Sentencia C-89 de febrero 13 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-089 DE 2002

Ref.: Expediente Nº D-3629

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Montealegre Lynett

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 199 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, que modificó el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.

Demandante: Jorge Luis Pabón Apicella

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación la Corte transcribe el texto de la norma acusada, tal como fue modificada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 39.013 del 7 de octubre de 1989.

DECRETO 2282 DE 1989 

(Octubre 7)

“Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

(...).

ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:

(...).

199. El artículo 393 quedará así:

Liquidación. Las costas serán liquidadas en el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que las impongan o la de obedecimiento a lo resuelto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al magistrado ponente o al juez aprobarla y ordenar que se rehaga.

2. La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxilios de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada por la condena, siempre que aparezcan comprobadas, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado.

3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas establecidas, con aprobación del Ministerio de Justicia, por el colegio de abogados del respectivo distrito, o de otro si allí no existiere. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas.

4. Elaborada por el secretario la liquidación, quedará a disposición de las partes por tres días, dentro de los cuales podrán objetarla.

Si la liquidación no es objetada oportunamente, será aprobada por auto que no admite recurso alguno.

5. Formulada objeción, el escrito quedará en la secretaría por dos días en traslado a la parte contraria; surtido éste se pasará el expediente al despacho, y el juez o magistrado resolverá si reforma la liquidación o la aprueba sin modificaciones.

Cuando en el escrito de objeciones se solicite un dictamen de peritos sobre las agencias en derecho, se decretará y rendirá dentro de los cinco días siguientes. El dictamen no requiere traslado ni es objetable, y una vez rendido se pronunciará la providencia pertinente de conformidad con el dictamen, excepto que el juez o el magistrado ponente estime que adolece de error grave, en cuyo caso hará la regulación que considere equitativa. El auto que apruebe la liquidación será apelable, respecto a las agencias en derecho, en el efecto diferido por el deudor de ellas y en el devolutivo por el acreedor”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia.

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, en virtud del artículo 241-5 de la Constitución, ya que se trata de una demanda ciudadana en contra de una norma que hace parte de un decreto con fuerza de ley.

El asunto material bajo revisión.

2. En criterio del actor, la imposibilidad de las partes, antes de la etapa de objeciones a la liquidación de costas, para pedir y obtener la práctica de pruebas tendientes a determinar su monto, vulnera los derechos a la defensa, contradicción y en general el debido proceso, así como la igualdad y los principios de celeridad, publicidad y economía. Considera además que la norma acusada no señala un mecanismo probatorio del que pueda valerse el juez para fijar las costas, y le impide actualizar la “cuantía del proceso”, con lo cual se abre espacio a la arbitrariedad y se desconoce el mandato según el cual los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley.

Por su parte, los intervinientes y el Ministerio Público coinciden en señalar que la ley no autoriza que la determinación de las costas, incluidas las agencias en derecho, obedezca al simple capricho del juez, sino que el propio ordenamiento establece, en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, los criterios a los cuales deberá atenerse. Igualmente, desestiman la vulneración del debido antes la facultad que tienen las partes de solicitar pruebas impugnar la liquidación de agencias en derecho.

De acuerdo con lo expuesto, la demanda plantea dos problemas jurídicos. En primer lugar debe la Corte determinar si al momento de liquidar las costas, la decisión del juez obedece a su mera liberalidad, o si por el contrario existen parámetros normativos a los cuales deba sujetarse. En segundo lugar, es preciso analizar si la prohibición de solicitar pruebas antes de la liquidación de costas, desconoce o no los derechos referidos por el actor. Entra la Corte a examinar la cuestión.

Criterios para la liquidación de costas en el Código de Procedimiento Civil.

3. Siguiendo planteamientos de la doctrina nacional, la jurisprudencia de esta corporación ha explicado que las costas, esto es, “aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida de un proceso judicial” (1) , están conformadas por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, pero distintos al pago de apoderados. El artículo 393-2 del Código de Procedimiento Civil, señala como expensas los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, y hace referencia genérica a todos los gastos surgidos en el curso de aquél.

