Sentencia C-870 de noviembre 3 de 2010 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-870 de 2010

Ref.: Expediente D-8158

Magistrado sustanciador:

Dr. Mauricio González Cuervo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002-Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”

Actor: Yeny Marguith Díaz Aranguren

Bogotá, D.C., noviembre veintiséis de dos mil diez.

EXTRACTOS: «1. Texto normativo demandado.

La ciudadana Yeny Marguith Díaz Aranguren, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 numeral 2º de la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito—, y se dictan otras disposiciones”. No obstante, es evidente que el contenido normativo acusado corresponde al artículo 5º de la mencionada ley, que modificó el artículo 19 citado. Así, con base en el principio pro actione, se entiende que la demanda está dirigida contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 1383 de 2010. En consecuencia el texto normativo demandado es el siguiente:

LEY 1383 DE 2010(1)

(Marzo 16)

“Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ART. 5º—El artículo 19 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

ART. 19.—Requisitos. Podrá obtener por primera vez una licencia de conducción para vehículos, quien acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Para vehículos de servicio diferente del servicio público:

1. Saber leer y escribir.

2. Tener 16 años cumplidos.

3. Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte.

4. Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por un centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado como organismo de certificación de personas en el área de conductores de vehículos automotores.

Para vehículos de servicio público:

Los mismos requisitos enumerados anteriormente, a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos y de los exámenes teórico-prácticos y de aptitud física y mental o los certificados de aptitud de conducción expedidos que estarán referidos a la conducción de vehículo de servicio público.

PAR. 1º—Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la recategorización, renovación, y refrendación de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según los parámetros y límites internacionales, entre otros: las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.

PAR. 2º—El Ministerio de Transporte reglamentará para que en un plazo de hasta 12 meses los centros de reconocimiento de conductores cumplan con los requisitos de habilitación y acreditación.

PAR. 3º—El Ministerio de Transporte reglamentará los costos del examen, teniendo como referencia los valores actuales, haciendo ajustes anuales hasta por el índice de precios al consumidor, IPC.

(...)”.

(...).

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para decidir la constitucionalidad de las normas legales, como la disposición demandada, con base en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política.

2. Normas, cargo y problema de constitucionalidad.

2.1. Contexto normativo.

El antiguo Código Nacional de Tránsito —Decreto-Ley 1344 de 1970— fue derogado por la Ley 769 de 2002(3). Esta ley expidió el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre. A través de la Ley 1383 de 2010 se reforma la Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito—, y se dictan otras disposiciones. Específicamente, el artículo 5º de dicha ley, determina como quedará el artículo 19 de la Ley 769 de 2002. No obstante, en relación con el tema de interés en esta providencia, es decir, la edad para acceder a la licencia de conducción; se mantienen los contenidos normativos que determinan la edad de 16 años para vehículos diferentes del servicio público y la edad de 18 años para vehículos de servicio público.

2.2. Cargo.

Afirma el accionante que al hacerse diferencia respecto de la edad para adquirir licencias de conducción, entre vehículos de servicio público y servicio particular, se está desconociendo la preceptiva constitucional, al discriminar por la edad a unos respecto de los otros. Por tal razón, se debe tener en cuenta el derecho que tienen los conductores de vehículos de servicio público del país, para que sean tratados en igualdad de condiciones, respecto de los conductores de servicio particular.

2.3. Problema de constitucionalidad.

El problema jurídico que se traza en la presente providencia, consiste en determinar ¿Si la determinación de la edad de 18 años para obtener licencias de conducción para vehículos de servicio público, vulnera el derecho a la igualdad, respecto de la edad para obtener licencias de conducción para vehículos de servicio diferentes al servicio público?

Antes de realizar un análisis de fondo, esta corporación estudiará de manera previa: (i) la carga argumentativa requerida cuando se trata de una supuesta vulneración al derecho a la igualdad; (ii) los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para emitir un pronunciamiento de fondo.

