Sentencia C-858 de octubre 18 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-858 de 2006 

Ref.: expediente D-6261

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Actor: Leonardo Cañón Ortegón

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9º, 10 y 13 (parcial), del Decreto 1295 de 1994.

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones objeto de este proceso subrayando los apartes impugnados.

Decreto-Ley 1295 de 1994 

(Junio 22)

Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales

ART. 9º—Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador .

ART. 10.— Excepciones. No se consideran accidentes de trabajo:

a) El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleador, y

b) El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales.

ART. 13.—Afiliados. Son afiliados al sistema general de riesgos profesionales:

a) En forma obligatoria: 1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.

2. Los jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.

3. Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución, cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida, y

b) En forma voluntaria: Los trabajadores independientes, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

PAR.—La afiliación por parte de los empleadores se realiza mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación y la aceptación por la entidad administradora, en los términos que determine el reglamento.

(...).

V. Fundamentos de la decisión

1. Competencia de la Corte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman parte de un decreto-ley de la República, en este caso del Decreto-Ley 1295 de 1994.

En forma reiterada la Corte ha señalado que el exceso en el ejercicio de facultades extraordinarias concedidas en forma expresa por el Congreso de la República a la cabeza del ejecutivo genera un vicio de fondo, no sujeto a la caducidad de un año que acompaña a los vicios de forma para efectos de la interposición de la acción pública de inconstitucionalidad (14) .

2. Planteamiento del problema.

A partir de la demanda, de las intervenciones y del concepto del Procurador, debe entrar la Corte a determinar, en primer lugar, si se excedió el Presidente de la República en el uso de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador a través del artículo 139, numeral 11 de la Ley 100 de 1993 (de conformidad al artículo 150 Nº 10 de la Constitución), al definir en los artículos 9º y 10 del Decreto 1295 de 1994, qué constituye, y que no, un accidente de trabajo y en el artículo 13 al distinguir entre regímenes de carácter obligatorio y voluntario de afiliación para el trabajador.

Para dar respuesta a este interrogante es relevante reiterar la línea jurisprudencial elaborada por la Corte (15) en relación a los límites competenciales del Presidente de la República en la delegación legislativa conferida por el Congreso de conformidad al artículo 150 numeral 10 de la Constitución. En especial respecto a las facultades que mediante la Ley 100 de 1993, artículo 139 numeral 11 se le confirió al Presidente “para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales” en los siguientes términos:

“Ley 100 de 1993

(Diciembre 23)

“Por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social y se dictan otras disposiciones.

“ART. 139.—Facultades extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley para:

“11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”.

Para abordar el tema planteado es necesario recordar que en pronunciamientos anteriores la Corte ha entrado a determinar la unidad normativa entre la ley habilitante de facultades extraordinarias al Presidente y los decretos legislativos expedidos por este, a propósito de la primera. Es así que en la Sentencia C-376 de 1995 (16) la Corte estudió los cargos de inconstitucionalidad tanto de fondo como de forma (17) contra el artículo 139 de la Ley 100 de 1993 (completo) y los decretos expedidos a raíz de la delegación legislativa, dentro de los cuales se encontraba, entre muchos otros, el Decreto-Ley 1295 de 1994.

En aquella oportunidad la Corte encontró exequibles los artículos 139 y 248 de la Ley 100 de 1993 (18) al estimar que las modificaciones que se hicieron al proyecto de ley durante su trámite en el Congreso no generaron un vicio constitucional. Tampoco prosperó el cargo relativo al incumplimiento del quórum aprobatorio del artículo 448 impugnado, ni el de la supuesta inexequibilidad parcial del numeral 4º del artículo 248 porque se le habían otorgado facultades extraordinarias al Presidente de la República en una materia que le competía en forma exclusiva, entre otros aspectos analizados. Siendo así que en la misma decisión este tribunal declaró exequibles los decretos leyes expedidos por el Presidente de la República en 1994 y dictados con fundamento en las facultades extraordinarias concedidas al primer mandatario por los artículos 139 y 248 de la Ley 100 de 1993, “pero solo en lo que hace referencia a la exequibilidad de las normas que concedieron las facultades extraordinarias para su expedición” (19) .

