Sentencia C-875 de octubre 15 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-875 de 2002 

Ref. Exp.: D-4071

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demandante: Fernando Alberto Barros Rodríguez

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 45 parcial, 48 parcial y 137 parcial de la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

Bogotá, D.C., quince de octubre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 de julio 24 de 2000, y se resaltan los apartes demandados;

“LEY 600 DE 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

(…).

ART. 45.—Titulares. La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas, por el Ministerio Público o por el actor popular cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será reconocido quien primero se constituya. El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil.

Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes y optare por ejercerla en el proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal.

(…).

ART. 48.—Requisitos. Quien pretenda constituirse en parte civil dentro del proceso penal, si no fuere abogado titulado otorgará poder para el efecto.

(…).

ART. 137.—Definición. Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Carta Fundamental, la Corte es competente para decidir sobre la constitucionalidad de los apartes normativos demandados, pues están contenidos dentro del articulado de una ley de la República.

6.2. Análisis de fondo

6.2.1. Problemas jurídicos

Para mayor facilidad en la exposición, la Corte abordará primero el estudio de los artículos 48 y 137 de la Ley 600 de 2000, y posteriormente examinará lo atinente al artículo 45 del mismo ordenamiento. Por lo tanto, se abordarán inicialmente los problemas jurídicos relacionados con estos dos primeros artículos, y posteriormente se referirá a los relacionados con el artículo 45.

• Los artículos 48 y 137

El demandante afirma que las expresiones acusadas en los artículos 48 y 137 son inconstitucionales exactamente por la misma razón: en las dos se establece el requisito de que la parte civil dentro del proceso penal actúe a través de abogado.

El procurador, por su parte, afirma que el artículo 137 de la Ley 600 de 2000 fue estudiado por esta corporación, y declarado exequible mediante Sentencia C-228 de 2002 (Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett) (4) . Por lo tanto, en relación con dicho artículo se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, y la Corte debe estarse a lo resuelto en el anterior pronunciamiento. Sin embargo, en la sentencia a la que se refiere el procurador se restringieron los efectos de la cosa juzgada a los cargos estudiados (5) . Por lo tanto, antes de entrar a determinar si la expresión contenida en dicho artículo es contraria a la Constitución, la Corte debe establecer si el alcance del análisis efectuado por la Corte en la Sentencia C-228 de 2002 en relación con el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, produjo sobre él el fenómeno de la cosa juzgada constitucional que abarque los cargos planteados en la presente demanda.

(4) El magistrado Jaime Araújo Rentería aclaró su voto a la Sentencia C-228 de 2002.

(5) El numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, al referirse al inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el cual se encuentra el aparte demandado en esta oportunidad, dijo: “Primero. Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia” (negrilla fuera de texto).

Por otra parte, en relación con el artículo 48, la Corte debe establecer si a la luz de la Carta Constitucional, la obligación de otorgar poder para constituirse como parte civil dentro del proceso penal constituye una restricción del derecho de acceso a la administración de justicia por parte de las personas de menores recursos.

• El artículo 45

A su vez, en relación con el aparte del artículo 45, el demandante sostiene que excluir del beneficio de amparo de pobreza a las víctimas y a los perjudicados que actúen a favor de un interés individual resulta contrario a la Constitución. Antes de entrar a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma, es necesario que la Corte establezca si en realidad existe un problema de constitucionalidad, o si el alcance que el demandante le atribuye a tal disposición se deriva de una lectura aislada de las normas que regulan el procedimiento penal.

En efecto, mientras para el demandante la expresión contenida en el artículo 45 de la Ley 600 de 2000, excluye a la parte civil que actúa a favor de un interés individual de la posibilidad de obtener el amparo de pobreza, para el procurador la expresión demandada no tiene el efecto normativo que se le imputa. Es decir, para este último, la referencia explícita a los actores populares no debe interpretarse como excluyendo a las partes que no persiguen este tipo de intereses, pues existen disposiciones que explícitamente remiten al procedimiento civil o en todo caso, propugnan por la protección de las personas que por sus condiciones económicas se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta. En la medida en que el efecto normativo que el demandante le atribuye al texto constituya una interpretación razonable del mismo, la Corte deberá pronunciarse de fondo sobre dicha norma. De lo contrario, si encuentra que el efecto presupuesto no es predicable del texto, deberá inhibirse para proferir un pronunciamiento sobre tal disposición.

