Sentencia C-883 de noviembre 23 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-8570

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 1430 de 2010 “por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”.

Actoras: Lorena del Castillo Ortega, Tatiana Beltrán Sierra y Laura Velosa Blanco

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma demandada según publicación en el Diario Oficial Nº 47.937 del 29 de diciembre de 2010:

LEY 1430 DE 2010 

(diciembre 29)

Diario Oficial Nº 47.937 de 29 de diciembre de 2010

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

ART. 15.—Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total. Se adiciona el estatuto tributario con el siguiente artículo:

“ART. 580-1. Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración.

El agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis meses (6) siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.

Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare”.

(Se resaltan las expresiones demandadas)

(…).

VI. Fundamentos de la decisión

1. Competencia de la Corte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las expresiones acusadas hacen parte de normas contenidas en una ley, en este caso, de la Ley 1430 de 2010.

2. Asunto bajo revisión.

2.1. Las demandantes consideran que el articulo demandado es violatorio del Preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 13, 333, 338 y 363 de la Carta Política, en razón a que determina una excepción de presentar sin pago la declaración de retención en la fuente, sin que sea ineficaz, en cabeza de los agentes retenedores titulares que tengan por concepto de saldos a favor generados antes de la declaración un mínimo de 82.0000 UVT (unidad de valor tributario), que sean susceptibles de ser compensados con el saldo a pagar. Esta regulación la encuentran contraria a la igualdad en materia tributaria, así como a los principios fundamentales de solidaridad, de prevalencia del interés general, y al cumplimiento de los fines del Estado.

2.2. La mayoría de los intervinientes, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Departamento Nacional de Planeación, solicitan la exequibilidad de la norma demandada o la inhibición. Así el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicita la inhibición al considerar que hay ineptitud sustantiva de la demanda por falta de certeza, ya que las accionantes parten de un supuesto errado y de una interpretación indebida y subjetiva de la norma.

Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y el Departamento Nacional de Planeación solicitan a la Corte que sean negadas las pretensiones de la demandada y reconocida la exequibilidad de la norma demandada, al considerar que la norma no viola ninguno de los artículos constitucionales que se consideran infringidos, ya que (i) no contempla un beneficio tributario, (ii) solo fija un criterio objetivo para considerar eficaz la declaración de retención en la fuente sin pago de los agentes retenedores, cuando estos tengan un saldo a favor igual o superior a 82.000 UVT susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente; (iii) esta norma obedece a criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia, propios del derecho tributario; (iv) y no desconocen los principios de solidaridad y prevalencia del interés general.

En otro sentido, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Instituto de Derecho Tributario solicitan la declaración de inexequibilidad de la expresión “igual o superior a 82.000 UVTs”, por cuanto consideran que (i) esta expresión es violatoria del artículo 13 de la Constitución que consagra el derecho a la igualdad, ya que se reserva la excepción de la eficacia de la declaración de retención en la fuente sin pago a unos pocos contribuyentes económicamente privilegiados que tienen un saldo a favor de 82.000 UVTs, y constituye un trato diferenciado y desigual frente a quienes tienen saldos inferiores, tratamiento diferencial que no resulta justificado, ni objetivo, ni razonable desde el punto de vista constitucional, ya que consideran que todos los agentes retenedores deberían tener derecho a compensar sus saldos a favor con los saldos a cargo, sean estos de alto o bajo nivel.

2.3. El Procurador General de la Nación en su concepto de rigor, solicitó a la Corte declarar inexequible el aparte demandado, contenido en el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010, ya que sostiene que la norma establece un beneficio a favor de los agentes retenedores que tengan a su favor un saldo superior a 82.000 UVT, y que si la única razón de la diferencia de trato es la cuantía del saldo a su favor, no es justificada y constituye una discriminación. Así mismo, considera que esta disposición afecta el interés general relacionado con los recursos públicos provenientes de la retención de la fuente que son recursos del Estado, ya que al darse la posibilidad de declaraciones de retención en la fuente sin el pago de la misma, puede verse afectado el recaudo de estos recursos públicos y presentarse un posible detrimento al patrimonio público, beneficio que resulta contrario al principio de eficiencia tributaria.

2.4. En este caso, las demandantes acusan la expresión “Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente” contenida en el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010, por ser violatoria de los artículos 1º, 2º, 13, 333, 338 y 363 de la Constitución Política.

Sin embargo, la Sala encuentra que los cargos presentados en el libelo se dirigen única y específicamente respecto de la expresión “igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT” contenida en el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010, ya que la demanda argumenta, refiriéndose a este aparte normativo, que el fijar un determinado monto de saldo a favor para que entre a operar el beneficio relativo a que los retenedores puedan presentar la declaración de retención en la fuente sin pago y no obstante ello no acarree la ineficacia de dicha declaración, es una regulación inconstitucional.

