Sentencia C-901 de octubre 7 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-901 de 2003 

Ref.: Expediente D-4563

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Actores: Oswaldo Hernán Suárez Sánchez y Marco Andrei Guacaneme Boada.

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2º del artículo 625 (parcial) del Código de Procedimiento Civil (modificado por D. 2282/89, art. 1º, num. 336).

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el artículo acusado, conforme a su publicación en el Diario Oficial 39.013 de octubre 7 de 1989, subrayando el aparte demandado conforme fue aclarado por los actores al subsanar la demanda:

“Modificaciones al Código de Procedimiento Civil

Decreto 2282 de 1989 

(Octubre 7)

ART. 1º.

(...)

336. El artículo 626 (sic), quedará así:

Liquidación a causa de sentencia de jueces eclesiásticos. Cualquiera de los cónyuges podrá pedir la liquidación de la sociedad conyugal disuelta a causa de sentencia eclesiástica, si acompaña copia auténtica de la misma, y el certificado de matrimonio con la constancia de haberse tomado nota de ella.

Para la liquidación se aplicarán las siguientes reglas:

2. El demandado sólo podrá proponer las excepciones distintas de las previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97. También podrá proponer como excepción previa la cosa juzgada, y que el matrimonio no estuvo sujeto al régimen de comunidad de bienes.

(...)”.

Sobre el texto acusado, destaca la Sala que el Decreto 2282 de 1989, al proponer en el numeral 336 de su artículo 1º la modificación al artículo 625 del Código de Procedimiento Civil (D. 1400/70), se refirió a este último como artículo 626, señalando: “El artículo 626, quedará así”. Entiende la Corte que se trata de un desafortunado error de trascripción, ya que, tanto el texto correspondiente a la versión original del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil (D. 1400/70), como el texto modificatorio propuesto por el numeral 336 del Decreto reformatorio 2282 de 1989, están regulando la misma materia: el proceso de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia eclesiástica.

Así las cosas, no obstante el equívoco anunciado, se precisa que el numeral 336 del artículo 1º del referido Decreto 2282 de 1989 en realidad modificó el artículo 625 del Código de Procedimiento Civil objeto del presente juicio, y bajo ese entendimiento se surtirá el siguiente pronunciamiento.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra una norma que hace parte de un decreto con fuerza de ley, dictado por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, corresponde a esta corporación adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad, tal como lo dispone el numeral 5º del artículo 241 de la Carta Política.

2. Problema jurídico.

2.1. Conforme se expresó en el acápite de antecedentes, los actores solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte acusado del numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue reformado por el numeral 336 del artículo 1º del Decreto-Ley 2282 de 1989. Según su parecer, dentro de una interpretación literal, dicha norma desconoce los derechos al debido proceso y a la igualdad, al prever que en los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia de jueces eclesiásticos, sólo pueden proponerse las excepciones previas contenidas en los numerales 3º, 8º, 9º, 11 y 12 del artículo 97 del estatuto procesal civil, y en ningún caso las reguladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del mismo ordenamiento.

Consideran que se viola el debido proceso, en cuanto la norma está impidiendo a los demandados asumir apropiadamente su defensa, ya que las excepciones previas que autoriza promover no son procedentes en ese tipo de actuaciones. En cuanto a la igualdad, entienden, que se afecta, porque a diferencia de lo que ocurre en los procesos de liquidación por sentencia eclesiástica, en los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia de juez civil sí es posible la promoción de todas las excepciones previas contenidas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, creándose una diferencia injustificada que depende de la naturaleza de la decisión adoptada —eclesiástica o civil—.

2.2. Algunos de lo intervinientes, entre los que se cuentan los representantes del Misterio del Interior y de Justicia y del Ministerio Público, si bien comparten la interpretación que del texto acusado hace el demandante, en el sentido de considerar que el mismo fija una restricción al ejercicio de las excepciones previas, discrepan sobre su posible inconstitucionalidad por considerar que el legislador goza de un amplio margen de libertad de configuración política para regular las formas procesales; libertad que, para el caso del dispositivo acusado, es ejercida en forma razonable y proporcional permitiendo que el derecho a la defensa de los demandados se haga efectivo a través de la interposición de las excepciones contenidas en los numerales 3º, 8º, 9º, 11 y 12 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Frente a la violación del principio de igualdad, coinciden en sostener que no existe término de comparación para adelantar el respectivo test, toda vez que el proceso de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia de juez civil no es un proceso autónomo, sino la continuación de aquél que ordenó la disolución de la sociedad, por lo que en el mismo no es posible la formulación de excepciones previas.

Otros intervinientes, por el contrario, sostienen que el verdadero sentido de la norma impugnada no es el que se desprende de su tenor literal. Con respaldo en la doctrina especializada, afirman que el objetivo de la reforma propuesta por el Decreto 2282 de 1989 fue el de permitir que en los procesos de liquidación de sociedad conyugal por causa de sentencia eclesiástica se pudieran proponer las excepciones previas contenidas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil; razón por la cual, una lectura distinta del precepto en cuestión es tan solo producto de un error gramatical que no interpreta el querer del legislador extraordinario de la época.

2.3. De acuerdo con el contenido de la demanda y de lo expresado por los distintos intervinientes, son varias las lecturas que se hacen del numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil. Los seguidores de una interpretación literal, sostienen que la norma, al regular los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia eclesiástica, sólo está permitiendo que se propongan las excepciones previas contenidas en los numerales 3º, 8º, 9º, 11 y 12 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En oposición a lo anterior, quienes propugnan por una interpretación histórica, sistemática y racional, consideran que el precepto impugnado prevé una solución distinta, y es que en dichos procesos son admisibles las excepciones previas contenidas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil.

