Sentencia C-087 de febrero 26 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

EXTRADICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL

NO SE APLICA A COLOMBIANOS POR NACIMIENTO

EXTRACTOS: «El texto de las normas acusadas. En este acápite se transcribe el texto de las disposiciones que se dicen acusadas y se subrayan las partes pertinentes respecto de las cuales el demandante pretende la declaratoria de inexequibilidad.

“DECRETO LEY 100 de 1980

Por el cual se dicta el Código Penal

ART. 17.—Extradición. La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos. A falta de éstos el gobierno solicitará, ofrecerá, o concederá la extradición conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

La extradición de colombianos se sujetará a lo previsto en tratados públicos.

En ningún caso Colombia ofrecerá la extradición de nacionales, ni concederá la de los sindicados o condenados por delitos políticos.

ART. 72.—Concepto. El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a la pena de arresto mayor de tres años o a la de prisión que exceda de dos, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación social.

ART. 74.—Revocación. Si durante el período de prueba que comprenderá el tiempo que falte para cumplir la condena y hasta una tercera parte más, cometiere el condenado un nuevo delito o violare las obligaciones impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectivo el resto de la pena que haya dejado de cumplir.

Si el juez decide extender el período de prueba más allá del tiempo de la condena podrá prescindir de imponer al condenado durante ese período de exceso, las obligaciones señaladas en el artículo 69.

ART. 80.—Término de la prescripción de la acción. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá de veinte. Para este efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes.

En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción prescribirá en cinco años.

ART. 81.—Prescripción de delito iniciado o consumado en el exterior. Cuando el delito se hubiere iniciado o consumado en el exterior, el término de prescripción señalado en el artículo anterior se aumentará en la mitad, sin exceder el límite máximo allí fijado.

ART. 82.—Prescripción del delito cometido por empleado oficial. El término de prescripción señalado en el artículo 80 se aumentará en una tercera parte sin exceder el máximo allí fijado si el delito fuere cometido dentro del país por un empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos.

ART. 84.—Interrupción del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe por el auto de proceder, o su equivalente, debidamente ejecutoriado.

Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 80. En este caso, el término no podrá ser inferior a cinco (5) años.

ART. 85.—Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varios los hechos punibles juzgados en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada uno de ellos.

ART. 90.—Prescripción de penas diferentes. La prescripción de penas diferentes impuestas en una misma sentencia, se cumplirá independientemente respecto de cada una de ellas.

ART. 92.—Rehabilitación. Exceptuado la expulsión del territorio nacional para el extranjero, las demás penas señaladas en el artículo 42 podrán cesar por rehabilitación.

Si tales penas fueren concurrentes con una privada de la libertad, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y después de transcurridos dos (2) años a partir del día en que haya cumplido la pena.

Si no concurrieren con pena privativa de la libertad, la rehabilitación no podrá pedirse sino dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que ellas fueron impuestas.

ART. 98.—Control judicial de las medidas de seguridad. Transcurrido el término mínimo de duración de cada medida de seguridad el juez está en la obligación de solicitar semestralmente informaciones tendientes a establecer si la medida debe continuar, suspenderse o modificarse.

ART. 100.—Revocación de la suspensión condicional. Podrá revocarse la suspensión condicional de la medida de seguridad cuando oído el concepto de perito, se haga necesaria su continuación. Transcurridos diez (10) años continuos desde la suspensión condicional de una medida de seguridad de duración máxima indeterminada, el juez declarará su extinción, previo dictamen de perito.

ART. 101.—Suspensión o cesación de las medidas de seguridad. La suspensión o cesación de las medidas de seguridad se hará por decisión del juez previo dictamen de experto oficial. Si se tratare de la medida prevista en el artículo 96, el dictamen podrá sustituirse por concepto escrito y motivado de la junta o consejo directivo del establecimiento en donde se hubiere cumplido la internación. A falta de junta o consejo directivo, el concepto lo emitirá su director.

ART. 109.—Obligaciones civiles y extinción de la punibilidad. Las causas de extinción de la punibilidad no comprenden las obligaciones civiles derivadas del hecho punible.

ART. 157.—Asesoramiento y otras actuaciones ilegales. El empleado oficial que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o policivo, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años, en multa de un mil a veinte mil pesos e interdicción de derechos y funciones pública de uno (1) a cuatro (4) años.

La penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad si el responsable fuere funcionario o empleado de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público.

ART. 324.—Circunstancias de agravación punitiva. (Modificado L. 40/93, art. 30). La pena será de cuarenta (40) a sesenta (60) años de prisión, si el hecho descrito en el artículo anterior se cometiere:

1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad (...).

ART. 345.—Circunstancias específicas. La mujer embarazada como resultado de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en arresto de cuatro meses a un año.

En la misma pena incurrirá el que causare el aborto por estas circunstancias.

ART. 374.—Reparación. El juez podrá disminuir las penas señaladas en los capítulos anteriores, de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera instancia, el responsable restituyere el objeto materia del delito o su valor, e indemnizarse los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.

Para lo efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los criterios fijados en el libro primero, título IV, capítulo segundo de este código”.

(...).

a) La extradición en el orden constitucional colombiano y los incisos primero y segundo del artículo 17 del código penal.

En primer término cabe recordar que el demandante considera que esta disposición se opone en todas sus partes a lo dispuesto en los artículos 35 y 93 de la Carta Política, ya que según su concepto, contradicen el contenido del derecho constitucional fundamental a la dignidad humana y el principio básico de organización del estado social de derecho, como es el del respeto de los derechos inalienables de la persona humana. Afirma el actor, de conformidad con lo dispuesto en la parte acusada del artículo 17 que es objeto de su demanda, que los tratados públicos internacionales aprobados por Colombia resultarían ser instrumentos jurídicos ubicados por encima de la Constitución, o con un grado superior en la jerarquía normativa colombiana, y en el sistema de fuentes del derecho, con lo cual se produce la derogatoria de normas constitucionales por disposición de instrumentos internacionales, en un asunto de suma importancia como es el de la extradición.

Como se observó en la parte de resumen de los argumentos de la demanda, el actor dedica buena parte de su escrito a plantear criterios subjetivos de orden práctico y concreto relacionados con la vigencia de las leyes en el tiempo y de algunos tratados públicos y con su aplicación específica, que sin duda escapan a las competencias de esta corporación en el ámbito del control de constitucionalidad abstracto y general de la ley ante la Constitución Política.

Adicionalmente, el demandante menciona algunos tratados vigentes y suscritos por Colombia y solicita la opinión de la Corte Constitucional por fuera del ámbito de las competencias de esta corporación, las que no pueden ser absueltas en esta sede de justicia constitucional.

Ahora bien, en esta oportunidad esta corporación debe pronunciar su fallo de carácter objetivo y abstracto sobre la constitucionalidad de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 17 del Decreto 100 de 1980, en el que se establecen algunas de las reglas de derecho interno por las cuales se rige el trámite nacional de las extradiciones, claro, está, dentro de nuestro régimen constitucional unitario y bajo las reglas constitucionales del Estado de derecho.

En este caso, se trata de la definición nacional de las reglas a las cuales se someten las autoridades públicas para los fines de tramitar la extradición en el caso de las relaciones internacionales y de la colaboración internacional entre estados, para efectos de la persecución del delito, el aseguramiento y sanción de los responsables y del establecimiento del derecho entre las naciones.

Cabe observar, en primer término, que la mencionada disposición de orden legal pertenece a las normas de esa naturaleza, expedidas antes de la promulgación de la nueva Carta Política, lo cual conduce a una interpretación parcialmente diferente de la que se le ha dado hasta la expedición de la que ahora rige, como quiera que entre los cambios sustanciales de orden constitucional y de carácter específico, la nueva Carta Política contiene una cláusula nueva no prevista en la Constitución de 1886 que se relaciona de modo directo con el examen de las expresiones acusadas en este caso, como es el artículo 35 superior que establece lo siguiente:

“ART. 35.—Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento.

No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia”.

Esta corporación encuentra que la disposición acusada establece que, en general y por principio, la extradición internacional de la que haga parte la República de Colombia, inclusive la de los colombianos como lo advierte el inciso segundo de la disposición acusada, se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos; además, la disposición acusada advierte que en caso de falta de tratados el Gobierno solicitará, ofrecerá o concederá la extradición de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

De otra parte, según la mencionada regla del inciso segundo del artículo objeto de examen no es posible ofrecer, conceder ni solicitar la extradición de colombianos sin que exista tratado público entre los estados de que se trate en el que se prevea dicho procedimiento de colaboración judicial.

