Sentencia C-871 de septiembre 30 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-871 de 2003 

Ref.: Expediente D-4524

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 (parcial) de la Ley 600 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Demandantes: Jaime Luis Berdugo Pérez y Javier Enrique Múnera Oviedo.

Bogotá, D.C., treinta de septiembre de 2003.

EXTRACTOS: «II Texto de la norma acusada

Se transcribe a continuación el texto del artículo 220 de la Ley 600 de 2001, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 de julio 24 de 2000, subrayando el segmento normativo acusado:

Ley 600 de 2000 

(Julio 24)

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

El Congreso de Colombia

DECRETA

CAPÍTULO X

Acción de revisión

ART. 220.—Procedencia. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por una misma conducta punible que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o prosegurise por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero.

5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.

6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.

Lo dispuesto en los numerales 4º y 5º se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra una ley de la República.

2. Cuestión preliminar. Integración de la unidad normativa.

La jurisprudencia ha señalado, en forma reiterada, que excepcionalmente la Corte puede juzgar la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso y que tampoco han sido demandadas en acción pública de inexequibilidad. Se trata de aquellos eventos en los que conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 procede la integración de la unidad normativa, con el objeto de que el fallo no sea inocuo.

Sin embargo, con el fin de que al aplicar la unidad normativa la Corte no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha precisado que esta figura solo procede en las siguientes tres hipótesis: en primer lugar, cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada; en segundo término, en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas; y, por último, cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.

Siguiendo la anterior doctrina, la Corte estima que en el asunto que se revisa procede integrar la unidad normativa con los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP, por cuanto guardan estrecha relación con el segmento acusado, a tal punto que éste no podría ser entendido y aplicado sino en consonancia con tales disposiciones.

En efecto, conforme al fragmento impugnado del artículo 220 del CPP “lo dispuesto en los numerales 4º y 5º se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria”, proposición jurídica que si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con los contenidos jurídicos de los numerales citados, pertenecientes a la misma norma, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar esas otras disposiciones.

En este sentido esta corporación ha señalado lo siguiente:

“(...) la unidad normativa procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado” (1) .

(1) Sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Por lo anterior, esta corporación integrará la proposición normativa en los términos señalados y, en consecuencia, el examen de constitucionalidad comprenderá las siguientes expresiones del artículo 220 del CPP:

“ART. 220.—Procedencia. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas en los siguientes casos:

“4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero.

“5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.

“Lo dispuesto en los numerales 4º y 5º se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria”.

Hecha esta observación preliminar la Corte procede al examen de fondo.

3. El problema jurídico.

Según los demandantes la procedencia de la acción de revisión en los casos de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, por las causales previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP, desconoce el artículo 29 de la Carta que consagra el derecho de todo sindicado a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. También vulnera el artículo 93 superior que consagra la prevalencia en el orden interno de los tratados internaciones sobre derechos humanos, puesto que el artículo 8-4 de la Convención americana sobre derechos humanos, ratificada mediante Ley 16 de 1972, proclama el principio de la cosa juzgada absoluta de que gozan las sentencias penales absolutorias.

Quienes intervienen a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Comisión Colombiana de Juristas, la Defensoría del Pueblo y la Universidad del Rosario, coinciden en que la Corte debe declarar la exequibilidad del precepto censurado, pues en su parecer la regla del non bis in idem consagrada en los instrumentos internacionales no tiene carácter absoluto, al tiempo que consideran que la aplicación de las causales 4º y 5º del artículo 220 del CPP en los casos de sentencia absolutoria, cesación de procedimiento y preclusión de investigación se justifica en razón de que una resolución ilegal no puede ser fundamento de una decisión judicial que haga tránsito a cosa juzgada.

El Fiscal General de la Nación comparte estos planteamientos, y agrega que no existe nada más perjudicial para la sociedad que prohijar fallos que contengan verdades formales y no materiales producto de la conducta torticera de las partes o del operador jurídico.

La Universidad de Los Andes, por su parte, solicita que se declare la exequibilidad del segmento normativo impugnado pero condicionada a los casos en que se investigan violaciones a los derechos humanos, ya que en su parecer a la luz del derecho internacional las víctimas de tales violaciones tienen derecho a la reparación integral, que comprende, además del resarcimiento económico, el derecho de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido.

El Procurador General de la Nación se inclina por la misma solicitud de exequibilidad condicionada del inciso demandado, pues en su sentir la revisión de sentencias absolutorias, cesación de procedimiento y preclusión de investigación también procede cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves del derecho internacional humanitario.

Corresponde entonces a la Corte determinar si la norma demandada al disponer que la acción de revisión procede cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero, y también cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa, aun para los casos de sentencia absolutoria, cesación de procedimiento y preclusión de la investigación, desconoce los artículos 29 y 93 de la ley fundamental.

3. El principio del non bis in idem , su relación con la cosa juzgada y la acción de revisión.

Una de las garantías básicas que forman parte del debido proceso es la cosa juzgada (rei iudicata), en virtud de la cual las sentencias judiciales que ponen fin a una controversia adquieren firmeza una vez ejecutoriadas, esto es, se tornan inmutables vinculantes y definitivas, cumpliendo de esta forma una función pacificadora en beneficio de la seguridad jurídica, pues el asunto resuelto, en principio, no puede ser objeto de una nueva decisión.

