Sentencia C-904 de noviembre 30 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-8541

Magistrado Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley 708 del 29 de noviembre de 2001, “Por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

La disposición parcialmente demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.632, de 1º de diciembre 2001, es la siguiente:

LEY 708 DE 2001 

(Noviembre 29)

El Congreso de Colombia

Por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones.

DECRETA:

ART. 8º—Los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero, que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como de los órganos autónomos e independientes, que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social, y además que no los requieran para el desarrollo de sus funciones, y no se encuentren dentro de los planes de enajenación onerosa que deberán tener las entidades, deben ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas conforme a sus necesidades, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, con excepción de aquellos ocupados ilegalmente antes del 28 de julio de 1988 con vivienda de interés social, los cuales deberán ser cedidos a sus ocupantes, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 9ª 1(sic) de 1989.

PAR. 1º—A las transferencias de inmuebles referidas en el presente artículo, les será aplicable el procedimiento de enajenación previsto en el artículo 1º de la presente ley.

PAR. 2º—Exceptúanse del deber consagrado en el presente artículo a las sociedades de economía mixta y aquellos bienes de las entidades en liquidación que amparen los pasivos pensiónales (sic).

PAR. 3º—Los bienes inmuebles fiscales que hagan parte de los planes de enajenación onerosa a los que se refiere el presente artículo, podrán ser transferidos, previo avalúo, a título de aportes, de capital a sociedades comerciales o de economía mixta. Así mismo, las entidades territoriales, como pago de las deudas de orden territorial que recaigan sobre los inmuebles, podrán recibir aportes de capital en sociedades comerciales o de economía mixta.

(...).

VII. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir la demanda de la referencia.

2. La materia sometida a examen.

Para el demandante la disposición acusada resulta contraria al principio de unidad de materia que se deriva de los artículos 158 y 169 de la Constitución Política, por cuanto, al paso que la Ley 708 de 2001, tal como se desprende de su título y de su contenido, se orienta a regular aspectos relacionados con el subsidio familiar para vivienda de interés social, en el artículo demandado se dispone la entrega, a título gratuito, de unos inmuebles fiscales que carecen de vocación para proyectos de vivienda de interés social.

Quien interviene por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en apreciación en la que coincide la Vista Fiscal, se opone a las pretensiones de la demanda señalando que es posible establecer elementos de conexidad temática y causal entre la disposición acusada y la ley dentro de la cual se inserta, la cual tiene entre sus objetivos el de promover un uso más eficiente de los inmuebles fiscales, finalidad a la que responde la regulación que se acusa.

Por el contrario, quien interviene por la Universidad Nacional de Colombia considera que debe declararse la inexequibilidad de la disposición acusada, en la medida en que no se aprecia la existencia de conexidad temática o causal entre su contenido y el propio de la ley de la que hace parte, ni se observa que exista correspondencia entre lo que allí se regula y el título de la ley.

De este modo, el problema jurídico que debe resolver la Corte se reduce a establecer si el artículo 8º de la Ley 708 de 2001 carece de una relación de conexidad temática, causal o teleológica con la materia propia de dicha ley, caso en el cual resultaría contrario al principio de unidad de materia.

Para ello la Corte hará un recuento en torno a la jurisprudencia sobre el principio de unidad de materia, para luego, a la luz de los parámetros que de allí surgen, examinar el cargo planteado.

3. El principio de unidad de materia.

En la Sentencia C-400 de 2010 la Corte Constitucional hizo un recuento sistemático de su jurisprudencia en torno al principio constitucional de unidad de materia de las leyes.

Tal como se puso de presente en esa sentencia, ha dicho la Corte que el principio de unidad de materia, que se desprende del artículo 158 de la Carta, según el cual “(t)odo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”, así como del artículo 169 ibídem, según el cual “(e)l título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”, busca racionalizar y tecnificar el proceso legislativo, tanto en el momento de discusión de los proyectos en el Congreso, como respecto del producto final, es decir de la ley que finalmente llega a ser aprobada(4).

Así, el referido principio obedece, por un lado, a la necesidad de hacer efectivo el principio de seguridad jurídica, que impone “darle un eje central a los diferentes debates que la iniciativa suscita en el órgano legislativo”,(5) y, por otro, al propósito de asegurar que, luego de expedida la ley, exista, para su cumplimiento, un mínimo de coherencia interna, que permita a los destinatarios de las normas identificarse como tales y conocer las obligaciones que de ella se derivan(6).