En este sentido, la Corte Constitucional encuentra que en lo que corresponde a la constitucionalidad de los dos incisos acusados del artículo 17 del Código Penal no existe reparo alguno de constitucionalidad, salvo dos precisiones de orden correctivo relacionadas con los nacionales colombianos sujetos de la extradición de una parte, y de otra, con los extranjeros, en razón de la especial protección constitucional del perseguido político, como quiera que la Carta de 1991, como se vio, prohibió la extradición de nacionales colombianos por nacimiento y la de los extranjeros por delitos políticos y de opinión.

En efecto, en principio, podría pensarse en que la Carta de 1991 proscribió de plano del ordenamiento nacional la posibilidad de contraer compromisos o de cumplir los ya adquiridos en materia de extradición en todos los casos y para todas las personas; empero, esto no es absolutamente cierto, pues el citado artículo 35 únicamente prohíbe la extradición de nacionales por nacimiento y la de los extranjeros por delitos políticos o de opinión, lo que significa que en todo caso las autoridades nacionales no encuentran límite directo y expreso alguno en la Carta Política para cumplir y hacer cumplir los tratados públicos internacionales en materia de extradición de nacionales por adopción y de nacionales que hayan renunciado a su nacionalidad. Además, no existe fundamento constitucional alguno dejar de cumplir los tratados internacionales en materia de extradición de extranjeros, salvo, como se vio, en el caso de los delitos políticos o de opinión.

En este orden de ideas, para la Corte Constitucional es claro que la regulación legal es objeto de acusación en esta oportunidad y que se refiere al trámite de las extradiciones en nuestro ordenamiento penal, encuentra fundamento constitucional en los casos no prohibidos por la Constitución, como se dejó definido, y que, por ello será declarada su exequibilidad por esta corporación, claro está, condicionada a que se entienda que a partir de la Cara Política de 1991, ninguna autoridad pública del orden nacional puede proceder a ofrecer, conceder o solicitar la extradición de colombianos por nacimiento ni de los extranjeros en el caso de delitos políticos y de opinión.

Empero, aun en estos casos, no se trata de que la Corte considere que se puede producir siquiera remotamente una especie de derogatoria directa y automática de los tratados que prevén y regulan la extradición de los nacionales colombianos, por nacimiento por obra de la Constitución Nacional de 1991, como lo plantea el actor, por fuera de las consideraciones mínimas de orden jurídico relacionadas con la armónica concurrencia y unidad de los ordenamientos jurídicos de diverso orden, como es el caso del tema de las relaciones entre la Constitución y los tratados públicos, y la ausencia de jerarquía formal entre ambos ordenamientos jurídicos.

En efecto, ni la Carta Política de 1991 pretende la derogatoria de ningún tratado público por su mandato o disposición, ni los tratados públicos pueden sustituir los términos de la Carta Política, ni condicionar su vigencia, eficacia o aplicación internas, en este sentido, una cosa es la eficacia interna de la prohibición a las autoridades nacionales de extraditar nacionales por nacimiento, por ejemplo, que condiciona la interpretación constitucional de una ley como en este caso, y otra es la pretendida y absurda eficacia derogatoria de los tratados públicos internacionales, por una u otra disposición constitucional de orden interno, como resulta del parecer del actor.

Lo cierto en este caso es que los dos incisos acusados del artículo 17 hallan fundamento constitucional en los artículos 224, 226, 189 num. 2º. y 150 num. 16, pero las autoridades de la República de Colombia en el orden interno y dentro de sus competencias nacionales, no pueden proceder a conceder, ofrecer ni a solicitar la extradición de colombianos por nacimiento ni la de los extranjeros por delitos políticos o de opinión, por ser ello inexequible como inequivocadamente lo determina el artículo 35 de la Carta Política.

Esta interpretación, que corrige la que podía darse antes de la vigencia de la Carta Política de 1991, permite mantener y conservar la vigencia de las disposiciones acusadas en este caso, con las limitaciones precisadas en el mencionado artículo 35, dentro del marco de un orden constitucional justo y en armonía con el derecho internacional público.

