Sentencia C-928 de septiembre 6 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-928 de 2005 

Ref.: Expediente D-5703

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: Yaneth Amparo Anaya Estévez

Bogotá, D.C., seis 6 de septiembre de dos mil cinco.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 (parcial) de la Ley 782 de 2002.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada.

A continuación se trascribe la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 45.043 de 23 de diciembre de 2002, subrayando el segmento acusado:

LEY 782 DE 2002 

“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”.

(…)

ART. 19.—El artículo 50 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así:

ART. 50—El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

No se aplicará lo dispuesto en este título a quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión.

PAR. 1º—El indulto no será concedido por hechos respecto de los cuales este beneficio se hubiere negado con anterioridad, salvo que el interesado aporte nuevos medios de prueba que modifiquen las circunstancias que fueron fundamento de la decisión.

PAR 2º—Cuando se trate de menores de edad vinculados a los grupos armados organizados al margen de la ley, las autoridades judiciales enviarán la documentación al comité operativo para la dejación de las armas, el cual decidirá sobre la expedición de la certificación a que hace referencia el Decreto 1385 de 1994, en los términos que consagra esta ley.

PAR. 3º—El Gobierno Nacional, a través de sus diversos organismos, creará los mecanismos necesarios para garantizar la vida e integridad de las personas que reciban los beneficios contemplados en este título.

Para estos efectos, ordenará la suscripción de pólizas de seguros de vida y diseñará planes de reubicación laboral y residencial, que serán aplicados en el interior del país y, cuando fuere necesario, adoptará las medidas establecidas en el título I de la segunda parte de la presente ley.

En forma excepcional, el Gobierno Nacional, a petición del grupo armado organizado al margen de la ley que pretenda su desmovilización, o del reinsertado, colaborará, sin perjuicio de las demás garantías que resulten del proceso de negociación, para facilitar la obtención del derecho de asilo en los países que puedan garantizar su seguridad.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte.

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de una ley de la República.

Problema jurídico planteado

2. Corresponde a la Corte determinar si la expresión acusada prevé que el Gobierno Nacional conceda indulto por delitos no políticos a los nacionales que individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y en consecuencia quebranta lo dispuesto en los artículos 150, numeral 17, y 201, numeral 2º, de la Constitución.

Para tal efecto la Corte hará unas consideraciones sobre el principio de personalidad de la pena y sobre la amnistía y el indulto y a continuación examinará el cargo formulado.

Principio de personalidad de la pena

3. La función punitiva del Estado (ius puniendi) constituye una de las manifestaciones más importantes de su soberanía y es ejercida, por una parte, por el legislador, mediante la tipificación de las conductas que considera reprochables y la atribución de las penas y medidas de seguridad correspondientes y, por otra parte, por el juez competente, quien tiene a su cargo imponer estas últimas a quienes han sido declarados penalmente responsables.

En la época primitiva la responsabilidad por la comisión de los delitos recaía sobre el grupo social al cual pertenecía su autor, es decir, sobre el clan, la tribu o la familia, pero gracias a la evolución del derecho penal y particularmente por el influjo de la filosofía liberal a partir del siglo XVIII, la responsabilidad penal devino individual, exclusivamente a cargo de su autor y partícipes, lo cual puede considerarse estrechamente ligado a la exigencia de la culpabilidad, esto es, la voluntad consciente de realizar la conducta, evidentemente en ejercicio de la libertad personal, como componente indispensable para deducir la responsabilidad.

Dicha responsabilidad individual se traduce en el principio de la personalidad de la pena, que ocupa un lugar destacado en el Derecho Penal moderno.

Sobre este tema un reconocido autor señala:

“Según lo dicho, todo delito requiere el comportamiento de un hombre, por lo que el sujeto de la acción y, por tanto, del delito solo podría serlo el hombre individual. Pero históricamente existió la responsabilidad colectiva(1) y en la actualidad se plantea la cuestión de si también pueden ser sujetos del delito las personas jurídicas.