Sobre el particular, la Corte ha señalado que el principio de unidad de materia pretende “asegurar que las leyes tengan un contenido sistemático e integrado, referido a un solo tema, o eventualmente, a varios temas relacionados entre sí. La importancia de este principio radica en que a través de su aplicación se busca evitar que los legisladores, y también los ciudadanos, sean sorprendidos con la aprobación subrepticia de normas que nada tienen que ver con la(s) materia(s) que constituye(n) el eje temático de la ley aprobada, y que por ese mismo motivo, pudieran no haber sido objeto del necesario debate democrático al interior de las cámaras legislativas. La debida observancia de este principio contribuye a la coherencia interna de las normas y facilita su cumplimiento y aplicación al evitar, o al menos reducir, las dificultades y discusiones interpretativas que en el futuro pudieran surgir como consecuencia de la existencia de disposiciones no relacionadas con la materia principal a la que la ley se refiere”(7).

La jurisprudencia ha precisado que el principio de unidad de materia se respeta cuando existe conexidad temática, teleológica, causal o sistemática entre la norma acusada y la ley que la contiene(8).

Ha estimado la Corte, también, que en respeto a la libertad de configuración del legislador, el estudio de la existencia de la conexidad en los aspectos mencionados no debe ser excesivamente rígido(9). En efecto, la jurisprudencia ha insistido en que la interpretación del principio de unidad de materia “no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado colombiano. Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”(10).

Así pues, la Corte ha resaltado el carácter flexible del control de constitucionalidad que debe ejercerse cuando se trata de verificar el cumplimiento del principio de unidad de materia. En este sentido, por ejemplo, ha vertido los siguientes conceptos:

“(...) Cuando los tribunales constitucionales entran a determinar si una ley ha cumplido o no con el principio de unidad de materia deben ponderar también el principio democrático que alienta la actividad parlamentaria y en esa ponderación pueden optar por ejercer un control de diversa intensidad. Esto es, el alcance que se le reconozca al principio de unidad de materia tiene implicaciones en la intensidad del control constitucional pues la percepción que se tenga de él permite inferir de qué grado es el rigor de la Corte al momento del examen de las normas. Así, si se opta por un control rígido, violaría la Carta toda norma que no esté directamente relacionada con la materia que es objeto de regulación y, por el contrario, si se opta por un control de menor rigurosidad, solo violarían la Carta aquellas disposiciones que resulten ajenas a la materia regulada. La Corte estima que un control rígido desconocería la vocación democrática del Congreso y sería contrario a la cláusula general de competencia que le asiste en materia legislativa. Ante ello, debe optarse por un control que no opte por un rigor extremo pues lo que impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable”(11) (negrillas y subrayas fuera del original).

Y en el mismo orden de ideas, la jurisprudencia ha insistido en que:

“... para respetar el amplio margen de configuración del órgano constitucionalmente competente para hacer las leyes y para diseñar las políticas públicas básicas de orden nacional, la intensidad con la cual se analiza si se viola o no el principio de unidad de materia, es de nivel bajo en la medida en que, si es posible encontrar alguna relación entre el tema tratado en un artículo y la materia de la ley, entonces la disposición acusada es, por ese concepto, exequible. Tal relación no tiene que ser directa, ni estrecha. Lo que la Constitución prohíbe es que “no se relacionen” los temas de un artículo y la materia de la ley (C.P., art. 158) y al demandante le corresponde la carga de señalar que no hay relación alguna. La relación puede ser de distinto orden puesto que la conexión puede ser de tipo causal, temático, sistemático o teleológico. A estos criterios reiterados por la jurisprudencia se agrega una modalidad de relación teleológica, la de la conexión de tipo consecuencial ya que recientemente la Corte aceptó que se respeta el principio de unidad de materia cuando hay una conexión en razón a los efectos fácticos de una norma que aparentemente no guarda relación alguna con el tema de la ley(12)(13) (negrillas y subrayas fuera del original).

En el mismo sentido, en la Sentencia C-1067 de 2008 se expresó que la necesidad de respetar el principio de unidad de materia no implica una camisa de fuerza para el legislador y que la interpretación de dicho principio no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado colombiano. Puntualizó la Corte en esa sentencia que “[s]olamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”.

