Sentencia C-821 de agosto 9 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-821 de 2005 

Ref.: Expediente D-5666

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil.

Demandante: Gustavo Adolfo Uñate Fuentes.

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil cinco.

II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el artículo acusado, conforme a su publicación en el Diario Oficial 40.693, resaltando el aparte normativo demandado:

“Ley 25 de 1992

(Diciembre 17)

“Por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”.

ART. 6º—El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

Son causales de divorcio:

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”.

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra un precepto normativo que hace parte de una ley de la República (L. 25/92, art. 6º, num. 1º), la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.

2. Problema jurídico.

2.1. Conforme se mencionó en el acápite de antecedentes, la presente demanda se formula contra el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, el cual consagra como una de las causales de divorcio “[l]as relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”.

2.2. En relación con el precitado artículo, el demandante solicita a la Corte que declare su inexequibilidad, pues considera que consagrar como causal de divorcio “[l]as relaciones sexuales extramatrimoniales”, conlleva una restricción indebida a la libertad sexual del cónyuge infiel, proscrita por la Constitución Política. Según el actor, el ataque impetrado por la norma acusada a la autodisposición de la sexualidad de quienes contraen matrimonio, no extensiva a la unión marital de hecho, atenta contra la dignidad humana (C.P., art. 1º) y la familia como institución básica de la sociedad (C.P., art. 42), así como también vulnera los derechos de igualdad ante la ley (C.P., art. 13), libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), libertad de conciencia (C.P., art. 18), honra (C.P., art. 21) y demás derechos inalienables del cónyuge infiel (C.P., art. 5º).

2.3. Tanto los distintos intervinientes como el Ministerio Público, se apartan de la acusación formulada en la demanda y recomiendan a la Corte que proceda a declarar la exequibilidad de la norma impugnada. Coinciden en señalar que establecer como causal de divorcio “[I]as relaciones sexuales extramatrimoniales”, en nada desconoce los mándalos constitucionales citados por el actor, ya que se trata de una medida razonable y proporcional, a través de la cual se busca proteger el bien jurídico de la familia y las obligaciones sociales derivadas del matrimonio, sin que la opción de vida de uno de los cónyuges, el infiel, pueda anteponerse sobre la del otro, toda vez que ello conllevaría un abuso en el ejercicio de los derechos propios.

2.4. Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, en esta oportunidad le corresponde a la Corte determinar si es inconstitucional la medida legislativa que establece como causal de divorcio el que uno de los cónyuges haya mantenido “relaciones sexuales extramatrimoniales”. En particular, debe definir la Corte si, por su intermedio, se afecta a la familia como institución básica de la sociedad y se violan los derechos inalienables del cónyuge infiel a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y a la honra.

Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Corte considera necesario hacer referencia a los siguientes temas: (i) la familia y sus distintas formas de constitución, (ii) la diferencia existente entre el matrimonio y la unión marital de hecho, (iii) el matrimonio en la legislación colombiana, (iv) la competencia legislativa para regular el tema de la disolución del matrimonio y para fijar las causales de divorcio, y (v) finalmente, a la luz de las consideraciones expuestas, se hará el análisis de constitucionalidad de la norma acusada.

3. Aclaración previa: inexistencia de cosa juzgada respecto de la expresión acusada y alcance de la decisión adoptada por la Corte en la sentencia C-660 de 2000.

3.1. La norma acusada, el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, en su versión original estaba integrado por dos proposiciones jurídicas que si bien se referían a un mismo contenido temático, la incidencia de las relaciones sexuales extramatrimoniales en la disolución del vínculo, en realidad regulaban distintos aspectos de este. Así, en el primero de sus contenidos normativos, el precepto consagraba “las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges” como una de las causales de divorcio, mientras que en el segundo, excluía la posibilidad de invocar dicha causal, en los casos en que las relaciones sexuales extramatrimoniales hubieran sido consentidas, facilitadas o perdonadas por el cónyuge inocente; exclusión que a su vez aparecía representada por la expresión: “salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado”.

En esos términos, para el momento de la expedición de la Ley 25 de 1992, la preceptiva acusada era del siguiente tenor literal:

“ART. 6º—El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

Son causales de divorcio:

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado” (negrillas y subrayas fuera de texto).

3.2. Como lo mencionan el demandante y algunos de los intervinientes, el tema tratado por la norma en cita ya había sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-660 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad formulada contra la segunda de sus proposiciones jurídicas, es decir, contra la expresión “salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado”, la cual fue declarada inexequible y, consecuencia de ello, retirada del ordenamiento jurídico.

En dicho fallo, si bien la Corte se refirió al tema de las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, el pronunciamiento se circunscribió única y exclusivamente a la expresión demandada, sin que la corporación hubiere considerado necesario e imprescindible extender los alcances del fallo a la proposición jurídica no acusada. Con ese criterio, en la parte resolutiva de la sentencia C-660 de 2000, se dispuso:

“Declarar INEXEQUIBLE la expresión “salvo que el demandante las haya consentido facilitado o perdonado” que hace parte del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992 modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil”.

