Sentencia C-827 de noviembre 13 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expedientes D-9621 y D-9622

Magistrado Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 (parcial) y artículo 35 (parcial) de la Ley 1592 de 2012.

Actores: Expediente D-9621: Eckard Rodríguez Pérez y otros. Expediente D-9622: Adriano Crespo Pérez y otros.

Bogotá, D. C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «1.1. Textos normativos demandados: En la demanda correspondiente al expediente D-9621 se solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 19 (parcial) y del artículo 35 (parcial) de Ley 1592 de 2012. Los textos normativos demandados y que se subrayan son los siguientes:

“ART. 19.—La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del siguiente tenor:

‘ART. 18A.—Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;

2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado de buena conducta;

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz;

4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.

Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes.

Una vez concedida, la sustitución de la medida de aseguramiento podrá ser revocada por el magistrado con funciones de control de garantías a solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las víctimas o de sus representantes, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que el postulado deje de participar en las diligencias judiciales de su proceso de justicia y paz, o se compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;

2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por la autoridad judicial competente;

3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración diseñado por el Gobierno Nacional para los postulados a la Ley de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la presente ley.

PAR.—En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley’.

(…)

“ART. 35.—Modifíquese el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

‘ART. 66.—Resocialización y reintegración de postulados en detención preventiva y de condenados a la pena alternativa. El Gobierno Nacional velará por la resocialización de los postulados mientras permanezcan privados de la libertad, y por la reintegración de aquellos que sean dejados en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario diseñará y ejecutará un programa especial para la resocialización de los postulados que se encuentren privados de la libertad en establecimientos penitenciarios o carcelarios. En estos casos, la finalidad de la detención preventiva incluirá la resocialización de los desmovilizados que hayan sido postulados por el Gobierno Nacional al proceso penal de que trata la presente ley y que se encuentren activos en el mismo. El programa de resocialización deberá incluir un componente de atención psicosocial que les permita a los postulados participar de manera efectiva en los procesos penales especiales de justicia y paz.

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, diseñará e implementará en el marco de la política nacional de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, un proceso de reintegración particular y diferenciado para los desmovilizados postulados a la presente ley que sean dejados en libertad, el cual tendrá como objetivo la contribución de estos postulados a la reconciliación nacional. Este programa de reintegración no estará supeditado a la prohibición establecida en el artículo 50 de la Ley 418 de 1997, y deberá incluir un componente de atención psicosocial. Este programa en ningún caso podrá incluir la financiación de proyectos productivos.

El proceso de reintegración será de carácter obligatorio para los desmovilizados postulados al proceso de la presente ley.

Para el desarrollo e implementación de la política nacional de reintegración de personas y grupos alzados en armas, el fortalecimiento institucional y en general para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, podrá adelantar alianzas, suscribir convenios y celebrar contratos con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

El Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, determinará y adoptará las medidas de protección para los postulados a la presente ley que quedaren en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento, previo estudio del nivel de riesgo y de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar su proceso de reintegración.

PAR.—Para efectos de las disposiciones contenidas en el presente artículo, el Gobierno Nacional realizará los ajustes y las apropiaciones presupuestales necesarias durante las respectivas vigencias fiscales’”.

(…)

II. Consideraciones

1. Competencia: La Corte es competente para pronunciarse en esta oportunidad sobre la constitucionalidad del numeral 1 y del parágrafo del artículo 19 y del inciso tercero del artículo 35 de la Ley 1592 de 2012, que adiciona el artículo 18 A y que modifica el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, respectivamente, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, solo si se verifica la legitimación de los demandantes y las aptitud formal de la demanda.

2. Cuestiones preliminares

2.1. La legitimación en la causa por activa

Previa a cualquier otra consideración, de conformidad con lo que el Ministerio Público plantea, estima la Corte indispensable definir si existe o no inhabilidad de los demandante para ejercer derechos políticos y, en consecuencia, para presentar la acción pública de inconstitucionalidad.

2.2. Calidades para presentar demandas de inconstitucionalidad

Nuestra Carta Magna previó el control constitucionalidad como un instrumento efectivo que permite hacer valer sus mandatos, colocando como cúspide del ordenamiento jurídico a la propia Constitución, según lo contemplado en el artículo 4º de la misma(1).

