Sentencia C-930 de septiembre 6 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-930 de 2005 

Ref.: expediente LAT-274

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Revisión de la Ley 943 del 8 de febrero de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de La Paz a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”.

Bogotá, D.C., seis de septiembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «2. Norma revisada

A continuación se transcribe el texto del instrumento internacional y de la Ley 943 de 2005, conforme aparece publicada en el Diario Oficial 45.816 del 8 de febrero de 2005:

“LEY 943 DE 2005

(Febrero 8)

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).

El Congreso de la República,

Visto el texto del “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 206 DE 2004

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).

El Congreso de la República,

Visto el texto del “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

“Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia, en adelante denominados las “partes”;

ANIMADOS por el deseo de que sus pueblos continúen estrechando sus relaciones mediante el establecimiento de acciones de colaboración en las áreas de la educación y la ciencia;

RECONOCIENDO que la cooperación educativa entre las partes ha tenido frutos satisfactorios para ambas, motivándolas a reafirmar su voluntad de continuar e intensificar dicha cooperación;

ACUERDAN:

ARTÍCULO I

Las partes reconocerán y concederán validez a los títulos, diplomas y certificados de estudios académicos otorgados por las instituciones de educación superior, reconocidos oficialmente por los sistemas educativos de ambos Estados, por intermedio de sus respectivos organismos oficiales, Para el caso de la República de Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, y en el caso de la República de Bolivia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CEUB.

ARTÍCULO II

Para los efectos de este convenio se entenderá por reconocimiento la validez oficial otorgada en cada uno de los Estados contratantes, a los estudios realizados en las instituciones de educación superior reconocidos en los sistemas educativos del otro Estado, acreditados por títulos, diplomas y certificados académicos de las universidades, previo concepto que permita establecer, de acuerdo con los planes de estudio, una equivalencia de los títulos, diplomas y certificados. Dicho reconocimiento habilita a los estudios de postgrado y al ejercicio profesional, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación de cada país.

ARTÍCULO III

— Para que los títulos, diplomas o certificados a que se refiere el artículo I produzcan los efectos expresados, se requiere:

— La presentación del título, diploma o certificado, debidamente legalizado y refrendado por las autoridades competentes.

— La presentación de certificados de carga horaria y de calificaciones, obtenidos durante los estudios, debidamente legalizados y refrendados por las autoridades competentes.

— El programa académico, debidamente sellado por la universidad o la institución de educación superior que otorgó el título.

— Cuando se trate de títulos de maestría y/o doctorado, se deberá presentar la tesis de grado o trabajo de investigación doctoral.

ARTÍCULO IV

Los estudios parciales de nivel superior realizados en una de las partes, serán reconocidos en el otro país, con el único efecto de continuar con los mismos, sobre la base de las asignaturas aprobadas en un programa de educación superior reconocido oficialmente en los sistemas educativos de cada país, para lo cual los interesados exhibirán los certificados académicos expedidos por la institución otorgante, acompañados de los programas académicos de las asignaturas aprobadas, tanto teóricas como prácticas. Estos certificados deberán estar debidamente legalizados o refrendados por las autoridades competentes para su correspondiente análisis.

ARTÍCULO V

Si para el ejercicio de la respectiva profesión en la República de Colombia o en la República de Bolivia es requisito indispensable la prestación del servicio social obligatorio, este deberá realizarse de conformidad con las normas internas aplicables en el territorio de cada una de las partes.

ARTÍCULO VI

Las partes velarán porque el reconocimiento de la validez del título, permita el acceso a cursos de postgrado en cualquier área de conocimiento y todas las acciones derivadas del mismo y porque las entidades competentes para la autorización del ejercicio profesional lo faciliten dentro del postgrado.

ARTÍCULO VII

Las partes tomarán las medidas correspondientes en sus sistemas educativos, con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del presente convenio.

ARTÍCULO VIII

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en este convenio, las partes deberán informarse mutuamente sobre cualquier clase de cambio en sus sistemas educativos, en especial sobre el otorgamiento de títulos y grados o certificados académicos de educación superior.

ARTÍCULO IX

Las partes conformarán una comisión bilateral técnica que estará destinada a elaborar, si lo consideran necesario, una tabla de equivalencias y convalidaciones y se podrá reunir alternativamente en ambos países.