En la aludida Sentencia C-400 de 2010, la Corte reseñó los criterios aplicables para determinar cuándo puede afirmarse la presencia de conexidad temática o de conexidad causal entre las disposiciones de una ley y la materia propia de la misma. Así, dijo la Corte,(14) la conexidad temática puede definirse como la vinculación objetiva y razonable entre la materia o el asunto general sobre el que versa una ley y la materia o el asunto sobre el que versa concretamente una disposición suya en particular. Agregó que, de acuerdo con la jurisprudencia, la unidad temática, vista desde la perspectiva de la ley en general, no significa simplicidad temática, por lo que una ley bien puede referirse a varios asuntos, siempre y cuando entre los mismos exista una relación objetiva y razonable(15). La multiplicidad temática en una ley puede obedecer a la naturaleza misma de los asuntos objeto de regulación, que presentan distintas facetas que el legislador, desde el principio, aborda en un solo estatuto. También puede ocurrir que dicha multiplicidad resulte del debate legislativo, cuando en un proyecto de ley se advierte que la materia regulada se relaciona con asuntos que, no obstante que no estaban inicialmente incluidos en el proyecto, tienen una relación temática de conexidad con el mismo, y se considere oportuno regularlos de manera conjunta.

En cuanto a la conexidad causal entre una ley y cada una de sus disposiciones, expresó la Corte que la misma puede ser definida como la identidad en los motivos que ocasionaron su expedición. En otras palabras, tal conexidad hace relación a que las razones de la expedición de la ley sean las mismas que dan lugar a la consagración de cada uno de sus artículos en particular, dentro del contexto de la posible complejidad temática de la ley(16).

Por su parte, dijo la Corte, la conexidad teleológica consiste en la identidad de objetivos perseguidos por la ley vista en su conjunto general, y cada una de sus disposiciones en particular. Es decir, la ley como unidad y cada una de sus disposiciones en particular deben dirigirse a alcanzar un mismo designio o designios, nuevamente dentro del contexto de la posible complejidad temática de la ley(17).

En relación con la conexidad sistemática la Corte ha dicho que la misma se presenta cuando “... todo el conjunto de reglas o de principios recogidos en un estatuto determinado, en este caso en una ley de la República, tiene alguna relación entre sí, o está enlazado de alguna manera, de forma que globalmente considerado contribuye a regular armoniosamente un mismo asunto o materia. En tal virtud, este conjunto de reglas y principios presenta una integralidad temática y una coherencia interna, que facilitan a los ciudadanos conocer sus obligaciones jurídicas de manera ordenada, y por ello garantiza su seguridad jurídica”(18).

De este modo, cuando se acusa una determinada disposición por infracción del principio de unidad de materia, el análisis que efectúe la Corte debe estar orientado a establecer si, dentro de una aproximación flexible que sea deferente con el legislador democrático, es posible establecer, de una manera objetiva y razonable, algún tipo de relación de conexidad temática, causal, teleológica o sistemática, entre la disposición acusada y el cuerpo normativo del que hace parte.

4. Análisis del caso concreto.

En principio, la Ley 708 de 2001, tal como se desprende de su contenido, de su título y de los antecedentes normativos, tenía por objeto permitir que, de manera expedita, se hiciese entrega, en calidad de subsidio en especie, de los terrenos de las entidades públicas del orden nacional con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, en el marco de una política orientada a hacer frente al déficit de vivienda urbana para la población más necesitada y al déficit de terrenos urbanizables en las ciudades(19). Parecería claro, también en principio, que a esa finalidad es ajena la regulación relativa a la transferencia entre entidades públicas de inmuebles ociosos para fines distintos de los de adelantar proyectos de vivienda de interés social.

No obstante lo anterior, a partir de los antecedentes del proyecto de ley que concluyó con la expedición de la Ley 708 de 2001, es posible establecer que durante el trámite legislativo, e, incluso, desde la ponencia para primer debate en las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara, los legisladores plantearon la necesidad de hacer algunos ajustes y ciertas adiciones al proyecto, entre ellas, por ejemplo, la que tiene que ver con la posibilidad de que, también, los bienes fiscales inmuebles con vocación para vivienda de interés social rural, sean transferidos a la entidad que determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para proceder a la asignación de subsidios para vivienda de interés social rural, y que finalmente se incorporó como artículo 7º de la Ley 708 de 2001.

