Sentencia C-825 de octubre 4 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-825 de 2006 

Ref.: Expediente D-6258

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 223, literal b), 229 literal b), 247 (parcial), 251 literal b) 289 (parcial) y 306 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.

Demandantes: Giraldo Morales David Orlando, Gutiérrez Fierro Carlos Alberto, Núñez Vargas Sandra Milena y Osorio Gaviria Juan Camilo.

Bogotá, D.C., cuatro de octubre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 30694 del veintitrés (23) de diciembre de 1961, y se resalta lo acusado:

“LEY 141 DE 1961

(Diciembre 15)

“Por la cual se adoptan como legislación permanente los decretos 2663 y 3743 de 1950”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

CAPÍTULO III

Auxilio monetario por enfermedad no profesional

(...).

ART. 229.—Excepciones. Las normas de este capítulo no se aplican:

(...).

b) A los trabajadores accidentales o transitorios;

CAPÍTULO VI

Gastos de entierro del trabajador

ART. 247.—Todo patrono está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios.

CAPÍTULO VII

Auxilio de cesantía

(...).

ART. 251.—El artículo 249 no se aplica:

(...).

b) A los trabajadores accidentales o transitorios.

TÍTULO IX

CAPÍTULO V

Seguro de vida colectivo obligatorio

Empresas obligadas

ART. 289.—Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, y cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca.

CAPÍTULO VI

Prima de servicios

Principio general

ART. 306.—1. Toda empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios, así:

(...)”.

NOTA: La expresión “de carácter permanente” del numeral 1º del artículo 306 citado fue declarada inexequible mediante sentencia C-100 de 2005.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

A. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley.

B. Sobre la derogatoria de los artículos 229 literal b), 247(parcial) y 289(parcial) acusados.

Para determinar la obligación de esta corporación de pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de tres de las normas demandadas, artículos 229 literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo debemos, ante todo, responder el problema jurídico planteado por el Ministerio Público en relación con su vigencia y derogatoria.

Este análisis es pertinente en la medida en que, tal como la ha planteado el Ministerio Público, condiciona la decisión que finalmente habremos de tomar. La vigencia de una norma hace referencia a su ámbito de exigibilidad temporal. Una norma está vigente cuando forma parte de un orden jurídico, rige dentro de ese orden jurídico o es obligatoria; en cambio, para que una norma sea válida se requiere a) haber sido producida por el órgano competente; b) haber respetado en su producción el procedimiento adecuado, y c) no estar en contradicción con normas superiores del mismo sistema jurídico.

En la teoría y en nuestra tradición jurídica una norma se considera derogada a) por declaración expresa del legislador; b) tácitamente, por incompatibilidad de normas, que se da a nivel de los contenidos de las formulaciones normativas y se determina mediante la aplicación del criterio de ley posterior y c) por regulación integral de la materia mediante la expedición de una nueva ley.

Precisamente ha considerado este tribunal constitucional, siguiendo la directrices del artículo 3º de la ley 153 de 1887, que una regulación sistemática posterior de un tema deroga tácitamente las normas precedentes sobre la materia, o sea, que hay derogatoria de una norma por una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.

A propósito de las normas bajo examen en la presente demanda la Corte considera que partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1295 de 1994, pero mejor aún de la Constitución de 1991, principios como el de universalidad y el de solidaridad son los que orientan el régimen de seguridad social Integral vigente en nuestro país, es decir que todo trabajador, permanente u ocasional está o debe estar cobijado por él, pues la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, consagrado como derecho irrenunciable a favor de todos los habitantes del territorio. Por ello considera la Corte que la interpretación más acertada sobre normas demandadas como los artículos 229 literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del actual Código Sustantivo del Trabajo es que han sido derogadas por regulación integral de la materia.

Como lo ha sostenido esta corporación en sentencias como la C-823 y la C-824 de 2006, la anterior interpretación deviene de principios establecidos por la Constitución vigente, así como de la Ley 100 de 1993, ante todo del de universalidad, según el cual la cobertura de la seguridad social ampara a todas las personas residentes en Colombia, sin discriminación alguna por razones de sexo, edad, raza, opinión política, religión, clase de contrato de trabajo, etc., pero igualmente del de obligatoriedad, es decir, que la prestación de la seguridad social a los trabajadores es una de las obligaciones básicas que tiene todo empleador en cualquier tipo de relación laboral, pero que a la vez es irrenunciable por parte de los beneficiarios.

