Sentencia C-845 de octubre 27 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

SENTENCIA C-845 DE 1999 

Magistrado ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz.

Ref.: Expediente D-2330

Acción pública de inconstitucionalidad en contra del Decreto-Ley 110 del 13 de enero de 1999 “por el cual se reestructura un consejo superior”.

Actora: Faride Alexandra García Ramírez

Temas:

— Reestructuración del consejo superior en virtud de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 489 de 1998 y denominación como Consejo Superior de la Carrera Notarial.

— Composición y funciones.

Santafé de Bogotá, D.C., octubre veintisiete de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «II. El texto de la norma acusada

Se transcribe a continuación el texto del Decreto-Ley 110 de 1999, de acuerdo a su publicación en el Diario Oficial 43478 del lunes 18 de enero de 1999.

“DECRETO-LEY 110 DE 1999

“Por el cual se reestructura un consejo superior”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los numerales 11 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y por el numeral 1º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 estableció que el consejo superior de la administración de justicia es el ente encargado de administrar la carrera notarial y los concursos;

Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU-250 de 1998 y C-741 de 1998 estableció que el consejo superior de la administración de justicia no ha sido suprimido por la Constitución Política ni alguna otra norma y por lo tanto se encuentra vigente;

Que la honorable Corte ordena en la sentencia C-741 de 1998 que mientras el legislador no regule la materia de manera distinta, la entidad encarga de administrar los concursos y la carrera notarial se denominará “consejo superior”;

Que el artículo 120 de la Ley 489 del 24 de diciembre de 1998 reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para que en el término de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de dicha ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, esto es, consejos superiores, comisiones de regulación, juntas y comités, además de otras entidades; con el propósito de racionalizar el aparato estatal, garantizar la eficiencia y la eficacia de la función administrativa y la reducción del gasto público.

ART. 1º—Denominación. El consejo superior de la administración de justicia se denominará en adelante, consejo superior de la carrera notarial.

Son funciones del consejo superior de la carera notarial.

a) Administrar la carrera notarial, y

b) Administrar los concursos de ingreso a la carrera notarial.

ART. 2º—Composición. El consejo superior de la carrera notarial estará integrado de la siguiente manera:

El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado, quien lo presidirá.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Dos representantes del Presidente de la República.

El secretario jurídico de la Presidencia de la República.

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales.

PAR. 1º—Los representantes del Presidente de la República y de los notarios en el consejo superior de la carrera notarial serán designados para períodos de dos años.

PAR. 2º—El Superintendente de Notariado y Registro asistirá con voz al consejo superior de la carrera notarial. La secretaría técnica del consejo superior de la carrera notarial será ejercida por el superintendente delegado para el notariado.

PAR. TRANS.—Los notarios designados de acuerdo con el parágrafo transitorio del artículo 3º del Decreto 2458 de 1998, se entienden elegidos para el consejo superior de la carrera notarial de que trata el presente decreto.

ART. 3º—Funcionamiento. El consejo superior de la carrera notarial se reunirá cada vez que fuere convocado por su presidente y por derecho propio al menos en dos oportunidades cada año.

ART. 4º—Vigencia. El presente decreto con fuerza de ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el artículo 1º del Decreto 2458 de 1998.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de enero de 1999”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. La competencia

En atención a que lo acusado es un decreto ley expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias que el Congreso confirió al Presidente de la República por virtud del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.5 de la Constitución Política.

2. La inexequibilidad del Decreto 110 de 1999, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 120 de la Ley 489 de 1998.

No hay duda acerca de que el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 fue el que sirvió de fuente de validez a la expedición del decreto que en esta ocasión ocupa la atención de la Corte, pues, como quedó reseñado en acápite precedente, el propio gobierno así lo hizo constar y le pidió a la corporación declararlo, al considerarla competente para examinar su constitucionalidad, en el escrito conjunto que presentaron el para entonces Ministro de Justicia y el señor secretario jurídico del departamento administrativo de la Presidencia de la República, en defensa de su constitucionalidad.

El gobierno expuso su posición en términos concluyentes en el escrito mencionado, según puede inferirse del siguiente aparte:

“El Decreto 110 de 1999 contiene un yerro jurídico, que sin embargo no permite que se le descalifique o se le endilgue inconstitucionalidad. Si se revisa detenidamente el decreto, encontramos que al hacer mención de las facultades que el Presidente de la República tuvo en cuenta para expedirlo, se observa que el decreto supuestamente está sustentado en los numerales 11 (potestad reglamentaria) y 16 (modificación de la estructura interna de las entidades y organismos del nivel central, con sujeción a las reglas y principios que establezca la ley) del artículo 189, y el numeral 1º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que le otorgó facultades extraordinarias.

