Sentencia C-923 de septiembre 6 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-923 de 2005 

Ref.: expediente D-5681

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de la Ley 782 de 2002” Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas disposiciones”.

Demandante: Sandra Cecilia Rey Tovar

Bogotá, D.C., seis de septiembre de dos mil cinco.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos por el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

(...).

II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, publicada en el Diario Oficial 45.043 de 23 de diciembre de 2002.

“LEY 782 DE 2002

(diciembre 23)

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas disposiciones

“ART. 44.—El artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 quedará así:

ART. 96.—El que se apodere de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de mil (1.000) a ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena será de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor del apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por servidor público.

La competencia del presente delito corresponde a los Jueces de Circuito Especializados”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se estudia en la presente demanda.

2. Cuestión previa.

Antes de abordar el juicio de constitucionalidad sobre la norma acusada, la Corte considera necesario referirse al cargo por vicios de forma, propuesto por el ciudadano que concurre a coadyuvar la demanda, quien señala que “la norma objeto de demanda no fue incorporada desde la presentación del proyecto de ley, sino que fue agregada en la ley en una comisión accidental hasta el 17 de diciembre de 2002” (fl. 6 escrito de coadyuvancia).

Al respecto, basta manifestar que el artículo 242, numeral 3º, de la Constitución Política, dispone que “Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 782 de 2002, fue publicada en el Diario Oficial 45.043 de 23 de diciembre de 2002, y la demanda fue presentada el 9 de febrero de 2005, el término para presentar cargos por vicios en la formación de la ley, se encuentra caducado.

3. El problema jurídico que se plantea.

La Corte debe determinar, en este caso, si la decisión del legislador de establecer un tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados, con sujeto activo no calificado, tal como se contempla en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, infringe los principios constitucionales de unidad de materia, igualdad y proporcionalidad, en tanto que abre la posibilidad para que personas que no forman parte de organizaciones armadas al margen de la ley, sean procesadas y sentenciadas conforme a esta disposición.

4. Examen de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, frente al principio de unidad de materia.

En una democracia constitucional, fundada en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia de los derechos fundamentales (C.P., arts. 1º, 3 º y 5º), la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, constituyen finalidades básicas de las autoridades públicas, no solamente por el imperativo que al respecto entraña el artículo 2º de la Carta, si no porque se trata de elementos que generan las condiciones materiales necesarias para el disfrute pleno de los derechos y las libertades públicas.

La preservación del orden público, como presupuesto de una convivencia pacífica, en beneficio de las libertades ciudadanas, supone el uso de distintos medios, entre ellos la apelación al derecho, incluso en el ámbito punitivo, con miras a asegurar al individuo una esfera de libertad y protección amenazada por la violencia ejercida por otros individuos o por grupos organizados, con potencialidad de crear una amenaza cierta o de lesionar esos bienes jurídicos valiosos para la colectividad.

La norma acusada se inserta dentro de un ya prolongado proceso legislativo orientado a contrarrestar las graves alteraciones de orden público con incidencia en las condiciones de convivencia ciudadana. Conforme se establece de la exposición de motivos de la ley parcialmente impugnada, los orígenes de este proceso se remontan al año de 1992 en que el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1793 de ese año (1) y con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, se adoptaron una serie de medidas tendientes al restablecimiento del orden público y la convivencia pacífica. En razón al carácter transitorio de las medidas, el legislador consideró necesario prorrogarlas por un período de dos años mediante la expedición de la Ley 104 de 1993 (2) o “Ley de orden público”, al cabo del cual se profirió la Ley 241 de 1995 (3) , que prorrogó la anterior por un término igual. Esas disposiciones a su vez fueron prorrogadas y modificadas por la leyes 418 de 1997 (4) y 548 de 1999 (5) .

Ante la inminencia del vencimiento de las mencionadas leyes y en atención a la importancia de los mecanismos en ellas creados, el legislador, consideró conveniente prorrogarlas. Con tal finalidad expidió la Ley 782 de 2002, la cual prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 y modifica algunas de sus disposiciones.

