Sentencia C-878 de agosto 23 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-878 de 2005

Ref.: Expediente D-5669

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 51, parcial, de la Ley 712 de 2001 “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”.

Actor : Juan David Villa Jaramillo.

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil cinco.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

EXTRACTOS:«II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, tal como obra en el Diario Oficial No. 44.640 de 8 de diciembre de 2001. Se subraya lo demandado.

Ley 712 de 2001

(diciembre 5)

Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo.

ART. 51.—El artículo 131 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así:

ART. 131.—Cláusula compromisoria y compromiso. La cláusula compromisoria solo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo, y el compromiso cuando conste en cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la controversia

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de acusaciones contra una disposición contenida en una ley.

2. Lo que se debate.

2.1. Para el demandante, la expresión demandada que dice que “la cláusula compromisoria solo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo”, significa que un trabajador no sindicalizado o que no se acoge a un pacto colectivo no puede acudir al arbitramento para solucionar sus conflictos. Es decir, lo acusado desconoce el derecho a la autonomía de la voluntad, pues, no se puede obligar a un trabajador a pertenecer a un sindicato si no lo desea y menos discriminarlo por ello, lo que viola numerosas disposiciones de la Constitución, entre ellas, los artículos 4º, 13, 38, 39, 53, 93 y 116 de la Carta y los artículos 1º y 4º del Convenio 98 de la OIT. Además, considera que se viola el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, contenido en el artículo 229 de la Constitución, porque dadas las bondades de la justicia arbitral, el trabajador no sindicalizado no puede acudir a la misma.

2.2. Quienes intervinieron en esta acción pública se opusieron a la misma.

Para la interviniente del Ministerio de la Protección Social, no solo es posible acceder a la justicia arbitral a través de la cláusula compromisoria, en razón de que existe la figura del compromiso que está igualmente consagrada en el mismo artículo. Lo significa que el trabajador no sindicalizado o favorecido con la convención colectiva, una vez surgida la controversia, pude pactar el acudir a la justicia arbitral.

El señor Procurador explica que no se presenta ni una omisión legislativa relativa, en sentido negativo, entendida tal omisión como la obligación del legislador de regular el tema cuando se trata de un trabajador que no desea sindicalizarse, ni se da la vulneración de las disposiciones constitucionales invocadas por el actor, ya que el legislador al regular la cláusula compromisoria y el compromiso, actuó en consonancia con la igualdad real y efectiva de las relaciones laborales, respecto de la capacidad de negociación de las partes que acuerdan arreglo arbitral de sus litigios, relación que no es equilibrada al momento de firmar contratos individuales de trabajo, dada la subordinación existente en ese momento por parte del empleado.

2.3. Planteado así el objeto de la presente acción, se examinará si se está ante la vulneración que aduce el demandante.

Para resolver esta discusión, debe tenerse en cuenta si las partes en el contrato individual de trabajo están en iguales condiciones de negociación, al punto de que puedan discutir sobre aceptar en forma voluntaria la renuncia a la justicia ordinaria con la suscripción de la cláusula compromisoria, o si la ley puede intervenir con el fin de restringir tal inclusión en el contrato de trabajo con el propósito de establecer el equilibrio de las partes, sobre este asunto.

3. Las partes en el contrato individual de trabajo. Contrato de adhesión.

El tema de la relación desigual en el contrato de trabajo ha sido ampliamente examinado por la Corte Constitucional, por consiguiente, ahora solo se aludirá brevemente a la jurisprudencia respectiva, pues el propósito de esta demanda radica en que se declare inexequible la restricción establecida en la disposición demandada, que contiene una limitación para la suscripción de la cláusula compromisoria, al establecer que solo tenga validez cuando conste en convención o pacto colectivo. Lo que implica que la cláusula no puede estar contenida ni en el contrato de trabajo, ni en ningún otro documento otorgado posteriormente, salvo que esté prevista como lo ordena la ley: en convención o pacto colectivo.

Para la Corte, no se trata, como lo dice el demandante, ni de dar un trato discriminado y sin fundamento constitucional a quien no desee pertenecer a un sindicato o acogerse a un pacto colectivo, ni la norma impide al trabajador acudir al arbitramento para solucionar sus conflictos, como más adelante se verá, pues, lo que está en discusión no es un asunto de poca monta. No. Lo que está en discusión es ni más ni menos la renuncia que hacen las partes de acudir ante los jueces, decisión que puede tener una importante trascendencia para los intereses económicos del trabajador, ya que en caso de controversia debe ir a la justicia arbitral, que es onerosa, en virtud de la renuncia hecha por haber aceptado la cláusula compromisoria.