ARTÍCULO X

Las partes se notificarán mediante notas diplomáticas el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para la entrada en vigor del presente convenio. El convenio entrará en vigor a los 30 días después que se haya producido la segunda de tales notificaciones.

ARTÍCULO XI

El presente convenio tendrá una duración de diez años y se prorrogará automáticamente por períodos iguales. Cualquiera de las partes podrá denunciarlo antes del vencimiento de dicho término. La denuncia surtirá efectos noventa después de notificada por vía diplomática.

ARTÍCULO XII

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento, previa solicitud de una de las dos partes. Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que las partes se notifiquen, por vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos internos.

Suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil uno, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

Guillermo Fernández de Soto,

Ministro de Relaciones Exteriores.

Por el Gobierno de la República de Bolivia,

Gustavo Fernández Saavedra,

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2002.

Aprobado.

Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a...

Presentado al honorable Congreso de la República por las suscritas Ministra de Relaciones Exteriores y Ministra de Educación Nacional.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

La Ministra de Educación Nacional,

Cecilia María Vélez White.

Exposición de motivos

Del proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).

Honorables Senadores y Representantes:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150-16 y 189-2 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional se permite someter a consideración del Honorable Congreso de la república el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el “convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).

Es uno de los objetivos de la política exterior colombiana el realizar esfuerzos y acciones con otros Estados, para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios, de manera que esas acciones produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos para las partes.

Y es así como este convenio suscrito con Bolivia, busca romper barreras al reconocer y dar validez en ambos Estados, a los títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior otorgados en el otro Estado, materializándose así, la cooperación educativa entre las partes.

El presente convenio constituye un instrumento eficaz en el proceso de integración regional en América Latina, que responde a la necesidad de poner en marcha el intercambio de conocimientos en beneficio de los pueblos que conforman la comunidad Andina, logrando una formación integral y una posterior circulación de profesionales capaces de aportar el potencial necesario para competir en igualdad de condiciones en el proceso de internacionalización, basado en la ciencia, la investigación y en general, la educación.

Los gobiernos de Colombia y Bolivia, con la intención de estrechar sus relaciones, han suscrito este convenio con el fin de establecer acciones de colaboración en las áreas de la educación y la ciencia, para lo cual reconocen que la cooperación educativa ha tenido frutos satisfactorios para ambas partes, motivando así la suscripción del convenio, como una forma de continuar e intensificar la cooperación.

En el convenio, las partes se comprometen a reconocer y conceder validez a los títulos, diplomas y certificados de estudios académicos otorgados por las instituciones de educación superior, reconocidas oficialmente por ambos Estados.

El reconocimiento mencionado, facilita los estudios profesionales y el ejercicio profesional a los ciudadanos de los países partes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación de cada país, lo que garantiza la observancia de las normas que permitan establecer la real equivalencia de los títulos, diplomas y certificados en cada Estado.

Para la mayor efectividad del acuerdo, el mismo establece los requisitos para que los títulos, diplomas o certificados, produzcan los efectos buscados, es decir, el reconocimiento y validez en el otro Estado.

Otra de las bondades del acuerdo, obedece al hecho de que los estudios parciales de nivel superior realizados en una de las partes, son reconocidos en la otra, con el único efecto de continuar con los mismos, garantizando así la terminación de los estudios por parte de los nacionales de ambos Estados.

También regula el acuerdo, el tema de la exigencia de la prestación del servicio social obligatorio, como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión en el otro país, dejando a la legislación interna de cada Estado definir lo relacionado con el asunto.

Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo, las partes se obligan a intercambiar información sobre cualquier cambio en sus sistemas educativos y en especial sobre el otorgamiento de títulos y grados o certificados académicos de educación superior.

Se contempla la conformación de una Comisión Binacional Técnica con el fin de elaborar una tabla de equivalencias y convalidaciones, con lo que se garantiza el cumplimiento de los requisitos de cada parte para otorgar los títulos, grados y certificaciones.

De esta manera, se presenta a consideración del honorable Congreso de la República este importante convenio en materia educativa entre Colombia y Bolivia, como un paso fundamental en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en el camino hacia la integración entre los países de la región.

Por los anteriores motivos, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y de la Ministra de Educación Nacional, solicita al honorable Congreso Nacional que apruebe el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).

Honorables Senadores y Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

La Ministra de Educación Nacional,

Cecilia María Vélez White.