En el ámbito del derecho punitivo la cosa juzgada adquiere mayor trascendencia al estar de por medio no sólo la libertad de las personas, sino también los límites mismos del poder punitivo, ya que tal principio evita que el Estado pueda insistir indefinidamente en la condena de quien ha sido declarado absuelto.

Esto explica el porqué la Carta Política, y los tratados de derechos humanos consagren en forma perentoria la prohibición de la doble incriminación o non bis in idem . Así, la Convención americana sobre derechos humanos establece en su artículo 8-4 que “el inculpado absuelto por una sentencia en firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. Por su parte, el artículo 29 de la ley fundamental, enseña que quien sea sindicado tiene derecho, entre otras garantías, “a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

En materia penal existe pues, un vínculo muy estrecho entre los principios de la cosa juzgada y del non bis in idem, a tal punto que la jurisprudencia ha llegado a afirmar que este último constituye la aplicación del principio más general de la cosa juzgada al ius puniendi. Ciertamente, la Corte ha reconocido esa estrecha relación al considerar que “la prohibición que se deriva del principio de la cosa juzgada, según la cual los jueces no pueden tramitar y decidir procesos judiciales con objeto y causa idénticos a los de juicios de la misma índole previamente finiquitados por otro funcionario judicial (2) , equivale, en materia sancionatoria, a la prohibición de “someter dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta” (3) , que se erige en el impedimento fundamental que a jueces y funcionarios con capacidad punitiva impone el principio de non bis in idem(4) .

(2) SC-096 de 1993, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.

(3) ST-575 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Véanse, también, las SC-479 de 1992 (Ms.Ps. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero); ST-520 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); SC-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); ST-368 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); SC-214 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); SC-264 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz); ST-652 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(4) T-168 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar, sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado.

La acción de revisión tiene su propia connotación, pues no comporta un preciso y restringido juicio jurídico sobre la sentencia y sobre la legalidad del proceso, como sí lo hace el recurso de casación. Por tal razón la jurisprudencia ha expresado que estos dos institutos no pueden confundirse:

“La casación no puede confundirse con la acción de revisión, aunque ambas sean medios de impugnación extraordinarios, pares en la primera se cuestiona la juridicidad del fallo, es decir, la estricta observancia de la ley y la Constitución, y en la segunda se cuestiona la decisión judicial por que la realidad allí declarada no corresponde a la verdad objetiva o real, debido al surgimiento de hechos nuevos que no se conocieron durante el trámite del proceso penal y que, necesariamente, inciden en ella.

“De ahí que se haya afirmado que la casación tiene como objetivo “desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad”, en tanto que “en la revisión, el objetivo es desvirtuar la presunción de verdad, que ampara la cosa juzgada; por ello en la revisión, no hay lugar, a considerar errores in iudicando, ni in procedendo, los que se enmarcan dentro de las causales de casación, ni vicios sobre las pruebas soportes de la sentencia, ora por falsos juicios de existencia, o de falsos juicios de identidad, o por errores de derecho por falsos juicios de legalidad. En la revisión, la controversia gira, entre verdad formal o verdad jurídica y la verdad real, o acontecimiento histórico realmente dado” (5) .

(5) Sentencia C-252 de 2001.

Teniendo en cuenta que la revisión está llamada a modificar providencias amparadas por la cosa juzgada, es un mecanismo extraordinario que sólo procede por las causales taxativamente señaladas por la ley. Es por ello que la jurisprudencia ha dicho que las causales previstas para su procedencia deben ser interpretadas en forma restrictiva (6) . Por lo tanto, corresponde al legislador determinar cuáles son las posibles causales que podrán justificar privar de efectos una sentencia que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada.

(6) Sentencia C-680 de 1996. Fundamento 4.2.

En ejercicio de su facultad de configuración en esta materia, el legislador ha establecido en el artículo 220 del CPP que la acción de revisión procede por seis motivos, en principio frente a sentencias condenatorias, con el fin de proteger preferentemente los derechos del procesado. Es así como expresamente lo consagró para las causales primera, segunda, tercera y sexta de la citada disposición. Respecto de las causales referidas en los numerales 4º y 5º, cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero (num. 4º) y cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa (num. 5º), conviene aclarar que aunque para éstas, si bien el artículo 220 del CPP no dispuso tal consagración de manera expresa, debe entenderse que la acción de revisión en estos casos opera, en principio, para la sentencia condenatoria, dado que el último inciso del artículo que nos ocupa consagra la procedencia de la acción de revisión por las mismas causales en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria.

4. El non bis in idem no es un principio absoluto.

El principio del non bis in idem según el cual ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, no representa un derecho de carácter absoluto, pues según lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación su alcance puede ser ponderado frente a otros derechos, valores o principios constitucionales que llegando a ser de mayor trascendencia permiten inclusive su limitación.

