SENTENCIA C-863 DE OCTUBRE 18 DE 2006

 

Sentencia C-863 de 18 de octubre de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

NUMERACIÓN DE LAS LEYES

Cuando se subsana el trámite legislativo se conserva el número ya asignado.

EXTRACTOS: «Como se anotó, la Corte dispuso devolver la Ley 896 de 2004 al Congreso para que se subsanara su trámite. En el Congreso, se efectuó el proceso de corrección, con los mismos números del proyecto de ley y de la ley aprobada. Luego de culminado el nuevo trámite, el Congreso envió el proyecto de ley al Presidente de la República para su sanción. Sin embargo, se le asignó un nuevo número, a la ley aprobatoria. Pasa la Corte a analizar este punto.

Si bien el Proyecto de Ley 212 de 2003 Senado – 111 de 2003 Cámara, fue identificado con dos números de ley diversos con ocasión de su trámite de subsanación, esto es como Ley 896 de 2004 y Ley 1018 de 2006, lo cierto es que ello fue producto de un error en la numeración, en la medida en que todo el procedimiento legislativo da cuenta de que la intención clara del legislador era la de subsanar el vicio en la Ley 896 de 2004, tal y como lo había indicado esta corporación en el Auto 89 de 2005 (74) . No se trataba entonces de un trámite legislativo ex novo que exigiera una nueva numeración, sino del trámite de subsanación de un vicio en la formación de una ley ya sometida a la revisión de esta corporación, correspondiente a la Ley 896 de 2004. Al culminar la formación de dicha ley en 2004, se le adjudicó una identificación, por tratarse de una ley aprobatoria de un tratado, cuyo control constitucional es, por determinación superior, posterior a la sanción y numeración correspondiente.

No existe en la Carta una norma constitucional que regule de manera expresa la numeración de las leyes, pero el ordenamiento vigente indica que la numeración de la ley es una actuación administrativa que de acuerdo con el Decreto 2719 de 2000, artículo 8º (75) , compete a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República (76) .

La sanción presidencial se limita a “aprobar el proyecto correspondiente” por parte del “Gobierno” y a “dar fe de su autenticidad” (77) . Además, de acuerdo al Decreto 2719 de 2000, la numeración se da sobre “leyes ya sancionadas”, por ser tal numeración de la ley, un trámite de carácter administrativo que debe realizarse “guardando una secuencia numérica indefinida y no por año”, de acuerdo a la exigencia establecida por el artículo 194 de la Ley 5ª de 1992.

La jurisprudencia constitucional en situaciones anteriores en que se ha devuelto al Congreso una ley para ser subsanada por adolecer de vicios de forma, da cuenta de que generalmente en el trámite de subsanación se ha respetado el número de ley inicialmente asignado. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia C-607 de 1992, (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en el que la Ley 1ª de 1992 que adolecía de vicios de forma, fue devuelta al Congreso. Luego de ser subsanada en su trámite y sancionada en una segunda oportunidad, se le respetó su número de ley original. Por lo que la Corte Constitucional, una vez corregido el vicio de forma que recaía sobre la Ley 1ª de 1992, la declaró exequible. En la sanción, el Gobierno Nacional, con firmas del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Gobierno del momento, sancionó el proyecto de ley corregido, de la siguiente forma: “En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional refrenda los actos por los cuales el Congreso de la República subsanó los vicios de procedimiento en que incurrió al expedir la Ley 1ª de 1992” (78) .

En el caso que nos ocupa, la Corte advierte lo siguiente: (i) el primer número de ley —el 869 de 2004— es el que identifica a la ley aprobatoria objeto del control ejercido en el presente proceso; (ii) la voluntad del legislador, en cumplimiento del Auto 89 de 2005, era la de subsanar el vicio de forma constatado por esta corporación en la formación de la Ley 896 de 2004; (iii) el proyecto de ley correspondió siempre al mismo, es decir, al 212 de 2003 Senado – 111 de 2003 Cámara, como puede confirmarse en todas las ponencias y debates que se surtieron en el Congreso, y en su remisión para sanción presidencial.

Ahora bien, se cometió un error administrativo en la numeración, al habérsele asignado un segundo número a la misma ley después de haber sido subsanado el vicio en la formación de la misma. No obstante dicho error no modifica el contenido de la ley ni incide en el proceso de su formación en el Congreso de la República. Para la Corte por lo tanto, el presente análisis de constitucionalidad se entiende realizado sobre la Ley 896 de 2004 que aprobó el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”».