Fue esta la posición asumida por esta corporación en los fallos antes citados, lo que determinó que se inhibiera para pronunciarse de fondo respecto de los artículos 223 literal b), 229 literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo y por tanto en esta ocasión también la Corte habrá de reiterar la decisión inhibitoria.

C. Cosa juzgada constitucional en relación con el artículo 251 literal b).

En la sentencia C-823 de 2006 esta Corte declaró inexequible el artículo 251 literal b) del Código Sustantivo del Trabajo aquí demandado. Se consideró en dicha oportunidad que la norma se encontraba vigente pero que era inconstitucional por contradecir el artículo 53 de la Carta que contempla la garantía de la seguridad social como uno de los principios fundamentales que orientan la legislación laboral del país y que está regida por la exigencia de la universalidad, la solidaridad y la eficiencia, tal como quedó señalado en el punto anterior y que son parámetros defendidos por este tribunal en la materia en sinnúmero de decisiones. Por la excepción que la norma contemplaba para los trabajadores ocasionales del pago del auxilio de cesantía, consagrado, en cambio, para los trabajadores con relación laboral permanente, de conformidad con el artículo 249 del mismo estatuto laboral, fue excluida de nuestro ordenamiento porque, “Las contingencias provenientes de la actividad laboral, la necesidad de establecer condiciones dignas de trabajo, la protección de la seguridad económica de los individuos que derivan su sustento y el de sus familias del trabajo dependiente, son circunstancias que se predican de todos los trabajadores dependientes, sin consideración a la naturaleza del contrato que los vincula, ni a la actividad desarrollada por la empresa. Así, la exclusión de los trabajadores ocasionales de la prestación social del auxilio de cesantías es contraria al atributo de la universalidad que orienta la garantía de la seguridad social, principio mínimo fundamental que debe guiar la legislación en materia laboral (Art. 53)… Desborda el marco de libertad de configuración normativa el legislador, cuando establece un precepto que restringe algunos de los principios fundamentales del derecho al trabajo como “la igualdad de oportunidades para los trabajadores” y el derecho del trabajador a que su remuneración sea “proporcional a la cantidad y calidad del trabajo” (Art. 53 superior), en relación con un grupo de trabajadores (los ocasionales o transitorios) vinculados mediante una modalidad contractual que goza de la protección constitucional establecida en la mencionada disposición.

El auxilio de cesantía tiene como finalidad cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo. Se trata de un objetivo acorde con los principios de una Constitución humanista fundada en el respeto por la dignidad humana, en este caso, del trabajador…”

En consecuencia y teniendo en cuenta que por mandato del artículo 243 de nuestra Carta los fallos que esta Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, la Corte estará a lo resuelto en la sentencia referida, en relación con el artículo 251 literal b) del Código Sustantivo del Trabajo y que es objeto de los mismos cargos en la presente demanda.

D. La inconstitucionalidad de la expresión “excepto a los ocasionales o transitorios” del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

Situación diferente es la del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo con el que también se excluye de otra prestación, la prima de servicios, que es connatural a la dignidad de los trabajadores. La Corte considera que esta norma se encuentra vigente, al no haber sido cobijada por la reforma integral a que se hizo referencia en puntos anteriores. Por tanto en relación con ella procede el juicio de validez constitucional, a saber:

1. El principio de protección al trabajo y el régimen de seguridad social en nuestro Estado social de derecho:

De conformidad con el artículo 1º de nuestra Constitución, Colombia es una República fundada en el trabajo; esto obliga al Estado a intervenir para corregir las desigualdades que las relaciones económicas y laborales puedan generar. Es decir, a este propósito, las autoridades están obligadas a guiar sus políticas públicas por el principio de protección al trabajo y en consecuencia a quienes lo desarrollan; y con esta misma perspectiva a hacer realidad otros principios como la favorabilidad en beneficio del trabajador en caso de duda en la aplicación del derecho, la primacía de lo sustancial sobre las formalidades en las relaciones laborales, la garantía de la seguridad social, etc., y para ello se reconoce un gran número de derechos, como el del pago proporcional y oportuno del salario, el reajuste periódico de las pensiones, a recibir capacitación permanente, de asociación sindical y contratación colectiva, de huelga, etc.