Como antecedentes jurisprudenciales sobre las cuestiones que se han analizado es preciso citar la sentencia C-176 de abril 1º de 1994, por medio de la cual se declaró exequible la convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, en cuya parte resolutiva pertinente se dijo:

“2. Declarar EXEQUIBLE la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, teniendo en cuenta que las obligaciones internacionales derivadas del artículo 3º numeral 1º literal c y numeral 2º así como del artículo 11 se contraen de manera condicionada al respeto de los principios constitucionales colombianos, y con base en las reservas 1ª, 3ª y 4ª, así como en las nueve declaraciones formuladas por el Congreso, con las precisiones efectuadas por la Corte, que hacen compatible la convención con el ordenamiento constitucional colombiano, y que el Gobierno de Colombia formulará al depositar el respectivo instrumento de ratificación de la convención”.

A este propósito en relación con la reserva formulada por el gobierno colombiano dice la citada sentencia:

d) Examen de la constitucionalidad de las reservas y las declaraciones.

Como quedó establecido en esta sentencia, el Congreso puede efectuar reservas y declaraciones tanto por motivos de conveniencia como de constitucionalidad. La Corte tiene la facultad de examinar la constitucionalidad de unas y otras, pero obviamente no entra a determinar la conveniencia política de las mismas, por lo cual el examen de una sentencia de control de una ley aprobatoria de un tratado se restringe a estudiar la educación de las reservas y declaraciones a la constitución colombiana. Entra entonces la Corte a examinar unas y otras.

1. Las reservas

a) La no extradición de colombianos por nacimiento.

La primera reserva precisa que Colombia no se obliga a extraditar colombianos, reserva que necesariamente tenía que formularse por la claridad del artículo 35 de la carta Fundamental que prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. Sin embargo, la Carta precisa que la constitución al establecer la imposibilidad de extraditar a los colombianos por nacimiento no consagró en manera alguna una forma de impunidad de los delitos por ellos cometidos. En efecto, los regímenes de extradición en general permiten a los estados optar entre, de un lado, la extradición del nacional que haya cometido un delito en el extranjero o, de otro lado, la aplicación extraterritorial de la ley penal, por medio de la cual el Estado se compromete a juzgar internamente al nacional requerido. Así por ejemplo, el tratado de extradición entre Colombia y España, celebrado el 23 de julio de 1892 y aprobado mediante Ley 35 de 1892, consagra en su artículo 2º:

“Ninguna de las partes contratantes queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o nacionales ni los individuos que en ellas se hubieren naturalizado antes de la perpetración del crimen. 

Ambas partes se comprometen, sin embargo a perseguir y juzgar, conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última y con tal que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la enumeración del artículo 3º”. 

Igualmente, la convención sobre extradición, originaria de la VII conferencia internacional americana de 1933, aprobada por Colombia por medio de la Ley 74 de 1935, establece en su artículo 2º:

“Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido por lo que respecta a su entrega, ésta podrá no ser acordada según lo que determine la legislación o las circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregare al individuo, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le imputa (si éste es delito y es punible por las leyes del Estado requirente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de la libertad y a comunicar al Estado requirente la sentencia que recaiga”. 

También el llamado código bustamente prevé una fórmula similar, puesto que en su artículo 345 señala que “los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos está obligada a juzgarlo”.

Frente a tal alternativa, la constitución colombiana estableció el sistema de aplicación extraterritorial de la ley penal. Así, el artículo 35 especifica que “los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación colombiana, serán procesados y juzgados en Colombia”.

Por otra parte esta corporación definió el tema que se debate con los siguientes conceptos:

“La posición de supremacía de la constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquella, determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto funda en orden jurídico mismo del Estado. La Constitución es el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados” (Sent. T-06/92, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Además, en la sentencia C-186/96, en la que se hizo la revisión oficiosa de la Ley 195 “por medio de la cual se aprueba el convenio para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan descendencia internacional”, suscrito en Nueva York el 2 de febrero de 1971, examinó el artículo 5º, cuyo tenor es el siguiente:

“ART. 5º—Cuando no proceda la extradición solicitada por alguno de los delitos especificados en el artículo 2º porque la persona reclamada sea nacional o media algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado o someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicado al Estado requirente. En el juicio se cumplirá con la obligación que se establece en el artículo 4º”.

