Sentencia C-821 de octubre 18 de 2012

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-8994.

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial) y 42 del Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889, aprobado por Colombia mediante la Ley 33 de 1992.

Accionantes: Verónica Meneses Suárez y Dorys Osorio Rueda.

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Disposiciones demandadas

A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas, subrayándose el texto demandado:

“LEY 33 DE 1992

(Diciembre 30)

Diario Oficial 40.705, de 31 de diciembre de 1992

Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional’, firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1989 (…)

El Congreso de Colombia,

Vistos los textos del "Tratado de Derecho Civil Internacional y el ‘Tratado de Derecho Comercial Internacional’, firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889, que a la letra dicen:

‘Tratado de Derecho Civil Internacional’

(…)

TÍTULO IV

Del matrimonio

ART. 11.—La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en que se celebra.

Sin embargo, los Estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle afectado de alguno de los siguientes impedimentos:

a) Falta de edad de alguno de los contrayentes, requiriéndose como mínimum catorce años cumplidos en el varón y doce en la mujer;

b) Parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o ilegítimo;

c) Parentesco entre hermanos legítimos o ilegítimos;

d) Haber dado muerte a uno de los cónyuges ya sea como autor principal o como cómplice, para casarse con el cónyuge supérstite;

e) El matrimonio anterior no disuelto legalmente.

(…).

ART. 42.—Si no hubiesen fijado de antemano un domicilio conyugal, las mencionadas relaciones se rigen por la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio”.

(…).

VII. Consideraciones de la Corte Constitucional

Inhibición de la Corte por ineptitud sustantiva de la demanda

1. La acción pública de inconstitucionalidad tiene una doble manifestación en la Carta Política. Por una parte, se encuentra íntimamente vinculada con el valor, principio y derecho fundamental de la participación, en tanto está dentro de la gama de mecanismos judiciales a los que puede acudir cualquier ciudadano en ejercicio en defensa de la Constitución. De otra parte, constituye una manifestación de los frenos y los contrapesos que deben existir en un Estado de derecho, en virtud del cual de manera rogada, el Tribunal Constitucional controla la actividad legislativa ya sea en sentido formal o material, en los precisos términos del artículo 241 superior. De allí que su ejercicio no esté supeditado al cumplimiento de excesivas y rigurosas cargas o condiciones que puedan implicar una técnica especial, sino a unos presupuestos mínimos que están señalados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y que han sido desarrollados con mayor detalle por la jurisprudencia de esta corporación. Así quedó precisado en la Sentencia C-1052 de 2001, al indicar:

“La consagración de estos requisitos mínimos no puede entenderse, entonces, como una limitación a los derechos políticos del ciudadano ya referidos, pues lo que se persigue al identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho político”.

2. En concreto, se debe indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad promovida (D. 2067/91, art. 2º).

2.1. El primer elemento no plantea mayor dificultad, toda vez “que busca la indispensable precisión, ante la Corte, acerca del objeto específico del fallo de constitucionalidad que habrá de proferir, ya que señala con exactitud cuál es la norma demandada y permite, gracias al texto que se transcriba, verificar el contenido de lo que el demandante aprecia como contrario a la Constitución”(33). Se refiere al señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, pudiendo acudir el accionante a su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas.

2.2. El segundo ha sido ciertamente el que ha precisado con mayor detalle la jurisprudencia constitucional, en la medida en que es el que edifica el cargo de inconstitucionalidad que permite a la Corte efectuar el juicio de inexequibilidad. Se trata de un elemento que busca definir las razones por las que el demandante considera que determinada disposición vulnera la Constitución, correspondiéndole: (i) hacer “el señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas”; (ii) exponer el contenido normativo de las disposiciones constitucionales que supuestamente contrarían las normas demandadas(34), “es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan”(35); y (iii) presentar o exponer las razones por las cuales los textos normativos demandados contrarían la Constitución. Es en este último en el que se revela buena parte de la efectividad de la acción pública de inconstitucionalidad, por lo que la Corte ha destacado que debe tratarse de razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes(36).

La claridad hace relación con la existencia de un hilo conductor en la argumentación presentada por el demandante, de tal manera que se comprenda el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se apoya.