Así las cosas, mediante la decisión anotada, Sentencia C-376 de 1995, la Corte declaró constitucional la norma habilitante de las facultades extraordinarias al Presidente para legislar los temas expresamente allí consagrados y reglamentados por varios decretos-ley dentro de los cuales se encontraba el 1295 de 1994 (20) .

Desde una clara orientación interpretativa acogida por la Corte, y continuada con la Sentencia C-164 de 2000 (21) se ha elaborado una línea jurisprudencial en la que se entiende que la capacidad legislativa del Presidente por autorización del Congreso resulta excepcional y taxativa.

Desde esta perspectiva restrictiva, no cabe entender que las facultades confiadas al Presidente por medio de una ley habilitante, que debe ser expresa, precisa y directa, se admitan analogías, interpretaciones extensivas o aspectos implícitos. Mediante esta decisión la Corte declaró inexequibles las definiciones que mediante el Decreto-Ley 1295 de 1994 artículo 43 se hicieron sobre los conceptos de “controversias relativas a la existencia o inexistencia de un daño que en la salud del trabajador signifique su incapacidad total o parcial, o su invalidez, o la regulación de las formulas para medir su magnitud, con miras a la protección que merece, o de la autoridad científica encargada de establecer la mayor o menor amplitud del perjuicio causado, en relación con la aptitud laboral del paciente(…) ni la definición sobre quien deberá pagar los costos inherentes a la actividad del cuerpo conformado para medir el rango de incapacidad ocasionada(…)” (22) .

Posteriormente en la Sentencia C-452 de 2002 (23) la Corte se pronunció nuevamente sobre la doble limitación que debe ser respetada por el Presidente en el uso de facultades extraordinarias, i) temporal, “el cual debe ser señalado en forma expresa en la ley de facultades y que se refiere al lapso de tiempo de que dispone el ejecutivo para hacer uso de dichas facultades, el cual no puede exceder de seis (6) meses” y ii) material, “que igualmente debe ser indicado en forma precisa en la ley de facultades y se refiere a la determinación clara, específica y concreta del objeto, asunto o materia sobre la cual debe recaer el ejercicio o uso de las facultades”, así mismo se ratificó en que éstas no pueden ser implícitas, analógicas, ni producto de interpretaciones extensivas (24) .

Ahora bien, en forma específica y respecto a las facultades extraordinarias concedidas a la cabeza del Ejecutivo por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, la Corte agregó que éstas se restringían a revestirlo de la facultad de “Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales”. Es decir, organizar la gestión del sistema general de riesgos profesionales y no como insistentemente se afirmaba para “organizar el sistema general de riesgos profesionales”. Por esta razón el fallo en mención se centró en determinar las connotaciones que del término “administración” se desprendían, para con ello fijar las competencias atribuidas al Presidente en la materia.

Por otra parte la Corte excluyó que la facultad organizativa del sistema general de riesgos profesionales previamente concedida, involucrara la de unificación normativa prevista por la misma Ley 100 de 1993 como una de las finalidades del sistema de seguridad social integral, pues ello implicaría admitir una analogía competencial, que, como ya se ha dicho, rebasaría los límites materiales que caracterizan a las leyes de facultades extraordinarias.

Dando aún mayor fidelidad a lo que el legislador entendió cuando fijó la competencia del Presidente en la organización de la administración del sistema de riesgos profesionales, la mayoría de la Sala expresó:

“En torno a precisar el contenido de las facultades extraordinarias tenemos que estas efectivamente estaban orientadas a que el ejecutivo dictara las normas necesarias y tendientes a crear, establecer, modificar, reformar, rehacer o poner en orden, el conjunto de organismos encargados, los recursos y los bienes destinados a la función de administrar el sistema de riesgos profesionales, dosificando su uso para obtener un mayor rendimiento u optimización del sistema de riesgos profesionales” (25) .

