Sentencia C-820 de octubre 4 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-820 de 2006 

Ref.: Expediente D-6224

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 del Código Civil.

Demandante: Guillermo Otálora Lozano

Bogotá D.C., cuatro de octubre de dos mil seis.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Jaime Córdoba Triviño, —quien la preside— Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Elías Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta sentencia con fundamento en los siguientes:

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la disposición acusada:

Artículo 25 del Código Civil. “La interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, solo corresponde al legislador”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 25 del Código Civil, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de una ley de la República.

Planteamiento de los problemas jurídicos

2. El demandante considera que el artículo 25 del Código Civil es inconstitucional, en tanto que reconoce al legislador, en forma exclusiva y excluyente, la facultad para fijar con autoridad el sentido de una ley oscura. Para sustentar su conclusión, la demanda plantea tres cargos, a saber: i) violación del artículo 243 de la Carta. A su juicio, la disposición acusada desconoce la cosa juzgada constitucional contenida en la Sentencia C-037 de 1996, en cuanto a pesar de que la sentencia dejó en claro que el intérprete autorizado de la Constitución no es el Legislador, sino la Corte Constitucional, la norma acusada confiere al Congreso la facultad para interpretar con autoridad la ley en sentido formal y material y, en los términos del artículo 230 de la Carta, también de la Constitución. ii) Violación de los artículos 4º, 229 y 241 superiores. La norma acusada desconoce la potestad de la Corte Constitucional de interpretar la ley y fijar su sentido autorizado cuando profiere sentencias condicionadas y en materia de tutela. iii) Trasgresión de los artículos 234, 235 y 237 de la Constitución. A su juicio, la disposición acusada desconoce la autoridad interpretativa de la ley que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, puesto que esos tribunales deben fijar el sentido autorizado de la ley frente a las actuaciones de los jueces.

3. Por su parte, los intervinientes coinciden en afirmar que la norma acusada no viola la cosa juzgada constitucional porque su contenido normativo e histórico no es idéntico al del artículo 48 de la Ley 270 de 1996. De igual manera, consideran que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1º, de la Constitución, al legislador compete la interpretación general de la ley, por lo que no puede confundirse con la hermenéutica judicial que, a pesar de que hay momentos en que es obligatoria, nunca puede adquirir una forma vinculante general porque, con ello, se desconocería el artículo 230 superior.

A su turno, el Ministerio Público considera que la Corte, de un lado, debe declarar la inexequibilidad de la expresión “solo” contenida en el artículo 25 del Código Civil y, de otro, condicionar la exequibilidad de esa disposición en el entendido que si bien el legislador puede interpretar con autoridad una ley oscura, no tiene el monopolio, pues esa facultad también está a cargo, dentro de sus competencias, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Para apoyar su conclusión dijo que era necesario replantear la clasificación de la interpretación para ahora referirse a la i) interpretación por vía de autoridad auténtica y judicial, ii) judicial con efecto interpartes, iii) doctrinal y iv) la que realizan los particulares, en tanto que no es posible desconocer que las altas cortes tienen facultad para fijar la interpretación última y autorizada de la ley.

4. Conforme a lo anterior, los problemas constitucionales que plantea la presente demanda se circunscriben a determinar si la interpretación general o con autoridad de la ley que, por disposición de la norma acusada, corresponde exclusivamente al legislador i) viola la cosa juzgada constitucional contenida en la Sentencia C-037 de 1996 y, ii) si desconoce la facultad atribuida a la Corte Constitucional cuando, en ejercicio de sus competencias, debe interpretar la ley. Cabe advertir que, en razón a que la interpretación a que hace referencia el artículo 25 del Código Civil, se adelanta por vía general, del presente análisis se excluye la interpretación judicial que, para casos concretos y con efectos interpartes, realizan los órganos judiciales, pues como es obvio no tienen fuerza de ley.

Así las cosas, para resolver los problemas jurídicos planteados, en primer lugar, la Corte recordará el contenido de la cosa juzgada constitucional expresada en la Sentencia C-037 de 1996. En segundo lugar, se referirá brevemente al sentido de la norma acusada y al papel que en la Constitución y en la teoría de la interpretación contemporánea corresponde a la Corte Constitucional. Este examen permitirá entonces determinar si el monopolio legislativo para interpretar con autoridad la ley oscura se ajusta o no a la Carta.

Ausencia de cosa juzgada constitucional

5. Resulta un lugar común afirmar que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal de la teoría general del derecho que constituye un pilar esencial del Estado social de derecho porque garantiza la seguridad jurídica para las partes de una controversia, en tanto que, de un lado, asegura la resolución pacífica, coercitiva y definitiva de un conflicto y, de otra, impide que se produzcan decisiones judiciales contradictorias que violen el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. De igual manera, es claro que la cosa juzgada hace efectivo el derecho de acceso a la justicia y, en especial, el derecho a exigir que el Estado resuelva en forma definitiva una controversia que se somete a su consideración (C.P., arts. 1º y 229). Luego, es obvio que, por regla general, toda sentencia judicial definitiva hace tránsito a cosa juzgada, con la que se impide que la misma situación fáctica y jurídica pueda ser ventilada nuevamente en otro proceso judicial, salvo que la misma ley disponga la posibilidad de un replanteamiento de la cuestión.

6. Sin embargo, como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido esta corporación (1) , la cosa juzgada constitucional consagrada en el artículo 243 de la Constitución, no solo reúne las características generales de la institución, sino que, en particular, presenta condiciones especiales del control de constitucionalidad de las leyes, pues además de que supone un impedimento para que la Corte Constitucional estudie nuevamente una disposición que ya ha sido objeto de análisis, dado su carácter inmutable y definitivo (cosa juzgada formal), también implica una prohibición presente y futura para que las autoridades y los particulares reproduzcan el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, en virtud del carácter vinculante y expansivo de este tipo de cosa juzgada (cosa juzgada material). Dicho de otra manera, la cosa juzgada constitucional no solo ampara el texto normativo formalmente igual, sino el contenido material de la norma jurídica que ha sido objeto del control de constitucionalidad.

Lo anterior muestra con claridad que, a diferencia de la cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas proferidas en las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, en las que solo se presenta si existe la denominada por la jurisprudencia “triple identidad”, esto es la identidad de objeto, de causa y de partes” (2) (CPC, art. 332); la cosa juzgada constitucional solo se predica de lo que podría denominarse identidad de causa, esto es, de la equivalencia de la norma y de los contenidos normativos que han sido objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional. En efecto, por el carácter público de la acción de inconstitucionalidad y la naturaleza participativa del proceso constitucional, resultaría un contrasentido exigir la identidad de partes (entendida esta como la identidad personal de los sujetos involucrados y la identidad jurídica). De igual manera, conduciría al absurdo sostener la identidad de objeto para la cosa juzgada constitucional, puesto que, en todas las demandas de inconstitucionalidad se pretende la inexequibilidad de una disposición o de una parte de ella y se busca preservar el principio de supremacía constitucional. Entonces, la cosa juzgada constitucional se predicará del contenido formal y material de las normas objeto de control constitucional y eso solo podrá determinarse después de la comparación entre dos textos normativos, uno con pronunciamiento previo de la Corte Constitucional y otro sometido a un nuevo estudio de la misma corporación.

