SENTENCIA C-827 DE OCTUBRE 4 DE 2006

 

Sentencia C-827 de octubre 4 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-827 de 2006 

Ref.: Expediente D-6256

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 229, literal b), 247 (parcial), 251 literal b) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo

Demandantes: Yina Andrea Sánchez Orozco y otras

Bogotá, D.C., cuatro de octubre de dos mil seis

EXTRACTOS: «II. Disposiciones demandadas

A continuación se transcribe la integridad de las disposiciones acusadas del Código Sustantivo del Trabajo.

Trabajo ocasional

ART. 6º—Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración, y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del patrono.

CAPÍTULO III

Auxilio monetario por enfermedad no profesional

(…).

ART. 229.—Excepciones. Las normas de este capítulo no se aplican:

a) A la industria puramente familiar;

b) A los trabajadores accidentales o transitorios;

c) A los artesanos que, trabajando personalmente en su establecimiento, no ocupen más de cinco (5) trabajadores permanentes extraños a su familia, y

d) A los criados domésticos, los cuales tienen derecho a la asistencia médica y farmacéutica corriente en caso de cualquier enfermedad.

CAPÍTULO VI

Gastos de entierro del trabajador

(…).

ART. 247.—Regla general. Todo patrono está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios.

CAPÍTULO VII

Auxilio de cesantía

(…).

ART. 251.—Excepciones a la regla general. El artículo 249 no se aplica:

a) A la industria puramente familiar;

b) A los trabajadores accidentales o transitorios, y

c) A los artesanos que, trabajando personalmente en su establecimiento, no ocupen más de cinco (5) trabajadores permanentes extraños a su familia.

CAPÍTULO V

Seguro de vida colectivo obligatorio

(…).

ART. 289.—Modificado. Ley 11 de 1984, artículo 12. Empresas obligadas. Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, y cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca.

(…).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la Carta.

2. Problemas jurídicos planteados a la Corte Constitucional.

La ciudadana Yina Andrea Sánchez Orozco considera que las expresiones “a los trabajadores accidentales o transitorios”, del literal b) del artículo 229 del CST; “Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios”, del artículo 247 del CST; “a los trabajadores accidentales o transitorios”, del literal b) del artículo 251 del CST; y “excepto de los ocasionales o transitorios”, del artículo 289 del CST, vulneran los artículos 1º, 13, 25, 48 y 53 constitucionales.

Argumenta la demandante que las disposiciones legales mediante las cuales se excluye a los trabajadores accidentales o transitorios del auxilio monetario por enfermedad no profesional, del pago de gastos de entierro, del auxilio de cesantía, así como del seguro de vida colectivo obligatorio, viola el derecho a la igualdad, en la medida en que el legislador establece un trato discriminatorio en relación con los demás trabajadores; lesiona el derecho a la seguridad social por cuanto se deja desprotegido a ese grupo poblacional; vulnera el derecho al trabajo, ya que si bien esta clase de trabajadores realizan actividades de carácter no permanente, también lo es que son titulares de unos derechos mínimos irrenunciables. Aunado a lo anterior, en relación con el auxilio de cesantía, alega que además se presenta una desprotección de los trabajadores más pobres, colocando en peligro su subsistencia y la de sus familias, disposiciones legales que, a su juicio, vulneran el artículo 53 superior, que consagra derechos laborales irrenunciables.

La mayoría de los intervinientes coinciden en señalar que las expresiones legales demandadas se encuentran actualmente derogadas, debido a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, normatividad que ampara a toda clase de trabajadores. Otros sostienen que, de no entenderse derogados los segmentos normativos acusados, de todas formas no se presenta vulneración alguna a la Constitución, dado que las exclusiones operadas en relación con los trabajadores ocasionales o transitorios, se fundamentan en las notorias diferencias fácticas existentes entre esa variedad de trabajadores y los permanentes.