En efecto, al declarar la exequibilidad de la expresión “salvo lo establecido en los instrumentos internacionales”del artículo 8º de La Ley 599 de 2000, que consagra la prohibición de doble incriminación, la Corte Constitucional dijo que el principio del non bis in idem supone la inmutabilidad e irrevocabilidad de la cosa juzgada a favor del procesado, pero acotó que “esto no significa de modo alguno que este postulado tenga carácter absoluto, puesto que la efectividad de los valores superiores de la justicia material yde la seguridad jurídica hacen necesaria la existencia de excepciones a la cosa juzgada”; y también anotó que “la exigencia cada vez más grande de una justicia ecuménica, orientada a reprimir comportamientos que afecten bienes de gran interés y valía para toda la humanidad, ha llevado a los Estados a replantear la inmutabilidad de ciertos axiomas, entre ellos el de la cosa juzgada y, por ende, el del non bis in idem”. Y en relación con las limitaciones provenientes del derecho internacional la Corte expresó:

“... la Corte no puede hacer otra cosa que aceptar la validez constitucional de la excepción regulada en el artículo 8º del Código Penal, que consagra la prohibición de doble incriminación, puesto que nada se opone a que el legislador haya dispuesto que dicha garantía no opere en los casos previstos en los instrumentos internacionales que comprometen al Estado colombiano, excepción ésta que según se expresó, guarda correspondencia con el postulado de la jurisdicción universal que es de observancia imperativa conforme a lo prescrito en el artículo 9º de la Carta Política.

“La razón es clara: así como en el ordenamiento interno militan razones para morigerar el rigor del non bis in idem —la protección de la soberanía y la seguridad nacional—, es comprensible que a nivel internacional las naciones del mundo, inspiradas en la necesidad de alcanzar objetivos de interés universal como la paz mundial, la seguridad de toda la humanidad y la conservación de la especie humana, cuenten con medidas efectivas cuya aplicación demande la relativización de la mencionada garantía, lo que constituye un motivo plausible a la luz de los valores fundamentales que se pregonan en nuestra Constitución Política, asociados a la dignidad del ser humano.

“4.11. Además este propósito está en consonancia con los fundamentos y finalidades del sistema de las Naciones Unidas que pregona el compromiso de las naciones del mundo de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la necesidad de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, empleando a estos efectos los mecanismos internacionales que sean indispensables para promover el progreso económico y social de todos los pueblos” (7) .

(7) Sentencia C-554 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

En reciente pronunciamiento —Sentencia C-004 de 2003— esta Corte reiteró que el non bis in idem no tiene carácter absoluto pues uno de los valores constitucionales que puede colisionar con dicho principio son los derechos de las víctimas de los hechos punibles y el deber correlativo del Estado de investigar y sancionar los delitos con el fin de realizar la justicia y lograr un orden justo, derechos que pueden entonces autorizar, e incluso exigir, una limitación de esa garantía procesal del procesado. Advirtió la Corte en la aludida decisión que en este caso se presenta una tensión valorativa que debe resolverse en favor de los derechos de las víctimas de los hechos punibles, sobre todo si se trata de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dijo entonces:

“13. Es posible entonces establecer limitaciones al derecho al non bis in idem a fin de desarrollar otros valores y derechos constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia. Ahora bien, los derechos de las víctimas de los hechos punibles y el deber correlativo del Estado de investigar y sancionar los delitos a fin de realizar la justicia y lograr un orden justo (C.P., Preámbulo y arts. 2º y 229) son obviamente los valores constitucionales que pueden claramente colisionar con el non bis in idem, y que pueden entonces autorizar, o incluso, exigir, una limitación de esa garantía procesal del procesado. En efecto, en aquellos casos en que una persona es absuelta por un delito, pero aparecen hechos o pruebas posteriores que sugieren que ella puede ser culpable, se desarrolla una clara tensión normativa entre, de un lado, la garantía del procesado a no ser enjuiciado nuevamente y, de otro lado, los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar los delitos y sancionar a los responsables a fin de lograr un orden justo. Así, la fuerza normativa del non bis in idem indica que la persona absuelta no debería volver a ser juzgada, a pesar de esas pruebas y hechos nuevos; sin embargo, el deber del Estado de investigar los delitos y amparar los derechos de las víctimas a fin de lograr un orden justo parece implicar que la persona debe ser enjuiciada nuevamente, sobre todo si se trata de delitos que configuren violaciones a los derechos humanos (8) .

(8) Sentencia C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

En esta decisión la Corte también sostuvo que la necesidad de privilegiar los derechos de las víctimas de los hechos punibles y de las violaciones de derechos humanos responde a la tendencia actual de la normatividad y de la jurisprudencia internacional, que preconizan el derecho de las víctimas no sólo a obtener el pago de una indemnización sino también a conocer la verdad y a que se haga justicia en el caso concreto, como ya lo había reconocido anteriormente la jurisprudencia constitucional (9) .

(9) Ver sentencias C-740 de 2001, C-1149 de 2001, SU-1184 de 2001, T-1267 de 2001 y C-282 de 2002.