1. De la responsabilidad colectiva a la responsabilidad individual

A) En el derecho penal primitivo, que podríamos situar en la época en que la reacción penal constituía la llamada “venganza de la sangre”, esta recaía con frecuencia sobre cualquiera de los miembros de la familia (Sippe) a que pertenecía el autor de la ofensa(2).

B) En el antiguo régimen los crímenes más graves se castigaban con penas que trascendían a los más próximos familiares, que eran desterrados, privados de sus bienes o de ciertos derechos. Ello se fundaba en el principio de prevención general: como dice Antón, “se esperaba que el amor a los hijos o a los padres sirviera de contrapeso a las tentaciones criminales cuando fallase el instinto de propia conservación”(3).

C) En los fueros españoles se encuentran testimonios de responsabilidad colectiva de las ciudades, en casos de penas pecuniarias a autor insolvente o desconocido. Así, afirma esa responsabilidad el Fuero de León, la limita el Libro de los Fueros de Castilla y la rechaza el Fuero de Navarra(4).

El fundamento de la extensión de la responsabilidad penal a personas distintas al autor del delito, que ya se ha dicho que descansa en la prevención general, no es suficiente para justificar este tipo de responsabilidad, pues la prevención general ha de limitarse por el principio de personalidad de la pena, exigencia de un Estado democrático que respete la dignidad humana”(5).

Amnistía e indulto

4. En forma general, puede considerarse que el delito político es aquella infracción penal cuya realización busca el cambio de las instituciones o sistemas de gobierno para implantar otros que el sujeto activo, generalmente caracterizado por su espíritu altruista y generoso, considere más justos.

Para su determinación, en la doctrina penal se han considerado los criterios objetivo y subjetivo. A este respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“Bien sabido es, que la definición de delito político o la conexidad con él, ha dado lugar a muchas discusiones en la doctrina. Al respecto se han enfrentado dos criterios contrapuestos:

“Por un lado el criterio objetivo que acepta como delito político, únicamente aquellos que con variadas denominaciones están definidos y reprimidos en las normas sustantivas para la salvaguardia de la estructura y funciones del Estado como organismo político; por el otro la concepción subjetiva del delito político, que acepta como tales, no solo los previstos en las normas enunciadas, siendo aquellos hechos que siendo aparentemente comunes, por conexidad con los ilícitos políticos, pueden favorecer la comisión de ellos o permitir al autor escapar a la aplicación de la sanción penal”(6).

Conforme a la primera tesis se considera que los delitos políticos propios o principales son los que atentan directamente contra el bien jurídico tutelado consistente en el régimen constitucional y legal, como son la rebelión, la sedición y la asonada, que consagran expresamente numerosos ordenamientos.

Conforme a la segunda tesis la regulación aplicable a los delitos políticos se extiende a los delitos no políticos conexos con aquellos.

5. La Constitución colombiana prevé expresamente el delito político y le otorga un tratamiento benévolo, con fundamento en su motivación altruista, respecto del delito común, que tiene móviles egoístas, así:

i) Al señalar los delitos políticos como merecedores de los beneficios de amnistía e indulto (arts. 150, num. 17, y 201, num. 2º).

ii) Al excluir la condena por sentencia judicial a pena privativa de la libertad por la comisión de delitos políticos como causal de inhabilidad para ser congresista (art. 179, num. 1º), magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (art. 232, num. 3º) o diputado (art. 299).

iii) Al establecer que la extradición no procederá por delitos políticos (art. 35, modificado A.L. 1/97, art. 1º).

Por su parte, el Código Penal Colombiano vigente (L. 599/2000) señala en el título XVIII los delitos contra el régimen constitucional y legal y dispone que cometen el delito de rebelión los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente (art. 467), cometen el delito de sedición los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes (art. 468) y cometen el delito de asonada los que en forma tumultuaria exigieren violentamente a la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones (art. 469).

