Sentencia C-863 de septiembre 3 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-863 de 2008 

Ref.: Expediente D-7218

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Demanda de inconstitucionalidad: del artículo 435 (parcial) del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 y del artículo 243 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”.

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad.

Bogotá, D.C., septiembre tres de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «I. ANTECEDENTES

1. Norma demandada.

En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad presenta demanda de inconstitucionalidad parcial del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 y contra el artículo 243 de la Ley 23 de 1982. A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas, subrayando los apartes atacados.

DECRETO NÚMERO 2282 DE 1989

“(Octubre 7)

“Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

“ART. 1º—lntrodúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:

“239. El artículo 435 quedará así:

“Asuntos que comprende. Se tramitaran en única instancia, por el procedimiento que regula este capítulo, los siguientes asuntos:

(...).

9.Los relacionados con los derechos de autor previstos en el artículo 243 de la Ley 23 de 1982.

LEY 23 DE 1982 

(Enero 28)

“Sobre derechos de autor”.

ART. 243. “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces civiles municipales, conocerán, en una sola instancia y en juicio verbal, las cuestiones civiles que se susciten con motivo del pago de los honorarios, por representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de esta ley”.

(...).

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad de una disposición que forma parte de una ley de la República, tal como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.

2. La materia sujeta a examen.

Debe analizar la Corte si el legislador vulneró el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 superior al establecer para los titulares de derechos de autor de obras literarias, científicas y artísticas el proceso civil de doble instancia en defensa de sus derechos, mientras en el numeral 9º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 243 de la Ley 23 de 1982, previó un proceso verbal sumario para resolver los asuntos atinentes a los derechos patrimoniales de autor por la ejecución pública de obras y para exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicitar el programa, no utilizar interpretaciones realizadas por personas a quienes el autor o sus representantes hayan prohibido ejecutar su obra o un repertorio de ella, y las relativas a la elaboración y envío de planillas a los autores o sus representantes, que se imponen en el artículo 163 de la Ley 23 de 1982 a la persona que tenga a su cargo la dirección de las entidades o establecimientos donde se interpreten o ejecuten obras musicales, o se transmitan por radio y televisión, sea con la participación de artistas, sea por procesos mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales.

3. La presunta ineptitud de la demanda.

Corresponde decidir a la Corte en primer lugar la solicitud de inhibición presentada por el Ministerio Público, quien considera que la presunta violación del derecho a la igualdad de quienes, para defender los derechos que les han sido reconocidos como autores de obras, no pueden acudir al proceso verbal sumario, no se derivan de las normas atacadas de donde se deriva la inexistencia del cargo contra ellas formulado.

El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, establece que las demandas de constitucionalidad deben presentarse por escrito, indicar el porqué la Corte Constitucional es competente para conocer el asunto, señalar las disposiciones legales acusadas y las normas constitucionales violadas y, especialmente, presentar las razones en que se fundamenta la acción.

Al analizar la norma mencionada, si bien la Corte ha señalado que para determinar si los cargos de inconstitucionalidad cumplen o no con una argumentación que permita a la Corte realizar un estudio de fondo de la norma acusada, los mismos deben tener unas condiciones mínimas de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia, también ha reiterado la necesidad de aplicar el principio pro actione conforme al cual el examen de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante esta Corte (1) , al tiempo que se da cumplimiento del primerísimo deber impuesto constitucionalmente a esta corporación de velar por la integridad de la Carta Política, quehacer que obliga, siempre que ello fuere posible, a interpretar la demanda cuando los planteamientos del demandante resulten confusos o farragosos, máxime cuando las normas constitucionales que se consideran vulneradas son de aquellas que consagran derechos fundamentales.

Bajo este entendimiento, aunque es cierto que el escrito que dio origen a este proceso, tiene algunas deficiencias en la presentación de los cargos, la Corte, con fundamento en el principio pro actione, estima que el ciudadano sí formuló al menos un cargo de inconstitucionalidad, y hace consistir la inexequibilidad en la desigualdad que plantea la existencia de dos procedimientos diferentes para defender derechos aparentemente iguales. Por lo demás, los cargos son claros (violación del artículo 13 por la existencia de un trato discriminatorio que afecta el derecho a la igualdad de los titulares de derechos de autor), ciertos (se apoyan en el numeral 9º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 243 de la Ley 23 de 1982) y pertinentes (plantean un problema constitucional), por lo cual la demanda, en cuanto a la violación del artículo 13 de la Carta, cumple las formalidades exigidas en el Decreto 2067 de 1991, en especial en lo referente a las razones por las cuales se estima vulnerado el texto constitucional mencionado.