No obstante, a diferencia de la facilidad con la que se encuentra la cosa juzgada formal, pues se evidencia con la simple confrontación entre el texto normativo que nuevamente se somete a estudio y el que fue objeto de pronunciamiento de la Corte, la existencia de la cosa juzgada material no siempre surge prima facie, en tanto que requiere de un análisis más detenido y de la valoración de contenidos normativos. Así, como lo ha advertido esta corporación, en la valoración de la cosa juzgada material es necesario tener en cuenta: i) la identidad de contenidos normativos (3) , ii) la conformidad de los contextos histórico, social, cultural y/o jurídico en que se fundó el control constitucional al momento de proferirse la sentencia y el que se somete a un nuevo estudio de la corporación (4) y, iii) la identidad de la norma constitucional que sustentó la constitucionalidad de la disposición legal objeto de control. De esta manera, se logra conciliar la dinámica de la interpretación constitucional y la seguridad jurídica que lleva implícita la institución de la cosa juzgada constitucional.

En reciente oportunidad, la Corte se refirió a la cosa juzgada así:

“Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha distinguido entre distintas categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada constitucional, en aras de satisfacer tanto el objetivo de seguridad jurídica que persigue esta figura como las garantías ciudadanas propias del proceso de constitucionalidad, y las necesidades de cambio y evolución del ordenamiento jurídico (5) .

Una de sus modalidades es la cosa juzgada material, cuyo alcance ha intentado precisar la jurisprudencia de esta corporación en reiteradas oportunidades. Así, por ejemplo, se ha sostenido que esta figura tiene lugar cuando la norma acusada tiene un contenido normativo idéntico al de otra disposición sobre la cual esta corporación previamente emitió una decisión, por lo que “los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este serían totalmente aplicables a aquélla y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior”. (6)

No obstante, en otras oportunidades la Corte Constitucional ha vinculado los efectos de la cosa juzgada material, en sentido estricto, a la declaración de inexequibilidad (C.P., art. 243). Así, por ejemplo, en la Sentencia C-228 de 2002 sostuvo:

(…)

En todo caso, la jurisprudencia constitucional siempre ha sido constante en vincular la cosa juzgada material al concepto de precedente, específicamente con la obligación en cabeza del juez constitucional de ser consistente con sus decisiones previas, deber que no deriva no solo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. (…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones (7) . Empero, la cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente, pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias (8) . Por lo tanto, cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial —tales como un nuevo contexto fáctico o normativo— la Corte Constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas (9) , e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas.

Esto lleva a que el juez constitucional deba evaluar en cada caso concreto las disposiciones demandadas aun en aquellos eventos en que textos idénticos hayan sido objeto de un pronunciamiento de exequibilidad. Así pues, si una nueva ley reproduce enunciados o contenidos normativos ya estudiados por esta corporación y es acusada, no podrá acudirse de manera automática los efectos de la figura de la cosa juzgada material para resolver los cargos formulados. Como antes se dijo, la constitucionalidad de una disposición no depende solamente de su tenor literal sino también del contexto jurídico en el cual se inserta. Por lo tanto, será siempre necesario hacer un examen de constitucionalidad de la disposición acusada para determinar si subsisten las razones que condujeron al pronunciamiento de exequibilidad en la decisión previamente adoptada” (10) .

Entonces, a pesar de que los textos normativos no sean exactamente iguales, puede existir prohibición de un nuevo análisis constitucional, porque existe una disposición cuyo contenido normativo es idéntico al que ya ha sido objeto de pronunciamiento de la Corte y, por consiguiente, ha operado la cosa juzgada material. De igual manera, como lo advirtió esta corporación en reciente sentencia, pueden existir asuntos que, pese a que presentan idénticos contenidos normativos, los contextos históricos y jurídicos en los que se expiden son diferentes, por lo que está autorizado su estudio y nuevo pronunciamiento.

7. Con base en lo anterior, la Sala entra a analizar si el artículo 25 del Código Civil tiene el mismo contenido normativo que el del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia que fue modificado por la Sentencia C-037 de 1996, respecto del titular de la facultad para interpretar la Constitución y/o la ley de manera general y, por consiguiente, en forma vinculante y obligatoria.

El texto del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 aprobado por el Congreso dispuso:

“Alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, solo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. Solo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general” (negras propias)

En lo pertinente, en Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional resolvió:

“3. Declarar EXEQUIBLES, pero bajo las condiciones previstas en esta providencia… el artículo 48, salvo las expresiones “Solo” y “el Congreso de la República” del numeral 1º”.

En la parte motiva de esa sentencia la Corte dijo que la exequibilidad se condicionaría al “entendido de que la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio general”.

En otras palabras, en lo pertinente, la disposición objeto de control constitucional fue modificada por la Corte en el sentido de señalar que, a partir de esa providencia, la interpretación que hace la Corte Constitucional será por vía de autoridad y tiene carácter obligatorio general.

Ahora bien, la interpretación literal de ese texto normativo efectivamente permitiría concluir que la hermenéutica que efectúa la Corte Constitucional en sentencias dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, corresponderá a una interpretación obligatoria y vinculante para todas las autoridades y para los particulares. En efecto, se observa claramente que la modificación introducida por la Corte no alude al tipo de norma que es objeto de interpretación —si es la Constitución o la ley—, sino que se refiere exclusivamente al resultado de la interpretación. Luego, como de la lectura literal del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 efectivamente podría deducirse que la interpretación con autoridad de la ley corresponde a la Corte Constitucional, la conclusión a la que llega la demanda sobre la inconstitucionalidad de la norma acusada resultaría, en principio, correcta, pues el artículo 25 del Código Civil es claro en señalar que la interpretación de la ley por vía de autoridad “solo” corresponde al Congreso.

8. A su turno, los intervinientes y el Ministerio Público coinciden en sostener que la interpretación con autoridad a que hace referencia el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, es de la Constitución y no de la ley, puesto que con la modificación introducida por la Corte se trataba de prevenir que el Congreso de la República asuma la función de interpretar las normas superiores, tarea que el artículo 241 de la Carta asigna a esta corporación.

La Corte coincide con esta tesis, pues la interpretación sistemática del artículo 48 de la ley estatutaria de administración de justicia y teleológica de la modulación introducida por la Corte evidencian que la ratio decidendi de la Sentencia C-037 de 1996, se fundamenta en la función de salvaguarda de la Constitución que tiene a su cargo esta corporación, por lo que salta a la vista que la hermenéutica con autoridad que regula dicha disposición está referida a la de las normas superiores. Al respecto esta corporación dijo:

“La jurisprudencia —como se verá más adelante— ha sido clara en definir que la labor de la Corte Constitucional, encaminada a guardar la supremacía y la integridad de la Carta (C.P., art. 241), hace que ella sea la responsable de interpretar con autoridad y de definir los alcances de los preceptos contenidos en la Ley Fundamental. En ese orden de ideas, resulta abiertamente inconstitucional el pretender, como lo hace la norma que se estudia, que solo el Congreso de la República interpreta por vía de autoridad. Ello es válido, y así lo define el artículo 150-1 de la Carta, únicamente en lo que se relaciona con la ley, pero no en lo que atañe al texto constitucional. Por lo demás, no sobra agregar que la expresión “Solo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general”, contradice, en este caso, lo dispuesto en el artículo 158 superior, pues se trata de un asunto que no se relaciona con el tema de la presente ley estatutaria, es decir, con la administración de justicia.

De lo dicho, se desprende claramente la exequibilidad de la norma que se revisa, excepto, como antes se ha explicado, las expresiones señaladas en la parte final del numeral 1o. En efecto, solo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; solo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella.

Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, solo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (D. 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad” (11) (negras fuera del texto original)

Nótese que la modulación del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 introducida por la Corte se fundamentó en la inconstitucionalidad del monopolio de la interpretación de la Constitución con autoridad que la disposición original entregaba al Congreso de la República con desconocimiento de la función encomendada por el artículo 241 superior a la Corte Constitucional. Incluso, la sentencia fue clara en distinguir la interpretación legislativa con autoridad, de un lado, de la ley y, de otro, la de la Constitución, para asignar validez a la primera y reprochar la constitucionalidad a la segunda. Luego, es evidente que a pesar de que no se reguló en forma expresa, el artículo 48 de la ley estatutaria de administración de justicia se refiere a la interpretación con autoridad de la Constitución.

