Sentencia C-861 de octubre 18 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-861 de 2006

Ref.: Expediente D-6241

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Actores: Fernando Zarama Vásquez y Juan Carlos Giraldo Valencia.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 256 (parcial) de la Ley 223 de 1995, “por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, tomado del Diario Oficial 42.160, de fecha 22 de diciembre de 1995, con la advertencia de que se subraya y resalta lo parcialmente censurado:

“LEY 223 DE 1995

(Diciembre 20)

Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 256.—Los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional.

Estarán exentas del impuesto de timbre nacional las entidades administradoras del sistema general de seguridad social en salud, en lo relacionado con los regímenes contributivo y subsidiado y los planes de salud de que trata la Ley 100 de 1993”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

Primera. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de la acusación contra una ley.

Segunda. Lo que se debate.

2.1. Para los demandantes, la forma como se estableció la exención del impuesto de timbre nacional en el artículo 256 de la Ley 223 de 1995, solo para las entidades administradoras del sistema general de seguridad social en salud, vulnera los artículos 48 de la Constitución, relativo a la prohibición de destinar o utilizar los recursos de las instituciones del sistema de seguridad social para fines diferentes a esta, y 13 de la Carta, por cuanto la norma acusada crea una exención tributaria a favor de las administradoras, pero deja gravadas a las instituciones prestadoras de servicios de salud.

2.2. Para los respectivos representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la disposición es exequible, acorde como está al desarrollo de facultades del legislador, coincidiendo en afirmar que no puede exonerarse de impuesto transacciones que realizan las IPS, de igual manera que se hace con las operaciones de las EPS y las ARS, porque no se estaría exonerando operaciones de igual índole.

Cuando el legislador limita la exención del impuesto de timbre a las entidades administradoras del sistema general de seguridad social en salud, en lo relacionado con los regímenes contributivo y subsidiado y los planes de que trata la Ley 100 de 1993, no se evidencia contradicción alguna en la destinación especial de los recursos de la seguridad social.

Pusieron de presente que las exclusiones son de creación legal y por ende deben tomarse de acuerdo con el texto normativo, en la medida en que son taxativamente determinadas en la ley. Las IPS tienen a su cargo, por delegación de la ley, la prestación de servicios de salud en acatamiento al mandato constitucional establecido en el artículo 48, pero esta gestión no llega hasta la participación en la administración de los recursos del sistema y esta circunstancia resulta de cardinal relevancia frente a los argumentos de la demanda, pues las IPS prestan servicios y por ello reciben un beneficio económico, pero no administran los recursos del sistema.

Por su parte, un ciudadano interviniente pidió declarar la inexequibilidad de la disposición, considerando que la norma acusada quebranta el artículo 363 de la Constitución, al gravar con el impuesto de timbre a las IPS cuando suscriben contratos de prestación de servicios de salud del POS con las EPS, dejándolas en condiciones de inequidad respecto de estas últimas, las cuales conforme al artículo demandado sí se encuentran exentas de cancelar dicho impuesto en los contratos que suscriben con las IPS.

2.3. El procurador halla exequible la expresión acusada, si se condiciona a que se aplique a la suscripción de documentos entre las EPS y las IPS y entre las ARS y las IPS con motivo de la prestación del plan obligatorio de salud. La razón para este condicionamiento la fundamenta en que en estos eventos, se estaría comprometiendo recursos vinculados a la seguridad social en salud, que deben ser destinados exclusivamente a ella.

2.4. Planteado así el objeto de la presente acción, se examinará si se está ante las vulneraciones que aducen los demandantes.

Tercera. El sistema general de seguridad social en salud.

Dentro de la estructura del sistema general de seguridad social en salud, la ley contempla un diseño institucional dentro del cual están, por un lado, las entidades promotoras de salud (EPS) y las administradoras del régimen subsidiado (ARS), que son responsables de la afiliación de los usuarios, bien sea en el régimen contributivo o en el subsidiado, cuya función básica es organizar y garantizar la prestación a sus afiliados del plan obligatorio de salud (POS) y el plan obligatorio de salud subsidiado (POSS).

Por otro lado, se encuentran las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son entidades oficiales, privadas, comunitarias o solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud, dentro de las EPS o fuera de ellas, como clínicas, centros de salud, hospitales, consultorios profesionales, entre otros.

Las IPS tienen personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. La Ley 100 de 1993 explica en su artículo 185 que: “Las instituciones prestadoras de servicios deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Además, propenderán a la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios y evitando el abuso de posición dominante en el sistema. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre instituciones prestadoras de servicios de salud, entre asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera de los anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de servicios de salud, o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud”.