Por todo esto al trabajo se le ha reconocido, por esta corporación, varias dimensiones(1): a) es valor fundante de nuestro Estado social de derecho; b) es un principio constitucional y legal; c) es un derecho fundamental y d) es una obligación social fundada en la solidaridad. Por ello, y por remitirnos a otros principios también protegidos, como el respeto a la dignidad humana y en general a los derechos fundamentales de quien gracias a él viven y sostienen a otros, se exige una protección especial por parte del Estado. Todo esto adquiere fuerza vinculante desde nuestra Carta Política a través de artículos como el 1º, 25, 48 ó 53, por virtud del cual compromete al Estado en el deber de protegerlo, garantizando las condiciones, también normativas, para que las relaciones laborales sean justas y compatibles con otros postulados de la Carta, propiciando el ambiente de convivencia entre libertad de empresa y régimen salarial y de prestaciones sociales de los trabajadores.

Para que en un Estado que garantiza la libertad de empresa esta se acompase con una organización del trabajo que tutele los derechos fundamentales de los trabajadores, se hace necesario un régimen de seguridad social y de prestaciones sociales que le permitan al trabajador acceder a una serie de bienes y servicios que, de otra manera, le serían inalcanzables. Efectivamente la Constitución de 1991 consagra la seguridad social dentro de los derechos sociales, económicos y culturales; es de carácter general, es decir se reconoce a todos los habitantes del territorio, asalariados o no; es un derecho exigible a los sujetos obligados a prestarla, y es un derecho irrenunciable por ser su naturaleza de orden público, o sea, que la sociedad espera su respeto y reconocimiento, en la medida en que los derechos y garantías que lo constituyen le dan dignidad como sujeto colectivo y están directamente relacionados con su proyecto de vida y de Nación. Se trata en palabras de la misma Corte de que,

“La seguridad social para los trabajadores, sus familiares y pensionados no es entonces una dádiva del patrono o de las entidades prestadoras de salud, ni dependen del mero arbitrio; es un derecho inalienable e irrenunciable de aquéllos, que hacen parte de las condiciones dignas y justas que deben rodear las relaciones de trabajo; lo anterior significa la correlativa y perentoria obligación de todo patrono de hacer efectivo tal derecho, pues no puede eludir la afiliación de sus trabajadores y pensionados al sistema nacional de seguridad social contemplado en la ley, sin violar las normas constitucionales y legales, y comprometer su responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento. Por eso, la omisión del patrono implica que él asuma, de su propio peculio y de manera total, los costos que genere la atención de la salida del trabajador o pensionado y, por supuesto, también de manera integral, la de sus familiares que son beneficiarias de los servicios correspondientes”(2).

También ha considerado este tribunal constitucional que el trabajo como principio y valor fundante de nuestra Carta es vinculante independientemente del tipo de relación laboral que tenga el trabajador. Precisamente a propósito de las normas laborales que han discriminado a los trabajadores ocasionales o transitorios la corporación sostuvo que, “El texto constitucional en su conjunto presenta un amplio marco de protección al trabajo en su dimensión objetiva, y al trabajador en su concepción subjetiva. Así, el trabajo constituye un valor y una aspiración del Estado social de derecho. Desde el preámbulo se establece que el fin de la Constitución es asegurar a sus integrantes la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, entre otros valores, erigiéndose además en un principio de obligatoria observancia por todos los operadores jurídicos. En este sentido el artículo 1º de la Carta señala que el Estado social de derecho está fundado en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo, entre otros valores. Constituye además un derecho fundamental que se garantiza mediante acciones de control, vigilancia, prestación, y en general, bajo el amparo de la consagración de unos deberes estatales establecidos en el artículo 25 conforme al cual ‘el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas’.

La protección reforzada que el texto constitucional brinda al trabajo en sus dimensiones individual y colectiva, productiva e instrumental, pero en todo caso como medio para el fortalecimiento de la dignidad humana, deviene también del artículo 53 de la Carta que dispuso un mínimo de principios fundamentales, tales como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la actividad y calidad del trabajo y la garantía a la seguridad social, entre otros. En este contexto constitucional es evidente que existen especiales garantías para quienes desarrollan una actividad productiva protegida por el Estado, la cual debe prodigarse independientemente de si el trabajador se desempeña bajo una forma de vinculación indefinida, de larga o de corta duración, y al margen de la naturaleza de las actividades que desarrolla el empleador”(3).