3.3. De acuerdo con ello, a partir de la decisión adoptada por esta corporación en la sentencia C-660 de 2000, el texto del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, sufrió un cambio sustancial en su contenido normativo, en cuanto quedó reducido a la proposición jurídica que establece como causal de divorcio: “las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”. En consecuencia, después del pronunciamiento de inconstitucionalidad, la norma acusada dispone lo siguiente:

“ART. 6º—El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

Son causales de divorcio:

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges (negrillas fuera de texto).

3.4. En cuanto la acusación que en esta oportunidad convoca la atención de la Corte se dirige exclusivamente contra la mencionada causal de divorcio —no sometida a juicio de inconstitucionalidad—, no opera en este caso el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, pues como ya se mencionó, la sentencia C-660 de 2000 limitó los efectos de su decisión a la proposición jurídica demandada en esa oportunidad y declarada inexequible.

3.5. No obstante lo anterior, aclara la Corte que las consideraciones vertidas en la sentencia C-660 de 2000, referidas al tema de las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, serán tenidas en cuenta en el presente juicio para respaldar la decisión que debe tomarse en torno a la mencionada causal.

4. La familia y sus distintas formas de constitución en el ordenamiento jurídico vigente.

4.1. En pronunciamiento anterior, esta corporación definió la familia “como aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos” (2) . En el mismo fallo se precisó que la familia, entendida como vínculo natural, tiene su origen en la unión afectiva que surge entre un hombre y una mujer, mientras que como institución jurídica su fuente de formación es el matrimonio, siendo este el mecanismo a través del cual la unión es sancionada por el régimen legal.

4.2. Amparada en la doctrina especializada, también la jurisprudencia constitucional ha señalado que el surgimiento de la familia se remonta a la propia existencia de la especie humana, razón por la cual se constituye en “la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre” (3) . Bajo esta concepción, la familia es considerada un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización sociopolítica del Estado, lo que entraña para este la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desórdenes que allí tengan origen’ (4) ”.

4.3. En Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta formulada por el gobierno de asignarle a la familia un alcance puramente asistencial y se decidió, en cambio, por reconocerle el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial.

4.4. En efecto, el derecho internacional, en las declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales, se refiere a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y le asigna a los estados y a la sociedad la responsabilidad de protegerla y asistirla. Tal consideración aparece contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración universal de derechos humanos (art. 16), en el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos (art. 23), en el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 10) y en la Convención americana sobre derechos humanos —Pacto de San José de Costa Rica— (art. 17); los cuales se encuentran incorporados a nuestro derecho interno por haber sido suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano.

4.5. Bajo ese entendido, en nuestro país el régimen constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5º de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral.

4.6. En concordancia con ello, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos, esto es, “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Ello permite advertir que en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Así, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del matrimonio, como la familia que se constituye por vínculos naturales, es decir, la que se forma por fuera del matrimonio o en unión libre, se encuentran en el mismo plano de igualdad y son objeto de reconocimiento jurídico y político, de manera que las personas tienen plena libertad para optar por una o otra forma de constitución de la institución familiar.

4.7. Conforme con el alcance reconocido a la familia, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar su protección integral, al tiempo que le asigna a la ley la función de regular, por una parte, las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo; y por la otra, lo referente a los efectos civiles de los matrimonios religiosos y de las sentencias dictadas por las autoridades religiosas que declaren su nulidad, así como también lo relacionado con la cesación de los efectos civiles, de todos los matrimonios a través del divorcio.

4.8. La protección integral de que es objeto la institución familiar, cualquiera que sea la forma que ella adopte, es recogida y prodigada por la propia Constitución mediante la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contexto del actual Estado social de derecho y hacer realidad los fines esenciales de la institución familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Tal como lo ha destacado esta corporación (5) , ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos.

5. El matrimonio y la unión marital de hecho. Diferencias existentes.

5.1. Ahora bien, independientemente al hecho de que la Constitución Política legitime los distintos orígenes que puede tener la familia, el Estatuto Superior no considera el matrimonio y la unión marital de hecho como instituciones equivalentes, cobijadas por una misma situación jurídica en cuanto a sus efectos y características. Así lo ha reconocido esta corporación en innumerables pronunciamientos, en los que ha manifestado que el artículo 42 de la Carta, al distinguir entre las distintas formas de constituir la familia —por vínculos naturales o jurídicos— y fijar parámetros especiales de regulación para el matrimonio, reconoce diferencias entre este y la unión libre o unión marital de hecho.

A este respecto, en la sentencia C-595 de 1996, la Corte explicó que la Constitución “consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de conformarla’. Aquí no hay un vínculo jurídico en el establecimiento de una familia. La segunda corresponde a ‘la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio’: aquí el vínculo jurídico es el contrato de matrimonio” (6) . Dicha “clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia” (7) .