Como se ve, el término instituciones prestadoras de servicios de salud abarca un gran número de entes, que incluye grupos de práctica profesional, consultorios médicos, laboratorios clínicos, de radiología, entre otros. El inciso 2º del artículo 2º del Decreto 2309 de 2002, cataloga como IPS a los grupos de práctica profesional que cuenten con infraestructura.

Si bien las EPS y las ARS tienen rasgos cercanos a las IPS, al ser entidades del sistema general de seguridad social en salud, responden a características disímiles en otros aspectos, puesto que las IPS no tienen una competencia administradora y operativa de trascendencia para el sistema, ni son responsables de la afiliación de usuarios, ni de la prestación a afiliados suyos del plan obligatorio de salud.

Cuarta. Los recursos de la seguridad social son parafiscales.

Resulta pertinente recordar, que sobre los recursos del sistema general de seguridad social, la Corte Constitucional en numerosas oportunidades ha manifestado que son rentas de naturaleza parafiscal que no pueden estar sometidas a ningún gravamen, ni destinarse a fines diferentes a los establecidos para el sistema, de conformidad con el artículo 48 de la Carta.

Sin embargo, puede gravarse con impuestos las rentas que excedan los recursos exclusivos para prestación del POS, pues tienen una destinación diferente a la seguridad social. Al respecto ha sostenido:

“… Las entidades promotoras de salud recaudan las cotizaciones obligatorias de los afiliados al régimen contributivo, luego descuentan por cada usuario el valor de la unidad de pago por capitación —UPC— fijada para el plan obligatorio de salud (POS) y trasladan la diferencia al Fondo de Solidaridad (Fosyga).

Por otra parte, existe el régimen subsidiado en salud, al que se vinculan los individuos a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de los que trata la Ley 100 de 1993. Los afiliados a este sistema son personas sin capacidad económica, la población más pobre y vulnerable del país. En este régimen se da especial importancia a las mujeres embarazadas para la atención del parto, posparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores desprotegidos, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años y los discapacitados, entre otros. Las normas que establecen el sistema subsidiado prevén que parte de la financiación del subsidio emana de la unidad de pago por capitación del régimen contributivo.

16. Con la creación de las EPS y las ARS se busca homogenizar la operación y optimizar los beneficios que otorgan las entidades de seguridad social sin distinción entre los usuarios del régimen contributivo y los usuarios del régimen subsidiado. La prima media homogeniza el servicio. Para cumplir con este propósito de igualdad en la prestación del servicio de salud, la ley autorizó a las EPS para que asuman la responsabilidad de la afiliación de todos los habitantes del país al nuevo sistema, la movilización de los recursos financieros del sistema y el manejo de los riesgos de salud de los colombianos.

17. Las EPS son las responsables de recaudar las cotizaciones de los afiliados y facilitar la compensación con el Fondo de Solidaridad y Garantías y hacer un manejo eficiente de los recursos de la UPC (1) . De otro lado, el diseño del sistema general de seguridad social en salud crea una serie de relaciones interdependientes entre las instituciones que lo integran y define la UPC como centro del equilibrio financiero. La unidad de pago por capitación no representa simplemente el pago por los servicios administrativos que prestan las EPS sino representa en especial, el cálculo de los costos para la prestación del servicio de salud en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería. Esto significa, la prestación del servicio en condiciones de homogenización y optimización. La relación entre las entidades que pertenecen al sistema y los recursos que fluyen dentro del ciclo de prestación del servicio de salud, forman un conjunto inescindible, así como la Corte lo analizó en la Sentencia SU-480 de 1997:

‘Hay que admitir que al delegarse la prestación del servicio público de salud a una entidad particular, esta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire a obtener una legítima ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del sistema nacional de seguridad social en salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiado y a los principios de universalidad y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud’.

En este sentido, las UPC no son recursos que pueden catalogarse como rentas propias de las EPS, porque en primer lugar, las EPS no pueden utilizarlas ni disponer de estos recursos libremente. Las EPS deben utilizar los recursos de la UPC en la prestación de los servicios de salud previstos en el POS. En segundo lugar, la UPC constituye la unidad de medida y cálculo de los mínimos recursos que el sistema general de seguridad social en salud requiere para cubrir en condiciones de prestación media el servicio de salud tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado.