6. Entre las expresiones del tratamiento benévolo que la Constitución Política colombiana otorga al delito político se encuentran, como se indicó, la amnistía y el indulto, en relación con la responsabilidad penal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 17, superior, corresponde al Congreso de la República, por medio de las leyes, “conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.

A su vez, el artículo 201, numeral 2º, ibídem, establece que corresponde al Gobierno Nacional, en relación con la rama judicial, “conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares”.

Con base en estos preceptos, cuyo texto es sustancialmente igual a los contenidos respectivamente en los artículos 76, numeral 19, y 119, numeral 4º, de la Constitución de 1886, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han indicado que la amnistía y el indulto son dispositivos jurídicos extraordinarios orientados a la superación de situaciones de conflicto social y a restablecer el orden jurídico; que la primera es el olvido de la comisión del delito político y técnicamente la extinción de la acción penal respectiva, y tiene carácter general o abstracto, y que el segundo es el perdón de la sanción aplicable por dicha comisión y técnicamente la extinción de la pena impuesta por las autoridades judiciales mediante sentencia ejecutoriada, y tiene carácter particular o concreto.

Por su parte, el Código Penal vigente consagra la amnistía como causal de extinción de la acción penal (art. 82) y el indulto como causa de extinción de la sanción penal (art. 88).

Así mismo, la amnistía y el indulto deben garantizar los derechos de las víctimas de los delitos a la verdad, la justicia y la reparación, que derivan de los principios y reglas del proceso penal contemporáneo, forman parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia consagrados en el estatuto superior (arts. 29 y 229) y responden también a las exigencias del derecho internacional, en particular de las disposiciones de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(7).

Acerca de este aspecto debe señalarse que el ordenamiento constitucional colombiano consagra en el preámbulo como uno de sus valores fundamentales la vigencia de un orden justo, el cual constituye también unos de los fines esenciales del Estado (art. 2º), y que en relación con el derecho de las víctimas de los delitos a la reparación dicho ordenamiento prevé en forma general que en ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito (art. 250, num. 6º). De otro lado, específicamente sobre la amnistía y el indulto, consagra que “en caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar” (art. 150, num. 17).

Examen de los cargos formulados

7. Según la demandante, la expresión acusada prescribe que el Gobierno Nacional puede conceder indulto por delitos no políticos a los nacionales que individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y en consecuencia quebranta lo dispuesto en los artículos 150, numeral 17, y 201, numeral 2º, de la Constitución.

La Ley 782 de 2002 prorrogó por el término de cuatro (4) años la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, y modificó algunas de sus disposiciones. A su turno, la Ley 418 de 1997 consagró unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y dictó otras disposiciones.

Esta última ley tiene por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales aprobados por Colombia (art. 1º).

La Ley 418 de 1997, con sus modificaciones, contiene dos partes:

i) Una primera parte, que trata de los instrumentos para la búsqueda de la convivencia, concretamente disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley(8) para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica y disposiciones para proteger a los menores de edad contra efectos del conflicto armado (título I), la atención a las víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, en materia de salud, vivienda, crédito y educación (título II), y las causales de extinción de la acción y de la pena en casos de delitos políticos (título III).

ii) Una segunda parte, referente a los mecanismos para la eficacia de la justicia, que son la protección a intervinientes en el proceso penal (título I), el control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley (título II), la información y sistemas de radiocomunicaciones (título III), las sanciones por incumplimiento de las órdenes del Presidente de la República en materia de orden público (título IV), las nuevas fuentes de financiación (título V) y las disposiciones sobre reservas y adjudicación de terrenos baldíos (título VI).

8. El artículo 50 de dicha Ley 418 de 1997, parcialmente demandado, que fue modificado por el artículo 19 de la Ley 782 de 2002, es el primero del título III de la primera parte, que tiene como enunciado “Causales de extinción de la acción y de la pena en casos de delitos políticos”.