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte ha dado pasos en dirección a distinguir la organización de la administración de los riesgos profesionales del sistema general de riesgos profesionales, de tal manera que en la Sentencia C-516 de 2004 (26) se determinó:

“(...) el sistema de riesgos profesionales se caracteriza por los siguientes elementos: está compuesto por entidades de carácter público y privado; es administrado por el ISS y otras entidades aseguradoras de vida, debidamente autorizadas; está destinado a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, para lo cual fija las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales a que tienen derecho los trabajadores en uno y otro caso; todos los trabajadores deben estar afiliados, y esa afiliación se hace a través de los empleadores, quienes son los encargados de pagar las cotizaciones respectivas, de acuerdo a la clase de riesgo en que se encuentren”.

Dado que la delegación establecida en el artículo 139 numeral 11 de la Ley 100 de 1993 va dirigida a la gestión o administración del sistema general de riesgos profesionales, es decir, a sólo uno de los aspectos relacionados con el sistema general de riesgos profesionales, no es viable que en uso de la ley habilitante se determinen por decretos-ley aspectos sustantivos como el referente al ingreso base que servirá para liquidar las prestaciones económicas causadas por efectos de un accidente de trabajo, tal como recientemente lo determinó la Corte en la Sentencia C-1152 de 2005 (27) . Decisión en la que al darse continuidad al precedente se declara inexequible el artículo 20 del Decreto-Ley 1295 de 1994 por considerarse que el Presidente se excedió en las facultades otorgadas por el legislador, exclusivamente relacionadas con la organización de la administración del sistema general de riesgos profesionales (28) .

En la sentencia en mención, C-1152, la Corte hizo un extenso recuento sobre las características propias de la ley de facultades según la jurisprudencia constitucional, y en especial, respecto a la precisión que le es propia a la misma, así: “En conclusión, la precisión de las facultades extraordinarias exige que sean puntuales, ciertas, exactas y claras, de tal forma que los asuntos delegados puedan ser individualizados, pormenorizados y determinados”.

Para finalmente decidir “Una vez confrontadas la disposición acusada y la norma legal habilitante, teniendo además en cuenta el precedente jurisprudencial sentado en la Sentencia C- 452 de 2002 (29) , M.P. Jaime Araújo Rentería, comparte la Corte el concepto del Ministerio Público, en el sentido de que el Gobierno Nacional, mediante la expedición del artículo 20 del decreto ley 1295 de 1994, se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias, ya que la delegación legislativa se concedió, de manera precisa y clara, únicamente para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales y no para regular un aspecto diferente como el de carácter sustantivo referente al ingreso base que servirá para liquidar las prestaciones económicas causadas por efectos de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, es decir, el ingreso base que se empleará para efectos de reconocer y cancelar el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario”.

Así mismo no es la primera vez que la Corte conoce de una demanda contra el artículo 9º del Decreto-Ley 1295 de 1994. De hecho han sido dos las veces que con anterioridad se ha demandado parcialmente ese artículo, aunque en ninguna de las ocasiones precedentes, sentencias C-453 de 2002 (30) y C-582 de 2002 (31) dentro de los cargos analizados y sobre los cuales se proyectó la cosa juzgada que declaró exequible la expresión demandada “cuando el transporte lo suministre el empleador”, se estudió el exceso en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el Congreso. Es decir, en ninguna de las dos demandas anteriores sobre un aparte del artículo 9º del Decreto-Ley 1295 de 1994 se alegó la vulneración del artículo 150 numerales 10 y 2º de la Constitución Política. Por lo anterior es dable concluir que existe cosa juzgada relativa sobre el artículo 9º del Decreto-Ley 1295 de 1994, pero que por sus mismas características, solamente por los cargos analizados en esas sentencias, no impiden un pronunciamiento de fondo de la Corte sobre los nuevos vicios constitucionales alegados por el actor en este proceso.