Una de tales adiciones fue, precisamente, la que finalmente fue aprobada como artículo 8º de la ley y que ahora se ha demandado y conforme a la cual las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero, que sean titulares de bienes inmuebles fiscales que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social y que no requieran para el desarrollo de sus funciones, ni se encuentren dentro de los planes de enajenación onerosa que deberán tener las entidades, deben ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas. No obstante que, ciertamente, esa regulación no se inscribe dentro del propósito general de la ley, que, como se ha visto, estaba orientada a propiciar herramientas para a hacer frente al déficit de vivienda de interés social en las ciudades, advierte la Corte que, razonablemente, es posible establecer una relación de conexidad temática entre la decisión de disponer la transferencia de determinados inmuebles fiscales con destino a programas de vivienda de interés social y una regulación más amplia, que, en hipótesis similar, referida a inmuebles fiscales que las respectivas entidades no requieran para el desarrollo de sus funciones, disponga su transferencia a título gratuito a otras entidades públicas que si los necesiten, en eventos distintos de aquellos orientados hacia programas de vivienda de interés social.

En ese contexto, cabe observar que durante el tránsito legislativo se dispuso, también, la modificación del título de la ley, para incluir la expresión “y se dictan otras disposiciones”, la cual, si bien no puede tomarse como instrumento para que, desconociendo el mandato del artículo 169 de la Constitución, se introduzcan a su amparo regulaciones sobre multiplicidad de materias ajenas al sentido del proyecto, tal como se describe en su título, sí es expresión de la decisión en este caso, de dar cabida a regulaciones que fuesen compatibles con una acepción ampliada de los objetivos de la ley, que, al adoptar unas previsiones específicamente orientadas a hacer frente al problema de vivienda, en razón de la conexidad temática que se ha observado, regule también aspectos que tienen que ver con la racionalización en general en el uso de los inmuebles fiscales.

De hecho, advierte la Corte que, en estricto sentido, el título del proyecto se formuló con cierto grado de ambigüedad, dado que su objeto propio, más que a la regulación de aspectos del subsidio familiar para vivienda de interés social, que ciertamente estaban incluidos en la iniciativa, se orientaba a disponer la entrega de los inmuebles fiscales que tuviesen vocación para la construcción de vivienda de interés social, a las entidades encargadas de los programas respectivos. En ese sentido, en la exposición de motivos, en el contexto de la necesidad de impulsar una política de vivienda de interés social, se expresó que “...el Estado no puede convertirse en un gran terrateniente y, a la vez, ser garante de los derechos de los particulares y promotor de la prosperidad general; por ello, no se justifica que las entidades públicas sean propietarias de lotes de terreno con vocación para vivienda de interés social que no son desarrollados para hacer frente a la emergencia del aumento del déficit habitacional”. Se agrega en ese documento que “[d]ichos predios, como los llamados ‘lotes de engorde’, presionan el aumento de los precios de la tierra urbana, ante la escasez de otros inmuebles con la misma vocación.” Y que “[e]s necesario entonces que el Estado, a través de las tres ramas del poder público asuma un papel protagónico pero responsable, de manera que estos terrenos improductivos, se entreguen a los colombianos más pobres, como un aporte estatal para dar sustrato real al derecho a la vivienda”. En ese escenario, en el cual, dentro del objetivo más amplio de regular aspectos relacionados con el subsidio de vivienda de interés social, se advierte el propósito específico de atender a la racionalización en el uso de los inmuebles fiscales para apoyar las políticas estatales en ese campo, parece razonable la decisión de ampliar ese objetivo de racionalización a otros inmuebles que, si bien no tienen vocación para vivienda de interés social, y por tanto no se inscriben en el contexto general de la ley, sí permanecen ociosos en las entidades titulares de los mismos y sin cumplir, por consiguiente, con la función social que es inherente a la propiedad.

No se advierte que el artículo acusado, que, como se ha dicho, no se encontraba en el proyecto inicial presentado por el Gobierno, pero que se introdujo desde la ponencia para primer debate en las comisiones conjuntas de ambas cámaras, resulte ajeno a la materia propia del proyecto original, el cual, si bien, no como principal, sí tiene un propósito de racionalización del uso de los inmuebles fiscales, concebido, en principio, con relación a los inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, pero que el legislador estimó oportuno ampliarlo a los demás inmuebles que permanecieran ociosos en las entidades estatales.

