámbito particular y las posibilidades institucionales de un estado laico”(26).

Durante el decurso del trámite en el Senado de la República, los informes de ponencia correspondientes a la comisión cuarta y a la plenaria optaron por la presentación del fundamento de la iniciativa con base en idénticas consideraciones a las formuladas en la exposición de motivos, de acuerdo a lo verificado por la Sala en los documentos correspondientes(27).

20. En ese orden de ideas, se tiene que el proyecto se vincula a la conmemoración de una congregación que solo tiene sentido jurídico al interior de la práctica católica. En efecto, el concepto “diócesis” es propio y exclusivo de la organización institucional de ese credo, según lo dispone el Código de Derecho Canónico. Al respecto, dentro del aparte particular de esa normativa religiosa, destinada a la definición de las Iglesias particulares y de la autoridad constituida en ellas, identifica como una de esas Iglesias particulares, a la diócesis. Conforme al canon 369, la diócesis es “una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbítero, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el evangelio y la eucaristía, constituya una iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa la iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica”(28). Se trata, conforme a los comentaristas canónicos, de una división institucional del pueblo católico. Así, se considera que, de acuerdo con el mencionado concepto, los elementos constitutivos esenciales de la diócesis, “... desde un punto de vista jurídico son: a) una porción del pueblo de Dios o comunidad de fieles; b) gobernada por un obispo con la cooperación del presbiterio. Las palabras del [canon], en las que se encuentran todas las características correspondientes a una definición, no hacen referencia al elemento territorial: el acento recae sobre la comunidad de fieles, más que sobre el criterio en virtud del cual quedan circunscritos. Sin embargo, en el [canon] 372 se exige de hecho que las iglesias particulares y aquellas otras estructuras que se les asimilan estén siempre delimitadas dentro de un territorio”(29).

Este análisis, sumado a las consideraciones expresadas durante el trámite legislativo, permite a la Corte afirmar que el Estado, mediante la ley acusada, exalta la conmemoración de una organización institucional que la iglesia católica prescribe para sus fieles. Esta categoría, como es sencillo observar, carece de todo contenido secular, por lo que se mostraría contraria a la naturaleza laica del Estado colombiano, según las distinciones conceptuales explicadas en esta sentencia.

21. Sin embargo, a esta conclusión preliminar pueden plantearse válidamente dos tipos de contra argumentos, que defenderían la posibilidad de hallar en la normatividad demandada un criterio secular que sustente su constitucionalidad. En primer término, podría plantearse que la exaltación de la diócesis de El Espinal radica, entre otras razones y como lo hace expreso la exposición de motivos, en el papel que ejerce esa institución en relación con “la formación de valores positivos para los fieles que integran su jurisdicción eclesiástica, sumado a los altruistas servicios prestados a la población más vulnerable”. Estos asuntos trascenderían el ámbito clerical, por lo que permitirían al legislador exaltar a dicha comunidad de fieles. En segundo lugar, tal carácter secular también podría evidenciarse por el hecho que la norma también apunta a proteger las expresiones culturales del municipio de El Espinal, como son la diócesis y la catedral ubicada en el mismo. Pasa la Corte a resolver estos interrogantes.

21.1. En el fundamento jurídico 18.4 se explicó cómo si bien resulta admisible prima facie que el Estado exalte manifestaciones sociales que tengan un referente religioso, para que esto resulte válido desde la perspectiva constitucional, se requiere que la normatividad o medida correspondiente tenga un factor secular, el cual (i) sea suficientemente identificable; y (ii) tenga carácter principal, y no solo simplemente accesorio o incidental. Por lo tanto, aquellas normas jurídicas mediante las cuales el Estado promueve una práctica religiosa específica que carezcan de ese factor o que, si bien existiendo, sea apenas marginal en tanto el fundamento de la disposición es la promoción de dicho credo, son contrarias al Estado laico, al pluralismo religioso y a la libertad de cultos.

