Sentencia C-854 de agosto 17 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-854 de 2005 

Ref.: Expediente D-5640

Magistrado ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 29 (parcial), de la Ley 550 de 1999 “Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”.

Demandante: Fernando Alarcón Alarcón

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil cinco.

II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, publicada en el Diario Oficial Nº 43.940 de 19 de marzo de 2000. Se subraya lo acusado.

LEY 550 DE 1999

(diciembre 30)

“CELEBRACIÓN DE LOS ACUERDOS. Los acuerdos de reestructuración se celebrarán con el voto favorable de un número plural de acreedores internos o externos que representen por lo menos la mayoría absoluta de los votos admisibles. Dicha mayoría deberá conformarse con votos provenientes de por lo menos tres (3) de las clases de acreedores previstas en el presente artículo. En caso de que solo existan y concurran tres (3) clases de acreedores, la mayoría deberá conformarse con votos provenientes de acreedores pertenecientes a dos (2) de las clases de acreedores existentes, siempre y cuando se obtenga la mayoría absoluta de votos admisibles; y de existir solo dos clases de acreedores, la mayoría exigida por la ley deberá conformarse con votos provenientes de ambas clases de acreedores, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en el siguiente inciso:

Cuando un solo acreedor externo de una misma clase, o varios acreedores externos de una o varias clases de acreedores, pertenecientes a una misma organización empresarial declarada o no como grupo para efectos de la ley comercial, emitan votos en un mismo sentido que equivalgan a la mayoría absoluta o más de los votos admisibles, para la aprobación o improbación correspondiente se requerirá, además, del voto emitido en el mismo sentido por un número plural de acreedores de cualquier clase o clases que sea igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos admisibles. Para efectos del presente artículo, se entenderá que existen las siguientes cinco (5) clases de acreedores:

a) los acreedores internos;

b) los trabajadores y pensionados;

c) las entidades públicas y las instituciones de seguridad social;

d) las instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de carácter privado, mixto o públicos; y

e) los demás acreedores externos.

El derecho de voto de todos los pensionados, sin perjuicio del derecho individual de veto previsto en esta ley, será ejercido en forma conjunta y en un solo sentido, por la persona natural o jurídica que los pensionados designen mediante el voto de la mayoría absoluta de todos ellos por cabezas, en reunión previamente citada para el efecto y presidida por un funcionario del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. En caso de no ser elegido por ausencia de quórum o falta de acuerdo al respecto, el mismo será designado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dependencia que los representará a través de un funcionario si no designa a un representante con antelación a la reunión prevista en el artículo 23 de esta ley. El representante de los pensionados está legalmente facultado para presentar objeciones a la determinación de derechos de voto y de acreencias, así como para votar la celebración o reforma del acuerdo, en todas sus partes y en cualquier sentido.

Se presume de derecho que todos los apoderados y representantes legales están facultados para presentar objeciones a la determinación de derechos de voto y de acreencias, así como para votar la celebración o reforma del acuerdo, en todas sus partes y en cualquier sentido.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional reglamentará la forma de establecer que varios acreedores externos pertenecen a una misma organización empresarial, para efectos de lo dispuesto en el presente artículo.

PAR. 2º—Para facilitar la negociación del acuerdo, el promotor podrá coordinar la deliberación y decisión por comunicación simultánea o sucesiva, siempre y cuando quede prueba de la expresión y contenido de las decisiones y de los votos en documento o documentos escritos, debidamente firmados por el promotor y certificados por el revisor fiscal o el contador público, en el caso de la comunicación simultánea; y en los demás casos firmados por el votante respectivo con reconocimiento de su contenido ante el nominador, ante el promotor o ante un notario público.

