Sentencia C-857 de agosto 17 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-857 de 2005 

Ref.: Expediente D-5695

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1527 y 2154, parciales, del Código Civil.

Actores: Carlos Alberto Parra Dussan y Enrique Alberto Prieto Rios.

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

Se transcribe a continuación los textos de los artículos 1527 y 2154, parciales, del Código Civil, resaltando los apartes demandados:

“CÓDIGO CIVIL

ART. 1527.—Las obligaciones son civiles o naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son:

1. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como la mujer casada en los casos en que le es necesaria la autorización del marido, y los menores adultos no habilitados de edad.

ART. 2154.—Si se constituye mandatario a un menor no habilitado de edad, o a una mujer casada, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros, en cuanto obliguen a estos y al mandante; pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros, no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores y a las mujeres casadas”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º, del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Inhibición constitucional en el caso concreto. Derogación tácita en materia del control de constitucionalidad.

Tanto el Ministerio Público como las intervenciones de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Ministerio del Interior y de Justicia, coinciden en solicitar a la Corte que se declare inhibida para conocer sobre las disposiciones parcialmente acusadas, por cuanto consideran que se ha configurado la derogación tácita. Incluso el Ministerio Público cita como fundamento de la declaración de inhibición una la Sentencia C-379 de 1998, donde esta Corte hizo relación a la abolición de la potestad marital.

Empieza, pues, esta Corte por analizar previamente si como lo señalan las intervenciones ciudadanas y el Procurador General de la Nación, procede en este caso una inhibición por derogación tácita de las expresiones acusadas. Para el efecto, esta Corte i) realizará unas breves reflexiones sobre el alcance de la derogación y su clasificación, ii) la procedencia de la inhibición constitucional por derogación tácita, y iii) finalmente abordará el estudio del caso que nos ocupa.

Como lo señala el numeral 1º del artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso en uso de la potestad de hacer las leyes ejerce entre otras funciones la de derogación. Ahora, según el Código Civil colombiano, artículo 71, dicha derogación puede ser expresa cuando la nueva ley indica expresamente que deroga la antigua y tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. De igual manera, se ha referido a la derogación orgánica (1) “cuando una ley reglamenta integralmente la materia, aunque no exista incompatibilidad con las normas precedentes”.

La enciclopedia jurídica Omeba (2) define derogación cuando se suprime una parte de la misma, es decir, supone una revocación parcial de la ley y al referir a las clases de derogación, define la expresa como aquella en la que se proclama por la ley posterior que se revoca la que le precede y la tácita como aquella que nace de la incompatibilidad entre la nueva ley y las disposiciones de la antigua, la cual suele provenir de una declaración genérica en donde se dispone la derogación de todas las normas que resulten en oposición a las normas sancionadas con ulterioridad.

La jurisprudencia constitucional también ha aludido a la derogación de las leyes y ha expuesto (3) que su finalidad es “dejar sin efecto el deber ser de otra norma, expulsándola del ordenamiento (4) . Por ello se ha entendido que la derogación es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma posterior, por cuanto la derogación no se basa en un cuestionamiento de la validez de la norma —como sucede cuando esta es anulada o declarada inexequible por los jueces— sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial, en relación con las leyes, por el Congreso”. Así mismo, la decisión en mención refiere que dicha derogación no afecta ipso jure la eficacia de la norma derogada ya que las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por la misma, lo que implica que puede mantener su eficacia aunque se vaya extinguiendo poco a poco y es lo que justifica que la Corte pueda pronunciarse sobre disposiciones derogadas cuando continúan produciendo efectos jurídicos. Por último, la decisión aludida indica que dicha derogación se fundamenta en el principio democrático y permite adaptar las regulaciones legales anteriores a las nuevas realidades históricas “con base en el juicio político de conveniencia que estas nuevas mayorías efectúen. En materia legislativa, debe entenderse que la última voluntad de los representantes del pueblo, manifestada por los procedimientos señalados en la Carta, prevalece sobre las voluntades democráticas encarnadas en las leyes previas. Tal es pues el fundamento constitucional del principio “lex posterior derogat anteriori””.

Ahora, la Corte Constitucional (Sent. C-379/2002 (5) ) ha indicado que cuando una disposición se encuentra fuera del ordenamiento jurídico por derogación expresa o tácita carece de objeto que esta corporación proceda a realizar el control de constitucionalidad, salvo que la norma derogada se encuentre produciendo efectos jurídicos. Así ya lo había recordado la Sentencia C-379 de 1998 (6) cuando expuso:

“… cuando resulte evidente que la disposición acusada ha sido retirada de manera definitiva del orden jurídico por voluntad del propio legislador y no produce actualmente ningún efecto, no tiene razón de ser la decisión de mérito acerca de su exequibilidad o inexequibilidad, en particular si se trata de normas que ya no regían al momento de ser expedida la Constitución Política de 1991.