21.2. En el primer escenario, se tiene que la referencia que hace la exposición de motivos a los “valores positivos” que presuntamente promueve la diócesis de El Espinal no son un argumento secular válido, pues el mismo legislador los vincula a su reconocimiento por la comunidad de fieles católicos del municipio y que integran esa “jurisdicción eclesiástica”. Se está entonces ante un criterio que en ningún modo puede considerarse como predicable de una sociedad democrática laica. De otro lado, aunque se hace referencia a que la mencionada diócesis adelanta labores a favor de la población vulnerable, lo que permitiría su exaltación estatal, no existe ninguna evidencia de esa actividad, o al menos una prueba indicativa de en qué consiste la misma. Por ende, no puede una referencia de naturaleza tangencial enervar la premisa verificada por la Corte, según la cual el motivo que llevó al Congreso a adoptar la norma acusada fue la promoción de la religión católica que ejercen muchos de los habitantes de El Espinal.

21.3. Similares conclusiones son predicables frente al segundo escenario. En el fundamento jurídico 19.2 se demostró que el legislador es explícito en afirmar que el valor cultural de la diócesis de El Espinal está basado en que la religión católica es la practicada mayoritariamente por la población de ese municipio. Se ha expuesto en esta sentencia que una conclusión de esa naturaleza no es de recibo para la identificación de un criterio secular y, en cambio, conlleva una discriminación injustificada contra las personas que no ejercen el credo mayoritario. Esto en el entendido que el simple dato demográfico no otorga soporte suficiente al vínculo entre religión y cultura, sino que antes bien es imprescindible que el legislador demuestre que la práctica o institución exaltada tiene implicaciones, en cualquier caso verificables y principales, que trascienden al fenómeno religioso y en consecuencia acogen a las miembros no religiosos de la comunidad correspondiente.

De otro lado, tampoco se encuentra que la referencia que hace el proyecto de ley a la catedral ubicada en el municipio de El Espinal, configure un criterio secular de naturaleza identificable y principal. Esto al menos por dos tipos de razones. La primera, puesto que el reconocimiento que hace el legislador de esa catedral está fundado en que la misma presta sus servicios a la diócesis, por lo que ese argumento sería objeto de idéntica crítica a la antes planteada frente a los “valores positivos” a los que refiere la exposición de motivos. La segunda porque, de manera similar al caso anterior, no existe evidencia ni prueba indicativa del valor histórico o arquitectónico del inmueble, el cual tuviese carácter secular al trascender el fenómeno religioso.

Sobre este último particular debe recabarse en que la simple descripción de la historia de la catedral, que hace la exposición de motivos, no es en modo alguno suficiente para identificar dichos valores, ni menos para fundar la naturaleza secular de la normativa demandada o justificar la declaratoria de monumento nacional de dicho inmueble. Antes bien, el ordenamiento jurídico prevé reglas precisas que concurren en la identificación del valor histórico y/o arquitectónico, que hace al bien merecedor de especial protección estatal. Así por ejemplo, el artículo 8º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5º de la Ley 1185 de 2008, dispone el procedimiento para la declaración de interés cultural de bienes, donde tiene parte activa el Ministerio de Cultura y, a su vez, se fijan parámetros objetivos de evaluación de dicho interés(30). No es posible identificar tales criterios a partir de lo reglado por la disposición acusada, así como por las consideraciones tenidas en cuenta por el Congreso durante el trámite legislativo.

22. Según lo expuesto, se tiene que el propósito principal y verificable de la norma acusada es promover una congregación particular del credo católico, que tiene asiento en el municipio de El Espinal. A su vez, no es posible identificar un criterio secular que explique, con las mismas características, la compatibilidad entre la Ley 1402 de 2010 y la naturaleza laica del Estado colombiano. Esta circunstancia, como se explicó a lo largo de esta sentencia, se encuadra dentro de las prohibiciones que tiene el legislador respecto del reconocimiento estatal de asuntos con implicaciones religiosas. En efecto, a partir de la clasificación expuesta en el fundamento jurídico 15, la disposición acusada prevé, sin duda alguna, un acto de adhesión pública y promoción de la práctica del culto católico en el municipio de El Espinal. Por ende, debido a que una medida legislativa de este carácter es incompatible con el principio de neutralidad estatal frente al ejercicio de la religión, se impone la inconstitucionalidad de la ley mencionada.