3. Solución.

Hechas las precisiones anteriores entrará la Corte a determinar si en efecto el Presidente de la República al definir en los artículos 9º, 10 y 13 en cuanto a la expresión “En forma voluntaria” del Decreto-Ley 1295 de 1994 qué es accidente de trabajo, cuáles son sus excepciones y de distinguir entre los regímenes de afiliación obligatorio y voluntario, rebasó las facultades precisas que le otorgó el legislador por medio del artículo 139 numeral 11 para “organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales” y con ello vulnerar los numerales 2º y 10 del artículo 150 de la Constitución Nacional.

En respuesta a este asunto considera la Corte que le asiste razón al procurador cuando en su concepto afirma que las normas impugnadas “definen el accidente de trabajo, señalan cuales son las situaciones exceptuadas del mismo y determinan quienes pueden ser afiliados al sistema general de riesgos profesionales en forma voluntaria, lo cual, a juicio de este despacho, no tienen una relación directa de índole material con la creación, el establecimiento, la modificación o reforma de los organismos, los recursos o los bienes destinados a la función de administrar el sistema general de riesgos profesionales; todo lo contrario, el objetivo que se persigue es el de regular sobre aspectos sustanciales de las circunstancias constitutivas del accidente de trabajo, así como del régimen de afiliación al referido sistema, cuando se trata de trabajadores independientes (...)”.

De conformidad a la línea jurisprudencial construida por esta corporación el marco competencial preciso y expreso que determinó el legislador para el Presidente en el artículo 139 numeral 11 de la Ley 100 de 1993 se restringe, como tantas veces se ha afirmado, a organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales, dentro de lo cual, la unificación de definiciones mediante la derogación de las existentes y la determinación de conceptos, y contenidos normativos sobre accidentes de trabajo y formas de afiliación a regímenes, superan la mera gestión para la cual le fueron atribuidas las competencias legislativas.

La definición de accidentes de trabajo y formas de afiliación para los trabajadores constituye un aspecto sustancial y de suma relevancia para el ejercicio de los derechos, cuya facultad de regulación normativa no fue concedida al Presidente. Así mientras que la gestión conlleva una acción dirigida a poner en orden los elementos ya existentes del Sistema, en pro de un mejor funcionamiento del todo, la definición consiste en entrar a determinar el contenido mismo de uno o algunos de los elementos del sistema.

Para los intervinientes del Ministerio de la Protección Social y Fasecolda para entrar a organizar algo se debe partir por definirlo y aunque la deducción resulta lógica en la medida en que apela a las intuiciones legítimas de los ciudadanos, su soporte se encuentra en un supuesto implícito de amplitud competencial legislativa en cabeza del Presidente, que resulta proscrito por la Constitución en beneficio de la correcta distribución y organización de las ramas del poder público.

Ello porque la facultad de legislar con una amplia libertad de configuración recae en el Congreso, quien como principal órgano representativo de los ciudadanos le ha sido confiada la función genérica de “hacer las leyes” (C.P., arts. 114 y 150) y para su efectivo ejercicio se han elaborado mecanismos deliberativos, de aprobación, control y garantías apropiados para el correcto desarrollo de sus competencias. Se trata de una competencia amplia pero reglada, porque está limitada por la Constitución (32) .

En este sentido esta corporación ha reconocido el amplio margen de configuración del legislador para regular lo concerniente a los derechos a la salud y a la seguridad social (33) . No obstante, tal flexibilidad regulativa reposa en cabeza del Congreso y no del Presidente. Este último, por el contrario, puede tener una actuación legislativa que resulta extraordinaria, limitada y a raíz del reparto competencial establecido entre las ramas del poder público, subyugada a la cesión que el legislativo le haga de sus competencias. En donde las facultades extraordinarias con las que se reviste al Presidente para ocupar temporalmente funciones asignadas al legislativo opera de forma residual, limitada y por ende rígida.