El Ministerio Público, por su parte, comparte la posición de los intervinientes en el sentido de que se trata de normas legales derogadas, salvo lo referente al auxilio de cesantía. Sobre el particular, a juicio de la vista fiscal, no se presenta violación alguna del derecho a la igualdad por cuanto no resultan comparables los trabajadores accidentales o transitorios con los permanentes, por cuanto desempañan labores completamente distintas, es decir, no existen parámetros para ejercer comparación alguna.

En este orden de ideas, le corresponde a la Corte examinar (i) si procede adelantar un examen de fondo, dada la derogatoria de las expresiones acusadas; y (ii) si se presenta el fenómeno de la cosa juzgada en relación con el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo, de conformidad con lo decidido en Sentencia C-823 de 2006.

3. Las expresiones acusadas se encuentran actualmente derogadas.

La Corte considera que las expresiones legales acusadas de los artículos 229, 247 y 289 del Código Sustantivo del Trabajo se encuentran derogadas, actualmente no están produciendo efecto jurídico alguno en el ordenamiento jurídico colombiano, y por ende, procede en este caso un fallo inhibitorio por carencia actual de objeto. Al respecto, es necesario tener en cuenta que la Corte en Sentencia C-1004 de 2005 consideró que el literal b) del artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo, referente a la exclusión de los trabajadores ocasionales o transitorios de la protección frente a los riesgos ocasionados por accidente de trabajo o enfermedad profesional, no sólo se encontraba derogada por la Ley 100 de 1993, sino que igualmente no se encontraba produciendo efecto jurídico algunos, motivo por el cual esta corporación decidió declararse inhibida para pronunciarse de fondo, por carencia actual de objeto. En otras palabras, la Corte ya consideró que una de exclusiones de los trabajadores ocasionales o transitorios de la protección acordada por el sistema de seguridad social integral se encontraba derogada por efectos de la Ley 100 de 1993. Otro tanto sucede con las disposiciones acusadas en la presente oportunidad.

En efecto, en el caso concreto es necesario partir del artículo 48 constitucional, el cual dispone que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. De igual manera, se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

Con fundamento en el anterior mandato constitucional fue expedida la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el sistema de seguridad social integral, el cual se funda en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. En términos de la mencionada ley, el sistema de seguridad social integral está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud y riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en aquella.

Ahora bien, mediante el artículo 139, numeral 11 de la Ley 100 de 1993 el Congreso de la República otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para “dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”.

En ejercicio de dichas facultades el Presidente de la República expidió el decreto ley 1295 de 1994, “por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales”. Dicha normativa contiene las disposiciones generales y las relativas a riesgos profesionales, afiliación y cotizaciones al sistema, clasificación, prestaciones, servicios de prevención, prevención y promoción de riesgos profesionales, dirección del sistema, administración del sistema, fondo de riesgos profesionales y sanciones. Dicho sistema se estructura a partir de la existencia de un riesgo creado por el empleador. En efecto, en esta materia, el legislador acoge la teoría según la cual no es necesario tomar en consideración la culpa del empleador sino que se establece un régimen de responsabilidad objetiva en virtud del cual por cuya se deben reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el empleador obtiene un beneficio económico.

Ahora bien, con el propósito de proteger a los trabajadores que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el legislador impuso a los empleadores el deber de trasladar tales riesgos profesionales a unas entidades especializadas, las ARP, mediando la correspondiente cotización, estableciendo asimismo las prestaciones asistenciales y económicas (subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario) a que tiene derecho el trabajador cuando quiera que sobrevengan tales contingencias. En tal sentido, el artículo 4º del Decreto-Ley 1295 de 1994 dispone que “la afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores” y que en consecuencia, “el empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema general de riesgos profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto”, e igualmente prescribe que “los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones previstas en el presente decreto”, es decir, el legislador no realiza distinción alguna entre los trabajadores que deben ser afiliados en materia de riesgos profesionales; tampoco excluye como beneficiarios de las prestaciones asistenciales y económicas a los trabajadores temporales, accidentales o transitorios.

