Sentencia C-897 de octubre 7 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

COMPENSACIÓN EN DINERO DE LAS VACACIONES

NO ES JUSTO QUE SE EXIJA UN MÍNIMO DE TIEMPO LABORADO

Sentencia C-897 de 2003 

Ref.: Expediente D-4411

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demandante: Antonio Eduardo Bohórquez Collazos

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil tres.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 (parcial) del Decreto 2351 de 1965 “Por el cual se hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo”, y el artículo 21 (parcial) del Decreto 1045 de 1978, “Por el cual se fijan reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas, conforme a su publicación en los Diarios Oficiales 31754 de 17 de septiembre de 1965 y 35041 de 23 de junio de 1978, se resalta lo acusado.

“DECRETO 2351 DE 1965

ART. 14.—Compensación en dinero de las vacaciones.

(...).

2. Cuando el Contrato de Trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que esta exceda de seis (6) meses”.

“DECRETO 1045 DE 1978

ART. 21.—Del reconocimiento de vacaciones no causadas en caso de retiro del servicio. Cuando una persona cese en sus funciones faltándole treinta días o menos para cumplir un año de servicio, tendrá derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones como si hubiere trabajado un año completo...”.

(...).

VI. Consideraciones la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la demanda que se estudia.

2. El problema constitucional.

Considera el demandante que los artículos 14, numeral 2º, parcial, del Decreto 2351 de 1965, y 21, parcial, del Decreto 1045 de 1978, vulneran el orden justo y el derecho a la igualdad que consagra la Constitución Política, en tanto exigen el transcurso de una determinada fracción del año para obtener el derecho a recibir la compensación en dinero de las vacaciones, ante la imposibilidad de disfrutar del descanso, bien por la terminación del contrato de trabajo, en el caso de los trabajadores del sector privado, ya por el cese en el ejercicio de sus funciones, cuando se trata de servidores públicos.

Corresponde entonces a esta corporación, establecer si en efecto resulta contrario al ordenamiento superior, exigir el transcurso de seis meses, para el caso de los trabajadores del sector privado (D. 2351/65), o de once meses, para los servidores públicos (D. 1045/78), para obtener el derecho a la compensación en dinero de las vacaciones, cuando no haya sido posible el disfrute de las mismas por terminación del contrato de trabajo o por el cese en sus funciones, según sea el caso. Así lo hará la Corte en esta sentencia, por cuanto pese a que el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965 fue modificado por el artículo 27 de la Ley 789 de 2002, que redujo el término allí establecido a tres meses, la norma anterior puede estar produciendo efectos jurídicos.

3. Cosa juzgada relativa.

El artículo 21 del Decreto 1045 de 1978, fue objeto de control constitucional por parte de esta corporación, mediante Sentencia C-598 de 1997, en la cual se declaró la exequibilidad de esa disposición, pero únicamente por el cargo analizado en esa sentencia.

En esa oportunidad, se adujo por parte de la ciudadana demandante la existencia de una discriminación legal en materia de compensación de vacaciones, de los servidores públicos respecto de los trabajadores particulares, pues sin existir una causa justificada, la ley diferencia entre seis meses para el empleado particular y más de diez meses para el servidor público, como requisito para tener derecho al reconocimiento y pago de las vacaciones.

La Corte Constitucional, en la citada sentencia consideró que en principio la diferencia entre patrono público y privado no justifica que se establezca una diversidad de trato en materia de compensación de vacaciones entre distintos trabajadores “pues el criterio relevante es el tiempo trabajado sin que el empleado haya gozado del descanso remunerado”. No obstante, declaró la exequibilidad del artículo referido, porque consideró imposible efectuar un examen de igualdad sobre prestaciones aisladas como las vacaciones y su compensación, como quiera que hacen parte de un régimen prestacional general que es distinto entre servidores públicos y trabajadores privados.

Expresó al respecto la Corte que:

“Así las cosas, la Corte concluye que el cargo del actor no está llamado a prosperar, por cuanto no es posible efectuar el examen de igualdad, ya que el demandante se limitó a atacar un aspecto de una prestación aislada, y no puede la Corte proceder a realizar oficiosamente un estudio general de la igualdad del sistema prestacional previsto por los regímenes. Por tal razón, la norma será declarada exequible. Sin embargo, como es posible que una acusación sistemática de distintas normas permita demostrar que efectivamente existe una discriminación prestacional contra los servidores públicos, o que aparezcan otros motivos de inconstitucionalidad de la norma acusada, la Corte considera que en este caso resulta necesario limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional, a fin de precisar que esta es relativa, por cuanto la norma es exequible pero únicamente por cuanto no prospera el cargo del actor estudiado en la sentencia” (1) .

