Sentencia C-896 de diciembre 2 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-896 de 2009

Ref.: Expediente D-7767

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54 (parcial) del Decreto 1045 de 1978.

Actora: Andrea Alexandra Ortiz Hernández.

Bogotá, D.C., diciembre dos de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 35035 de junio 15 de 1978, subrayando la parte demandada:

“Decreto 1045 de 1978

(Junio 7)

“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 5ª de 1978,

DECRETA:

(...).

ART. 54—De la compañera permanente. La calidad de compañera permanente de empleados públicos o trabajadores oficiales se acreditará siempre mediante dos declaraciones de terceros.

No se admitirá la calidad de compañera permanente cuando se tenga el estado civil de casado, salvo en los casos de sentencias de separación de cuerpos.

Las circunstancias de haber obtenido la separación de cuerpos se comprobará con una copia de la respectiva sentencia”.

(...).

VI. Fundamentos de la decisión

Competencia de la Corte

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada forma parte de un Decreto con fuerza de ley, expedido por el gobierno en uso de las facultades extraordinarias, en este caso el Decreto-Ley 1045 de 1978.

Asunto bajo revisión y problema jurídico planteado

1. La demandante considera que la norma acusada establece un trato discriminatorio que vulnera el artículo 13 de la Constitución Política. Lo anterior, porque en su concepto la disposición desconoce como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes a la persona que reúne los requisitos para ser considerada compañera permanente pero que mantiene un vínculo matrimonial vigente.

2. El Procurador General de la Nación al igual que los intervinientes solicitan a la Corte un pronunciamiento de inhibición, en tanto consideran que la disposición censurada se encuentra derogada, bien sea de forma tácita o por regulación integral de la materia. Coinciden en afirmar que en la actualidad el régimen aplicable en materia de beneficiarios de la pensión es el establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, mediante el cual se modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Delimitación del ámbito del pronunciamiento. Aclaración preliminar sobre la vigencia del artículo 54 del Decreto 1045 de 1978. La ultractividad de la ley

3. Previamente al planteamiento del problema jurídico, la Corte deberá definir si el artículo 54 del Decreto 1045 de 1978 se encuentra vigente, toda vez que como se mencionó tanto las intervenciones ciudadanas como el Ministerio Público, solicitaron a la Corte un fallo inhibitorio, pues en su concepto la norma demandada está derogada. En consecuencia, se debe determinar la pertinencia de un pronunciamiento de constitucionalidad porque la decisión: “(...) sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una disposición derogada, que determina su exclusión del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, su ineptitud para producir efectos, carece de sentido si, ex ante, y por disposición del mismo legislador, la norma ha perdido su vigencia dentro del ordenamiento”(4).

4. La derogatoria de una norma por otra ocurre, de acuerdo con el artículo 71 del Código Civil de forma expresa, tácita o por regulación integral de la materia(5). En el primer evento, la nueva ley señala las normas que quedan excluidas del ordenamiento; en el segundo evento, la ley posterior contiene disposiciones incompatibles con la norma anterior por lo que esta última se entiende derogada; y en el tercer evento, la derogación se produce por reglamentación “(…) de toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de estas y las de la ley nueva”(6).

La disposición acusada hace parte del Decreto 1045 de 1978, mediante el cual se establecieron las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. Específicamente, el artículo 54 se refiere a las pruebas para acreditar la condición de compañera permanente, en tanto beneficiaria de la pensión, siempre que no tenga el estado civil de casada.

El apoderado judicial de la ESAP considera que el aparte demandado fue derogado de forma tácita por el artículo 13 del Decreto 1160 de 1989: “Prueba de la calidad de compañero permanente. Se acreditará la calidad de compañero o compañera permanente, con la inscripción efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsión social o patronal. Igualmente se podrá establecer con dos (2) declaraciones de terceros rendidas ante cualquier autoridad política o judicial del lugar. En caso de vínculo matrimonial del compañero o compañera permanente que reclame el derecho a la sustitución pensional, se deberá presentar la respectiva sentencia judicial sobre la nulidad o el divorcio, debidamente ejecutoriada”(7).

Por su parte, la Vista Fiscal y los demás intervinientes advierten que tanto la norma acusada como la disposición transcrita en el párrafo anterior fueron derogadas por regulación integral por la Ley 100 de 1993. En efecto, esta ley creó el sistema de seguridad social Integral y dispuso en su artículo 289: “(...) la presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias” (énfasis añadido).