Cabe advertir que, en reciente providencia, esta corporación reiteró los planteamientos expuestos en la Sentencia C-037 de 1996, respecto de la fuerza vinculante de la interpretación constitucional contenida en la parte motiva de las sentencias de constitucionalidad, así:

“la respuesta a la pregunta inicial respecto a si la parte motiva de las sentencias de constitucionalidad tiene fuerza vinculante, es afirmativa conforme a los enunciado por esta corporación y el legislador estatutario. Por consiguiente las autoridades y los particulares están obligados a acatar los postulados vinculantes de la parte motiva de las sentencias de constitucionalidad, en aquellos aspectos determinantes de la decisión que sustenten la parte resolutiva de tales providencias, así como frente a los fundamentos “que la misma Corte indique” (12) . Es decir, en palabras de la C-037 de 1996, tienen “fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella”. (13)

El fundamento constitucional del carácter vinculante de tales aspectos de la parte motiva de estas providencias, es: i) el respeto a la cosa juzgada constitucional reconocida en el artículo 243 de la Carta, que se proyecta a algunos de los elementos de la argumentación, conforme a las consideraciones previamente indicadas (14) . ii) La posición y la misión institucional de esta corporación que conducen a que la interpretación que hace la Corte Constitucional, tenga fuerza de autoridad y carácter vinculante general, en virtud del artículo 241 de la Carta. Igualmente, y en especial respecto de las sentencias de tutela, la Corte resaltó con posterioridad otros fundamentos de la fuerza vinculante de la ratio decidendi, tales como iii) el principio de igualdad, la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de confianza legítima (15) , como se comentará en el apartado e) de este capítulo” (16) .

9. Así las cosas, la Sala concluye que el contenido normativo que fue objeto de decisión de la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996 es diferente al que ahora se somete a estudio de esta corporación, pues en aquella oportunidad la Corte centró su análisis en la interpretación con autoridad de la Constitución, mientras que la norma ahora demandada regula la interpretación con autoridad de la ley, lo cual, evidentemente, no solo expresa contenidos normativos distintos, sino que plantea problemas jurídicos disímiles, por lo que ello releva a la Corte de hacer el contraste histórico y, en consecuencia, resulta claro que no existe violación a la cosa juzgada constitucional.

10. De otra parte, el demandante dijo que la norma acusada viola el artículo 243 de la Constitución porque reprodujo el texto original del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 sin tener en cuenta la modificación efectuada por la Corte en Sentencia C-037 de 1996.

Como bien lo expresó uno de los intervinientes, resulta evidente que ese argumento tampoco debe prosperar, pues el artículo 25 del Código Civil es bastante anterior a la modificación normativa del artículo 48 de la ley estatutaria de la administración de justicia, por lo que, sencillamente, no se trata de la reproducción de un acto jurídico declarado inexequible a que hace referencia el artículo 243 de la Constitución ni de la repetición de un texto normativo que fue modificado por la interpretación constitucional. Luego, el cargo no prospera.

Interpretación de la ley por parte del legislador. Contexto histórico de la norma acusada

11. De acuerdo con lo expresado por el demandante y por el Ministerio Público, el artículo 25 del Código Civil, tal y como se encuentra redactado, es inconstitucional, comoquiera que desconoce la facultad interpretativa obligatoria y vinculante que la Constitución otorgó a los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 4º, 13, 229, 230, 234, 235, 237 y 241 de la Constitución. La Corte procede a estudiar dicho cargo.

El texto normativo acusado dispone que solo al legislador corresponde la interpretación con autoridad de la ley oscura. En otras palabras, al reconocer la existencia de leyes oscuras, esa disposición señala, de un lado, a quién corresponde adelantarla (“solo” al legislador) y, de otro, de qué manera (de manera general y con autoridad).

12. En relación con las autoridades a quién corresponde la interpretación de las leyes, el Código Civil y la doctrina (17) las clasifican en tres categorías: la doctrinal, la judicial y la legislativa o con autoridad.

La primera, regulada en el artículo 26 del Código Civil como aquella hermenéutica que no es vinculante y que corresponde a los jueces, a los funcionarios públicos y de los autores de obras jurídicas. Al respecto, los profesores Champeau & Uribe la definieron como “aquella que emana de una persona que no tiene poder legislativo, ni delegación de este para interpretar las leyes y que carece de autoridad judicial”.

La segunda, también denominada interpretación por vía de decisión o de especie, es considerada por la doctrina como una atribución de los jueces cuando resuelven los asuntos concretos, por lo que solo produce efectos vinculantes para las causas en las que fueron adoptadas, tal y como lo dispone el artículo 17 del Código Civil.

Y, la tercera, esto es, la interpretación legislativa con autoridad, regulada en el artículo 25 del Código Civil, es la realizada por el mismo órgano que legisla para aclarar o precisar el alcance de la ley, pero solo con efectos hacia el futuro y conservando la cosa juzgada que se deriva de una decisión judicial ya adoptada. Los mismos profesores citados sostienen que es natural “que el derecho a fijar el sentido de un texto oscuro pertenezca a quien lo redactó, al legislador: ejes est interpretari legem cujus est condere. Esta es la única interpretación que puede tener la misma fuerza que la ley, y ser obligatoria para lo futuro, tanto respecto de los ciudadanos como de los tribunales”.

13. En efecto, el artículo 25 del Código Civil tiene como antecedentes en el derecho colombiano el artículo 20 de la Constitución para la Provincia de Pamplona de 1815, según el cual corresponde al poder legislativo “exponer el sentido de las leyes fundamentales de la República, siempre que ocurra duda, sin que tenga efecto retroactivo la interpretación o declaración, ni aun con respecto al caso que hubiere dado motivo a ellas” (18) . Nótese que, aunque con una redacción distinta, el Constituyente de la Provincia de Pamplona encargaba al legislador la tarea de interpretar la ley dudosa u oscura, pero advertía que los efectos de esa nueva ley no serían retroactivos, tal y como lo señalaría posteriormente el artículo 14 del Código Civil.

De igual manera, resulta un claro antecedente de esta disposición el artículo 22 del Código Chileno elaborado por el señor Andrés Bello (19) , el cual se refirió a las leyes interpretativas así: “los pasajes oscuros de la ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”. Pese a su similitud, de todas maneras, en esa codificación no se encuentra una norma idéntica a la que posteriormente constituiría una de las piezas interpretativas fundamentales para los jueces colombianos y que estudia la Corte.

Ahora bien, el sentido de la norma demandada, cuyo texto se mantiene inmutable desde el momento en que el Código Civil entró a regir en 1873, corresponde a la lógica jurídica que imperaba en la época en que surge la codificación, pues la enorme confianza y el respeto por la voluntad democrática expresada por el legislador marcaron el paradigma de la decisión judicial. De este modo, se consideró que la igualdad, la justicia y la seguridad jurídica no solo se encarnan en la ley escrita, sino que ella representa una garantía de preservación de éstos y los demás principios que se requieren para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad estatal.

Serían, entonces, el legislador y su producto, o sea la ley, los encargados de definir y crear el derecho, pues este culto a la ley, incluso denominado por importantes doctrinantes como Luis Recaséns Siches la “frenética apoteosis del fetichismo legalista”, concibe la función judicial de manera mecánica, en tanto que “los códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete; este no tiene ya por misión hacer el derecho: el derecho está hecho. No existe incertidumbre, pues el derecho está escrito en textos auténticos. Más para que los códigos realicen esa ventaja, es preciso que los autores y los jueces acepten su nueva posición bajo el código… diría que deben resignarse a ella” (20) .