Es relevante para el análisis de este cargo señalar que uno de los propósitos fundamentales de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002, fue el de dotar al Estado colombiano de “instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los tratados internacionales aprobados por Colombia” (art. 1º). En procura de ese objetivo la ley se estructura sobre dos ejes fundamentales a saber: (i) El establecimiento de mecanismos que permitan adelantar políticas de diálogo y reconciliación nacional; y, (ii) brindar los instrumentos necesarios para el fortalecimiento institucional en diversas áreas que se consideran afectadas por el conflicto armado que vive el país. Dentro de éste último eje se ubica el título II, relativo al control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley, en el cual a su vez se inserta la creación del tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados.

Los elementos fundamentales de este tipo penal autónomo que introduce la norma impugnada son los siguientes:

a. El bien jurídico tutelado. Dentro del ejercicio de su potestad de configuración vinculada a sus competencias en materia de política criminal, el legislador diseñó un tipo penal orientado a la protección de un bien jurídico complejo, que se deduce de los concretos objetivos de la ley, y se integra por valores como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, vinculados al deber estatal de crear condiciones para el desarrollo del individuo en libertad.

b. El sujeto activo, no reviste ninguna cualificación especial. Consideró el legislador que cualquier persona podría potencialmente incurrir en conducta idónea para lesionar los bienes jurídicos que la norma protege.

c. La conducta, que estructura el tipo penal consiste en el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados, cuándo estos sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto, poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo.

Esta conducta debe ubicarse dentro del contexto específico que le asigna la ley que la crea, vale decir, el financiamiento de las actividades de grupos armados organizados al margen de la ley.

d. En cuanto a la punibilidad estableció varios rangos:

— Una pena privativa de la libertad que va de seis (6) a diez (10) años, concurrente con multa de 1.000 a 8.000 salarios mínimos legales vigentes, para los eventos en que el valor del apoderamiento sobrepase los diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.

— Una pena privativa de la libertad de dos (2) a seis (6) años, concurrente con multa de 100 a 500 salarios mínimos legales vigentes, cuando el valor del apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Una circunstancia específica de agravación punitiva, aplicada a los anteriores rangos, en consideración a la calidad del sujeto activo, cuándo éste fuere servidor público.

e. La competencia, se asignó a los jueces civiles del circuito especializados.

De los antecedentes normativos y la configuración del tipo penal, se establece con claridad que la norma acusada, se inserta dentro de un cuerpo normativo expedido por el legislador con la inequívoca finalidad de adoptar medidas tendientes a contrarrestar las alteraciones del orden público y a promover el restablecimiento de la convivencia pacífica, a través del reforzamiento de instrumentos orientados al control y estrangulamiento de las fuentes de financiamientos de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Ahora bien, sobre el principio de unidad de materia a que se debe someter todo proyecto de ley, tal como lo señalan los artículos 158 y 169 de la Carta, ha destacado la Corte (6) su importancia en orden a la racionalización y transparencia del debate democrático, en la medida que además de evitar que a través de prácticas oportunistas se introduzcan temas ajenos a los globalmente tratados, asegura que el cuerpo de leyes aprobadas obedezca a un mínimo de lógica y coherencia interna que facilite su consulta por la ciudadanía, en cuanto cada ley deberá responder a un tema, y al título que la identifica.

Ha destacado así mismo, el componente técnico y metodológico que esta exigencia constitucional introduce en el debate legislativo, protegiéndolo de “incongruencias normativas que en forma subrepticia, inadvertida, inconsulta e incluso anónimas aparecen en los proyectos de ley y que, por razón de su imprevisión e incoherencia temática, no guardan ninguna relación con la materia desarrollada en el respectivo proyecto” (7) .