En virtud de lo que en dicha disposición se consagró, las demás normas deberán desarrollar su contenido y, materialmente, no podrán contravenir sus preceptos, pues en tal caso pueden ser sometidas al mecanismo de control contemplado en defensa de la vigencia del ordenamiento supremo. Es por ello que la acción pública de inconstitucionalidad fue concebida como el mecanismo idóneo para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, perspectiva bajo la cual bien puede considerársele como la máxima expresión de un derecho político, cuyo ejercicio solo está reservado para quienes son titulares de esa clase de derechos.

En efecto, nuestra carta política estableció en su artículo 40-6, que “todo ciudadano tiene derecho a la conformación, ejercicio y control del poder público” para lo cual, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 241-6, puede “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”. Por su parte, de acuerdo con el artículo 241-4 superior, corresponde a la Corte decidir las demandas de inconstitucionalidad que presenten los “ciudadanos” contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios en su formación.

De conformidad con las mencionadas reglas, son titulares de esta acción las personas naturales nacionales que gozan de la ciudadanía. Al respecto, la jurisprudencia estableció que tres son las exigencias que condicionan el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad(2): (i) que el demandante sea una persona natural de nacionalidad colombiana, (ii) ostente la calidad de ciudadano y (iii) se halle en ejercicio de sus derechos políticos(3).

En cuanto al primer requisito, esto es, acreditar la condición de persona natural de nacionalidad colombiana, la Corte ha sostenido que “las personas jurídicas, públicas o privadas, no pueden demandar la inexequibilidad de una determinada norma”, por cuanto “los derechos políticos son ejercidos únicamente por personas naturales, concretamente por aquellas cuyos derechos ciudadanos se encuentran vigentes”(4).

La nacionalidad colombiana se adquiere por nacimiento o por adopción, en las modalidades que contemplan el artículo 96(5) de la Constitución Política y no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.

En relación con lo anterior, la Corte ha sostenido que la sola titularidad de los derechos políticos por el hecho de ser nacional colombiano no faculta para ejercerlos pues, para ello es necesaria la ciudadanía la cual requiere de la concurrencia de los elementos de la nacionalidad y la edad.

El segundo requisito consiste entonces en ostentar la calidad de ciudadano, adquirida por los nacionales colombianos cuando alcanzan la mayoría de edad, la que, mientras la ley no disponga otra cosa, se da a partir de los dieciocho años.

Así pues, la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil permite la documentación de las personas, el ejercicio de sus derechos civiles y la participación de los ciudadanos en la actividad política(6). En esa medida, al hacerse uso de la acción pública de inconstitucionalidad la calidad de ciudadano se acredita con la presentación personal de la demanda ante un juez o notario público.

Finalmente, el tercer requisito exige que el ciudadano se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de manera que no haya sido privado o suspendido de los mismos. Esta corporación en Sentencia C-536 de 1998, al pronunciarse sobre el mencionado requisito, en un fallo en el que decidió declararse inhibida para proferir decisión de mérito en razón a que el demandante se encontraba suspendido del ejercicio de sus derechos políticos, debido a una condena penal en su contra, dispuso lo siguiente:

“(…) De conformidad con lo estatuido en el artículo 50 del Código Penal, la interdicción de derechos y funciones públicas —pena accesoria, cuando no se establezca como principal, según lo establece el artículo 42 ibídem— ‘priva de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública u oficial y dignidades que confieren las entidades oficiales e incapacita para pertenecer a los cuerpos armados de la República’.

El artículo 52 del mismo código señala que la pena de prisión implica la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por un período igual al de la pena principal, y el 55 estipula que la aludida sanción accesoria se aplicará de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ella. Cumplida la pena principal, comienza a correr el término señalado en la sentencia para la sanción accesoria.

En desarrollo de esa competencia, el artículo 92 del Código Penal (Decreto-Ley 100 de 1980), declarado exequible por esta Corte mediante Sentencia C-087 de febrero de 1997, dispone que las penas accesorias, entre las cuales se encuentra la de interdicción de derechos y funciones públicas (art. 42, numeral 3, ibídem), pueden cesar por rehabilitación, pero agrega que ‘si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la libertada, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y después de transcurridos dos años a partir del día en que se haya cumplido la pena’ (…).