En relación con este artículo, la Corte Constitucional se pronunció en estos términos:

“El artículo quinto guarda armonía con el segundo, y salva, en el caso colombiano, cualquier asomo de inconstitucionalidad, porque le da validez a lo establecido en el artículo 35 de la Carta Política. En efecto, de no aceptarse la extradición de nacionales por el ordenamiento constitucional de uno de los Estados partes, se obliga a éste a tomar las medidas conducentes para que el hecho no quede impune. Así ha de entenderse el artículo, so pena de romper con el principio de solidaridad y reciprocidad internacionales.

A juicio de la Corte, la expresión “cuando no proceda la extradición solicitada (...) porque (...) medie algún otro impedimento constitucional o legal”, contenido en el presente artículo, debe entenderse en su sentido natural y obvio: esto es, que si la Constitución de uno de los países adherentes, como es el caso de la colombiana, impide la extradición de nacionales, ésta no procederá, salvo en el caso de que dicha prohibición sea eliminada por reforma posterior. Así las cosas, la Corte no ve violación alguna al principio contenido en el artículo 35 superior” (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

b) Las demás disposiciones acusadas.

Por lo que hace a los dos apartes acusados del artículo 72 del Código Penal, que se ocupan de las condiciones de tiempo para conceder la libertad condicional, es claro para esta corporación que en ellos no se establece forma alguna de discriminación no razonable y desproporcionada entre dos grupos de personas condenadas, como lo afirma el actor, y, por tanto, no encuentra que exista la aparente inconstitucionalidad solicitada en la demanda.

En juicio de la Corte las mencionadas condiciones, no son inconstitucionales, pues no obstante que el “beneficio” de la libertad condicional sólo pueda aplicarse a quienes les haya sido impuesta una pena de prisión que exceda los dos años, y no a quienes hayan sido condenados a una pena menor en el tiempo y que no se pueda conceder a quienes se les haya impuesto una de arresto inferior a tres, se trata de una definición razonable de política criminal que obedece a las condiciones personales del delincuente condenado, y de la determinación en abstracto de un término mínimo que se debe cumplir por los condenados a penas de menor y de mayor extensión, sin tratar desfavorablemente a los primeros.

No prosperan las consideraciones del actor, pues en este ámbito existe una margen de definiciones políticas del legislador, claro está dentro de un marco de razonabilidad jurídica y de balance y armonización de fines constitucionales, como los del poder correccional del Estado y de la administración de justicia, con las funciones de la pena.

En este sentido, no se atiende la opinión del demandante en el sentido de que resulta violado el artículo 13 de la carta, al desprenderse la prohibición de conceder el beneficio anotado a todos los demás condenados, en consideración a un mero criterio “objetivo o cuantitativo como es el quantum punitivo”, como quiera que también se tiene en cuenta la conducta en la prisión, su trabajo, su estudio y demás manifestaciones criminales y delictivas anteriores, las que, desde luego, deben aparecer consignadas en sentencias penales y no en simples informes, como bien lo tiene definido esta Corte.

En efecto, téngase en cuenta que el examen de los “antecedentes de todo orden” del condenado, debe entenderse que está condicionado por el artículo 248 de la Carta, en vista de que no se puede admitir para efectos punitivos ningún antecedente que no se encuentre consignado en sentencia condenatoria, pues una interpretación contraria permitiría un amplio margen al arbitrio del juez, para determinar el cumplimiento de este requisito.

Es claro, pues, como lo advierte la demanda, que en Colombia solamente tienen el carácter de antecedentes judiciales las condenas penales proferidas mediante sentencias; lo que ocurre es que la expresión “de todo orden” hace referencia a la conducta del reo, a la modalidad del delito, a sus agravantes y a las condiciones en las que fue cometido.

Por tanto, la posibilidad de apreciar los antecedentes de todo orden, más allá de los permitidos por la Constitución, resultaría contrario al principio de legalidad de las funciones de los servidores públicos y genera arbitrariedad del juez, como lo expresa la demanda; empero esa no es la cabal interpretación constitucional del término empleado por el legislador; pero además, téngase en cuenta que se trata de conceder un beneficio y no de aplicar una pena y que en este caso es preciso determinar, si por el comportamiento en la prisión o durante su reclusión, el condenado merece o no la libertad condicional. Razones de coherencia justifican, además, la declaración de exequibilidad de la totalidad del artículo 72.