Igualmente, en las sentencias C-239 de 1994 y C-174 de 1996, la corporación se refirió a los contenidos normativos del artículo 42 superior que establecen parámetros específicos de regulación para la institución del matrimonio y que no son predicables de la unión marital de hecho, en los siguientes términos:

El noveno inciso del artículo mencionado, determina que ‘Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil’. Nada semejante se prevé en relación con la unión marital de hecho, precisamente por ser unión libre (Sent. C-239/94, M.P. Jorge Arango Mejía).

Según el inciso décimo, ‘Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley’. Obsérvese que la atribución de efectos civiles a los matrimonios religiosos, no está sometida a lo que disponga la respectiva religión. No: esos efectos se dan ‘en los términos que establezca la ley’. Y esta norma es aplicable solo al matrimonio.

De conformidad con el inciso décimo primero, del mismo artículo 42. ‘Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil’. Esta es otra norma solo aplicable al matrimonio, que nada tiene que ver con la unión marital de hecho.

Y lo mismo puede decirse del inciso décimo segundo, según el cual ‘También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley’. Si bien en el plano puramente teórico podría pensarse en la nulidad de la unión marital de hecho, por ejemplo, por la fuerza que uno de los compañeros ejerciera sobre el otro para iniciar o mantener tal unión, es claro que una autoridad religiosa no sería la llamada a decidir sobre tales hechos, por sentencia que produjera efectos civiles (Sent. C-174/96, M.P. Jorge Arango Mejía)” (negrillas fuera de texto).

5.2. Así mismo, a partir de las características y efectos atribuidos al matrimonio, en la sentencia C-533 de 2000 se precisó que el carácter más relevante de este es que surge del consentimiento que deben otorgar los cónyuges, del cual a su vez emanan obligaciones como la fidelidad mutua, que le son exigibles a cada uno respecto del otro y que únicamente terminan con la disolución del matrimonio ya sea por divorcio o muerte. El consentimiento, cuyo principio formal es precisamente el vínculo jurídico, es considerado un requisito de existencia y validez del matrimonio (C.C., art. 115), siendo también causa de las obligaciones conyugales, por lo que se requiere obtener la declaración judicial de divorcio para que se entienda extinguido y opere su disolución.

En contraposición a lo anterior, se destacó en el citado fallo que el consentimiento, como generador de derechos y obligaciones, no es predicable en el caso de la unión marital, ya que esta se produce por el solo hecho de la convivencia, sin que surja un compromiso formal en el contexto de la vida en común de los compañeros permanente que imponga el cumplimiento de obligaciones mutuas, siendo estos completamente libres de continuarla o terminarla en cualquier momento.

Sobre el punto, se expresó en el citado fallo:

Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones que no es del caso analizar ahora detalladamente, las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente (8) .

Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo es el vínculo jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que ‘(E)l contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes ...’. El matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal; esta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges.

De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y este a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges (9) , es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”.

5.3. Conforme con esta interpretación, en la que se destaca la diferencia que la propia Constitución establece entre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho, este tribunal viene afirmando que “una es la situación jurídica de los cónyuges, y otra diferente, la de los compañeros permanentes” (10) ; premisa a partir de la cual también ha considerado que no es contrario al principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho, siempre que estas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias. Sobre este particular, se dijo en la sentencia C-174 de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía):

“Como se ve, no se quebranta el principio de igualdad consagrado en la Constitución, cuando se da por la ley un trato diferente a quienes están en situaciones diferentes, no solo jurídica sino socialmente. No se olvide, como se ha dicho, que cónyuges y compañeros permanentes, tienen un estado civil diferente, según lo prevé el último inciso del artículo 42 de la Constitución. Y que el estado civil, como se ha dicho, trae consigo derechos y deberes, acordes con él y fijados por el legislador, según la evolución social”.

5.4. Dicha posición fue recogida por la Corte en la sentencia C-1033 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), al precisarse en ella que, tratándose del matrimonio y la unión marital de hecho, “el juicio de igualdad deberá tener en cuenta las particularidades de la ‘norma o situación fáctica sometida a consideración, tendientes a constatar si existe discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes, pero sin soslayar las diferencias existentes entre el matrimonio y la unión marital de hecho”.

6. El matrimonio y su disolución. La obligación de fidelidad.

6.1. Teniendo en cuenta los presupuestos superiores que orientan la institución familiar, el artículo 42 de la Carta faculta expresamente al legislador para regular todo lo referente al matrimonio, esto es, las formas del mismo, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges y, en particular, lo que se relaciona con sus condiciones de validez y con la separación, disolución y la cesación de los efectos civiles por divorcio. Dicho mandato también lleva implícito para quien decide voluntariamente contraer matrimonio, el deber jurídico de someterse al régimen legal estatuido y de asumir las consecuencias que de él se derivan.

6.2. En ese contexto, el artículo 113 del Código Civil (C.C.) define el matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”, al tiempo que el artículo 115 del mismo ordenamiento dispone que aquel “se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y con las solemnidades y requisitos establecidos en este código ...”.