3. Carga argumentativa cuando se trata de la supuesta vulneración del derecho de igualdad.

3.1. El juicio de posible violación del derecho de igualdad exige la carga argumentativa de definir y aplicar tres etapas: (i) cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles y, (iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma igual(4):

3.2. Al respecto la Corte ha señalado:

“En cuanto a la correcta estructuración del cargo por violación del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, la Corte Constitucional ha señalado que el demandante tiene una importante carga argumentativa porque, salvo que se trate de la utilización de los denominados “criterios sospechosos de discriminación” a que hace referencia esa regla superior, el legislador goza de amplio margen de configuración normativa del principio de igualdad. Por esa razón, al demandante corresponde definir los sujetos de comparación, el término de comparación que se emplea para ejercer el control de constitucionalidad y debe establecer suficientes razones para concluir que el trato jurídico previsto en la ley repugna con la Constitución (...)(5).

3.3. Por consiguiente, la carga argumentativa debe tener un alto grado de precisión, en aquellos casos donde se pregone la vulneración del derecho de igualdad. Dicha precisión repercute de manera directa en la suficiencia del cargo. Esta exigencia lo que busca proteger en últimas es la libertad de configuración legislativa que solo se vería inicialmente menguada cuando se esté en presencia de “criterios sospechosos de discriminación”(6). En consecuencia, para poder demostrar el exceso del legislador en uso de su libertad es indispensable “demostrar cómo, en un caso específico, una regulación diversa constituye realmente una trasgresión de principios constitucionales como la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad y la proscripción de la arbitrariedad. En otras palabras, las demandas de inconstitucionalidad fundadas en la supuesta vulneración del principio de igualdad deben demostrar que al regular un aspecto puntual de la realidad jurídica, el legislador actuó de manera desproporcionada, irrazonable o decididamente discriminatoria, pues de conformidad con el análisis que de ello haga el actor, diseñó un tratamiento diverso para situaciones fácticas que requerían una regulación similar”(7).

4. Requisitos para realizar un estudio de constitucionalidad.

Esta corporación(8) ha especificado a través de su jurisprudencia el contenido de los requisitos mínimos señalados por el artículo 2º del Decreto 2067.

4.1. En este orden de ideas se ha venido afirmando que el cargo será claro si permite comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Para que dicha comprensión se presente por parte del juez de constitucionalidad, no solo es forzoso que la argumentación tenga un hilo conductor, sino que quien la lea —en este caso la Corte Constitucional— distinga con facilidad las ideas expuestas y que los razonamientos sean sencillamente comprensibles.

4.2. La certeza en el cargo se refiere a que este recaiga sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, que ataque la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; así entonces, los cargos no pueden inferir consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas, ni extraer de estos efectos que ellas no contemplan objetivamente. En últimas, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del “texto normativo”. Los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias la demandante(Sic) respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto.

4.3. La especificidad como parámetro del cargo y razonamiento de la demanda, indica que estos deben mostrar sencillamente una acusación de inconstitucionalidad contra la disposición atacada. Así las cosas, los cargos de inconstitucionalidad deben relacionarse directamente con la norma demandada y no pueden sustentarse en exposiciones vagas, indeterminadas, indirectas, abstractas y globales que no permitan directamente realizar un juicio de constitucionalidad. En resumen, este parámetro pretende que el cargo realizado sea efectivamente de inconstitucionalidad y que sus fundamentos sean específicos, determinados, concretos, precisos y particulares en relación a la norma acusada.

4.4. En relación con la pertinencia del cargo se ha afirmado que debe tener una naturaleza constitucional. Es decir, que los cargos contrapongan normas de inferior categoría a las normas constitucionales. Por ende, es indispensable que los razonamientos sean del orden constitucional, razón por la cual no podrán ser aceptados cargos basados en argumentos legales o doctrinarios. De igual manera, no aparejan pertinencia aquellos cargos que pretenden sustentar la inconstitucionalidad de la norma acusada basado en ejemplos, acaecimientos particulares, hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias , en las que supuestamente se aplicó o será aplicada la norma demandada.