En cuanto a las partes acusadas del artículo 74 del Decreto-Ley 100 de 1980, que son demandadas bajo el supuesto formulado por el actor de que vulnerarían los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, dignidad humana y al debido proceso, como quiera que no resulta “razonable ni proporcionado” que a una persona condenada y que ha cumplido los requisitos necesarios para obtener su libertad condicional, el juez arbitrariamente le aumente su período de prueba, estableciendo una discriminación desfavorable para ella frente a quienes el juez no extiende dicho período, la Corte advierte que encuentra plena conformidad con lo dispuesto en la Carta sobre la materia, y no encuentra motivo para proceder a declarar la inexequibilidad demandada.

No asiste razón al demandante en relación con la declaratoria de inconstitucionalidad de las expresiones acusadas del inciso primero del artículo 74 del Código Penal, ya que es claro que la base de la cual se parte para prorrogar el período de prueba en el caso de la libertad condicional, es sin duda el de la pena impuesta, lo que excluye el supuesto margen de arbitrariedad del juez.

La Corte descarta el cargo relacionado con la supuesta violación al derecho constitucional a la igualdad, en el caso de la parte de la disposición acusada que prescribe la posibilidad de que a algunas personas condenadas a quienes el juez decida extender el período de prueba más allá del de la condena, se les exima del cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 69 del Código Penal sobre compromisos, pues esta facultad efectivamente está reglada en el artículo 69 del mismo código y se puede otorgar en favor de quienes los merezcan, dentro de los lineamientos objetivos allí fijados.

Para esta corporación, tampoco resulta contrario a la Carta Política el aparte acusado del artículo 80 del Código Penal, que establece el término máximo de caducidad o “prescripción” de la acción penal, pues la proporcionalidad exigida por el demandante supone una propuesta injustificada y contraria a las definiciones de la política criminal del Estado, que consiste en optar por un tope máximo de las penas para fijar el término de caducidad o de prescripción de la acción. Igual consideración debe hacerse en cuanto a los apartes acusados del artículo 81 del Código Penal, sobre prescripción del delito iniciado o consumado en el exterior, como quiera que el actor afirma que son igualmente inexequibles, en vista de que el artículo 9º de la Carta establece que las relaciones internacionales de Colombia han de ceñirse a los principios del derecho internacional por ella aceptados; en este caso no se trata de extender el ámbito material de la jurisdicción de las autoridades nacionales hasta comprender territorio extranjero sino de no dejar sin regular las cuestiones relativas a la penalización de conductas delictivas cometidas en el exterior.

Se observa que los argumentos presentados en contra del tope máximo establecido en el artículo 80 del Código Penal, se repiten por el demandante para impugnar los topes máximos establecidos en el artículo 81 acusado, en cuanto al término de prescripción del delito iniciado o consumado en el exterior en la parte que señala “sin exceder el límite máximo allí fijado”. La Corte estima que no existe fundamento alguno para proceder a la declaratoria de inexequibilidad demandada, mucho menos cuando se trata de una disposición que tiene en cuenta las condiciones de espacio y de tiempo naturalmente adversas, en las que de ordinario debe cumplirse la función constitucional de perseguir el delito en el exterior, y para ello se aplica la regla del tope máximo de caducidad de la acción penal de veinte años.

De otra parte, en cuanto hace a lo dispuesto por el artículo 82 del Código Penal, que se ocupa de regular los términos de prescripción del delito cometido por empleado oficial, el demandante afirma que el legislador en esa disposición confunde las funciones del cargo con el cargo mismo y con el empleo, de lo cual se desprende, sin presentación constitucional alguna, que las personas que desempeñan ciertos cargos públicos resulten con la pena correspondiente agravada o con el lapso de tiempo prescriptivo aumentado, aunque las conductas punibles que se les imputa no hayan sido cometidas en ejercicio de sus funciones. Sostiene, además, que lo que debe sancionar el legislador es el abuso de las funciones relacionadas con el cargo o empleo pero no a la persona por el hecho de disfrutar de una dignidad o responsabilidad oficial.

La Corte considera que esta disposición encaja dentro del criterio de exigir una mayor responsabilidad en el ejercicio de sus funciones por parte del empleado oficial, que sustenta el régimen de responsabilidad de todos los servidores oficiales, de conformidad con la preceptiva constitucional (artículos 6º, 89, 95, 209 de la Carta Política). Por tanto se declarará la exequibilidad del aparte acusado del artículo 82.