6.3. A partir de la definición dada por la ley, la doctrina sostiene que el matrimonio se caracteriza por ser un contrato: ‘bilateral’, porque una vez celebrado se constituye en fuente de derechos y obligaciones recíprocas entre los esposos; ‘solemne’, pues para su validez requiere el cumplimiento de ciertas y precisas formalidades especiales; ‘puro y simple’, ya que los derechos y obligaciones que surgen del mismo no pueden someterse a plazo o condición; ‘de tracto sucesivo’, por cuanto sus obligaciones se deben cumplir mientras perdure el matrimonio, y ‘debe celebrarse entre hombre y mujer’, como una consecuencia de uno de los fines del matrimonio: la procreación.

6.4. Respecto al alcance fijado al contrato matrimonial, en la sentencia C-660 de 2000, la Corte precisó “que si bien el ordenamiento jurídico reconoce al matrimonio la naturaleza jurídica de un acto convencional, de un contrato en los términos del citado artículo 113 del Código Civil, las especiales características de su principal consecuencia, la familia, impiden aplicar a esta modalidad de acuerdo de voluntades en sus diversas etapas, los mismos criterios que se aplican dentro del régimen general de los actos jurídicos y de los contratos en particular”. De ahí que la misma jurisprudencia haya precisado que “el matrimonio es la única fuente obligacional que permite que los derechos y las obligaciones generadas recaigan sobre la persona misma de los contratantes”.

6.5. De acuerdo pues con su régimen jurídico especial, el contrato matrimonial produce dos tipos de efectos: (i) los efectos de orden personal, que tienen que ver con los derechos y obligaciones que surgen entre los cónyuges y en relación con los hijos, y (ii) los efectos de orden patrimonial, consecuencia de la existencia de la sociedad conyugal o comunidad de bienes que se forma con ocasión del matrimonio.

En lo que refiere a los efectos personales entre cónyuges, es decir, a los derechos y obligaciones que surgen para los esposos, la ley civil dispone que estos son: la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda mutua. (i) La cohabitación encuentra sustento en el artículo 178 del Código Civil, tal como fue modificado por el artículo 11 del Decreto-Ley 2820 de 1974, al señalar que, salvo causa justificada, los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos el derecho a ser recibido en la casa del otro; (ii) en cuanto a la fidelidad, que interesa a esta causa, su fundamento legal es el artículo 176 del Código Civil en el que se preceptúa “que los cónyuges están obligados a guardarse fe”, o lo que es igual, a ser leales o fieles el uno con el otro; finalmente, (ii) el socorro y la ayuda mutua aparecen consagrados en los artículos 176 y 179 del Código Civil, en los que se dispone que los esposos están obligados a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, y a subvenir a las ordinarias necesidades domésticas, en proporción a sus capacidades.

6.6. Por su parte, el artículo 152 del Código Civil, modificado por el artículo 5º de la Ley 25 de 1992, establece las formas como se disuelve matrimonio, señalando que ello tiene ocurrencia: (i) por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o (ii) por divorcio judicialmente decretado. La misma disposición aclara que los efectos civiles de todo matrimonio religioso también cesan por divorcio judicialmente decretado, aun cuando continúa vigente el vínculo matrimonial de acuerdo con las normas o cánones del respectivo ordenamiento religioso.

6.7. En atención a los derechos y obligaciones que surgen del contrato matrimonial, el artículo 154 del Código Civil, tal como fue modificado por el artículo 6º de la Ley 25 de 1992, consagra las causales de divorcio, a través de las cuales se habilita a los cónyuges para promover la disolución del matrimonio o la cesación de sus efectos civiles (tratándose de los matrimonios religiosos), en el caso de llegar a considerar, como protagonistas de las situaciones vividas en su condición de esposos, que no es posible continuar la convivencia o lograr el restablecimiento de la unidad de vida.

Siguiendo la doctrina y la jurisprudencia, las causales de divorcio se pueden clasificar en dos grandes grupos: subjetivas o debidas y objetivas o no debidas (11) . Al primer grupo, a las subjetivas, pertenecen aquellas causales que se deben a faltas dolosas o culposas cometida por uno de los cónyuges, y que permiten al cónyuge inocente invocar la disolución del vínculo a la manera de una censura para el esposo culpable. En estos casos el divorcio lo genera el incumplimiento de una obligación matrimonial, por lo que únicamente cabe la disolución cuando existe un cónyuge inocente —víctima— y otro culpable —responsable de la infracción—. Del segundo grupo, las objetivas, hacen parte aquellas causales concebidas como una solución o remedio a situaciones que resultan insostenibles entre los cónyuges y que conllevan la ruptura del matrimonio. Tratándose de las causales objetivas, en ellas no se busca censurar el comportamiento irregular de uno de los cónyuges, simplemente por cuanto este no se ha dado, no ha existido. En realidad ninguno de ellos ha incurrido en falta.

Las causales subjetivas, son, por su propia naturaleza, de origen contencioso pues para obtener la disolución del vínculo, el cónyuge inocente debe entrar a demostrar ante el juez competente que el esposo culpable incurrió en la falta alegada y descrita en la ley, debiendo el operador jurídico valorar el hecho para definir si hay lugar a la disolución del vínculo. No ocurre lo mismo frente a las causales objetivas, pues estas se pueden invocar en forma conjunta o separadamente por los consortes sin perseguir una declaración de responsabilidad, es decir, sin que se disponga sobre la culpabilidad de uno y la inocencia del otro.