Por último, la Corte considera importante reafirmar que la declaratoria de inexequibilidad el precepto acusado se encuadra en el férreo compromiso con el reconocimiento y respeto de la práctica religiosa y, como parte de ella, del credo católico. Esto en el entendido de que lo que se trata, en lo que al derecho constitucional colombiano respecta, es que la separación entre iglesias y Estado salvaguarde a aquellas del poder fáctico y jurídico que, sin duda, es titular este. En el presente caso, se está ante una intervención estatal contraria a la Constitución cuando el legislador se inmiscuye en los asuntos propios de la religión católica, a través de la exaltación de una comunidad particular dentro de sus fieles, con exclusión de otras. Esto más aún cuando la libertad religiosa implica necesariamente conferir idéntico grado de protección jurídica a todos quienes practican determinado culto. Por lo tanto, la inexequibilidad de la Ley acusada es un predicado de los límites constitucionales del Estado frente a las iglesias.

Solución del segundo problema jurídico. El título de la ley desconoce el principio de unidad de materia

23. Aunque los argumentos anteriormente expuestos son suficientes para concluir la inexequibilidad de la ley demandada, en su integridad, la Corte considera pertinente plantear algunas breves consideraciones sobre la inexequibilidad derivada del yerro en que incurre el título de la Ley 1382 de 2010.

El artículo 169 de la Constitución Política dispone una regla definida, según las cual el título de las leyes deberá corresponder precisamente con su contenido. Esta disposición constitucional ha permitido a la jurisprudencia constitucional fijar tres premisas acerca del contenido y alcance del precepto, relativas a: (i) la posibilidad de someter el título de las leyes al control de constitucionalidad, a pesar de carecer de un contenido deóntico autónomo; (ii) la función que tiene el título de las leyes en términos de seguridad jurídica y coherencia del trabajo legislativo; y (iii) la vinculación entre la concordancia del título con el texto de la ley y el principio de unidad de materia.

22.1. (Sic) En cuanto a los dos primeros tópicos, la Corte ha considerado en su jurisprudencia que el título de las leyes, aunque no son disposiciones que prevean consecuencias jurídicas, como sucede con las reglas y principios, sí son susceptibles de ser confrontadas con la Constitución. Esto debido a que cumplen dos tipos de funciones. La primera, relacionada con el principio de seguridad jurídica, en tanto permite que los sujetos cobijados por el orden normativo tengan la confianza que la denominación de las leyes anuncia unívocamente su contenido, de modo que no sean sorprendidos por regulaciones discordantes. La segunda, tiene que ver con la necesidad que el trabajo legislativo guarde una coherencia lógica mínima, la cual se predica de, entre otros requisitos, la correspondencia nominal entre el título de las leyes y su contenido.

Sobre el particular, la Sentencia C-152 de 2003 se indicó que “... el título de una ley, pese a carecer de valor normativo, exhibe valor como criterio de interpretación de las normas contenidas en el cuerpo de la ley. Siendo así, es claro que incluso los criterios de interpretación de la ley que emanan del texto del título o encabezado de la misma son pasibles del control de constitucionalidad, puesto que un título contrario a los preceptos constitucionales, de no ser excluido del ordenamiento jurídico, podría conducir a una interpretación de parte o toda la ley no conforme con el estatuto superior. || La anterior conclusión tiene además sustento en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución que asigna a la Corte Constitucional la función de “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. La disposición no distingue entre normas de la ley y título de la misma. Ambos hacen parte del contenido de la ley y, en consecuencia, pueden ser objeto de examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional”. Similares consideraciones son expuestas en la decisión C-1185 de 2000, donde se señaló que “... las diferentes disposiciones contenidas en el cuerpo de una ley, deben guardar coherencia y resultar de cierta manera relacionadas entre sí, de tal modo que quienes estén llamados a cumplirlas puedan consultarlas acudiendo a su clasificación por el tema al que se refieren, bajo el entendido de que normas aisladas no se encontrarán recogidas dentro de leyes que regulan otros tópicos ajenos a su contenido particular”.

