Sentencia C-867 de noviembre 12 de 2014

 

Sentencia C-867 de noviembre 12 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-10323

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Actor: Darío Garzón Garzón

Demanda de inconstitucionalidad contra: el numeral 5º (parcial) del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014 “Por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”

Bogotá, D.C., 12 de noviembre de 2014.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes.

1. Texto normativo demandado (objeto de revisión).

El ciudadano Darío Garzón Garzón, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241-4 de la Constitución Política, instauró demanda de inconstitucionalidad, contra el numeral 5º (parcial) del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014 “Por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”; el texto del artículo mencionado, con el aparte demandado subrayado, es el siguiente:

“Ley 1719 del 18 de junio de 2014

Por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...).

ART. 13.—Derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual. Las víctimas de violencia sexual sin perjuicio de los derechos, garantías y medidas establecidos en los artículos 11 y 14, y el capítulo IV del título IV de la Ley 906 de 2000; en los artículo 8º, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 1257 de 2008; en los artículos 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 69, 132, 135, 136, 137, 139, 140,149,150,151,181,182,1183,184,186,187,188,190, 191 de la Ley 1448 de 2011; en el artículo 54 de la Ley 1438 de 2011; en el artículo 15 de la Ley 360 de 1997; en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la Ley 1098 de 2006 y demás disposiciones que las modifiquen o adicionen, tienen derecho a:

(...) 5. El derecho a no ser confrontadas con el agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad”.

(...).

II. Consideraciones.

1. Competencia.

La presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por un ciudadano colombiano, contra una disposición vigente contenida en la Ley 1719 de 2014. Por lo tanto, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución.

2. Análisis del cargo de la demanda.

2.1. El ciudadano que presenta la demanda acusa la expresión “a no ser sometidas a pruebas repetitivas” contenida en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, de desconocer los numerales 3º y 4º del artículo 250 de la Constitución.

2.2. Las razones que motivan la acusación, se sustentan en la idea de que el nuevo sistema acusatorio implementado en Colombia con el Acto Legislativo 3 de 2002, supuso modificaciones en el proceso penal y en materia probatoria. En este orden de ideas, solo serán consideradas como pruebas, aquellas evidencias o elementos materiales probatorios que sean declarados como tales por el juez en el marco del juicio oral y respetando los principios de oralidad, publicidad, concentración, inmediación y contradicción.

Considerando lo anterior, el actor alega que la expresión acusada desconoce la Constitución porque la sola entrevista o declaración de la víctima de violencia sexual ante el Fiscal o ante un agente de la Policía judicial no podría ser repetida en el juicio oral y se constituiría en una prueba aún sin respetar los principios enunciados anteriormente.

De manera subsidiaria a la inconstitucionalidad, se solicita declarar la exequibilidad condicionada de la expresión demandada, estableciendo que la declaración inicial de la víctima de violencia sexual llene los requisitos exigidos en el artículo 284 de la Ley 904 de 2004, o bien, de la prueba anticipada.

2.3. La mayoría de los intervinientes consideran que la demanda carece de aptitud por cuanto la misma se fundamenta en una interpretación subjetiva de la norma. En efecto, de acuerdo con las intervenciones, dicha disposición no prohíbe decretar y practicar las pruebas que el juez considere convenientes para tomar su decisión, sino que establece un principio rector de la investigación y el juzgamiento para evitar la segunda victimización de las personas que hayan sufrido violencia sexual en el marco del conflicto armado de acuerdo con los estándares internacionales. En particular, la vista fiscal, advierte que el demandante parece confundir la denuncia de la víctima con la prueba misma, cuando en realidad se trata de dos conceptos distintos ya que la denuncia pone en conocimiento de la autoridad la ocurrencia de una presunta conducta punible, mientras que la prueba es la justificación de la verdad de los hechos y exige la aplicación de los principios probatorios contemplados en la Constitución y en la ley.