6.8. Atendiendo a lo dicho, el numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, prevé como una de las causales de divorcio, la que es objeto del presente juicio: “Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”. La misma es clasificada dentro del grupo de las causales subjetivas, de naturaleza contenciosa, ya que con ella se censura el comportamiento del cónyuge infiel, debiendo el cónyuge afectado pasar a demostrar tal hecho ante el juez competente a través de los medios de prueba previstos en la ley procesal.

El origen y fundamento de esta causal es el incumplimiento por parte de uno de los esposos (hombre o mujer) de la obligación de fidelidad que surge con el matrimonio. Su promoción por vía judicial es potestativa del cónyuge inocente, quien tiene derecho a invocar el divorcio por dicha causal, si dentro de su ámbito personal y familiar, no le resulta aceptable la conducta del cónyuge infiel y considera que la misma afecta en forma irreconciliable la unidad familiar de vida.

7. La facultad legislativa para regular lo referente a la disolución del matrimonio y para establecer las causales de divorcio.

7.1. Sobre la competencia asignada por la Constitución al legislador para regular lo referente a la disolución del matrimonio y, específicamente, para fijar las causales de divorcio (art. 42), ha dicho la Corte que ella encuentra fundamento en los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad e inalienabilidad de los derechos de la persona reconocidos a la pareja, el cual excluye la posibilidad de que el Estado perpetúe el vínculo matrimonial mediante la coacción o la imposición jurídica de una convivencia que no es querida por los cónyuges o que es contraria a su interés individual o conjunto.

En punto al tema, ha precisado la jurisprudencia que el imperativo constitucional en lo que refiere a la protección y promoción de la institución familiar no es la duración del matrimonio —como una de sus formas de constitución—. Es lograr la estabilidad y armonía del grupo familiar, no solo como presupuesto social, sino como condición sine qua non para permitir la realización humana y el desarrollo integral de cada uno de sus miembros en un clima de respeto, óptima convivencia y libre expresión de sus sentimientos y emociones. Dichos objetivos no se garantizan ni se logran manteniendo vigente el contrato matrimonial, en aquellos casos en los que surgen diferencias, desavenencias o conflictos entre los cónyuges que hacen imposible o dificultan gravemente la convivencia y que perturban la estabilidad familiar, sometiendo a sus integrantes, entre los que se cuentan los hijos, a crecer y desarrollarse en un ambiente hostil o que afecta sensiblemente su proceso de desarrollo y formación.

7.2. Conforme lo dispone el artículo 42 de la Carta, la protección integral de que es objeto la institución familiar se manifiesta, entre otros aspectos, en el propósito de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja, en el respeto entre todos sus integrantes y en la necesidad de preservar la armonía de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma. En la medida en que tales objetivos no se cumplan en el seno del grupo familiar y, por el contrario, se presenten episodios de irrespeto, discriminación o violencia, es obvio que desaparecen los presupuestos éticos, sociales y jurídicos que amparan el matrimonio y la familia como institución básica de la sociedad, resultando constitucionalmente admisible que se permita a los cónyuges considerar la opción de una ruptura cuando, como intérpretes de la vida en común y según su leal entendimiento, concluyen que el vínculo no asegura la convivencia pacífica para ellos y para su grupo familiar, resultando más benéfico la disolución del matrimonio por ser la fórmula que permite un mejor acercamiento a los objetivos constitucionales de armonía y estabilidad familiar.

En esta línea de interpretación, dijo la Corte en la sentencia C-1495 de 2000:

“Así las cosas, aunque el matrimonio es un contrato, porque resulta esencial el consentimiento de los contratantes para su conformación, el incumplimiento de la obligación personalísima de entrega mutua, definitiva, personal y exclusiva, que los cónyuges hacen de sí mismos, no puede estar sujeta a la coacción de los operadores jurídicos como lo está el cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Lo anterior por cuanto respecto del cumplimiento de la obligación de convivir surge el deber ineludible del Estado de respetar la dignidad humana de la pareja, circunstancia que excluye la posibilidad de intervenir para imponer la convivencia, así exista vínculo matrimonial y tengan los cónyuges la obligación y el derecho a la entrega recíproca, incondicional y permanente, porque el matrimonio es la unión de dos seres en procura de su propia realización, no el simple cumplimiento de un compromiso legal, de tal suerte que, el Estado con el pretexto, loable por cierto, de conservar el vínculo matrimonial no puede irrespetar la dignidad de los integrantes de la familia, sean culpables o inocentes, coaccionando una convivencia que no es querida —C.P., arts. 1º, 2º, 5º y 42—.

Ahora bien, si no es posible coaccionar la convivencia, aunque no se discute que quienes contraen matrimonio adquieren la obligación de convivir, tampoco es dable mantener el vínculo cuando las circunstancias denotan un claro resquebrajamiento y ambos, o uno de los cónyuges, así lo pide ...”.