Constituye además un reforzamiento de la legitimidad del debate democrático en cuanto garantiza que el mismo se concentre en materias previamente definidas, conocidas y discutidas al interior de cada una de las comisiones y plenarias de las Cámaras legislativas, impidiendo que se introduzcan en los proyectos asuntos totalmente extraños, contrarios o que invadan de manera inexplicable, el contenido y finalidades de los temas allí tratados.

Sin embargo, también se ha precisado por parte de esta corporación el alcance de este principio, en el sentido que no obstante su inequívoco propósito de impedir las incongruencias normativas en la ley, y garantizar la transparencia del debate democrático, el mismo no puede concebirse como un concepto rígido que desborde su verdadera finalidad y se desvíe hacia la obstaculización del trabajo legislativo. De tal manera que, “solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley (8) ”.

Un análisis global de los antecedentes, estructura y contenidos de las leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, conduce a sostener que el cargo por violación del principio de unidad de materia planteado por la actora carece de todo sustento. En efecto, la tipificación que en la norma demandada se introduce respecto del apoderamiento ilícito de hidrocarburos y sus derivados, no puede calificarse como una materia extraña, invasiva o contradictoria del contenido global del cuerpo normativo en que se inserta.

Por el contrario, preserva una adecuada conexidad causal, teleológica, temática y sistemática con la materia dominante de la misma, cual es el propósito de contrarrestar las alteraciones del orden público producidas por grupos armados, organizados al margen de la ley, la búsqueda de la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la justicia.

La conexidad causal con los objetivos globales de la ley, se establece a partir de la revisión de los antecedentes de la ley (9) en los que se aprecia que uno de los factores que se consideran relevantes dentro de la situación general de alteración del orden público que se pretende conjurar, es el relativo a la afectación de la infraestructura económica del Estado, particularmente en lo relativo a los hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de los grupos armados organizados al margen del la ley.

La conexidad teleológica se establece a partir de la consideración de que el tipo penal creado mediante la disposición acusada, se orienta a minimizar o restringir el alto grado financiamiento que los grupos armados ilegales derivan de la sustracción de hidrocarburo.

La conexidad temática emerge de la evidente relación que se puede establecer entre una conducta que se considera atentatoria de bienes jurídicos como la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, con los objetivos de la ley, que en esencia aglutinan estos mismos valores.

La conexidad sistemática deviene claramente de la ubicación del tipo penal en el título II relativo al control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley, como uno de los múltiples instrumentos a que acudió el legislador ordinario en su propósito de conjurar las causas de alteración del orden público, y propender por el restablecimiento de la convivencia pacífica y la eficacia de la justicia.

Por tales razones advierte la Corte que el cargo por violación del principio de unidad de materia, no está llamado a prosperar.

5. Examen de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, frente al principio de proporcionalidad e igualdad de trato.

A juicio de la demandante, y del ciudadano que coadyuva la demanda, la descripción del tipo penal de que trata el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, resulta “insuficiente en cuanto a los sujetos activos”, en razón a que por ser un delito especial, era obligación del legislador identificar el sujeto activo del hecho punible, con el fin de evitar que una norma con una finalidad plenamente identificada —ejercer un control al financiamiento de los grupos armados al margen de la ley—, resultara siendo aplicada a la delincuencia común, con las mismas consecuencias con que se trata a los grupos terroristas, lo que redunda en violación del principio de proporcionalidad y de igualdad.

Por tratarse de una materia que involucra la potestad del legislador ordinario en relación con la configuración de tipos penales, es preciso hacer una referencia a los límites que conforme a la jurisprudencia de la Corte condicionan el ejercicio de esta facultad.

En efecto, como lo ha reiterado la Corte, el legislador ordinario cuenta con un amplio margen de libertad de configuración en materia punitiva para adoptar las decisiones que más convengan a la política criminal del Estado. No obstante, el ejercicio ordinario de esta competencia se encuentra sometido y condicionado por límites que la propia Constitución impone al ejercicio del ius puniendi. Esos límites materiales se encuentran en los derechos constitucionales de los asociados, que se constituyen así en fundamento y límite de esa potestad punitiva estatal, y en los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad (10) . Tales criterios condicionan tanto la definición del tipo penal, como la determinación de la sanción imponible.