2.4. La indeterminación jurídica existente, le impone a la Corte la necesidad de entrar a definir, inicialmente, (i) cuál es el verdadero sentido y alcance de la norma impugnada. Una vez precisado el significado normativo, para determinar si hay lugar a adelantar el juicio de constitucionalidad, le corresponde a este tribuna] (ii) precisar si los cargos que se formulan contra la norma son compatibles con su contenido real. Superado lo anterior, el asunto de fondo a resolver es, (iii) si el numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil viola las garantías constitucionales de igualdad y debido proceso, por el hecho de restringir el ámbito de formulación de excepciones previas en los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia eclesiástica.

3. La interpretación legal en el juicio de inconstitucionalidad y la incidencia del derecho viviente.

3.1. A pesar de que, en principio, la jurisprudencia de esta corporación sostiene que no le compete al juez constitucional entrar a establecer cuál interpretación sobre una norma legal es la que resulta vinculante y oponible a terceros, también ha considerado que en situaciones especiales, cuando el precepto acusado ofrece distintas alternativas de aplicación y alguna de ellas es cuestionada por contrariar la Carta Política, es necesario que la Corte proceda a “delimitar el marco de posibilidades razonables de interpretación sobre [la] norma, para poder realizar adecuadamente el juicio de constitucionalidad” (1) .

(1) Sentencia C-415 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

Teniendo en cuenta que el proceso de inconstitucionalidad se lleva a cabo a partir de la confrontación objetiva y racional entre el texto legal impugnado y el Estatuto Fundamental, precisar el contenido de la norma objeto de juzgamiento cuando existe duda, resulta ser determinante a la hora de evaluar si en realidad la misma desconoce o vulnera alguno de los mandatos superiores que le sirven de sustento. Por este aspecto, el conocimiento que se tenga en torno a lo que constituye su ámbito de aplicación termina siendo ‘consustancial’ al juicio de exequibilidad y, de contera, se convierte en una laboral primordial a desarrollar por parte del órgano de control. Sobre el particular, ha dicho la jurisprudencia constitucional:

“No puede entonces la Corte Constitucional, como regla general, establecer cuál es el sentido autorizado de las normas legales. Sin embargo, el anterior principio se ve matizado por los siguientes dos elementos que provocan una constante interpenetración de los asuntos legales y constitucionales. De un lado, es obvio que un proceso de control de constitucionalidad implica siempre un juicio relacional que busca determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales. Este juicio no es entonces posible si no se establece previamente el significado de la norma legal. Ningún tribunal constitucional puede entonces eludir la interpretación de las normas legales. De otro lado, la Constitución es norma de normas y constituye la base de todo el ordenamiento positivo (C.P., art. 4º), por lo cual los jueces ordinarios están también sometidos al imperio de la Constitución. Esto significa que los jueces ordinarios tampoco pueden dejar de lado la interpretación de las normas constitucionales al ejercer sus funciones” (Sent. C-496/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Por lo anterior, en todos aquellos casos en que el precepto sometido a estudio ofrezca dudas acerca de su verdadera comprensión, la Corte, previo al análisis de constitucionalidad, debe entrar a determinar el alcance que éste tiene dentro del sistema jurídico imperante. En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, entre otras, en las sentencias C-109 de 1995, C-389 de 1996, C-488 de 2000, C-1255 de 2001, C-415 y C-426 de 2002.

3.2. Ahora bien, tal y como lo ha precisado la Corte al referirse a la doctrina del llamado “derecho viviente” (2) , cuando un texto legal sea objeto de diversas interpretaciones, y alguna de ellas resulte cuestionada por su aparente oposición a los mandatos constitucionales, para los efectos de establecer su verdadera concepción jurídica y su sentido racional y lógico —a la luz de los acontecimientos y transformaciones sociales—, debe tenerse en cuenta la interpretación que de la misma hayan hecho la jurisprudencia y la doctrina especializada. Según este tribunal, en la medida en que la referida interpretación jurisprudencial y doctrinal configure “una orientación dominante bien establecida” (3) , surge para el juez constitucional el deber jurídico de asumirla como criterio válido de la regla de derecho que se extrae del texto legal cuestionado, a menos que la misma resulte arbitraria e irrazonable y del todo incompatible con la Carta Política (4) .

(2) En la Sentencia C-557 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte hace una clara exposición sobre la doctrina del derecho viviente y el papel preponderante que para la misma tiene la jurisprudencia y la doctrina especializada.

(3) Sentencia ibídem.

(4) Cfr. la Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

3.3. En torno a este punto, viene sosteniendo la corporación que aun cuando el control constitucional de las leyes no se genera a partir de una concepción casuística o de la simple aplicación a situaciones particulares y concretas, es incuestionable que, para efectos de fijar la concordancia de los contenidos normativos acusados con la totalidad del ordenamiento superior, resulta relevante tener en cuenta tanto el medio social y político que justificaron el nacimiento o surgimiento de la norma al mundo jurídico, como el contexto real dentro del cual viene siendo aplicada e interpretada. Para el cumplimiento de estos objetivos, termina siendo determinante la actividad de los jueces y doctrinantes, quienes en el ejercicio del derecho, en la actividad académica y en la judicatura, “han interpretado los conceptos técnicos que ella [la norma] contiene y (...) los han aplicado a casos concretos” (5) .

(5) Sentencia C-557 de 2001.