Al respecto, conviene acotar que la jurisprudencia constitucional viene reivindicando los derechos que en el proceso penal tienen las víctimas y perjudicados del hecho punible a la reparación económica, a la verdad y a la justicia, doctrina que ha sido expuesta por la Corte en los siguientes términos:

“... la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:

1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), sentencia de 14 de marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta congo contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia).

2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.

3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito (10) .

(10) Sentencia C-282 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, Fundamento 4.4.

Si las víctimas tienen derecho no sólo a que se las repare económicamente sino también a conocer la verdad y a que se haga justicia, compete al Estado el deber correlativo de investigar con seriedad y eficiencia los hechos punibles, obligación que para la jurisprudencia es más intensa cuanto más daño social ha ocasionado el comportamiento delictivo. Deber investigativo que tampoco es absoluto, pues so pretexto de su ejercicio no puede afectarse la seguridad jurídica y los derechos del procesado, los cuales tienen también consagración constitucional. Por tal razón, el legislador al configurar la ley penal debe ponderar estos derechos y valores en conflicto, e intentar armonizarlos en la medida de lo posible, decisión que de todas formas no es discrecional dado que el derecho penal es un área fuertemente constitucionalizada. Al efecto, el legislador podrá relativizar el non bis in idem para privilegiar los derechos de las víctimas o bien podrá reforzar dicha garantía. De todas formas la determinación que adopte estará sujeta a control constitucional.

En función de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de infracciones graves al derecho internacional humanitario, la Corte en el fallo tantas veces citado consideró procedente relativizar el principio del non bis in idem y así reconoció la posibilidad de ejercer la acción de revisión en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria por la causal consagrada en el numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 (CPP), que regula la viabilidad de la acción de revisión frente a sentencias condenatorias cuando con posterioridad a las mismas aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad. La Corte justificó su decisión en los siguientes términos:

“30. La Corte concluye entonces que existe una afectación particularmente intensa de los derechos de las víctimas (C.P., art. 229), que obstaculiza gravemente un orden justo (C.P., art 2º), cuando existe impunidad en casos de afectaciones a los derechos humanos o de violaciones graves al derecho internacional humanitario. Esta impunidad es aún más grave si ella puede ser atribuida al hecho de que el Estado colombiano incumplió con su deber de investigar, en forma seria e imparcial, esas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, a fin de sancionar a los responsables.

“En tales condiciones, la fuerza normativa de los derechos constitucionales de las víctimas y el imperativo que la Carta impone a las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º) implican que en los casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de esos atroces comportamientos, entonces pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existen decisiones absolutorias con fuerza de cosa juzgada. La razón es que una prohibición absoluta de reiniciar esas investigaciones obstaculiza la realización de un orden justo e implica un sacrificio en extremo oneroso de los derechos de las víctimas. Por consiguiente, en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in idem , y por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza de cosa juzgada no debe impedir una reapertura de la investigación de esos comportamientos, si aparecen hechos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates. Y es que la seguridad jurídica en una sociedad democrática, fundada en la dignidad humana, no puede estar edificada sobre la base de silenciar el dolor y los reclamos de justicia de las víctimas de los comportamientos más atroces, como son las violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario.

“31. La Corte concluye entonces que la restricción impuesta por las expresiones acusadas es desproporcionada frente a los derechos de las víctimas, cuando se trata de la impunidad de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. En esos eventos, los derechos de las víctimas no sólo autorizan sino que exigen una limitación al non bis in idem , a fin de permitir la reapertura de esas investigaciones, si surge un hecho o prueba nueva no conocida al tiempo de los debates procesales. Era entonces necesario que la ley previera esa hipótesis al regular las causales de revisión, por lo que la Corte deberá condicionar el alcance de las expresiones acusadas en ese aspecto.

“32. Como ya se explicó anteriormente, la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario es más grave, cuando el Estado ha incumplido en forma protuberante con sus deberes de investigar y sancionar seriamente esos delitos. En esos eventos, la preponderancia de los derechos de las víctimas y de la búsqueda de un orden justo sobre la seguridad jurídica y el non bis in idem es aún más evidente, por las siguientes dos razones: De un lado, para las víctimas y los perjudicados por una violación de los derechos humanos, la situación resulta aún más intolerable, pues su dignidad humana es vulnerada en cierta medida doblemente, ya que esas personas no sólo fueron lesionadas por un comportamiento atroz sino que, además, deben soportar la indiferencia del Estado, quien incumple en forma protuberante con su obligación de esclarecer esos actos, sancionar a los responsables y reparar a los afectados.

“De otro lado, en cambio, una posible revisión de aquellos procesos en que el Estado, en forma protuberante, dejó de lado su deber de investigar seriamente esas violaciones a los derechos humanos, no impacta en forma muy intensa la seguridad jurídica, por la sencilla razón de que en esos procesos las autoridades realmente no realizaron una investigación seria e imparcial de los hechos punibles. Y por ende, precisamente por ese incumplimiento del Estado de adelantar seriamente la investigación, la persona absuelta en realidad nunca estuvo seriamente procesada ni enjuiciada, por lo que una reapertura de la investigación no implica una afectación intensa del non bis in ídem. Eso puede suceder, por ejemplo, cuando la investigación es tan negligente, que no es más que aparente, pues no pretende realmente esclarecer lo sucedido sino absolver al imputado. O también en aquellos eventos en que los funcionarios judiciales carecían de la independencia e imparcialidad necesarias para que realmente pudiera hablarse de un proceso.