5. De lo expuesto, puede concluirse que resultaría inocuo un pronunciamiento de constitucionalidad sobre el artículo 54 del Decreto 1045 de 1978 en tanto se encuentra derogado por regulación integral de la materia. De hecho, las normas que se aplican en materia pensional son las que se encuentran vigentes al momento de la muerte del causante(8), es decir, que en la actualidad la definición de los beneficiarios de la prestación está determinada por la regulación contenida en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. No obstante, es preciso establecer si a pesar de la derogatoria, la norma acusada se encuentra produciendo efectos jurídicos.

Lo anterior significa definir si todavía el reconocimiento de una pensión se realiza con base en el artículo 54 del Decreto 1045 de 1978 porque el causante murió cuando estaba vigente esa normatividad. Así, siempre que las compañeras permanentes quisieran demostrar tal calidad en tanto la muerte de su compañero acaeció entre 1978 y 1989, su reconocimiento como beneficiarias de la pensión dependería de cumplir las condiciones establecidas en el Decreto 1045 de 1978. En efecto, la actora considera que la norma se encuentra produciendo efectos jurídicos porque las entidades encargadas del reconocimiento de pensiones la siguen aplicando para determinar los beneficiarios de la prestación cuando el causante murió en vigencia del Decreto 1045 de 1978, es decir, para definir los derechos pensionales de las uniones que se formalizaron en aquella época.

6. En lo relacionado con la pertinencia de un pronunciamiento de constitucionalidad de una norma derogada que continúa produciendo efectos jurídicos son numerosas las sentencias de este Tribunal Constitucional(9): “(...) la derogatoria de la norma enjuiciada no impide a la Corte volver sobre su contenido normativo en los casos en los cuales se predica una vigencia material de la misma, es decir cuando a pesar de su separación del ordenamiento jurídico continúa produciendo efectos hacia el futuro”(10).

En particular, sobre la ultractividad de la ley, en la Sentencia C-774 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, la Corte determinó que era procedente estudiar la constitucionalidad de las normas acusadas del Decreto 2700 de 1991, pese a que estaban derogadas pues, en su concepto, es factible que produzcan o lleguen a producir efectos jurídicos.

Asimismo, en Sentencia C-329 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, este Tribunal advirtió que: “(...) la competencia de la Corte para pronunciarse de fondo sobre una disposición derogada se restringe a aquellos casos en que ésta es aun eficaz, es decir, cuando la disposición, a pesar de estar derogada, sigue siendo susceptible de producir efectos jurídicos”. En consecuencia, se inhibió de proferir un pronunciamiento de fondo en tanto el artículo 24 de la Ley 3.ª de 1986 y el artículo 50 del Decreto 1222 de 1986 demandados se encontraban derogados y no estaban produciendo efectos.

En una sentencia similar, la Corte concluyó que artículo 1043 del Código Civil agotó su capacidad de producir efectos jurídicos a partir de la expedición de la Ley 29 de 1982, sin que resulte posible aplicar retroactivamente la nueva ley, para incluir entre los herederos a personas que no adquirieron tal calidad de conformidad con la ley vigente en el momento de la delación(11).

En el mismo sentido, esta corporación se pronunció en la sentencia C-862 de 2006(12) al establecer que: “En el asunto objeto de examen, se cuestiona la exequibilidad del artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual fue derogado expresamente por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993(13), se podría argumentar entonces, como hacen los intervinientes, que la disposición acusada carece de vigor y por lo tanto la demanda es inepta. No obstante, la Corte Constitucional considera que los enunciados normativos demandados, especialmente el inciso segundo del artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo, continúan produciendo efectos jurídicos respecto de ciertos trabajadores que cumplían las condiciones señaladas en este precepto para tener derecho a la pensión de jubilación”.

Del mismo modo, en la Sentencia C-891A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, a pesar de que la Corte constató que el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 demandado fue derogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y este, a su vez, por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, se pronunció sobre la exequibilidad de la norma en el entendido de que aún producía efectos jurídicos: “(...) de acuerdo con los datos reseñados, esos efectos consisten en que hay empleadores que todavía pagan pensiones restringidas y trabajadores que aún las reciben con fundamento en la Ley 171 de 1961, pues su vínculo laboral no estaba vigente al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 y debido a eso no se produjo el traslado de la pensión a alguna entidad de Seguridad Social”.