La certeza supone que la acción de inconstitucionalidad debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente, no implícita, quedando descartadas simples deducciones o elucubraciones efectuadas por el actor. De esta manera, “el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; ‘esa técnica de control difiere, entonces, de aquella otra encaminada a establecer proposiciones inexistentes que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden’”(37).

La especificidad se refiere a la claridad con que se define la manera en que la disposición impugnada desconoce la Carta Política, para lo cual se requiere la formulación de por lo menos un cargo de inconstitucional concreto. La finalidad del juicio de inexequibilidad es establecer “si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política”(38), no siendo admisibles argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no tengan relación directa y concreta con las disposiciones acusadas.

La pertinencia alude a que el reproche formulado por el censor debe ser de naturaleza constitucional, lo que supone la apreciación del contenido de una norma superior que se enfrenta al contenido del precepto acusado. Por tanto, son inaceptables los argumentos que se apoyan en razones de orden legal o doctrinario y a puntos de vista subjetivos del demandante o análisis de conveniencia de la norma demandada.

Por último, la suficiencia se refiere en primer término, a la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios), necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad de la disposición sobre la que versa la demanda y, de otra parte, guarda relación con el carácter persuasivo de las razones presentadas que, aunque no logren prima facie convencer que la norma es contraria a la Constitución, “si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(39).

2.3. El elemento restante que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad, tiene que ver con la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda, “circunstancia que alude a una referencia sobre los motivos por los cuales a la Corte le corresponde conocer de la demanda y estudiarla para tomar una decisión”(40).

3. En el asunto que ocupa la atención de esta corporación, aun cuando no fue desatendido el principio pro actione en la apreciación del cumplimiento de los anotados requisitos, como una forma de garantizar el goce efectivo de este mecanismo de participación ciudadana, no es posible en esta ocasión dictar una decisión de fondo por cuanto: (i) no se concretaron los fundamentos para habilitar la competencia de la Corte con el fin de conocer materialmente textos de un tratado internacional perfeccionado antes de la entrada en vigor de la Carta Política de 1991; y (ii) las demandantes no indicaron razones claras, específicas, pertinentes y suficientes para justificar la violación del principio de igualdad.

4. Como quedó anotado de manera suficiente en el acápite II de esta decisión, las demandantes a efecto de validar la competencia de la Corte Constitucional para estudiar la demanda contra los artículos 11 literal a) y 42 de la Ley 33 de 1992, normativa que contiene el Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional, tan solo se limitaron a efectuar un parangón entre el modelo de control de constitucionalidad para las leyes aprobatorias de instrumentos internacionales que consagraba la Constitución de 1886 y el que plantea la Carta Política de 1991, haciendo especial énfasis en que los que fueron ratificados bajo la vigencia de aquella cuyo contenido pudiera ser contrario a esta, quedarían sustraídos de cualquier posibilidad de control.

Enseguida consideraron que la Corte Constitucional en la Sentencia C-276 de 1993, dejó establecida la imposibilidad de demandar la inconstitucionalidad de tratados ratificados por el Presidente de la República con antelación a la Constitución de 1991, regla que en su sentir desconoce el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concluyendo que la cosa juzgada allí contenida no puede ser tenida como absoluta sino relativa.

4.1. A ese respecto, debe destacarse que en la anotada decisión la Corte se inhibió de pronunciarse respecto del contenido del citado instrumento internacional, teniendo como premisa que su perfeccionamiento se dio en vigencia de la Carta de 1886 y que ese acto político encuentra sustento en el principio del derecho internacional pacta sunt servanda. No arribó a la misma conclusión respecto de la Ley 33 de 1992, que declaró ajustada a la Constitución de 1991, en virtud del control automático previsto en el artículo 241-10. Así lo dejó dicho en aquella ocasión:

“Respecto de la Ley 33 de 1992, por tratarse de una ley aprobatoria expedida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la Corte debe entonces entrar a decidir sobre su exequibilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 241-10 constitucional. No puede en cambio hacer lo propio sobre el contenido mismo de los tratados, por cuanto estos se encontraban ya perfeccionados y en plena vigencia desde 1933, es decir cincuenta y ocho (58) años antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, la cual consagró el control previo y automático de los tratados y las leyes que los aprueben (art. 241-10). Las razones por las cuales considera la Corte que no es competente para revisar tratados suscritos y perfeccionados antes de la vigencia de la nueva Carta Política, y por las cuales habrá, por consiguiente, de inhibirse, se explican en la presente Sentencia” (los resaltados son agregados).