Ahora bien, el artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y manifiesta que, para hacer efectivo ese derecho, puede ‘interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley’, pero es evidente que tal derecho no puede ser ejercido cuando, aun tratándose de un ciudadano, este ha sido afectado por la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas según decisión judicial, en los términos de las normas legales que se comentan.

No otra cosa surge del artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano como sujeto activo único de las acciones de inexequibilidad que ante la Corte Constitucional pueden intentarse.

El derecho político del que se trata no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino bajo la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas está excluido de esa posibilidad, y si presenta una demanda ante la Corte Constitucional, esta no puede resolver por falta de legitimación del accionante, de lo cual resulta que la demanda debe ser rechazada de plano, o proferir la Sala Plena sentencia inhibitoria”.

La anterior regla jurisprudencial es reflejo de lo estipulado en el artículo 44 del Código Penal, según el cual, “la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales”.

Dicha limitación coincide con lo contemplado en el artículo 52 del Código Penal, en cuanto advierte que “la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por un tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley”.

Bajo ese contexto, la Corte en Providencia C-591 de 2012, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, en clara reiteración del precedente, concluyó que “los requisitos constitucionales para hacer uso de la acción pública de inconstitucionalidad, cuya exigencia ha sido pacífica y reiterada en la jurisprudencia de esta corporación, de ninguna manera conduce a negar el derecho de acceso a la administración de justicia puesto que toda persona tiene siempre la posibilidad de hacer uso de los diversos mecanismos que el ordenamiento ofrece para asegurar la protección efectiva y oportuna de sus derechos subjetivos”. Así las cosas, se prohíbe hacer uso de la acción de constitucionalidad a quien no tiene la calidad de ciudadano colombino o a quien teniéndola le haya sido suspendido el ejercicio de los derechos políticos luego de un proceso penal.

2.3.- La inhabilidad del demandante para ejercer derechos políticos deviene en un fallo inhibitorio.

Con fundamento en la cuestión planteada por el Ministerio Público, en la que se puso de presente una eventual inhabilidad de los demandantes para ejercer sus derechos políticos derivada de sus condenas penales, procede la Sala ha (sic) examinar, de conformidad con los antes reseñado, si, en efecto, los actores cumplen o no con los requisitos establecidos para la presentación de la demanda de constitucionalidad.

Al respecto, es oportuno destacar que en el caso sub examine no hay duda alguna en cuanto a que los demandantes satisfacen los dos primeros presupuestos de su legitimación (nacionalidad y mayoridad), pero sí la hay respecto del tercero, al existir serios motivos para asumir, tal y como lo expone el Ministerio Público, que al menos algunos de ellos se encontraban condenados y, por tanto, inhabilitados para ejercer el derecho previsto en el artículo 40.6 de la Constitución, esto es, presentar demandas de inconstitucionalidad.

Una de las consecuencias que se siguen de la pena de prisión, por ministerio de lo previsto en el inciso tercero del artículo 52 del Código Penal(7), es la de la “pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2 del artículo 51(8)”. Por lo tanto, si para la fecha de presentación de la demanda, que en el expediente D-9621 es el 17 de abril de 2013 y en el expediente D-9622 es el 18 de abril de 2013, los actores estaban condenados a la pena de prisión y esta condena estaba en firme, no habría legitimidad en la causa por activa.

La Corte Constitucional, en repetidas oportunidades, ha señalado que la legitimidad para hacer uso de la acción pública de constitucionalidad está restringida a quienes ejercen derechos políticos, de tal manera que la calidad de ciudadano en ejercicio constituye un requisito sustancial para convertirse en sujeto activo de la acción pública, de manera que no podría emitirse pronunciamiento de fondo respecto de aquellos preceptos legales que han sido demandados, si quienes formulan la acusación no demuestran tener dicha condición. En efecto, tal y como se desprende de los mandatos contenidos en los artículo 40 y 241 de la Carta, la capacidad jurídica para iniciar y concluir válidamente al juicio de constitucionalidad la tiene únicamente quien acredite estar en ejercicio de la ciudadanía.