Finalmente, la Corte reiterando la tesis de la ultractividad de la ley, en la sentencia C-540 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, precisó, previo al análisis de constitucionalidad, que si bien el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 se encontraba derogado de manera tácita conforme a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, era procedente el análisis de constitucionalidad comoquiera que la mencionada disposición se encontraba produciendo efectos jurídicos. Al respecto puntualizó: “Con todo, si bien es cierto en el caso bajo examen ha operado el fenómeno de la derogatoria tácita, no lo es menos que el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 rige de manera ultractiva y aún produce efectos jurídicos en nuestro ordenamiento. Esto obedece a que, en consideración a la existencia de una multiplicidad de regímenes pensionales anteriores a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, y con el propósito de proteger la expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión en las condiciones particulares de cada régimen, la misma ley, en su artículo 36, previó un régimen de transición”.

Inhibición por carencia actual de objeto

7. La Corte Constitucional ha realizado control de constitucionalidad a normas derogadas siempre que aquellas se encuentren produciendo efectos jurídicos, lo que se conoce como la ultractividad de la ley. En particular, como se concluyó, el artículo 54 del Decreto 1045 de 1978 está derogado por regulación integral de la materia y no se encuentra comprobado que produzca efectos jurídicos respecto de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes cuyo causante murió durante la vigencia del Decreto.

Aunado a lo anterior, este tribunal reitera que ninguna autoridad judicial o administrativa puede aplicar una norma derogada ni otorgar a ésta efectos jurídicos que le son ajenos. La exclusión del ordenamiento jurídico de una norma bien sea de forma expresa, tácita o por regulación integral de la materia, priva a los servidores públicos o a los particulares de invocar su aplicación, salvo las excepciones por ultractividad de la ley.

Finalmente, se ha considerado que: “(...) para adelantar el estudio de constitucionalidad de una norma que ha sido derogada o modificada por voluntad del legislador, se requiere que la misma continúe produciendo efectos jurídicos. De lo contrario, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta innecesario, por carencia actual de objeto. En efecto, esta corporación ha sostenido “que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto” (Sent. C-505/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero)”(14).

En los argumentos presentados para sustentar el cargo no existe acreditación sobre la aplicación del precepto acusado en el sentido propuesto por la demandante en relación con sus supuestos efectos jurídicos, pues en la actualidad el reconocimiento de los beneficiarios de la pensión se realiza con base en la Ley 100 de 1993. Esto, conlleva la carencia actual de objeto, en consecuencia, la Sala se inhibirá de adoptar un pronunciamiento de fondo sobre el cargo planteado por la ciudadana Andrea Alexandra Ortiz Hernández, en razón de la derogatoria del artículo 54 del Decreto 1045 de 1978.

VII. Decisión

En mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de adoptar un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “No se admitirá la calidad de compañera permanente cuando se tenga el estado civil de casado, salvo en los casos de sentencias de separación de cuerpos”, contenida en el artículo 54 del Decreto 1045 de 1978.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(4) Sentencia C-391 de 2001.

(5) El tenor literal del artículo 71 del Código Civil es el siguiente: “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. // Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. // Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. // La derogación de una ley puede ser total o parcial”.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.

(7) Al respecto, es importante advertir que el inciso final, idéntico al demandado, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 8 de julio de 1993, expediente 4583, Magistrada Ponente Clara Forero de Castro.

(8) Ver entre otras, las sentencias C-177 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-1094 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Igualmente, la sentencia C-482 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, resaltó: “(...) esta corporación ha señalado ya en distintas ocasiones que la Corte no puede declararse inhibida para conocer sobre demandas relativas a normas derogadas, en los casos en los que esas normas siguen produciendo efectos en el tiempo. Esa es precisamente la situación que se presenta con el texto legal demandado. Si bien la norma ya ha sido derogada, ella sigue regulando el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes en favor de los compañeros permanentes, en los casos en los que los fallecimientos han acaecido antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993”.

(9) Pueden consultarse, entre otras, las sentencias: C-177 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-763 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentaría; y C-128 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) Sentencia 1066 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) Sentencia C-377 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(12) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(13) En efecto, el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 consigna lo siguiente:

ART. 289.—Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2º de la Ley 4ª de 1966, el artículo 5º de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código de Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o adicionen (negrillas añadidas).

(14) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-558 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias C-745 de 1999, C-1144 2000, C-328 2001, C-1066 2001, C-294 2001 y, más recientemente, C-1067 2008, entre otras.