Entonces, lo que echa de menos la Corte son razones consistentes y claras para entender que la cosa juzgada contenida en la Sentencia C-276 de 1993 es apenas relativa y, que al existir por ejemplo, un nuevo contexto de valoración normativa y fáctica(41), este tribunal puede asumir la competencia para efectuar el estudio de fondo de las disposiciones acusadas, con independencia de que el tratado que las contiene hubiera sido perfeccionado en vigencia de la derogada Constitución de 1886. Esa alternativa ha sido explicada por la jurisprudencia, en los siguientes términos(42):

“El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva -aun cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental-, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de ‘Constitución viviente’ puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, —que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades—, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica”.

La competencia de este tribunal no es un asunto de poca trascendencia, en la medida en que se trata de un parámetro que permite “conocer que tan enterado está el actor del procedimiento por el cual se surte el juicio de inconstitucionalidad, específicamente en lo que respecta al tipo de normas que pueden ser impugnadas ante la Corte Constitucional. Por lo mismo, cuando el demandante señala correctamente las razones por las cuales las Corte es competente para conocer de la acción, es de entender que (…) tiene conocimiento de la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad (…). [Por el contrario], si el demandante no tiene claridad jurídica acerca de las razones por las cuales la Corte es competente para analizar una determinada norma, las posibilidades de que tampoco entienda cómo se ejerce el control constitucional y frente a qué normas jurídicas es viable interponer la acción pública de inconstitucionalidad pueden ser altas”(43).

Así las cosas, aunque por regla general la determinación de la competencia no requiere de mayores tecnicismos teóricos, en la medida en que es el artículo 241 de la Constitución el que establece los asuntos que son del resorte de este tribunal en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, pueden presentarse casos, como el que ahora ocupa la atención de la Corte, en los que se requiere una carga de la argumentación mayor para justificar el estudio de fondo de las disposiciones acusadas.

4.2. Ahora bien, tampoco encuentra esta corporación que las accionantes hayan construido un verdadero cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad. En efecto, su carácter relacional “no se reduce a la concreción de un juicio abstracto de igualdad entre la norma impugnada y el precepto que sirve de parámetro, sino que comprende un juicio particular sobre la proporcionalidad de la medida respectiva, objetivo para cuya consecución se ha hecho uso del denominado test de igualdad”(44). Por ello, se exige al demandante que la carga argumentativa defina y aplique tres etapas para su construcción: (i) determinar cuál es el criterio de comparación o tertium comparationis; (ii) definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles; y (iii) establecer si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, es decir, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma similar(45).

4.2.1. En este contexto, la primera carencia que se advierte en la demanda es la ausencia de claridad, en tanto si bien plantea que su objetivo es modernizar las normas del derecho internacional privado “en lo atinente a la cuestión de los derechos de la mujer”(46), enseguida, sin anteponer argumento alguno, realiza una transcripción de los artículos 13 y 42 de la Constitución Política en lo que se refiere a la garantía del principio de igualdad a favor de la mujer, y otras disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, que son las que supuestamente violan las normas demandadas.

Del mismo modo, no es suficiente la mención efectuada a la Sentencia C-507 de 2004, que declaró la inconstitucionalidad de las expresiones “de doce” consagradas en el numeral 2º del artículo 140 del Código Civil que, sin desconocer su importancia como precedente, el cargo requiere mayor argumentación con el objeto de realizar el estudio de fondo.

4.2.2. Por otra parte, la demanda no es específica en indicar por qué el trato desigual que consagra el TDCI entre el hombre y la mujer para contraer matrimonio, así como la fijación del domicilio del marido cuando no se haya precisado domicilio conyugal a fin de dirimir las controversias que surjan en caso de no existir capitulaciones matrimoniales, desconoce la Carta Fundamental. La labor de simple reproducción normativa se torna insuficiente para efectuar un juicio de inexequibilidad.