22.3. Es a partir de estas razones que la jurisprudencia constitucional ha vinculado el mandato previsto en el artículo 169 de la Constitución Política con el principio de unidad de materia. Esto bajo el entendido que si, de acuerdo con ese principio, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella (C.P., art. 158), se estará ante un supuesto de violación del principio la plena discordancia entre el título de la ley y su contenido. Esto debido a que la materia que anuncia el título no guarda unidad temática, causal, teleológica o sistemática con los contenidos de la normatividad correspondiente. Así lo ha planteado la Corte, al señalar que “... [l]a delimitación constitucional está deferida, entonces, doblemente al Congreso, pues este se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquella. (...) Empero, no pueden ser entendidos dentro del criterio de una rigidez formal por cuya virtud se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre normas que, en apariencia, se refieren a materias diversas pero cuyos contenidos se hallan ligados, en el ámbito de la función legislativa, por las finalidades perseguidas, por las repercusiones de unas decisiones en otras, o, en fin, por razones de orden fáctico que, evaluadas y ponderadas por el propio legislador, lo obligan a incluir en un mismo cuerpo normativo disposiciones alusivas a cuestiones que en teoría pueden parecer disímiles”(31).

23. En el caso planteado resulta evidente que el principio de unidad de materia fue quebrantado. Como se explicó en el fundamento jurídico 6 de esta sentencia, existe una disconformidad entre el título de la Ley 1382 de 2010, el cual anuncia que esa normatividad declara monumento nacional a la catedral ubicada en el municipio de El Espinal. Sin embargo, no existe ninguna disposición a ese respecto en los cinco artículos que conforman dicha ley. Por lo tanto, se desconoce abiertamente la regla prevista en el artículo 169 de la Constitución Política.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1402 de 2010 “por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(2) Entre las decisiones más importantes sobre esta problemática, se encuentran las sentencias C-027 de 1993, C-088 de 1994, C-568 de 1993, C-350 de 1994, C-609 de 1996, C-152 de 2003, C-1175 de 2004 y C-766 de 2010.

(3) Dworkin, Ronald (2006). Is Democracy Possible Here? Principles for a new political debate. Princeton University Press, págs. 52-89.

(4) Ibídem, pág. pp. 60-61 (traducción libre de la Corte).

(5) La gradación que explica la manera como es resuelta la libertad religiosa, al igual que la validez de la categorización entre sociedad religiosas tolerantes y sociedades seculares, también se evidencia en el derecho comparado. De este modo, en la Sentencia C-152 de 2003, que dentro de sus fundamentos jurídicos hizo un estudio sobre la cuestión religiosa en distintos sistemas jurídicos representativos, la Corte concluyó que “... entre democracias liberales no confesionales y pluralistas existen grandes diferencias. Estas se reflejan en decisiones diametralmente opuestas, como sucede con la cuestión de si está permitida o prohibida la oración religiosa en colegios públicos o la enseñanza de religión en dichos establecimientos educativos. Pero aún más significativo, la aproximación de la jurisprudencia constitucional al problema de la separación entre las iglesias y el Estado es diferente. Mientras que en Alemania las acciones estatales positivas de protección y apoyo a las iglesias son permitidas, en Estados Unidos está prohibido que el Estado actúe con un propósito religioso o con un efecto religioso, pero puede adoptar decisiones con algún impacto religioso siempre que no sean preferenciales o discriminatorias, y en Francia el principio de laicidad exige ausencia completa de relación entre el Estado y las iglesias e impide manifestaciones o decisiones que puedan significar que las escuelas o entidades públicas tienen relación no solo con alguna religión específica sino con la religión en general. Estos enfoques diferentes obedecen a tradiciones históricas y culturales también distintas, aunque tienen en común la exclusión de un Estado confesional, el establecimiento de religiones oficiales, la identificación del Estado con una religión y la preferencia estatal por una iglesia”.