Por lo tanto, el problema jurídico que la Corte debe resolver inicialmente consiste en determinar si resulta razonable interpretar el artículo 45 de la Ley 600 de 2000 como excluyendo del amparo de pobreza a quienes se pretendan constituir como partes civiles dentro de un proceso penal y no estén actuando a favor de un interés popular. De ser así, debe establecer si la interpretación dada por el demandante es contraria a la Constitución, y si el texto no admite otra interpretación conforme a la Carta. En este último caso, deberá declararla inexequible.

6.2.2. Inexistencia de cosa juzgada formal: cosa juzgada material respecto del artículo 137 de la Ley 600 de 2000

En la Sentencia C-228 de 2002 el demandante formuló principalmente dos cargos de inconstitucionalidad. El primero de ellos, porque la obligación de constituirse en parte civil mediante apoderado violaba el derecho a la igualdad, y el segundo, por cuanto dicha obligación restringía y obstaculizaba el derecho de la parte a acceder personalmente a las actuaciones procesales durante la indagación preliminar, y por ende vulneraba los artículos 93 y 95 numeral 4º de la Carta.

Aunque uno de los cargos estudiados por la Corte en contra del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 se refería al derecho a la igualdad, el alegato de violación en la presente demanda difiere sustancialmente del que se analizó en aquella oportunidad. Particularmente, en cuanto a los términos de comparación propuestos en cada caso. Mientras en aquella ocasión se estaban comparando las facultades procesales del imputado para ejercer materialmente su defensa, actuando personalmente frente a las de la parte civil —bajo el supuesto de que el primero no estaba obligado a actuar mediante apoderado—, en esta ocasión se están comparando la situación más general de quienes tienen recursos para contratar un abogado frente a la situación de quienes no los tienen (6) .

(6) En efecto, en el aparte III de la sentencia, en el cual se refirió a los cargos de la demanda, la Corte dijo: “A juicio del demandante, la ley concede al sindicado “la libertad de actuar directamente en la defensa de su causa, de suerte que está facultado par aprehender directamente el expediente del sumario, y no obligatoriamente a través de abogado”, mientras que impone al denunciante o el perjudicado, “quien adquiere el apelativo de parte civil”, el deber de actuar por intermedio de apoderado judicial, lo cual viola el principio de igualdad, “coloca a la parte civil en situación de desventaja y deja al denunciante o al perjudicado en manos de abogados inescrupulosos”. Agregando más adelante. “Solicita, en consecuencia, a la Corte declarar inexequible el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal y ordenar “el cumplimiento de la igualdad en derechos de sindicado y denunciante, imputado y parte civil, en los procesos penales con reserva sumarial para tener acceso directo al expediente, a pedir y aportar pruebas, para lo cual no les es necesario el conocimiento de la abogacía, sin necesidad de intermediario””.

Como se observa, el cargo planteado en dicha oportunidad por violación del derecho a la igualdad, si bien se refería al mismo artículo de la Constitución, tenía especialidades (7) que lo distinguen del que se plantea ahora ante la Corte. Como ésta limitó los efectos de su decisión a los cargos y no a un artículo de la Constitución, es necesario concluir que, en principio, la decisión adoptada en la Sentencia C-228 de 2002 no implica que sobre tal disposición haya recaído el fenómeno jurídico procesal de la cosa juzgada constitucional. Adicionalmente, porque en el presente caso el demandante formuló otros cargos además de la violación del derecho a la igualdad.

(7) En aquella oportunidad, pese a que el procurador solicitó a la Corte inhibirse por ineptitud de los cargos planteados, la Corte se pronunció de fondo, considerando que tal como había sido planteado “dicho cargo resulta específico, claro, pertinente y suficiente, tiene carácter constitucional y es susceptible de controvertirse en sede judicial”.

Sin embargo, en la Sentencia C-69 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la Corte se había pronunciado sobre una expresión normativa idéntica, contenida en el artículo 149 del Decreto 2700 de 1991, declarando su exequibilidad de manera pura y simple, sin limitar los efectos de su decisión (8) .