18. Otra cosa diferente son los recursos que tanto las EPS como las IPS captan por los pagos de sobreaseguramiento o planes complementarios que los afiliados al régimen contributivo asumen a mutuo propio, por medio de un contrato individual con las entidades de salud para obtener servicios complementarios, por fuera de los previstos en el POS. Estos recursos y todos los demás que excedan los recursos exclusivos para prestación del POS son rentas que pueden ser gravadas con impuestos que den, a los recursos captados, una destinación diferente a la seguridad social. Las ganancias que las EPS y las IPS obtengan por la prestación de servicios diferentes a los previstos legal y jurisprudencialmente (2) como plan obligatorio de salud no constituyen rentas parafiscales y por ende pueden ser gravados.

19. La fórmula elegida por el legislador para diseñar el sistema de seguridad social en salud es la de privilegiar el subsidio de la demanda y prever la existencia de entidades administradoras que juegan el papel de intermediarias entre los recursos financieros y las instituciones que prestan el servicio de salud y los usuarios. El papel que desempeñan las entidades prestadoras de salud (EPS) se ajusta a la idea del contrato de aseguramiento, en el que el prestador asume el riesgo y la administración de los recursos. Sin embargo, no se trata de un contrato de seguros clásico porque en primer lugar, construye un manejo financiero de prestación media para todos por igual, tanto para el régimen contributivo, como para el régimen subsidiado, y en segundo lugar, los recursos, una vez son captados por el sistema de salud, no le pertenecen a quien los cancela, sino al sistema en general. Las cotizaciones que hacen los afiliados al sistema de salud no se manejan como cuentas individuales en donde existe una relación conmutativa entre lo que se paga y lo que se recibe. Estos aspectos, de la relación entre afiliados y asegurador distinguen de fondo el contrato de aseguramiento en salud del contrato de seguros tradicional” (Sent. C-828, ago. 8/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño).

Dentro de este contexto, la Corte entra a analizar la acusación que se hace sobre la exención en materia tributaria a las entidades administradoras del sistema general de seguridad social en salud.

Quinto. Los cargos de la demanda.

Se acusa la expresión “administradoras” contenida en el artículo 256 de la Ley 223 de 1995. Según el artículo 10, parágrafo 2º, del Decreto Reglamentario 841 de 1998, se entiende por administradoras del sistema de seguridad social en salud, las entidades promotoras de salud y las entidades facultadas para cumplir las funciones de estas y solo respecto de tales funciones. Es decir, las ARS son también entidades administradoras del sistema, por cuanto cumplen funciones de las entidades promotoras, pero en el régimen subsidiado.

Ello significa que en el artículo 256 de la Ley 223 de 1995, el legislador contempló una exención en el impuesto de timbre nacional a favor de las empresas promotoras de salud (EPS) y de las administradoras del régimen subsidiado (ARS).

Para lo que interesa en este caso, debe recordarse que sobre el impuesto de timbre, esta corporación señaló:

“El impuesto de timbre ha sido entendido como aquel que grava la suscripción de documentos públicos o privados en donde conste la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, siempre que las mismas tengan un monto superior a la cifra establecida cada año por el Gobierno Nacional (3) . En este orden de ideas, los actos suscritos que dan origen al impuesto de timbre suponen la existencia de intercambio económico de bienes o servicios, sobre los cuales se causa el tributo. Tradicionalmente el impuesto de timbre ha sido considerado económicamente como un impuesto indirecto, pues no tiene en cuenta la capacidad contributiva de quien lo asume, de esa manera, sin importar quien sea el contribuyente, deberá pagarse lo correspondiente al documento suscrito, sin más parámetro que el valor del mismo. Finalmente, se ha reconocido que el citado tributo está dirigido a gravar la capacidad económica de quien suscribe documentos de alto importe, admitiendo que el legislador puede valerse de otras personas distintas de los contribuyentes para asegurar el recaudo del mismo” (Sent. C-543, mayo 24/2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Son contribuyentes del impuesto de timbre las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta, siempre y cuando intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos, así como a su favor se expidan, otorguen o extiendan los mismos (E.T., arts. 7º, 11, 13, 14, 15, 16 y 17).

De manera general, las entidades de derecho público están exentas de pagar el impuesto de timbre nacional.

Según el artículo 532 del estatuto tributario, cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la exención se deba a la naturaleza del acto o del documento y no a la calidad de sus otorgantes. Lo que significa que cuando las IPS suscriben documentos con las EPS (entidades exentas del impuesto de timbre), aquellas por disposición de la ley deberán pagar la mitad del mencionado impuesto.