De otra parte, evidencia la Sala que la demanda realmente presenta un solo cargo verdadero de inconstitucionalidad relativo a la vulneración del artículo 13 superior, que consagra el derecho a la igualdad, ya que el libelo se concentra en argumentar que la excepción que contempla la norma en favor de los retenedores titulares, para que estos puedan presentar sin pago la declaración de retención en la fuente, sin que esta sea ineficaz, cuando tengan por concepto de saldos a favor generados antes de la declaración un mínimo de 82.0000 UVT (unidad de valor tributario), que sean susceptibles de ser compensados con el saldo a pagar, es una regulación contraria a la igualdad en materia tributaria.

Por tanto, la Sala se concentrará en determinar si la expresión “igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT” contenida en el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010, es violatoria del artículo 13 de la Constitución Política.

2.5. Para resolver el anterior problema jurídico, la Corte se referirá a (i) la naturaleza y características de la retención en la fuente, de conformidad con la jurisprudencia constitucional; (ii) a la libertad de configuración del legislador en materia tributaria; y (iii) con fundamento en ello entrará a analizar la constitucionalidad de la expresión demandada.

3. El mecanismo tributario de retención en la fuente.

3.1. La figura tributaria de retención en la fuente ha sido analizada y avalada en numerosa jurisprudencia de esta corporación, en donde se ha expresado que este mecanismo constituye un “cobro anticipado del tributo que se ajusta a la Constitución”(1). En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado las razones por las cuales la retención en la fuente, en cuanto pago anticipado del tributo, no vulnera los principios constitucionales que informan los tributos, tales como el de irretroactividad, periodicidad tributaria, y por el contrario responde al principio de eficiencia tributaria en el recaudo de los impuestos(2).

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la retención es un mecanismo tributario que posibilita un recaudo tributario poco costoso, idóneo y adecuado a esa finalidad constitucional, funcional al flujo permanente de recursos que requiere las finanzas públicas que redunda en la racionalidad, planificación y prestación de servicios por parte del Estado, y promueve un sistema de control de la evasión de impuestos, razones todas por las cuales se ha encontrado ajustado a la Constitución, de conformidad con los fines del Estado y los principios de eficiencia y equidad. A este respecto ha expresado la Corte:

“Así, la retención es un sistema tributario que permite un recaudo poco costoso, pues los agentes retenedores perciben grandes cantidades de dinero con poco esfuerzo administrativo para el Estado y para los propios particulares. Es además un mecanismo relativamente cómodo para el propio contribuyente pues el impuesto le es descontado en el momento mismo en que recibe su ingreso. Igualmente, estas retenciones permiten que el Estado perciba un flujo relativamente constante de ingresos fiscales, lo cual le permite a las autoridades no solo racionalizar sus políticas de gasto sino además garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos (C.P., art. 365). Finalmente, en la práctica, la retención ha demostrado ser un eficaz sistema de control de la evasión. Por ello, la Corte ya había señalado que la ampliación de la retención en la fuente, lejos de ir en contra de la Constitución, se ajustaba a ella, pues “favorece el recaudo y elimina algunas posibilidades de evasión y elusión fiscal”(1), lo cual armoniza plenamente con el principio de eficiencia y de equidad. En efecto, “es claro que la retención en la fuente obedece al principio de eficiencia, y no es contraria a los de equidad y progresividad”(1).

“En ese mismo orden de ideas, la Corte considera que el anticipo también es un mecanismo destinado a acelerar el recibo de impuestos por parte del gobierno, que de igual forma responde a consideraciones de eficiencia tributaria”(3).

Así mismo, la Corte ha resaltado que la retención en la fuente, como uno de los mecanismos de cobro anticipado, no desconoce el debido proceso y que le corresponde al legislador diseñar los sistemas de pagos anticipado de tributos(4). En punto a este tema ha dicho la Corte:

“Por tanto, es legítimo que el legislador, en consideración a las particularidades con que en cada caso se ejerce la actividad económica generadora de renta, configure un régimen diferente para efectos de la determinación del impuesto sobre ella y de su recaudo y acuda a mecanismos diversos de retención como sistema de pago anticipado y extinción de la obligación tributaria”(5) (negrillas fuera del original).

3.3. La retención en la fuente, fue creada por el legislador con el fin de “facilitar la gestión tributaria en cabeza de la administración de impuestos y asegurar el pago del impuesto de renta”(6) y “conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause”(7).

Así, el estatuto tributario consagra la posibilidad de establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta (art. 365). Estos pagos a cuenta de la retención en la fuente constituyen por tanto pagos anticipados del impuesto sobre la renta(8).

El concepto de retención en la fuente ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “un sistema de recaudo anticipado de obligaciones tributarias que se consolidan al finalizar el respectivo período gravable, como es el caso del impuesto de renta”(9) y a “un modo de extinguir la obligación tributaria, y para el contribuyente, la forma de cumplimiento anticipado de tal obligación”(10).

Así mismo, la jurisprudencia de esta Corte ha hecho referencia a la retención en la fuente, desde el punto de vista impositivo como “la acción o el efecto de detener, conservar, guardar una cantidad que la ley ha determinado se retenga a título de impuesto en el mismo momento del origen del ingreso. Así, este mecanismo le permite al Estado recibir los impuestos a que tiene derecho en el mismo momento en que el contribuyente obtiene el ingreso susceptible de ser gravado, y como tal, sujeto a retención”(11).