4.2.3. La ausencia de pertinencia está dada por la mención que efectúan las accionantes de que el artículo 11 literal a) del TDCI, se adscribe al sistema jurídico de tradición romano-germánico, “[e]s decir, el TDCIM corresponde a la época en que en Colombia y en la mayoría de legislaciones, ni siquiera se le reconocía derechos civiles ni políticos a la mujer”(47) y, que por su parte, el artículo 42 del mismo instrumento internacional es propio de la “Escuela del Derecho Civil Holandés del siglo XVIII a la que se atribuye la regla del domicilio del marido —hoy esposo— la llamada a ser aplicada por los jueces para resolver los derechos de las partes”(48), echándose igualmente de menos verdaderas razones objetivas que permitan realizar un estudio de mérito sobre dichas disposiciones. A este último, debe agregarse que las demandantes se equivocan al formular la supuesta inconstitucionalidad a partir de consideraciones de índole legal al señalar que “[l]a solución prevista en las modernas normas procedimentales que afrontan los problemas de extraterritorialidad en la aplicación de la ley que plantea el derecho internacional privado para resolver las complejas relaciones jurídicas con elementos extranjeros, por ejemplo el domicilio de la pareja o de uno de los contrayentes en el exterior, es la aplicación en forma subsidiaria de la ley del país del domicilio de la parte demandada si éste se conoce, o la ley del país de domicilio del demandante, en caso contrario, superando así, la ley del domicilio del esposo. Así lo establece el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil”(49).

4.2.4. La carencia de suficiencia se concreta en la sumatoria de las anteriores condiciones, en tanto la demanda no cuenta con elementos de juicio argumentativos que planteen un verdadero debate constitucional, sino que se limita: (i) a la transcripción de normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, para concluir sin ningún tipo de razón suficiente que las disposiciones acusadas desconocen el principio de igualdad y de no discriminación; (ii) a indicar tangencialmente que la Sentencia C-276 de 1993 no es cosa juzgada absoluta sino relativa, lo cual justifica el estudio de constitucionalidad de contenidos normativos que hacen parte de un tratado internacional perfeccionado antes de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991; y (iii) a señalar que la razón que justifica retirar del ordenamiento jurídico el margen de edad mínimo para que la mujer pueda contraer matrimonio establecido en el TDCI, solamente se encuentra contenida en la Sentencia C-507 de 2004, pasando por alto que en esa ocasión el control versó sobre el Código Civil colombiano y no sobre un instrumento de derecho internacional; distinción que bien la pena tener en cuenta para que en la construcción del cargo se despierte una mínima sospecha sobre la inconstitucionalidad de ese precepto, lo cual no ocurrió en esta oportunidad.

4.3. En definitiva, las razones presentadas por las demandantes no son claras, específicas, pertinentes y suficientes para efectuar el juicio de inexequibilidad entre los artículos 11 literal a) y 42 del Tratado de Derecho Civil Internacional contenido en la Ley 33 de 1992 y la Constitución Política, siendo procedente la inhibición para proferir decisión de fondo.

VIII. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para decidir en relación con la demanda impetrada por las ciudadanas Verónica Meneses Suárez y Dorys Osorio Rueda contra los artículos 11 literal a) y 42 del Tratado de Derecho Civil Internacional, aprobado mediante Ley 33 de 1992.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.»

(33) C-491 de 1997.

(34) C-012 de 2010.

(35) C-142 de 2001 y C-1052 de 2001.

(36) C-1052 de 2001. En Sentencia C-900 de 2011, la Corte sintetizó estos elementos así: “[L]a acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional y no legales, puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada”.

(37) C-509 de 1996, C-1048 de 2000, C-011 de 2001 y C-1052 de 2001.

(38) C-1052 de 2001.

(39) Ídem.

(40) Ídem.

(41) En Sentencia C-355 de 2006, la Corte con ocasión de la despenalización del aborto en tres supuestos —(i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto)—, acudió a este modo de argumentación constitucional para pronunciarse de fondo a pesar de que ya se había dictado con anterioridad sobre las mismas disposiciones acusadas del Código Penal.

(42) C-774 de 2001.

(43) C-403 de 2003.

(44) C-445 de 2011.

(45) C-635 de 2012, C-886 de 2010, C-862 de 2008 y C-654 de 1997.

(46) Folio 1, cuaderno principal.

(47) Folio 27 ibídem.

(48) Folio 33 ibíd.

(49) Folio 35 ibíd.