Sobre el inciso primero del artículo 84 del Decreto 100 de 1980, la Corte no comparte el concepto de la violación que presenta el demandante al indicar que en su opinión existiría una manifestación evidente de inexequibilidad sobreviniente porque en su entender el auto de proceder fue sustituido por el auto que contiene la llamada resolución acusatoria, dentro del proceso de modificación del régimen constitucional y legal de la investigación penal, a partir de la Carta de 1991.

Para esta corporación no se presenta ninguna violación al principio de legalidad en las actuaciones judiciales y, por ende, del derecho al debido proceso penal, pues dentro del nuevo marco constitucional y legal de regulación del procedimiento penal, la resolución acusatoria es técnicamente equivalente al anterior auto de proceder, y no existe duda sobre su naturaleza equiparable, lo cual descarta cualquier margen de discrecionalidad del juez en esta materia y garantiza la efectividad del principio de legalidad de las actuaciones de los jueces en materia penal y asegura la vigencia del debido proceso constitucional, como principio y como derecho.

Cabe advertir en cuanto hace a los cargos de constitucionalidad sobre el artículo 85 del estatuto penal, que como se vio establece la regla para regular la prescripción cuando fueren varios los hechos punibles juzgados en un mismo proceso consistente en que cada uno de los hechos punibles surte su propio término de prescripción, que en modo alguno asiste razón al demandante que sostiene que se viola el principio constitucional a la igualdad y al derecho constitucional al debido proceso; en contrario, esta corporación comparte los criterios presentados por el señor Ministro de Justicia y del Derecho, así como los del señor Procurador, quienes advierten que no es posible establecer un concurso de prescripciones para atraer las consecuencias lógicas del concurso de delitos. Estas son dos figuras bien extrañas entre sí que nada tienen en común para los fines de la demanda planteada. Lo mismo se advierte sobre la supuesta inconstitucionalidad del artículo 90 del Código Penal respecto de la cual el demandante emplea los mismos argumentos para fundamentar su concepto de la violación y remite directamente a ellos; por tanto esta corporación habrá de declarar la exequibilidad de las dos disposiciones acusadas.

Sobre la demanda de inconstitucionalidad de los apartes transcritos del artículo 92 del Decreto 100 de 1980, es preciso observar de manera inicial que se trata de la regulación legal de una pena accesoria que tiene una connotación especialísima, ya que en ella se encuentran comprometidos altos intereses del Estado, que corresponden a una manifestación de la soberanía interna del Estado en relación con los extranjeros, que desarrolla la reserva que ha hecho la Carta Política del pleno vigor de los derechos constitucionales de los extranjeros; a pesar de lo que advierte el actor en el sentido de que la excepción establecida en contra de los extranjeros es injustificada, no razonable y por ello inconstitucional y que rompería con los principios de igualdad y de la dignidad humana y desconocería el vigor jurídico de los derechos inalienables de la persona, así como el deber de las autoridades de proteger los derechos y garantías de todos los residentes en Colombia, la Corte Constitucional encuentra que se trata apenas de una excepción constitucionalmente válida sobre el derecho a la rehabilitación, como mecanismo para hacer cesar las penas.

En materia de los cargos de inconstitucionalidad de los artículos 98, 100 y 101 del Código Penal, igualmente demandados en las partes relacionadas con el término de duración de las medidas de seguridad y del concepto de los peritos para la adopción de la decisión correspondiente de su suspensión condicional o de cesación de esas medidas, cabe observar que el actor presenta como razones suficientes para solicitar la declaratoria de inexequibilidad las que en su opinión fueron utilizadas por esta corporación en sentencia C-176 de 1993, las que en verdad sí tienen relación con el término mínimo establecido en el artículo 98 sobre la oportunidad para el control judicial de las medidas de seguridad, y se extienden hasta comprender la inexequibilidad, por las mismas razones allí consignadas, la referencia a un término mínimo de duración de las medidas de seguridad, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. Igual declaración se hará en relación con la expresión “...de duración máxima indeterminada...” acusada del artículo 100 del Código Penal, pues ese tipo de medidas son contrarias a lo dispuesto por los artículos 28 y 34 de la Carta Política que establecen que no existirán medidas de seguridad imprescriptibles.