Reconocerle valor jurídico al derecho viviente dentro del juicio de inconstitucionalidad de las leyes, esto es, a la labor interpretativa que de las normas realizan la jurisprudencia y la doctrina, y que determina su margen de aplicación en el contexto social, constituye una garantía de imparcialidad, efectividad y seguridad del juicio, ya que le permite a éste establecer con claridad cuál es el verdadero alcance de la norma examinada, tomando conciencia clara de la regla de derecho que va a ser confrontada con la Constitución Política. Ello, bajo la consideración de que el control de constitucionalidad está llamado a cumplirse sobre el texto de la norma demandada que se encuentra produciendo efectos jurídicos y que es oponible a los destinatarios de la ley, y en ningún caso sobre aquellos contenidos que carecen de eficacia y que son del todo intrascendentes en el mundo del derecho (6) .

(6) Sentencia C-426 de 2002.

Siguiendo el criterio hermenéutico fijado por la jurisprudencia de esta corporación:

“[e]l cumplimiento efectivo de la misión institucional que le ha sido confiada a la Corte Constitucional como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, requiere que ésta se pronuncie sobre el sentido real de las normas controladas, no sobre su significado hipotético. De lo contrario, podría declarar exequible una norma cuyos alcances y efectos son incompatibles con la Constitución, lo cual haría inocuo el control. En el mismo sentido, al suponer un determinado sentido hipotético de la norma en cuestión, podría declarar inexequibles disposiciones cuyo significado viviente es compatible con la Carta, lo cual representaría un ejercicio inadecuado de sus funciones” (7) .

(7) Sentencia ibídem.

3.4. No obstante lo anterior, debe aclarar la Corte que una decisión judicial de los órganos que tienen asignada la función de interpretar con autoridad la ley, o la simple opinión que de ella exprese un tratadista, no constituyen por sí mismas derecho viviente con incidencia en el proceso constitucional. Para que la jurisprudencia y la doctrina adquieran ese carácter, es necesario que se cumplan ciertas exigencias o requisitos. De acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-557 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), seguida por la Sentencia C-426 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), puede considerarse que constituye derecho viviente la interpretación jurisprudencial y doctrinal: (i) que sea consistente, aun cuando no sea idéntica y uniforme, y salvo que resulte abiertamente contradictoria, caso en el cual no puede hablarse de una regla normativa generalmente acogida; (ii) que esté plenamente consolidadao afianzada, como se mencionó, una sola opinión doctrinal o una decisión judicial de los órganos de cierre de la respectiva jurisdicción —Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado—, no alcanza a conformar un criterio dominante de interpretación; y que sea relevante, o significativa, en cuanto permita señalar el verdadero espíritu de la norma o determinar sus alcances y efectos.

En el caso especifico de la doctrina, lo dijo esta Sala (8) , su valor en el campo del derecho viviente esta también condicionado a un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo. Frente al aspecto cuantitativo, se requiere que sean varios los tratadistas, que exista concordancia entre las opiniones vertidas sobre la materia tratada en la ley, y que la opinión sea lo suficientemente conocida. Y respecto del elemento cualitativo, la autoridad e importancia académica del tratadista le reconoce a éste una distinción especial, que en suma, se traduce en una mayor aceptación de la interpretación que le haya dado a la ley en discusión.

(8) Cfr. Sentencia C-557 de 2001.

Sobre la jurisprudencia, se ha dicho que la producida por los órganos judiciales que se encuentran en la cúspide la respectiva jurisdicción, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria (C.P., art. 234) y el Consejo de Estado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo (C.P., art. 237-1), en cuanto cumplen la función de unificar los criterios hermenéuticos y de aplicación de las normas que integran el ordenamiento, resulta ser un referente de gran autoridad para evaluar con mayor precisión el alcance de las disposiciones sometidas al juicio de constitucionalidad. Es evidente que al acoger sus criterios, el órgano de control no sólo está reconociendo la importancia que tiene para el derecho la labor interpretativa y de unificación asignada a los organismos de cierre de las distintas jurisdicciones, sino además, rescatando el verdadero significado de la norma, esto es, su significado viviente o el que surge de su aplicación.

Cabe destacar, que en los eventos en que no existan precedentes jurisprudenciales respecto de aquellas disposiciones cuyo verdadero sentido y alcance está en discusión, la Corte Constitucional “tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados” (9) , como lo es la doctrina especializada a la que se ha hecho expresa referencia, a través de la cual, de igual manera, se logra descifrar el significado viviente del precepto acusado.

(9) Sentencia ibídem.

3.6. En relación con esto último, no sobra recordar que la labor de interpretación que cumplen la jurisprudencia y la doctrina, y que ha dado lugar al llamado ‘derecho viviente’, en ningún caso compromete la autonomía del juez constitucional. De acuerdo con lo manifestado por esta corporación, en la medida en que la labor de los jueces y tratadistas se cumple en el ámbito estrictamente legal, nada impide que sea el propio órgano de control constitucional quien en forma libre y autónoma, en ejercicio de sus competencias y para efectos de afrontar el juicio de constitucionalidad, evalúe la labor hermenéutica y tome la decisión de acoger o rechazar la interpretación que se haya hecho de la respectiva norma acusada.

3.6. Los lineamientos expuestos en este punto, son suficientes para entrar a establecer si la interpretación que hace el demandante del aparte normativo impugnado responde a su sentido natural y obvio, y si es consecuente con el significado dado por el derecho viviente.

4. El sentido y alcance la norma impugnada

4.1. Como es sabido, en concordancia con las disposiciones del Código Civil (C.C.) que se ocupan de la materia, a través del trámite de los procesos declarativos verbales y de liquidación, el Código de Procedimiento Civil (CPC), en sus títulos XXIII y XXX, regula todo lo concerniente a los juicios de disolución y liquidación de la sociedad conyugal.