En este mismo sentido, se recordarán célebres frases que limitaban el papel del juez y la aplicación de la norma jurídica a la simple reproducción del significado legal al caso concreto, tales como las de Rousseau (21) al sostener que las leyes deben ser expresión de la voluntad general y, por ello, las decisiones que producen la felicidad pública “que está muy por encima del alcance de los hombres vulgares, son las que pone el legislador en boca de los inmortales para arrastrar por medio de la pretendida autoridad divina, a aquellos a quienes no lograría excitar la prudencia humana” y las de Montesquieu (22) al indicar que el poder “de juzgar es casi nulo” y definir a los jueces como “el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes” y a la inevitable supremacía de la ley sobre las sentencias al señalar que “es de la esencia de la Constitución republicana el que los jueces se atengan rigurosamente a la letra de la ley”. Posteriormente, Cesare Beccaria (23) , refiriéndose al derecho penal y como mecanismo para garantizar las libertades ciudadanas y la justicia —lo justo es lo que la ley consagra—, redujo la interpretación judicial a la aplicación de un “silogismo perfecto”, en donde la sentencia no puede ser otra cosa que la conclusión de la comparación entre la premisa mayor (que contiene la ley general) y la premisa menor (que expresa el caso concreto). Según este autor, “tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede residir en los jueces de lo criminal, por la misma razón de que no son legisladores”. Fue célebre el discurso pronunciado en 1857, en la facultad de derecho de Estrasburgo, por el jurista Aubry, en cuanto afirmó que “Toda la ley, en su espíritu tanto como en su letra, con una amplia aplicación de sus principios y un completo desarrollo de sus consecuencias, pero nada más que la ley, tal ha sido la divisa de los profesores del Código de Napoleón”.

14. En desarrollo de esa concepción, el racionalismo jurídico fundó la escuela de la exégesis que propugnó tanto un método de interpretación como el diseño de instrumentos procesales dirigidos a garantizar la aplicación estricta y precisa de la ley. De esta forma, se establecieron un conjunto de pautas o reglas dirigidas a eliminar los mínimos márgenes de discrecionalidad y subjetividad en la decisión judicial. Así, por ejemplo, en relación con el grado de dificultad de los casos, el Código Civil dispuso la solución en cada uno de ellos: i) en los casos en los que la ley es clara y expresa: el juez debe prescindir de su juicio y aplicar la ley (“cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” - artículo 27 de dicha normativa). ii) en aquellos asuntos en los que no existe previsión legal expresa, la solución de todas maneras se encuentra en la ley, pues cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido corresponderá al juez aplicar las leyes que regulen caso o materias semejantes” (L. 153/1887, art. 8º). iii) en los casos en los que existen leyes oscuras o dudosas, es al propio legislador el que corresponde interpretarla y fijar con autoridad su sentido (C.C., art. 25). Así, no solo se reafirma el culto a la ley, sino que se presume y enseña que conocer la ley es conocer el derecho y que su aplicación es puramente deductiva en donde el juez se limita a transmitir su tenor literal.

Evidentemente, la visión de los juristas seguidores del racionalismo jurídico parte de supuestos que para ellos eran indiscutibles, tales como la plenitud del ordenamiento jurídico, en tanto que no se conciben vacíos normativos, la perfección, claridad, precisión de las leyes y su congruencia con la verdadera voluntad popular, por lo que la interpretación judicial quedaría reducida a una tarea mecánica y automática de reproducción normativa. Entonces, al entender la ley como el resumen de las garantías individuales, como la perfecta y diáfana expresión de la justicia, la libertad y la igualdad, era lógico concluir que su interpretación se reducía a la simple reproducción mecánica y, en casos de oscuridad, a la interpretación que de ella haga el propio legislador.

15. Sin embargo, como se recordará, las críticas a la exégesis no se hicieron esperar, pues los juristas de los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX cuestionaron las bases sobre las cuales se cimentó la escuela de la exégesis, para sostener que el ordenamiento jurídico no es pleno, que las lagunas normativas son frecuentes y que la ley no siempre expresa la voluntad del legislador.

Así, la escuela dogmática o el positivismo de importantes autores como Federico Carlos de Savigny en Alemania y Gény en Francia, este último con la escuela de la libre investigación científica (24) , consideraron que para saber y aplicar el derecho debía conocerse la voluntad o intención del legislador, por lo que la interpretación de la ley no podía limitarse a su tenor literal, sino que debían distinguirse varios elementos: i) gramatical (el lenguaje del legislador); ii) lógico (el pensamiento del legislador); iii) histórico (el momento de expedición de la norma y los cambios presentados entre su vigencia y el momento de la aplicación), y iv) sistemático (el vínculo entre las instituciones y las reglas de derecho).

A juicio de esta corriente jurídica, las soluciones jurídicas no corresponden a la voluntad del juez, sino que siempre se encuentran en el sistema, como quiera que “si las fuentes son insuficientes para la solución de una cuestión de derecho, debemos subsanar esta laguna, pues la universalidad del derecho es una condición no menos esencial que su unidad”, de ahí que el derecho no se agota con las leyes sino que se nutre con la experiencia. De esta forma, la costumbre adquiere una gran relevancia en el derecho no solamente porque concreta la ley, sino porque reconoce su dinámica, su evolución y transformación. Para ellos, ahora, la “tarea es considerar al ordenamiento jurídico en tanto que totalidad sistemáticamente estructurada” (25) .

A pesar de que la escuela dogmática representó un avance importante en el reconocimiento de la función judicial frente a la interpretación de la ley, de todas maneras su labor hermenéutica estaría reducida a la reproducción del querer del legislador, pues no se concebía al juez como un creador del derecho quien podría necesitar su criterio o discrecionalidad para definir una controversia, ni aún en aquellos casos en los que la solución legal en el caso concreto resulta contradictoria o inequitativa. Por esa razón, las escuelas jurídicas denominadas jurisprudencia de conceptos y la de intereses, la primera representada fielmente con los escritos de Ihering (26) , introdujeron la noción de finalidad o telos de la norma (método teleológico de interpretación), para sostener que el juez no debe fallar con la simple deducción silogística, sino que debe averiguar cuál fue la intención del legislador y así proferir un fallo de acuerdo con el fin social perseguido por los representantes de la voluntad popular.

16. De igual manera, las críticas a la exégesis se formularon por juristas tan importantes como Kelsen (27) , Carlos Cossio, J. L. Austin y, posteriormente, H.L.A. Hart (28) y Ronald Dworkin (29) , quienes coincidieron en sostener que la interpretación judicial requiere no solo de un acto intelectual de conocimiento, sino también de un acto de voluntad porque el juez es creador del derecho. Incluso, se advierte que las diferencias que surgieron entre estos juristas radican en establecer el margen de libertad con la que actúa el juez y la forma cómo deben resolverse los asuntos de mayor complejidad jurídica, pero no discuten sobre la existencia de la labor creativa del juez en la interpretación de la ley y su carácter vinculante.

Pero, como se recordará, las discrepancias también surgieron desde otras visiones del derecho, tales como las formuladas por la escuela del Derecho Libre en Alemania, fundada por Herman Kantorowicz, el Realismo Jurídico de Frank, Oliver Wendel Holmes y otros, en Norteamérica; Gustav Radbruch en las diferentes etapas de su relativismo (30) ; Viehweg con la Tópica, Chaim Perelman con La Nueva Retórica (31) , Gadamer en su obra Verdad y Método, Toulmin con la Lógica Informal, Maccormick con la teoría integradora de la argumentación jurídica y Alexy con la tesis de que la argumentación jurídica, expusieron diferentes argumentos para explicar que la labor judicial no consiste en la reproducción automática y silogística de la ley, sino que implica un juicio de valor donde el juez tiene inmensa responsabilidad.