En cuanto fundamento, los derechos constitucionales exigen que la potestad punitiva del Estado se oriente hacia su plena efectividad, y en cuanto límite, la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas.

De tal manera que una de las principales funciones del Estado es la de crear las condiciones para asegurar al individuo una esfera de libertad y protección frente a la violencia de otros individuos que vulneran esa órbita de libertad. Para ello en ocasiones debe acudir a instrumentos extremos como el ejercicio del ius puniendi, cuando otros instrumentos menos gravosos en materia de libertades, han resultado insuficientes. Sin embargo, esa potestad no se presenta como plenamente discrecional, hallándose sujeta a los límites constitucionales ya indicados.

De suerte que el ejercicio de la potestad configuradora del legislador ordinario en materia punitiva, constituye un instrumento legítimo para la salvaguarda de derechos constitucionales de los asociados, siempre y cuando respete los límites que le impone la Constitución.

Corresponde entonces a la Corte determinar si en efecto como lo señala la demandante, la técnica legislativa aplicada a la configuración del tipo penal autónomo de hurto de hidrocarburo y sus derivados, entraña una trasgresión a esos límites constitucionales, particularmente al principio de proporcionalidad, en virtud de no haber calificado el sujeto activo de la conducta.

Para el efecto es preciso apelar a algunos conceptos de la dogmática jurídico penal, particularmente a lo que se entiende, en este ámbito, por delitos especiales. Se trata de una categoría caracterizada por que solo puede ser autor de ese tipo de ilícitos quien reúna determinada cualidad, que generalmente consiste en una posición de deber extrapenal, por lo que algunos autores proponen hablar de delitos de infracción del deber (11) . Desde este punto de vista puede ser autor de estos delitos, el que infrinja su deber especial derivado, por vía de ejemplo, de una posición oficial (servidor público), o de una condición particular como la de médico, apoderado o mandatario, etc.

Aunque la mayoría de los tipos penales especiales utilizan la expresión “el que” o “quien”, en ocasiones la conducta lleva implícita una violación de un deber especial por lo que la cualificación del sujeto no depende necesariamente de la expresión usada para designarlo, sino de la naturaleza de la conducta en cuanto comporta la violación de un deber especial, de aquellos que exige la necesidad de tutela del bien jurídico implicado en el tipo.

De otra parte, la relevancia práctica de los delitos especiales radica fundamentalmente en la delimitación del ámbito entre autoría (12) y participación (13) , en orden a establecer las repercusiones que tienen las calidades personales especiales para efectos de la punibilidad.

De los insumos teóricos antes reseñados se pueden sacar dos conclusiones que interesan a este análisis. De una parte, que técnicamente no es posible hablar de que el hurto de hidrocarburos cometido por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, pueda erigirse en un delito especial en cuanto que el mismo no comporta la infracción de un deber por parte de los actores, que tenga relevancia para el reforzamiento de la tutela de los bienes jurídicos que el tipo protege. Y de otra, que la cualificación del tipo, tal como lo reclama la demandante, podría tener repercusiones en el ámbito de la autoría, para establecer quien podría tener la calidad de autor en sentido dogmático, pero no excluiría que terceros, es decir personas no pertenecientes a grupos armados ilegales, que incurran en la conducta descrita dentro del contexto que la norma plantea, pudiesen ser incriminadas por este ilícito por la vía de la participación (determinadores y cómplices), conforme a las reglas que la regulan.

Así las cosas, considera la Corte que los principios de igualdad y proporcionalidad, en relación con los posibles destinatarios de la norma, se preservan de mejor manera enfocando el tema, no desde el punto de vista de la calidad del sujeto activo, sino desde el ámbito del bien jurídico tutelado por la norma.