Por lo anterior esta Corte declaró inexequible la exclusión de que eran víctimas los trabajadores ocasionales en relación con el pago del auxilio de cesantías, que en cambio es reconocido a quienes mantienen una relación laboral prolongada y permanente.

2. La igualdad de tratamiento del trabajo independientemente del tipo de relación laboral:

Constituye el derecho a la igualdad uno de los fundamentos axiológicos de nuestro Estado constitucional más decantados por nuestra corporación, entre cuyas argumentaciones teoréticas sobresale la siguiente(4):

“La teoría jurídica analítica, aplicada al tratamiento del derecho a la igualdad, ha establecido algunas distinciones de mucha utilidad para la solución de casos relacionados con ese derecho. La primera de ellas tiene que ver con la estructura de las normas que establecen el derecho a la igualdad, tales como la formulación aristotélica clásica o el artículo 13 de nuestra Constitución Política. En efecto, los conflictos en que entra en juego el derecho a la igualdad muestran que las normas que lo consagran pueden ser tratadas como principios, esto es, son normas cuya aplicación en un caso concreto depende de la ponderación que se haga frente a los principios que con él colisionan(5). El principio de igualdad de tratamiento entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, por ejemplo, puede entrar en pugna con el principio de la autonomía de la voluntad, expresado en la posibilidad del patrono de firmar convenciones colectivas con los primeros y pactos colectivos con los segundos(6) o en la de contratar a sus trabajadores para laborar horas extras(7). Corresponde al juez hacer la ponderación entre el principio a la igualdad y el principio que entra en conflicto con él, y decidir sobre la prevalencia de uno de ellos en el caso concreto, a la luz del ordenamiento constitucional.

Dos consecuencias se desprenden con claridad de esta enunciación del principio de igualdad: en primer lugar, la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad, pues en todo caso la carga de la prueba pesa sobre quien pretende el establecimiento de un trato diferenciado. En otras palabras, quien establece o pretende establecer un trato discriminatorio, debe justificarlo...”(8).

Y precisamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de seguridad social vigente en Colombia, que hemos venido considerando, es uno de los instrumentos con que cuentan los habitantes del territorio para lograr que la igualdad sea una realidad:

“La seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales considerados como necesarios para la efectiva de la igualdad material. En este sentido no se trata de un derecho judicialmente exigible, sino de un mandato social el constituyente de 1991 atribuye al Estado social de derecho. Por ello, las reglas y leyes en general, relacionadas con la seguridad social no se configuran para restringir el derecho, sino para el desarrollo normativo que orienta y ordena su optimización.

El cumplimiento del mandato constitucional de crear, mantener y optimizar un sistema de seguridad social tiene como características la obligatoriedad por parte del Estado para la prestación, la universalidad en el cubrimiento para todos los colombianos y la solidaridad como principio de sostenimiento y financiación”(9).

3. No se justifica el trato desigual de los trabajadores ocasionales:

Con la nueva Constitución los estímulos que en otra época otorgaba el legislador al ejercicio de la libertad de empresa son válidos pero están limitados por la naturaleza del trabajo y por los derechos fundamentales. Por ello esta corporación(10) sostuvo a este propósito:

“La Corte ha hecho énfasis en que tanto los posibles estímulos como las limitaciones de orden legal a las que puede verse sometida la libertad económica y de empresa, han de tener como guía la garantía de los derechos fundamentales de las personas y la prevalencia del interés general. También ha destacado que el ejercicio de esa libertad, debe ser compatible con la protección especial estatal otorgada a derechos que, como el del trabajo y demás ligados a este, son determinantes para alcanzar los fines económicos para los cuales fue creada la empresa, garantizando su realización efectiva, pero dentro del entorno que asegure la vigencia de un orden justo, protegido por las distintas autoridades públicas.