4.2. Siguiendo el criterio doctrinal más generalizado, por disolución de la sociedad conyugal se entiende la decisión que adopta la ley, el juez —civil o religioso— o los propios cónyuges, en el sentido de dar por terminada la existencia de la sociedad conyugal. Por su parte, la liquidación busca establecer qué bienes hacen parte de la sociedad conyugal, cuáles son los pasivos que la gravan y cómo deben repartirse los excedentes; excedentes que, por disposición del numeral 5º del artículo 1820 del Código Civil y de los artículos 625 y 626 del Código de Procedimiento Civil, se pueden liquidar, o bien por escritura pública —cuando existe común acuerdo—, o bien por vía judicial —en los casos en que se presente desacuerdo entre los cónyuges—.

Respecto de la disolución, habrá de señalarse que el artículo 1820 del Código Civil, reformado por el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976, dispone que la sociedad conyugal se disuelve: (i) por la disolución del matrimonio, que se produce como consecuencia de la muerte de uno de los cónyuges, el divorcio y la nulidad del matrimonio; (ii) por la separación judicial de cuerpos, a menos que tenga carácter temporal y los cónyuges manifiesten su voluntad de mantenerla; (iii) por la sentencia de separación de bienes; y (iv) por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevando el acuerdo a escritura pública en la que se incorpore el inventario de bienes y deudas sociales con la respectiva liquidación. Esta última causal aplica cuando la liquidación de la sociedad haya tenido lugar por cualquiera de las causales de disolución distinta de la muerte, ya que en este evento la aludida liquidación sólo procede a través del proceso de sucesión.

4.3. Dependiendo del origen o naturaleza jurídica de la sentencia que ordena disolver la sociedad conyugal —civil o religiosa—, para efectos de su liquidación contenciosa, los artículos 625 y 626 del Código de Procedimiento Civil prevén dos tipos de actuaciones que sólo difieren en la parte inicial del proceso, y, concretamente, en lo referente a la presentación de la demanda y a la promoción de excepciones previas. Así, cuando la sentencia es dictada por una autoridad religiosa, en la medida que dichas autoridades carecen de jurisdicción para definir sobre la liquidación de la sociedad, las partes deben proceder a homologar la sentencia ante los jueces de familia (L. 25/92, art. 4º), para luego presentar la respectiva demanda liquidatoria también ante el juzgado de familia —reparto—, de la cual se correrá traslado al demandado quien podrá proponer las excepciones autorizadas por ley si considera que hay lugar a ello. En estos casos, lo ha expresado la jurisprudencia y la doctrina, la liquidación se tramita como un proceso autónomo, ya que la disolución de la sociedad se ha producido por orden de una autoridad distinta como es la religiosa.

Por el contrario, cuando la sentencia de disolución es proferida por un juez ordinario de la jurisdicción de familia, no cabe presentar demanda de liquidación ni formular excepciones, pues el trámite de liquidación se adelanta a continuación del fallo que disolvió la sociedad conyugal y dentro del mismo expediente. Bajo esta hipótesis, la liquidación no llega a constituir un proceso independiente y autónomo, sino una actuación subsidiaria o una segunda parte del proceso que ordenó la disolución de la sociedad conyugal.

4.4. Descendiendo a la norma objeto de análisis, el artículo 625 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por el numeral 336 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, está regulando, precisamente, lo referente al proceso de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia de jueces eclesiásticos (10) , facultando a cualquiera de los cónyuges para iniciar la actuación mediante la presentación de la demanda, siempre y cuando acompañen copia auténtica de la providencia que ordenó la disolución del vínculo y el certificado de matrimonio con la constancia de haberse tomado nota de ella.

(10) El artículo 42 de la Constitución Política, al disponer que: “Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley”, extendió los efectos civiles a los matrimonios celebrados por cualquier credo religioso. De acuerdo con este mandato, el artículo 1º de la Ley 25 de 1992, “Por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia”, adicionó el artículo 115 del Código Civil al disponer que “Tendrán efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano”. Valga destacar que hasta la fecha, los efectos jurídicos se reconocen: (i) al matrimonio católico, por virtud del concordato suscrito entre la Santa Sede y el gobierno colombiano el 12 de julio de 1973 e incorporado al derecho interno a través de la Ley 20 de 1974. Igualmente (ii) al matrimonio cristiano no católico, mediante el convenio de derecho público interno firmado entre ciertas entidades cristianas y el Estado colombiano el día 2 de diciembre de 1997, a su vez aprobado por el Decreto 354 de 1998.

Al referirse a las reglas que son aplicables al trámite liquidatorio, en el numeral 1º se ordena el traslado de la demanda al otro cónyuge por tres días, a menos que la misma haya sido presentada de consuno. En el numeral 2º, en lo que constituye la parte acusada, se dispone que: “El demandado sólo podrá proponer las excepciones distintas de las previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97”. Aclarando seguidamente que también pueden proponerse como previas la cosa juzgada, y que el matrimonio no estuvo sujeto al régimen de comunidad de bienes.

4.5. Frente a la posibilidad reconocida al demandado para proponer excepciones previas, una interpretación literal y exegética de la norma acusada permite concluir, en plena concordancia con el actor, que en esta clase de procesos no podrían promoverse las excepciones previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil; pero que en cambió, sí resultarían procedentes las contenidas en los numerales 3º, 8º, 9º, 11 y 12 de la última norma citada. Ciertamente, la lectura de la expresión “El demandado sólo podrá proponer las excepciones distintas de las previas contempladas en”, no deja duda acerca de la exclusión del primer grupo de excepciones y de la posibilidad de acudir sólo a aquellas que no fueron expresamente citadas por el texto, que para el caso son las pertenecientes al segundo grupo.