“Es pues claro que en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos o de infracciones graves al derecho internacional humanitario derivadas del incumplimiento protuberante por el Estado colombiano de sus deberes de sancionar esas conductas, en el fondo prácticamente no existe cosa juzgada, pues ésta no es más que aparente. En esos eventos, nuevamente los derechos de las víctimas desplazan la garantía del non bis in idem , y por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza formal de cosa juzgada no debe impedir una reapertura de la investigación de esos comportamientos, incluso si no existen hechos o pruebas nuevas, puesto que la cosa juzgada no es más que aparente”.

Así pues, queda claro que para la jurisprudencia constitucional el principio del non bis in idem puede ser relativizado cuando se trate de proteger los derechos de las víctimas de hechos punibles que configuran violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario. En tal evento, la limitación a la garantía del non bis in idem busca una finalidad que está conforme con el ordenamiento superior, ya que la realización de un orden justo se vería seriamente afectada si en el Estado social de derecho se admite que quienes han infringido la ley penal, y por tanto han afectado los derechos humanos de las víctimas del delito, no reciben el debido castigo.

Las consideraciones anteriores, encuentran sustento no sólo en la propia Constitución sino en lo establecido en los tratados internacionales suscritos por Colombia, los que también han establecido restricciones a esa garantía procesal.

En efecto, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ratificado por la Ley 74 de 1968, en su artículo 14-7 dispone que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país" (se subraya), con 10 cual permite que la legislación interna de cada Estado pueda determinar en qué eventos no cabe ya recurso alguno, ordinario o extraordinario, contra una decisión judicial, condenatoria o absolutoria, de modo que pueda en rigor de verdad, considerársela definitiva y, por ende, en firme.

En el mismo sentido el Estatuto de Roma” (11) , por medio del cual se creó la Corte Penal Internacional, también establece excepciones al principio del non bis in idem , las cuales están referidas a situaciones en las que se pretende sustraer al acusado de responsabilidad penal por crímenes de competencia de dicha Corte, o cuando el juicio no ha sido adelantado en forma independiente o imparcial. El artículo 20 de dicho estatuto dispone:

(11) Aprobado por medio de la Ley 742 de 2002.

“ART. 20.—Cosa juzgada

1. Salvo que en el presente estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.

2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5º por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6º, 7º u 8º a menos que el proceso en el otro tribunal:

a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o

b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia”.

Igualmente, la doctrina y jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos —que en criterio de la Corte constituye una pauta para interpretar el alcance de los tratados internacionales en la materia y por ende de los propios derechos constitucionales—, también ha señalado que el non bis in idem no tiene carácter absoluto.

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad, justicia y reparación, por lo que el Estado debe cumplir el deber de investigar esos hechos, sancionar a los responsables y restablecer, en lo posible a las víctimas en sus derechos. En este sentido ha hecho énfasis en que la investigación “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, pues de lo contrario puede afirmarse que el Estado ha incumplido el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a las personas sujetas a su jurisdicción, lo cual comprometería su responsabilidad internacional (12) .

(12) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 21 de julio de 1989.

También el citado organismo internacional se ha referido al compromiso de los Estados de tomar las medidas necesarias para que nadie sea sustraído de la acción de la justicia. Al respecto ha dicho que son incompatibles con la Convención americana de derechos humanos las leyes de autoamnistía que conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad y contribuyen al ocultamiento de los responsables por violaciones de derechos humanos, “pues se obstaculiza y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente" (13) .

(13) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos. Sentencia del 14 de marzo de 2001.

Por todo lo anterior puede concluirse, que el principio constitucional del non bis in idem no tiene carácter absoluto, ya que tanto desde la perspectiva del derecho interno como internacional existen motivos de orden superior que justifican su limitación, bien cuando se trate de defender intereses de inapreciable valor para la sociedad, como los derechos de los procesados, o bien cuando se persiga amparar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario.

7.Examen constitucional de las normas acusadas.

El artículo 220 del CPP, en sus numerales 4º y 5º, consagra en su orden, la procedencia de la acción de revisión cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero, y cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en una prueba falsa, posibilidad que, según se precisó anteriormente, está referida, en primer lugar, a las sentencias condenatorias, e igualmente, por expresa disposición del inciso final de dicho precepto, también en los casos de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria.