En cuanto a los objetivos de la retención en la fuente, esta corporación ha destacado que el objetivo más importante de la retención en la fuente “es el recaudo simultáneo del impuesto en el momento de obtener los ingresos, lo cual ofrece múltiples ventajas pues i) simplifica el trabajo de la administración tributaria, ya que se la libera de la tarea de recaudo al trasladarla a los particulares; ii) mejora el flujo de dineros para la tesorería pública, pues permite escalonar la percepción de los ingresos acelerando su recaudación; iii) opera como instrumento de control a la evasión fiscal(12), por cuanto facilita la identificación de contribuyentes que podrían permanecer ocultos o que son difíciles de ubicar directamente, como es el caso de los residentes en el exterior o quienes ejercen actividades económicas en forma temporal y iv) fortalece la efectividad automática del impuesto como instrumento anti-inflacionario asegurándole al Estado su participación en el producto creciente de la economía(13)(14).

Respecto a los sujetos de la relación jurídica-tributaria constituida en la retención en la fuente, esta se encuentra integrada, en primer lugar, “entre los sujetos de la obligación a retener, que son: el Estado como sujeto activo y el retenedor como sujeto pasivo de dicha obligación formal; y en segundo lugar, entre los sujetos de la retención en la fuente, el retenido o sujeto pasivo, y el retenedor como sujeto activo”(15). Sobre este asunto ha advertido la Corte, que respecto del agente retenedor, el pago que realiza de lo retenido en las arcas del Estado, lo libera de su obligación, mientras que para el retenido es un pago provisional mientras se liquida de manera definitiva el impuesto futuro, y que las sumas retenidas pueden no constituir el pago total de la obligación tributaria o representar saldos a favor que deben ser objeto de compensación o devolución(16).

Sobre la causación de la retención, la regla general establecida en la legislación tributaria(3) es que “La retención en la fuente debe hacerse en el momento del pago o abono en cuenta”, mientras que por su parte doctrinariamente se ha establecido que “lo que ocurra primero en el tiempo”(17).

3.4. De otra parte, la Corte ha precisado que la compensación frente a los saldos a favor de los contribuyentes, tiene pleno respaldo constitucional, por cuanto el carácter anticipado de los pagos que se realizan mediante el mecanismo de la retención en la fuente, tiene que realizarse respetando el principio de equidad tributaria, de manera que si los montos pagados anticipadamente exceden el monto total ha pagar una vez realizada la liquidación definitiva del impuesto, es constitucionalmente no solo admisible sino necesario, que se permita al contribuyente compensar estas sumas u obtener su devolución, so pena de vulnerar el principio de equidad tributaria.

Al respecto ha dicho esta corporación:

“Este carácter anticipado de estos abonos tributarios no afecta per se la legitimidad constitucional de estas figuras, puesto que en ninguna parte la Constitución prohíbe estos mecanismos y el legislador tiene una amplia libertad de regulación en este campo. En efecto, esta corporación ya había señalado que “la Constitución no entra en el detalle de cómo se recaudan los impuestos decretados por el Congreso, porque ello sería contrario a la técnica jurídica”(1). Sin embargo, la Corte considera que estos fenómenos jurídicos deben ser tenidos en cuenta por el legislador, con el fin de evitar eventuales violaciones del principio de equidad tributaria. En efecto, es perfectamente posible que las sumas retenidas al contribuyente o aquellas que éste mismo ha anticipado al presentar su declaración excedan el monto que, una vez terminado el período y liquidado de manera definitiva su impuesto, le corresponde por ley cancelar, de acuerdo a su capacidad de pago. En tales circunstancias, si la ley no permitiera al contribuyente compensar estas sumas u obtener su devolución, podría vulnerarse el principio de equidad tributaria, puesto que el contribuyente terminaría por cancelar un impuesto mayor del que por ley le debería corresponder. Pero lo cierto es que el estatuto tributario prevé esos mecanismos...”(18) (negrillas fuera del original).

3.5. En síntesis, la jurisprudencia de esta corporación ha avalado de manera pacífica la constitucionalidad del mecanismo de retención en la fuente como mecanismo de cobro y de pago anticipado del impuesto, y ha explicado que el carácter anticipado del tributo se refiere a que este se pague antes de que expire la vigencia fiscal del respectivo tributo, cuando éste es de naturaleza periódica(19).

4. La libertad de configuración del legislador en materia tributaria.

4.1. La Constitución Política le otorga al legislador una amplia potestad de regular las materias tributarias, de establecer los tributos y al mismo tiempo reconoce, a la autoridad administrativa, la facultad para exigirlos cuando la ley los determina(20).

Al respecto el artículo 150 superior señala que corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejerce entre otras funciones la de “establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley” (num. 12).

El artículo 338 de la Constitución Política, por su parte, establece que

“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.