(8) En lo pertinente, la parte resolutiva de la Sentencia C-69 de 1996 dispuso “Cuarto: Declarar exequible las expresiones acusadas de los artículos 46 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 63 y 67 del mismo código, y los artículos 153, 154 y 155 del Decreto 960 de 1970, 25, 26, 28 y 29 del Decreto 196 de 1971, 149 y 150 del Código de Procedimiento Penal” (negrilla fuera de texto original).

El aparte del artículo 149 del Decreto 2700 de 1991, declarado exequible en la Sentencia C-69 de 1996, se resalta a continuación:

“Definición. Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por el hecho punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal”.

A su vez, el aparte normativo del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, demandado en esta oportunidad, es el que se resalta:

“Definición. Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal”.

Así, aunque en uno de los dos artículos utiliza la expresión “conducta punible”, mientras el otro se refiere al “hecho punible”, y aun cuando las expresiones utilizadas puedan implicar diferencias doctrinales, éstas no resultan relevantes en el presente caso, pues el efecto normativo es el mismo: la posibilidad de que el perjudicado o sus sucesores se hagan parte dentro del proceso está supeditada a que lo hagan a través de un abogado.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el contenido material de las dos disposiciones es el mismo, y que en la Sentencia C-69 de 1996 la Corte no limitó los efectos de su decisión, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional (9) , esta corporación se estará a lo resuelto en dicho fallo.

(9) En la Sentencia C-113 de 1993, la Corte, al decidir sobre la exequibilidad del Decreto 2067 de 1991, sostuvo: “En conclusión, sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad”. Posición reiterada en las sentencias C-37 de 1996 y C-478 de 1998. La Corte ha establecido dos excepciones: la figura de la cosa juzgada relativa implícita y la cosa juzgada aparente, las cuales no resultan aplicables en el presente caso. Sobre estos dos fenómenos jurídico procesales, ver; sentencias C-478 de 1998, C-45 de 2002 y C-505 de 2002.

6.2.3. La exigencia de otorgar poder a un abogado para constituirse como parte civil dentro de un proceso penal no constituye una restricción del derecho de acceso a la administración de justicia por parte de las personas de escasos recursos.

La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre disposiciones con un alcance similar al del artículo 48 que ahora se analiza. En efecto, en la Sentencia C-69 de 1996 antes citada, esta corporación analizó el artículo 138 del Decreto 2700 de 1991 (10) . Este artículo establecía la necesidad de ser abogado inscrito para intervenir como defensor o como apoderado de una de las partes dentro del proceso penal, salvo las excepciones legales, lo cual, por supuesto, incluía al apoderado de la parte civil (11) .

(10) El texto demandado en aquella oportunidad, decía: “Salvo las excepciones legales, para intervenir como defensor o apoderado de una de las partes en la actuación procesal, se requiere ser abogado inscrito”.

(11) En aquella oportunidad la Corte incluyó expresamente a los apoderados de la parte civil dentro del proceso penal en las categorías que estaban implícitas en el texto del artículo 138 del Decreto 2700 de 1991. Al referirse a las diferentes categorías que se encontraban incluidas dentro de las varias normas que estudió en aquella oportunidad, la Corte sostuvo: “Las normas acusadas señalan el requisito de la calidad de abogado inscrito para desempeñar el cargo de curador ad litem, litigar en causa propia, apoderar a una persona que ha de comparecer a un proceso, constituirse en parte civil o en tercero incidental dentro de una actuación penal, examinar los expedientes y actuaciones judiciales o administrativas, actuar con posterioridad a la oposición en diligencias de igual naturaleza y desempeñar el cargo de notario en los círculos de primera, segunda y tercera categoría o de personero municipal”. (resaltado fuera de texto).

En aquella ocasión, la Corte sostuvo que al interpretar de manera armónica los artículos 26 y 229 de la Constitución es necesario concluir que, como regla general, resulta obligatorio que las partes actúen mediante abogados dentro de los procesos judiciales, particularmente en los penales, y que corresponde al legislador determinar las excepciones a esta regla general (12) . A su vez en la Sentencia C-228 de 2002, la Corte sostuvo, que dentro del margen de su potestad configurativa, le corresponde a éste determinar en qué casos es necesario que las partes actúen mediante abogado, y en qué otros pueden hacerlo directamente. En esta sentencia la Corte sostuvo:

(12) En dicha oportunidad sostuvo: “Por regla general, en los procesos judiciales, y particularmente en los penales, y en las actuaciones administrativas, se requiere la intervención de abogado. Ello es así, porque la Constitución faculta expresamente al legislador para indicar en qué casos se puede acceder a la administración de justicia sin la representación de abogado (arts. 26 y 229), lo cual significa que, en principio, la intervención de abogado es obligatoria en los procesos judiciales”.