Lo anterior explica la estricta regulación constitucional establecida para que procedan las facultades legislativas del Presidente y resumida por la jurisprudencia constitucional así:

“(...), las facultades deben ser (i) solicitadas expresamente por el Gobierno Nacional, no pudiendo por tanto el Congreso trasladar por iniciativa propia ninguna de sus funciones legislativas al Presidente de la República (34) ; de igual manera, (ii) se debe cumplir con un supuesto de hecho, en el sentido de que la cesión de la potestad legislativa debe tener como motivo la existencia de un presupuesto de hecho habilitante, cual es que “la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”; (iii) las facultades deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara; (iv) que no se soliciten ni se confieran para expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas y leyes marco y para decretar impuestos, pues para éstos asuntos la competencia es exclusiva y excluyente del Congreso; (v) que las facultades se otorguen con carácter temporal, hasta por el término de seis meses; y, (vi) que las facultades sean precisas.

Lo anterior, sin perjuicio de que el Congreso conserva la competencia, en todo tiempo y por iniciativa propia, para reformar, modificar o derogar los decretos dictados por el Gobierno con base en las facultades extraordinarias, preservándose el principio democrático pues el órgano legislativo no puede desprenderse de su competencia para tratar los temas que han sido objeto de delegación” (35) .

Así las cosas esta Corte ha sido enfática en señalar la amplía libertad configurativa del legislador, empero, tal flexibilidad trae como contrapartida la rigidez de la misma en el Presidente. Es así que en la jurisprudencia constitucional se ha advertido que la actividad legislativa del Congreso como detentador de la cláusula general de competencia, no solamente se reduce a crear y derogar leyes, si no que incluso le es dable remitirse a otras normas o reiterar el contenido de otras leyes “y no por ello desborda sus competencias constitucionales” (36) .

Que el legislador pueda en el uso de sus competencias remitirse o reiterar el contenido de otras leyes o normas no puede leerse, como lo hace el interviniente de Fasecolda, como una forma de validación de vicios constitucionales mediante una posible técnica de subsunción. Y si bien es cierto que en la Sentencia C-710 de 2001 (37) la Corte entiende que el principio de legalidad establecido en el artículo 29 Constitucional no fue vulnerado por el legislador al hacer por medio de la ley una remisión a un procedimiento administrativo sancionatorio establecido en un Decreto, de ello no se desprende que el legislativo pueda actuar como ente facultado para subsanar los vicios de fondo provenientes del ejecutivo.

En aquella oportunidad la Corte manifestó:

“La remisión constituye una forma por medio de la cual el legislador incorpora a la ley un texto diferente, esto significa que tal y como los otros asuntos que trata la ley, el texto al que se remite es el que en el presente existe y el legislador ha considerado apropiado para incorporar a la ley y por ende los cambios al mencionado texto deberán hacerse por cuenta del mismo legislador tal y como se modifica, deroga o se crea otra ley. En ningún momento es posible considerar que por hacer la remisión a un determinado decreto reglamentario, este envío concede al ejecutivo facultades para cambiar el procedimiento en uso de facultades reglamentarias. La remisión que se hace al procedimiento establecido en el Decreto 1594 de 1984 significa justamente lo que el término remisión indica, se entiende que el envío querido por el legislador es frente al procedimiento establecido por el mencionado Decreto, plenamente identificable, de manera clara e inequívoca tal y como fue reglamentado en su oportunidad y no cualquier procedimiento que pueda el ejecutivo en uso de facultades reglamentarias expedir. Considerar que la remisión habilita al ejecutivo para cambiar el procedimiento sí constituye una violación al principio de legalidad y a la reserva de ley porque el legislador ordinario habría hecho un traslado indefinido e ilimitado de la potestad legislativa frente al juzgamiento administrativo de los ciudadanos en materia ambiental. Acto que desconocería el principio de legalidad y la facultad de legislar conferida por el artículo 150 y los requisitos exigidos para conferir facultades extraordinarias previstos en el numeral 10 de mismo artículo”.