De esta manera, los artículos 150-12 y 338 del ordenamiento superior le confieren al órgano legislativo la potestad para imponer contribuciones fiscales o parafiscales, fijar los elementos configurativos de la obligación fiscal, establecer beneficios tributarios, y desde luego, establecer los mecanismos para su recaudo; así como crear los controles y sanciones que sean necesarias en caso de incumplimiento del deber de tributar(21).

4.2. En múltiples oportunidades esta corporación se ha pronunciado en relación con la amplia libertad de configuración que le asiste al legislador en materia tributaria, para la creación, modificación y suspensión de exenciones y beneficios tributarios. En punto a este tema ha señalado la Corte que (i) la potestad de regular la política tributaria, de conformidad con los fines del Estado, ha sido confiada ampliamente al legislador; (ii) que de conformidad con esta amplia libertad de configuración en la materia, el legislador no solo puede definir los fines sino también los medios adecuados e idóneos de la política tributaria; (iii) existe una presunción de constitucionalidad sobre las decisiones que el legislador adopte sobre política tributaria y corresponde una pesada carga argumentativa para demostrar lo contrario; (iv) que esta potestad del legislador puede ser usada ampliamente para la creación, modificación, regulación o supresión de tributos; (v) que no obstante la amplia libertad de configuración del legislador en la materia, ésta debe ejercerse dentro del marco constitucional y con respeto de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales; y (v) que la potestad del legislador tiene como correlato la obligación de tributar y el respeto de los principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad(22).

En este sentido, la Corte ha reiterado que la potestad que le ha conferido la Carta Política al legislador es muy amplia, de tal manera que le permite crear gravámenes y determinar los elementos del tributo, atendiendo a los principios, valores y derechos constitucionales(23). Así mismo, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que dicha potestad de configuración legislativa en materia tributaria incluye “la facultad de considerar diversos supuestos de hecho que requieran un trato diferenciado”(24), de manera que es posible y legítimo desde el punto de vista constitucional que el legislador al regular los mecanismos tributarios otorgue tratamientos diferenciados. Sobre el particular ha dicho la Corte:

“Si bien encuentra límites y restricciones que se desprenden del mismo texto constitucional, la atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al Congreso de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal.

Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos constitucionales, debe reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para crear, modificar y eliminar impuestos, tasas y contribuciones nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, las tarifas y las formas de cobro y recaudo”(25).

Así mismo, la Corte se ha referido a la responsabilidad penal de los agentes retenedores cuando omiten consignar los dineros recaudados por concepto del pago de obligaciones tributarias(26).

En este orden de ideas, reitera la Sala que al legislador le asiste una amplia libertad de configuración en materia tributaria, de manera que puede legítimamente regular la política tributaria, los fines y medios de dicha política, los mecanismos tributarios, así como crear, modificar, regular o suprimir tributos, beneficios o excepciones en las diversas figuras o mecanismos tributarios, dentro del marco constitucional y el respeto de los principios constitucionales y derechos fundamentales, y con respeto de los principios tributarios, entre ellos el derecho a la igualdad.

Finalmente, en razón a la amplia libertad de configuración que le asiste al Legislador en materia tributaria, la Corte ha establecido que el examen constitucional que se debe adelantar en materias tributarias es flexible(27).

5. Análisis constitucional de la norma demandada.

5.1. El artículo 15 de la Ley 1430 de 2010 adiciona el artículo 580-1 del estatuto tributario y regula lo atinente a la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total. Al respecto este artículo estipula como regla general que las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

El inciso segundo de la norma, contentivo de la expresión demandada en esta oportunidad, consagra una excepción a la regla general fijada en el inciso primero del artículo 15 de la Ley 1430 de 2010, de manera que consagra que esta disposición no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor “igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT” susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Esta es precisamente la disposición cuya constitucionalidad se objeta en esta oportunidad, en cuanto determina una excepción solamente para los agentes retenedores que sean titulares de un valor de saldo a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT, los cuales podrán presentar la declaración de retención en la fuente sin pago total y sin que ello acarree la ineficacia de tal declaración.

El inciso tercero de la norma desarrolla el alcance normativo de esta disposición y establece, que el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración. De otra parte, el inciso cuarto de la norma consagra que el agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis meses (6) siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.

Finalmente, el inciso quinto determina que cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

5.2. En relación con el mecanismo tributario de la retención en la fuente, reitera esta Sala, que constituye un sistema de cobro anticipado de obligaciones tributarias creado por el legislador con el fin de facilitar la gestión tributaria de la administración en materia de impuestos y asegurar el pago del impuesto de renta, siendo un mecanismo que se ajusta plenamente a la Constitución. Lo anterior, por cuanto respeta los principios tributarios de irretroactividad, periodicidad tributaria, responde al principio de eficiencia tributaria en el recaudo de los impuestos, se ajusta al debido proceso, cumple con diversas funciones como garantizar el flujo permanente de recursos, promover el control a la evasión de impuestos, y su regulación legal corresponde al Congreso, de conformidad con la amplia libertad de configuración que le compete en materia tributaria y en armonía con el marco constitucional fijado por la Carta Política.