El contenido de los dos primeros incisos de esta disposición es el siguiente:

“El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

“También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

“(…)”

La demanda se dirige únicamente contra el segundo de estos incisos. Los dos contemplan la concesión del indulto por parte del Gobierno Nacional en dos situaciones:

i) cuando el solicitante forma parte de un grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz que, a juicio del Gobierno, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil, “por hechos constitutivos de delito político” (inc. 1º).

ii) cuando el solicitante, individualmente y por decisión voluntaria, abandone sus actividades como miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley y haya además demostrado, según el criterio del Gobierno, su voluntad de reincorporarse a la vida civil (inc. 2º). Este aparte no señala expresamente que deba tratarse de delitos políticos.

La Corte debe señalar que, por ser la responsabilidad penal en el Derecho contemporáneo siempre individual, y no colectiva como lo fue en su etapa primitiva, conforme al principio de personalidad de la pena, como se indicó en estas consideraciones, en las dos hipótesis mencionadas debe cumplirse tal postulado, lo cual excluye manifiestamente la posibilidad de que el Gobierno Nacional otorgue el indulto en la primera de ellas a los miembros del grupo con el que se adelante un proceso de paz, sin que se haya establecido la responsabilidad penal de cada uno de ellos, “en cada caso particular” como la disposición misma lo contempla. Esta exigencia se corrobora con el hecho de que de acuerdo con el criterio unánime de la doctrina jurídica uno de los requisitos para la concesión del indulto es que exista una condena ejecutoriada del beneficiario, sin perjuicio de que el legislador establezca otras causas de extinción de la pena.

Por otra parte, debe definirse si en la segunda de las referidas hipótesis se requiere que el delito sea político, ya que el inciso 2º no lo exige expresamente y la demandante considera que por esta razón el Gobierno Nacional puede aplicarlo, y lo está aplicando, a delitos no políticos, en forma contraria a los preceptos constitucionales.

A este respecto debe partirse de la consideración de que los artículos de las leyes y de otros cuerpos normativos pueden contener varias normas o disposiciones, las cuales, a su vez, pueden tener varios sentidos o interpretaciones:

En el presente caso el inciso 2º del artículo 50 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 19 de la Ley 782 de 2002, constituye una norma que tiene dos sentidos normativos:

i) Un primer sentido, en virtud del cual el Gobierno Nacional puede conceder el indulto por delitos no políticos, como se plantea en la demanda, el cual es abiertamente contrario a lo dispuesto en los artículos 150, numeral 17, y 201, numeral 2º, de la Constitución Política, por prever estos expresamente que debe tratarse de delitos políticos.

ii) Un segundo sentido, según el cual el Gobierno Nacional solo puede conceder el indulto por delitos políticos, o sea, por rebelión, sedición y asonada. Este sentido incluye obviamente el otorgamiento del beneficio por los delitos conexos con los delitos políticos, de acuerdo con el criterio uniforme de la doctrina jurídica.

Como es evidente, este sentido normativo es el que se ajusta a la Constitución, concretamente a los artículos 150, numeral 17, y 201, numeral 2º, por lo cual, con fundamento en el principio de conservación del Derecho, es válido considerar la procedencia de declarar en forma condicionada la citada norma, bajo dicho entendimiento, con el fin de mantener en el ordenamiento jurídico el sentido normativo respetuoso del Estatuto Superior y excluir de aquel el sentido normativo contrario a este último.

No se trata de la existencia de un tipo penal, sino de la determinación de las personas que pueden ser objeto del beneficio constitucional del indulto.

9. En el presente caso el sentido normativo indicado que se ciñe a la Constitución, según el cual el Gobierno Nacional puede conceder solo por delitos políticos el indulto consagrado en el aparte demandado, protege el interés general, que es uno de los fundamentos del Estado colombiano (C. Pol., art. 1º), específicamente en relación con la atención y la solución de los “graves motivos de conveniencia pública” previstos en el artículo 150, numeral 17, superior, para la concesión de los indultos generales por parte del legislador, que el Presidente de la República puede otorgar en los casos particulares con arreglo a la ley respectiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2º, ibídem.