En efecto, en la ponencia para primer debate se señaló que “[l]a agresiva propuesta contenida en el proyecto de ley respecto del cual rendimos hoy ponencia favorable, constituye un audaz mecanismo para optimizar la utilización de los bienes fiscales inmuebles de todas las entidades estatales, de manera que, entre todos, atendamos la emergencia que supone la atención del déficit habitacional en nuestro país. // Todos los sistemas económicos, por perfecto que sea el modelo utilizado, deben partir de una premisa: la escasez de recursos. Esta premisa aparece con mayor nitidez en el caso de la tierra urbana. Como lo señaló el Gobierno en la exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley, la tierra urbana es un bien escaso e irreproductible (sic), por ello debe ser el principal objeto de la acción estatal, cuando se pretende garantizar el cumplimiento del deber de promover el acceso a soluciones de vivienda dignas. // Carece de sentido que las entidades públicas sean propietarias de terrenos que permanecen durante mucho tiempo ‘congelados’, impulsando al alza el precio de la tierra urbanizable e impidiendo el acceso a ella, de los sectores menos favorecidos económicamente”. A partir de las anteriores consideraciones se rindió ponencia positiva frente a la propuesta contenida en el proyecto de ley pero se propusieron algunas modificaciones, entre las cuales estaba la que se convirtió en la disposición hoy demandada, en relación con la cual se expresó: “Toda vez que existen otros bienes inmuebles fiscales que, no teniendo vocación para vivienda de interés social, no son requeridos para el desarrollo del objeto de determinadas entidades, se establece que estás deberán cederlo a otras que sí lo requieran. La excepción a esta regla está constituida por los bienes fiscales ocupados ilegalmente con anterioridad al 28 de julio de 1988 con vivienda de interés social que, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 9ª de 1989, deben ser cedidos a título gratuito a sus ocupantes”.

De este modo, advierte la Corte que la disposición acusada guarda una relación de conexidad temática con el contenido de la ley de la que hace parte, así como una relación de conexidad causal y teleológica, con el objetivo de la ley, en su versión más amplia, tal como se ha dejado asentado, razón por la cual la demanda presentada en relación con la infracción del principio de unidad de materia no está llamada a prosperar.

No sobra observar que si bien, tal como se expresa por el demandante, en el curso del debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, se presentó una discusión en torno a una eventual falta de conexidad entre el artículo ahora demandado y la materia propia de la ley y que, incluso, se aprobó una proposición orientada a su eliminación, tal discusión es propia del debate parlamentario, dentro del cual es posible plantear criterios orientados a asegurar un mayor grado de consistencia temática o teleológica en los proyectos, sin que una decisión en contrario repercuta necesariamente sobre el sentido del juicio que debe hacer la Corte en sede de control abstracto de normas.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar la EXEQUIBILIDAD, por el cargo analizado, del artículo 8º de la Ley 708 de 2001.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(4) Cfr. Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido, ver también la Sentencia C-1067 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(5) Ver ibídem.

(6) Cfr. ibídem.

(7) Sentencia C-714 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(8) Cfr. Sentencia C-786 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(9) Ibídem.

(10) Cfr. C-1067 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(11) Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño (en este caso la Corte consideró que no se desconocía el principio de unidad de materia, al incluir en una ley (L. 510/99) cuyo objeto son disposiciones para el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores y las superintendencias Bancaria y de Valores, una norma (art. 52, par. 3º) que reforma una disposición de otra ley (L. 446/98, art. 148), con el fin de extender la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio excepcional de funciones judiciales). Esta jurisprudencia ya había sido reiterada en la Sentencia C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño (en este caso la Corte estableció que el demandante tiene la carga de señalar cuál o cuáles son las partes que no tienen relación alguna con la materia central de la ley).

(12) El artículo 86 sobre (sic) el monopolio de Ecopetrol para realizar la distribución de combustible importado, por su efecto fáctico en cuanto facilita “la lucha contra el contrabando, fenómeno que afecta la recaudación de tributos”, tiene conexión con una ley, la Ley 633 de 2000, cuya materia es tributaria. La Corte también encontró conexidad temática y teleológica, por esta razón. Sentencia C-714 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(13) Sentencia C-1025 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(14) Cfr. Sentencia C-400 de 2010.

(15) Cfr. Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en la Sentencia C-992 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(16) Cfr. Sentencia C-400 de 2010.

(17) Ibíd.

(18) Sentencia C-1067 de 2008.

(19) Ver la exposición de motivos al proyecto de ley 061 de 2001. Gaceta del Congreso - (sic) de 2001.