(1) Sentencia C-598 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

De lo anterior se colige que la sentencia aludida no incide en el análisis que le corresponde realizar a la Corte en esta oportunidad, por cuanto el cargo que se plantea en la presente demanda, se refiere a la diferencia de trato que establece el legislador en las normas acusadas al exigir el transcurso de determinada fracción de año para tener derecho a la compensación de las vacaciones, desconociendo la protección constitucional que se reconoce a cualquier “porción de descanso o en su defecto porción de compensación”, que resulte inferior a los términos que exigen las disposiciones acusadas.

4. Naturaleza jurídica de las vacaciones, su compensación en dinero. Análisis del cargo contra las normas acusadas.

4.1. El artículo 53 de la Constitución Política, contempla como una de las garantías fundamentales de los trabajadores, el derecho al descanso. Una de las formas lo constituyen las vacaciones, cuya finalidad esencial es que quien vende su fuerza laboral, recupere las energías que gasta en la actividad diaria que desarrolla y de esa manera se preserve su capacidad de trabajo lo cual resulta indispensable, como quiera que se trata por lo general del único medio de subsistencia de las personas.

La legislación laboral consagra el derecho a las vacaciones de todos los trabajadores, independientemente del sector al cual presten sus servicios. Así, el Código Sustantivo del Trabajo, dispone en su artículo 186 que los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año, tendrán derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Por su parte, el Decreto 3135 de 1968, en el artículo 8º, dispone que los empleados públicos o trabajadores oficiales, tendrán derecho a quince días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. Se tiene entonces que salvo las excepciones que consagre la ley, respecto de trabajadores que laboren en actividades insalubres o peligrosas, la regla general es un período de quince días hábiles de vacaciones, sin que ellas puedan ser compensadas en dinero, pues su finalidad, como se señaló, es que el trabajador recupere sus energías y proteja su salud física y mental, lo que facilitará el desarrollo de su labor con más eficiencia, así como la realización de otras actividades que le permitan su desarrollo integral como ser humano ( Guillermo González Charry. Derecho Laboral Colombiano. Domingo Campos Rivera. Derecho Laboral Colombiano. 2).

(2) Guillermo González Charry. Derecho Laboral Colombiano. Domingo Campos Rivera. Derecho Laboral Colombiano.

4.2. Las vacaciones, según su finalidad no pueden ser compensadas en dinero. Así lo dispone el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, al establecer la prohibición de compensar en dinero las vacaciones. Con todo, la norma mencionada establece unas excepciones a la regla general, a saber: salvo que el Ministerio de Trabajo (ahora de Protección Social), autorice su pago en dinero hasta la mitad de ellas “en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria”, y cuando el contrato de trabajo se termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de sus vacaciones, las cuales le podrán ser compensadas en dinero “por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que esta exceda de seis (6) meses”.

De otro lado, el Decreto 1045 de 1978, dispone en el artículo 20 que las vacaciones solamente podrán ser compensadas en dinero cuando para evitar perjuicios en el servicio público, el jefe del organismo así lo considere pertinente, caso en el cual “sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año”, o cuando el empleado público o el trabajador oficial quede retirado en forma definitiva del servicio, sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces. En este último evento, el artículo 21 de ese decreto, establece que cuando una persona “cese en sus funciones faltándole treinta días o menos para cumplir un año de servicio, tendrá derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones como si hubiere trabajado un año completo”.

4.3. Una vez determinada la naturaleza jurídica de las vacaciones y la posibilidad de su compensación en dinero, en los casos establecidos por la ley, entra la Corte al estudio de la violación del derecho a la igualdad y a un orden justo, que alega el ciudadano demandante, en tanto se condiciona al término de seis y de once meses de labores la compensación en dinero de las vacaciones en caso de retiro de los trabajadores particulares y de los servidores públicos respectivamente, sin que hubieran disfrutado del descanso respectivo, circunstancia que impone una discriminación injustificada entre quienes deben recibir trato igualitario en tanto prestadores de un servicio.

