Sentencia C-876 de agosto 23 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-876 de 2005 

Ref.: Expediente D-5661.

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Demandantes: Jorge Forero Silva y Enrique Alberto Prieto Ríos.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 parcial, de la Ley 794 de 2003.

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil cinco.

EXTRACTOS: « II. Norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, tomado del Diario Oficial Nº 45058 del nueve (9) de enero de 2003. Se subraya lo demandado.

“LEY 794 DE 2003

(enero 8)

Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ART. 52.—El artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

“ART. 516.—Avalúo y pago con productos. Practicados el embargo y secuestro, y en firme la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes conforme a las reglas siguientes:

El ejecutante deberá presentarlo en el término de diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto que ordena cumplir lo resuelto por el superior, o a la fecha en que quede consumado el secuestro, según el caso. Para tal efecto, podrá contratar directamente con entidades o profesionales especializados o con un avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia.

Si no lo presenta el ejecutante, el demandado tendrá diez días para hacerlo en la misma forma. Si ninguna de las partes aporta dicho avalúo, el juez designará el perito avaluador, salvo que se trata de inmuebles o de vehículos automotores en cuyo caso aplicará las reglas previstas para estos. En los casos previstos en este inciso no habrá lugar a objeciones.

Si una parte no presta colaboración para el avalúo de los bienes o impide su inspección por el perito, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 242, sin perjuicio de que el juez ejerza el poder de coerción mediante la orden que sea necesaria para superar los obstáculos que se presenten.

Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50 %), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas mencionadas en el inciso segundo.

Cuando se trate de vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento incrementado en un cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio del derecho otorgado en el inciso cuarto a quien lo presenta. En tal caso, también podrá acompañarse como dictamen, el precio que figure en publicación especializada, adjuntando una copia informal de la página respectiva.

La contradicción del dictamen se sujetará, en lo pertinente, a lo dispuesto en el artículo 238. Sin embargo en caso de objeción, al escrito deberá acompañarse un avalúo como fundamento de la misma y no serán admisibles pruebas diferentes.

Cuando el valor se hubiere acreditado con certificación catastral o de impuesto de rodamiento, esta solo será susceptible de objeción por error grave. El auto que resuelva la objeción será apelable en el efecto diferido.

En los casos de los numerales 5º a 8º del artículo 682 y de inmuebles, si el demandante lo pide se prescindirá del avalúo y remate de bienes, con el fin de que el crédito sea cancelado con los productos de la administración, una vez consignados por el secuestre en la cuenta de depósitos judiciales”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de acusaciones contra una disposición contenida en una ley.

2. Lo que se debate.

Como ya se explicó, sostiene el actor que el aparte acusado del artículo 52 de la Ley 794 de 2004 al no permitir al ejecutante objetar el avalúo que presentó el ejecutado, es contraria a la Constitución, porque impide que se ejerza el derecho de contradicción y, por lo mismo el debido proceso.

De otra parte, también sostiene el demandante que las partes ejecutante y ejecutada no tienen los mismos derechos para intervenir en el dictamen que la otra parte ha presentado, vulnerándose así el derecho a la igualdad.

Se examinarán, en consecuencia, los argumentos contenidos en la demanda.

3. La norma acusada no desconoce el derecho al debido proceso el derecho a la igualdad, ni el acceso a la administración de justicia.

El propósito general de la Ley 794 de 2003, por la cual se modificaron algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, fue la de adoptar medidas que contribuyan a la descongestión de los despachos judiciales haciendo más eficiente la administración de justicia y las posibilidades de acceso a ella.

En este sentido, se consideró que el avalúo de los bienes que debían rematarse en el proceso ejecutivo podían ser presentados por el ejecutante mediante un procedimiento mas ágil, muy parecido al adoptado en la reforma de 1989 para la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo (v. gr. Gaceta del Congrego Nº 468, nov. 5/2002).

La norma modificada establecía que era el juez quien ordenaba el avalúo de los bienes, designaba los peritos y les fijaba el término para el dictamen, así mismo las objeciones que se presentaran se decidían por auto apelable en el efecto diferido, y solo era posible prescindir del avalúo cuando lo embargado fuese dinero, si se trataba de bienes muebles cotizados en bolsa, o si lo pedía el demandante en los casos de los numerales 5º a 8º del artículo 682 del Código de Procedimiento Civil, a fin de que el crédito se cancelara con los productos de la administración.

El mecanismo propuesto en la Ley 794 de 2003, traslada la carga procesal de obtener el avalúo a la parte demandante quien podrá contratarlo con entidades o profesionales especializados o con un avaluador de la lista de auxiliares de la justicia, además señala pautas especificas cuando se trata de bienes inmuebles o vehículos automotores, dado que se prescinde del peritaje como tal y se utilizan los mecanismos ya existentes como son, el avalúo catastral para inmuebles y el valor fijado en el impuesto de rodamiento, para automotores.

De manera pues que la modificación introducida por la Ley 794 de 2003 al artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, para alcanzar la finalidad de agilización del proceso hace partícipes a las partes en la actividad procesal, mas allá de la demanda y la formulación de excepciones. En ese orden de ideas, al ejecutante le asigna una carga procesal específica en relación con el avalúo de los bienes ya embargados y secuestrados y con cuyo producto habrá de pagarse el crédito que judicialmente se pretende extinguir. Esa carga procesal, como conducta de realización facultativa, apareja consecuencias jurídicas desfavorables para el gravado con ella sino la satisface. En este caso, en el propio interés del ejecutante. Como sucede con todas las cargas procesales, es él quien decide si la cumple o se abstiene de hacerlo y, en esta última hipótesis, corre con las consecuencias de su conducta negativa.