4. La norma acusada y los cargos de la demanda.

4.1. La única instancia y el debido proceso.

El derecho a la igualdad tiene un núcleo fundamental que al legislador le está vedado restringir, sin perjuicio de que, actuando dentro de su margen de configuración normativa en materia procesal, pueda adoptar fórmulas judiciales diferentes que incluyan o excluyan la segunda instancia. Esta corporación se ha referido a la doble instancia como “un mecanismo instrumental de irrigación de justicia y de incremento de la probabilidad de acierto en la función estatal de dispensar justicia al dirimir los conflictos (dada por la correlación entre verdad real y decisión judicial). Su implementación solo se impone en aquellos casos en que tal propósito no se logre con otros instrumentos. Cuando ello ocurra, bien puede erigir el legislador dichos eventos en excepciones a su existencia” (2) (subraya de la ponencia).

La Corte ha precisado que el artículo 31 de la Constitución Política no le otorga al principio de la doble instancia un carácter absoluto en tanto permite que la ley establezca excepciones a la posibilidad de apelar o consultar una sentencia judicial, por lo cual “está autorizado el legislador para indicar en qué casos no hay segunda instancia en cualquier tipo de proceso, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que, como el de revisión, también él puede consagrar, y sobre la base de que, para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales afectados por vías de hecho, quepa extraordinariamente, la acción de tutela, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte...” (3) (subraya de la ponencia).

Por otra parte, si bien la doble instancia es requisito indispensable del debido proceso tanto en materia penal (C.P., art. 29) como en la esfera de la tutela (C.N., art. 86), fuera de esos ámbitos “la doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso” (4) / (5) ni la supresión de la segunda instancia es de suyo una negación del derecho de acceso a la justicia (6) . De ahí que la Constitución le confiere al legislador un amplio margen de configuración para establecer excepciones a la doble instancia, siempre que se respeten los derechos fundamentales. Al respecto ha dicho la Corte que un proceso de única instancia no viola el debido proceso, si, a pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia, las partes cuenten con una regulación que les asegure los derechos de defensa, de contradicción y de acceso a la administración de justicia (7) .

A este respecto, en la Sentencia C-103 de 2005 (8) la Corte reiteró los criterios que deben ser respetados por el Legislador para que su decisión de suprimir la segunda instancia no contraríe la carta política así:

(a) “La exclusión de la doble instancia debe ser excepcional (9) ;

(b) “Deben existir otros recursos, acciones u oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes se ven afectados por lo actuado o por lo decidido en procesos de única instancia (10) ;

(c) “La exclusión de la doble instancia debe propender por el logro de una finalidad constitucionalmente legítima (11) ;

(d) “La exclusión no puede dar lugar a discriminación (12) .

4.2. La única instancia, su excepcionalidad, el acceso a la justicia y el derecho de defensa.

Pertinente es destacar en primer lugar que las normas demandadas establecen una excepción a la regla de la doble instancia en materia de protección judicial de los derechos de autor y los derechos conexos, pues mientras la norma general conforme a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil y 242 de la Ley 23 de 1982 es la aplicación del proceso verbal a las cuestiones que se susciten con motivo de la citada ley, ya sea por la aplicación de sus disposiciones, ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con los derechos de autor, el procedimiento señalado en el numeral 9º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 y del artículo 243 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor” es aplicable únicamente a:

(i) las cuestiones civiles que se susciten con motivo del pago de los honorarios, por representación y ejecución pública de obras; (ii) las cuestiones civiles que se susciten con motivo de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de la Ley 23 de 1982 (13) , para quienes tengan a su cargo la dirección de las entidades o establecimientos en donde se realicen actos de ejecución pública de obras musicales.