3.1. Auxilio monetario por enfermedad no profesional.

La Corte encuentra que la expresión “a los trabajadores accidentales o transitorios” del artículo 229 del Código Sustantivo del Trabajo referente a las excepciones al pago del auxilio monetario por enfermedad no profesional fue derogada tácitamente por la Ley 100 de 1993.

En efecto, inicialmente la mencionada prestación, conforme al artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo consistía en el pago de un auxilio monetario hasta por 180 días, de la siguiente manera: las dos terceras partes del salario durante los primeros noventa días y la mitad del salario por el tiempo restante, en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, “ocasionada por enfermedad no profesional”.

De igual manera, es preciso tomar en consideración que, en los términos del artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo, esta clase de prestaciones “dejarán de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo de ellas sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”. Posteriormente, con la expedición del Decreto 770 de 1975 surgió la subrogación del riesgo patronal de enfermedad general en cabeza del ISS para el asegurado, sin que se presentara distinción alguna en virtud de la actividad desarrollada o la clase de contrato laboral suscrito.

Ya durante la vigencia de la actual Constitución, la Ley 100 de 1993 dispone que deberán estar afiliados al régimen contributivo “las personas vinculadas a través de contrato de trabajo”, sin establecer tampoco distinción alguna entre la modalidad de vinculación o la naturaleza de la actividad realizada. Como desarrollo de dicha disposición, el decreto 806 de 1998, mediante el cual se reglamenta la afiliación al régimen de seguridad social y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de seguridad social en salud, dispone en su artículo 28 lo siguiente:

“ART. 28.—Beneficios de los afiliados al régimen contributivo. El régimen contributivo garantiza a sus afiliados cotizantes los siguientes beneficios:

(...).

b) El subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal derivada por enfermedad o accidente ocasionados por cualquier causa de origen no profesional.

Así las cosas, en términos del sistema de seguridad social en salud resulta indiferente el término de duración de la actividad contratada para efectos de establecer si existe la obligación de surtir la afiliación, y por ende, se entiende derogada la exclusión de los trabajadores transitorios o accidentales del pago del auxilio monetario por enfermedad no profesional.

En este orden de ideas, la Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo en relación con la expresión “a los trabajadores accidentales o transitorios” del artículo 229 del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

3.2. Gastos de entierro del trabajador.

En lo que concierne a la expresión “Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios” del artículo 247 del Código Sustantivo del Trabajo, referente a los gastos de entierro del trabajador, la Corte considera que no existe duda alguna respecto a que aquélla se encuentra derogada. En efecto, como coinciden en afirmar los intervinientes, la Ley 100 de 1993 establece con carácter obligatorio para los empleadores la afiliación de sus trabajadores a los tres subsistemas que conforman el sistema de seguridad social integral, sin exclusión alguna en razón de la actividad o término de duración del vínculo laboral: empero, es necesario destacar que ya no es el empleador el obligado a sufragar los gastos de entierro por la muerte del trabajador sino que el sistema pensional contempla el pago de esa prestación adicional en los siguientes términos:

ART. 51.—Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.

Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban estar cubiertos por una póliza de seguros, el Instituto Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del sector público podrán repetir contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, por las sumas que se paguen por este concepto.

De igual manera, el artículo 54 del Decreto-Ley 1295 de 1994 establece la prestación económica del auxilio funerario en materia de riesgos profesionales, en los siguientes términos:

“ART. 54.—Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado por invalidez del sistema general de riesgos profesionales, tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual al determinado en el artículo 86 de la Ley 100 de 1993.

El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales. En ningún caso puede haber doble pago de este auxilio”.

En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 247 del Código Sustantivo del Trabajo no fue expresamente derogado por la Ley 100 de 1993 ni por el Decreto 1295 de 1994, también lo es que no cabe duda alguna que la materia regula por aquél fue objeto de una nueva regulación posterior, la cual no establece distinción alguna entre los trabajadores que deben ser afiliados al sistema de seguridad social integral, ni tampoco adelanta exclusiones en lo atinente al pago del auxilio funerario por la clase de actividad desarrollada o el término de la misma.