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999, fundamento Nº 9, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Por su parte, las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entre ésta y aquél (2) .

(2) Corte Constitucional, sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido Cfr. Corte Suprema de Justicia de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, expediente 4571, M.P. Héctor Martín Naranjo.

Empero, lo anterior no significa que en todos los procesos judiciales deban liquidarse costas, pues como lo señaló esta corporación en la Sentencia C-037 de 1996, “será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales”.

4. El ordenamiento procesal civil adopta un criterio objetivo, no sólo para la condena, pues “se condena en costas al vencido en el proceso, incidente o recurso, independientemente de las causas del vencimiento” (3) , sino también para la determinación de aquellas en cada uno de sus componentes, siguiendo en este punto la teoría moderna procesal pues, como lo señala Chiovenda, “la característica moderna del principio de condena en costas consiste precisamente en hallarse condicionada al vencimiento puro y simple, y no a la intención ni al comportamiento del vencido (mala fe o culpa)” (4) . En efecto, aún cuando el carácter de costas judiciales dependerá de la causa y razón que motivaron el gasto, y la forma en que se efectuó (5) , su cuantificación está sujeta a criterios previamente establecidos por el legislador, quien expresamente dispuso que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” (CPC, art. 392-8).

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-480 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía Cfr, también la Sentencia C.274 de 1998, M.P. Carmenza Isaza de Gómez.

(4) José Chiovenda, La condena en costas, trad. Juan de la Puente y Quijano, Tijunana, B.C., 1985, pág. 220.

(5) Ibídem, pág. 469.

Respecto de las expensas, el numeral 2º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, señala los requisitos específicos para su procedencia, y exige que “aparezcan comprobados, hayan sido útiles, y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”, de manera similar a como lo prevén otros ordenamientos (6) . No obstante, la utilidad del gasto debe ser entendida como una utilidad razonable y proporcionada, tomando en consideración tanto la naturaleza del proceso como la finalidad de la actuación desplegada, a fin de atender los principios de justicia material y equidad. Así, aun cuando el juez tiene cierto margen de discrecionalidad, de ninguna manera puede considerarse que esa facultad supone arbitrariedad, como lo sugiere el actor, pues, como fue explicado, su decisión deberá sujetarse a las exigencias de (i) comprobación, (ii) utilidad, (iii) legalidad y (iv) razonabilidad y proporcionalidad del gasto, con lo cual se garantiza el mandato constitucional que impone a los jueces, en sus decisiones, estar sometidos al imperio de la ley (C.P. art. 230).

(6) El Código Procesal Civil italiano, artículo 376, y la regla de procedimiento ante la junta provincial administrativa, artículo 51 establecen que en la tasación de costas no se comprenden las costas por actuaciones y diligencias declaradas inútiles.

De otro lado, al momento de fijar las agencias en derecho, la actividad del juez está sujeta a las previsiones del numeral 3º del artículo 393 del Código Procedimiento Civil, que dispone la aplicación de las tarifas establecidas por los colegios de abogados, y la obligación de tener en cuenta otros factores como la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y “otras circunstancias especiales”, señalando como tope el máximo previsto en las tarifas mencionadas. En esta medida, es claro que el juez tiene cierto grado de discrecionalidad, pero ella tampoco puede ser confundida con la arbitrariedad.

5. El demandante considera que la ley no ofrece suficientes herramientas para que el juez determine la cuantía del proceso, al momento de fijar las agencias en derecho. Sin embargo, la Corte estima que el cargo obedece a una indebida y descontextualizada apreciación normativa, pues un análisis de los factores a tener en cuenta muestra cómo todos ellos se derivan del proceso mismo y deberán reflejarse en el expediente, no sólo respecto de las expensas (recibos, documentos, constancias), sino de la actividad desplegada por las partes (demanda, actuaciones, recursos), e incluso de la propia cuantía del proceso (pretensiones, certificaciones).