El problema que se plantea en la demanda, surge entonces con los períodos laborados por el trabajador a la terminación del contrato de trabajo o del cese en el ejercicio de sus funciones, pero que no alcanzan la fracción de tiempo por año que exigen las normas acusadas para que las vacaciones sean compensadas en dinero en forma proporcional, esto es, seis meses para los trabajadores del sector privado y once para los servidores públicos. El criterio de comparación —tertium comparationis— en este caso, es el tiempo de servicio efectivamente laborado por el trabajador o servidor público, pues se trata de un factor objetivo relevante jurídicamente, puesto que el derecho al descanso remunerado o su compensación monetaria se origina precisamente en el trabajo realizado.

En el asunto sub iudice, el demandante plantea una discriminación injustificada de los trabajadores o de los servidores públicos, sin tener en cuenta el régimen establecido para unos o para otros, pues, a su juicio, la misma se origina en el hecho de que la ley establezca fracciones de tiempo por año de servicio para acceder a la compensación de las vacaciones en dinero, en los eventos señalados en las normas acusadas, desconociendo períodos de tiempo también laborados que se quedarían sin el reconocimiento a la “porción de descanso” o “porción de compensación”, por tratarse de fracciones de tiempo inferiores a las que establecen las disposiciones que se demandan.

4.4. El artículo 25 de la Constitución Política dispone que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de la especial protección del Estado, y que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por su parte, el artículo 53 superior consagra una cláusula específica de igualdad en materia laboral, al establecer “la igualdad de oportunidades para los trabajadores”, y establece la regla de “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad de trabajo”. Siendo ello así, los trabajadores o servidores públicos, independientemente del régimen laboral que les sea aplicado, gozan de plenas garantías constitucionales, así como de la especial protección del Estado, sin que pueda el legislador restringir los principios constitucionales fundamentales del derecho al trabajo, como los acabados de citar, a pesar de gozar de una amplia libertad de configuración normativa, pues también se encuentra sujeto a los derechos, principios y valores que consagra la Constitución Política.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las normas acusadas podrían afectar el goce de derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores o servidores públicos, corresponde a la Corte determinar si resulta razonable y proporcionado que se exija el trascurso de determinada fracción de tiempo para que ellos adquieran el derecho a la compensación en dinero de las vacaciones, cuando no pueden disfrutar del descanso remunerado por terminación del contrato laboral o el cese en el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta que se trata de un derecho que se adquiere por el simple transcurso del tiempo laborado.

El Decreto 2351 de 1965, fue expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confería el artículo 121 de la Constitución Nacional. Por su parte, el Decreto 1045 de 1978, fue dictado por el Presidente de la República con base en facultades extraordinarias que le confirió la ley habilitante, a saber, la Ley 5 de 1978. Significa lo anterior que las normas cuestionadas no fueron expedidas por el Congreso de la República directamente, en una deliberación amplia y democrática, sino con fundamento en facultades extraordinarias conferidas al ejecutivo, el primero de los citados, en vigencia del estado de sitio, y el segundo a través de la atribución expresa del legislador. Ello no implica que por tratarse de normas preconstitucionales su constitucionalidad a la luz de la Carta Política de 1991 se encuentre comprometida per se, pero sí conlleva a que el análisis de constitucionalidad deba ser realizado con más rigor, porque se trata de la posible afectación de los derechos de trabajadores (3 Guillermo González Charry. Derecho Laboral Colombiano. Domingo Campos Rivera. Derecho Laboral Colombiano. ).

(3) Cfr. C-445 de 1995, C-093 de 2001, C-673 de 2001.

4.5. El artículo 14, numeral 2º, del Decreto 2351 de 1965, aplicable a los trabajadores privados, establece que a la terminación del contrato de trabajo sin que el trabajador hubiere disfrutado de las vacaciones, procederá la compensación de las mismas en dinero por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, “siempre que esta exceda de seis meses”. Significa lo anterior que adquirido el derecho del trabajador al descanso remunerado por haber cumplido el año de servicio, puede suceder que acumule las vacaciones y que su relación laboral finalice antes de que se cumpla la fracción de tiempo de seis meses para que las vacaciones por el segundo período le puedan ser compensadas en dinero. A manera de ejemplo, si un trabajador labora dieciocho meses, tendría derecho a quince días de salario por el primer año y, lo correspondiente por los seis meses laborados; pero si se termina su contrato de trabajo a los diecisiete meses o diecisiete meses y veinte días, no alcanzaría la fracción de seis meses que exige la norma para la compensación en dinero por esa porción de año, que es justamente lo que se le reprocha a la norma acusada, pues quedaría un período de tiempo laborado sin que el trabajador reciba por el mismo ninguna contraprestación.