“El legislador, dentro de la libertad de configuración que le otorga el artículo 229, puede definir cuándo la participación de un proceso judicial requiere de la asistencia de un abogado y cuándo los derechos sustanciales de los intervinientes en un proceso particular están mejor protegidos si existe tanto una defensa técnica como una defensa material”.

Adicionalmente, según lo ha dicho la jurisprudencia, le compete al legislador fijar las excepciones a esta regla general, siempre y cuando la determinación de las mismas resulta razonable y proporcionada. La razonabilidad de las excepciones depende, entre otros factores, de la complejidad técnica y de la importancia del procedimiento o actuación de que se trate, de la posibilidad de contar con abogados para que se surtan tales actuaciones, y por supuesto, del valor constitucional de los derechos e intereses que el defensor o el apoderado deban representar (13) . En relación con este último factor, es necesario distinguir aquellos casos en que el abogado actúa como defensor de un sindicado, de cuando actúa como apoderado de la parte civil dentro de un proceso penal, pues en el primero de los casos están de por medio la libertad individual de las personas, mientras que en el segundo están involucrados sus derechos a la verdad, a la justicia y al resarcimiento (14) .

(13) En este sentido, ver sentencias C-49 de 1996 considerando a); C-71 de 1995 considerando b); SU-44 de 1995 considerando 2.

(14) En la Sentencia C-228 de 2002, la Corte sostuvo que la intervención de la parte civil dentro del procedimiento penal estaba encaminada a garantizar los derechos de las víctimas y los perjudicados a la verdad a la justicia y al resarcimiento, y declaró exequible el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en ese entendido. Dentro de sus consideraciones sostuvo: “No obstante, como las posibilidades de intervención de la parte civil están estrechamente ligadas a la concepción amplia de sus derechos y la norma refiere exclusivamente a los intereses económicos de ésta, la Corte declarará que el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 es exequible en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia”.

Sin embargo, a pesar de las diferencias entre los derechos que representan el defensor y el apoderado de la parte civil, la Corte ha considerado que en ambos casos la asistencia técnica constituye una garantía para los derechos de las partes. Al referirse a la necesidad de que la parte civil esté apoderada por un abogado, como mecanismo para garantizar una adecuada defensa técnica de sus derechos e intereses, la Corte en la Sentencia C-228 de 2002, sostuvo que “…la constitución de parte civil mediante abogado (…) resulta conforme a la Carta y está encaminada a garantizar los derechos de la parte civil y así lo declarará la Corte en su parte resolutiva (15)” .

(15) Considerando 5.

A su vez, en la Sentencia C-69 de 1996 antes citada, la Corte se pronunció explícitamente sobre el fundamento constitucional que justifica la presencia de un abogado dentro de un proceso judicial, afirmando que el mismo se deriva, entre otros, de los artículos 29 y 229 de la Carta. Al respecto dijo:

“De ahí que no resulta indiferente la relación que el artículo 229 de la Constitución Política realiza entre la administración de justicia y la intermediación de un profesional del derecho, porque, cuando se requiere una intervención técnica, la presencia de quien es versado en leyes no puede tomarse como una interferencia, sino como la garantía de que el procesado tendrá un juicio justo —C.P., art. 29—, debido a que dicho profesional pondrá sus conocimientos al servicio de la justicia, con miras a que las razones de su poderdante sean escuchadas y el derecho del mismo valorado, dentro de los parámetros legales y atendiendo a las reglas propias de cada proceso”.

Ahora bien, con todo, resulta innegable que en ciertos casos las víctimas y los perjudicados por la comisión de delitos, por ser de escasos recursos, no ven garantizado su acceso al proceso penal como partes civiles. Sin embargo, tal circunstancia no se debe al requisito de actuar mediante abogado. Por el contrario, este requisito constituye una garantía de asistencia técnica, necesario para asegurar una protección judicial efectiva de los derechos de todas las personas, al margen de su capacidad económica.