Al respecto ha señalado la corporación lo siguiente:

“El derecho al trabajo surge con particular importancia a partir del preámbulo de la Constitución, a efectos de ser protegido en la perspectiva de un orden político, económico y social justo. A lo cual concurre el artículo 1º ibídem otorgándole un valor fundante en el Estado social de derecho que entraña Colombia, ámbito en el que le corresponde a las autoridades proveer a su garantía en condiciones dignas y justas, es decir, atendiendo a la realización de los fines del Estado materializando los atributos y consecuencias del derecho al trabajo. Así entonces, dentro de la órbita estatal, a partir de políticas laborales consonantes con la dignidad y justicia que deben irradiar el derecho al trabajo, le compete al legislador establecer normas tendientes a salvaguardar los intereses del empleado frente al empleador. Vale decir, es tarea fundamental del Estado en general, y del legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza de los empleadores, función esta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios” (C-019/2004, Jaime Araújo Rentería, con S.V. Rodrigo Escobar Gil).

En ese orden de ideas ha de recordarse que el derecho al trabajo adopta una triple naturaleza constitucional, i) como un valor fundante de nuestro régimen democrático y del Estado social de derecho, ii) como un derecho fundamental de desarrollo legal y iii) como una obligación social (C.P., arts. 1º, 25 y 53). Desde esa perspectiva y sin que ello lo convierta en un derecho absoluto, el trabajo es objeto de una especial salvaguarda por parte del Estado, no solo por razón de esa particular naturaleza, sino porque permite poner de realce la primacía de otros principios igualmente protegidos, como el respecto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas que como trabajadores adelantan una actividad tendiente a desarrollar su potencial físico o mental, en aras de la provisión de los medios necesarios para su subsistencia y sostenimiento familiar.

En este sentido la regulación que en relación con las empresas efectúe el legislador respecto de los derechos de los trabajadores ha de enmarcarse claramente dentro de los principios que el constituyente señaló para el efecto en el artículo 53 superior y dentro de ellos —cabe resaltar para efectos de esta sentencia— del principio de igualdad para los trabajadores”.

Todos son trabajadores, todos pueden enfermarse, morirse o quedar cesantes. Antes de distinguir entre trabajadores ocasionales o permanentes, la protección que la Constitución da al trabajo como valor, como principio constitucional o como derecho fundamental, no está condicionada a que el trabajo sea permanente.

Siendo la seguridad social un efecto o consecuencia del trabajo y teniendo aquella como principio rector, el de universalidad, la conclusión de esa premisa es que deben tenerla todos los trabajadores, ya que si una categoría de ellos careciese de esa seguridad social, dejaría automáticamente de ser universal y se violaría el artículo 48 de la Constitución Política.

El otro principio fundamental de la seguridad social es el de la solidaridad, (que es distinta a la asistencia pública, ya que tiene como supuesto una relación laboral), entre patrones y trabajadores; entendido como que el trabajador que ha ayudado a su patrono a crear riqueza, necesita a su vez, el apoyo del empresario, cuando se enferma, muere, se accidenta o queda cesante.

Los trabajadores ocasionales en nuestro país han sido discriminados frente a los trabajadores permanentes, tanto por las razones de política económica que hemos señalado, como por falta de una clara regulación laboral posterior a la Constitución del 91. De esta manera se les ha venido excluyendo del auxilio monetario por enfermedad profesional (CST, art. 229, lit. b)), del pago de gastos funerarios (CST, art. 247), del auxilio de cesantías (CST, art. 251 lit. b)), del seguro de vida obligatorio (CST, art. 289), temas frente a los cuales ya hubo de pronunciarse esta Corte, excluyéndolos de nuestro ordenamiento jurídico por ser abiertamente inconstitucionales.

En el mismo orden de ideas debemos declarar inexequible parcialmente el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo que aquí analizamos por no existir ninguna razón para excluir a los trabajadores ocasionales o transitorios de la prima de servicios. En efecto:

a) La finalidad del legislador al excluir a los trabajadores ocasionales de ciertas prestaciones, como la prima de servicios, fue la protección de un modelo económico. Ello no obstante, analizada dicha exclusión desde la perspectiva del principio de proporcionalidad(11), vale decir, estableciendo un juicio de ponderación entre medios y fines, la autorización de un privilegio a expensas de unos derechos como son las prestaciones sociales, de conformidad con nuestro desarrollo constitucional hoy representa un medio no permitido. Si dicho principio exige además que el medio sea idóneo y necesario, es decir, que sea adecuado y que solo por su intermedio se logre el fin buscado por no existir otra alternativa menos gravosa, la negación de esta prestación contradice nuestro orden constitucional por ser desproporcionada respecto del estímulo que quiso otorgarse a algunos empleadores.