En nuestro continente, importantes juristas como Luis Recaséns Siches (32) criticaron el método deductivo, plantearon las dudas e insatisfacciones que surgen de su aplicación y reconocieron la importancia del papel del juez en la creación del derecho.

17. La breve referencia a las escuelas de interpretación del derecho que surgen con posterioridad a la exégesis muestra que, principalmente después de la segunda guerra mundial, la doctrina especializada ha reconocido: i) que la labor interpretativa del juez no solo se expresa en los casos de aplicación de las leyes claras, sino también de las leyes cuyo contenido es oscuro, esto es, que no solo se interpretan las leyes oscuras y, ii) que la interpretación judicial no se reduce a la reproducción mecánica de la ley, sino que implica la determinación de las normas aplicables a casos concretos.

18. Precisamente, en razón de la crítica doctrinaria a la exégesis, surgen debates en torno a la hermenéutica del artículo 25 del Código Civil, como quiera que, de una parte, se cuestiona el monopolio de la interpretación legal con autoridad en manos del legislador y, de otra parte, se discute el sentido mismo de la disposición. En efecto, al observar la proposición jurídica contenida en la disposición demandada, según la cual, corresponde al legislador la interpretación de la ley oscura, se encuentran dos características: i) su generalidad y, ii) su obligatoriedad. En otras palabras, la interpretación por vía general de la ley corresponde a la expedición de una nueva ley que también será obligatoria y vinculante. Nótese que el aparte normativo no aporta nada nuevo ni diferente respecto de las características generales de la ley, pues como cualquiera, tiene un carácter abstracto, impersonal y se aplica obligatoriamente para todos quienes se encuentran en el marco de su vigencia.

En torno al cuestionamiento sobre el verdadero sentido y significado de esta norma, resulta relevante recordar al profesor Arturo Valencia Zea cuando afirmó que “no se trata de una auténtica interpretación, sino de la elaboración de una nueva ley. El legislador puede derogar las leyes inconvenientes y reemplazar las oscuras” (33) . De igual manera, resulta especialmente interesante lo afirmado por el profesor Luis Fernando Gómez Duque, quien, desde la perspectiva de la filosofía del derecho, sostiene que el artículo 25 del Código Civil “está redactado en forma equívoca” porque, de un lado, atribuye la prerrogativa de la interpretación al legislador, cuando ello corresponde a los jueces y, de otro, porque es obligatoria no por fuerza de la interpretación, sino por fuerza legal propia. En lo pertinente, dijo:

“…Lo que sucede es que el legislador, a través de una redacción equívoca, pretende atribuirse una prerrogativa que de hecho invade un campo extraño a su ordinaria y regular actividad, pues una cosa es crear la ley y otra interpretarla. Si a la interpretación del legislador se le otorga una máxima autoridad, ello ocurre no porque en sí lógicamente tenga un atributo especial que garantice la idoneidad de su razonamiento sino porque simple y formalmente esa interpretación es otra ley, la cual, de hecho tiene un valor general: el hecho, pues, de dar valor general a una ley aclaratoria, no decide en nada el problema del valor de la interpretación dada por los jueces que son, justamente, quienes tienen que resolver dicho problema…

No puede afirmarse llanamente que don Andrés Bello pretendía la equivocidad del término doctrina con el fin de hacer juego a los intereses de la exégesis. Pero sí es evidente que este ha sido una de las bases más importantes de ella, en cuanto atribuye a la interpretación emanada del poder judicial, y por oposición a la legislativa un valor tan relativo que no se justifica en modo alguno, pues una es la autoridad del intérprete, quien por su prestancia científica da valor a un argumento jurídico y otra la que, así sea la del juez municipal, puede darse mediante la técnica procesal a la sentencia, una vez ejecutoriada. Pero no son solo los efectos de la cosa juzgada los que se pueden mostrar en oposición a la redacción ligera de esta disposición, sino, principalmente, instituciones como una Corte con funciones constitucionales y el tradicional recurso de inexequibilidad ventilado por nuestra Corte, lo que quita todo peso a la pretendida generalidad del artículo 25 y el valor meramente doctrinario que indica el 26 que ahora analizamos(34) (negras de la Corte).

Eso evidencia, entonces, que, incluso, con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, nuestra doctrina había llamado la atención no solo sobre los problemas que genera el artículo 25 del Código Civil, en tanto que excluye al juez que es el verdadero intérprete de la ley, sino también respecto de su validez, pues se llegó a considerar que esa norma era contraria a la Constitución de 1886.

Así, aclarado el sentido y el contexto histórico de la norma acusada, entra la Corte a estudiar el contenido de la facultad del legislador para interpretar la ley.

Análisis constitucional del artículo 25 del Código Civil

19. A pesar de que la doctrina hubiere discernido sobre la hermenéutica del artículo 25 del Código Civil, ello no significa que se hubiese desconocido o desplazado al legislador como intérprete de la ley oscura, pues esa facultad no solamente es indiscutible sino inevitable, en tanto que, como lo advertía el profesor Gómez Duque, “la obligatoriedad de la interpretación no lo fija la norma interpretativa sino el carácter general y vinculante de la ley” (35) .

Efectivamente, la facultad legislativa para interpretar la ley es evidente en el artículo 150 de la Constitución al disponer, como primera de las funciones asignadas al Congreso de la República al hacer las leyes, la de “interpretar, reformar y derogar las leyes”. Luego, es indiscutible que el legislador tiene a su cargo la tarea interpretativa de la ley.

20. No obstante, para la Corte también resulta incuestionable que la norma demandada, que le confiere únicamente al legislador la facultad para interpretar con autoridad el sentido de una ley oscura, formula otro supuesto que puede resultar constitucionalmente problemático en la actualidad, pues si bien es cierto la constitucionalidad de dicha atribución es irrefutable, no lo es menos que su monopolio, esto es, la entrega exclusiva de la facultad interpretativa al legislador (36) , podría desconocer la facultad que tiene la Corte Constitucional para interpretar la ley sometida al control de constitucionalidad abstracto, la cual, como se vio en precedencia, hace parte de la naturaleza propia e inescindible de esta labor judicial, por lo menos en situaciones en las que la ley no es clara, ya sea porque su sentido lingüístico es confuso y ofrece algunas interpretaciones que se ajustan a la Carta y otras que se separan de ella, o porque no se tiene certeza sobre su vigencia y aplicabilidad.

Entonces, el hecho de que la norma que ahora se impugna exprese que el legislador puede interpretar la ley oscura es constitucionalidad, pues no solo tiene expreso respaldo en el artículo 150, numeral 1º, de la Carta, sino que resulta de su libertad de configuración política. No obstante, la lectura del artículo 25 del Código Civil que podría generar problemas de inconstitucionalidad surge de la posibilidad de entenderla como una regla de exclusión a la interpretación que de la ley hace la Corte Constitucional.

Por esa razón, es indispensable estudiar la segunda disposición de la norma impugnada, según la cual, la interpretación de la ley oscura que corresponde al legislador, se hace de manera general y obligatoria. En otras palabras, ahora, el problema que plantea esa regulación consiste en determinar si, efectivamente, el único que puede interpretar la ley oscura de manera general y vinculante erga omnes, es el legislador.

22. A pesar de que el propio significado de interpretación jurídica ha sido discutido en la doctrina especializada porque, entre otras cosas, inmediatamente remite al debate de si interpretar una norma jurídica implica determinar el alcance de todos los textos legales o solo los oscuros, lo cierto es que, en su sentido más obvio y elemental, interpretar es explicar, declarar, orientar algo, comprender las circunstancias, aprehender, entender los momentos de la vida social y atribuir un significado a un signo lingüístico. En fin, como lo advierten Gadamer (37) y Husserl (38) , la interpretación está directamente ligada con la comprensión y el lenguaje, de tal forma que, al referirnos a la hermenéutica jurídica, la entendemos como la actividad dirigida a encontrar la solución al conflicto o al problema jurídico que se somete a estudio del intérprete.