Como lo afirma el demandante, en aquellos casos en que las víctimas o los perjudicados por un delito no tienen asegurada su intervención como parte civil dentro de un proceso penal por la falta de recursos, ello se debe a que la oferta de estos servicios profesionales para las personas de escasos recursos no está garantizada. Sin embargo, este no es un efecto que se derive de la norma demandada.

Por lo tanto, la acusación según la cual el requisito de que la parte civil dentro de un proceso penal otorgue poder a un abogado resulta contraria al preámbulo, y a los artículos 1º, 2º, 13, 228 y 229, porque impide el acceso de las víctimas y los perjudicados de escasos recursos a la administración de justicia en condiciones de igualdad frente a las demás personas no puede prosperar.

La otra acusación formulada contra dicho artículo se dirige a controvertir el requisito de que tales abogados deban estar titulados. Para el demandante, la exigencia de este requisito es contraria a los artículos 25 y 26 de la Carta, pues impide el ejercicio del derecho al trabajo por parte de quienes han terminado materias, pero no se han graduado como abogados. Sin embargo, esta otra acusación tampoco puede prosperar, pues el mismo artículo 26 de la Constitución defiere en el legislador la posibilidad de exigir títulos de idoneidad. Como lo dijo la Corte en la Sentencia C-69 de 1996 antes citada, frente a la acusación contra el requisito de ser abogado para actuar dentro de procesos judiciales, por ser presuntamente violatorias del artículo 25 de la Carta: “…la Constitución faculta expresamente al legislador para indicar en qué casos se puede acceder a la administración de justicia sin la representación de abogado (arts. 26 y 229), lo cual significa que, en principio, la intervención de abogado es obligatoria en los procesos judiciales”. Posteriormente en la misma sentencia agregó que para efecto de demostrar una especial condición de idoneidad, era necesario que se exigiera un título profesional:

“Las normas acusadas referentes a la exigencia de la calidad de abogado para intervenir en los procesos judiciales o actuaciones administrativas, obedecen al designio del legislador de exigir una especial condición de idoneidad —la de ser abogado— para las personas que van a desarrollar determinadas funciones y actividades que por ser esencialmente jurídicas y requerir, por consiguiente, conocimientos, habilidades y destrezas jurídicas, necesariamente exigen un aval que comprueba sus calidades, como es el respectivo título profesional” (resaltado fuera de texto).

Por lo tanto, el artículo 48 de la Ley 600 de 2000 tampoco resulta contrario a los artículos 25 y 26 de la Constitución, y así se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.

6.2.4. La extensión del amparo de pobreza a quienes intervienen como parte civil dentro del proceso penal.

El demandante sostiene que la expresión del artículo 45 que establece el amparo de pobreza en favor del actor popular excluye de este beneficio a las víctimas y los perjudicados que no actúen a favor de un interés popular. Por su parte, el procurador sostiene que ésta es una interpretación aislada, y que otras disposiciones de la misma ley remiten expresamente al Código de Procedimiento Civil en las materias que no están específicamente reguladas por ella. Adicionalmente, sostiene el punto de vista fiscal que otras disposiciones del ordenamiento procesal penal integran las garantías constitucionales y las consagradas en instrumentos internacionales al proceso penal. En esta medida, la garantía a favor de los actores populares no debe entenderse en contra de quienes no actúan como tales.

Si bien en principio a esta corporación no le corresponde interpretar textos de orden legal, dicha hermenéutica es necesaria en aquellos casos en que un mismo texto de esta naturaleza pueda entenderse de diversas maneras, y haya al menos una interpretación que resulte contraria a la Constitución. Para ello, sin embargo, es necesario establecer si la interpretación considerada inconstitucional por el demandante resulta razonable. Por lo tanto, en el presente caso la Corte debe determinar si es razonable interpretar que el artículo 45 de la Ley 600 de 2000 está excluyendo del amparo de pobreza a quienes pretendan constituirse como partes civiles dentro de un proceso penal y no estén actuando a favor de un interés popular.

De tal forma se plantean ante la Corte dos interpretaciones del mismo texto. La primera de ellas sostiene que el legislador excluyó a quienes no intervinieran como actores populares, mientras la segunda afirma que al incluir al actor popular como beneficiario del amparo de pobreza no se está excluyendo a este grupo de personas. Esta última interpretación tiene dos fundamentos. Por un lado, la remisión al Código de Procedimiento Civil consagrada en el artículo 23 de la Ley 600 de 2000, y por otra parte, la extensión de la garantía del amparo de pobreza a través del artículo 94 de la Constitución.

