Sentencia C-850 de agosto 17 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-850 de 2005 

Ref.: expedientes D-5599, 5600 y 5607

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 (parcial) del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía)

Demandantes: Sandra Lorena Guacaneme Urueña y otros.

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 33.139 del cuatro (4) de septiembre de mil novecientos setenta (1970) y se resalta el aparte demandado:

“DECRETO 1355 DE 1970

(Agosto 4)

Ministerio de Justicia

Por la cual se dictan normas sobre policía.

El Presidente de la República,

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968 y atendiendo el concepto de la comisión asesora establecida en ella,

DECRETA:

(…).

ART. 70.—En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo inmediatamente ante el jefe de policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza.

Cuando el contraventor no fuere capturado sino citado para que comparezca más tarde, a los testigos se entregará orden de comparendo con el mismo plazo. El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia.

1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

Problema jurídico planteado.

2. Los demandantes consideran que la norma acusada podría ser contraria a la Constitución por cuanto la conducción a la fuerza y la captura a que hace referencia el artículo demandado vulneran el principio establecido en el artículo 28 constitucional. Así las cosas, dicha conducción y dicha captura no estarían precedidas de los requisitos que tanto la Constitución como la jurisprudencia de esta corporación han establecido.

Por consiguiente, esta Corte analizará en una primera parte (I), si sobre el contenido normativo demandado esta corporación ya se ha pronunciado, para determinar en una segunda parte (II) si sobre alguno de los apartes acusados se debe realizar la confrontación con el artículo 28 Constitucional.

I. Contenido normativo demandado y la sentencia C-024 de 1994.

De un lado, se estudiará el artículo demandado y su contenido normativo en relación con la sentencia C-024 de 1994 y de otro lado, se analizará si respecto de algunos de los apartes demandados a operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Primeramente, encuentra esta corporación, que el contenido normativo y el artículo 70 acusado versa sobre la posibilidad de que autoridades administrativas, en este caso autoridades de policía, puedan conducir a la fuerza o capturar a testigos de contravenciones para trasladarlos ante el jefe de policía. En otras palabras, que exista privación de la libertad por parte de autoridades administrativas.

La Corte constata, que respecto del mismo artículo y el mismo contenido normativo demandado en esta oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia C-024 de 1994.

Por ser importante, se transcriben los apartes sustanciales de la sentencia C-024 de 1994:

“1.5. Artículo 70.

ART. 70.—En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo ante el jefe de policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza.

Cuando el contraventor no fuere capturado sino citado para que comparezca más tarde, a los testigos se entregará la orden de comparendo con el mismo plazo. El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado.

Acerca del artículo 71(sic), el actor afirmó que “viola la Constitución en su artículo 28 por cuanto autoriza a llevar los testigos por la fuerza, y también que se pueden capturar los testigos que no cumplan con una orden de comparendo”.

(…).

f) Artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970:

ART. 70.—En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo ante el jefe de policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza.

Cuando el contraventor no fuere capturado sino citado para que comparezca más tarde, a los testigos se entregará la orden de comparendo con el mismo plazo. El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado.

El artículo 95 numeral 7º de la Constitución consagra el deber de todos los ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto rendir testimonio es una obligación y solamente en las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución la persona se encuentra exonerada de este deber.

El artículo 33 de la Constitución se refiere a que nadie —sin excepción alguna—, podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

La intención del constituyente estaba encaminada a la proscripción e invalidación de todo procedimiento que produzca la confesión forzada o no voluntaria de quien declara ante las autoridades. Una de las consecuencias de esta prohibición es que ninguna autoridad puede exigir a persona alguna que preste declaración, contra sí o contra alguno de sus parientes en los grados que indica la norma.

Por lo tanto, en la conducción del testigo renuente lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política debe observarse cuando la persona rinda su declaración ante una autoridad, ya sea judicial o administrativa.

Inicialmente el artículo aprobado en la comisión cuarta restringía el alcance de la norma “asunto criminal, correccional o de policía”, además de que la incluía dentro del conjunto de disposiciones que llevaba por título general el de “Principios de Derecho Penal”.