Para la Corte, esta razón justifica ampliamente que el legislador hubiere introducido la restricción acusada en el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 131 del Código Procesal del Trabajo. Pues, una de las características esenciales de las relaciones empleador - trabajador es “la excepción al principio romano de igualdad contractual en beneficio de la protección especial de los intereses de los trabajadores” (sent. T-230/1994).

En efecto, la Corte ha explicado otras características de la relación laboral, tales como porqué, de ordinario, el contrato de trabajo es un contrato por adhesión “en el cual el trabajador se ve avocado a un dilema: aceptar las cláusulas del contrato o no acceder al empleo” (sent. C-330/2000), que la desigualdad de las relaciones laborales es estructural e intrínseca, de donde surge la obligación del Estado de proteger el derecho al trabajo en sus distintas modalidades. Ha dicho la Corte :

“4. La desigualdad estructural de las relaciones laborales.

Cuando la Constitución se refiere al trabajo como objetivo y fundamento esencial de la organización política, proclamando su doble condición de derecho fundamental y de obligación social, imponiéndole al Estado el compromiso de protegerlo de manera especial en sus distintas modalidades, no está haciendo otra cosa que reconocer la desigualdad intrínseca en las relaciones laborales, derivada no solo del papel que juegan el capital y el trabajo en el sistema económico sino, en concreto, del rol que en dichas relaciones asumen empleadores y trabajadores (1) .

En efecto, contrariamente a lo que piensa el actor en virtud del contrato de trabajo empleadores y trabajadores no se ubican en el mismo plano de igualdad, porque la situación de subordinación en que se encuentra quien ofrece su fuerza de trabajo no es únicamente de carácter económico sino también de naturaleza jurídica, dado que el legislador al configurar este instituto del derecho laboral ha investido al patrono de facultades que lo habilitan para que, con arreglo al principio de dignidad humana, imparta órdenes e instrucciones a sus subordinados en relación con las condiciones en las que debe desarrollarse la labor contratada.

Con todo, debe advertirse que la relación de trabajo dependiente nace primordialmente de la realidad de los hechos sociales, por cuanto cada vez que una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica, surge a la vida del derecho una relación jurídica de trabajo dependiente, originando obligaciones y derechos para las partes contratantes que fundamentalmente se orientan a garantizar y proteger a la persona del trabajador.

(…)

En fin, es sobre la base de la realidad incontrastable que supone la desigualdad en las relaciones entre empleadores y trabajadores que el legislador ha configurado un sistema jurídico de naturaleza garantista y proteccionista acorde con los principios rectores constitucionalizados en el canon 53 de la Carta Política, en el cual la plena autonomía de la voluntad y la completa libertad contractual no son posibles, precisamente, en razón a la situación del trabajador dentro de la relación laboral” (sent. C-1110/2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández).

A partir de la realidad de la desigualdad estructural de las relaciones laborales, de la obligación del Estado de intervenir con acciones positivas encaminadas a mantener el equilibrio en las relaciones entre empleador y trabajador, de la subordinación del trabajador al empleador, de considerar que el contrato de trabajo corresponde a un contrato por adhesión, es donde se debe ubicar la restricción legal de suscripción de la cláusula compromisoria.

Desde ya, la Sala debe dejar en claro que el examen y la decisión que se adoptará en esta demanda, no desconocen la importancia de la justicia arbitral como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, incluidos los conflictos laborales, siempre y cuando se cumplan las condiciones mínimas para su funcionamiento, por tratarse de una institución establecida en la Carta, en el artículo 116. Es más, en varias oportunidades la Corte ha avalado el derecho de las partes de acudir a ella, pero entendiendo siempre que es excepcional la habilitación de particulares para solucionar conflictos; que es temporal, es decir, que esta justicia no puede desplazar la ordinaria; y, que recurrir al arbitraje es una decisión voluntaria de las partes. En la sentencia C-672 de 1999, se dijo:

“Si bien la Corte ha avalado la justicia arbitral como un mecanismo alternativo para la solución de los conflictos, ello no puede interpretarse en el sentido que aquélla resulte privilegiada frente a la función permanente de administrar justicia por parte del Estado, ni que esta pueda verse cada vez mas sustituida o reducida en su campo de acción.