En tales eventos carece de objeto la sentencia de fondo pues la función de la Corte consiste en preservar la supremacía del orden fundamental mediante decisiones efectivas y eficaces que recaigan, con efecto jurídico inmediato, definitivo y erga omnes, sobre normas vigentes que, si se las encuentra opuestas a los principios y mandatos constitucionales, deben ser excluidas del sistema. Una disposición que ya no rige ni produce consecuencia alguna en el mundo del derecho es apenas un dato histórico pero no un acto capaz de afectar o socavar la supremacía de la Constitución, por lo cual un eventual fallo de inexequibilidad resulta inane, a la vez que uno de exequibilidad —entendiendo este término como “ejecutabilidad”— podría llevar al equívoco de considerar restaurada la vigencia ya perdida de la norma”.

En el presente caso, se tiene que las expresiones acusadas del Código Civil contenidas en el título de las obligaciones en general y contratos consideran a la mujer casada como incapaz relativa en cuanto a sus actos fueren en el i) ámbito de las obligaciones civiles o naturales en la medida que es necesaria la autorización del marido y ii) cuando actúa como mandataria en cuanto a los efectos de sus actos frente a terceros (7) . Con fundamento en ello, consideran los actores que se presenta un trato discriminatorio respecto de la mujer casada y aunque reconocen que se han expedido nuevas regulaciones legales indican que no existe certeza de una posible derogación por lo que se mantiene esterotipos sociales de discriminación que abolió el constituyente de 1991.

Analizadas las expresiones acusadas que refieren a la mujer casada como incapaz relativa, tanto en el manejo de su persona y bienes como cuando actúa como mandataria, se tiene que dichos contenidos normativos ya no se encuentran vigentes al haber sido expedidas la Ley 28 de 1932 y el Decreto Ley 2820 de 1974, por lo que la Corte habrá de inhibirse al configurarse la derogación tácita.

En efecto, así se tiene con la expedición de la Ley 28 de 1932, “Sobre reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio)” y del Decreto Ley 2820 de 1974, “Por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones”. La Ley 28 de 1932, en los artículos 1º y 5º, refiere a que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes y permite que la mujer casada mayor de edad pueda comparecer libremente en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital ni licencia del juez, ni tampoco el marido será su representante legal. Y el artículo 9º, indica que quedan derogadas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley. El Decreto Ley 2820 de 1974, modificó algunas disposiciones del Código Civil buscando otorgar iguales derechos y responsabilidades a mujeres y hombres y vino a señalar que las personas incapaces para celebrar negocios serán representadas por los padres, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre los hijos menores; el esposo y la esposa tienen conjuntamente la dirección del hogar; los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial del hijo de familia serán ejercidos conjuntamente por el padre y la madre; cualquiera de los padres podrá ejercer los derechos que se otorgan en dichos artículos, siempre que el otro falte; quienes son incapaces absolutos y relativos; y y el artículo 70 deroga expresamente algunas disposiciones y las demás que le sean contrarias.

Por consiguiente, se tiene que la incapacidad relativa que se establecía para la mujer por el hecho de casarse ya no tiene sustento normativo alguno actual en el ordenamiento jurídico colombiano. En efecto, expresiones como las acusadas establecían un trato discriminatorio sobre la mujer casada en materia de sus obligaciones y contratos al tratarla como una persona relativamente incapaz respecto de la persona y manejo de sus bienes que implicaba la sujeción al esposo (potestad marital) y otorgar determinados efectos a sus actos frente a terceros cuando actuaba en calidad de mandataria (incapaz); las cuales han sido derogadas tácitamente por la Ley 28 de 1932 y el Decreto Ley 2820 de 1974, que propenden por la plena capacidad civil de la mujer casada.

Así también lo reconoció esta Corte en la Sentencia C-379 de 1998 (8) al inhibirse de proferir fallo de fondo sobre los artículos 196 (la mujer casada mercadera está sujeta a las reglas especiales dictadas en el Código de Comercio) y 208 (a la mujer separada de bienes se dará curador para la administración de los suyos, en todos los casos en que siendo soltera necesitaría de curador para administrarlos) del Código Civil, en la cual además se expuso:

y si se recuerda que, de otro lado, desde la Ley 28 de 1932 había desaparecido toda restricción a la mujer casada en cuanto al manejo de sus bienes y recursos, así como en lo referente a sus plenas posibilidades de actuación en el mundo de los negocios sin la tutela ni el control de su marido.

(…).

Lo propio aconteció con el artículo 208 del Código Civil, integrante del conjunto de normas inspiradas en el concepto de la potestad marital, derogada por el Decreto Ley 2820 de 1974” (resaltado fuera de texto).

También en la Sentencia C-068 de 1999 (9) , la Corte expuso que no puede tener existencia en el régimen jurídico colombiano actual, la potestad marital, “la cual, como se sabe, aún antes de promulgada la Constitución de 1991, fue abolida en nuestro ordenamiento positivo en cuanto hace a los bienes de la mujer, por la Ley 28 de 1932 que le dio plena capacidad civil para disponer y administrar los de su propiedad, sin limitación de ninguna especie; y, en cuanto hace a la persona de la mujer casada, el Decreto 2820 de 1974, estableció que en las relaciones familiares ella se encuentra en pie de igualdad con el hombre”.