4.5. Finalmente, el cargo es suficiente si despierta una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.

5. Caso concreto.

5.1. La adecuada formulación del cargo por violación a la igualdad, derecho fundamental de rango constitucional, basado en que debe equiparse la edad para obtener la licencia de conducción de vehículos públicos con la edad para vehículos diferentes a dicho servicio implicaba, necesariamente, que la demandante hubiere integrado la proposición jurídica completa. En efecto, la actora señala que los conductores de vehículos de servicio público del país, deben ser tratados en igualdad de condiciones, respecto de los conductores de servicio particular. Pues bien, la demandante solamente acusa como inconstitucional la expresión “... a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos...” del acápite relacionado con los requisitos para obtener la licencia de conducción para vehículos de servicio público, contenida en el artículo 5º de la Ley 1383 de 2010. De esta manera, el contenido normativo esbozado no es unívoco ni posee identidad propia. Lo anterior, por cuanto, si lo que pretendía la actora era que la edad de 16 años se aplicara a la obtención de la licencia de vehículos de servicio público, debió demandar el contenido normativo que establecía dicho requisito respecto de los vehículos diferentes al servicio público. Esto, al menos, para tener un criterio de comparación. En efecto, como lo que se alega es la posible vulneración del derecho a la igualdad, la expresión acusada carecería de la entidad necesaria para su total comprensión. En consecuencia, se estaría ante la inexistencia de una proposición jurídica completa que permita a la Corte pronunciarse respecto del problema jurídico esbozado por la actora.

5.2. En variada jurisprudencia esta Corte ha señalado la necesidad de que el demandante integre la proposición jurídica completa para adoptar una decisión de fondo(9). Esta corporación ha aceptado la doctrina según la cual “... cuando los apartes demandados de un precepto legal se hallan íntima e inescindiblemente unidos a fragmentos o partes no acusados, de tal manera que entre sí todos configuran una proposición jurídica cuya integridad produce unos determinados efectos y solo es susceptible de comparar con la Constitución en cuanto tal, puede el juez constitucional extender el alcance de su fallo a las partes no señaladas por el actor, con el propósito de evitar que, proferido aquel apenas parcialmente, se genere incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico e integrado de la norma legal materia de análisis. Eso implica que la Corte Constitucional, en el ejercicio de su función, confronte normas completas, con alcances definidos, impidiendo que la acción ciudadana, ejercida selectivamente sobre ciertos textos desvirtúe el sentido exacto de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, bajo un cierto designio del actor o, por inadvertencia de este, con el resultado de hacer que el precepto, según el sentido del fallo, presente un contenido incoherente o inaplicable(10). En el presente caso, es claro que declarar inexequible la expresión demandada, no resuelve el problema planteado por la actora. Por el contrario, dejaría la obtención de licencia de conducción para vehículos de servicio público, sin una edad requerida, situación totalmente ajena a la voluntad del legislador.

5.3. Podría sustentarse —a diferencia de la conclusión anterior— que la Corte está facultad(Sic) para integrar la proposición jurídica completa y así extender el estudio de constitucionalidad a la norma que señala la edad para obtener la licencia de conducción de vehículos diferentes al servicio público. Al respecto la jurisprudencia constitucional ha manifestado que la integración de la unidad normativa completa se aplicaría en “primer lugar, cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada; en segundo término, en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas; y, por último, cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad”(11). Sin embargo, para que la Corte Constitucional pueda hacer uso de dicha facultad es forzoso que el actor haya efectuado un cargo de inconstitucionalidad verificable respecto de los contenidos que conformarían la proposición jurídica completa. En este preciso caso, dicha situación no se presenta como se verá en el numeral siguiente. Por tal razón, esta corporación encuentra que el cargo propuesto es inepto para ejercer el control de constitucionalidad de la expresión acusada, por cuanto se dirige contra un contenido normativo, que en sí mismo, no puede producir las consecuencias jurídicas que le pretende otorgar la actora.