6. Así mismo, el actor estima que la norma no garantiza el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, porque no indica que al momento de la liquidación deban actualizarse las cuantías. Empero, la Corte también concluye que esa interpretación es errada, pues el propio numeral 3º del artículo 393 acusado, refiere a “otras circunstancias especiales” como criterio para establecer las agencias en derecho, y es precisamente aquí donde el juez podrá considerar ese aspecto, siendo en todo caso susceptible de objeción por las partes. Con todo, no corresponde a esta corporación determinar cuál debe ser la cuantía del proceso a tener en cuenta para fijar las agencias en derecho, ya que se trata de una controversia de carácter legal, que por su naturaleza escapa al control abstracto de constitucionalidad.

Todo lo anterior permite abordar el análisis del segundo cargo, según el cual, la imposibilidad de solicitar pruebas antes de la liquidación de costas, vulnera el debido proceso y los principios de publicidad, celeridad y economía.

Debido proceso y liquidación de costas.

7. Como fue explicado anteriormente, el legislador señaló criterios objetivos para la condena en costas y su cuantificación en el proceso civil, incluidas las agencias en derecho (CPC, arts. 392 y 393); pero además, el estatuto procesal reguló también el procedimiento de liquidación y expresamente dispuso que la fijación de agencias en derecho podría reclamarse únicamente mediante objeción a la liquidación de aquellas (393-3). Sin embargo, es necesario tener claridad sobre algunos aspectos.

En primer lugar, no puede olvidarse que las costas solamente serán decretadas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (CPC, art. 392-8). Esto supone entonces que las partes actúen con la debida diligencia a lo largo de todo el proceso judicial, aportando los documentos y demás elementos idóneos para demostrar la causación de costas.

En segundo lugar, es necesario volver sobre la distinción entre expensas y agencias en derecho. La liquidación de expensas corresponde esencialmente a un trámite de verificación y cálculo sumatorio de los costos en que incurrió la parte con ocasión del proceso, para lo cual deberá acudirse al material probatorio obrante en el expediente. A su turno, la liquidación de agencias en derecho, aunque necesariamente remite al expediente, supone sin embargo un análisis más reposado del juez o magistrado de cada uno de los factores para su cálculo. En consecuencia, es razonable suponer que al momento de liquidar las costas no se requieran elementos probatorios diferentes a los que durante el proceso fueron allegados al expediente, lo cual explica la prohibición de cuestionar las agencias, hasta tanto ellas hayan sido fijadas por el juez. Y lejos de afectar los principios de celeridad, publicidad y economía, la previsión del artículo 393-3 del Código Procedimiento Civil busca garantizarlos, no sólo con el objeto de dinamizar la actividad judicial, sino también para evitar duplicidad en los trámites del incidente.

8. Empero, tomando en consideración las particularidades de las agencias en derecho, el legislador consagró la obligación de decretar un dictamen pericial, si una de las partes difiere de la estimación del juez y así lo solicita al momento de objetar la liquidación realizada (CPC, art. 393-6).

En este orden de ideas, la Corte observa que durante el proceso judicial las partes tienen la posibilidad de aportar elementos probatorios tendientes a demostrar el valor de las costas y, durante el trámite de liquidación, pueden controvertir las decisiones adoptadas, no sólo mediante objeción a la liquidación efectuada por el juez, sino, incluso, apelando el auto que las apruebe, respecto de las agencias en derecho. De esta manera, a juicio de la Corte, la prohibición del artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil, no supone ninguna afectación al debido proceso.

9. Por último, no sobra advertir que la posibilidad de apelar una decisión incidental no hace parte del núcleo esencial del debido proceso, ni del derecho de defensa, pues la Carta solamente prevé el derecho a impugnar la sentencia adversa en materia penal y en las acciones de tutela, como ampliamente lo ha reiterado esta corporación (7) .

(7) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-153 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-040 del 30 de enero de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, expediente D-3608, entre otras.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el numeral 199 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, que modificó el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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