23. Visto lo anterior, para la Corte es evidente que el sentido de la interpretación de las leyes oscuras a que hace referencia la norma acusada, está dirigido a establecer el carácter general, erga omnes y obligatorio de la ley aclaratoria. Luego, el problema, en definitiva, que plantea la regulación acusada se reduce a establecer si la interpretación que hace el legislador excluye la interpretación que de la ley hace la Corte Constitucional con motivo del control de constitucionalidad.

Interpretación de la ley a cargo de la Corte Constitucional

24. Como lo ha señalado esta corporación en reiteradas oportunidades, la consagración del carácter social del Estado de derecho en el artículo 1º de la Carta no tiene una implicación simplemente retórica, pues impone al Estado el deber de preservar y garantizar el respeto y eficacia de los derechos como fines primordiales de la actividad estatal y, por consiguiente, les otorga un carácter estructurador del ordenamiento jurídico que irradia todas las actividades del Estado. De este modo, el Estado social de derecho que, no solo es la fórmula jurídica adoptada por la Carta de 1991, es el modelo ideológico dominante en el constitucionalismo contemporáneo, que propende por la defensa de la justicia material y la eficacia de los derechos de las personas, constituye una línea de conducta determinante y obligatoria para todas las autoridades públicas, dentro de las cuales y, de manera especial, para el juez constitucional al interpretar las normas sometidas al control de constitucionalidad.

Precisamente, con el tránsito del Estado liberal, cuyo principal fundamento normativo es la ley, al Estado social de derecho, en cuya cúspide normativa encontramos a la Constitución, se evidencia la mutación de la naturaleza jurídica de la Carta. En efecto, dicho cambio resulta claro al observar que de una categoría inicial puramente programática a una disposición normativa con eficacia directa y obligatoria, la Constitución es ahora la norma superior cuya aplicación directa e interpretación obligatoria irradia todo el ordenamiento jurídico, pues en el Estado constitucional las normas superiores no requieren de la ley para ser aplicadas sino que se exigen y superponen. En tal virtud, como lo advierte el profesor Eduardo García de Enterría, “la Constitución es una realidad normativa” (39) , esto es, una norma jurídica efectiva que sustenta todo el ordenamiento jurídico e impone valores, principios y reglas fundamentales para la sociedad y los coloca fuera del alcance de las mayorías parlamentarias ocasionales. En consecuencia, el carácter y la plena eficacia normativa de la Constitución supone la vinculación directa e imperativa de los jueces, tribunales y demás operadores jurídicos.

25. Ahora bien, el artículo 4º de la Carta también es claro en señalar que la Constitución no es una norma igual a las demás, no solo por su carácter superior y prevalente, sino por su contenido material que incluye un conjunto de disposiciones axiológicas y un orden de principios con vocación de desarrollo legal y judicial, cuya interpretación y aplicación difícilmente puede efectuarse mediante la utilización del silogismo. Por esta razón y, en especial, si se tiene en cuenta la dificultad de la interpretación constitucional, dada la “textura abierta” de estas normas, la ambigüedad natural del lenguaje y, en especial, de normas diseñadas en forma indeterminada para garantizar la estabilidad jurídica y la vocación de proyección en el tiempo de las normas constitucionales, el artículo 241 de la misma Carta encargó a la Corte Constitucional la tarea de preservar su integridad y supremacía sobre la base de la seguridad jurídica, la justicia material, el respeto por el principio democrático y la igualdad de trato jurídico (preámbulo, arts. 1º y 13º superiores).

26. Los anteriores argumentos serían suficientes para concluir el carácter último de la interpretación a cargo de la Corte Constitucional y su calidad de órgano de cierre; sin embargo, el artículo 243 superior muestra la contundencia de dicha conclusión. En efecto, pese a que la cosa juzgada constitucional reúne condiciones generales de la institución, también resulta evidente que se diferencia de la derivada de la sentencia ordinaria y contencioso administrativa, de tal forma que le impregna un carácter propio y autónomo, puesto que la Constitución reguló una categoría especial de cosa juzgada: la constitucional derivada de los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional y le señaló consecuencias diferentes, tales como: i) los efectos expansivos de una sentencia declarada inexequible por razones de fondo, por cuanto el constituyente prohíbe al legislador reproducir el texto expulsado del ordenamiento jurídico; ii) la cosa juzgada constitucional no solo versa sobre el texto formal de la disposición, sino también sobre su contenido material, de tal manera que su impacto no solamente se presenta respecto de la norma objeto de control constitucional, sino también en relación con otras normas o textos normativos formalmente distintos, pero con idéntico contenido material y, iii) la producción de ciertos efectos jurídicos generales y obligatorios de la interpretación de la ley que fija la Corte Constitucional cuando este tiene incidencia constitucional.

De esta forma, es claro que la Corte Constitucional es también órgano “límite” de interpretación legal, pues de las condiciones estructurales de su funcionamiento, en el control de constitucionalidad de la ley, es perfectamente posible que la cosa juzgada constitucional incluya el sentido constitucionalmente autorizado de la ley oscura. En efecto, a pesar de que si bien es cierto, de acuerdo con lo regulado en el título VIII de la Constitución, la administración de justicia se organiza a partir de la separación de jurisdicciones y, por ello, corresponde a los jueces ordinarios la interpretación de la ley y, a la Corte Constitucional la interpretación última de la Constitución, no es menos cierto que hace parte de la esencia de la función atribuida a esta última el entendimiento racional, lógico y práctico de la ley cuyo control de constitucionalidad debe ejercer.

27. De hecho, el control de constitucionalidad de la ley tiene una incidencia normativa indiscutible porque esta corporación no podría salvaguardar la integridad de la Constitución, tal y como se lo ordena el artículo 241 de la Carta, si no tiene claro el sentido de las disposiciones legales que deben compararse con las normas superiores que se acusan como infringidas (40) ; o tampoco si ejerce el control de constitucional sobre textos normativos que no coinciden con la praxis ni con su aplicación generalizada y dominante por parte de las cortes (41) ; ni cuando en un mismo texto legal encuentra normas conformes y otras contrarias a la Constitución (42) ; ni cuando el texto legal es inconstitucional no por lo que dice sino por lo que deja de decir, esto es, cuando se presenta una inconstitucionalidad por omisión (43) ; ni podría proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados con la aplicación concreta de la ley (44) , entre otras razones.

En consecuencia, se reitera que, a pesar de que, por regla general, no corresponde a la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales, porque ello es propio de los jueces ordinarios, en algunos casos, la Corte no solo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control” (45) , sino que, además, debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada constitucionalmente, esto es, señala la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse.

En tal virtud, existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional debe señalar la interpretación obligatoria de la ley. Esto se realiza, entre otras, mediante las sentencias interpretativas y aditivas, en las cuales se busca armonizar los principios de supremacía de la Constitución y democrático o de conservación del derecho que pueden resultar en tensión cuando una disposición puede interpretarse de varias formas, una de las cuales resulta contraria a la Constitución y otras conforme a ella, o cuando el texto legal acusado presenta vacíos normativos que, tal y como se encuentra, sería inconstitucional.