La obligación de declarar debe surgir de la conciencia del ciudadano de cumplir voluntariamente con el deber de colaborar en el esclarecimiento de una investigación. Es una responsabilidad que incluso constitucionalmente se encuentra protegida (C.P., art. 250-4). Ahora si el testigo no desea colaborar con la administración de justicia, contrariando así la Carta, la policía podrá aprehenderlo y conducirlo inmediatamente al funcionario responsable de la investigación preliminar, el cual deberá recibirle el testimonio en el acto o convocarlo a futura declaración. En todo caso, el testigo no podrá ser retenido por más de doce (12) horas, en concordancia con el artículo siguiente, que se analiza justamente a continuación, como quiera que dice que respecto de las personas distintas a los procesados “la captura no podrá prolongarse por 12 horas”. Es en este marco justamente que la norma debe ser leída y por tanto declarada conforme con la Carta. En este orden de ideas, la conducción incluso forzosa de los testigos no es inconstitucional sino que es el desarrollo normativo de un deber superior. Lo que se pretende es que se proceda a una investigación rápida a fin de evitar que las pruebas se pierdan y redunde esto en la investigación —como fin inmediato—, para lograr la búsqueda de la verdad —fin mediato—.

Cosa distinta es la negativa a una orden de comparendo para rendir testimonio. En este caso, si el funcionario judicial —y solo el funcionario judicial— estima necesario la presencia del testigo, puede expedir una orden de captura. Es en este sentido que la norma estudiada es constitucional. En ninguna de las dos hipótesis se consagra facultad administrativa para expedir órdenes de captura. En este orden de ideas, también la parte acusada de esta disposición es constitucional”.

Así las cosas, en segunda medida, esta Corte constata que el artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 ya efectivamente fue demandado en ocasión anterior y por el cargo de violación del artículo 28 Constitucional. En aquella ocasión la Corte resumió la demanda de la siguiente manera:

“Acerca del artículo 71(sic), el actor afirmó que “viola la Constitución en su artículo 28 por cuanto autoriza a llevar los testigos por la fuerza, y también que se pueden capturar los testigos que no cumplan con una orden de comparendo”.

No obstante, evidencia esta corporación que el estudio realizado en la sentencia C-024 de 1994 sobre el artículo 70 mencionado no fue el mismo respecto de los dos apartes demandados, es decir respecto de “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza” y “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado”.

Así entonces, se analizará en primer lugar, las razón de la decisión tomada en la sentencia C-024 de 1994 en relación con el primer aparte demandado y en un segundo lugar, se estudiará la última sección.

A. Razón de la decisión en la sentencia C-024 de 1994 en relación con el aparte del artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 que determina “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza”.

La sentencia referida y respecto del aparte mencionado no efectuó un análisis con relación al artículo 28 Constitucional y la reserva judicial en materia de privación de la libertad. Por el contrario, el estudio realizado en dicha ocasión giro en torno al derecho de no autoincriminarse y al deber ciudadano de declarar, establecidos en los artículos 33 y 95 de la Constitución. Veamos:

“(…) El artículo 95 numeral 7º de la Constitución consagra el deber de todos los ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto rendir testimonio es una obligación y solamente en las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución la persona se encuentra exonerada de este deber.

El artículo 33 de la Constitución se refiere a que nadie —sin excepción alguna—, podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

La intención del constituyente estaba encaminada a la proscripción e invalidación de todo procedimiento que produzca la confesión forzada o no voluntaria de quien declara ante las autoridades. Una de las consecuencias de esta prohibición es que ninguna autoridad puede exigir a persona alguna que preste declaración, contra sí o contra alguno de sus parientes en los grados que indica la norma.

Por lo tanto, en la conducción del testigo renuente lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política debe observarse cuando la persona rinda su declaración ante una autoridad, ya sea judicial o administrativa.

Inicialmente el artículo aprobado en la comisión cuarta restringía el alcance de la norma “asunto criminal, correccional o de policía”, además de que la incluía dentro del conjunto de disposiciones que llevaba por título general el de “Principios de Derecho Penal”.

