Sentencia C-870 de noviembre 3 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Magistrado Ponente:

Alejandro Martínez Caballero

Ref: Exp.: D-2394 y D-2395 acumulados.

Normas acusadas: artículos 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990 y 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990.

Actor: Jorge Enrique Osorio Reyes

Temas: —Principio de igualdad, libre desarrollo de la personalidad y extinción de la pensión de sobrevivientes de los hijos por contraer matrimonio.

Santafé de Bogotá, tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «II. Del texto objeto de revisión

A continuación se transcriben los artículos acusados y se subraya la expresión demandada. Así, el inciso primero del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990, conforme a su publicación el Diario Oficial 39.406 del ocho (8) de junio de 1990, establece:

DECRETO NÚMERO 1212 DE 1990

“Por el cual se reforma el estatuto de personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”.

(...).

“ART. 174.—Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de la Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión policial, se extinguirán para los hijos, por muerte, matrimonio, independencia económica, o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años cuando hayan dependido económicamente del oficial o suboficial.

(...).”

Por su parte, el artículo 131 del Decreto 1213 de 1990, conforme a su publicación en el Diario Oficial 39.406 del ocho (8) de junio de 1990, preceptúa:

DECRETO NÚMERO 1213 DE 1990

“Por el cual se reforma el estatuto de personal de los agentes de la Policía Nacional”.

“ART. 131.—Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un agente de la policía en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión policial, se extinguirán para los hijos, por muerte, matrimonio independencia económica, o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del agente.

La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que la motive y por la cuota parte correspondiente”.

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia.

1. Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de la expresión “matrimonio” contenida en el inciso primero del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990 y en el artículo 131 del Decreto 1213 de 1990, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de decretos expedidos en uso de facultades extraordinarias.

El asunto bajo revisión.

2. La expresión acusada establece que los hijos de los agentes, oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, que sean beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de sus padres, perderán esa prestación si contraen nupcias. Según el actor y la vista fiscal, esa condición resolutoria de la sustitución pensional viola la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, por cuanto discrimina a aquellos hijos que deciden casarse. Por el contrario, según la interviniente, ese mandato se ajusta a la Carta, pues corresponde al legislador establecer las causales de extinción de la pensión, quien podía entonces considerar que no se justifica mantener ese beneficio a aquel hijo que contrae matrimonio, por cuanto se presume que, debido a esa nueva condición, ya no depende económicamente de sus padres.

Como vemos, el problema que se plantea es si la ley puede señalar que el matrimonio implica la terminación de la pensión de sobrevivientes de un hijo de un miembro de la Policía Nacional, o si esa condición resolutoria desconoce la Carta, y en especial los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad (C.P., arts. 13 y 16). Para responder a ese interrogante, la Corte resumirá la doctrina constitucional que ha elaborado al estudiar normas similares sobre sustitución pensional, para luego analizar concretamente la disposición acusada.

Principio de igualdad, libre desarrollo de la personalidad y extinción de la pensión de sobrevivientes de los hijos por contraer matrimonio.

3. En sentencias anteriores, esta corporación tuvo que analizar la constitucionalidad de las normas que establecían que una viuda perdía el disfrute de una pensión de sobrevivientes por el hecho de contraer nuevas nupcias. La Corte concluyó que esa condición resolutoria era contraria a la Carta, pues desconocía la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad(1). Dijo al respecto esta corporación:

(1) Sentencia C-309 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia C-182 del 10 de abril de 1997, M.P. Hernando Herrera. Sentencia C-653 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

“La mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad (C.P., arts. 16, 42 y 43). No puede plantearse una relación inequívoca entre la conformación de un nuevo vínculo y el aseguramiento económico de la mujer, menos todavía hoy cuando la consideración paritaria de los miembros de la pareja no se ajusta más a la antigua concepción de aquélla como sujeto débil librada enteramente a la protección masculina. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación como quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas.

(...).

No duda la Corte que al entrar en vigencia la nueva Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con sus dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por la anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más cuando en 1993 se expide la ley 100, que elimina la susodicha condición, pero deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se ha señalado como el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de justificación objetiva y razonable.

La causa de que al momento de promulgarse la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la Ley 100 de 1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto, deberá declararse inexequible”(2).