En el derecho penal contemporáneo, el punto de partida para su legitimación radica en que no puede existir conminación penal que no proteja uno o más bienes jurídicos, los cuales a su vez deben tener soporte constitucional. De suerte que no es posible tutelar por la vía de la conminación penal, intereses jurídicos que no posean un claro referente en la Constitución. Lo que desde luego, no implica que todos los valores, principios o derechos de la Constitución deban ser protegidos en éste ámbito. Corresponde al legislador, en desarrollo de la política criminal determinar los bienes jurídicos que ameritan la protección extrema y subsidiaria que brinda el derecho penal.

La única restricción dada al legislador para la determinación de los bienes jurídicos que merecen tutela jurídico penal, se encuentra en los principios, derechos y valores de la Constitución, particularmente como ya lo indicamos en los derechos constitucionales de los asociados y en los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y estricta legalidad.

Tal como se establece de los antecedentes de la ley en que se inserta la norma demandada, los bienes jurídicos que a través de ella se protegen son el orden público y la convivencia pacífica (C.P., art. 2º), la economía nacional (C.P., art. 32) y el medio ambiente (C.P., art. 79 ), bienes jurídicos que tiene un evidente respaldo en la Constitución. Desde luego que la legitimidad de las conminaciones penales para la protección a estos valores constitucionales colectivos e institucionales, está condicionada a su vinculación con el deber del Estado de crear condiciones propicias para que los individuos se puedan desarrollar en un ámbito de libertad. No en vano el artículo 1º de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la ley parcialmente demandada, establece que las normas que ella consagra “tienen por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundametales reconocidos en la Constitución Política y/o los tratado internacionales aprobados por Colombia”.

De tal manera que cae dentro del amplio ámbito de configuración del legislador, el que a partir de sus propias valoraciones político criminales, establezca un tipo penal autónomo de hurto de hidrocarburos y sus derivados orientado a la protección de bienes jurídicos como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, entendidos como condiciones básicas para que los individuos se desarrollen en condiciones de libertad.

El ejercicio de esta potestad punitiva incluye la legítima decisión del legislador de crear nuevas conductas punibles o modificar las existentes, bien sea ampliando o restringiendo los sujetos, la conducta o sus consecuencias jurídico penales, a condición de respetar los límites que impone la Constitución.

En el estado actual de desarrollo de la política criminal no es posible limitar el concepto de bien jurídico a los bienes individuales, en la medida que muchos bienes jurídicos de la comunidad y aún del Estado, resultan imprescindibles para la tutela legal de los bienes individuales, aspecto de particular importancia en un modelo constitucional de Estado que pone el acento en la persona.

Ahora, lo que le está vedado al legislador es desbordar los límites constitucionales que controlan su potestad configuradora en materia punitiva, que tal como lo ha entendido la Corte están determinados por “los derechos constitucionales de los asociados (que) se erigen en límite de la potestad punitiva del Estado, de manera que su núcleo esencial y criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad, constituyen límites materiales para el ejercicio ordinario de esta competencia estatal. Estos criterios se aplican tanto a la definición del tipo penal como a la sanción imponible” (14) .

Para responder al cargo propuesto debe la Corte analizar si la configuración del tipo autónomo de hurto de hidrocarburos y sus derivados, que se inserta en el contexto normativo de la Ley 782 de 2002, vulnera el principio de proporcionalidad e igualdad de trato ante la ley, en razón a que conforme a su estructura dogmática, no cualifica los destinatarios de la conminación penal.

El punto de partida para este análisis radica en que la exigencia contemporánea de que el derecho penal debe orientarse a la protección bienes jurídicos, desempeña un importante papel de restricción sustancial al ámbito de las conminaciones penales, criterio que debe estar presente tanto en el momento de la configuración como de la aplicación de los tipos penales.

Como consecuencia de ello, los elementos que conforman la estructura típica del delito deben estar impregnados del concepto de bien jurídico. De manera que no es posible analizar los elementos que conforman el tipo penal (sujeto, conducta, elementos normativos, etc.) de manera aislada y con prescindencia del bien jurídico que la norma pretende proteger, en cuanto que uno y otro concurren a integrar el injusto penal.