La obligación de declarar debe surgir de la conciencia del ciudadano de cumplir voluntariamente con el deber de colaborar en el esclarecimiento de una investigación. Es una responsabilidad que incluso constitucionalmente se encuentra protegida (C.P., art. 250-4). Ahora si el testigo no desea colaborar con la administración de justicia, contrariando así la Carta, la policía podrá aprehenderlo y conducirlo inmediatamente al funcionario responsable de la investigación preliminar, el cual deberá recibirle el testimonio en el acto o convocarlo a futura declaración. En todo caso, el testigo no podrá ser retenido por más de doce (12) horas, en concordancia con el artículo siguiente, que se analiza justamente a continuación, como quiera que dice que respecto de las personas distintas a los procesados “la captura no podrá prolongarse por 12 horas”. El artículo 95 numeral 7º de la Constitución consagra el deber de todos los ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto rendir testimonio es una obligación y solamente en las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución la persona se encuentra exonerada de este deber.

El artículo 33 de la Constitución se refiere a que nadie -sin excepción alguna-, podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

La intención del constituyente estaba encaminada a la proscripción e invalidación de todo procedimiento que produzca la confesión forzada o no voluntaria de quien declara ante las autoridades. Una de las consecuencias de esta prohibición es que ninguna autoridad puede exigir a persona alguna que preste declaración, contra sí o contra alguno de sus parientes en los grados que indica la norma.

Por lo tanto, en la conducción del testigo renuente lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política debe observarse cuando la persona rinda su declaración ante una autoridad, ya sea judicial o administrativa.

Inicialmente el artículo aprobado en la Comisión Cuarta restringía el alcance de la norma “asunto criminal, correccional o de policía”, además de que la incluía dentro del conjunto de disposiciones que llevaba por título general el de “Principios de Derecho Penal”.

La obligación de declarar debe surgir de la conciencia del ciudadano de cumplir voluntariamente con el deber de colaborar en el esclarecimiento de una investigación. Es una responsabilidad que incluso constitucionalmente se encuentra protegida (C.P., art. 250-4). Ahora si el testigo no desea colaborar con la administración de justicia, contrariando así la Carta, la policía podrá aprehenderlo y conducirlo inmediatamente al funcionario responsable de la investigación preliminar, el cual deberá recibirle el testimonio en el acto o convocarlo a futura declaración. En todo caso, el testigo no podrá ser retenido por más de doce (12) horas, en concordancia con el artículo siguiente, que se analiza justamente a continuación, como quiera que dice que respecto de las personas distintas a los procesados “la captura no podrá prolongarse por 12 horas”. Es en este marco justamente que la norma debe ser leída y por tanto declarada conforme con la Carta. En este orden de ideas, la conducción incluso forzosa de los testigos no es inconstitucional sino que es el desarrollo normativo de un deber superior. Lo que se pretende es que se proceda a una investigación rápida a fin de evitar que las pruebas se pierdan y redunde esto en la investigación -como fin inmediato-, para lograr la búsqueda de la verdad —fin mediato—”.

De lo transcrito no cabe dudas, que la sentencia C-024 de 1994, no evaluó el aparte demandado a la luz del artículo 28 Constitucional que establece la reserva judicial en materia de privación de la libertad, sino que lo hizo desde la óptica de los artículo 33 (derecho de no autoincriminación) y 95 (deber de declarar) de la Constitución Política.

En este orden de ideas, en cuanto se refiere a la frase demandada del inciso primero del artículo 70 del Código Nacional de Policía, existe cosa juzgada relativa implícita, toda vez que si bien en el caso fallado en la sentencia C-024 de 1994, el demandante había formulado cargos por violación entre otras normas, del artículo 28 de la Constitución, la Corte únicamente se pronunció frente al derecho a la no autoincriminación (C.P., art. 33) y al deber ciudadano de rendir testimonio (C.P., art. 95-7). Por consiguiente, en relación con la expresión “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza”, no opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por la posible vulneración del principio de reserva judicial en materia de libertad personal consagrado en el artículo 28 de la Carta.

B. Razón de la Decisión en la sentencia C-024 de 1994 en relación con el aparte del artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 que determina “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado”.