Sin embargo, en los considerandos del mismo decreto, se establece con claridad que para su expedición se hizo uso de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República en virtud del artículo 120 de la Ley 489 de 1998. Y no de otra forma se hubiese podido dictar el acto, por cuanto la naturaleza jurídica del ya hoy reestructurado Consejo Superior de Administración de Justicia obligada a que por ley fuese creado o modificado.

En efecto, el Consejo Superior de Administración de Justicia, fue creado por el artículo 4º del Decreto 1698 de 1964 (decreto extraordinario con fuerza de ley), como un organismo constitutivo del gobierno, al que posteriormente y con una composición diferente —para esos eventos— también se encargó de la función de administrar la carrera notarial y los concursos para acceder a ella.

Y al ser un organismo consultivo —de aquéllos que la Ley 489 de 1998 en el parágrafo 2º del artículo 38 establece son de creación legal— su modificación implicaba la expedición de un acto del legislador, en este caso extraordinario, máxime cuando la sentencia C-741 del dos de diciembre de 1998, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, indicó que sólo hasta cuando el legislador lo indicara, el Consejo Superior de la Administración de Justicia se denominaría Consejo Superior, por la declaración de inexequibilidad de la expresión “de la administración de justicia”.

Se concluye en este punto, que es la Corte Constitucional el organismo judicial competente para conocer de la demandas que promuevan las personas contra este decreto, por cuanto corresponde a aquellos que son expedidos con base en facultades extraordinarias concedidas en virtud del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución.

Sin embargo, el error jurídico mencionado no puede permanecer en el acto, toda vez que genera inseguridad jurídica y problemas de interpretación respecto de la naturaleza jurídica del decreto, por lo que, se solicita a la honorable Corte Constitucional, que en uso de sus atribuciones, declare la inexequibilidad de la expresión “...por los numerales 11 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y...” en la medida en que la mención de estas facultades no se aviene a los postulados constitucionales en cuanto a la naturaleza de los actos de creación, modificación o reestructuración de entes públicos, ni mucho menos de aquellos relacionados con las facultades extraordinarias”.

De otra parte, conviene recordar que esta corporación, mediante sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999, con ponencia de quien también presenta esta providencia, declaró inexequible el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, desde la fecha de promulgación de la misma, la cual se cumplió con su publicación en el Diario Oficial 43.458 del 29 de diciembre de 1998.

Síguese de lo anterior que, por obvias razones de unidad normativa, el Decreto 110 de 1999 es también inexequible, como quiera que fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que esta Corte declaró inconstitucionales a partir del acto mismo de su concesión, precisamente por estimar que al haber sido otorgadas en forma viciada, nunca nacieron a la vida jurídica.

Es, pues, del caso, reiterar las razones que sustentaron la declaratoria de inexequibilidad del artículo 120 a partir de la fecha de promulgación de la Ley 489 de 1998:

“... la Corte encuentra que para que el Congreso pueda desprenderse legítimamente de la facultad de legislar y conceder, para el efecto, facultades extraordinarias al ejecutivo, ha de hacerlo con estricto sometimiento a los requisitos esenciales que exige la Constitución Política en el artículo 157 y, por tanto, en este caso las facultades no fueron legítimamente concedidas nunca.

Al adoptar esta decisión, la Corte Constitucional se inspira además, en el carácter restrictivo que debe guiar la interpretación constitucional en materia de facultades extraordinarias al gobierno y, en el entendido de que al declararse la inexequibilidad, en este caso desaparece la norma de ordenamiento jurídico desde el momento mismo de su promulgación y, por tanto, no puede producir efecto alguno.

(...)”.

Así, pues, corresponderá en esta oportunidad, proferir pronunciamiento de inexequibilidad en relación con el Decreto 110 de 1999, no sin antes señalar que la práctica de invocar diversas fuentes formales y materiales para sustentar la expedición del decreto, evidencia falencias de técnica jurídica, que inciden en la efectividad de su control de constitucionalidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

A partir de la fecha de su promulgación, declarar inexequible el Decreto 110 del 13 de enero de 1999, que el Presidente de la República expidió en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, declaradas inexequibles por la Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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