Por lo tanto, debe la Corte establecer si la referencia exclusiva a los actores populares constituye un problema de remisión e integración normativa, cuyo carácter sería exclusivamente legislativo, susceptible de suplirse, sin necesidad de que la Corte se pronuncie de fondo, o si, por el contrario, es razonable que la Corte profiera una decisión de fondo, por tratarse de una omisión legislativa relativa que suponga un problema de constitucionalidad.

La Corte estima que si bien el argumento de la remisión general aducido por el procurador resulta plausible, no se puede desconocer que la expresión demandada está regulando una materia de carácter especial, y que ella misma remite a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que se refieren al beneficio de pobreza, pero —al menos explícitamente— sólo se refiere al actor popular. En esa medida, si la misma disposición especial remite a las disposiciones que consagran un beneficio en el Código de Procedimiento Civil, no habría para qué aplicar el artículo 23 del mismo estatuto, que también remite al ordenamiento procesal civil, para darle un alcance más general que el contenido en la disposición especial. Y si la remisión especial del artículo 45 se refiere sólo al actor popular, sería factible interpretarla como aplicable exclusivamente a éste. Como muestra de ello, es necesario resaltar que de este modo la interpreta el fiscal general (E) en su concepto.

Por otra parte, contrario a lo dicho por el procurador, el argumento según el cual las disposiciones consagradas en el Código de Procedimiento Penal deben integrarse con los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales pone en evidencia la relevancia constitucional del problema hermenéutico. Si es necesario integrar algunas disposiciones constitucionales con el texto del artículo 45, o en general con el conjunto del ordenamiento procesal penal, de tal forma que resulten conformes a la Carta, es precisamente porque existen otras interpretaciones posibles que resultan inconstitucionales, independientemente de que sus críticos las califiquen como inferencias aisladas, exegéticas o formalistas. Por lo tanto, es razonable concluir que se trata de una omisión legislativa relativa en la cual se pretendió beneficiar con el amparo de pobreza exclusivamente a la parte civil que interviene como actor popular. Adicionalmente, porque, conforme a dicha interpretación, la exclusión encontraría un fundamento en el carácter popular del interés perseguido por la parte civil, que lo ubicaría en una condición diferente a la de la parte civil que actúa a favor de un interés individual.

De tal modo, debe la Corte entrar a considerar si resulta contrario a la Constitución excluir del amparo de pobreza a las víctimas o perjudicados por un delito que no pretenden intervenir como actores populares.

Para el fiscal general (E), este trato diferente está justificado en el tipo de intereses que protege el actor popular. El carácter general de los mismos constituye entonces el fundamento de razonabilidad que justifica la constitucionalidad de la diferencia de trato. Sin embargo, tal razonamiento parte de que la parte civil dentro del proceso penal sólo puede actuar en beneficio de su interés individual; premisa ésta que, aunque fue acogida inicialmente por la jurisprudencia de esta corporación, ha sido revaluada recientemente en un cambio de jurisprudencia, y considerada contraria a la Constitución, según la jurisprudencia actual.

En efecto, en la Sentencia C-228 de 2002, la Corte resolvió cambiar de jurisprudencia y declarar la exequibilidad del inciso 1º del artículo 137, bajo el entendido de que la parte civil dentro del proceso penal, además de su derecho al resarcimiento económico, tiene derecho a la verdad y a la justicia (16) . Para ello tuvo en cuenta diversos factores.

(16) La parte resolutiva de la Sentencia C-1228 de 2002 dispone: “Primero. Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia”.

En primer lugar, que el objeto de la intervención de la parte civil ha sido objeto de amplias transformaciones normativas tanto en el derecho comparado, como en el derecho internacional y en el derecho interno. Como resultado de tales transformaciones se ha ampliado el derecho de acceso a la justicia de la parte civil en el derecho penal. En esa medida, la Corte consideró que la ampliación de que ha sido objeto el derecho de acceso a la justicia de la parte civil en el proceso penal debe prevalecer, al ser ponderada frente a la expectativa de las personas en la confirmación del precedente judicial (17) .