En este sentido, siguiendo el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 1º numeral 46 del Decreto 2289 de 1989, en los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia religiosa, no cabría proponer las excepciones previas de: falta de jurisdicción (num. 1º), falta de competencia (num. 2º), inexistencia del demandante o demandado (num. 4º), incapacidad o indebida representación de las partes (num. 5º), no haberse presentado prueba de la calidad de cónyuge (num. 6º), ineptitud de la demanda (num. 7º) y pleito pendiente (num. 10). Por el contrario, para dicha actuación quedaría abierta la posibilidad de interponer las restantes de: compromiso o cláusula compromisoria (num. 3º), habérsele dado a la demanda trámite de proceso diferente (num. 8º), no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios (num. 9º), no haberse citado a otras personas que la ley dispone (num. 11) y haberse notificado la demanda a persona distinta de la demandada (num. 12).

Así entendido, el precepto impugnado podría vulnerar los derechos de igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, no sólo porque priva al demandado de la opción de proponer excepciones previas que son apropiadas a la generalidad de procesos y a los de liquidación de sociedad conyugal en particular, como es el caso de la falta de jurisdicción, falta de competencia y no haberse presentado prueba de la calidad de cónyuge; sino además, por cuanto la defensa de aquél quedaría reducida a la formulación de excepciones previas que, en su gran mayoría, son inconsecuentes con la naturaleza del proceso de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia religiosa y, por tanto, improcedentes e ineficaces.

A manera de ejemplo, podría sostenerse que, en punto a la causal de compromiso o cláusula compromisoria (num. 3º), sin duda ninguna la misma es improcedente, en cuanto el orden jurídico no tiene previsto que el contrato matrimonial se disuelva y se liquide por esa vía, es decir, que la sociedad conyugal pueda escindirse a través de la convocatoria de un tribunal de arbitramento. Tampoco tendría sentido la promoción de las causales referentes a no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios y no haberse citado a otras personas que la ley dispone (nums. 9º y 11); básicamente, por cuanto la relación jurídica sustancial que comporta el objeto de la declaración judicial sólo importa y compromete a los cónyuges, quienes son los únicos llamados a iniciar la actuación y formular válidamente las pretensiones del proceso. En esta orientación, el inciso 1º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Cualquiera de los cónyuges podrá pedir la liquidación de la sociedad conyugal disuelta a causa de sentencia eclesiástica”. Además, el interés jurídico procesal, por lo menos hasta el momento de resolverse las excepciones previas, radica de manera exclusiva y excluyente en los propios cónyuges, siendo la vinculación de terceros un hecho posterior a las mismas. Ello se explica claramente en el numeral 3º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil, al ordenar que, admitida la demanda, surtido el traslado o resueltas las excepciones previas (11) , el juez de la causa debe proceder a emplazar a los acreedores de la sociedad conyugal para que hagan valer sus créditos; aspecto este que, de no llevarse a cabo, será objeto de un pronunciamiento que en todo caso es posterior a la resolución de excepciones previas.

(11) Cuando la demanda se presenta conjuntamente por los dos cónyuges, en el auto admisorio se debe ordenar el emplazamiento. (Compendio de derecho procesal Civil —El proceso civil parte especial—, tomo III, volumen II, octava edición 1994, Hernando Devis Echandía).

Siguiendo esta línea de interpretación, el numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil se tornaría entonces irracional e injusto, e incluso contradictorio, en cuanto que, a pesar de anunciar la promoción de mecanismos de saneamiento a favor del demandado, en realidad le estaría negando la opción de interponer excepciones previas, excluyendo aquellas que resultan acordes con los procesos de liquidación de sociedad conyugal. Ello, en el entendido que las excepciones previas constituyen una prerrogativa a favor del demandado para que, desde el inicio del proceso, haga públicas y conocidas las reservas que tenga sobre la validez de la actuación, en procura de que una vez corregidas, se suspenda o se mejore el procedimiento de manera que continúe con total firmeza y solidez.

4.6. No obstante lo expresado, una interpretación histórica, sistemática y racional del precepto en cuestión permite reconocerle el efecto contrario y, por tanto, establecer que la regla allí fijada no corresponde a la que se deduce de su tenor literal. De acuerdo con la doctrina especializada, el sentido según el cual, en los procesos de liquidación de sociedad conyugal por sentencia religiosa no cabe la promoción de las excepciones previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, es en realidad producto de un simple error gramatical en que incurrió el legislador extraordinario de 1989, consistente en haber incluido al momento de la redacción de la norma el adverbio “solo” en vez del adverbio “no”, este último utilizado por la versión original contenida en el Decreto 1400 de 1970 y retomado por la subcomisión redactora del Decreto 2282 de 1989. Bajo este entendido, una lectura literal no interpreta el verdadero querer del legislador ni el espíritu del precepto, que, con el ánimo de ampliar el derecho de defensa del demandado y de adecuar la nueva normatividad, abrió la posibilidad de que en ese tipo de procesos de liquidación se pudieran promover las excepciones previas contenidas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Veamos:

— Mediante el Decreto 1400 de 1970, se expidió en Colombia un nuevo Código de Procedimiento Civil, el cual a su vez derogó la Ley 105 de 1933 y sus disposiciones complementarias. En lo referente al proceso de liquidación de la sociedad conyugal a causa de sentencia religiosa, el numeral 2º del artículo 625 del precitado decreto disponía que: “El demandado no podrá proponer excepciones distintas de las previas contempladas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º y 8º del artículo 97”. Agregando, igualmente, que se podían proponer como previas la cosa juzgada, la reconciliación y que el matrimonio no estuvo sujeto a comunidad de bienes.