De otra parte, la Corte no comparte las razones adicionales que presenta el actor, que se refieren a la necesidad de supeditar forzosamente la suspensión condicional o cesación de la medida de seguridad, al concepto de un perito o un experto oficial, pues no se encuentra violación alguna a la norma constitucional que asegura la independencia y autonomía de las decisiones judiciales, ya que nada se opone a que el juez deba orientarse por un dictamen no vinculante del médico especialista y del perito conocedor de las condiciones de salud del inimputable.

En lo que se refiere a la acción civil y a la extinción de la punibilidad de conformidad con lo dispuesto por todo el artículo 109 del estatuto demandado, la Corte no admite como validas las aseveraciones del actor en las que señala que no es constitucionalmente admisible que las causas de extinción de la acción penal no comprendan las obligaciones civiles derivadas del hecho punible, pues según su criterio, los afectados con el delito tendrían muchas posibilidades de hacerse presentes dentro del proceso en busca de la reparación de los daños que se les haya causado, puesto que no se pueden desconocer los principios generales del derecho que aparecen desde el preámbulo de la Carta Política, para efectos de provocar un beneficio como el del enriquecimiento con causa ilícita, contrario a los fundamentos del orden social justo que se construye a partir de la normatividad superior. De otra parte, la protección de la vida, honra y bienes de los asociados es un principio fundamental del ordenamiento jurídico político, que no admite desconocimiento alguno, como resultaría de admitir los planteamientos de la demanda.

En cuanto se refiere al sentido normativo de la palabra “cónyuge” del numeral 1º del artículo 324 del Código Penal, también demandado en esta oportunidad, la Corte no acoge los planteamientos del actor sobre la inconstitucionalidad alegada, pues como condición de agravación de la pena es claro que corresponde al legislador fijarla, y por cuanto se trata de un factor que agrava la situación jurídica del sindicado no puede ser objeto de interpretaciones por vía de la analogía legis; es cierto que la Corte ha extendido el sentido del término hasta comprender situaciones no reguladas expresamente por él mismo; empero, en este caso, la analogía esta prohibida por la misma Carta y mientras no medie mandato expreso del legislador no es posible darle otro alcance a la expresión empleada en el enunciado normativo del que hace parte la palabra que se dice inconstitucional.

De otra parte, tampoco le asiste razón al demandante en cuanto a los cargos formulados contra el artículo 157 del Código Penal que establece la descripción típica de la conducta punible del asesoramiento ilegal, puesto que las conductas punibles descritas hacen parte del régimen de responsabilidad de los servidores públicos en los términos de la Carta Política y fija una de las cargas propias de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público.

En cuanto concierne a lo dispuesto en el artículo 345 del mismo código, la Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia C-013/97 de enero veintitrés (23) de mil novecientos noventa y siete (1997).

Por último, el artículo 374 del Código Penal que también es acusado, y que establece la facultad para el juez de disminuir las penas señaladas en dicho código, cuando el responsable restituya el objeto material del delito o su valor e indemnice los perjuicios, la Corte advierte que no encuentra vicio de inconstitucionalidad alguno que conduzca a la declaratoria demandada por el actor, pues, la norma lo que busca es favorecer al sindicado y a obtener la reparación del daño causado, dentro de los términos de un Estado social de derecho inspirado en las reglas de la justicia y de respeto a la vida, honra, bienes y derechos de todas las personas, por virtud de un mecanismo apenas razonable y ordenado sin causar discriminación o injusticia alguna, en contra de ninguna persona, por estos motivos se habrá de declarar su exequibilidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES los artículos 72, 85, 90, 109 y 157 del Código Penal.

2. Declarar EXEQUIBLES los apartes acusados de los siguientes artículos del Código Penal: 17, pero bajo la condición de que sus disposiciones no se pueden aplicar a los colombianos por nacimiento, como tampoco a los extranjeros por delitos políticos o de opinión, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política; 74, 80, 81, 82, 84, 92, 101 y 324.

3. Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 98, salvo la expresión “transcurrido el término mínimo de duración de cada medida de seguridad” que se declara INEXEQUIBLE, y 100, salvo la expresión “de duración máxima indeterminada”, que también se declara INEXEQUIBLE.

4. ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia C-013/97 de mil novecientos noventa y siete (1997), que declaró la exequibilidad del artículo 345 del Código Penal.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-087 de febrero 26 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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