Para la Corte la posibilidad de ejercer la acción de revisión contra sentencias condenatorias por las causales reguladas en los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP, se encuentra plenamente justificada, pues se advierte fácilmente que en este evento el legislador busca proteger preferentemente los derechos de los procesados que han sido injustamente condenados por una decisión que no fue producto del ejercicio imparcial de la judicatura, sino de la conducta típica del juez o de un tercero, o bien se fundó un a (sic) prueba falsa, situación que se opone al ordenamiento superior, que obliga a las autoridades a asegurar la vigencia de un orden justo, lo cual no se conseguiría si se permite el castigo de personas inocentes. La relativización de la cosa juzgada y del non bis in idem que opera en estos casos para mejorar la situación del condenado, busca entonces un propósito acorde con la Constitución en tanto y en cuanto apunta a lograr la justicia material impidiendo la condena de quien no ha sido victimario sino víctima de los desmanes de la justicia.

En verdad, resulta contrario a la Constitución permitir que sentencias condenatorias que han sido dictadas con base en una conducta típica del juez o de terceros o en probanzas falsas, deban hacer definitivamente tránsito a cosa juzgada sin que puedan ser revisadas para ajustar tal decisión judicial a la verdad material. De ser ello posible se incurriría no sólo en una iniquidad que iría en contravía de los más elementales dictados de la ética y de la justicia, sino que además se desconocerían derechos fundamentales como la dignidad humana (C.P., art. 1º) y el debido proceso (C.P., art. 29) garantía de la cual forma parte el derecho de todas las personas a obtener una sentencia justa, entendida ésta como aquella decisión que además de estar fundada en hechos discutidos y pruebas recibidas, es proferida imparcialmente y refleja la realidad objetiva y real.

Ahora bien, el inciso final del artículo 220 del CPP, que se impugna, establece la procedencia de la acción de revisión en los casos de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, por las causales de los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP.

En este caso se plantea una situación diferente, pues ya no se está en la perspectiva del procesado que ha recibido una injusta condena como consecuencia de una decisión arbitraria o de un yerro de la autoridad judicial, sino ante la permisión para un nuevo enjuiciamiento cuando existe sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o preclusión de la investigación. Corresponde entonces examinar, si la autorización de este doble enjuiciamiento viola el artículo 29 de la Constitución y los tratados internacionales.

Ya se dijo que los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario justifican plenamente la relativización de la cosa juzgada y del non bis in idem para permitir la procedencia de la acción de revisión en los casos de sentencias absolutorias, cesación de procedimiento y preclusión de la investigación, según así quedó determinado por la Corte Constitucional al condicionar en tal entendimiento la exequibilidad de la causal regulada en el numeral 3º del artículo 220 del CPP cuando surjan hechos nuevos o pruebas que establezcan la culpabilidad del infractor. Y si esto es así, con mayor razón la acción de revisión debe ser procedente para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos o graves violaciones al derecho internacional humanitario, cuando existen decisiones que absolvieron al procesado con fundamento en conductas típicas del juez o de un tercero o con fundamento en prueba falsa. Por ello, para la Corte en los casos de las causales cuatro y cinco se justifica relativizar la garantía del non bis in idem, y por ende, aceptar la procedencia de la acción de revisión contra tales decisiones a fin de favorecer a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario, quienes tienen derecho a la verdad, a obtener justicia en el caso concreto, y a la reparación económica, de modo que no exista impunidad.

Frente a estas víctimas realmente es un despropósito aducir la vigencia de los principios de la cosa juzgada y de la prohibición de la doble incriminación, máxime cuando se está ante pronunciamientos judiciales que tienen un fundamento inválido por tener soporte en prueba falsa, o que adolecen de imparcialidad, porque han sido el producto de la conducta delictiva del juez o de un tercero orientada a sustraer de la acción de la justicia a los culpables de tan abominables infracciones, situaciones que son tanto o aún más reprochables que la regulada en el numeral 3º del artículo 220 del CPP, pues aquí el poder judicial, como parte del Estado, se revela como engañado o instrumento ciego de quienes buscan obtener la impunidad por los crímenes que han cometido contra los derechos humanos.

No se olvide que los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen reconocimiento e importancia en nuestro ordenamiento constitucional, por lo que en el Estado social de derecho, que propende por la búsqueda de la justicia y garantiza el derecho de toda persona de acceder a la misma (C.P., arts. 2º y 229), es un imperativo el que las normas del derecho procesal no sólo regulen y controlen el poder sancionador del Estado en beneficio del acusado, sino que también hagan efectivos los derechos de las víctimas de tan reprochables comportamientos.

Así pues, en el Estado social de derecho la cosa juzgada y el non bis in idem no pueden servir de pretexto para sustraer de la acción de la justicia a quienes con su conducta han atentado o puesto en peligro bienes jurídicos de la comunidad afectando los derechos de quienes han padecido violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mayor razón si la impunidad deriva de decisiones que ponen fin al proceso penal y son el producto de conductas punibles atribuibles al juez o a un tercero, o se fundan en la existencia de una prueba falsa. De ahí que con tino el inciso final del artículo 220 del CPP, permita que frente a tales situaciones se pueda ejercer la acción de revisión en los casos de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria.

En conclusión, frente a las violaciones de los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario la procedencia de la acción de revisión en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, por las causales señaladas en los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP se ajusta plenamente a la Carta Política.

Hecho el anterior análisis, procede indagar ahora si en relación con los delitos en general, el ejercicio de la acción de revisión, en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria por las causales reguladas en los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP, se ajusta o no al ordenamiento superior.