Así mismo, recuerda la Sala que en la retención en la fuente confluyen dos relaciones jurídico-tributarias: en primer lugar, una relación integrada entre los sujetos de la obligación a retener, que son el Estado como sujeto activo y el retenedor como sujeto pasivo de dicha obligación; y una segunda relación entre los sujetos de la retención en la fuente, que son el retenido o sujeto pasivo y el retenedor o sujeto activo. De esta manera, mientras que el agente retenedor tiene la obligación de retener y pagar lo retenido al Estado, lo cual lo libera de su obligación, el retenido realiza un pago provisional al Estado, hasta tanto no se liquide de manera definitiva el impuesto futuro.

En lo que respecta a las sumas retenidas, la Corte reitera igualmente que estas pueden no constituir el pago total de la obligación tributaria o representar saldos a favor del retenido que deben ser objeto de compensación o de devolución. De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la figura de la compensación frente a los saldos a favor de los contribuyentes, tiene pleno y claro respaldo constitucional, por cuanto el carácter anticipado de los pagos que se realizan mediante el mecanismo de la retención en la fuente, tiene que realizarse respetando el principio de equidad tributaria, de manera que si los montos pagados anticipadamente exceden el monto total ha pagar, una vez realizada la liquidación definitiva del impuesto, es constitucionalmente no solo admisible sino necesario, que se permita al contribuyente compensar estas sumas u obtener su devolución, so pena de vulnerar el principio de equidad tributaria.

En este orden de ideas, esta corporación insiste en la constitucionalidad tanto del mecanismo tributario de retención en la fuente como de la figura de la compensación de los saldos a favor del retenido, mecanismos que se encaminan a garantizar los principios tributarios de eficiencia, equidad y progresividad, contenidos en la Carta Política.

5.3. De otra parte, la Sala reitera que en materia tributaria le asiste al legislador un amplio margen o rango de regulación, de conformidad con los artículos 95.9, 150.12 y 338 superiores. En este sentido, el Congreso tiene una vasta competencia para regular todos los asuntos tributarios, tales como la creación, modificación, regulación de mecanismos, y suspensión de tributos, beneficios o exenciones. Por tanto, al legislador le corresponde (i) la potestad de regular la política tributaria, de conformidad con los fines del Estado, (ii) definir los fines y los medios adecuados e idóneos para la consecución de la política tributaria; (iii) adoptar regulaciones en materia tributaria que prima facie gozan de una presunción de constitucionalidad; (iv) respetar el marco constitucional, los principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad, así como los derechos fundamentales.

En este sentido, esta corporación ha expuesto que en desarrollo y ejercicio de la amplia libertad de configuración del legislador en materia tributaria, este puede establecer tratamientos tributarios diferenciados, a través de la regulación diversa de mecanismos tributarios, siempre y cuando dicha diferenciación se encuentre constitucionalmente justificada y no involucre el sacrificio irrazonable de otros principios o derechos. En este sentido, la potestad de configuración legislativa en materia tributaria implica la facultad de considerar diversos supuestos de hecho que requieran un trato diferenciado, de manera que es posible y legítimo desde el punto de vista constitucional, que el legislador al regular los mecanismos tributarios otorgue tratamientos diferenciados. Lo anterior, se justifica mucho más en la medida en que la regulación diferenciada en materia tributaria constituya una forma de lograr una mayor racionalización y efectividad de la administración en el recaudo de impuestos, en este caso, a través del mecanismo de cobro anticipado o retención en la fuente. En consecuencia, el tratamiento legislativo diferente en materia tributaria no implica per se una violación del principio de igualdad, cuando el trato distinto puede justificarse constitucionalmente.

Así las cosas, la potestad de configuración legislativa ha sido reconocida por la jurisprudencia de esta Corte como de una gran amplitud en materia de política tributaria, de manera tal que el legislador puede establecer excepciones o tratamientos diferenciados, sin que ello pueda entenderse como violación del principio y derecho a la igualdad, siempre y cuando estos tratamientos diferenciados se encuentren justificados a partir de razones constitucionales y respeten los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la igualdad.

5.4. Por tanto, el punto de partida para responder al interrogante sobre la constitucionalidad de la expresión demandada contenida en el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010, radica en la amplia facultad de configuración normativa que le asiste al Congreso de la República en materia tributaria, específicamente en este caso, en lo referente a la regulación del mecanismo de retención en la fuente y respecto de la excepción que prevé el legislador en materia de eficacia de la declaración de retención en la fuente sin pago para ciertos agentes retenedores que sean titulares de un saldo mínimo a favor, respecto del cual pueda operar la figura de la compensación.

En este sentido debe la Sala entrar a determinar si la decisión del legislador de conceder eficacia jurídica, a modo de excepción, a la declaración de retención en la fuente presentada sin pago por los agentes retenedores, en aquellos casos cuando obren saldos a favor por un valor mínimo de ochenta y dos mil (82.000) UVTs, consagración que goza prima facie de una presunción de constitucionalidad, puede ser desvirtuada con el argumento de violación del derecho a la igualdad.