— Con fundamento en las facultades extraordinarias otorgas por la Ley 30 de 1987, el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 2282 de 1989, por el cual se introdujeron modificaciones al Código de Procedimiento Civil de 1970. El estudio de las modificaciones finalmente aprobadas corrió por cuenta de una subcomisión creada e integrada por el Decreto 1691 de 1988, así: Hernando Devis Echandía, César Gómez Estrada, Hernando Morales Molina, Ernesto Cediel Ángel, Alfonso Guarín Ariza, Rafael Romero Sierra, Rafael Navarro Díaz-Granados, Édgar Sanabria, Héctor Romero Díaz, Ramiro Bejarano y Hernán Fabio López Blanco. Con esta subcomisión, colaboró la comisión asesora establecida por la propia Ley 30 de 1987.

— En relación con el instituto de las excepciones previas —regulado en el artículo 97 del Decreto 1400—, con el Decreto 2282 de 1989 se le hicieron algunas modificaciones, aun cuando se mantuvieron básicamente las mismas causales, “desdoblando algunos de los actuales numerales y adicionando otros con precisiones jurídicas que en verdad hacían falta” (12) . Así (13) , (i) las causales de falta de jurisdicción y competencia, que en vigencia del Decreto 1400 estaban contenidas en el numeral 1º, con la reforma introducida por el Decreto 2282 fueron incluidas en numerales separados, el 1º y el 2º; (ii) a la causal de compromiso consagrada en el numeral 2º, con la reforma se le adicionó la expresión “cláusula compromisoria” y quedó regulada en el numeral 3º; (iii) la causal de inexistencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, ubicada originalmente en el numeral 3º, a partir de la reforma se dividió en dos, la inexistencia recibió un tratamiento especial y pasó a ubicarse en el numeral 4º, mientras que la incapacidad e indebida representación en el numeral 5º; (iv) respecto de la causal 4, no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea, a partir de la reforma se suprime el carácter taxativo de la referida condición mediante la inclusión de la expresión “y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado”, siendo finalmente incluida en el numeral 6º; (v) la causal de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones, con la reforma se mantiene en su redacción pero pasa del numeral 5º al 7º; (vi) en lo que hace a la causal de trámite inadecuado de la demanda, inicialmente recogida por el numeral 6º, con la reforma se mejora en su redacción y queda incluida en el numeral 8º; (vii) las causales de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios (num. 9º), pleito pendiente (num. 10), no haber ordenado la citación de otras personas (num. 11) y haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta (num. 12), fueron directamente incorporadas como nuevas por el Decreto 2282 de 1989. Finalmente, conforme a la versión original de 1970, la reforma mantuvo vigente la posibilidad de proponer como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción, eliminando la prescripción que aparecía en la versión original del Decreto 1400 de 1970.

(12) “Reforma del Código de Procedimiento Civil”, Hernán Fabio López Blanco. 1990.

(13) Cfr. “Las excepciones previas y los impedimentos procesales”, Fernando Canosa Torrado, Ediciones Doctrina y Ley, primera edición, 1993; y “Reforma del Código de Procedimiento Civil”, Hernán Fabio López Blanco, 1990.

— Es de rescatar que, tanto la nueva enumeración —producto de dividir e identificar por separado algunas de las causales—, como los cambios sufridos por la norma original —consecuencia de una mejor redacción y de la inclusión de nuevas excepciones—, forzaron a la subcomisión a tener que readecuar todos los artículos del Código de Procedimiento Civil que, regulando los procesos en particular, hacían mención expresa a estos medios de defensa: las excepciones previas descritas en el artículo 97.

— Para el caso específico del numeral 2º del artículo 625 del Decreto 1400 de 1970, lo que se pretendió con la reforma incorporada en el Decreto 2289 de 1989, fue actualizarlo y adecuarlo a la nueva enumeración dada a las excepciones previas, ampliando de alguna manera las causales que durante la vigencia del Decreto 1400 de 1970 eran procedentes para la liquidación de la sociedad conyugal a causa de sentencia religiosa (incluyendo la de pleito pendiente, num. 10). En consecuencia, se repite, el objetivo de la subcomisión redactora y la comisión asesora del gobierno, se concentró en reconocerle al demandado la posibilidad de promover las excepciones previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, desechando sólo aquellas que consideraba no eran consecuentes con la naturaleza del proceso de liquidación —3º, 8º, 9º, 11 y 12— (14) . Por eso, el texto original, tal como fue propuesto por la citada subcomisión al gobierno consagraba: “El demandado no podrá proponer las excepciones distintas de las previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97” (15) .

(14) En relación con el numeral 2º del artículo 625 del Decreto 1400 de 1970 —CPC—, la reforma promovida por el Decreto 2282 de 1989 le introdujo una modificación respecto de las excepciones de mérito que se podían proponer como previas. En la versión original, se podían promover como previas la cosa juzgada, la reconciliación y que el matrimonio no estuvo sujeto a régimen de comunidad de bienes. La reforma eliminó la posibilidad de proponer como previa la reconciliación.

(15) “Instituciones de derecho procesal civil colombiano”, Hernán Fabio López Blanco, tomo II, parte especial (pág. 273).