La institución de la justicia arbitral, que es onerosa, no puede expandirse a tal extremo que implique el reemplazo de la administración de justicia gratuita a cargo del Estado. Debe buscarse, por el contrario, el fortalecimiento de esta para que ella sea la preferida y utilizada por las personas para solucionar sus conflictos, de tal suerte que a la justicia arbitral solo se acuda excepcionalmente y como una mera opción. Ello es así, porque robustecer en extremo la justicia arbitral en desmedro de la justicia a cargo del Estado, puede significar, en muchos casos, que se imponga a la parte débil en una relación jurídica, por la vía del arbitramento, la solución de un conflicto, que en ciertas ocasiones puede implicar la renuncia a sus derechos e intereses”.

Entonces, si bien no está en discusión la importancia constitucional de la justicia arbitral en asuntos laborales, lo que sí debe examinar la Corte es si la ley está garantizando que cuando el trabajador renuncie a recurrir a la justicia ordinaria, lo haga con pleno convencimiento de su decisión. Es decir, que no sea producto de la imposición de una de las partes de hacer suscribir a la otra, de manera individual, la cláusula compromisoria.

Para mejor claridad, debe recordarse lo que establecen las disposiciones laborales en esta materia y legalmente en qué consisten la cláusula compromisoria y el compromiso.

El artículo 130 del CST, dice “Los patronos y los trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por árbitros”.

Sobre las consecuencias de esta decisión, el artículo 115 de la Ley 446 de 1998, señaló: “Pacto arbitral. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces” (se resalta).

Ahora, la Ley 446 de 1998, define cláusula compromisoria y el compromiso así:

“ART. 116.—Cláusula compromisoria. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral (…)”.

“ART. 117.- Compromiso. El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral (…)”.

La diferencia tradicional entre cláusula compromisoria y compromiso ha sido entendida en que la primera deroga eventualmente la jurisdicción de los jueces ordinarios, mientras que el compromiso la deroga actualmente. (Sent. de la C. S. J., S. de Cas. Lab., feb. 11/1954).

El compromiso, como se sabe, no forma parte del contrato inicialmente pactado entre las partes, sino que es un acto jurídico de nacimiento posterior, que surge cuando así se conviene por ellas para que se le dé solución a un conflicto posterior al contrato que, de no mediar el compromiso, debería ser decidido por la jurisdicción del Estado. El compromiso requiere la preexistencia del conflicto, de la contención, de la controversia jurídica por unos hechos determinados. No puede imponerse unilateralmente por una de las partes a otra, como un ejercicio abusivo del derecho para sustraer la decisión del litigio por los jueces. Exige, necesariamente que se pacte de manera autónoma, esto es, con una voluntad libre, exenta de vicios en el consentimiento, pues se trata nada menos de la derogación de la jurisdicción para el caso concreto.

Entonces, dada la trascendencia de la decisión del trabajador de renunciar a la justicia ordinaria para la solución de sus conflictos, nace para el Estado, a través del legislador, la obligación de adoptar las precauciones que estime convenientes.

En el caso sub examine consideró el legislador que se equilibraban las partes en este aspecto, bajo la presunción de que si la cláusula compromisoria consta en convención o pacto colectivo, querría decir que tal decisión había sido producto de una amplia discusión previa, en la que participaron el sindicato o los representantes de los trabajadores, y, por consiguiente, se adoptaba libre de presiones. De esta manera se limita la posibilidad de que tal renuncia sea producto de una aparente decisión individual del trabajador, quien para no poner en juego su contrato de trabajo, se vería obligado a firmar cláusulas con las que ni esté de acuerdo o que ni siquiera hubiere podido controvertir.

Además, la suscripción individual de esta cláusula por parte de los trabajadores podría convertirse en un obstáculo para hacer valer sus derechos laborales, pues, al tener que recurrir a la justicia arbitral, que es onerosa, mejor decidan desistir de demandar al empleador.

No sobra señalar que lo expresado en estas consideraciones no desconoce la posibilidad de que en la justicia arbitral se pueda invocar el amparo de pobreza.