Esa conducta que la ley señala como carga al ejecutante, es la de presentar en el término de diez días establecido en el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil el avalúo de los bienes ya embargados y secuestrados. Este, conforme a los deberes de lealtad y probidad que deben presidir el proceso, no podrá ser de ninguna manera arbitrario o caprichoso o servir de instrumento para consumar un atropello a los derechos del ejecutado, pues la propia norma establece reglas de carácter objetivo de rigurosa observancia para practicar el avalúo sin desmedro de los derechos del deudor, como por ejemplo, tratándose de bienes inmuebles o de vehículos automotores, e igualmente el Código de Procedimiento Civil fija reglas, también objetivas, si se trata de acciones negociables en bolsa. Además, no solo se establece un término para que lo haga, sino que ese avalúo debe ser debidamente detallado, fundado, especificado, pues no otra cosa puede deducirse de la autorización que la norma le confiere para contratar directamente con entidades o profesionales especializados o con un avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia, con ese propósito.

Lo que ocurre es que, si el ejecutado por su inactividad deja precluír el término que la ley le otorga en su propio beneficio y para la celeridad del proceso, ha de soportar la consecuencia jurídica de su inactividad y, en tal caso, al demandado se le otorgó por el legislador la facultad de presentar entonces el avalúo de los bienes embargados y secuestrados, también en el término de diez días y por no haberlo presentado el ejecutante, pero “en la misma forma” que este. Es decir, con sujeción a las reglas de carácter objetivo que la propia ley señala, sin que de ninguna manera pueda entenderse que en este caso se le autoriza para incurrir en abuso del derecho en contra del ejecutante, ni en arbitrariedad alguna, pues, también su avalúo deberá ser debidamente fundado y para esa finalidad, podrá realizarlo con el auxilio de entidades o profesionales especializados o el de un avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia.

Adicionalmente, se dispuso por la ley que si ninguno de los dos presenta el avalúo de los bienes embargados y secuestrados, el juez designará perito avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia, para que el proceso no se paralice y culmine, como ha de ocurrir con todos los procesos, a la mayor brevedad en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal.

Si el legislador introdujo como una modificación dirigida a obtener la agilización de los procesos como finalidad constitucionalmente válida y para ello autorizó a las partes para realizar actividades que en la legislación precedente no podían realizar, como está de participar directamente en el avalúo de los bienes, resulta a penas lógico que a esa mayor injerencia en la actividad misma del proceso, corresponda el establecimiento de cargas procesales en desarrollo de la política legislativa del Estado, con las consecuencias negativas desfavorables si por negligencia, incuria o descuido se dejan precluír los términos para actuar en forma oportuna y en su propio beneficio, pues es su interés jurídicamente protegido el que la ley le ampara, pero con sujeción al cumplimiento de tales cargas procesales.

Por otra parte, ha de observarse que la norma cuestionada dispone que en los casos en ella previstos, es decir, si se presenta por el ejecutado o se ordena el avalúo mediante peritos por el juez, “no habrá lugar a objeciones”. Pero, como surge de su propio texto, no prohíbe que de ese avalúo se corra traslado a las partes, por lo que estas estarían legitimadas no solo para conocerlo en tal virtud, sino también para pedir su aclaración o complementación. La limitación que se establece en la norma parcialmente acusada, es tan solo para formular objeciones. Estas como se sabe, tratándose de la prueba pericial solo son procedentes por error grave, caso en el cual si previo el incidente respectivo llegan a prosperar en los casos autorizados por la ley, la solución legislativa es la de ordenar un nuevo dictamen, el cual ya no puede ser materia de nuevas objeciones ni siquiera por esa causa, conforme al artículo 238 numeral 6º del Código de Procedimiento Civil, circunstancia esta que demuestra que, lo dispuesto en este caso por la norma acusada no difiere de la solución que la ley ha previsto en otros casos. E igual sucede con el avalúo del interés para recurrir en casación, el que según el artículo 370 ibídem, se justiprecia por un solo perito sin que sea objetable el dictamen, precisamente en beneficio de la celeridad procesal.

Agrégase a lo anterior que es el juez el director del proceso y que, precisamente por serlo, entre sus deberes tiene conforme al artículo 37 del Código de Procedimiento Civil el de dirigirlo, velar por su rápida solución, hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo y hacer efectivos los deberes de lealtad, probidad y buena fe, así como evitar toda tentativa de fraude procesal. Tales deberes desde luego le imponen al juzgador en el proceso ejecutivo como en todos los procesos, el deber de apreciar las pruebas, entre ellas la prueba pericial y el avalúo de los bienes que se le presenten, de acuerdo con las reglas de la sana critica (CPC, art. 187), norma que en armonía con lo dispuesto por los artículos 240 y 241 del mismo código, le permite, aún oficiosamente ordenar que los peritos aclaren, complementen o amplíen su dictamen, y en todo caso apreciarlo, lo mismo que el avalúo que se le presente, de acuerdo con su firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, lo que descarta por completo la incorporación y acogimiento automático y no razonado del avalúo de los bienes embargados y secuestrados en el proceso ejecutivo.

Así las cosas, no encuentra la Corte que la norma parcialmente acusada sea violatoria de los derechos a la igualdad, a la administración de justicia y el debido proceso, ni ninguna otra norma constitucional, razón por la cual, se declarará exequible la expresión “en los casos previstos en este inciso no habrá lugar a objeciones” contenida en el artículo 52 de la Ley 794 de 2003.

III.(sic) Decisión

Con base en las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE la expresión “en los casos previstos en este inciso no habrá lugar a objeciones” contenida en el artículo 52 de la Ley 794 de 2003, por no violar artículo alguno de la Constitución.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

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