Con fundamento en esos considerando, encuentra la Sala que, tal y como se manifiesta en el texto mismo de la demanda, la aseveración que, por sí sola, brinda credibilidad sobre el punto, las personas que presentaron la acción identificada como D-9621 actúan en calidad de ciudadanos colombianos privados de la libertad. Adicionalmente, los certificados ordinarios de antecedentes proferidos por la Procuraduría y anexados al expediente, dan cuenta que los accionantes Eckard Alfredo Rodríguez Pérez y Omar Martín Ochoa Ballesteros, actualmente tienen sanciones penales vigentes de conformidad con las cuales se encuentran inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas y, como consecuencia de ello no podrían ejercer el derecho establecido en el artículo 40, numeral 6, tal y como lo ha concluido esta corporación(9).

De otra parte, también se advierte que en el caso de la demanda D-9622, si bien la acción se presenta mediante apoderado judicial, en el texto de la demanda manifiestan que actúan en representación de ciento treinta y ocho (138) ciudadanos que actualmente se encuentran recluidos en la cárcel modelo de Bucaramanga aseveración que, por sí sola, acredita suficientemente esta última situación. Adicionalmente, de conformidad con los certificados ordinarios de antecedentes proferidos por el organismo de control y anexados al expediente, se constató que catorce de ellos actualmente se encuentran condenados con penas privativas de la libertad lo cual, se reitera, implica una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y, por tanto, una inhabilidad para interponer una acción de inconstitucionalidad(10).

Así las cosas, para la Corte es claro que los actores, por sentencia judicial ejecutoriada, tienen suspendidos sus derechos políticos lo que les impide ejercer la acción pública de inconstitucionalidad, en la medida en que no han obtenido rehabilitación la que aún no pueden solicitar por encontrarse cumpliendo la pena que les fue impuesta.

De conformidad con lo reseñado, la Sala Plena concluye que los demandantes carecen de legitimidad para instaurar la acción pública de inconstitucionalidad, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de las condenas penales que se les impuso y que aún cumplen. En consecuencia, esta Corte se inhibirá de emitir un fallo de fondo, por ausencia de legitimidad de los demandantes para presentar dicha acción, no sin antes reiterar, que la inhibición no es óbice para que las personas condenadas a quienes se les impone la restricción temporal en el ejercicio de sus derechos políticos no puedan formular durante el respectivo lapso, las demás acciones judiciales que la constitución y la ley les reconoce para acceder a la administración de justicia en defensa de sus derechos.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero. Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la demanda formulada contra los artículos 19 (parcial) y 35 (parcial) de la Ley 1592 de 2012, por falta de legitimación de los demandantes.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese en el expediente».

(1) Artículo 4º C.P.: La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

(2) Ver entre otras las sentencias C-536 de 1998, C-592 de 1998, C-562 de 2000 y C-841 de 2010.

(3) Cfr. sentencias C-003 de 1993, C-536 y C-592 de 1998, C-1047 de 2000, C-581 de 2001, C-393 y C-708 de 2002, C-329 de 2003, C-426 de 2008 y C-591 de 2012.

(4) En el mismo sentido se pronunció la Corte en Sentencia C-841 de 2000, C-275 de 1996, C-599 de 1996, C-366 de 2000, C-1647 de 2000, C-809 de 2002 y C-355 de 2006, entre otras.

(5) Artículo 96: Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a)Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, algunos de sus padres estuvieren domiciliado en la República en el momento del nacimiento y, b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 2. Por adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos, antes la municipalidad donde se estableciere, y c) Lo miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.

(6) Ver sentencias C-511 de 1999 y T-069 de 2012.

(7) Este inciso fue declarado exequible por este tribunal en la Sentencia C-393 de 2002.

(8) La excepción prevista en el inciso segundo del artículo 51 del Código Penal es la relacionada con las “penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política”. Y, según lo dispuesto en el inciso del artículo de la Constitución al que la ley se remite, se dispone que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

(9) Ver folios 407 y 408.

(10) Ver folios 411 al 431.