Al efecto, debe recordarse que con la institucionalización de la acción de revisión se pretende preservar, ante todo, el imperio de la justicia y la verdad material como fines esenciales del Estado, lo cual significa que la cosa juzgada y el non bis in idem que acompañan las decisiones de los jueces, tienen un valor apenas aparente cuando quiera ellas han sido proferidas con fundamento en prueba falsa o por jueces deshonestos o corruptos, o que actuando bajo presiones indebidas, pretenden sustraer de la acción de las autoridades a quienes realmente son responsables de infringir la ley penal. Se pregunta entonces la Corte si en tales situaciones se justifica hacer primar la majestad de la cosa juzgada y la garantía principio del non bis in idem .

La respuesta a este interrogante indudablemente debe ser negativa, pues en el Estado social de derecho que preconiza un orden justo, y garantiza a todas las personas el derecho de acceder a la justicia (C.P., Preámbulo y arts. 2º y 229), jamás la majestad de la cosa juzgada, y con ella la garantía procesal del non bis in idem , pueden revestir de inmutabilidad decisiones de los jueces obtenidas mediante el delito.

Por ello, cuando so pretexto de garantizar la vigencia de los principios de la cosa juzgada y el non bis in idem, se impide la revisión de tales decisiones judiciales, no se está haciendo otra cosa que derruir las bases mismas de la organización política, que está cimentada entre otros principios fundamentales, en la independencia e imparcialidad de los jueces sin las cuales es impensable e inviable un Estado social de derecho (C.P., art. 228). No puede olvidarse que el Estado democrático se realiza, básicamente, a partir del compromiso serio, denodado, imparcial y probo de los ciudadanos que han sido investidos por ministerio de la ley de la facultad de administrar justicia. De ahí que un Estado cuyos jueces no estén comprometidos en coadyuvar en la ardorosa tarea de reprimir los delitos sino que, por el contrario, amparados en la firmeza de sus decisiones pretenden encubrir la impunidad, está condenado indefectible a su disolución.

Ahora bien, cada uno de los supuestos regulados en los numerales 4º y 5º del artículo 220 CPP corrobora la necesidad de reconocer la procedencia de la acción de revisión en los casos de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria.

En efecto, la causal consagrada en el numeral 4º del artículo 220 del CPP, hace alusión a que con posterioridad a una de tales decisiones se demuestre mediante decisión en firme que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero (14) , exigencia que es razonable pues si lo que persigue la acción de revisión es remover la injusticia del fallo atacado, y así evitar la impunidad, es razonable que al accionante no se le exija que necesariamente aporte la sentencia definitiva donde a los autores de la conducta ilícita se les declaró penalmente responsables, sino que acredite mediante otras providencias que el fallo fue producto de una conducta típica del juez o de un tercero. En verdad, no se justifica que en presencia de situaciones como las planteadas en esta causal se le exija al accionante que demuestre la plena responsabilidad del infractor, pues se corre el riesgo de aplazar indefinidamente la acción de la justicia, mientras se obtiene tal declaración.

(14) “En este sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que al analizar esta causal de revisión para las sentencias condenatorias ha dicho que “por hecho delictivo debe entenderse no el hecho punible como entidad típica, antijurídica y culpable, sino la conducta ilícita en su objetiva tipicidad. Y por decisión en firme, toda providencia o resolución que tenga el carácter de cosa juzgada. Esto significa que la acción de revisión puede intentarse cuando media una sentencia en firma declarativa de responsabilidad penal del juez o del tercero, o frente a todo acto procesal en el que se declare, con carácter de cosa juzgada, la existencia del hecho delictivo en su objetividad típica, como por ejemplo una resolución preclusoria, o de cesación, o una sentencia absolutoria, fundamentadas en una causal de inculpabilidad, pero aseverativas de la existencia del hecho penalmente reprimido. Si cuando se busca a través de la acción de revisión es remover la injusticia material del fallo atacado, lo pertinente es que cuando esta injusticia se origina en un hecho delictivo del juez o de un tercero, al accionante se le exija la demostración de que ese hecho ocurrió, no prueba de que a los autores se les declaró responsables” (CSJ, S. Cas. Penal. Auto dic. 15/95).

El numeral 5º del artículo 220 del CPP, por su parte, permite que la acción de revisión proceda en las hipótesis de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria cuando se demuestre, mediante sentencia en firme, que el fallo objeto de la acusación se fundamentó en prueba falsa, exigencia que armoniza con la filosofía que inspira la acción de revisión pues quien invoque esta causal, y pretenda controvertir la cosa juzgada que acompaña tales determinaciones, no puede limitarse a alegar la falsedad de un medio probatorio que fue determinante para inclinar el sentido del fallo objeto de revisión, sino que debe fundamentarse en la existencia, aportando la prueba documental respectiva, de una decisión judicial en firme demostrativa de la falsedad de la prueba que sirvió de fundamento a la sentencia absolutoria objeto de revisión o de la providencia de cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, esto es, la sentencia en la que se haya declarado la falsedad de dicha prueba (15) .