Son entidades de derecho público para efectos de esta exención, la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y los organismos o dependencias de las ramas del poder público, central o seccional, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta (E.T., art. 533).

Para el demandante, la exención del impuesto de timbre nacional contemplada a favor de las administradoras (EPS y ARS) rompe el principio de igualdad y vulnera el artículo 48 de la Constitución, por no incluir como beneficiarias de dicha exención a las IPS.

Pero las IPS no solamente se dedican a la prestación de servicios de salud, sino que también venden servicios de salud, que son cubiertos con recursos diferentes a las UPC, operaciones que al ser ajenas al sistema de seguridad social en salud, no pertenecen al mismo rango y sí pueden ser gravadas.

Dicho de otra manera, las IPS reciben ingresos adicionales a los del sistema general de seguridad social en salud, que no pueden considerarse parafiscales, pues los recursos que reciben las IPS no se ejecutan de forma exclusiva en la prestación de servicios de salud.

De manera que la exención concedida a las administradoras no puede extenderse a las IPS, por cuanto no se trata de personas jurídicas de la misma naturaleza, ni sus actividades son las mismas, razón por la cual mal puede hablarse de violación del derecho a la igualdad en la tributación, pues resulta evidente que el hecho gravado no es el mismo. Es decir, si el sujeto pasivo de la obligación tributaria y el hecho que se grava por la ley son diferentes, no existe violación del derecho a la igualdad.

En el hecho generador del impuesto de timbre, su base gravable no está contenida en los ingresos de las personas, ni en sus rentas, sino en sus operaciones, que las IPS realizan con diferentes actores, no solo con entidades promotoras de salud (EPS) o con administradoras del régimen subsidiado (ARS), razón por la cual pueden ser gravadas con el impuesto de timbre.

Lo anterior significa que en lugar de violar los artículos 48 y 13 de la Carta, como afirman los demandantes, al contemplar la exención tributaria el legislador propende en realidad por utilizar un medio legal para promover la administración eficiente, oportuna y con mayores recursos por parte de las entidades específicamente autorizadas por la ley, buscando con la exención tributaria la primacía del interés general sobre el particular.

Al limitar la exención del impuesto de timbre a las entidades administradoras del sistema general de seguridad social en salud, en lo relacionado con los regímenes contributivo y subsidiado y los planes de que trata la Ley 100 de 1993, no hay contradicción alguna en la destinación especial de los recursos de la seguridad social que prescribe el artículo 48 superior, por cuanto es claro que dichos recursos se destinan para los fines propios de la seguridad social.

Sin embargo, cuando se analiza la naturaleza de los recursos de las IPS, se puede concluir que no existe una separación de sus ingresos, como tampoco de sus gastos de administración para la prestación de uno y otro servicio.

De tal manera, si las EPS y las ARS están exoneradas del pago del impuesto de timbre en la hipótesis señalada en el artículo acusado, podrán destinar dichos recursos al cumplimiento de su función como administradores del sistema general de seguridad social en salud.

Como puede observarse, los actores otorgan a la definición que hacen de la expresión acusada unas consecuencias que no corresponden a la realidad y que conducen, por tanto, a concluir que los cargos de la demanda no están llamados a prosperar.

Las IPS, por sus características, no manejan únicamente recursos de carácter parafiscal, asumidos como “los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable” (D. 111/96, art. 29). Como afirma en su intervención la representante de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sus recursos pueden provenir de otra clase de actos, como contratos de medicina prepagada, contratos celebrados con entidades de educación superior para la formación de estudiantes en distintas áreas de la medicina y la salud, que no pueden considerarse como parte del sistema general de seguridad social en salud.

Adicionalmente, la administración de los recursos del sistema corresponde únicamente a las EPS y a las ARS.

Con fundamento en esta característica, es claro que, independientemente de los pagos que perciben las IPS por concepto del POS, esas instituciones tienen autonomía administrativa, técnica y financiera y reciben otras retribuciones, que no guardan relación directa con la prestación de los servicios del sistema general de seguridad social en salud, recursos que le generan otro tipo de utilidades, que pueden ser gravadas por cuanto en ningún caso entran a formar parte del sistema de salud.

La Corte entiende que las IPS reciben ingresos de fuentes distintas a tal sistema y que no son de destinación específica, a diferencia de lo que sucede con los recursos que perciben las EPS y las ARS (Cfr. Sent. C-572, jul. 15/2003, M.P. Jaime Araújo Rentería).

Entonces, al no escindirse cuándo las IPS suscriben contratos o documentos que involucren recursos de naturaleza parafiscal, el legislador frente a su facultad contemplada en el artículo 150 numeral 12 de la Carta, dispuso la exención de tal tributo solo a favor de las administradoras.