La sentencia ya anotada efectivamente realizó un análisis del aparte señalado y respecto del artículo 28 Constitucional. Veamos:

“Cosa distinta es la negativa a una orden de comparendo para rendir testimonio. En este caso, si el funcionario judicial —y solo el funcionario judicial— estima necesario la presencia del testigo, puede expedir una orden de captura. Es en este sentido que la norma estudiada es constitucional. En ninguna de las dos hipótesis se consagra facultad administrativa para expedir órdenes de captura. En este orden de ideas, también la parte acusada de esta disposición es constitucional”.

De lo transcrito, se extrae que el condicionamiento efectuado de constitucionalidad surge de la confrontación con el artículo 28 constitucional, así entonces respecto de la expresión “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado”, debe operar el fenómeno de la cosa juzgada constitucional por cuanto en la sentencia referida se estudió el aparte demando bajo los mismo cargos esgrimidos en las presentes demandas.

II. Análisis de la expresión “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza” a la luz del artículo 28 constitucional. El caso concreto.

La Corte Constitucional plasmó en la sentencia C-237 de 2005, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, un estudio sobre la concepción de la libertad personal al interior del Estado de derecho, por ser de interés se señalan los apartes pertinentes:

“I. La libertad personal en el Estado social de derecho y el principio de reserva judicial.

La libertad personal comprende “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente” (1) .

Pues bien, un logro fundamental del Estado de derecho fue obtener el respeto de la libertad personal. Característica que se ha trasladado al Estado social de derecho. Dicho derecho fundamental ha vivido un proceso de constitucionalización que también ha tocado los convenios y tratados internacionales (2) .

En efecto, en vigencia del “Antiguo Régimen” existía una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las personas, en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las revoluciones liberales, en especial de la Revolución Francesa, dicho poder absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar nuevos abusos (3) .

Así las cosas, en relación con la libertad personal, se excluyó la posibilidad de que el gobernante decidiera acerca de la libertad personal y dicha facultad, de hacer relativo el derecho fundamental, se trasladó a la rama del poder que administraba justicia.

Pues bien, la cláusula general de la libertad personal así como su límite y sus excepciones fueron establecidas en la Constitución colombiana de 1991 en los artículos 6º, 17 y 28. Este último artículo preceptúa la libertad inmanente de toda persona (cláusula general), su privación a través de autoridad judicial competente (límite); además el artículo 32 constitucional permite la privación de la libertad en caso de flagrancia (excepción).

El respeto por los valores establecidos en el preámbulo de la Constitución, por los parámetros señalados en los principios del Estado colombiano y por los fines del mismo, conllevan a que en determinados eventos se limite el derecho fundamental a la libertad personal y en consecuencia se prive o restrinja de este a un ser humano.

En consecuencia, en aras del respeto indicado, la propia Constitución determinó los requisitos indispensables para poder privar o restringir la libertad personal; estos consisten en: i. Mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii. Ajustado a las formalidades legales y iii. Por motivos previamente determinados por la ley.

En este orden de ideas, se estructura el límite a la libertad personal basado en mandamiento escrito proveniente de autoridad judicial competente, con el lleno de las formalidades legales y por motivos previamente establecidos en la ley. En efecto, los motivos no pueden ser otros que los autorizados por la ley, y la autoridad no puede ser distinta de aquella que tenga competencia para ordenarla.

De lo expuesto, es claro que la Constitución establece una reserva judicial que beneficia al derecho fundamental a la libertad personal, debido a la exigencia de los requisitos ya señalados. Así las cosas, solo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen la facultad, motu proprio, de privar de la libertad sea directa o indirectamente, al menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial competente.

Por ende, dicha reserva judicial, no es sino el resultado de la tridivisión del poder al interior de un Estado democrático, en el cual se excluye la posibilidad que una autoridad administrativa límite el ejercicio de la libertad personal sin el lleno de los parámetros exigidos por la Constitución. Lo anterior, por cuanto la libertad personal es un derecho fundamental esencial al Estado social de derecho como principio fundante del Estado colombiano.