PAR. 3º—La reforma del acuerdo, sin perjuicio de lo previsto en el numeral décimo del artículo 33 de esta ley, se adoptará con los mismos votos requeridos para su celebración, calculados con base en estados financieros ordinarios o extraordinarios del empresario que no tengan más de un mes de antelación respecto de la fecha para la cual se convoque una reunión, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 35 de esta ley. Dicha convocatoria se hará con los mismos requisitos previstos en el artículo 23 de la presente ley; se podrá deliberar con la presencia del promotor o de quien haga sus veces, y del funcionario designado por la entidad nominadora, y cualquier objeción a la determinación de los derechos de voto se resolverá en la forma prevista en la ley. A partir de la fecha prevista para la reunión, y durante los diez (10) días comunes siguientes, el promotor, mediante cualquier sistema de comunicación simultánea o sucesiva, podrá obtener los votos necesarios para la reforma del acuerdo, y proceder a su formalización según lo previsto en esta ley para la celebración”.

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se estudia en la presente demanda.

2. El asunto que se plantea.

De los antecedentes expuestos surge que el problema jurídico-constitucional que en esta demanda se plantea, se refiere a la vulneración del derecho a la igualdad que entre acreedores, ya sea externos o internos, debe existir en los acuerdos de reestructuración empresarial. Para resolver dicho problema, corresponde a la Corte establecer si resulta constitucionalmente válido que la ley imponga a los acreedores externos pertenecientes a una misma organización empresarial cuando emiten votos en un mismo sentido, que para la aprobación o improbación de los acuerdos, además de un número plural de acreedores de esa naturaleza que representen por lo menos la mayoría absoluta de los votos admisibles, provenientes de tres clases de acreedores, o de dos, o de ambos, según sea el caso, se requiere del voto emitido en el mismo sentido por varios acreedores de por lo menos el 25% de los votos admisibles, y no se exija lo mismo para los acreedores internos.

3. El artículo 29 de la Ley 550 de 1999, no consagra una situación de desigualdad entre acreedores externos e internos, en los procesos de reestructuración empresarial.

Para los efectos de la interpretación que en esta oportunidad realizará la Corte de las expresiones acusadas contenidas en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley 550 de 1999, es necesario recordar que la expedición de la misma tuvo por objeto llevar a cabo objetivos de reactivación económica de conformidad con los mandatos contenidos en los artículos 334 y 335 de la Constitución Política, con la clara finalidad de lograr la reactivación de la economía y del empleo, fortaleciendo las empresas, aliviando su carga financiera y mejorando su productividad, a fin de que las mismas puedan cumplir con la función social que como base del desarrollo les corresponde (C.P., art. 333).

Conforme a lo dispuesto por el artículo 334 de la Carta Política, al Estado le corresponde la dirección general de la economía y, en tal virtud, el legislador se encuentra autorizado para dictar normas de intervención en ella que garanticen que la actividad económica se desarrolle sin menoscabo de los principios y valores adoptados por el Constituyente de 1991. Ello significa, entonces, que ha de preservarse la organización democrática de las empresas, el cumplimiento de la función social de estas, el fomento del empleo, el respeto a los derechos fundamentales, el derecho de participación en todas sus manifestaciones, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la igualdad de oportunidades y el estímulo a las actividades empresariales, dentro del marco de un Estado social de derecho y una economía social de mercado.

Dentro de este contexto, ha de entenderse que los procesos concursales, como procesos de carácter universal, no solo se encaminan a hacer efectivas las obligaciones del deudor en estado de insolvencia, sino que persiguen, en lo fundamental, que la empresa que por diversas circunstancias se encuentre en él, no se vean avocadas de manera ineludible a su liquidación. Es decir, se sustituyen los intereses particulares para obtener a toda costa el pago de obligaciones insolutas, por otro de interés general, de contenido social, a fin de que la empresa supere dificultades transitorias de afugias económicas, y continúe con sus actividades, de las cuales no ha de beneficiarse únicamente el empresario sino la sociedad.

Ello impone, de suyo, la necesidad de un acuerdo entre el empresario deudor insolvente y sus acreedores insatisfechos, que debe realizarse, en todo caso, conforme a la ley y sin quebranto de la Constitución. Dada la trascendencia económica y social que conlleva la celebración de ese acuerdo, el Estado no lo deja librado a la autonomía absoluta de la voluntad de los particulares, sino que lo somete a pautas contenidas en disposiciones legales. Así se explica la existencia de las normas originales del Código de Comercio de 1971 (Decreto 410 de ese año), que regularon la institución del concordato de los comerciantes, y, posteriormente, de lo dispuesto en las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.