2.4. Considerando el cargo propuesto será necesario establecer si la disposición acusada admite la interpretación que señala el demandante y determinar entonces si la Corte debe pronunciarse de fondo sobre la misma. Con este fin, será necesario repasar (i) los presupuestos de admisión de las demandas de constitucionalidad; (ii) las características y el procedimiento en el marco del sistema penal acusatorio, (iii) el concepto de prueba y finalmente (vi) la aptitud de la demanda en el caso concreto.

3. Los requisitos de aptitud de las demandas de inconstitucionalidad. Reiteración de la jurisprudencia.

3.1. La acción de inconstitucionalidad es una expresión de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que permite ejercer control sobre la ley pero que, para lograr su cometido, debe respetar unos presupuestos mínimos argumentativos de modo que la Corte pueda examinar adecuadamente los cargos planteados por los demandantes en el juicio de inconstitucionalidad(2).

3.2. Si bien un primer control de los requisitos mínimos de la demanda se realiza en el auto admisorio de la misma, en esta instancia se aplican criterios más flexibles considerando la naturaleza pública de la acción(3). No obstante lo anterior, la admisión de una demanda por sí misma, no supone automáticamente que la Corte deba pronunciarse de fondo en la sentencia si definitivamente se encuentra que no se cumplen los requisitos argumentativos mínimos.

3.3. El Decreto 2067 de 1991 dispone que las demandas de inconstitucionalidad deben ser presentadas por escrito y deben identificar la norma demandada, señalar el concepto de violación y la competencia en cabeza de la Corte Constitucional.

3.4. Específicamente, frente al concepto de la violación, la Corte ha desarrollado una serie de criterios para determinar la aptitud de una demanda y ha indicado que los cargos deben cumplir las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, que se expondrán a continuación(4).

3.4.1. La claridad exige que los cargos tengan la debida coherencia argumentativa de modo que la Corte pueda identificar con nitidez el reproche de inconstitucionalidad y su justificación.

3.4.2. La certeza supone que la demanda se dirija contra una proposición normativa “real y existente”(5), no contra proposiciones inferidas por el demandante, implícita o construida a partir de normas que no fueron objeto de demanda. En otras palabras “un cargo es cierto, entonces, cuando atribuye a la norma que se acusa un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto”(6).

3.4.3. De otro lado, la especificidad de la demanda depende de que logre formularse al menos un cargo concreto de constitucionalidad, es decir que los argumentos no pueden ser vagos, abstractos o globales(7).

3.4.4. Por su parte, la pertinencia de la demanda se refiere a que los cargos sean de índole constitucional y no meramente legal o doctrinaria, aplicables simplemente a situaciones concretas o fundamentados en razones de conveniencia.

3.4.5. La suficiencia se relaciona con la necesidad de que la demanda cuente con todos los elementos de juicio, argumentativos y probatorios, para generar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada(8).

4. El concepto de prueba y la noción de elemento material probatorio en el sistema penal acusatorio.

4.1. El sistema penal acusatorio que rige actualmente en Colombia, introducido en la Constitución por el Acto Legislativo 3 de 2002, supuso una modificación sustancial del proceso penal, en particular en materia probatoria.

4.2. Así las cosas, en la etapa de investigación la Fiscalía se encarga de recoger todos los elementos materiales probatorios y la evidencia física para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al individuo objeto de investigación(9).

De otro lado, en la etapa de juicio, se practican y valoran de forma pública las pruebas aplicando los principios de inmediación judicial, contradicción y concentración de modo que las pruebas serán evaluadas integralmente en una sola audiencia.

4.3. Las garantías de un proceso judicial con estas características, se sustenta en el artículo 29 de la Constitución, en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Convención americana sobre derechos humanos.

La publicidad, implica que el juicio es público, no oculto o secreto a la ciudadanía. La inmediación supone que el juez tenga contacto directo tanto con los sujetos procesales como con los medios de prueba. La concentración por su parte, requiere que el debate no se prolongue y que la audiencia se realice, en principio, en un solo momento y de manera continua(10). La contradicción es la posibilidad que tienen las partes a conocer y controvertir las pruebas que se practican en juicio e intervenir en su formación.

