Sentencia C-085 de marzo 18 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1747

Actor: Hidelbrando Ortiz Lozano

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 273 de 1996, “por la cual se modifica el reglamento del Congreso en cuanto al juzgamiento de altos funcionarios”.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo dieciocho de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

II. La ley acusada

A continuación se transcribe el texto completo de la Ley 273 de 1996, objeto de la demanda, subrayando las disposiciones acusadas.

“LEY 273 DE 1996

(Marzo 22)

“Por la cual se modifica el reglamento del Congreso en cuanto al juzgamiento de altos funcionarios”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—Agréguese al artículo 331 de la Ley 5ª de 1992 el siguiente inciso:

El presidente de la comisión de acusación e investigación, dentro de los dos (2) días siguientes, repartirá la denuncia o queja, entre los representantes que integren la comisión, pudiendo designar hasta tres (3) representantes investigadores para un asunto determinado. En tal caso designará a uno de ellos coordinador. El representante investigador o representantes investigadores, dentro de los dos (2) días siguientes, citarán al denunciante o quejoso para que se ratifique bajo juramento”.

ART. 2º—Adiciónese el artículo 332 de Ley 5ª de 1992 con el siguiente parágrafo:

“PAR.—Cuando la investigación se refiera al Presidente de la República el expediente será público. Las deliberaciones de la comisión de investigación y acusaciones, así como las plenarias de la Cámara serán igualmente públicas.

La ordenación y diligencias de práctica de pruebas seguirán las normas del Código de Procedimiento Penal.

En estas investigaciones no podrán trasladarse testimonios con reserva de identidad. Sin embargo, salvo, en lo referente al Presidente de la República, se mantendrá la reserva sobre las piezas procesales de actuaciones en curso que por solicitud del representante investigador hubieren sido trasladadas al proceso que se sigue ante la Cámara, cuando a juicio del funcionario competente obligado a remitirlas, su publicidad pueda desviar o entorpecer la actuación o el éxito de otra investigación en curso”.

ART. 3º—El artículo 343 de la Ley 5ª de 1992, quedará así:

“ART. 343.—Consecuencia del proyecto de resolución calificatoria. Al día siguiente de la aprobación del proyecto de resolución, el presidente de la comisión, enviará el asunto al presidente de la Cámara, a fin de que la plenaria, de esta corporación, avoque el conocimiento en forma inmediata. La Cámara se reunirá en pleno dentro de los cinco (5) días siguientes para estudiar, modificar y decidir en el término de quince (15) días sobre el proyecto aprobado por la comisión.

Si la Cámara de Representantes aprueba la resolución de preclusión de investigación, se archivará el expediente. Si la improbare, designará una comisión de su seno para que elabore, en el término de cinco (5) días, el proyecto de resolución de acusación”.

ART. 4º—El primer inciso del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, quedará así:

“Iniciación del juicio. Admitida la acusación o revocada por vía de apelación la cesación de procedimiento proferida, por la comisión de instrucción, se inicia el juzgamiento”.

ART. 5º—En todos los procesos que se adelanten ante la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, es obligatoria la presencia del Ministerio Público.

ART. 6º—Los requisitos sustanciales de la resolución de acusación, si a ello hubiere lugar, serán los establecidos en el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal.

ART. 7º—La presente ley rige a partir de su sanción”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. La competencia y el objeto de control

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional es competente para conocer de las acusaciones planteadas contra las disposiciones de la Ley 273 de 1996, por estar ellas contenidas en una ley de la República.

2. La materia de la demanda

El actor presenta los siguientes cargos contra los artículos demandados de la ley que impugna:

El primero, que la ley acusada, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 152 de la C P., al regular aspectos relacionados con la administración de justicia que el constituyente le atribuyó al legislador, debió tramitarse como una ley orgánica y no como una ley ordinaria.

El segundo, que el legislador, desconociendo el mandato del artículo 151 superior, a través de una ley ordinaria modificó y complementó una ley orgánica, la Ley 5ª de 1992, lo que contradice el ordenamiento constitucional dada la superior jerarquía de dicha ley y la exigencia para su aprobación de requisitos que no se cumplieron, pues a la norma acusada se le dio el trámite que le corresponde a las leyes ordinarias.

También señala el demandante que la ley impugnada viola el artículo 158 de la Constitución, al quebrantar el principio de unidad de materia, introduciendo en una ley orgánica, el reglamento del Congreso, normas que corresponden a una ley estatutaria, por desarrollar aspectos relacionados con la administración de justicia.

En su opinión, dichas disposiciones quebrantan también el artículo 29 de la Constitución, pues según él, dicha norma se tramitó y expidió a la mitad de una causa específica que por entonces cursaba en el Congreso, a la cual le fueron aplicadas de manera inmediata sus disposiciones, desconociendo el principio fundamental del debido proceso, que establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.

