Sentencia C-85 de febrero 13 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-85 DE 2002

Ref.: Expediente D-3670

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Actor: Omar Cabrera Polanco

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 6º de la Ley 116 de 1928, “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en leyes, como la objeto de esta acción.

2. Aclaración previa.

La Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, en el artículo 15, se ocupó de regular lo concerniente al personal docente nacional y nacionalizado, en materia de pensiones. Por ello, puede decirse que el artículo 6º acusado está derogado. Sin embargo, en el mencionado artículo 15, numeral 2º, la Ley 91 distinguió dos situaciones en relación con los docentes, una, para los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y, otra, para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, teniendo en consideración, para los primeros, la naturaleza del vínculo, según lo dispuesto en las leyes 114 de 1913, 116 de 192(sic), 37 de 1937, entre otras.

La fijación por el legislador de estas dos fechas: 31 de diciembre de 1980 y 1º de enero de 1981, como punto de referencia para establecer en el tiempo quiénes conservan el derecho a la pensión de gracia y quiénes en el futuro no lo tienen, fue declarada exequible por la Corte en sentencias C-489 de 2000 y C-84 de 1999, respectivamente.

En consecuencia, no obstante la expedición de la Ley 91 de 1989, el artículo acusado puede continuar produciendo efectos jurídicos respecto de los docentes nacionalizados, es decir, los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales, por lo que la Corte procederá a decidir de fondo sobre su exequibilidad.

3. Lo que se debate.

Según el demandante, el legislador al establecer la denominada pensión de gracia a los profesores y empleados de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública oficiales del orden territorial, dejó por fuera a los profesores y empleados de los mismos establecimientos del orden nacional, lo que viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, dado que la diferencia que hace el legislador carece de justificación, puesto que sólo tuvo en cuenta la clase del vínculo laboral: territorial o nacional, no obstante que la labor que desempeñan tales docentes es la misma.

Aunque parecería, a primera vista, que el artículo acusado consagrara, en efecto, un privilegio injustificado a favor de sólo un sector de personal vinculado a la docencia oficial, el tema planteado únicamente puede resolverse, tal como lo manifestaron los intervinientes en este proceso y el señor procurador, ubicándolo dentro del marco histórico que dio origen a la disposición acusada. Marco histórico que la Corte ha expuesto en algunas sentencias en las que, como en el presente caso, se han debatido las razones por las que el legislador limitó el derecho a acceder a la pensión de gracia, desde dos aspectos: uno, atendiendo el origen de la vinculación de los docentes: si es territorial o nacional; y, otro, las fechas que el legislador estableció, en la Ley 91 de 1989, para tener derecho o no a esta pensión, a saber: docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 y los vinculados a partir del 1º de enero de 1981. Estas providencias son: C-954 y C-489, ambas de 2000; C-915 y 84, ambas de 1999; y, C-479 de 1998.

4. Ubicación histórica del artículo 6º de la Ley 116 de 1928. Referencia necesaria.

4.1. Aun cuando la exequibilidad o inexequibilidad de una norma legal, no puede juzgarse conforme a la legislación posterior sobre la materia, en este caso se hace indispensable tener en cuenta el contenido legislativo del artículo 6º de la Ley 116 de 1928 en el marco de la situación histórico-legislativo en que fue expedida.

Hay que mencionar, en primer lugar, que la Ley 39 de 1903, “sobre instrucción pública”, estableció que la enseñanza primaria se costearía con fondos de los departamentos y la secundaria, con fondos de la Nación. Sólo con la expedición de la Ley 43 de 1975, se dispuso que la educación primaria y secundaria estarían a cargo de la Nación, y con la Ley 91 de 1989, se reguló lo concerniente a las prestaciones sociales del magisterio.

En lo relativo a la pensión de gracia, pensión que es a la que se refiere el artículo 6º acusado, dado que extendió el derecho a percibirla a otros docentes distintos a los mencionados en la Ley 114 de 1913, la Corte, en la Sentencia C-479 de 1998, analizó las causas que la originaron, al examinar la constitucionalidad de uno de los requisitos para acceder a ella, pues, la acusación, en aquella ocasión, consistía en que había una diferencia injustificada para su reconocimiento entre los educadores oficiales de primaria y los de secundaria. La Corte, entonces, se remontó a las razones históricas que explicaron su establecimiento, y señaló que la pensión de gracia se concibió como una compensación o retribución a favor de los maestros de primaria del sector oficial, cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de los entes territoriales, en cuantía mucho menor que la que recibían los docentes de la secundaria, vinculados a la Nación. En esta providencia, también se mencionó que el artículo 6º de la Ley 116 de 1928, ahora acusado, constituyó una ampliación al número de educadores con derecho a acceder a la misma. En lo pertinente, la providencia dijo lo siguiente:

“Esta pensión fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial, que percibían una baja remuneración y, por consiguiente, tenían un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyas prestaciones estaban a cargo de la Nación. En efecto: en la Ley 39 de 1903, que rigió la educación durante la mayor parte de este siglo, se estableció que la educación pública primaria estaría a cargo de los departamentos o municipios, y la secundaria de la Nación. En relación con la primera, la competencia de los entes territoriales era amplia pues, además de fijar los programas educativos debían atender con sus propios recursos el pago de los salarios y prestaciones de los empleados de este sector. Si bien en principio, tales atribuciones respondían a un ánimo claro de descentralización administrativa, en la práctica, y en especial para los maestros del orden territorial, tal sistema adolecía de múltiples fallas, pues los departamentos y municipios mostraron una progresiva debilidad financiera, que se reflejó, entre otras cosas, en los bajos salarios que percibían los docentes de ese nivel. El legislador, entonces, consciente de la situación desfavorable de los educadores de primaria oficiales, decidió crear en su favor la mencionada pensión de gracia, para reparar de algún modo la diferenciación existente entre los citados servidores públicos.

No obstante esta finalidad, la presión de algunos movimientos de trabajadores del Estado obligaron a la Nación a ampliar dicho beneficio a todos los docentes del sector oficial, como una forma de reconocer la importante labor que cumplían. Se expidieron entonces, las leyes 116 de 1928 “por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927” y la Ley 37 de 1933 “por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados”. La primera dispuso en el artículo 6º que “los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan”; y la segunda, en el artículo 3º, hizo extensiva la pensión de gracia “a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.

Así, pues, tanto los maestros de primaria como los de secundaria del sector oficial, podían acceder a la pensión de gracia, claro está, siempre y cuando reunieran los requisitos exigidos por la ley” (Sent. C-479 de 1998, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz) (se resalta).

Obsérvese, entonces, que cuando el legislador estableció la ampliación del derecho a acceder a la pensión de gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública, de que trata el artículo 6º acusado, lo que hizo fue poner en igualdad de condiciones a quienes tenían su vinculación por los entes territoriales y la Nación, a saber, los maestros oficiales de primaria y los docentes oficiales de secundaria, respectivamente, según disponía la Ley 39 de 1903, y por eso la Corte dijo, en lo resaltado de la sentencia transcrita que: “... tanto los maestros de primaria como los de secundaria del sector oficial, podían acceder a la pensión de gracia, claro está, siempre y cuando reunieran los requisitos exigidos por la ley”.

4.2. Como se puede apreciar a simple vista, con el establecimiento de la pensión de gracia y la extensión del derecho que hizo el artículo acusado a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, el legislador adoptó la decisión contenida en el artículo 6º de la Ley 116 de 1928, en virtud de que los salarios y prestaciones sociales de los docentes oficiales a cargo de las entidades territoriales eran, por razones presupuestales, inferiores en su cuantía a los que devengaban los vinculados directamente por la Nación. Por ello, con la norma objeto de la acusación, simplemente se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales e inspectores de instrucción pública una norma inicialmente prevista para los docentes oficiales de las escuelas primarias.

4.3. Como se ve, los docentes oficiales en el país pertenecían a dos esferas administrativas diferentes: unos, vinculados por su nombramiento a las entidades territoriales y, otros, directamente nombrados por la Nación para la prestación del servicio. Se trata entonces de dos universos diferentes, lo que trajo como consecuencia remuneraciones distintas y, en materia de pensión, resultaba, en consecuencia, que los docentes oficiales del orden territorial, en principio, no tenían derecho a pensión por parte de la Nación, al paso que los vinculados a ésta sí tenían derecho a ella. Por eso, no resulta inexequible que el legislador haya instituido para los primeros la denominada pensión de gracia a cargo de la Nación, bajo el requisito de que no tuvieran ninguna otra a cargo del Tesoro Nacional, lo cual en nada vulnera el derecho de los docentes a cargo de la Nación a que se les reconociera y pagara luego su respectiva pensión por su empleador, es decir, la Nación, previo el cumplimiento de los requisitos legales para el efecto.

Siendo ello así, si las situaciones de unos y otros son, por las razones expuestas, ostensiblemente distintas, no puede, entonces afirmarse que se viola el principio de igualdad (art. 13 de la Constitución), y por ello, no asiste la razón al ciudadano demandante.

En consecuencia, se declarará exequible el artículo 6º de la Ley 116 de 1928.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º de la Ley 116 de 1928 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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