4.4. De manera reiterada, la Corte ha establecido que “en materia probatoria, se considera como prueba solo aquella producida en el transcurso del juicio oral, lo cual no significa que los elementos probatorios y la evidencia física no queden sometidos a la cláusula de exclusión, en tanto que garantía del respeto de los derechos fundamentales”(11). Esto significa que durante la investigación no se practican pruebas, porque tal y como lo ha estimado este tribunal, “durante la etapa de indagación como en el curso de la investigación, realmente no se practican pruebas sino que se recaudan evidencias o elementos materiales probatorios, tanto por la fiscalía como por el imputado, y es solamente en el curso de la audiencia de formulación de acusación, donde el fiscal deberá descubrir las pruebas de cargo a fin de que sean practicadas en la etapa del juicio”(12).

4.5. De este modo, el material de convicción, la evidencia o material probatorio, que recogen tanto la Fiscalía como la defensa en la etapa de investigación, solo se convierten en prueba cuando son decretadas por el juez de conocimiento. En efecto, en el nuevo sistema, la Fiscalía no tiene la competencia de recaudar pruebas procesales como ocurría originariamente en el sistema inquisitivo previsto en la Constitución de 1991. En este sentido, “los elementos de convicción recopilados en las pesquisas tienen carácter de evidencias, elemento material de prueba o material probatorio, y no constituyen fundamento probatorio de la sentencia, sino en la medida en que el juez decide decretarlos y —en ejercicio del principio de inmediación— valorarlos en las etapas del juicio. Así, el grado de convicción e incriminación que se deriva de un elemento material de prueba no puede aducirse como sustento de la sentencia si el juez no lo ha reconocido previamente como tal”(13). Los elementos probatorios y la evidencia no constituyen prueba porque no pueden controvertirse, en efecto, en la investigación no hay lugar al debate probatorio que en cambio sí se produce en el juicio(14).

4.6. Ahora bien, en circunstancias excepcionales, el Código de Procedimiento Penal prevé la prueba anticipada (CPP, art. 274) que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no vulnera el principio de inmediación de la prueba porque en todo caso deben cumplirse los principios de legalidad, publicidad y contradicción(15).

4.7. Así las cosas, en materia probatoria, la introducción del sistema acusatorio supuso un cambio drástico respecto del sistema que regía antes de expedirse el Acto Legislativo 2 de 2003, porque se dejó a un lado el principio de permanencia de la prueba, de acuerdo con el cual las pruebas practicadas por la Fiscalía desde la indagación preliminar, tenían validez para dictar sentencia(16). En este orden de ideas, los elementos probatorios y las evidencias recogidas en etapa de investigación por sí solas no fundamentan una sentencia condenatoria. La Sentencia C-591 de 2005 describe así la transformación del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio:

“En efecto, las modificaciones introducidas al proceso penal mediante el Acto Legislativo 2 de 2003 inciden en el régimen probatorio, por cuanto la construcción de la prueba cambia de escenario, en el sentido de que se abandona el principio de permanencia de la prueba, según el cual las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación desde la indagación preliminar tienen validez para dictar una sentencia, por aquellos de concentración e inmediación de la prueba practicada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías. De tal suerte que los elementos materiales probatorios y las evidencias recaudadas durante la investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser el soporte para una sentencia condenatoria, decisión que debe estar fundada en pruebas practicadas durante el juicio oral.

En tal sentido, la prueba deja de encontrarse dispersa en varios escenarios procesales, escrita, secreta y valorada por un funcionario judicial que no tuvo incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma concentrada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales”.

4.8. En conclusión, los grandes cambios introducidos en materia probatoria por el sistema penal acusatorio son, de un lado la posibilidad de que tanto la Fiscalía como la defensa recojan evidencia y elementos materiales probatorios para sustentar su posición ante el juez y, de otro, lado la diferencia que se establece entre los actos de investigación —llevados a cabo por la Fiscalía y la defensa— y los actos de prueba —que realizan las partes ante el juez de conocimiento para incorporarlos al proceso como pruebas—(17).

5. Ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de certeza.

5.1. En el presente caso, el demandante acusa la expresión “a no ser sometidas a pruebas repetitivas” que se encuentra consignada en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, por considerar que desconoce el artículo 250 superior en particular sus numerales 3º y 4º.