Por ende, la remisión es una forma de brindar coherencia a la legislación existente pues con su uso se articulan las normas vigentes que regulan una materia, pero de la cual no se deriva una posible corrección de los vicios constitucionales contenidos en las normas referidas.

En el caso concreto la ley habilitante estableció como una de sus finalidades la unificación del Sistema de Seguridad Social, pero dicha pretensión no la hizo extensiva al Presidente de la República, tal como lo estableció esta corporación en la Sentencia C-452 de 2002, reiterada en la Sentencia C-1152 de 2005. De manera que la definición con el ánimo de unificar conceptos sobre accidente de trabajo (art. 9º y 10 del D.L. 1295/94) y el establecimiento de distinciones entre formas de afiliación (art. 13), no fueron facultades entregadas al Presidente mediante la ley habilitante.

Por las razones expuestas en esta providencia la Corte declarará la inexequibilidad de los artículos 9º, 10 y 13 (parcial) del Decreto-Ley 1295 de 1994 por vulneración de los numerales 10 y 2º del artículo 150 de la Constitución Política. Al proceder el primer cargo de inconstitucionalidad no es necesario entrar a analizar los otros propuestos por el demandante.

En atención a la importancia que para la estabilidad del sistema general de riesgos profesionales revisten las normas impugnadas y con el fin de mitigar los efectos inmediatos de una decisión de inexequibilidad, la Corte atenderá la solicitud del Procurador General de la Nación y de algunos de los intervinientes en el sentido de diferir los efectos de esta decisión por el término de ocho (8) meses, hasta el veinte (20) de junio de 2007, a fin de que el Congreso expida una ley que defina los aspectos declarados inexequibles en el presente proceso.

VI. Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLES los numerales(sic) 9º, 10 y 13 en la expresión “En forma voluntaria” del Decreto-Ley 1295 de 1994.

2. DIFERIR los efectos de esta sentencia hasta el término de esta legislatura que concluirá el veinte (20) de junio de 2007, para que el Congreso expida una ley que defina los aspectos declarados inexequibles en el artículo primero de esta decisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(14) Recientemente esta posición es continuada en la Sentencia C-1152 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, al igual que se hizo en las sentencias C-1177 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-734 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(15) Múltiples han sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación al Decreto-Ley 1295 de 1994, no obstante en esta decisión nos concentraremos en aquellas decisiones que han analizado los cargos atinentes a la extralimitación del Presidente en el uso de las facultades extraordinarias para legislar según la norma habilitante del numeral 11 artículo 139 de la Ley 100 de 1993.

(16) M.P. Jorge Arango Mejía.

(17) Dentro de los cargos construidos por el actor como vicios formales se encontraba: a. falta de iniciativa gubernamental, porque de conformidad con el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, las facultades extraordinarias que otorgue el congreso al presidente de la república deben ser expresamente solicitadas por el gobierno; b. Existencia de adiciones y modificaciones en el texto del artículo 139 y 248, que no fueron objeto de discusión ni aprobación por algunas de las células legislativas y que producen contradicciones entre las dos normas acusadas, violándose así el artículo 157 de la Constitución; c. Falta de mayoría exigida por el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, para la concesión de facultades extraordinarias por el Congreso de la República. De proceder este cargo los decretos dictados con fundamento en las normas demandadas también devendrían inexequibles, estos eran: Decreto 656, 1298, 1281, 1282, 1283, 1284, 1294, 1295, 1297, 1259, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1296, 1302, 1301, 1299, 1300, 1314, todos ellos expedidos en 1994. Como vicios de fondo se alegaron: a. Violación del artículo 113, y del numeral 26 del artículo 189 que establece que es facultad exclusiva del presidente la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por la facultad contenida en el numeral 4º del artículo 248 de la Ley 100 que le delega hacer lo que sólo le compete al presidente. b. Violación de los artículos 150, numeral 10 de la Constitución, por el artículo 139, numerales 5º y 7º, y el inciso segundo del numeral 2º, en lo que hace a la prohibición de conceder facultades extraordinarias en materias de impuestos, regulación de la actividad financiera, bursátil o aseguradora, y para la expedición de códigos, lo cual implica violación, también, de los artículos 150, numeral 19, literal d), y 157. y por último, c. Inconstitucionalidad del Decreto 973 de 1994, por exceso de las facultades concedidas en el numeral 4º, del artículo 248 de la Ley 100 de 1993 y por desconocer el numeral 21 del artículo 150 de la Constitución.