5.5. Para verificar si la expresión demandada vulnera el artículo 13 constitucional relativo a la igualdad, y teniendo en cuenta la amplia libertad de configuración del legislador en la materia, la Corte debe adelantar un análisis flexible del test de igualdad(28), verificando en primer lugar, si concurre una distinción fáctica entre sujetos análogos, si ese trato diferenciado satisface las exigencias de finalidad constitucional, si se satisfacen los presupuestos de adecuación e idoneidad de la medida o trato diferenciado adoptado, y finalmente si satisface el requisito de proporcionalidad en sentido estricto, para determinar con ello la razonabilidad de la medida.

(i) En forma previa y en relación con el alcance normativo de la expresión demandada, es preciso aclarar, que la norma demandada no crea un tributo, no lo modifica, ni crea nuevos hechos generadores o bases gravables, sino que tan solo fija una excepción restringida para conceder eficacia a las declaraciones de retención en la fuente cuando los agentes retenedores sean titulares de montos a favor importantes y que ameriten dicho trato diferencial. Así, la norma no consagra un mayor o menor pago de impuestos por la realización o no de un hecho determinado, sino por el contrario, presenta un trato diferente respecto de la eficacia o ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente fijando para ello un criterio objetivo relativo al monto de saldos a favor susceptibles de ser compensados, sin que por ello se pueda sostener que se vulnera el derecho a la igualdad.

Así mismo, advierte la Sala que esta excepción se encuentra así mismo condicionada por los incisos tercero, cuarto y quinto de la misma norma, en cuanto en ellos se determinan requisitos para que dicha excepción a la regla general sea efectiva, tales como la que el monto fijado de favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración, que la solicitud de compensación del saldo a favor con el saldo a pagar deberá presentarse por el agente retenedor ante la DIAN dentro de los seis meses (6) siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente; y que si tal solicitud de compensación no se presenta oportunamente o sea rechazada, la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

(ii) En cuanto a la existencia de un tratamiento legal diferenciado para los agentes retenedores, la Sala constata que efectivamente la norma prevé un trato diferente entre los agentes retenedores que tengan un monto mínimo de saldo a favor inferior a ochenta y dos mil (82.000) UVT y los que tengan un saldo a favor igual o superior a dicho monto, estipulando que las declaraciones de retención en la fuente sin pago que presenten los primeros carecerán de eficacia jurídica, mientras que las declaraciones de retención en la fuente sin pago que presenten los segundos, sí la tendrán, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: (a) que el saldo a favor sea susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente; (b) que el saldo a favor se haya generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración; (c) que el agente retenedor solicite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis meses (6) siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente; y que (d) en todo caso, cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada, la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Así, el legislador al señalar un valor mínimo de 82.000 UVTs de saldo a favor para reconocer la eficacia jurídica de las declaraciones de retención en la fuente, establece en efecto una distinción para el tratamiento jurídico y el reconocimiento de la eficacia de las declaraciones de retención en la fuente.

No obstante lo anterior, la Sala evidencia que este trato diferencial establecido por el legislador de manera excepcional en el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010, no constituye una discriminación respecto de algunos agentes retenedores, por cuanto en primer lugar, se trata de situaciones de hecho diferentes que justifican en principio regulaciones diferentes, pues el trato diferencial se dirige a agentes retenedores que son titulares de importantes sumas de saldos a favor representadas en unidades de valor tributario o UVTs, frente a los cuales la administración puede adoptar legítimamente medidas de política tributaria diferentes, de tal manera que la diferente situación de hecho, relativa a la diferencia de los saldos a favor susceptibles de compensación, en principio autoriza el tratamiento legal diferente y favorable. Esto eximiría a la Corte de continuar con los demás pasos del juicio de igualdad. No obstante, conviene hacer ver que la norma exceptiva, además de justificarse por tratarse de situaciones de hecho diferentes, que ameritan tratamiento legal diferente, no obedece a razones sospechosas desde el punto de vista constitucional, de conformidad con el artículo 13 superior, sino que por el contrario, cumple con los requisitos de finalidad constitucional, adecuación y proporcionalidad en sentido estricto.

(iii) Respecto de la concurrencia de una finalidad aceptada constitucionalmente para ese tratamiento legal diferenciado hay que indicar, que el trato diferencial cumple con el requisito de un objetivo legítimo desde el punto de vista constitucional, ya que la norma se orienta de manera general a la consecución de la eficacia tributaria del recaudo de la retención en la fuente, de manera que prevé como regla general la ineficacia jurídica de las declaraciones de la retención en la fuente cuando estas se efectúen sin pago, pero al mismo tiempo consagra una excepción restrictiva a la regla general, relativa a la eficacia jurídica de las declaraciones de retención en la fuente hechas por agentes retenedores, cuando éstos sean titulares de un saldo igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVTs, susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente.