Además, existen garantías al derecho de acceso a la administración de justicia, defensa y contradicción de quienes se ven afectados por lo actuado o por lo decidido en procesos regulados por las normas demandadas, porque: (i) El derecho de acceso a la justicia no se vulnera por existir distintos procedimientos por razón de la cuantía de la pretensión o la naturaleza del asunto que ha de tramitarse, siempre que no se afecten los derechos de defensa, contradicción e igualdad; (ii) En los procesos verbales de única instancia están garantizados tanto el derecho de defensa como el de contradicción, pues la demanda se notifica al demandado quien tiene la oportunidad de contestar la demanda, aportar los documentos que se encuentren en su poder, pedir las demás pruebas que pretenda hacer valer, y proponer excepciones de mérito caso este en el cual se da traslado al demandante por tres días; (iii) Si bien en este proceso no podrán proponerse excepciones previas, los hechos que la configuran deberán alegarse mediante reposición, de manera que existe un recurso eficaz para las partes; (iv) Adicionalmente el juez conserva las facultades para adoptar las medidas necesarias para el saneamiento del proceso, con el fin de evitar nulidades y sentencias inhibitorias; (v) En el proceso está prevista una audiencia de conciliación que permite a las partes llegar a un acuerdo; (vi) Del dictamen del perito, se dará traslado inmediatamente a las partes para que puedan solicitar, en la misma audiencia, aclaración y complementación, las que tramitarán acto seguido; si las partes manifiestan que objetan el dictamen por error grave, dentro de los tres días siguientes deberán fundamentar la objeción mediante escrito en que solicitarán las pruebas que pretendan hacer valer; (vii) Ni la inadmisibilidad, dentro del proceso verbal sumario, de una serie de actos procesales, como son: la reforma de la demanda, la reconvención, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de la terminación del amparo de pobreza y la suspensión de su trámite por causa diferente a la de común acuerdo de las partes, ni la prohibición de proponer el amparo de pobreza y la recusación después de que venza el término para contestar la demanda contrarían la Constitución como lo señaló la Corte en Sentencia C-179 de 1995 (14) .

4.3. La única instancia y el principio de igualdad.

Dentro de los derechos fundamentales llamados a ser respetados por el legislador está también el derecho a la igualdad, pues el legislador no puede superar el “límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente en lo que atañe al principio de igualdad” (15) , y es claro para esta Corte que “aunque el legislador cuenta con una amplia facultad discrecional para instituir las formas con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas, de acuerdo con el artículo 150, numerales 1º y 2º, de la Constitución, es obvio que las excepciones a la doble instancia no pueden ser discriminatorias” (16) .

La exclusión de la segunda instancia no implica una discriminación que vulnere el derecho a la igualdad como lo propone el demandante por las razones que se exponen a continuación.

Tanto a los autores de obras literarias, científicas y artísticas como a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, la ley les otorga las facultades exclusivas:

a) De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte;

b) De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por la ejecución, recitación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación, o difusión conocido o por conocer;

c) De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su “derecho moral” como se estipula en el capítulo II, sección segunda, artículo 30 de esta ley, y

d) De obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el derecho de autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por ciento (60%) del total recaudado” (17) .

Ambos tienen derechos patrimoniales y morales aspecto sobre el cual ha sostenido esta corporación:

En efecto, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley 23 de 1982, que han sido complementadas y definidas por disposiciones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en particular, por la Decisión 351 de 1993, los derechos de autor se predican de la persona natural o física que realiza la creación intelectual, que es toda obra de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

A su vez, los derechos conexos son aquellos que se conceden a los artistas, intérpretes y ejecutantes y que les conceden ciertas prerrogativas sobre sus interpretaciones o ejecuciones.

Ambos, tanto los titulares de derechos de autor como los titulares de derechos conexos pueden exigir la protección de los derechos morales y patrimoniales que tienen sobre sus obras, interpretaciones o ejecuciones. A grandes rasgos, los derechos morales los habilitan para reclamar en todo momento el reconocimiento de la paternidad de la obra, de la interpretación o de la ejecución (18) , mientras que los derechos patrimoniales les permiten autorizar, administrar, restringir y aprobar la explotación económica de la obra, interpretación o ejecución” (19) .

No obstante lo anterior, el derecho de autor y los derechos conexos tienen una naturaleza diferente y así lo consagran tanto el artículo 67 la Ley 44 de 1993 que adicionó el artículo 2º de la Ley 23 de 1982, como el artículo 33 de la Decisión Andina 351 de 1993 que forma parte del bloque de constitucionalidad (20) . El primero establece que “Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor” y el l(sic) segundo previó que “La protección prevista para los derechos conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor”.

Respecto de la naturaleza disímil del derecho de autor y los derechos conexos, la Corte puntualizó:

“Es preciso delimitar los derechos de autor de los llamados “derechos conexos”, entre los que figuran los derechos de los ejecutantes o intérpretes, los derechos de los productores y los derechos de los divulgadores, como se procede a continuación, para luego analizar su compatibilidad.

“3.1. El autor.