Y en la Sentencia C-1294 de 2001 (10) , lo reiteró en los siguientes términos:

“4. La Ley 28 de 1932

Mediante la expedición de la Ley 28 de 1932, que entró a regir el 1º de enero de 1933, el sistema colombiano de administración de bienes de la sociedad conyugal sufrió una transformación radical: de estar reservada al marido en condiciones ordinarias y a la mujer, en extraordinarias, aquella pasó a ser una administración compartida según la cual, “durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera” (L. 28/32, art. 1º).

Por virtud de dicha transformación, la mujer casada adquirió la plena administración y disposición de sus bienes y el marido dejó de ser su representante legal (art. 5º). La Ley 28 de 1932 derogó, en consecuencia, todas las disposiciones del Código Civil que consagraban la incapacidad civil de la mujer, la necesidad de autorización marital o judicial para disponer de sus bienes y de los bienes comunes de la sociedad, así como aquellas que depositaban en el marido la función de administrar los bienes de la sociedad (11) .

(…).

En consecuencia de lo anterior, el sistema de administración marital de los bienes de la sociedad conyugal, tanto el ordinario como el extraordinario, fue abolido por la regulación que entró a regir el primero de enero de 1933, y a partir de la fecha, la sociedad conyugal cuenta con una administración dual, la provista por el marido y la mujer, quienes tienen plena autonomía para disponer de los bienes propios que adquieran antes del matrimonio y de los bienes de la sociedad que adquieran con posterioridad al mismo. Marido y mujer serán entonces responsables ante terceros por las deudas personales que adquieran, de modo que los acreedores sólo pueden perseguir los bienes del cónyuge deudor, salvo concretas excepciones” (resaltado fuera de texto).

Por lo anterior, la pretensión de inconstitucionalidad formulada por los actores respecto de las expresiones acusadas contenidas en los artículos 1527 y 2154 del Código Civil, por un presunto desconocimiento del Preámbulo y los artículos 1º, 13 y 43 de la Constitución, no tiene cabida en la medida que se ha configurado la derogación tácita (12) (lex posterior derogat priori) al presentarse una incompatibilidad clara entre las expresiones acusadas del Código Civil y el contenido de la Ley 28 de 1932 y el Decreto Ley 2820 de 1974. No se tiene tampoco que dichas expresiones continúen produciendo efectos jurídicos, por lo que esta Corte habrá de proferir una decisión inhibitoria por derogación tácita.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de proferir decisión de fondo respecto de la expresión “como la mujer casada en los casos en que le es necesaria la autorización del marido” contenida en el artículo 1527 del Código Civil y de la expresión “o a una mujer casada” como también “y a las mujeres casadas” contenidas en el artículo 2154 del Código Civil, por configurarse la derogación tácita.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) C-778-01. M.P. Jaime Araújo Rentería. Consúltese también la Sentencia C-829 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(2) Tomo VIII, Dere-Diva. Págs. 373 y ss.

(3) C-159 de 2004. M.P Alfredo Beltrán Sierra. Esta decisión refiere a la derogación y trae a colación la Sentencia C-443 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Ver, entre otras, la sentencia C-055 de 1996. Fundamento jurídico No 6. A nivel de la doctrina, ver Hans Kelsen, Ulrich Klug. Normas jurídicas y análisis lógico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pp. 71.

(5) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(6) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(7) De los principales contratos civiles. Segunda Edición. César Gómez Estrada. Págs. 400 y 401. Refiere que “respecto del mandatario la situación es peculiar, pues para efectos relacionados con la ejecución del encargo a él encomendado no es necesario que el mandatario sea capaz, no es necesario que tenga capacidad de ejercicio en el sentido de que pueda obligarse por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra persona. Así se desprende de la regla del artículo 2154 del Código Civil. Teniendo en cuenta que la mención a las mujeres casadas que hace el artículo transcrito carece hoy de sentido…”.

(8) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(9) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(10) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(11) No sobra advertir que la potestad marital respecto de la persona de la mujer, es decir, aquella que, ejercida por el marido, le daba a éste la potestad de exigir obediencia a su mujer, lo cual incluía la obligación de seguirlo adonde quiera que aquél fijara la residencia de la familia, siguió vigente hasta el año de 1954 cuando, mediante la expedición del Acto legislativo 3, el Estado colombiano reconoció la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Posteriormente volvería a reconocerse tal igualdad en el Decreto 2820 de 1974.

(12) Introducción al derecho. Carlos Mouchet – Ricardo Zorraquin Becu. Undécima edición actualizada. Editorial Perrot. Buenos Aires. Pág. 200. Indica que la derogación tácita “proviene, o bien de la incompatibilidad entre los nuevos preceptos y los antiguos, o bien de la declaración genérica –muy frecuente en nuestro derecho- que dispone la derogación de todas las normas que se opongan a la nueva ley sancionada, sin mencionarlas expresamente. En el caso de derogación tácita, es preciso analizar concretamente si existe la incompatibilidad que quita fuerza obligatoria a la ley anterior o a un artículo de ella”.

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