El acuerdo económico y jurídico a que se refieren tales normas, implica necesariamente que el legislador en su regulación adopte mecanismos que impidan que los acreedores queden sometidos a la voluntad unilateral del empresario deudor, y, al propio tiempo, que una mayoría ocasional de los acreedores someta a la minoría de estos o al mismo deudor a condiciones lesivas de sus intereses. Es decir, la ley ha de propiciar y garantizar la equidad en el acuerdo y debe servir como muro de contención al abuso del deudor en desmedro de los acreedores, o, de la mayoría de estos en perjuicio de los demás o de aquel.

Con apoyo en tales fundamentos la Ley 550 de 1999, en el artículo 29, en su inciso primero, exige que los acuerdos de reestructuración económica de una empresa a los cuales se llegue como producto de una negociación entre el deudor insolvente y sus acreedores insatisfechos, ha de realizarse “con el voto favorable de un número plural de acreedores internos o externos que representen por lo menos la mayoría absoluta de los votos admisibles”, constituida con votos provenientes de las distintas clases de acreedores en la forma establecida en esa norma legal.

Se observa por la Corte, que en el inciso segundo del citado artículo 29, de la Ley 550 de 1999, ahora demandado parcialmente, dispuso el legislador que cuando se trate de acreedores externos, ya sea uno solo o varios de estos, que pertenezcan “a una misma organización empresarial declarada o no como grupo para efectos de la ley comercial, emitan votos en un mismo sentido que equivalgan a la mayoría absoluta o más de los votos admisibles, para la aprobación o improbación correspondiente, se requerirá, además, del voto emitido en el mismo sentido por un número plural de acreedores de cualquier clase o clases que sea igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos admisibles”.

El demandante considera que tal exigencia, referida solo a los acreedores externos, viola el derecho a la igualdad, el preámbulo de la Constitución y el artículo 58 de la Constitución. A su juicio, la distinción entre acreedores externos y acreedores internos, puede llevar al sacrificio de derechos sustanciales de los primeros, “que son quienes le dan vida y existencia a las empresas”, pues “cuando los acreedores externos son enfrentados por la norma con discriminación en la igualdad de trato se hace una distinción odiosa al ordenamiento constitucional y a principios elementales de justicia que no hace razonable la distinción, sin que se justifique formal o materialmente el trato así particularizado por las expresiones atacadas”.

Analizada la argumentación expuesta en la demanda para impetrar la inexequibilidad de las expresiones “externo” o “externos” con respecto a los acreedores, se encuentra por la Corte que la Ley 550 de 1999, en su artículo 19 hizo una distinción entre acreedores externos e internos de la empresa, conforme a la cual aquellos “son los titulares de créditos ciertos que pertenezcan a una cualquiera de las clases de créditos previstas en el título XL del libro cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen”, y son acreedores internos “los accionistas, socios, asociados o cooperados del empresario que tenga forma jurídica asociativa; el titular de las cuotas de la empresa unipersonal; el controlante de la fundación; y, en general, los socios, controlantes o beneficiarios reales que haya aportado bienes al desarrollo de la empresa en forma demostrable y cuantificable”.