7.3. Si no es posible coaccionar a las personas para contraer matrimonio, pues por disposición constitucional y legal este se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, tampoco cabe obligarlas a mantener vigente el vínculo en contra de su voluntad, aun cuando una de las finalidades del matrimonio sea precisamente la convivencia. Interpretando el contenido del artículo 42 superior, el libre consentimiento, consustancial al contrato matrimonial, no solo es exigible en el acto de constitución sino también durante su ejecución material y por el término que dure el matrimonio, por tratarse de un derecho subjetivo radicado en cabeza de cada uno de los esposos y ser una derivación de las garantías fundamentales a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, a la intimidad y a la personalidad jurídica. Sobre el tema, expresó la Corte en la sentencia C-533 de 2000:

“El hombre es un ser que se autoposee, que se autodomina, por lo cual el matrimonio, que comporta una entrega personal a título de deuda para conformar una comunidad de vida y amor y una participación mutua en la sexualidad, no puede darse sino por la libre decisión de cada uno de los cónyuges. Por ello la libertad en el consentimiento, en un contrato de esta naturaleza, es tema que involucra los derechos humanos a la libertad, a la dignidad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la personalidad jurídica, etc. Y por ello debe garantizarse que ningún hecho, ningún acto distinto de la libre expresión del consentimiento, pueda llegar a producir un vínculo matrimonial”.

7.4. Al ser el matrimonio para el Estado y para el derecho un contrato de tracto sucesivo, dicha obligación está llamada a cumplirse mientras se mantenga el vínculo jurídico y este no termine por alguna de las causales de disolución fijadas en el ordenamiento jurídico (C.C., art. 152). Dentro de este contexto es que debe entenderse el contenido del artículo 42 superior, al establecer como una de las formas de constituir la familia “la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio” y elevar a canon constitucional el derecho a la separación y disolución del matrimonio en los términos que fije la ley, disponiendo también que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”.

7.5. Así, desde el punto de vista estrictamente constitucional, no resulta cuestionable la actividad legislativa dirigida a regular el tema de la disolución del matrimonio, y específicamente el instituto jurídico del divorcio, cuando la misma se desarrolla teniendo en cuenta los presupuestos y características que en relación con la institución familiar fija la Carta Política, y por su intermedio se sancionan, en forma proporcional y razonable, conductas contrarias al estado matrimonial y perturbadoras de los fines mismos de la familia que atentan contra los derechos subjetivos de los cónyuges o de cada uno de ellos.

8. Constitucionalidad de la medida legislativa acusada.

8.1. A partir de los fundamentos aquí expuestos, en oposición a la opinión expresada por el actor en la demanda, no considera la Corte que el legislador haya contrariado la Constitución Política al establecer como causal de divorcio “Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”.

8.2. Para esta corporación, la norma cuestionada se dictó por el Congreso con fundamento en una competencia constitucional expresa: regular lo relativo a la disolución del matrimonio y a las causales de divorcio (C.P., art. 42-9-11), y su contenido normativo resulta razonable y proporcional en relación con los bienes jurídicos que busca proteger, como son la institución familiar y el conjunto de obligaciones y derechos que surgen para los cónyuges del compromiso adquirido en forma libre y voluntaria al contraer matrimonio.

8.3. Como ha quedado visto, la unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges con el acto del matrimonio, hace surgir respecto de ellos una serie de obligaciones que les son exigibles, resultando como una de las más relevantes la de fidelidad mutua. La fidelidad, es considerada uno de los pilares fundamentales sobre los que se edifica y consolida la estructura del matrimonio, como forma de constitución de la institución familiar, en cuanto busca preservar el vínculo de mutua consideración, aprecio y confianza indispensable en la vida matrimonial. Por eso, el quebrantamiento del deber jurídico de fidelidad conyugal en el matrimonio es incompatible con el consentimiento que legitima dicho vínculo, lo que descarta de plano que a través de la ley se pueda patrocinar la continuación de la relación matrimonial, restringiendo irrazonablemente los derechos del cónyuge ofendido, materializados en la posibilidad de solicitar la disolución del matrimonio.

Cuando el artículo 113 del Código Civil prescribe que el matrimonio se celebra entre ‘un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos y procrear’, está determinando que el mismo surge de una relación monogámica y que cada uno de los contrayentes se compromete a dirigir sus afectos hacia el otro. De dicho mandato se advierte la existencia de un acuerdo libre y voluntario entre los cónyuges, que incluye, por supuesto, mantener relaciones sexuales entre ellos, en un clima de lealtad y responsabilidad, por lo que un comportamiento contrario es incompatible con el respeto mutuo, el decoro y el afecto espiritual que ha de regir el desenvolvimiento de las relaciones maritales. Esta máxima aparece ratificada por el artículo 176 del ordenamiento citado, al prescribir expresamente que “los cónyuges están obligados a guardarse fe”.