5.4. Para demostrar la vulneración del derecho a la igualdad, la demanda debía suponer como fundamentos explicativos por lo menos los siguientes presupuestos:

(i) Cuáles son los sujetos comparados y con base en qué razones se escoge el término de comparación. En el caso bajo estudio, la demanda no señaló de manera clara cuáles eran los sujetos a comparar; recuérdese que solo se demandó la expresión contenida en los requisitos para obtener la licencia de conducción en vehículos de servicio público, cosa que no hizo respecto del contenido normativo contentivo de los requisitos para obtener la licencia de conducción en vehículos diferentes a dicho servicio; debe agregarse que tampoco esbozó por las cuales se escogía el término de comparación. En otras palabras, nunca explicó porque los supuestos sujetos a comparar eran confrontables.

ii) La razón por la cual los extremos tratados en forma distinta por las normas acusadas se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica que ameriten el trato igual. La demanda no cuenta con razonamientos que expliquen con claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, las situaciones fácticas y jurídicas por las cuales la edad para obtener la licencia de conducción de vehículos de servicio público debe ser la misma que para obtener la licencia de conducción de vehículos diferentes a dicho servicio. En otras palabras, no existen fundamentos por los cuales en ambas situaciones el trato amerite ser igual.

iii) Argumentos de donde se pueda colegir que el legislador actuó desproporcionada e irrazonablemente al establecer el trato distinto. Además de no integrar la proposición jurídica completa, tampoco se explica por qué, en el presente caso, el legislador dictó una disposición desmedida al establecer un trato distinto en la edad para obtener la licencia de conducción de vehículos de servicio público o diferente a este servicio. No se presentan argumentos que desvirtúen la libertad de configuración legislativa en cabeza del Congreso al expedir la norma acusada, para demostrar un trato arbitrario y desproporcionado en la expedición de la norma. La demanda se limita a plantear de manera insuficiente que la edad para obtener la licencia de conducción de vehículos de servició público debería ser la misma que aquella establecida para obtener la licencia de conducción para vehículos diferentes al servicio público, sin ningún otro fundamento o razonamiento.

iv) El actor debe presentar argumentos que muestren el incumplimiento por parte del legislador de un deber específico y concreto de orden constitucional. En el presente caso, no señala con su mínima sustentación, si en el presente caso el legislador no cumplió algún objetivo constitucional.

5.5. En este orden de ideas, el cargo presentado por la accionante resulta falto de la certeza, pertinencia y especificidad necesarias para realizar un pronunciamiento de fondo. Lo precedente, por cuanto no se integró la proposición jurídica completa. Además, el cargo resulta insuficiente por ausencia de explicación del supuesto hecho discriminatorio. En el presente caso, la Corte no puede entrar a complementar las grandes falencias del cargo, por cuanto se generaría una especie de control automático u oficioso.

5.6. Así las cosas, esta Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “... a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos”. contenida en el artículo 5º de la Ley 1383 de 2010, por la supuesta vulneración del derecho a la igualdad. Lo anterior, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Diario Oficial 47.653 de 16 de marzo de 2010.

(3) ART. 170.—Vigencia. El presente código empezará a regir transcurridos tres (3) meses contados a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Derógase el Decreto 1344 de 1970 y sus disposiciones reglamentarias y modificatorias.

(4) Al respecto se pueden observar entre otras, las sentencias C-487 de 2009, C-862 de 2008, C-576 de 2004, T-430 de 2006, C-939 de 2006, C-532 de 2000, T-338 de 2003, T-430 de 2006, A-132 de 2008.

(5) Sentencia C-487 de 2009.

(6) Sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; entre otras.

(7) Sentencia C-1009 de 2008.

(8) Sentencia C-1052 de 2001 y Auto 032 de 2005, Sala Plena, Corte Constitucional.

(9) Al respecto se pueden observar las siguientes sentencias: C- 682 de 2009, C-027 de 2009, C-1140 de 2008, C-185 de 2003, C- 710 de 1996; entre otras.

(10) Sentencia C-682 de 2009.

(11) Sentencia C-1140 de 2008.