(Sentencia C-863 de 18 de octubre de 2006. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).

(74) De hecho la Corte Constitucional, mediante los autos 179 de 2006 y 214 de 2006, tal y como se enuncia en los antecedentes de esta providencia, reconoció el error que aquí se verifica y decidió “Dejar sin efectos lo actuado en el LAT-288, con excepción de las pruebas que se surtieron”, las cuales fueron trasladadas “al LAT- 269, para continuar con el correspondiente trámite oficioso de constitucionalidad”. Además, de acuerdo al procedimiento legislativo que acaba de reseñar esta corporación, es evidente que el querer del Congreso no fue el de contar con dos leyes aprobatorias de un tratado internacional, sino el de subsanar la Ley 896 de 2004, tal y como lo había indicado esta corporación en el Auto 89 de 2005. Así lo confirman las gacetas que se han trascrito y los debates que adelantó el legislador, ya que tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes el proyecto a corregir conforme al procedimiento constitucional, era aquel distinguido con los números 212 de 2003 Senado – 111 de 2003 Cámara, y sancionado y numerado originalmente como Ley 896 de 2004. Es más, en cada una de las células legislativas, no solo se respetó la asignación numérica inicial dada al proyecto que se describe, sino que se comenzó el trámite de subsanación en el momento procesal que indicó el Auto 89 de 2005 de la Corte Constitucional, por lo que ciertamente no se trató de un proceso legislativo nuevo, sino del trámite de subsanación de un proyecto de ley ya revisado por esta corporación, correspondiente a la Ley 896 de 2004.

(75) Dice el Decreto 2719 de 2000 en su artículo 8º que corresponde a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, lo siguiente: “a) Radicar y registrar, en libro foliado por orden y fecha de llegada, los proyectos de ley recibidos de las Cámaras Legislativas, estudiarlos y dar concepto al Presidente sobre su constitucionalidad y conveniencia, ya fuere para sancionarlos u objetarlos y, en este último caso, preparar el proyecto de objeciones; numerar las leyes sancionadas y remitirlas para su publicación en el Diario Oficial; (…)” (negrilla fuera del original).

(76) Es una actuación que debe realizarse “guardando una secuencia numérica indefinida y no por año”, de acuerdo a la exigencia establecida por el artículo 194 de la Ley 5ª de 1992. Los errores en la numeración, no pueden obstruir u obstaculizar la expresión del legislador y la formación de las leyes. En estos casos, cuando la voluntad del legislador es clara y el error es administrativo, procede la expedición de un decreto de yerros que permita a la Presidencia rectificar su inadecuada asignación de numeración en una ley. El artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 del régimen político y municipal, establece que de presentarse error tipográfico, caligráfico o de referencia de unas leyes a otras, deberá procederse así: “ART. 45.—Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador”.

(77) Sentencia C-084 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(78) Resulta razonable entonces en estos casos, respetar el número de ley inicialmente asignado, porque: (i) El trámite legislativo que se rehace, y su posterior sanción, forma parte de la corrección de un proceso legislativo ya identificado con un número específico de ley. (ii) Dado que el control constitucional que realiza la Corte se da con posterioridad a la sanción y numeración correspondiente de la ley, esa ley es la que debe ser corregida. Las modificaciones deben ser incorporadas constitucionalmente a la ley original subsanada, que deberá ser nuevamente publicada con las modificaciones que se le hagan o promulgada con la aclaración que indique que responde a un trámite de subsanación. iii) Conservar el número de ley ya asignado, no enfrenta objeciones constitucionales para su utilización, dado que no media una sentencia definitiva de constitucionalidad en contra. Por consiguiente, argumentos relacionados con la imposibilidad de utilizar el número de identificación original de la ley debido a la prohibición constitucional de reproducir una norma considerada inexequible, no son de recibo en esta etapa del proceso. iv) Finalmente, los efectos constitucionales de las leyes aprobatorias de tratados están supeditados para su ejecución, a la previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Carta, y queda aún pendiente el canje de notas y las eventuales exigencias del mismo tratado internacional, para que este pueda ser aplicado. Desde esa perspectiva, respetar el número original de la ley no tendría efectos negativos en el proceso de ratificación de un tratado, siempre y cuando se integren a ella los aspectos corregidos en el trámite de subsanación. Corregir o subsanar, implica “revisar” una ley anterior. En este sentido, una segunda numeración no identifica un proceso legislativo nuevo. Los “ajustes” que se hagan con ocasión de una subsanación, pertenecen al proceso legislativo inicial.

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