En dichos motivos se enmarca el propósito de lograr y mantener la paz en el país, cuyo significado constitucional tiene un amplio espectro como valor fundamental del Estado (preámbulo), fin esencial de este (art. 2º), derecho fundamental (art. 22) y deber de la persona y del ciudadano (art. 95).

Por el contrario, la concesión del indulto por delitos no políticos no protege los mencionados principios y derechos constitucionales y es contraria al orden justo previsto como valor fundamental del Estado colombiano en el preámbulo de la Constitución.

Por otra parte, cabe resaltar que el mismo sentido normativo concuerda plenamente con el contenido actual del ordenamiento constitucional colombiano y de la normatividad internacional, por causa de la reforma introducida al artículo 93 de la Constitución por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2001, que facultó al Estado colombiano para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de Julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuencialmente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución.

Con base en dicha facultad el Estado colombiano aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 742 de 2002, y tanto aquel como esta fueron declarados exequibles mediante la Sentencia C-578 de 2002(9) proferida por la Corte Constitucional.

Dicho instrumento internacional tiene como propósito fundamental impedir la impunidad frente a delitos de una singular gravedad que atentan contra la comunidad internacional. Así lo revelan su preámbulo(10) y la consagración de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, con un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales (art. 1º), en relación con los delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, considerados “los crímenes más graves de trascendencia internacional” (arts. 5º a 8º), lo cual guarda armonía con los preceptos del ordenamiento constitucional colombiano que consagran la dignidad humana (art. 1º), la inviolabilidad del derecho a la vida (art. 11), el rechazo de la desaparición forzada, las torturas y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12), la igualdad de las personas (art. 13), la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas (art. 17) y el derecho a la paz (art. 22).

Por consiguiente, en la actualidad ni el legislador ni el Gobierno Nacional pueden ignorar dicho cambio en la Constitución Política, y tanto la Ley 782 de 2002 como las demás leyes deben interpretarse y aplicarse en armonía con él.

Por lo anterior, la expresión impugnada será declarada exequible en forma condicionada, por el cargo examinado y con el entendimiento señalado.

VII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE en forma condicionada, por el cargo examinado, el inciso 2º del artículo 50 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 19 de la Ley 782 de 2002, en el entendido de que el indulto a los nacionales que individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley únicamente podrá concederse por los delitos políticos y los delitos conexos con aquellos.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) También se admitió la responsabilidad penal de animales y cosas cuando hubieran sido causa de ciertos delitos: así, en los pueblos primitivos, en la Biblia, en Grecia y en la edad media, y hasta en la moderna, se recuerdan célebres procesos contra animales: cfr. la obra de Bernaldo de Quirós citada en la bibliografía del apartado siguiente, y Antón Oneca, PG, pp. 151 ss.; Cuello, PG, p. 129; von Liszt, Tratado II, p. 298, nota 2; Maurach, Tratado, I, p. 178. Sobre el significado de esta realidad histórica, como prueba de que la exigencia de un comportamiento humano depende de la función del derecho penal en cada imagen de Estado, cfr. Mir Puig, Función, p. 51.

(2) Cfr. Cuello, PG, pp. 59, 68 y ss.; Rodríguez Devesa, PG, p. 376.

(3) Cfr. Antón Oneca, PG, p. 152. Cfr. también Cuello Calón, PG, p. 60.

(4) Cf.r. Cuello, PG, p. 122, nota 4; Antón Oneca, PG, p. 152.

(5) Mir Puig, Santiago. Derecho penal. PG, 3ª Ed. Barcelona, PPU, 1990, pp. 180-182.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 27 de Mayo de 1986, M.P. Lisandro Martínez Zúñiga.

(7) Sobre este tema se puede consultar la Sentencia C-1149 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; Salvamento de voto de Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis.

(8) Según el parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 3º de la Ley 782 de 2002, “De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.

(9) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Aclaración de voto de Rodrigo Escobar Gil.

(10) El preámbulo del Estatuto de Roma contiene, entre otros enunciados:

“Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,

“Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,

“Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

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