— Estas afirmaciones son corroboradas por el tratadista Hernán Fabio López Blanco, miembro activo de la subcomisión redactora, al sostener en su obra “Reforma del Código de Procedimiento Civil”, a propósito del estudio que la subcomisión hizo del numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil, que:

“En el numeral 2º se amplía la referencia a las excepciones previas que son viables de ser presentadas y es así como se mencionan las previstas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97...”.

— El propio Hernán Fabio López Blanco, en su obra “Instituciones de derecho procesal civil colombiano”, parte especial, tomo II (séptima edición, Bogotá, 1999) se ocupa de explicar el punto, en los siguientes términos:

“Cabe advertir que el artículo 625 presenta dos problemas: el primero tan obvio que se tornó intrascendente y es el de que en el Decreto 2282 de 1989 se le mencionó como artículo 626 de manera que quedaron en el código dos artículos con idéntico número, pero se entiende que el que aparece en primer término es el original 625 y por eso a él nos referimos; el segundo proviene de haber utilizado la expresión “solo” en vez de la palabra “no”, original de la norma, con lo cual una interpretación exegética llevaría a que se entienda exactamente lo contrario de lo que se estableció.

“En efecto, el numeral 2º del artículo 625 dice claramente ‘el demandado solo podrá proponer las excepciones distintas de las previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97’, lo cual sugiere que serán las excepciones previas correspondientes a los numerales que no se mencionan las procedentes, cuando es precisamente lo contrario y era lo que se regulaba en la versión original de la norma que inconsultamente se varió en su redacción con el cambio advertido. Basta repetir la disposición tal como en su versión original se estipuló para ver la falla y corregirla en el sentido advertido: ‘El demandado no podrá proponer las excepciones distintas de las previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97’”.

— De la misma manera, el profesor Hernando Devis Echandía, quien también integró la subcomisión redactora del Decreto 2282 de 1989, al explicar el proceso de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia religiosa, en su obra “Compendio de derecho procesal civil” —“El Proceso Civil Parte Especial”, tomo III— volumen II (octava edición, Bogotá, 1994), se refiere a las excepciones previas que se pueden promover en esa clase de procesos, señalando que son las contenidas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Sobre el particular sostiene:

“Este proceso es contencioso, cuando lo inicia uno de los cónyuges, por lo cual existe demanda, traslado de ésta por tres días, contestación y oportunidad para la defensa; pero las excepciones que pueden proponerse dentro del término de traslado, están limitadas a las previas de los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97, y a las de mérito (que deben alegarse como previas) de cosa juzgada y no haber estado sujeto el matrimonio al régimen de comunidad de bienes (art. 625, nums. 1º y 2º).

— En plena concordancia con la posición anterior, Jaime Azula Camacho, en su obra “Manual de derecho procesal civil”, tomo V (Bogotá, 1998), refiriéndose al proceso de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia religiosa, expresa:

“c) Excepciones. El traslado tiene como específica finalidad darle oportunidad darle oportunidad (sic) al demandado para proponer excepciones previas. Es dable invocar las previas expresamente indicadas por el artículo 626, mencionado en primer lugar, por la equivocación incurrida en la numeración, según lo observamos anteriormente. Este artículo incluye otra de mérito, que proceden también como previas, adoptando, de consiguiente, la calidad de mixtas.

a´) Previas. Están constituidas por las previstas en los numerales 1º (falta de jurisdicción), 2 (falta de competencia), 4 (no haberse presentado prueba de la calidad de cónyuge), 5 (ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones), 6 (no presentar la calidad con que actúe el demandante o se cite al demandado), 7 (ineptitud de la demanda por falta de requisitos) y 10 (pleito pendiente) del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil”.

4.7. En consecuencia, la doctrina especializada, en forma generalizada, viene interpretando el numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue reformado por el Decreto 2282 de 1989, en el sentido de sostener que dicha norma autoriza al demandado, en los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia religiosa, una vez corrido el traslado de la demanda y cuando ésta no se presenta de consuno, a proponer las excepciones previas de: falta de jurisdicción (num. 1º), falta de competencia (num. 2º), inexistencia del demandante o demandado (num. 4º), incapacidad o indebida representación de las partes (num. 5º), no haberse presentado prueba de la calidad de cónyuge (num. 6º), ineptitud de la demanda (num. 7º) y pleito pendiente (num. 10). Criterio que, se insiste, a partir de una interpretación histórica, sistemática y racional de la ley, coincide plenamente con lo que constituyó el propósito de la reforma por parte del legislador extraordinario de la época, como era el de hacer viable en esa clase de procesos de liquidación la promoción de las excepciones previas que fueran consecuentes con su naturaleza jurídica.

4.8. Y es que, como se ha venido explicando, por fallas de técnica legislativa, atribuido a errores gramaticales como ocurre en este evento, o por falta de congruencia temática e indeterminación semántica, es posible que de un mismo enunciado normativo se extraigan distintas reglas. Cuando esto ocurre, es necesario entrar a definir cuál es la condición jurídica de la norma en cuestión o su ratio iuris, procediendo a adoptar la interpretación que mejor se adecue a la realidad, de manera que permita alcanzar el objetivo lógico que se deriva de su regulación y ulterior aplicación.