5.2. El fundamento de su acusación radica en considerar que la norma demandada consagró un derecho a favor de las mujeres víctimas de la violencia, a no ser sometidas a pruebas repetitivas que desconoce las garantías introducidas por el Acto Legislativo 3 de 2002 “porque el legislador está estableciendo que la sola entrevista o la declaración que la mujer víctima de violencia sexual de ante el Fiscal o ante un agente de la Policía judicial, por derecho, no debe ser repetida en juicio oral, es decir que entra, para con ella edificar sentencia”.

5.3. Considerando el cargo formulado por el demandante y teniendo en cuenta las características anteriormente reseñadas sobre el sistema penal acusatorio, en particular en materia probatoria, la Corte se inhibirá de pronunciarse sobre el fondo de la demanda por ineptitud sustancial de la misma teniendo en cuenta que en esta caso el actor dedujo de la expresión demandada, consecuencias que no se derivan de la misma, tal y como se explicará a continuación.

5.4. La disposición acusada se enmarca en una Ley que pretende introducir ciertas modificaciones a la legislación penal en relación con las víctimas de violencia sexual —todas, no solo las mujeres—, en el marco del conflicto armado.

Considerando que la violencia sexual lesiona gravemente la integridad de la persona y teniendo en cuenta el contexto de su ocurrencia, la norma impide que en el proceso penal la víctima se vea obligada a revivir la experiencia traumática a la que fue sometida, evitando que tenga que someterse a otras pruebas clínicas o a dar de manera repetida su testimonio, debiéndose enfrentar a su agresor o teniendo que dar detalles sobre lo sucedido frente a personas extrañas(18).

5.5. Sin embargo, el actor interpreta esta prohibición de someter a pruebas repetitivas a la víctima de violencia sexual, como la obligación de considerar como prueba, en el juicio oral, la entrevista o declaración que la víctima rinde ante la Fiscalía o ante la Policía judicial, análisis que no solo no se deprende de la expresión demandada sino que, de acuerdo con lo expuesto arriba, no considera el concepto de prueba en el sistema penal acusatorio.

5.6. En primer lugar, el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014 en ningún momento regula el tema declaraciones, entrevistas o de denuncia ante la Fiscalía o ante la Policía judicial, solamente hace referencia a la prohibición de someter a la víctima a pruebas repetitivas.

5.7. Al margen de lo anterior, es importante resaltar que la prueba solamente es aquella que se practica en el juicio oral. En este orden de ideas, la entrevista o declaración que la víctima rinde ante el Fiscal o ante la Policía judicial en la denuncia, no es prueba sino la notitia criminis, con base en la cual la Fiscalía debe iniciar una fase de investigación, recaudando evidencia fáctica y elementos materiales de prueba para hacer valer en juicio. De ninguna manera la sola declaración de la víctima puede fundamentar la sentencia porque la decisión del juez considera las pruebas practicadas y controvertidas en juicio y no los meros elementos probatorios recabados en la investigación.

Cabe señalar que la legislación penal se caracteriza por ser respetuosa de los derechos y garantías del procesado tanto en la investigación como durante el juicio. Tanto es así que incluso cuando el acusado desea renunciar al juicio, no puede hacerlo automáticamente, sino que en todos los casos debe ser el juez que evalúe el caso teniendo en cuenta, no solo la aceptación de los hechos que se investigan sino verificando la existencia de suficientes elementos de juicio para dictar sentencia condenatoria(19).

Además, no cualquier declaración se convierte en prueba. Por ejemplo, en la Sentencia C-673 de 2005, la Corte estableció que la declaración de testigo o informante, no por el hecho de realizarse bajo juramento la convertía en prueba ya que solo tiene esta denominación la que se produce en juicio oral, público, concentrado y con todas las garantías a diferencia de los elementos materiales probatorios y la evidencia física(20).