(6) Sáchica, Luis Carlos (1989). Constitución Política de Colombia. Comentada - Concordada. Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá, pág. 77.

(7) Cfr. Gaceta Constitucional Nº 82, pág. 10. Citada a su vez en la Sentencia C-766 de 2010.

(8) Cfr. Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente. Intervención del delegatario Augusto Ramírez Ocampo, sesión del 24 de abril de 1991.

(9) Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente. Intervención del delegatario María Mercedes Carranza Coronado en la misma sesión del 24 de abril de 1991. Ver también Gaceta Constitucional, Nº 130, pág. 3.

(10) Gaceta Constitucional Nº 82, pág. 10.

(11) Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente. Intervención del delegatario Horacio Serpa Uribe en la sesión del 24 de abril de 1991. Ver también Gaceta Constitucional Nº 130, pág. 4.

(12) En este caso la Corte asumió la revisión de una acción de tutela, fundada en la vulneración del derecho a la tranquilidad de un ciudadano, en razón de la altisonancia de los mensajes expresados, a través de perifoneo, por una comunidad religiosa.

(13) Esta sentencia realiza el análisis de constitucionalidad de las normas que fijan días festivos de origen religioso.

(14) En esta decisión, la Corte llevó a cabo el control previo de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que desarrolla el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos.

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-350 de 1994.

(16) Resulta referencia adecuada la reflexión hecha por la Corte europea de los derechos Humanos en el caso de la Iglesia Bersarabia y otros contra Moldavia, con sentencia de 13 de diciembre de 2001.

(17) Sobre el particular, la Sentencia C-152 de 2003 indica que “... la Corte ha admitido el tratamiento jurídico favorable a iglesias y confesiones religiosas bajo la condición de ofrecer igualdad de condiciones para acceder a dichos beneficios a todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de ley. Esta regla ha tenido especial aplicación en el ámbito de las exenciones tributarias que promueven la igualdad de las iglesias y confesiones religiosas, así como el ejercicio de las libertades individuales con ellas relacionadas. Otra aplicación clara del principio de igualdad entre las colectividades religiosas ha tenido lugar en el ámbito de la objeción de conciencia al servicio militar, permitida a miembros de cuerpos eclesiásticos pero no reconocida por la ley para objetores de conciencia civiles. Además, el principio de igualdad de confesiones e iglesias religiosas se extiende a la igual autonomía de las diferentes iglesias y credos en el manejo de sus asuntos, así como a la igual posibilidad de brindar enseñanza religiosa en establecimientos educativos públicos o privados, siempre que se garantice la libertad de los estudiantes y sus padres de optar por recibir o no la educación religiosa. Finalmente, la Corte ha reconocido que las iglesias tienen el derecho a decidir de manera autónoma sí entablan o no relaciones con el Estado”.

(18) Ibídem.

(19) El recuento jurisprudencial es tomado de la Sentencia C-766 de 2010, antes reseñada.

(20) Corte Constitucional, Sentencia C-057 de 1993.

(21) Corte Constitucional, Sentencia C-544 de 1996. En idéntico sentido la Sentencia C-782 de 2001.

(22) Corte Constitucional, Sentencia C-859 de 2001.

(23) Sentencias C-350 de 1993 y C-152 de 2003.

(24) Sobre el carácter predominantemente religioso de un símbolo y la vulneración de la neutralidad estatal cuando estos son promovidos por el Estado puede verse el caso Lautsi contra Italia, resuelto por la Corte Europea de los Derechos Humanos en sentencia de 3 de noviembre de 2009.

(25) Gaceta del Congreso 527 de 2008, págs. 1-2.

(26) Gaceta del Congreso 718 de 2008, págs. 22-23.

(27) Gacetas del Congreso 906 de 2009 y 307 de 2010.