4. La Corte considera que, mutatis mutandis, los anteriores criterios son también aplicables al presente caso, pues tampoco puede considerarse que un hijo, por el sólo hecho de contraer nupcias, adquiere una independencia económica suficiente, que justifique que la ley ordene la terminación de su pensión de sobreviviente. En efecto, una cosa es que el hijo o la hija adquieran independencia económica, y otra diversa es que decidan casarse. Así, en el primer evento, es natural que la ley ordene la terminación de la sustitución pensional, ya que ésta pretende precisamente impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento(3), por lo cual es razonable que cese esta prestación si el beneficiario adquiere independencia económica. Por el contrario, en el segundo evento, no existe razón constitucional que justifique la terminación de la pensión de sobreviviente, pues el hijo o la hija, a pesar de haber contraído nupcias, pueden no haber adquirido independencia económica, por lo cual la ley estaría imponiéndoles una especie de castigo por haber modificado su estado civil. Por ende, en tal caso, la expresión acusada está violando el libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), pues están obstaculizando, sin ninguna justificación razonable, que estas personas contraigan nupcias:

(2) Sentencia C-309 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, criterio reiterado en las sentencias C-182 de 1997 y C-653 de 1997.

(3) Ver, entre otras, las sentencias T-190 de 1993, T553 de 1994, C-389 de 1996. C-002 de 1999 y C-080 de 1999.

5. La pretensión de la expresión acusada de impedir que el beneficiario de la sustitución pensional contraiga nupcias es aún más clara, si se tiene en cuenta que los dos artículos parcialmente acusados prevén también como causal resolutoria de esta pensión la “independencia económica” del beneficiario. Por consiguiente, si el hijo o la hija se casan y, además, adquieren independencia económica, la pensión cesa de todos modos, por haber operado la causal autónoma de “independencia económica” prevista en esos artículos, lo cual significa que el efecto independiente de la expresión acusada es consagrar como condición resolutoria el mero hecho de que el beneficiario celebre matrimonio. La expresión impugnada pretende entonces que los hijos que disfrutan de esa pensión no contraigan nupcias, para que puedan seguir disfrutando de ella, con lo cual afecta indiscutiblemente el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16). En efecto, la opción de casarse hace sin lugar a dudas parte del núcleo de ese derecho fundamental, pues constituye una de “aquellas decisiones que una persona toma durante su existencia y que son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y de una visión de su dignidad como persona” (sent. C-481/98, M. P. Alejandro Martínez Caballero, Fundamento Jurídico Nº 21).

6. De otro lado, la expresión acusada consagra una preferencia de la unión libre sobre el matrimonio pues, conforme a esa causal resolutoria, si el hijo beneficiario de la pensión de sobreviviente contrae nupcias, entonces cesa la pensión, pero si forma una nueva familia, por medio de una unión libre, entonces continúa gozando de esa prestación. Esta diferencia de trato no encuentra ninguna justificación razonable, por lo cual constituye una discriminación contra el matrimonio, que implica un nuevo vicio de inconstitucionalidad, pues viola no sólo la cláusula general de igualdad (C.P., art. 13) sino que infringe específicamente el mandato constitucional según el cual gozan de igual protección integral los distintos tipos de familias (C.P., art. 42), sea que éstas provengan de matrimonio o sean formadas por vínculos naturales derivados de la voluntad responsable de un hombre y una mujer de conformar un hogar.

7. Finalmente, en la medida en que el régimen general de pensiones (L. 100/93) no prevé el matrimonio como condición resolutoria para los hijos que han accedido a la pensión de sobrevivientes, entonces también la expresión acusada configura, por las mismas razones explicadas en las sentencias C-309 de 1996, C-182 de 1997 y C-653 de 1997, anteriormente citadas, una discriminación, que viola el derecho a la igualdad (C.P., art. 13).

8. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la expresión acusada es inconstitucional y deberá ser retirada del ordenamiento. Igualmente, debido a la fuerza normativa de la Constitución, y conforme a lo indicado en decisiones anteriores(4), la Corte considera que la presente sentencia debe tener efectos retroactivos, que deben ser precisados por la corporación, ya que, conforme al artículo 45 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, las sentencias que de esta Corte “sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. La Corte precisa entonces que los efectos de esta sentencia operan a partir del día 7 de julio de 1991, fecha en que entró a regir la actual Constitución. En consecuencia, los hijos que con posterioridad a dicha fecha no hayan podido gozar de la pensión de sobreviviente, debido a la aplicación de la expresión acusada, podrán, con el fin de que se reparen sus derechos constitucionales desconocidos, reclamar de las autoridades competentes el reconocimiento de su sustitución pensional.

(4) Ver sentencia C-002 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte Nº 4.

VIl. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “matrimonio” contenida en el inciso primero del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990.

2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “matrimonio” contenida en el artículo 131 del Decreto 1213 de 1990.

3. Los efectos de estas declaraciones de inexequibilidad operan a partir del 7 de julio de 1991. Por consiguiente, los hijos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nupcias y, por este motivo, hubieren perdido el derecho a la pensión a la que se refieren las normas acusadas, podrán, como consecuencia de este fallo, con miras al restablecimiento de sus derechos constitucionales, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

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