b) Precisamente esta corporación no encontró razonable ni proporcionado que, por ejemplo, se condicionara el pago de la prima de servicios a que el trabajador hubiese laborado por un período fijado por el legislador a su arbitrio. Por ello, por sentencia C-042 de 2003, se excluyó de nuestro ordenamiento jurídico la norma que negaba dicha prestación respecto de contratos a término fijo inferiores a un año, en los siguientes términos:

“Dentro del marco de la libertad de configuración normativa del legislador, para la Sala no resulta razonable que se establezca una norma que restrinja uno de los principios constitucionales fundamentales del derecho del trabajo como es la “igualdad de oportunidades para los trabajadores” (art. 53 superior), puesto que con la aplicación de la restricción temporal que fija la expresión demandada se permite que personas que han imprimido a una actividad la misma fuerza laboral, se vean excluidos de acceder a la prima de servicios por haber iniciado o concluido sus labores por fuera de la mitad del semestre respectivo.

De otra parte, si la naturaleza de la prima de servicios es la de una prestación que tiene como finalidad que el trabajador participe en las utilidades de la empresa (CST, art. 306-2), no resulta razonable ni proporcionado que en los contratos de trabajo a término indefinido o a término fijo igual o superior a un año, se condicione el pago de esta prestación a que el trabajador haya laborado por un período fijado por el legislador a su arbitrio.

El artículo 53 de la Constitución Política consagró como derecho del trabajador que su remuneración sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo y desde esta óptica, se desconoce el derecho a la igualdad de quienes en una situación fáctica específica hayan sido vinculados por ejemplo, mediante un contrato de trabajo a término indefinido en diferentes fechas y a pesar de haber prestado su servicio en la empresa, uno de ellos se vea excluido de disfrutar de la prima de servicios.

La prima de servicios encuentra su fundamento y causa en el servicio prestado. Se permite así que todos los trabajadores, independientemente de la clase de contrato que se haya utilizado para su vinculación a la empresa de carácter permanente, tengan derecho a dicha prestación patronal especial.

Como la expresión acusada introdujo sin justificación constitucional alguna, una restricción de tipo temporal para reconocer el derecho a la prima de servicios y desconoce así los principios fundamentales del derecho al trabajo en el Estado social de derecho, se declarará inexequible”.

Este y los razonamientos arriba expresados son perfectamente aplicables al examen que hacemos respecto de la prima de servicios de la que se excluye a los trabajadores ocasionales o transitorios; es decir resulta abiertamente violatorio del trabajo como valor, principio y derecho fundamental, así como del derecho fundamental y principio de igualdad, que inspiran a nuestro Estado constitucional, y constituye una discriminación que no tiene ninguna justificación.

Finalmente esta Corte considera que respecto de la expresión demandada “toda empresa” con que comienza la proposición del artículo 306 no existen cargos, porque los cargos de la demanda están formulados contra la expresión “excepto a los trabajadores ocasionales o transitorios, motivo por el cual nos abstendremos de pronunciarnos sobre la expresión “toda empresa”.

En conclusión, la expresión “excepto a los ocasionales o transitorios” del artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo desconoce el preámbulo de nuestra Constitución, así como sus artículos 1º, 2º, 13, 25, 48 y 53, tal como ha quedado señalado, por lo que debe ser declarada inexequible.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARARSE INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo por tratarse de normas derogadas.

2. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-823 de 2006, mediante la cual se declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

3. DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “excepto a los ocasionales o transitorios” del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Cfr. Entre otras la sentencia C-100 de 2005 (M.P. Monroy Cabra Gerardo).

(2) Sentencia T-137 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(3) Sentencia C-823 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(4) Cfr. La línea precedencial trazada desde la sentencia C-022 de 1996.

(5) Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1993, pág. 409.

(6) Sentencia U-342 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(7) Sentencia T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(8) Sentencia T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes.

(9) Sentencia C-828 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(10) Sentencia C-100 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) Cfr. las sentencias C-576 de 2004, M.P. Jaime Araújo, C-022 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz, entre otras.

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