4.9. Desde esta perspectiva, aplicando los fundamentos esbozados en el punto 3 de esta sentencia, la Corte acoge en su integridad la interpretación que del numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil hace la doctrina especializada, y rechaza la propuesta por el demandante en cuanto se opone radicalmente al significado fijado por el derecho viviente. El criterio doctrinal tiene total validez, no sólo porque le fija el alcance racional y obvio a la norma acusada, sino también, porque se trata de una línea interpretativa consistente, consolidada y relevante, en la que coinciden diversos tratadistas y académicos de gran prestigio y reconocimiento, algunos de los cuales pueden considerarse sus intérpretes más autorizados, por formar parte activa de la subcomisión redactora del Decreto 2282 de 1989 a la que se integra el texto de la norma acusada.

La fuerza vinculante de la doctrina especializada resulta igualmente determinante, si se tiene en cuenta que, a nivel jurisprudencial, no existe precedente conocido sobre el sentido dado al numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, al margen de que la hipótesis prevista en la norma acusada es de poca ocurrencia en los estrados judiciales que tienen a su cargo el conocimiento de dichos asuntos, en lo que corresponde al máximo organismo de la jurisdicción ordinaria en ese campo —la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia—, quien es el llamado a unificar con autoridad la jurisprudencia nacional, la definición de asuntos incidentales relacionados con el saneamiento de la parte inicial de los procesos no son de su entero conocimiento, razón por la cual no existe una posición consolidada en torno al asunto sometido a juicio.

4.10. Sin duda, la posición de la doctrina especializada adquiere plena vigencia y permite definir el problema de interpretación planteado en este juicio: que el adverbio “solo” no puede entenderse en el sentido que niegue al demandado en los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia eclesiástica, la posibilidad de proponer las excepciones previas contenidas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Se acoge así la versión original del aparte acusado del numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil, propuesta por la subcomisión redactora del Decreto 2289 de 1989 que, según se dijo, era del siguiente tenor: “El demandado no podrá proponer las excepciones distintas de las previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97”.

5. Fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda.

5.1. Esta corporación ha destacado la importancia del derecho político y ciudadano a interponer acciones públicas de inconstitucionalidad (C.P., art. 40-6), calificándolo como “uno de los derechos más importantes en el sistema jurídico colombiano, en cuanto permite un permanente control sobre las instancias creadoras de derecho” (16) . No obstante, en la medida en que el precitado derecho no tiene un carácter absoluto, también ha precisado la jurisprudencia que su ejercicio exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos, que se justifican, en cuanto buscan garantizar el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, haciendo viable su ejecución material (17) .

(16) Sentencia C-650 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(17) Cfr. las sentencias C-380 de 2000 y C-426 de 2002, entre otras.

Acorde con este criterio de interpretación, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 consagra los requisitos mínimos que debe cumplir toda demanda, sin los cuales la Corte Constitucional no puede asumir el estudio de fondo de la norma y dictar la respectiva sentencia. De acuerdo con el precepto citado, para que haya lugar al juicio de inconstitucionalidad, se requiere que en la demanda se señale expresamente: (i) las disposiciones legales acusadas de inconstitucionales, (ii) las normas de la Constitución que se estiman como violadas, y (iii) las razones o motivos que llevan a su aparente desconocimiento.

En relación con el cumplimiento de esta última exigencia, la corporación viene considerando que “el mismo no constituye una mera exigencia formal cuya inobservancia pueda ser superada o corregida por el juez durante el curso del proceso” (18) , sino que “comporta para el titular de la acción pública una verdadera carga procesal de contenido sustancial” (19) ; que entre otros aspectos, se materializa en la necesidad de que el demandante formule por lo menos un cargo directo de inconstitucionalidad y ofrezca una interpretación de la norma acusada que corresponde a su verdadero contenido normativo (20) . Según este tribunal, “[e]n caso de que no exista tal correspondencia, mal puede la Corte dar curso al proceso, ya que, aunque formalmente se impugna una determinada disposición, sustancialmente se acusa una norma inexistente” (21) .

(18) C-426 de 2002.

(19) Sentencia ibídem.

(20) Cfr. Sentencia C-650 de 1997.

(21) Sentencia ibídem. Se pueden consultar también las sentencias C-504 y C-587 de 1995.

5.2. Pues bien, en el caso bajo examen, el demandante considera que el aparte acusado del numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil viola los derechos de igualdad y debido proceso, en cuanto prevé que en los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia de jueces eclesiásticos, sólo pueden proponerse las excepciones previas contenidas en los numerales 3º, 8º, 9º, 11 y 12 del artículo 97 del estatuto procesal civil, y en ningún caso las reguladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del mismo ordenamiento; siendo las primeras ineficaces para ese tipo de actuación.

Como se explicó suficientemente, una interpretación histórica, sistemática y racional del texto acusado, acorde con el derecho viviente, ha permitido concluir a la Corte que el mismo consagra la regla contraria: la de que en los procesos de liquidación de sociedad conyugal a causa de sentencia de jueces eclesiásticos, el demandado puede proponer las excepciones previas contenidas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, y no las consagradas en los numerales 3º, 8º, 9º, 11 y 12 del mismo estatuto procesal.

Esta circunstancia le impone a la Corte abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, ya que la construcción de los cargos de inconstitucionalidad contra el aparte acusado del numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil, encuentran fundamento en una interpretación del texto que en manera alguna consulta su verdadero sentido y alcance, y que resulta contraria al contenido fijado por el derecho viviente a través de la doctrina especializada.

5.3. Así las cosas, en la medida en que frente a la norma impugnada se presenta una ineptitud sustancial de la demanda, en la parte resolutiva de esta providencia, la Corte se declarará inhibida para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del aparte acusado del numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “sólo podrá proponer las excepciones distintas de las previas contempladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 97”, contenida en el numeral 2º del artículo 625 del Código de Procedimiento Civil, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

_________________________________