(18) Salvo el numeral 7º del artículo 139 que se declaró inexequible porque el mencionado inciso facultaba al Presidente de la República para revisar algunas cotizaciones sobre nómina que vulneraba el principio de unidad de materia que reclama el artículo 158 de la Constitución. Adicionalmente el numeral en cuestión facultaba al presidente a revisar esas contribuciones parafiscales, sin fijar “el sistema y el método para definir” los costos y beneficios, ni la forma de hacer su reparto”. Razones por las cuales fue declarado inexequible el numeral 7º del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.

(19) Numeral tercero de la parte resolutiva de la Sentencia C-376 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.

(20) Así mismo mediante la Sentencia C-164 de 2000 la Corte consideró ajustada a la Constitución la delegación que mediante el Decreto 1266 de 1994 le hiciera el Presidente de la República al Ministro de Gobierno para que expidiera el Decreto-Ley 1295 de 1994.

(21) M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Con salvamento de voto del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, y aclaración de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. También ver la Sentencia C-773 de 1998.

(22) Ibídem.

(23) M.P. Jaime Araújo Rentería, con salvamentos parciales de voto de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo. Así como salvamento de voto del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. El contenido de los salvamentos parciales de voto de los magistrados Alfredo Beltrán y Jaime Araújo consistió en separarse de la decisión de la mayoría en el sentido de diferir los efectos de la decisión por el término de seis meses. Por su parte el salvamento de voto del magistrado Manuel José Cepeda, aunque compartía el espíritu de la sentencia, se apartó de una de las decisiones adoptadas por la mayoría respecto a la declaratoria de exequibilidad del artículo 35 acusado que en su concepto debió ser declarada inconstitucional. En su consideración, la interpretación gramatical de la ley habilitante era “inadecuada, insuficiente y precaria”. Por otra parte el magistrado Cepeda valoró que la interpretación acogida por la mayoría sobre los límites de la ley habilitante pasó por alto otros precedentes relevantes de la Corporación como la Sentencia C-046 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-773 de 1998 Hernando Herrera Vergara, y C-164 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández.

(24) C-498 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero.

(25) Sentencia C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(26) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(27) M.P. Clara Inés Vargas Hernández con salvamento de voto del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.

(28) Ibídem.

(29) Con salvamentos parciales de voto de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa.

(30) En esta ocasión se demandó la expresión “cuando el transporte lo suministre el empleador” del artículo 9º del Decreto-Ley 1295 de 1994 por la supuesta vulneración de los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política. En la decisión de la corte se declaró exequible la expresión impugnada “por los cargos analizados en esta sentencia”. C-453 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.

(31) Tratándose de una demanda similar a la resuelta en la Sentencia C-453 de 2002, en cuanto se demandaba el mismo fragmento del artículo 9º del Decreto-Ley 1295 de 1994 y con identidad de cargos, la Corte decidió “Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-453 de 2002”, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(32) Sentencia C-527 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(33) Sentencias C-516 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-1489 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-671 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1027 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.

(34) Sentencia C- 734 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(35) Sentencia C-1152 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(36) Sentencia C-527 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(37) En este proceso el actor impugnó el parágrafo 3 del artículo 85 de la ley 99 de 1993 (por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente) por considerar que la remisión hecha por el legislador al procedimiento previsto para la imposición de medidas y sanciones administrativas y contempladas en el Decreto 1594 de 1984, vulneraba la cláusula de reserva legislativa prevista en el artículo 29 de la Constitución. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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