En resumen se puede afirmar, que la privación de la libertad, a través de la captura, entendida como el acto material de aprehensión que puede realizarse durante o después de un proceso, encuentra fundamento constitucional en el artículo 28 de la Carta Política que, a su vez, determina las garantías que deben rodearla. Es decir, la detención de una persona solo procede (1) por motivos previamente definidos en la ley, (2) con acatamiento de las formalidades legales y (3) por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Con ello puede concluirse que la Carta establece una estricta reserva judicial en materia de libertad personal” (4) .

Unidad normativa

Ahora bien, de un lado, la expresión demandada establece que “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza”. De otro lado, el contenido completo de inciso primero determina que “En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo inmediatamente ante el jefe de policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza”.

De lo anterior se colige, que en el evento que un contraventor sea capturado para llevarlo ante el jefe de policía , existe la posibilidad que los testigos que hubiere sean trasladados junto con el contraventor. Es decir, no obstante que el testigo no es el contraventor puede ser trasladado ante el jefe de policía de la misma forma que el contraventor, o sea a través de la fuerza. Téngase presente que el testigo no es el autor material ni intelectual de la contravención, ni es el cómplice en ninguna de sus formas , ni frente a él se está en presencia de flagrancia o cuasiflagrancia; es simplemente un testigo de la contravención sin tener participación alguna en su acaecimiento. No obstante, el inciso demandado permite que sea capturado y llevado a la fuerza ante el jefe de policía.

Así las cosas, examinada la disposición contenida en el inciso primero del artículo demandado, esta Corte encuentra que la frase demandada está ligada al resto del inciso que regula el traslado del contraventor capturado en flagrancia, por tal razón se procederá a integrar la unidad normativa, con la totalidad del inciso primero del artículo 70 del Código Nacional de Policía.

Pues bien, las expresiones contenidas en el inciso primero de la norma referida permiten que los testigos de una contravención puedan ser obligados por la fuerza a ser trasladados ante el jefe de policía si se resisten a ello.

De lo anterior se desprende, que dicho traslado a la fuerza es una clara privación del derecho de libertad consagrado en la Constitución Nacional. Las condiciones de dicho traslado implican para el testigo la imposibilidad de ejercer su libertad personal.

Ahora bien, la libertad como derecho fundamental es la cláusula general protegida por la Constitución, no obstante su límite solo puede ser efectuado por intermedio de orden judicial, situación no contemplada en la frase acusada, sino que por el contrario se deja al arbitrio de una autoridad administrativa, en este caso las autoridades de policía, la conducción a la fuerza de los testigos que hayan presenciado una contravención. Esta situación constata una privación de la libertad violatoria del artículo 28 Constitucional, por cuanto se quebranta el principio de reserva judicial como límite de la libertad personal.

Lo anterior, no significa que el testigo de la ocurrencia de una contravención no tenga el deber de declarar cuando se le cite para ello y que también puede hacerlo inmediatamente después de ocurridos los hechos , si lo quiere. Así entonces, una cosa es que el testigo asista voluntariamente a una citación pero sin ser privado de la libertad. La regla general es la citación de los testigos. Si el testigo citado no asiste puede justificar su no asistencia, existiendo la posibilidad de que sea conducido cuando no medie justificación o haya sido renuente, esto siempre que medie la orden de un juez.

En consecuencia, el inciso primero del artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 será declarado inexequible.

En conclusión, en primer lugar, esta Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza” contenida en el artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 por ser violatoria del artículo 28 constitucional. En segundo lugar, esta corporación habrá de estarse a lo resuelto en la sentencia C-024 de 1994 con relación a la expresión “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado” contenida en el artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970. Lo anterior, por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional , en los términos señalados por el artículo 243 de la Constitución Política.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE , el inciso primero del artículo 70 del Decreto – Ley 1355 de 1970 , por los cargos analizados.

2. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-024 de 1994, en relación con expresión “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado” contenida en el artículo 70 del Decreto – Ley 1355 de 1970.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-774 de 2001, Corte Constitucional.

(2) Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948, artículo 12; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9º; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7º; y la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, artículo 5º.

(3) Artículo 16 de la Declaración de Derechos del hombre “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.

(4) Sentencia C-403 de 1997 Corte Constitucional.

_________________________________