Conforme a esa distinción, la misma ley en el artículo 29 parcialmente acusado, optó por fijar unas reglas para garantizar el derecho de participación democrática en las decisiones que puedan adoptarse para la celebración de los acuerdos de reestructuración económica de las empresas en estado de insolvencia. Así, no es suficiente con ser un acreedor mayoritario para imponer a los demás un acuerdo determinado de carácter vinculante, sino que siempre se requiere que el acuerdo se celebre por un número plural de acreedores, lo que excluye la decisión singular; así mismo, la ley exige que ese número plural de acreedores constituya una mayoría absoluta de los votos admisibles, esto es, de los créditos existentes antes de la iniciación del proceso de reestructuración, lo que significa que no basta con una mayoría relativa, es decir, que el acuerdo debe reflejar la voluntad de la mitad más uno de los votos admisibles. Pero además, el legislador fue en extremo cuidadoso del principio democrático y, por ello, no autorizó constituir la mayoría absoluta referida de cualquier manera, sino que dispuso que ella debe conformarse “con votos provenientes de por lo menos tres (3) de las clases de acreedores previstas en el siguiente artículo. En caso de que solo existan y concurran tres (3) clases de acreedores, la mayoría deberá conformarse con votos provenientes de acreedores pertenecientes a dos (2) de las clases de acreedores existentes, siempre y cuando se obtenga la mayoría absoluta de votos admisibles; y de existir solo dos (2) clases de acreedores, la mayoría exigida por la ley deberá conformarse con votos provenientes de ambas clases de acreedores”, con sujeción a lo dispuesto en el inciso siguiente de la norma, que es el parcialmente acusado.

Estableció el legislador, a renglón seguido, que si se trata de uno o de varios acreedores externos, que tengan como característica común el pertenecer “a una misma organización empresarial declarada o no como grupo para efectos de la ley comercial”, si emiten sus votos para conformar la mayoría absoluta y lo hacen en un mismo sentido, no solo se exigirá el número plural de acreedores a que ya se hizo referencia, sino, adicionalmente, “que sea igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos admisibles”.

Queda claro que el legislador se propuso evitar que un mismo grupo económico empresarial pueda utilizar distintas empresas suyas para imponer a los demás acreedores un acuerdo conforme a una decisión, que así resulta unilateral y eventualmente podría ser abusiva. De manera pues que, la norma en cuestión, en sí misma no contraría el ordenamiento superior, pues al contrario, es un instrumento adoptado por el legislador para darle contenido concreto en esta clase de acuerdos al principio democrático en el manejo de la economía cuando se trata de empresas en estado de insolvencia. Es, además, una decisión legislativa que permite la expresión de la voluntad de las minorías, para que ellas sean actoras eficaces del acuerdo y no simplemente sujetos pasivos del mismo.

Analizada la Ley 550 de 1999, a la luz de los criterios anteriores, es claro que se establece en ella una distinción entre los acreedores externos y los acreedores internos, como ya se señaló, pues estos según expresa la misma ley, son en general quienes aportan bienes al desarrollo de la empresa en forma demostrable y cuantificable, como por ejemplo sus propios accionistas o socios, o asociados o cooperados que tengan forma jurídica asociativa, o en su caso el controlante de la fundación. Es decir, se encuentran íntimamente vinculados a la creación de la empresa, así como a sus actividades, y en consecuencia, según el criterio del legislador no se encuentran en la misma situación de los acreedores externos, quienes son aquellos que tienen con la empresa relaciones crediticias, pero sin estar vinculados a ella como los acreedores internos. Es lo que sucedería con créditos otorgados por entidades financieras, o con proveedores, o con contratantes para prestar servicios determinados, y en general quienes sean titulares de créditos ciertos que pertenezcan a una cualquiera de las clases previstas en el título XL del Código Civil y normas que lo modifiquen o adicionen, según el artículo 19 de la Ley 500 de 1999.

Precisamente teniendo en cuenta esta circunstancia y las finalidades que se persiguen con la ley en cuestión, el legislador optó por establecer regulaciones diferentes para esas dos categorías de acreedores, de tal manera que al mismo tiempo que dictó normas tendientes a evitar que un mismo grupo económico empresarial pudiere utilizar distintas empresas suyas para imponer un acuerdo determinado a los acreedores, no deje sin instrumentos para defender sus intereses a los acreedores internos, como aparece en el artículo 30 de la misma ley. Siendo ello así, no podría predicarse la inconstitucionalidad de las expresiones acusadas del artículo 29 de la Ley 550 de 1999, no solo por ser clara su finalidad constitucional en defensa del principio democrático en los acuerdos de reestructuración empresarial, sino también por cuanto se trata de dos categorías distintas de acreedores y con regulaciones específicas, pero todas dentro del marco general de dicha ley.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE las expresiones “externo” y “externos”, contenidas en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley 550 de 1999 “por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

_______________________________