Por último, el demandante acusa el contenido del artículo 5º de la Ley 273 de 1996, de modificar lo dispuesto en el artículo 278-2 superior, que le atribuye al Procurador la función de intervenir directamente en los procesos disciplinarios adelantados contra funcionarios sometidos a fuero especial, pues en su opinión, cuando la norma impugnada se refiere al Ministerio Público, lo que hace es señalar que tal función la pueden cumplir indistintamente el Procurador o sus delegados, lo que contradice el mandato del constituyente.

3. La Cosa juzgada

El 19 de marzo de 1997, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-148 de 1997(1), a través de la cual falló sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada, entre otros, contra los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 273 de 1996, que son los que se impugnan en la demanda de la referencia.

(1) De dicha sentencia fue ponente el magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.

Los artículos 1º, 2º, 3º fueron demandados por razones de fondo y declarados exequibles por esta corporación a través de la mencionada sentencia; el artículo 4º, que modificó el inciso primero del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, también fue impugnado por razones de fondo y esta corporación lo declaró inexequible en la misma providencia; en cuanto al artículo 5º la demanda fue rechazada a través de auto de 30 de agosto de 1996, dado que en esa oportunidad no se presentaron cargos contra el mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Corte que las disposiciones acusadas ya fueron objeto de examen en esta corporación, salvo el artículo 5º de la ley impugnada cuya demanda en ese entonces fue rechazada, y que por lo tanto sobre los artículos 1º, 2º, 3º y 4º recayó sentencia de mérito proferida por la Sala Plena.

En consecuencia, los efectos de la mencionada providencia en lo referido a los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 273 de 1996, son los de cosa juzgada constitucional, por lo que respecto de los mismos la Corte ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia C-148 de 1997. En cuanto al artículo 5º la Corte analizará y se pronunciará sobre los cargos que contra el mismo presenta el actor.

Es procedente aclarar, en relación con el artículo 1º de la ley impugnada, que si bien en el numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia C-148 de 1997, fueron declaradas exequibles las expresiones “investigadores para un asunto determinado” e “investigador”, el examen de constitucionalidad que efectúo esta corporación para el efecto, recayó sobre la proposición jurídica completa, pues las solas expresiones carecían de sentido por fuera del texto analizado, motivo por el cual respecto de la totalidad del mencionado artículo se produce el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

4. Las disposiciones del artículo 5º de la Ley 273 de 1996, han de interpretarse con estricta sujeción al mandato constitucional consagrado en el numeral 2º del artículo 278 de la Carta Política

Alega el demandante, que lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 273 de 1996, a través del cual el legislador dispuso que en todos los procesos que adelante la comisión de investigaciones y acusaciones de la Cámara de Representantes, es obligatoria la presencia del Ministerio Público, implica una “disimulada” reforma y por lo tanto la vulneración del artículo 278-2 de la Constitución, que establece que le corresponde directamente al Procurador General de la Nación, “emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial”.

En efecto, para el actor la utilización que hizo el legislador en la norma impugnada de la expresión “Ministerio Público”, tuvo por objeto habilitar a los delegados del Procurador General de la Nación, para intervenir y emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los altos funcionarios del Estado a los que se refieren los artículos 174 y 178 de la Carta, lo que contraría flagrantemente el mandato del artículo 278-2 superior, a través del cual el Constituyente quiso radicar esa función, de manera exclusiva e indelegable, en el titular de ese despacho.

Al analizar las disposiciones del capítulo 2º del título X de la Constitución, que desarrollan lo relativo a los organismos de control del Estado, es claro que el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público, artículo 275 C.P.; que dicho funcionario tendrá a su cargo las funciones que se relacionan en el artículo 277 superior, las cuales podrá cumplir por sí o por medio de sus delegados y agentes; y que aquellas a las que se refiere el artículo 278 de la C.P. deberá cumplirlas él directamente.

En esa perspectiva, encuentra la Corte que la disposición impugnada no contraría el ordenamiento superior, siempre y cuando ella se interprete con sujeción estricta a lo dispuesto en el artículo 278-2 de la Carta Política; es decir, que modulará(2) los efectos de su decisión de exequibilidad de dicha norma, señalando que para los casos a los que se refiere el artículo 5º de la Ley 273 de 1996, la representación del Ministerio Público le corresponderá directamente al Procurador General de la Nación.

(2) “....la Constitución no ha establecido que la Corte esté atrapada en el dilema de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte compete “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes” (C.P., 241 ord. 4º). Por consiguiente, al decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución... Así en ciertas ocasiones, la Corte ha decidido mantener en el ordenamiento jurídico una norma pero condicionando su permanencia a que sólo son válidas unas interpretaciones de la misma, mientras que las otras son inexequibles (sentencias interpretativas o de constitucionalidad condicionada)... en otras oportunidades, la Corte ha declarado la exequibilidad de determinada disposición legal pero con base en una interpretación conforme a la Constitución...” (Corte Constitucional, sentencia C-109 de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. En lo relacionado con los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 273 de 1996, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-148 de 1997.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 5º de la Ley 273 de 1996, en el entendido de que para los casos a los que se refiere dicha norma, la representación del Ministerio Público le corresponderá directamente al Procurador General de la Nación, tal como lo ordena el artículo 278-2 de la C.P.

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