Teniendo en cuenta la forma como ha sido concebido por el ordenamiento jurídico, el matrimonio implica un alto nivel de confianza entre los consortes; confianza que se manifiesta en el imperativo de entregar al otro, y no a terceros, lo que le corresponde de sí mismo, existiendo el deber solemne y ético de los cónyuges de abstenerse de mantener relaciones sexuales con persona diferente a su pareja. A partir de la existencia del vínculo jurídico, la relación afectiva está circunscrita a los casados, no como producto de una imposición meramente legal, sino como consecuencia de un comportamiento o actitud natural, de un compromiso solemne, inspirado en el respeto y defensa de lo que se cree le pertenece a cada cual, y en el sentimiento y afecto en los que han coincidido y que ha motivado la unión jurídica de la pareja.

En ese orden, el incumplimiento del deber de fidelidad puede conllevar un desquiciamiento de la comunidad de vida matrimonial y, en consecuencia, un alejamiento de los objetivos que en relación con la institución familiar la Constitución busca proteger: la armonía y la estabilidad familiar, a través del respeto entre los integrantes del grupo familiar y la igualdad de derechos y deberes de la pareja.

8.4. De esta manera, resulta constitucionalmente admisible que la inobservancia del compromiso de fidelidad otorgue al cónyuge inocente el pleno derecho a promover el divorcio si considera que dicha falta es irreconciliable frente a sus intereses personales y familiares, y comporta una traición a la confianza otorgada.

8.5. Según se anotó en el acápite anterior, la protección integral que en relación con la institución familiar prodiga la Constitución, está direccionada al logro de la estabilidad y armonía del grupo familiar. Cuando tales objetivos no se ven satisfechos con el matrimonio, tal como ocurre en el caso de la infidelidad, desaparecen los presupuestos éticos, sociales y jurídicos que lo soportan, resultando constitucionalmente admisible que se faculte a los cónyuges para considerar la opción de una ruptura o terminación del vínculo, como una manera de acercarse más a los objetivos de lograr la estabilidad y la armonía familiar, y de garantizar al cónyuge inocente sus derechos fundamentales a la dignidad, igualdad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad.

8.6. Ya esta corporación, en la sentencia C-660 de 2000, al referirse a la misma causal de divorcio que ahora se demanda, había tenido oportunidad de precisar que, en pro de garantizar la armonía y estabilidad familiar, no se puede obligar a los cónyuges a mantener el vínculo matrimonial cuando comportamientos como la infidelidad, generan un conflicto familiar irreconciliable. En dicho fallo, la Corte señaló que la posibilidad de que los cónyuges promuevan la disolución del matrimonio también tiene fundamento en los principios de dignidad humana e inalienabilidad de los derechos de la persona, pues en contra de la voluntad e interés de aquellos, con respeto a actos que hieren su dignidad y la normal convivencia, no se puede promover la indisolubilidad del matrimonio. Sobre el punto, se mencionó en el citado fallo:

“Para la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes para afirmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.

Además, los principios que antaño se expusieron a favor de la institución matrimonial y de los hijos menores para hacer del matrimonio un estado inamovible, hoy no resultan válidos. No lo son en relación con la institución familiar porque, como se ha expuesto, ella persigue la estabilidad del grupo familiar como presupuesto del sistema social y como lugar propicio para el desarrollo integral de los hombres y mujeres que la integran, en todos los órdenes; de ahí que si el vínculo existente entre la pareja no garantiza sino que, por el contrario, perturba la estabilidad familiar, desaparecen los intereses éticos, sociales y jurídicos que justifican su permanencia. Tampoco pueden invocarse estos argumentos como válidos en interés de los hijos menores, en razón a que si los padres involucrados en un conflicto conyugal solicitan, individual o conjuntamente el divorcio, es porque, como intérpretes reales de las circunstancias vividas, consideran que a los hijos les resulta mejor enfrentarse a la realidad de una ruptura que verse abocados a crecer en un ambiente hostil”.

8.7. Así, no puede afirmarse, como lo hace el actor, que la disposición acusada afecta la institución familiar, el principio de dignidad y los derechos a la igualdad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad. Por el contrario, según ha quedado visto, el objetivo de la norma es precisamente la protección del bien jurídico de la familia y los principios y derechos invocados en cabeza de los cónyuges. De acuerdo con la naturaleza jurídica del matrimonio, la infidelidad deteriora la relación afectiva y es causa de la inestabilidad familiar, razón por la cual, a través de la causal de divorcio invocada, se busca proteger esos intereses jurídicos.

8.8. Si bien la causal de divorcio acusada impone una limitación a los derechos al libre desarrollo a la personalidad y autonomía de la voluntad, en cuanto puede conllevar una restricción a la libertad sexual de los cónyuges, la misma resulta constitucionalmente legítima si se considera, según se ha explicado, que deviene de un compromiso adquirido por los cónyuges en forma libre y voluntaria, y que su objetivo es tutelar un bien jurídico de interés general —la institución familiar— y proteger derechos de terceros —los del cónyuge afectado—. Esta corporación ha señalado, en forma por demás reiterada, que los derechos de la persona no tienen un carácter absoluto como parece entenderlo el demandante. Tales derechos encuentran como límite primigenio los derechos de los demás, la prevalencia del bien común y el hecho de que no puede ser objeto de abuso por parte de su titular. Al respecto, dijo esta corporación:

“es evidente que en un Estado de derecho y más aún, en un Estado social de derecho, no puede haber derechos absolutos; el absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juricidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo en un antiderecho, pues ese solo concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello de los derechos de los otros y a los de la misma sociedad” (Sent. T-512/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

La libertad sexual, a la luz de los compromisos que se derivan del matrimonio como vínculo jurídico, no puede ser entendida en sentido absoluto. Compartiendo lo dicho por el señor procurador en el concepto de rigor y la mayoría de intervinientes, la opción de vida escogida por una persona, en manera alguna debe interpretarse como mecanismo para eludir el cumplimiento de las obligaciones sociales, ya que tal actitud degenera en un abuso de los derechos de este y en la violación de los derechos de terceros.

En el caso de las relaciones sexuales extramatrimoniales, no incluirla como causal de divorcio sobre la base de favorecer la libertad sexual, no solo, implicaría un desconocimiento del compromiso solemne adquirido por la pareja, sino también un desconocimiento de los derechos del cónyuge afectado a la dignidad, igualdad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad e inalienabilidad de los demás derechos como persona, pues, en caso de reprochar tal comportamiento, se vería obligado a mantener el vínculo en contra de su interés y voluntad. En esos mismos términos, comportaría igualmente un abuso de los derechos del cónyuge que ha faltado al deber de fidelidad, en cuanto le impondría al otro la carga de permanecer a su lado sin ser ese su deseo y sin compartir su opción de vida.

En este punto, es conveniente recordar que la norma acusada, a través de la cual se consagra como causal de divorcio las relaciones sexuales extramatrimoniales, no tiene un carácter imperativo. Por el contrario, su alcance es meramente potestativo, en el sentido que se limita a reconocer al esposo ofendido la faculta para solicitar el divorcio, cuando a este, dentro de su ámbito personal y familiar, no le resulte aceptable la conducta del cónyuge infiel y considere que esta lesiona su dignidad y el normal desarrollo de la vida familiar.

8.9. Finalmente, descarta la Corte que la medida acusada resulte discriminatoria por el hecho de limitar su ámbito de aplicación al matrimonio y no extenderse a la unión marital de hecho. Según quedó explicado en el apartado 5º de las consideraciones de este fallo, aun cuando la Carta Política legitima los distintos orígenes que puede tener la familia, dicho estatuto no está reconociendo al matrimonio y a la unión marital de hecho como instituciones equivalentes, amparadas por una misma situación jurídica frente a sus efectos y características.

La jurisprudencia ha sostenido que la propia Constitución, al consagrar inequívocamente dos formas de constituir la familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos, reconoce el diverso origen de aquella y establece una diferencia clara entre la unión marital y el matrimonio. Así, mientras la primera corresponde a la voluntad responsable de conformarla sin mediar ningún tipo de formalidad, la segunda exige la existencia del contrato de matrimonio a través del consentimiento libre de los cónyuges. En ese orden, ha dicho la Corte “que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla” (12) .

La infidelidad, en cuanto comportamiento que ataca directamente los lazos afectivos, puede llegar a ser la causa principal de disolución de las familias de hecho, pero, se insiste, si la misma no se forma por vínculo jurídico donde medie el consentimiento, su disolución por esa causa no requiere declaración judicial. A este respecto, la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, define en su artículo 1º la unión marital de hecho, como “la formada entre un hombre y una mujer, que sin ser casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular” (negrillas fuera de texto). Ello, sin perjuicio de que la citada ley, en el cometido de establecer los derechos y deberes de orden patrimonial de los compañeros permanentes, se haya ocupado de presumir la existencia de sociedad patrimonial entre ellos y establecer los casos en que hay lugar a declararla judicialmente.

En consecuencia, ni la causal de divorcio referente a las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, ni ninguna otra de las causales de divorcio prevista en la ley tendría por qué extenderse a la unión marital de hecho, por la simple razón que para dar por terminada dicha unión no se requiere invocar ni probar nada. No se requiere declaración de autoridad competente porque entre la pareja, no existe vínculo jurídico que disolver. Basta con que uno de los miembros, o ambos, decidan darla por concluida, incluso mediando un comportamiento intachable del otro, para que opere su disolución. En el matrimonio, en cambio —lo ha sostenido esta corporación y ahora se reitera— “las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y este a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico” (13) .

8.10. En los términos expuestos, el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, el cual consagra como una de las causales de divorcio “[l]as relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”, será declarado exequible en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, el cual consagra como una de las causales de divorcio “[l]as relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(2) Sentencia C-271 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(3) Sentencia T-278 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(4) Sentencia ibídem.

(5) Cfr. la sentencia C-289 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) Sentencia C-595 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.

(7) Sentencia ibídem.

(8) Cfr. Código Civil, artículo 411, numeral 4º.

(9) Cfr. Código Civil, artículo 154, numerales 8º y 9º.

(10) Sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.

(11) Cfr. Sentencia C-1495 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(12) Sentencia C-533 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(13) Sentencia ibídem.

________________________________