Así las cosas, la Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo en relación con la expresión “Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios” del artículo 247 del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

3.3. Seguro de vida colectivo obligatorio.

En lo que concierne al segmento normativo “excepto de los ocasionales o transitorios” del artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, referente al seguro de vida colectivo obligatorio, la Corte considera igualmente que aquél se encuentra derogado, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En efecto, el seguro de vida colectivo a que se refiere el artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo fue asumido por el Instituto de Seguros Sociales en virtud de la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 10 dispone:

“ART. 10.—Objeto del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente Ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones” (resaltado agregado).

En tal sentido, la Corte entiende que en la actualidad el seguro de vida colectivo fue sustituido por la pensión de sobrevivientes o la respectiva indemnización sustitutiva consagradas en el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, las cuales deben ser canceladas a los familiares beneficiarios del trabajador o a su cónyuge, por parte del Fondo de Pensiones al cual se encuentre afiliado, tal y como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia (1) . En otras palabras, si bien es cierto que la Ley 100 de 1993 no derogó expresamente el artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, no cabe duda alguna de que el nuevo sistema de seguridad social integral reguló por completo la materia, presentándose el fenómeno de la derogatoria tácita.

En este orden de ideas, la Corte se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “excepto de los ocasionales o transitorios”, del artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

En suma, esta corporación estima que las disposiciones legales acusadas por las demandantes no se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, debido a la operación del fenómeno de la derogatoria tácita, en razón de la expedición de la Ley 100 de 1993, normatividad que impone a todo empleador la obligación de afiliar al sistema de seguridad social integral a todo trabajador, sin hacer distinción alguna en razón del tiempo laborado, es decir, incluyendo a los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios, es decir, se está ante un caso de carencia actual de objeto, motivo por el cual procede un fallo inhibitorio.

4. Operancia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

La cosa juzgada constitucional, en términos generales, hace referencia a los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, su carácter inmutable y a la imposibilidad de presentar recursos en contra de las decisiones en ellas consagradas. De allí que, el efecto general de la cosa juzgada constitucional se traduce en la imposibilidad jurídica de reabrir el juicio de constitucionalidad sobre la norma que ya ha sido objeto de examen por la Corte.

Así pues, en caso en que una norma haya sido declarada inexequible por su contenido material, se da estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 constitucional; por tal razón no es procedente un nuevo pronunciamiento sobre aquella disposición cuya inconstitucionalidad quedó constatada.

En el caso concreto, la Corte en Sentencia C-823 de 2006 decidió declarar inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, la disposición según la cual los trabajadores accidentales o transitorios no tenían derecho a recibir auxilio de cesantía. De allí que lo procedente en el presente caso sea decidir estarse a lo resuelto en el mencionado fallo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

1. Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

2. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-823 de 2006, mediante la cual se declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 16 de mayo de 2002. En palabras de la Corte “Desde la expedición de las normas que en los albores de la seguridad social en nuestro país implementaron las bases de un sistema moderno, se estableció con claridad la naturaleza eminentemente transitoria de las obligaciones prestacionales radicadas en cabeza de los empleadores, las que, por tal virtud, quedaron sometidas a una condición resolutoria que se cumpliría en el momento en que el seguro social asumiera el riesgo cubierto por esas prestaciones que, de manera paulatina, fueron quedando a cargo de esa entidad de seguridad social, en los términos que fijaron sus respectivos reglamentos. Esa situación de transitoriedad de las que se denominaron prestaciones patronales, fue confirmada por el Código Sustantivo del Trabajo, que de manera clara estableció en sus artículos 193 y 259 que, tanto las prestaciones comunes, como las especiales consagradas en ese estatuto, dejarían de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo de ellas fuera asumido por el, a la sazón, Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Esa particular condición de nuestro sistema de seguridad social desde luego se reflejó en la regulación de la prestación social de naturaleza especial denominada seguro colectivo de vida obligatorio, cuyo pago se reclama en el presente proceso, que, en los precisos términos del artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 12 de la Ley 11 de 1984, se encuentra establecido para “cubrir el riesgo de muerte sea cualquiera la causa que la produzca”, como quiera que en el artículo 292 de ese estatuto, modificado por el 13 de la Ley 11 de 1984, se determinó que “los patronos obligados al pago de seguro de vida de sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, mientras el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asume este riesgo, pagarán por este concepto a los beneficiarios del asegurado…”. Por lo tanto, no cabe la menor duda que en la medida en que el seguro social en cada caso específico asumió el riesgo por muerte, desapareció para el patrono la obligación de tener a su cargo el seguro colectivo de vida obligatorio, como puede verificarse en el decurso legislativo en los artículos 72-73 de la Ley 90 de 1946, artículos 5º, 21, 22, 24 del Acuerdo 223 de 1966 (aprobado por el D. 3041/66), artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983 (aprobado por el D. 232/84), artículo 1º del Decreto-Ley 1935 de 1973, Acuerdo 044 de 1989 (aprobado por D. 3063/89) y artículos 1º y 27 del Decreto 3170 de 1964 aprobatorio del Acuerdo 155 de 1963. Y, como lo ha precisado esta corporación, una de las formas que estableció ese instituto en sus reglamentos para cubrir el riesgo de la muerte, fue a través de la consagración de las pensiones de sobrevivientes. Ante la situación de transitoriedad de las prestaciones especiales consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo y la vocación de ser subrogado por el sistema de seguridad social, el riesgo que ellas cubren no desapareció con la expedición de la Ley 100 de 1993, sino que, por el contrario, se hizo aún más evidente, como surge, entre otras disposiciones, de su preámbulo y de los artículos 1º, 5º, 6º y 7º, de los que se desprende la vocación integradora del nuevo sistema de seguridad social como conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, para proporcionar una cobertura completa de las contingencias económicas y de salud. Del texto de esas disposiciones surge, en consecuencia, que el legislador al dictar la Ley 100 de 1993 le dio un vuelco radical a todo el régimen vigente y por razón de la reglamentación tan detallada y exhaustiva que hizo de la materia, se impone concluir que reguló íntegramente lo referente a las prestaciones establecidas para cubrir las contingencias y riesgos por ella reglamentados, y dentro de estas, las referentes a la muerte de un trabajador. En efecto, en lo que concierne con el riesgo de muerte, el artículo 10 de la citada ley es claro al señalar que “ el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se reconocen en la presente ley…”. Lo anterior quiere decir que, de conformidad con el artículo 11 de tal ley, según el cual el sistema general de pensiones se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, el 13 que establece que la afiliación al sistema es obligatoria y el 15 que precisa que las personas vinculadas mediante contrato de trabajo son afiliadas obligatorias, fuerza concluir que las prestaciones que surgen por la muerte de un trabajador acaecida en vigencia del nuevo sistema pensional de la Ley 100 de 1993, se entienden gobernadas en lo dispuesto por ella y no por las normas anteriores que, por lo tanto, en cuanto regulaban la misma materia, perdieron su vigencia. Y toda vez que, como quedó dicho, el seguro colectivo de vida obligatorio cubre la prestación por muerte, en principio, el caso del fallecimiento de un trabajador afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, en cualquiera de los dos regímenes, sucedido con posterioridad a su vigencia, determinada por el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, es esta la normatividad que debe aplicarse, y tratándose de un afiliado al régimen de prima media con prestación definida al instituto de seguros sociales, como lo fue el hijo de los demandantes, lo serán los preceptos vigentes de la seguridad social, que regulan la pensión de sobrevivientes, prestación que, sin duda, atiende el riesgo de muerte. Y a esa conclusión se llega a pesar de que efectivamente, como lo indica la réplica, la Ley 100 de 1993 no derogó expresamente el artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, basado en el cual el Tribunal impuso la condena al reconocimiento y pago del seguro colectivo de vida obligatorio, pues, como con acierto lo destaca la acusación, y como ya se explicó, esa prestación ha sido sustituida por la pensión de sobrevivientes regulada por la seguridad social (resaltado agregado).

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