Así, el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados establecido por el legislador como un tipo penal autónomo orientado a la tutela de un bien jurídico complejo integrado por valores como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional, el medio ambiente, que propenden por crear condiciones adecuadas para la vida de los individuos, debe ser comprendido y aplicado tomando en cuenta ese propósito específico de tutela que animó al legislador.

Lo que realiza el injusto penal contemplado en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, es el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a través un oleoducto, gasoducto, naftaducto, poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, y con capacidad de afectación de los bienes jurídicos que la norma tutela.

Si bien conforme a los antecedentes de la ley, y a los criterios de política criminal que la originan, quienes se encuentran en mayor posibilidad de afectar, a través de la conducta conminada, los bienes jurídicos que la norma tutela, son los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, ello no excluye que personas que no formen parte de esos grupos puedan eventualmente incurrir en comportamientos que se adecuen a la norma, no sólo en cuanto a la descripción típica, sino en cuanto a la idoneidad de la conducta para afectar los bienes jurídicos tutelados.

Que la norma tenga como finalidad enfrentar el financiamiento que estos grupos derivan del apoderamiento de hidrocarburos, tampoco indica que los únicos sujetos que pueden cometer el delito sean quienes pertenecen a dichos grupos, pues su financiación se puede lograr tanto si el comportamiento prohibido lo ejecutan dichos sujetos u otro cualquiera.

De manera que lo que coloca en un plano de igualdad a los innominados destinatarios de la norma, no es la calidad a través de la cual actúan, si no la incursión en un comportamiento que tiene la potencialidad de amenazar o lesionar los bienes jurídicos que la norma tutela. Una interpretación que aísle el sujeto activo y la conducta del contenido protectorio de la norma, si podría llevar a aplicaciones inequitativas y desproporcionadas de la ley penal.

Advierte así la Corte que la norma acusada no vulnera el principio de igualdad, ni es ajena a criterios de proporcionalidad, en razón a que (i) erige en delito autónomo una conducta que lesiona un bien jurídico específico y complejo que se deriva del contexto de la propia ley; (ii) por el carácter pluriofensivo de la conducta estableció unos rangos punitivos que el legislador consideró acordes con el nivel de lesividad de la misma; (iii) el destinatario de la conminación penal es cualquier persona que incurra en la conducta con potencialidad de afectación del bien jurídico tutelado; (iv) establece una causal específica de atenuación punitiva determinada por la menor cuantía; (v) crea una causal específica de agravación punitiva, derivada de la calidad servidor público del sujeto.

Se observa que la norma se estructura estableciendo diversos niveles de reacción punitiva, en consideración a circunstancias que inciden en la punibilidad tales como la cuantía de lo apropiado, y la calidad de servidor público en el agente.

El que se haya utilizado una técnica legislativa que prescinde de la calificación del sujeto activo, potencia la idoneidad de la norma para proteger los bienes jurídicos que pretende tutelar, en cuanto que cobija todos aquellos actos, que además de responder a su descripción tengan potencialidad de afectación de los bienes jurídicos específicamente tutelados en el tipo autónomo.

Paralelamente no introduce tratos desproporcionados o discriminatorios, contrarios a la Constitución en la medida que, como ya se indicó, es la realización de una conducta con idoneidad para lesionar los bienes jurídicos específicos que la norma tutela, lo que ubica en un plano de igualdad a los destinatarios de la norma, trátese de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley o de personas que no tengan tal condición.

En conclusión, a juicio de la Corte, la norma acusada se profirió dentro del legítimo ámbito de configuración que en materia punitiva compete al legislador, sin que se advierta un desconocimiento de los límites constitucionales a que está atado en su labor, en particular el derecho fundamental a la igualdad de trato y el principio de proporcionalidad.