(28) Vid. Código de Derecho Canónico. Legislación complementaria de los países hispanoamericanos (2002). Instituto Martín de Azpilcueta. Ediciones Universidad de Navarra, Paulinas, Celam, tomo I, Bogotá, pág. 296.

(29) Ibídem, pág. 296. Comentario expresado por José Luis Gutiérrez. Pontificia Università della Santa Croce.

(30) La norma mencionada es la siguiente:

“ART. 5º—Modifíquese el artículo 8º de la Ley 397 de 1997 el cual quedará así:

‘ART. 8º—Procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural.

a) Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.

Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional;

b) A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto favorable del correspondiente consejo departamental de patrimonio cultural, o del consejo distrital de patrimonio cultural en el caso de los distritos.

Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, municipales, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en una división territorial determinada.

Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, pueden ser declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura en la forma prevista en el literal a) de este artículo, en coordinación con el respectivo consejo departamental o distrital de patrimonio cultural, sobre los valores del bien de que se trate.

Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.

Procedimiento

La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento, tanto en el orden nacional como territorial:

1. El bien de que se trate se incluirá en una lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.

2. Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un plan especial de manejo y protección.

3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional, o el respectivo consejo departamental o distrital de patrimonio cultural, según el caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y el plan especial de manejo y protección si el bien lo requiriere.

4. Si el concepto del respectivo consejo de patrimonio cultural fuere favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el plan especial de manejo y protección si este se requiriere.

PAR. 1º—En caso de que la declaratoria de que trata este artículo surgiere de iniciativa privada o particular se seguirá el mismo procedimiento, en cuyo caso el particular solicitante presentará el respectivo plan especial de manejo y protección si este se requiriese, y este será sometido a revisión del respectivo consejo de patrimonio cultural.

PAR. 2º—Revocatoria. La revocatoria del acto de declaratoria de bienes de interés cultural corresponderá a la autoridad que lo hubiera expedido, previo concepto favorable del respectivo consejo de patrimonio cultural, en el caso en que dichos bienes hayan perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria. Tratándose de la revocatoria de declaratorias de monumentos nacionales o bienes de interés cultural efectuadas por el Ministerio de Educación, la revocatoria corresponderá al Ministerio de Cultura’”.

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-390 de 1996.

 

Salvamento de voto del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Sentencia C-817 de 2011 

Expediente: D-8490

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1402 de 2010 “por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima”.

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Mi discrepancia con la decisión de mayoría obedece a que, a mi juicio, como lo he sostenido en anteriores ocasiones, por ejemplo en la Sentencia C-766 de 2010 expediente OP 131, prácticas legislativas como la aquí cuestionada mediante las cuales se resalta la labor que realizan organismos, instituciones, gremios, estamentos u otro tipo de asociaciones, cualquiera sea la motivación que las inspire, en el entendido de que dichas prácticas se traducen en manifestaciones positivas, desde el punto de vista social y cultural, en cuanto cohesionan a sus miembros en torno al ejercicio de valores significativos, como la solidaridad, la asistencia, ayuda o auxilio mutuo, sobre todo entre los más desvalidos, no tienen por qué considerarse discriminatorias frente a otras manifestaciones de esta misma naturaleza que persiguen el mismo fin aunque bajo una orientación o razón de ser diferente ya que, en ultimas, conforme a las previsiones de los artículos 18 y 19 de la Constitución, el Estado debe garantizar la libertad de conciencia y la libertad de cultos, las cuales por ende merecen idéntico trato frente a la ley.

A mi juicio, la ley declarada inexequible no quebrantaba el carácter laico del Estado colombiano en la medida en que su objeto no era otro que hacer un reconocimiento, relacionado con una tradición cultural que ha venido desarrollándose durante varios años en el municipio del Espinal, departamento del Tolima, al margen de las implicaciones religiosas que algunos quisieron resaltar por encima del valor social y cultural que evidentemente subyace en dichas prácticas para efectos de cuestionar la constitucionalidad de la norma, bajo un criterio estricto en demasía, que a nada positivo conduce, desde la perspectiva de nuestra realidad nacional.

Fecha ut supra,

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.