Así, en relación con las sentencias de constitucionalidad condicionada, la Corte Constitucional ha dejado en claro que si una “disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimas constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento” (46) . De hecho, se entiende este tipo de sentencias como una necesidad para el juez constitucional que no puede adoptar una decisión de exequibilidad pura y simple porque desconocería su función de salvaguardar la integridad de la Constitución, en tanto que estaría admitiendo la permanencia en el ordenamiento jurídico de leyes que admiten interpretaciones contrarias a la Carta. Pero, tampoco puede adoptar una decisión de inexequibilidad porque afectaría el principio democrático que exige la aplicación de los principios de conservación del derecho e in dubio pro legislatoris, con lo cual también se afectaría la supremacía e integridad de la Constitución.

28. De igual manera, la Corte ha considerado necesario proferir sentencias integradoras (47) , esto es, aquellas en las que proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para que, de esa manera, se integren los vacíos normativos o se enfrenten las inevitables indeterminaciones del orden legal que resultan contrarias a la Constitución. Por ello, estas sentencias integran normas jurídicas para llenar vacíos legislativos que son inconstitucionales. En cuanto a la justificación de estas sentencias, la Corte advirtió que “encuentran entonces su primer fundamento en el carácter normativo de la Constitución, puesto que el juez constitucional, con el fin de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta, debe incorporar en el orden legal los mandatos constitucionales. Por ello, si el juez, para decidir un caso, se encuentra con una indeterminación legal, ya sea porque el enunciado legal es insuficiente, ya sea porque el enunciado es contrario a la Carta, el juez debe proyectar los mandatos constitucionales directamente al caso, aun cuando de esa manera, en apariencia, adicione el orden legal con nuevos contenidos normativos. El juez en este caso en manera alguna está legislando pues lo único que hace es dar aplicación al principio según el cual la Constitución, como norma de normas, tiene una suprema fuerza normativa (C.P., art. 4º)” (48) .

29. Con base en lo expuesto, para la Sala es claro que, además del legislador, la Corte Constitucional también interpreta la ley para fijar el sentido de una ley oscura, de manera general y obligatoria. Sin embargo, ello no significa que la Corte Constitucional asume la posición de órgano legislativo, pues simplemente se limita a cumplir con su función jurídica de salvaguarda de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241 superior). En efecto, a diferencia de la labor legislativa, cuyo origen es la conveniencia y libertad de configuración política, la labor de esta corporación surge del proceso judicial y de la aplicación de normas jurídicas que resultan obligatorias y vinculantes para todas las autoridades, inclusive, obviamente, para la propia Corte. Entonces, mientras el fundamento de la decisión legislativa es la conveniencia y la oportunidad política, el de la decisión judicial es el proceso y la norma jurídica que impone su cumplimiento en forma preferente y obligatoria.

En consecuencia, la expresión “solo” contenida en el artículo 25 del Código Civil resulta inconstitucional, en tanto que el monopolio de la interpretación general de la ley que consagra únicamente a favor del Legislador, desconoce la cosa juzgada constitucional y la facultad de la Corte Constitucional para interpretar la ley con carácter obligatorio y vinculante (C.P., arts. 241 y 243). Por ese hecho, la expresión “solo” será declarada inexequible.

Inconstitucionalidad de la expresión “con autoridad”

30. Como se vio en precedencia, el concepto de interpretación con autoridad regulada en el artículo 25 del Código Civil, surge en un contexto histórico en el que la ley constituye la última fuente del derecho y su preponderancia alcanza la solución de todos los conflictos sociales, con lo que se desplaza la función judicial y la aplicación de disposiciones ajenas a la voluntad democrática que se concreta en la ley. Por consiguiente, la expresión “con autoridad” lleva implícito un contenido histórico y jurídico que rebosa su expresión semántica y se ubica en un momento que no puede ser desconocido en el control de constitucionalidad.

Además de lo anterior, en el actual contexto jurídico en el que la Constitución es una verdadera realidad normativa que, como tal, vincula y obliga a todas las autoridades a regirse y desarrollar sus postulados humanistas y su fundamento axiológico que rige la legitimidad del Estado social de derecho, corresponde a la Corte Constitucional interpretar la ley, que es sometida a su análisis, conforme a la Constitución y de manera general para que todos los operadores jurídicos se adecuen a ella.

En este orden de ideas y, en especial, teniendo en cuenta que en el Estado Constitucional, en donde la interpretación de la ley debe conducir a la aplicación de valores y principios constitucionales, en tanto que éstas últimas son normas vinculantes, de aplicación preferente y directa, el concepto de “autoridad” resulta contrario a la Carta, por lo que debe ser retirado del ordenamiento jurídico. En consecuencia, debe entenderse que la interpretación de la ley oscura que realiza el legislador y la Corte Constitucional será de manera general y no por autoridad, porque este último concepto significa el predominio de la ley como norma primaria y la labor del legislador como fuente primaria del derecho, lo cual resulta contrario a los artículos 1º, 2º, 4º y 241 superiores.

Conclusiones:

32. Conforme a todo lo expuesto, es fácil inferir las siguientes conclusiones:

a) En el Estado constitucional, la interpretación para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, no es una facultad exclusiva del legislador, pues también está a cargo de la Corte Constitucional cuando este ejerce el control de constitucionalidad de la ley y fija el sentido válido de la misma. Por esta razón, la expresión “solo” contenida en el artículo 25 del Código Civil resulta contraria a los artículos 241 y 243 de la Constitución y, en consecuencia, se declarará su inexequibilidad.

b) Las sentencias de la Corte Constitucional que señalan la interpretación constitucionalmente autorizada de la ley, es obligatoria y resulta vinculante de manera general. No obstante, el artículo 25 del Código Civil no hace referencia a dicha interpretación, por lo que, en esa disposición, se constata la existencia de un vacío normativo que desconoce los artículos 241 y 243 de la Constitución. En tal virtud, esa omisión relativa autoriza a la Corte para que integre la norma y declare la exequibilidad condicionada de esa disposición, en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general.

c) Como en el presente asunto, la Corte Constitucional solo confrontó el artículo 25 del Código Civil con los artículos 150, numeral 1º, 241 y 243 de la Carta, en los términos señalados en la demanda, en esta oportunidad se limitará la cosa juzgada a los cargos estudiados, pues, como se dijo en precedencia, el planteamiento inicial de la demanda relativo a la interpretación que adelantan las autoridades judiciales no podía ser objeto de análisis porque el artículo 25 del Código Civil, al referirse a la interpretación general y abstracta de la ley, excluye la interpretación judicial que, para casos concretos y con efectos interpartes, realizan los órganos judiciales.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 25 del Código Civil, por los cargos formulados en la demanda, salvo las expresiones “solo” y “con autoridad”, que se declaran INEXEQUIBLES. La exequibilidad se condiciona en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-1151 de 2003, C-004 de 2003, C-774 de 2001, C-310 de 2002, C-394 de 2002, C-030 de 2003.

(2) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 71 del 15 de junio de 2000, expediente 5218.

(3) Entre otras, sentencias C-492 de 2000, C-774 de 2001, C-783 de 2004 y C-355 de 2006.

(4) Pueden verse, entre otras, las sentencias C-311 de 2002, C-036 de 2003, C-955 de 2001, C-043 de 2004, C-569 de 2004 y C-228 de 2002.

(5) Ver las sentencias C-774 de 2001 y C-228 de 2002.

(6) Auto 27 A de 1998, reiterado en las Sentencia C-774 de 2001 y C-783 de 2004.

(7) Sentencia C-447 de 1997.

(8) Ibídem.

(9) Un ejemplo lo constituye la Sentencia C-228 de 2002, en la cual la Corte Constitucional decidió apartarse del precedente sentado en la Sentencia C-293 de 1995 al estudiar la constitucionalidad de unas disposiciones del Código de Procedimiento Penal que limitaban el papel de la parte civil en el proceso penal.

(10) Sentencia C-355 de 2006.