En efecto, este interrogante que se ha planteado en la doctrina y en la jurisprudencia fue examinado por la Corte en la sentencia C-330 de 2000. Allí se señaló que por aplicación de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en materias laborales que no hayan sido expresamente tratadas en el Código Procesal del Trabajo, en lo que toca con el amparo de pobreza, debe aplicarse la regulación establecida en las disposiciones del Procedimiento Civil: artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil. Señaló la Corte:

“El Código de Procedimiento Civil, cuya aplicación a materias laborales que no hayan sido expresamente tratadas por el Código Procesal del Trabajo está expresamente autorizada (2) , se encarga de regular lo atinente al amparo de pobreza (CPC, arts. 160 a 167), institución que busca que la persona que no se encuentra en capacidad de atender los gastos de un proceso pueda, no obstante, hacer valer un derecho litigioso. Dichas normas, que han de aplicarse a eventos análogos en las relaciones laborales, establecen la procedencia (art. 160); oportunidad, competencia y requisitos (art. 161); trámite (art. 162) y efectos del amparo (art. 163).

(…)

c. Los efectos económicos que se derivan del arbitramento en materia laboral deben producirse teniendo en cuenta la capacidad económica de las partes enfrentadas, pues el arbitraje no es un mecanismo eficaz cuando su utilización se convierte en una forma de desconocer la desigualdad material entre trabajador y empleador, creando costos insuperables para una de las partes, que se convierten en un obstáculo para obtener justicia efectiva. En consecuencia, la persona que no se encuentre en capacidad de atender los gastos de un proceso debe tener la opción de invocar el amparo de pobreza” (sent. C-330/2000, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

Para la Corte, como lo dijo la sentencia que se acaba de citar, si bien es posible invocar el amparo de pobreza ante la justicia arbitral, en nada se desvirtúa la precaución adoptada por el legislador en el sentido de proteger al trabajador de suscribir en forma individual la cláusula compromisoria.

Por consiguiente, como conclusión se tiene: no solo no se viola ninguna de las disposiciones constitucionales a las que se refiere el demandante con la restricción acusada, sino que se trata de una intervención legítima del legislador y justificada en la Constitución, con el fin de proteger al trabajador, para que no renuncie a la justicia ordinaria al suscribir individualmente la cláusula compromisoria, salvo si esta consta en convención o pacto colectivo, pues, en este caso, existe la presunción de que su inclusión fue objeto de amplio debate sobre su conveniencia, por parte del sindicato o de los representantes de los trabajadores, según el caso.

Finalmente, no es cierto que al trabajador no sindicalizado o que no lo cobije un pacto colectivo no pueda acceder a la justicia arbitral, pues el propio artículo 51, en la parte no acusada, establece que a través del compromiso, se puede acceder a la justicia en mención.

Es decir, tal como se vio en la definición de lo que es el compromiso, si ya se ha producido el conflicto, las partes pueden acordar que sean los árbitros, y no el juez, quienes continúen y decidan el proceso. Obsérvese que en este caso, la ley no exige que el compromiso conste en pacto colectivo o convención. Esto significa que a este juicio puede acceder cualquier trabajador que suscriba el compromiso, aunque no esté sindicalizado o no lo cobije pacto colectivo.

En consecuencia, por lo expuesto, no existe la vulneración de las normas señaladas por el demandante con la restricción que hizo el legislador para la suscripción de la cláusula compromisoria. Por el contrario, se trata de una forma de garantizar el acceso de los trabajadores a la justicia ordinaria, en la que obra el principio de la gratuidad. Además, no se impide al empleado recurrir a la justicia arbitral si la cláusula consta en pacto o convención, o si obra en un compromiso, una vez ya se ha producido el conflicto.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE :

Declarar exequible la expresión “La cláusula compromisoria solo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo”, contenida en el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(1) La jurisprudencia constitucional ha dicho al respecto: “La Constitución Colombiana, por su parte, no solo consagra todos los postulados esenciales del Estado social de derecho, sino que de manera específica, define al trabajo como uno de los fundamentos del Estado (C.P., art. 1º) y contempla plenas garantías laborales para la consecución de los fines propuestos (C.P., arts. 53, 54, 55, 56 y 57). Como características esenciales de esta nueva concepción de las relaciones obrero-patronales sobresalen las siguientes: 1) percepción dialéctica y conflictiva de los intereses que confluyen; 2) carácter funcional de los conflictos como impulsadores de una sociedad pluralista, solidaria y justa y 3) excepción al principio del derecho romano de igualdad contractual en beneficio de la protección especial de los intereses de los trabajadores”. Sentencia T-230 de 1994. Se resalta.

(2) Cfr. Artículo 145 del Código Procesal del Trabajo.

_______________________________