“Los derechos de autor son los que pertenecen al artista creador original de la nueva obra. Al respecto la Corte Suprema de Justicia, citada por el procurador en su concepto, estableció:

“Por ello, su protección se produce mediante el reconocimiento y la reglamentación uniforme y universal del derecho intelectual. Por eso están establecidas las notas características del derecho intelectual así: a) El monopolio o privilegio exclusivo de la explotación a favor del titular; b) Amparo del derecho moral del autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho, y al propio derecho moral del autor, como lo consagra la misma Ley 23 de 1992 y d) Su existencia, a diferencias de las formalidades esenciales. Nace de la obra sin necesidad de ser constatada, de formular o mencionar reservas, sin declaración o registro alguno (21) .

“3.2. Los derechos conexos.

“Como anota el procurador, “la expresión derechos conexos hace referencia a las personas que participan en la difusión y no en la creación de las obras literarias o artísticas. Comprenden los derechos de los intérpretes, artistas y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión Así pues, la razón de ser del derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes, debe buscarse en la existencia de una creatividad semejante a la que realiza el autor, porque sin duda, el artista da a su interpretación un toque personal y creativo” (22) .

La relevancia que de conformidad con lo anterior tiene el derecho de autor sobre los derechos conexos obedece a la naturaleza originaria de aquel y derivada de estos que no podrían existir en ausencia de la obra del autor, sin que ello implique que los derechos conexos carezcan de protección. De ahí que el artículo 9º de la(sic) 23 de 1982, precise que la protección legal que se le otorga al autor tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno, y que el artículo 165 ibídem prescriba que “La protección ofrecida por las normas de este capítulo no afectará en modo alguno la protección del derecho del autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente ley. En consecuencia ninguna de las disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de esa protección”.

Por otra parte respecto de la ejecución de obras musicales, aplicable también a la representación de obras, esta corporación ha señalado que:

Las obras musicales son el pilar de muchos establecimientos abiertos al público y de ellas depende, en gran medida, el éxito de los mismos. Ello genera una situación particular: las obras musicales son ejecutadas en múltiples ocasiones y en diferentes sitios. Ante esta situación, el legislador debía actuar a fin de asegurar el reconocimiento de los derechos de autor y conexos de la manera más adecuada para así cumplir con la obligación constitucional del artículo 61 y con las normas internacionales sobre la materia. En ejercicio de la amplia facultad de configuración ya referida, el legislador elaboró el diseño que consideró más adecuado para el recaudo de los dineros pertinentes, sin desconocer los derechos de los autores de otro tipo de obras. La naturaleza de las obras musicales y la facilidad en su difusión fueron criterios tenidos en cuenta al momento de diseñar estos mecanismos” (23) .

Como lo señaló un interviniente el derecho de ejecución y representación pública se diferencia de los demás derechos patrimoniales de autor por requerir que su ejercicio sea efectuado de manera que permita la efectividad de los derechos invocados en razón de la naturaleza de los actos sobre los que recae.

Es evidente entonces que la existencia de dos procedimientos diferentes obedece a la naturaleza diversa de los asuntos que se tramitan a través de ellos, en virtud de la cual el legislador consideró prudente proteger con un proceso más ágil los derechos de quienes ejecutan o representan obras, relacionados con los honorarios y los deberes de los que tienen a cargo los establecimientos donde se ejecutan obras musicales, sin por ello dejar desprotegidos el derecho de autor y los derechos conexos de otros titulares de los mismos, ni los derechos diferentes a los exigibles por el proceso verbal sumario de que tratan las normas atacadas que bien pueden hacerlos valer mediante el proceso verbal, que más que una desventaja, como afirma el demandante “Es una garantía en la medida que habilita que otro funcionario, con mejor preparación y distinto del que adoptó la decisión recurrida, analice los presupuestos de hecho y de derecho en que se fundamentó una decisión judicial” (24) .

Puestas así las cosas es claro que no solo el derecho de autor y los derechos conexos se refieren a situaciones distintas sino que, dentro de estos, la ejecución de obras musicales y la representación de obras revisten características especiales, que por tanto pueden ser tratadas en forma diferente por el legislador dentro de la amplia facultad de configuración que tiene sobre la materia, por lo cual, como lo ha señalado esta corporación, no procede efectuar un juicio de igualdad en tanto los supuestos a que alude el actor, esto es, el carácter excluyente de las normas demandadas en beneficio de los titulares de derechos patrimoniales de autor por ejecución pública de obras musicales, frente los demás titulares de derechos patrimoniales de autor que solo pueden hacer efectivos sus derechos a través de un proceso de dos instancias, como es el verbal, señalado en el numeral 5º del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, no resultan comparables a la luz del artículo 13 superior.