(17) En relación con la transformación en materia de derechos humanos, la Corte sostuvo: “…ha habido un cambio en la concepción del referente normativo, en particular, en el derecho internacional de los derechos humanos. Para 1995, fecha en que se produjo la mencionada sentencia, aún no se había cristalizado la tendencia del derecho internacional —en especial en el derecho de los derechos humanos del sistema interamericano— hacia una protección amplia de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que las medidas legislativas que impidieran a las víctimas de violaciones de derechos humanos, conocer la verdad de los hechos, resultaban contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como quiera que según el artículo 93 constitucional, “los derechos deben ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, es necesario que la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea valorada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A ello se suman los factores internacionales mencionados en el apartado 4.2 de esta providencia que reflejan una concepción amplia de los derechos de las víctimas y los perjudicados”.

Adicionalmente, en dicha sentencia la Corte consideró que el papel de la parte civil dentro del proceso penal era necesario estudiarla conforme a un referente constitucional más amplio que el que había sido considerado en decisiones anteriores, debiendo tener en cuenta además, las disposiciones constitucionales relacionadas con el deber de protección de las víctimas que le corresponde al Estado, y particularmente al fiscal.

En relación con este aspecto sostuvo:

“…es necesario considerar un referente normativo más amplio que el tenido en cuenta inicialmente en la Sentencia C-293 de 1995 … El referente normativo considerado en la Sentencia C-293 de 1995, no incluyó las disposiciones específicas sobre las víctimas, como las normas relativas a la obligación del fiscal general de proteger a las víctimas y la de adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de sus derechos (C.P., art. 250, nums. 1º y 4º). Además, tal como se señaló en el aparte 4.1 de esta sentencia, el artículo 2º de la Constitución y disposiciones concordantes establecen el deber constitucional de las autoridades judiciales de garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas dentro de las cuales están comprendidas las víctimas y perjudicados. Son éstos otros referentes normativos que en la presente sentencia adquieren plena relevancia. De tales fundamentos, así como de otros principios también subrayados en el apartado 4.1 de esta providencia, se deriva que una protección efectiva de los derechos de la víctima requiere que se garantice su acceso a la administración de justicia para buscar la verdad, la justicia y la reparación”.

Por otra parte, si bien la transformación normativa en el ámbito del derecho internacional se refiere principalmente a las graves violaciones de los derechos humanos, en el derecho comparado este cambio en el papel de la parte civil dentro del proceso penal se extiende a los delitos de menor entidad. En este sentido, la Corte sostuvo:

“Si bien los cambios en la concepción de los derechos de las víctimas y los perjudicados se refieren a graves violaciones a los derechos humanos, la tendencia en las legislaciones internas no se limita a dicha protección mínima sino que comprende también delitos de menor gravedad. Igualmente, el legislador colombiano dispone de un margen de apreciación para modular el alcance de los derechos de la parte civil según diferentes criterios —dentro de los cuales se destacan, de un lado, la gravedad del delito y, del otro, la situación del procesado que puede llegar a ser de una significativa vulnerabilidad— siempre que no reduzca tales derechos a la mera reparación pecuniaria”.

Los valores y principios constitucionales que fundamentan estos derechos, como son la justicia, el acceso al conocimiento, y el carácter participativo del Estado (18) , y su estrecha relación con derechos fundamentales (19) , le dan una dimensión objetiva a los mismos, y permiten inferir que el interés de las víctimas y de los perjudicados en participar dentro del proceso penal trasciende el aspecto meramente subjetivo e individual. Esto ha sido resaltado por la jurisprudencia de esta corporación en otros recientes pronunciamientos. Así, en la Sentencia C-580 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la Corte estableció que frente al delito de desaparición forzada de personas, el derecho de las víctimas y de los perjudicados a la verdad y a la justicia permitía al legislador establecer la imprescriptibilidad de la acción penal. En dicha oportunidad la Corte sostuvo que el interés de las víctimas y de los perjudicados en conocer la verdad de los hechos y en establecer responsabilidades individuales, se proyecta a la sociedad en su conjunto:

(18) En la Sentencia C-412 de 1993, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte vinculó expresamente estos derechos con el carácter participativo de nuestro sistema democrático. En tal ocasión sostuvo: “las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa”. Por su parte, en la C-228 de 2002 dijo al respecto: “En un Estado social de derecho y en una democracia participativa (C.P., art. 1º) los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes. Por ello, el constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Así, el numeral 4º del artículo 250 superior, señala que el Fiscal General de la Nación debe “velar por la protección de las víctimas””.