Esta excepción prevista por el legislador se adoptó, en primer lugar, con fundamento en el amplio margen de configuración legislativa que le compete al Congreso en materia tributaria. En este sentido, la Corte insiste en el reconocimiento del amplio margen de configuración del legislador en materia tributaria, el cual le permite no sólo definir la política tributaria, sino escoger entre las diversas alternativas legislativas y mecanismos tributarios que le permitan cumplir con esos objetivos, así como determinar ciertos beneficios, excepciones o tratamientos diferenciales en materia tributaria, al momento de ejercer el poder de imposición. Estas diferentes alternativas o tratamientos diferenciales obran como instrumentos que le hacen posible cumplir los objetivos políticos que persigue la política tributaria trazada. Así, las normas tributarias vienen a ser herramientas en manos del Congreso que le permiten cumplir con objetivos constitucionales, siempre y cuando consulten parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

En segundo lugar, esta medida se adoptó con la finalidad constitucional de lograr objetivos de política tributaria, cuya conveniencia le compete valorar y decidir al legislador, y de asegurar fines constitucionales tales como la eficacia en el recaudo de los tributos, a través de la fijación de una regla general de ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente que se efectúen sin pago, y la consagración de una excepción condicionada a criterios objetivos de montos representativos en los saldos a favor susceptibles de compensación, y a otros criterios, como la fijación de plazos para la presentación de la solicitud de compensación, la existencia efectiva del saldo mínimo señalado por el legislador, y la estipulación de que cuando dicha solicitud no se presente oportunamente o sea rechazada, se tendrá como ineficaz por la administración de la declaración de retención en la fuente presentada. En este sentido, la Sala observa que esta disposición obedece a la finalidad constitucional de hacer eficaz el recaudo de la retención en la fuente y, de simultáneamente a ello, hacer efectivo el principio de equidad tributaria, en cuanto se reconoce la compensación con los saldos a favor de los agentes retenedores.

En tercer lugar, la Sala evidencia que la expresión demandada se encuentra justificada por otros objetivos constitucionales, en razón a que facilita a la administración la implementación de mecanismos de control y supervisión adecuados sobre las declaraciones de retención en la fuente sin pago, hace efectivo el principio de equidad tributaria al permitir la compensación, y racionaliza el recaudo de la retención en la fuente al otorgar eficacia a las declaraciones de retención en la fuente sin pago, solamente en aquellos casos en que exista un monto mínimo que amerite hacer efectiva dicha regulación exceptiva, lo cual obedece a las políticas tributarias del legislador.

En este orden de ideas, tal y como lo señala el Departamento Nacional de Planeación, fue el propio legislador quien determinó, con base en finalidades constitucionales y argumentos de política tributaria, la necesidad de crear un tope que permitiera presentar declaraciones de retención en la fuente sin pago total y solicitar la compensación en la oportunidad legal respectiva, teniendo en cuenta para ello los datos reportados para la vigencia fiscal de 2009. De esta manera el legislador consideró conveniente establecer unos rangos de saldos a favor, partiendo de que tan solo 797 contribuyentes tenían saldos a favor por encima de 2.000.000.000 de pesos que representaban más del 50% del total de los saldos a favor y que sumaban 2.6 billones, y por tanto estimó conveniente establecer que el valor equivalente a 82.000 unidades de valor tributario UVTs, sería la cifra a tener como referente para ser incluida en la norma que hoy se analiza.

Por todo lo anterior, la Sala comparte los argumentos vertidos por la DIAN en cuanto a que la expresión demandada obedece a finalidades y criterios constitucionales de racionalidad, eficacia y eficiencia, propios del derecho tributario, en cuanto de manera excepcional otorga eficacia jurídica a las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago en que tengan saldos a favor realmente significativos. Así mismo, en razón a que busca una mayor eficacia en los procesos de recaudo y permite la compensación de saldos a favor sean utilizados directamente por sus titulares. Además, por cuanto el tope fijado logra una mayor eficiencia de la administración, al permitir ejercer un control más intensivo y focalizado en los mayores retenedores que a su vez presentan los mayores saldos a favor.

(iv) A continuación la Sala debe establecer si la realización de ese fin constitucionalmente valioso es posible a través de ese tratamiento legal diferenciado y si este no comporta un sacrificio desproporcionado de otros fines igualmente relevantes.

En relación con estos interrogantes, hay que indicar que la medida adoptada por la norma constituye un instrumento adecuado para la consecución de los fines y criterios constitucionales y los objetivos de política tributaria expuestos anteriormente, ya que se trata de una medida excepcional que logra un punto de equilibrio entre la regla general de ineficacia jurídica de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago, y algunos casos de reconocimiento de eficacia jurídica bajo estrictos criterios objetivos como el monto de los saldos a favor.

Así mismo, la Sala concluye que no concurren argumentos para inferir el sacrificio irrazonable de otros principios y derechos constitucionales, ya que con esta norma no se afectan los aportes a las cargas públicas desde el punto de vista de la equidad y proporcionalidad pues, en efecto, no se está gravando más o menos a un grupo de empresarios respecto de otros, sino que se establecen unos procedimientos diferentes para reconocer la eficacia jurídica de las declaraciones de retención en la fuente y respecto de las compensaciones, teniendo en cuenta el valor significativo de los saldos a favor susceptibles de compensación.