Tal como se indicó, lo que resulta relevante para la aplicación del tipo penal no es la calidad del sujeto activo, sino la idoneidad de la conducta para lesionar el bien jurídico complejo que la norma tutela. Así, todos aquellos que cometan hechos con esa capacidad lesiva, y que caigan dentro del ámbito descriptivo de la norma, quedarán sometidos a las consecuencias de la misma. De tal manera que a personas ubicadas en una misma situación de hecho —autores o partícipes de conductas cobijadas por la norma y con capacidad de afectación de los bienes jurídicos tutelados— independientemente de su pertenencia o no a un grupo armado ilegal, se les prodiga el mismo trato.

De lo anterior se deduce que el cargo por presunta violación de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, no está llamado a prosperar y así lo declarará la Corte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado en esta sentencia, el artículo 44 de la Ley 782 de 2002.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Entre los considerandos de este decreto se señalaba que “Además de las acciones armadas contra la fuerza pública, los grupos guerrilleros han incrementado su estrategia de atentar contra la población civil y contra la infraestructura de producción y servicios, con el fin de minar la solidaridad ciudadana con las autoridades, debilitar la organización económica del país y obtener de funcionarios públicos y de particulares concesiones y beneficios de diversa índole”. Adicionalmente que “los grupos mencionados han logrado aprovecharse de diversas organizaciones sociales legítimas para inducirlas realizar actividades contrarias a la Constitución y a la ley”, y que, (…) “es necesario responder a la estrategia de los grupos guerrilleros con medidas que aseguren la seguridad ciudadana, corten el flujo de recursos que financian las actividades de aquellos, e impidan que dispongan de los bienes que requieren para sus operaciones delincuenciales”. Este decreto fue declarado integralmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-031 de 1993.

(2) El título III de esta ley, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, está dedicado al diseño de estrategias para el “Control del financiamiento de actividades subversivas y terroristas”. En el artículo 89 que forma parte del capítulo III del mencionado título, se atribuye a los jueces regionales la competencia del delito de hurto de hidrocarburos, agravado por la cuantía, independientemente de la calidad del sujeto activo: “Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo, cuando aquél recaiga sobre petróleo y sus derivados que se sustraigan ilícitamente de un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión del hecho”.

(3) Esta ley que prorroga la vigencia y modifica la Ley 104 de 1993, en su artículo 1º prorroga específicamente la vigencia del artículo 89 de la Ley 104 que atribuía a los denominados jueces regionales el conocimiento del delito de hurto de hidrocarburos, agravado por la cuantía y sin consideración a la calidad del sujeto activo.

(4) Mediante esta ley se “consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. En el artículo 96 de esta ley se establece que “Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo, cuando aquel recaiga sobre petróleo y sus derivados que se sustraigan ilícitamente de un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión del hecho”.

(5) Mediante esta ley “se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”. En lo que atañe al hurto de hidrocarburos se prorroga la vigencia del texto que traía el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, es decir, un tipo penal de hurto agravado, por la naturaleza del objeto material (petróleo o sus derivados), asignándose la competencia a los jueces regionales.

(6) Cfr. C- 795 de 1994, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

(7) Cfr. C- 796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(8) Ibídem.

(9) Se reitera que el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, reemplazó el 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por la Ley 548 de 1999.

(10) Entre otras, se pueden revisar las sentencias C-587 de 1992, C-504 de 1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995, C-070 de 1996, C-113 de 1996, C-125 de 1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997, C-297 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998, C-083 de 1999, C-996 de 2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001.

(11) Cfr. Roxín, Claus, “Derecho Penal, parte general”, tomo II, editorial Civitas, 1992, págs. 337, 338.

(12) Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo, o utilizando a otro como instrumento (C.P., art. 29 inc. 1º).

(13) Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. (C.P., art. 30)

(14) Cfr. C-587 de 1992, C-504 de 1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995, C-070 de 1996, C-113 de 1996, C-125 de 1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997, C-297 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998, C-083 de 1999, C-996 de 2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001, entre otras.

_________________________________