Es claro para la Corte, que el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965 tiene como supuesto fáctico para autorizar la compensación en dinero de las vacaciones, la terminación del contrato de trabajo sin que el trabajador las hubiere disfrutado, caso en el cual procederá tal compensación por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que esta exceda de seis meses, lo que significa que las vacaciones se causan a medida que transcurre el tiempo de servicio, pero se establece un mínimo de tiempo para que surja el derecho a su compensación dineraria.

Para esta corporación, la medida usada por el legislador extraordinario en ejercicio de las facultades que le confería el artículo 121 de la Constitución de 1886, desconoce el orden justo que se proclama desde el Preámbulo de la Constitución de 1991, la especial protección al trabajo, así como la igualdad de oportunidades para los trabajadores y el derecho a que su remuneración sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo (C.P. art. 53), pues se trata de un derecho que se causa con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resulta razonable ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado. Lo justo, en el presente caso, desde el punto de vista constitucional, es que al trabajador que se le termina su contrato de trabajo sin que hubiere disfrutado las vacaciones, estas le sean compensadas en dinero por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año laborado. Por esa razón, la Corte considera que la expresión “siempre que esta exceda de seis meses”, carece de justificación constitucional y por tanto, será retirada del ordenamiento jurídico.

4.6. El mismo razonamiento acabado de exponer en relación con el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965, resultaría aplicable para justificar la inconstitucionalidad de la expresión acusada del artículo 21 del Decreto 1045 de 1978, si de la lectura de la norma resulta que el servidor público sin haber disfrutado de las vacaciones causadas, acumula las vacaciones, pero cesa en el ejercicio de sus funciones sin haber laborado once meses del año correspondiente al segundo período, pues sólo tendría derecho al pago de quince días de salario por el primer año, pero el otro período de tiempo laborado lo perdería por no alcanzar los once meses aludidos, evento en el cual la norma resulta absolutamente desproporcionada y violatoria de los derechos de los empleados públicos o trabajadores oficiales.

Con todo, a juicio de la Corte, la norma acusada admite otra interpretación que se ajusta a los postulados que orientan la Constitución Política. En efecto, el artículo 21 del Decreto 1045 de 1978, se refiere al reconocimiento de las vacaciones no causadas en caso de retiro del servicio, y establece que el servidor público que cese en el ejercicio de sus funciones faltándole treinta días o menos para completar el año de servicio, tendrá derecho al reconocimiento pleno de sus vacaciones como si hubiere laborado un año completo. Es decir, si el servidor público no alcanza el año de servicios para tener derecho a quince días de vacaciones como lo exige el artículo 8º del Decreto 3135 de 1968, la ley le concede un “término de gracia de un mes” (4 Guillermo González Charry. Derecho Laboral Colombiano. Domingo Campos Rivera. Derecho Laboral Colombiano. ), para que le sean compensadas en dinero sus vacaciones en forma completa. Quiere ello decir que el empleado que trabaje once meses tiene derecho al pago total de las vacaciones como si hubiera laborado un año completo.

(4) Sentencia C-598 de 1997.

Así las cosas, el artículo 21 del Decreto 1045 de 1978, no contraría el ordenamiento superior, en el entendido que la fracción de tiempo que exige la norma, se da a favor del servidor público para el caso del cese en el ejercicio de sus funciones sin que hubiere alcanzado a causar las vacaciones por año cumplido. En caso contrario, bajo la otra hipótesis planteada, esto es, cuando el empleado haya acumulado períodos de vacaciones en los términos permitidos en la ley, el segundo período le será reconocido proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado. Sólo en esos términos la norma acusada resulta ajustada a la Constitución Política.

VII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “siempre que esta exceda de seis (6) meses”, contenida en el artículo 14, numeral 2, del Decreto Legislativo 2351 de 1965.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 21 del Decreto-Ley 1045 de 1978, en el entendido que la fracción de tiempo que exige la norma, se da a favor del servidor público para el caso del cese en el ejercicio de sus funciones sin que hubiere alcanzado a causar las vacaciones por año cumplido. En caso contrario, es decir, cuando el empleado haya acumulado períodos de vacaciones en los términos permitidos en la ley, el segundo período le será reconocido proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

NOTA: La sentencia C-897 fue notificada por edicto Nº 257, fijado el 28 de octubre de 2003 y desfijado el 30 de octubre siguiente (N. del D.).

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