Por tanto, la Corte encuentra razonable y proporcionado desde el punto de vista constitucional que la norma haya consagrado como regla general la ineficacia de las declaraciones de renta realizadas sin pago, para garantizar el efectivo recaudo de los impuestos, y que solo haya reconocido la eficacia jurídica a las declaraciones sin pago, en casos extremadamente excepcionales, utilizando para ello la fijación de un monto mínimo de saldos a favor que deben tener los agentes retenedores como titulares, así como otros criterios relativos a plazos para la solicitud de compensación y la existencia real de dichos saldos, entre otros.

No son de recibo tampoco los argumentos presentados por la Procuraduría en cuanto a la afectación del interés general, ya que precisamente por ser la retención en la fuente un asunto de interés general, al constituir un cobro tributario anticipado cuya finalidad radica en el aseguramiento de un flujo periódico, regular y constante de ingresos corrientes para el Estado, es por esa misma razón que el legislador fijó en la norma como regla general la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente, con el objeto de asegurar el recaudo efectivo de los dineros ha retener de la mayoría de los contribuyentes y, solo de manera estrictamente restringida, consagró una excepción al reconocerle eficacia jurídica a las declaraciones de retención en la fuente cuando los agentes retenedores sean titulares de un valor mínimo de saldos a favor de ochenta y dos mil (82.000) UVTs, susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente.

De esta manera, contrario a lo afirmado por el Ministerio Público, lo que busca la medida es precisamente minimizar el riesgo para el Estado, relativo a la no recaudación efectiva de recursos de retención en la fuente como pago anticipado del tributo futuro, lo cual antes que contradecir, se aviene a los principios de eficiencia tributaria.

Finalmente, es preciso insistir en que los incisos tercero, cuarto y quinto de la norma demandada desarrollan el alcance normativo de esta disposición y establecen varios condicionamientos para que opere la medida exceptiva, en cuanto a que las declaraciones de retención en la fuente presentadas por los agentes retenedores que tengan un saldo igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVTs serán eficaces siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: (i) que el saldo a favor sea susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente; (ii) que el saldo a favor se haya generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración; (iii) que el agente retenedor solicite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis meses (6) siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente; y que (iv) en todo caso, cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada, la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

5.6. Conclusión.

Por todo lo anterior la Corte estima que no es discriminatoria la expresión demandada consagrada por el legislador en el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010. Al contrario, considera que es una medida que obedece a razones objetivas y criterios de política tributaria, y que es razonable y proporcionada, y que por tanto no tiene el alcance de sacrificar el derecho a la igualdad de los agentes operadores que tengan saldos a favor inferiores al monto fijado por el legislador dentro de su órbita de libertad configurativa, y sin irrogar sacrificios exorbitantes a otros valores, principios o derechos constitucionales.

En síntesis, concluye la Corte que no concurren argumentos para afirmar que el aparte demandado contenido en el artículo 15 de la Ley 1340 de 2010 contraríe la norma constitucional que consagra el derecho a la igualdad en su artículo 13 Superior. Por tal motivo, se declarará su exequibilidad.

VII. Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT” contenida en el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(1) Sentencia C-129 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(2) Ver Sentencias C-445 de 1995 y C-120 de 2004.

(3) Sentencia C-445 de 1995.

(4) Ver Sentencias C-421 de 1995 y C-643 de 2002.

(5) Sentencia C-643 de 2002.

(6) Sentencia C-913 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(7) Artículo 367 del estatuto tributario.

(8) Estatuto tributario. Artículo 26. Los ingresos son base de la renta líquida. La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.

(9) Sentencia C-913 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(10) Sentencia C-397 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(11) Sentencia C-913 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(12) Sentencia C-015 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(13) Sentencia C-397 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(14) Sentencia C-913 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(15) Sentencia C-913 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, ver también la Sentencia C-397 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(16) Sentencia C-913 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(3) Ley 38 de 1969, reiterada por: Decreto 3803 de 1982, leyes 50 de 1984, y 75 de 1986.

(17) Sentencia C-397 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(18) Sentencia C-445 de 1995.

(19) Ver Sentencia C-129 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(20) Sentencia C- 505 de 1999, M.P. Alejandro Martinez Caballero.

(21) Ver Sentencia C-913 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(22) Sentencia C-007 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(23) Ver las sentencias C-711 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, y C-527 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(24) Sentencia C-527 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(25) Sentencia C-222 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(26) Ver Sentencia C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en donde la Corte declarar exequible el artículo 22 de la Ley 383 de 1997, salvo sus parágrafos 1º y 2º respecto de los cuales la Corte se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo por haber operado el fenómeno de la sustracción de materia.

(27) Ver sentencias C-427 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-429 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, y Sentencia C-129 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(28) Al respecto ver la Sentencia C-427 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se refirió a la libertad de configuración del legislador frente al juicio de igualdad. Ver igualmente la Sentencia C-429 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.