(15) En este sentido también se inclina la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto se puede consultar los autos de la Sala Penal del 7 de julio de 1994, 10 de octubre de 1996 y del 23 de septiembre de 1998, entre otros.

Así pues, esta causal halla su razón de ser en que la cosa juzgada no coincide con la verdad histórica, discordancia que tiene origen en que el fallador incurrió en el error de tomar como veraz el hecho revelado por la prueba, en haberlo traducido al derecho y sobre él haber fundado la fuerza de la decisión preclusoria o absolutoria, lo cual pone de manifiesto la culpabilidad del procesado y, por ende, la injusticia perpetrada con tales determinaciones.

Lo dispuesto en esta causal además se compadece con la necesidad de garantizar el derecho al non bis in idem de la persona que ha sido favorecida con una de tales decisiones, quien sólo podrá ser sometida a un nuevo juicio cuando previamente se haya adelantado otro proceso que culmine con un fallo en firme dentro del cual se dé por cierto y demostrado que al proceso de origen se impidió el conocimiento de la verdad real mediante la aportación de medios mentirosos o falaces.

No existe entonces violación al artículo 29 de la Carta, por parte de las normas revisadas, pues ha quedado claro que la garantía procesal del non bis in idem que consagra la norma superior no tiene carácter absoluto sino que puede ser relativizada en función de intereses de mayor trascendencia como la vigencia de un orden justo y la lucha contra la impunidad, que es a lo que apunta precisamente la consagración de la acción de revisión en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria por las causales de los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP.

Tampoco encuentra la Corte que las disposiciones bajo análisis desconozcan el artículo 93 de la Carta, pues que conforme a lo dispuesto en este precepto fundamental, los derechos constitucionales —entre los que se incluye el non bis in idem que consagra el artículo 29 superior—, deben ser interpretados conforme a los tratados sobre derechos humanos ratificados por nuestro país, en los cuales se establece la posibilidad de restringir el alcance de esta garantía procesal.

En efecto, ya se analizó como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos en el artículo 14-12, ratificado por nuestro país, dispone que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”. Son entonces las disposiciones legales internas de los Estados vinculados por el citado instrumento las que determinan en qué casos no cabe ya recurso alguno, ordinario o extraordinario, contra una decisión judicial, de modo que pueda en rigor de verdad, considerársela definitiva y, por ende, en firme. Luego, no se presenta violación alguna al Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ni al artículo 93 de la Constitución, al establecerse, por una disposición de carácter legal, el recurso de revisión aun en los casos de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencias absolutorias, las que por ser susceptibles del mismo no pueden entonces considerarse como providencias intocables de acuerdo con el procedimiento penal del país” (16) .

(16) Es de recordar, que en vigencia de la anterior Constitución la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez de la Carta, apoyada en argumentos similares, decidió avalar la exequibilidad de las disposiciones del Decreto 50 de 1987 que consagraron la acción de revisión en los casos de sentencias absolutorias, por causales semejentes a las que regulan los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP (Cfr. CSJ, S. Plena, Sent. 96 de ago. 13/87, M.P. Jesús Vallejo Mejía).

Así mismo, debe recordarse que en el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional, la relativización del non bis in idem opera en circunstancias que pongan de presente la intención de sustraer de la acción de la justicia a personas procesadas, o la existencia de juicios que no fueron imparciales o independientes, situaciones estas que corresponden exactamente a los supuestos regulados en las causales 4º y 5º del artículo 220 del CPP. Entonces si para un tribunal como la Corte Penal Internacional, que conoce de crímenes de gran trascendencia, es inoponible la garantía procesal del non bis in idem , en las circunstancias ya advertidas, con mayor razón lo será frente a eventos similares que para los hechos punibles se consagren en la legislación penal interna de los Estados parte, como es el caso nuestro donde se permite la acción de revisión en los términos del inciso final del artículo 220 del CPP.

Por todo lo anterior, ha de concluirse que está ajustada a la Constitución la restricción de la garantía del non bis in idem que implica la procedencia de la acción de revisión en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, por las causales previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 220 del CPP.

De lo anterior concluye la Corte, la no procedencia de la solicitud hecha por el Procurador General de la Nación, quien estima que el inciso final del artículo 220 del CPP acusado en esta oportunidad, debe declararse exequible bajo el entendido que se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves del derecho internacional humanitario, a semejanza de lo decidido en la Sentencia C-004 de 2003, pues ya se ha visto cómo la procedencia de la acción de revisión en los casos de preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria por las causales reguladas en los numerales 4º y 5º de la misma disposición legal, por tratarse de situaciones diferentes a la regulada en el numeral 3º, no pueden restringirse sólo a la garantía de los derechos constitucionales de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, sino que, según se ha explicado a lo largo de este pronunciamiento, la connotación que tienen las providencias judiciales en estos casos como meramente aparentes hacen viable la revisión en todos los casos.

Por lo expuesto, la Corte declarará la exequibilidad de los numerales 4º y 5º y el inciso final del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES los numerales 4º y 5º y el inciso final del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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