(11) M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

(12) Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(13) Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(14) Nótese además, que tanto la ley estatutaria de la administración de justicia como el inciso 1º del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, reconocen también esta fuerza vinculante. En el caso del inciso 1º, se expresa claramente que son vinculantes las sentencias de constitucionalidad, tanto para las autoridades como para los particulares.

(15) Sobre estas consideraciones hará referencia el aparte e) de esta providencia. En todo caso, ver las sentencias T-123 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-260 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández); C-252 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), SU-047 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-698 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.

(16) Sentencia T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(17) Al respecto, Champeau, Edmond & Uribe Antonio José. Tratado de Derecho Civil Colombiano. Tomo I. Librairie de la Société du Recueil General des lois et des arrets. Paris. 1899 y Vélez Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Imprenta París-América. Tomo I. París. 1926.

(18) Al respecto puede consultarse Uribe Vargas, Diego. Las Constituciones de Colombia. Volumen II. Ediciones Cultura Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana. Madrid. 1985. Página 743.

(19) Código Civil de la República de Chile. Tomo I. Ediciones de la Fundación La Casa de Bello. Caracas. 1981. Página 43.

(20) Referencia a Laurent de Recaséns Siches Luis. Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho. Editorial Porrúa S.A. Tercera Edición. México. 1980. Página 199.

(21) Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social. Libro II, capítulos VI y VII. Editorial Porrúa, S.A. México. 1992. Páginas 19 a 24.

(22) Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes. Traducción de Nicolás Estévanez. Editorial Claridad. Buenos Aires. 1971. Páginas 187 y siguientes.

(23) Beccaria, Cesare. De los Delitos y de las Penas. Editorial Temis. Bogotá. Tercera Edición. 2000. Página 13.

(24) Gény, Francisco. Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo. Editorial Reus. Segunda Edición. Madrid.

(25) De Savigny, Federico Carlos. Citado por Enrique Aftalión, Fernando García Olano y José Vilanova en Tratado de Derecho Romano. Editorial Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos Aires. 11ª edición. 1980. Página 423.

(26) Recaséns Siches Luis. Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho. Editorial Porrúa S.A. Tercera Edición. México. 1980. Página 64.

(27) Kelsen Hans. La Teoría Pura del Derecho. Editorial Losada S.A. Buenos Aires. 1941. Páginas 131 y siguientes.

(28) Hart. H.L.A. El Concepto del Derecho. Traducción al castellano de Carrió, Genaro. Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires. 1963.

(29) Dworkin, Ronald. Los Derechos en Serio. Madrid. Ediciones Ariel. 1995.

(30) Radbruch, Gustav. Rechtsphilosophie, Cuarta Edición. Wolf E. 1950.

(31) Perelman, Chaim. La Lógica Jurídica y la Nueva Retórica. Madrid. Editorial Civitas, reimpresión de la 1ª ed. 1989.

(32) Recaséns Siches Luis. Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho. Editorial Porrúa S.A. Tercera Edición. México. 1980. Páginas 216 y siguientes.

(33) Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Tomo I. Introducción y Personas. Editorial Temis. Bogotá. Cuarta Edición. Página 115

(34) Gómez Duque Luis Fernando. Filosofía del Derecho. Universidad Externado de Colombia. 1980. Página 327.

(35) Ídem. Página 326.

(36) Recuérdese que el artículo 25 del Código Civil dispone que la interpretación con autoridad de la ley oscura “sólo corresponde al legislador”.

(37) Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método. Ediciones Sígueme- Salamanca. 1998. Tercera Edición.

(38) Al respecto, ver análisis del pensamiento de Husserl en Aflen Da Silva, Nelly Susane. Hermenéutica Jurídica y Concreción Judicial. Editorial Temis. Bogotá. 2006.

(39) García de Enterría, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Editorial Civitas.

(40) En relación con este tema, la Corte claramente explicó: “el control de constitucionalidad es un juicio relacional de confrontación de las normas con la Constitución, lo cual hace inevitable que el juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de las disposiciones legales bajo examen. En ese orden de ideas, el análisis requiere una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con ella se confrontan”. En este mismo sentido, C-135 de 1994, C-496 de 1994, C-389 de 1996, C-4888 de 2000, C-128 de 2002, entre otras.

(41) En cuanto a la interpretación legal en su dimensión práctica, recuérdese lo dicho por esta corporación en Sentencia C-557 de 2001: “Si bien el control de constitucionalidad de las normas es un control abstracto porque no surge de su aplicación en un proceso particular, ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto dentro del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha vivido). En fin: en buena medida, el sentido de toda norma jurídica depende del contexto dentro del cual es aplicada… Además, observar el derecho viviente en las providencias judiciales es necesario para evaluar si el sentido de una norma que el juez constitucional considera el más plausible, es realmente el que se acoge o patrocina en las instancias judiciales. Por ello, atender el derecho vivo es una garantía de que la norma sometida a su control realmente tiene el sentido, los alcances, los efectos o la función que el juez constitucional le atribuye”. Al respecto, entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias C-1436 de 2000, C-426 de 2001, C-047 de 2001.

(42) La Corte explicó claramente este supuesto en Sentencia C-128 de 2002, así: “si la norma admite varias interpretaciones y todas son constitucionales, la Corte no debe entrar a determinar con autoridad el sentido legal, pues esa labor corresponde a los jueces ordinarios. Si la situación es la contraria, esto es, que todas las interpretaciones posibles son inconstitucionales, la Corte debe retirar del ordenamiento el precepto acusado. En tercer lugar, si la norma admite varias interpretaciones, unas acordes con la Constitución y otras que no lo son, la Corte mantendrá la disposición en el ordenamiento pero excluirá del mismo, a través de una sentencia condicionada, los entendimientos de la misma que contraríen los principios y valores constitucionales. Solo así, y en desarrollo del principio de conservación del derecho, puede la Corte preservar la integridad y supremacía de la Carta, sin desconocer la libertad de configuración del legislador”. Entre muchas otras, pueden verse las sentencias C-1255 de 2001, C-426 de 2001, C-380 de 2000, C-836 de 2001.

(43) En cuanto a las soluciones a la inconstitucionalidad por omisión que se ofrecen en el constitucionalismo contemporáneo, la Corte dijo: “i) puede recurrir a una inconstitucionalidad diferida, o constitucionalidad temporal, a fin de establecer un plazo prudencial para que el legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido constatada y, ii) puede ser la Corte quien llene ella misma el vacío legal que produce la declaración de inexequibilidad de la disposición acusada, por medio de una modalidad de sentencia integradora, que permita una respuesta constitucional al vacío de regulación, mediante un nuevo precepto “que la sentencia integra al sistema jurídico, proyectando directamente los mandatos constitucionales en el ordenamiento legal”. En este mismo sentido, sentencias C-109 de 1995, C-427 de 2000, C-802 de 2002, C-662 de 2004 y C-141 de 2001, entre otras.

(44) No debe olvidarse que, de un lado, el artículo 4º de la Constitución señala que, “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” y, de otro, los artículos 86 y 241 de la Carta encomiendan a los jueces y a la Corte Constitucional la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o algunos particulares.

(45) Sentencia C-128 de 2002.

(46) Sentencia C-496 de 1994. En este sentido, son múltiples las providencias que explican las razones para proferir este tipo de decisiones, entre otras, pueden consultarse las sentencias C-1299 de 2005, C-923 de 2005, C-928 de 2005, C-128 de 2002, C-333 de 2001, C-477 de 2001 y C-505 de 2001.

(47) Entre muchas otras, pueden verse las sentencias C-370 de 2002, C-662 de 2004, C-802 de 2002, C-1175 de 2004, C-1090 de 2003, C-034 de 2005 y C-849 de 2005.

(48) Sentencia C-109 de 1995.

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