Al respecto ha señalado la Corte que “... la aplicación de los “tests” de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas... El orden de estas etapas corresponde a necesidades no solo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente solo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior” (25) . Desde esta perspectiva solamente resulta posible establecer la eventual vulneración del principio de igualdad cuando no se está frente a supuestos de hecho diversos (26) .

Adicionalmente no se utiliza en las normas demandadas un criterio de diferenciación prohibido o sospechoso como la edad el sexo las creencias la filiación política u otros de naturaleza semejante o que han estado asociados históricamente a condiciones discriminatorias; menos aún se trata de asuntos en los que la Constitución haya establecido un mandato especial de igualdad ni de poblaciones que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (27) .

En cuanto a la legitimidad constitucional de la finalidad de las normas demandadas no observa la Corte que la medida adoptada en ellas sea injustificada por cuanto si no se están cancelando los honorarios por la ejecución y representación de obras ni quienes tienen a su cargo los establecimientos donde se realizan actos de ejecución pública de obras musicales cumplen sus deberes, se le está causando un grave perjuicio al artista intérprete o ejecutante que puede incluso llegar a comprometer sus medios de manutención, ante lo cual el legislador consideró razonable propiciar en estos casos un procedimiento de única instancia.

De conformidad con lo anterior frágil fue el intento de demostrar que las normas atacadas desconocen el derecho a la igualdad de quienes no ejecutan ni representan obras, pues ellas en manera alguna impiden que aquellos puedan defenderlos mediante un procedimiento que por la posibilidad de acudir a una segunda instancia se considera más garantista.

En suma, la Corte estima que las afirmaciones plasmadas en el escrito de la demanda no evidencian la inexequibilidad que pudiera derivarse de la relación existente entre los textos acusados y la Constitución, y la sola existencia de dos procedimientos aplicables a grupos de personas que se encuentran en situaciones diferentes no es una prueba suficiente ni admisible de que exista una contradicción entre estos y la norma constitucional que se estima violada. En consecuencia, no habiéndose constatado la vulneración de los derechos invocados, procede declarar exequibles el numeral 9º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 y del artículo 243 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES el numeral 9º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 y del artículo 243 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, por los cargos formulados.

Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(1) Sentencia C-451 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(2) Sentencias C-345 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; reiterada en sentencias C-351 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara y C-179-95, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(3) Sentencias C-543 de 1992 y C-411 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(4) Sentencia C-345 de 1993, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(5) Sentencia C-900 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(6) Sentencia C-243 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(7) Ver Sentencias C-040 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-095 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-900 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-103 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1005 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(8) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(9) Sobre el carácter excepcional de la doble instancia, en la Sentencia C-900 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería) —en la cual se declaró la constitucionalidad de la norma del Código de Procedimiento Civil que excluye el mandamiento ejecutivo de la doble instancia y lo conserva para el auto que deniega el mandamiento de pago y el que por vía de reposición lo revoque—, se explicó que la norma constitucional que establece la doble instancia como regla general, impone al legislador un límite en el sentido de que no pueden terminar prevaleciendo las sentencias de única instancia, que son la excepción. Ver también las sentencias C-055 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández) y la Sentencia C-345 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(10) Ver las sentencias C-788 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y C-345 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(11) Sentencia C-788 de 2002, en la cual la Corte consideró que la eficacia de la justicia y la celeridad del proceso o economía procesal eran finalidades legítimas para la exclusión de la doble instancia. Ver igualmente la Sentencia C-377 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(12) Sentencias C-179 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-040 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y C-377 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas).

(13) Ley 23 de 1982. ART. 163.—La persona que tenga a su cargo la dirección de las entidades o establecimientos enumerados en el artículo 159 de la presente ley, en donde se realicen actos de ejecución pública de obras musicales, está obligada a:

1. Exhibir, en lugar público, el programa diario de las mismas obras.

2. Anotar en planillas diarias, en riguroso orden, el título de cada obra musical ejecutada, el nombre del autor o compositor de las mismas, el de los artistas o intérpretes que en ella intervienen, o el del director del grupo u orquesta, en su caso, y del nombre o marca del grabador cuando la ejecución pública se haga a partir de una fijación fonomecánica.