5.8. En todo caso, cabe aclarar que en el sistema penal acusatorio tanto la Fiscalía como la defensa pueden solicitar al juez la práctica de todas las pruebas que consideren necesarias y pertinentes para comprobar los hechos y la responsabilidad del acusado por consiguiente la declaración no es el único elemento de juicio con el que cuenta el juez.

5.9. Ahora bien, la Corte ha considerado que “la certeza del cargo hace alusión a que el mismo debe recaer sobre una norma real, existente, no sobre una norma ficticia, supuesta por el demandante (...) o sobre una norma distinta a la acusada, que no ha sido objeto de censura o sobre una norma que no es objeto concreto de la demanda (...). La certeza del cargo exige que la acusación recaiga sobre la hipótesis contenida en la norma, no sobre una interpretación o una práctica de la autoridad encargada de aplicarla. En suma, un cargo es cierto si permite la confrontación entre la Constitución y la norma legal a partir de contenidos normativos verificables, derivados del texto de las normas acusadas”(21)(22).

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que el cargo formulado contra la expresión “a no ser sometidas a pruebas repetitivas” contenida en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, carece de certeza porque el demandante equiparó la declaración o entrevista de la víctima con el Fiscal o la Policía judicial a la prueba y de ahí derivó una consecuencia —la imposibilidad de repetir la entrevista en el juicio oral—, que no se deduce de la norma acusada, la cual ni siquiera regula entre sus supuestos la denuncia, entrevista o declaración de la víctima ante las autoridades competentes.

III. Conclusión

1. Síntesis del caso.

En el presente caso, el demandante consideró que el hecho de que la víctima no pueda someterse a pruebas repetitivas, implica que su declaración inicial no podría controvertirse y que eso desconocería las garantías procesales, en particular el principio de contradicción de la prueba (C.P., art. 250).

2. Razón de la decisión.

La Corte consideró que el cargo formulado contra la expresión “a no ser sometidas a pruebas repetitivas” contenida en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, carece de certeza porque el demandante equiparó la declaración o entrevista de la víctima con el Fiscal o la Policía judicial como prueba y de ahí derivó una consecuencia que no se deduce de la norma acusada.

IV. Decisión.

La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “a no ser sometidas a pruebas repetitivas” contenida en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, por ineptitud sustancial de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(2) C-335 de 2012, C-033 de 2011, C-128 de 2011, C-102 de 2010, C-251 de 2004, C-1052 de 2001, entre muchas otras.

(3) C-335 de 2012, C-652 de 2001.

(4) Al respecto ver sentencias C-1052 de 2001, C-910 de 2007, C-860 de 2007, C-211 de 2007, C- 991 de 2006, C-803 de 2006, C-777 de 2006, C-1294 de 2001 y C-1052 de 2001.

(5) C-335 de 2012 y C-1052 de 2001.

(6) Ibídem.

(7) C-1052 de 2001.

(8) Ibídem.

(9) C-1194 de 2005.

(10) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 30 de enero de 2008 (Rad. 27.192).

(11) C-591 de 2005, C-536 de 2008, C-396 de 2007, C-059 de 2010, C-371 de 2011.

(12) C-1260 de 2005.

(13) C-1194 de 2005.

(14) Bernal Cuellar Jaime y Montealegre Lynett Eduardo. El proceso penal. Tomo I. Fundamentos constitucionales y teoría general. Universidad Externado de Colombia, sexta edición. Bogotá, 2013.

(15) C-396 de 2007, C-830 de 2002, C-798 de 2003, C-591 del 2005, C-1154 del 2005.

(16) C-591 de 2005.

(17) C-396 de 2007.

(18) Esta prohibición se encuentra consagrada de manera general en el Código de Procedimiento Penal, para todo tipo de delitos (CPP, art. 359).

(19) C-1260 de 2005.

(20) Así las cosas, en dicho caso se estableció que “la declaración jurada de testigo o informante, al igual que los demás elementos materiales probatorios y la evidencia física, constituyen tan solo instrumentos para direccional y encausar la actividad investigativa del Estado, mas no se trata de un medio probatorio para establecer la existencia del hecho punible ni el grado de responsabilidad penal del imputado”.

(21) C-445 de 2009.

(22) C-013 de 2013.