(19) A su vez, en otras ocasiones ha resaltado la relación que tales derechos pueden tener con ciertos derechos fundamentales de las víctimas y de los perjudicados. Relacionando tal participación con el derecho al buen nombre y a la honra ver la Sentencia T-275 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

“Esta ampliación de la potestad configurativa del legislador se traduce específicamente en la facultad para extender el término de prescripción. En primer lugar, por el interés de erradicar la impunidad, para lo cual es necesario que la sociedad y los afectados conozcan la verdad, que se atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes, y en general que se garantice el derecho de las víctimas a la justicia. En segundo lugar, por el derecho de las víctimas a recibir una reparación por los daños. En tercer lugar, debido a la dificultad que suponen la recopilación de las pruebas necesarias y el juzgamiento efectivo de quienes habitualmente incurren en tales conductas.

(…).

El interés en erradicar la impunidad por el delito de desaparición forzada compete a la sociedad en su conjunto. Como ya se dijo, par satisfacer dicho interés es necesario que se conozca toda la verdad de los hechos, y que se atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes. En esa medida, tanto el interés en que se conozca la verdad, como en que se atribuyan responsabilidades individuales e institucionales por los hechos, sobrepasan el ámbito del interés individual de las víctimas. Por el contrario, constituyen verdaderos intereses generales de carácter prevalente en los términos del artículo 1º de la Carta Política.

“En efecto, el conocimiento público de los hechos, el señalamiento de responsabilidades institucionales e individuales y la obligación de reparar los daños causados son mecanismos útiles para crear conciencia entre las personas acerca de la magnitud de los daños causados por el delito. En esa medida, son también mecanismos de prevención general y especial del delito, que sirven para garantizar que el Estado no apoye, autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas. En general, la acción penal en los casos de desaparición forzada de personas es un mecanismo a través del cual se establecen responsabilidades institucionales que llevan a que el Estado se sujete al derecho en el ejercicio de la fuerza, y a hacer efectivo el deber de las autoridades de proteger y garantizar los derechos fundamentales (20)” (resaltado fuera de texto).

(20) En casos de desaparición forzada los mecanismos como las comisiones de la verdad de carácter internacional, gubernamental, o privado han contribuido a la erradicación de dicha práctica. En particular, pueden citarse los casos del informe “Nunca más”, presentado por la llamada “Comisión Sábato” en Argentina, la cual aunque era de naturaleza privada, fue apoyada por el gobierno de entonces, y sirvió como base para el juzgamiento de algunos mandos militares por delitos cometidos durante la dictadura Videla. Así mismo, en cumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno y el FMLN en El Salvador, la Asamblea general de la ONU creó una “comisión para la verdad en El Salvador”, presidida por Thomas Buergenthal ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual publicó los nombres de los responsables de las diversas violaciones de derechos humanos durante el conflicto salvadoreño, originando con ello un proceso de responsabilidad individual e institucional.

Por lo anterior, no resulta razonable excluir del otorgamiento del amparo de pobreza a la parte civil, así no actúe como actor popular, cuando por sus condiciones económicas o sociales, y conforme a las normas que regulan la materia, éste carezca de los medios necesarios para contratar un abogado. En esa medida, se declarará la exequibilidad de la expresión “El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil”, contenida en el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, condicionada a que se entienda que la parte civil que no pretende intervenir como actor popular, no está excluida del amparo de pobreza. Como consecuencia de ello, las víctimas y los perjudicados por el delito tendrán derecho al amparo de pobreza dentro de los términos del Código de Procedimiento Civil, sin que para ello sea necesario que su intervención dentro del proceso sea en calidad de actores populares.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil”, contenida en el artículo 45 de la Ley 600 de 2000, condicionada a que se entienda que la parte civil que no pretende intervenir como actor popular, no está excluida del amparo de pobreza.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Quien pretenda constituirse en parte civil dentro del proceso penal, si no fuere abogado titulado otorgará poder para el efecto”, contenida en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000.

3. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-69 de 1996, en relación con el artículo 149 del Decreto 2700 de 1991, que declaró exequible la expresión “el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal”, y en consecuencia declarar EXEQUIBLE la expresión, “el perjudicado o sus sucesores a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal”, contenida en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese en el expediente».

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