Es claro, conforme a lo expuesto, que la norma acusada no quebranta el derecho a la igualdad en materia tributaria, al mantener el impuesto de timbre para operaciones celebradas por una clase de entidades y, de manera simultánea, eximir de ese gravamen a otras de similar naturaleza que realicen, entre otras, operaciones semejantes, por lo que, en tales circunstancias, no puede predicarse quebranto alguno por el legislador que signifique discriminación a favor de las entidades administradoras del sistema general de seguridad social en salud con respecto a las IPS, que también tienen en su ámbito de acción y provisión otra clase de recursos.

Por lo que hace a la presunta violación del artículo 48 de la Constitución Política, se observa por la Corte que el legislador estableció un sistema general de seguridad social que, apoyado entre otros principios en la universalidad y la solidaridad, requiere de mecanismos e instrumentos para operar, así como de recursos para su financiación.

De esta suerte, si el legislador previo análisis de la conveniencia para el efecto, autorizó la creación de entidades promotoras de salud (EPS), de administradoras del régimen subsidiado (ARS) y de instituciones que usualmente con propósito lucrativo se dediquen a la prestación de servicios de salud, significa que no tienen todas la misma naturaleza jurídica, ni persiguen iguales objetivos específicos. En tal virtud, si las IPS, además de la realización de actividades directamente vinculadas a la seguridad social, se encuentran autorizadas para cumplir funciones diferentes, en nada se quebranta el artículo 48 de la Carta Política si el legislador no las exime del impuesto de timbre nacional en lo relacionado con los regímenes contributivo y subsidiado y los planes de salud de que trata la Ley 100 de 1993.

Dada la diversidad de la procedencia de los recursos de las IPS, gravar las operaciones de estas en lo que corresponde con el impuesto de timbre, en nada significa que se estén destinando recursos para fines diferentes a los propios de la seguridad social, pues no son identificables ni inmanentes a esta.

Es más, el propio estatuto tributario en el artículo 532 contempla un beneficio a favor de las instituciones no exentas, pues en el caso de intervenir en la causación del impuesto de timbre una entidad exenta (EPS o ARS) frente a otra no exenta (IPS), esta deberá pagar únicamente la mitad. Quiere ello decir, que si bien las IPS están gravadas con el impuesto de timbre, el legislador previó que al realizar operaciones propias del sistema general de seguridad social en salud con las EPS o las ARS, obtienen un beneficio al pagar solo la mitad de dicho tributo, por la exención de las administradoras.

Como se ve, no es cierta la afirmación según la cual por decisión del legislador se esté imponiendo un gravamen tributario a los recursos destinados exclusivamente a la prestación del servicio de salud, como parte indispensable de la seguridad social, ni mucho menos podría afirmarse que por esta vía se estuviera autorizando de manera directa o indirecta el recaudo de un tributo para distraer los recursos destinados a la seguridad social.

Dentro de todo este contexto, no encuentra la Corte Constitucional que el aparte acusado del artículo 256 de la Ley 223 de 1995 viole el derecho a la igualdad ni el artículo 48 de la Constitución pues, como fue explicado, no está desgravando operaciones de igual categoría, ni destina o utiliza recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

Por las consideraciones anteriores, se declarará exequible la expresión “administradoras”, contenida en el artículo 256 de la Ley 223 de 1995, por no violar ni el artículo 13 ni el 48 de la Constitución.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “administradoras”, contenida en el artículo 256 de la Ley 223 de 1995, “por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”, por no violar los artículos 13 y 48 de la Constitución Política.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

(1) Según el artículo 62 del Decreto 1298 de 1994 del estatuto orgánico de salud, las UPC son: “Ingresos de las entidades promotoras de salud. La cotización que recauden las entidades promotoras de salud pertenecen al sistema general de seguridad social en salud.

Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el plan obligatorio de salud para cada afiliado, el sistema general de seguridad social en salud reconocerá a cada entidad promotora de salud un valor per cápita, que se denominará unidad de pago por capitación —UPC—. Esta unidad se establecerá en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, y será definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de Salud.

PAR.—Las entidades promotoras de salud manejarán los recursos de la seguridad social originados en las cotizaciones de los afiliados al sistema en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad”.

(2) Para la definición jurisprudencial de aspectos que debe contemplar el POS, se puede consultar la Sentencia T-108 de 1999, entre otras.

(3) Véase, artículo 519 del estatuto tributario.

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