3. Remitir una copia auténtica de dichas planillas a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas que en ellas aparezcan, o a sus representantes legales o convencionales si lo solicitan.

Las planillas a que se refiere el presente artículo serán fechadas y firmadas y puestas a disposición de los interesados, o de las autoridades administrativas o judiciales competentes cuando las solicitan para su examen.

4. No utilizar las interpretaciones realizadas por personas a quienes el autor o sus representantes hayan prohibido ejecutar su obra o un repertorio de sus obras por infracciones al derecho de autor.

(14) M.P. Carlos Gaviria Díaz. En la Sentencia C-179 de 1995 la Corte se refirió a cada una de las actuaciones mencionadas para concluir que:

1. La reforma de la demanda. “... la no procedencia de esta figura jurídica en el proceso citado, tiene plena justificación en razón de la naturaleza de los asuntos que se adelantan bajo ese trámite y de la brevedad de los términos; prohibición que tampoco lesiona los derechos del demandante, pues en el evento de que hubiere cometido un error, tiene la oportunidad de corregirla o aclararla, además de que el juez está autorizado para que, de oficio, ordene subsanar los requisitos legales omitidos o allegar los documentos faltantes, diligencia que se lleva a cabo al efectuar la revisión de la misma para efectos de su admisión. En tratándose de un proceso sumario, es esta la manera como se agiliza el trámite, en favor de las partes que en él intervienen, sin que por ello se viole norma constitucional alguna y, por el contrario, se dé aplicación al principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (C.N., art. 228), al de economía procesal y al de justicia pronta y cumplida.

2. La reconvención. “La no procedencia de la demanda de reconvención dentro del proceso verbal sumario no infringe el derecho de defensa del demandado, porque si a este le asisten razones o fundamentos para contrademandar, bien puede iniciar otro proceso contra el demandante, sin que por ello se le cause ningún perjuicio ni se lesionen sus derechos protegidos por el estatuto superior”.

3. La acumulación de procesos, “... no encuentra la Corte cómo la prohibición de acumular procesos dentro del verbal sumario, pueda lesionar el derecho de defensa del demandado, como lo sostiene el accionante, pues tanto él como el actor tienen libre acceso a la administración de justicia por otra vía procesal, la que para el caso resulte pertinente”.

4. Los incidentes, “... las partes sí pueden alegar nulidades tanto las saneables como las insaneables; lo que ocurre es que si se trata de aquellas susceptibles de saneamiento el juez debe proceder a ello, como lo ordenan los preceptos citados y, en el evento de que sean insaneables, declararlas como corresponda.

Son cosas diferentes poder alegar una nulidad y el hecho de que esta deba tener trámite incidental. Si este se suprime es en beneficio de la economía procesal pero no está el juez dispensado de pronunciarse sobre ellas, así sea en el propio fallo.

5. El amparo de pobreza, “... la improcedencia de la terminación del amparo de pobreza no lesiona ningún derecho de las partes en el proceso, pues siendo el verbal sumario un proceso tan breve, no hay tiempo suficiente para demostrar que el amparado por pobre se ha recuperado económicamente y por ello mal se haría en hacer cesar el derecho concedido para adelantar tales actividades que en nada perjudican ni al demandante ni al demandado, pues de lo que se trata es de aplicar una justicia pronta, eficaz y oportuna. Situación diferente se presentaría en caso de que se prohibiera invocar dicho amparo, lo que no acontece en la norma materia de examen.

6. Suspensión del trámite del proceso, salvo el común acuerdo de las partes. “La no suspensión del proceso verbal sumario, excepto por el común acuerdo de las partes, resulta acorde con el procedimiento al que pertenece, ya que siendo sus términos tan cortos y su trámite rápido, contravendría su naturaleza, la ejecución de actos que implicaran dilación. Por tanto, no hay objeción fundada a esa prohibición, pues no se desconoce derecho alguno de las partes procesales”.

(15) Sentencia C-103 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(16) Ibíd.

(17) Artículo 3º de la Ley 23 de 1982.

(18) Artículo 3º y ss. de la Ley 23 de 1982.

(19) Sentencia C-424 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(20) Sentencia C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

(21) Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 5 de 1987.

(22) Sentencias C-040 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-1118 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(23) Sentencia C-509 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(24) Sentencia C-900 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(25) Sentencia C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(26) Sentencias C-1063 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-078 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-543 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(27) Ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-445 de 1995, M.P Alejandro Martínez Caballero; C-309 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-481 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-670 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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