LEY 424 DE 1998 

(Enero 13)

Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

ART. 2º—Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

ART. 3º—El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los convenios internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

República de Colombia — Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de enero de 1998.

Ernesto Samper Pizano

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 5 de mayo de 2002.

Aprobado.

Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Luis Humberto Gómez Gallo.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,

Zulema Jattin Corrales.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

República de Colombia — Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 8 de febrero de 2005.

Álvaro Uribe Vélez

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

Senado de la República 

Secretaría General

(L. 5ª/92, arts. 139 y ss.)

El día 25 del mes de marzo del año 2004, se radicó en este despacho el Proyecto de Ley 208, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por el Ministro (E.) de Relaciones Exteriores, Camilo Reyes.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud”.

(...).

5. Consideraciones de la Corte Constitucional.

5.1. Naturaleza del control constitucional de los tratados internacionales.

El artículo 241-10 de la Estatuto Superior confiere a la Corte Constitucional el control judicial definitivo acerca de la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Este control de constitucionalidad, de acuerdo con la misma disposición, es de naturaleza integral y automática. En ese sentido, la labor de revisión de las leyes aprobatorias de tratados refiere tanto a los requisitos para su negociación y celebración y al trámite legislativo previo a la aprobación (análisis formal), como al contenido del instrumento internacional (análisis material).

5.2. Análisis formal.

5.2.1. Negociación y celebración del tratado.

De conformidad con la información contenida en el expediente, se colige que el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia” fue suscrito en la ciudad de La Paz (Bolivia) el 20 de agosto de 2001 por el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Guillermo Fernández de Soto, y por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, Gustavo Fernández Saavedra. El Presidente de la República le impartió aprobación ejecutiva al instrumento internacional el 5 de marzo de 2002 y ordenó someterlo a la aprobación del Congreso de la República en los términos de los artículos 189-2 y 224 de la Constitución Política.

En este orden de ideas, el tratado en comento fue suscrito de conformidad con las disposiciones constitucionales que regulan la celebración de acuerdos internacionales por parte del Estado colombiano. En el mismo sentido, fueron cumplidas las previsiones contenidas en el artículo 7-2 a. de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en lo que tiene que ver con la capacidad de los jefes de Estado y los ministros de relaciones exteriores para celebrar dichos acuerdos.

5.2.2. Trámite legislativo.

Con base en la información enviada por el Gobierno Nacional al momento de enviar el expediente a la Corte Constitucional, como de las pruebas decretadas por esta corporación, el trámite legislativo del instrumento internacional fue el siguiente:

El proyecto de ley correspondiente fue presentado por las ministras de relaciones exteriores, Carolina Barco Isakson, y de Educación Nacional, María Cecilia Vélez White. Igualmente, su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 105 del 29 de marzo de 2004 (1) .

5.2.2.1. Trámite en la Comisión Segunda del Senado de la República.

La ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 206/04 Senado, 011/04 Cámara en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el senador Francisco Murgueitio Restrepo el 10 de mayo de 2004 y publicada en la Gaceta del Congreso 188 del 11 de mayo del mismo año.

De conformidad con la certificación enviada a la Corte Constitucional por el secretario de la Comisión Segunda del Senado, el anuncio de la votación dispuesto en el inciso adicionado al artículo 160 de la Constitución Política por el Acto Legislativo 01 de 2003 fue realizado en las sesiones del 18 y el 25 de mayo de 2004. En efecto, en el Acta 26 del 18 de mayo de 2004 se observa lo siguiente:

“Antes de levantar la sesión, quiero hacer una mención de proyecto de ley (sic) que serán debatidos en la próxima semana. Se encuentran pendientes para su aprobación y listos para ser debatidos en la próxima sesión en el Senado de la República los siguientes proyectos de ley. || Proyecto de ley número 206 de 2004 Senado, por medio del cual se aprueba el convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia …” (2) .

Igualmente, al terminar la sesión, la presidente levantó la reunión y la convocó “para el próximo martes” es decir, el 25 de mayo de 2004. En esta sesión, contenida en el Acta 27 de la misma fecha, el proyecto fue incluido en el orden del día. Sin embargo, no fue sometido a debate y aprobación, por lo cual fue nuevamente anunciado para la sesión del 26 de mayo de 2004. Sobre el particular señala el acta citada:

“El señor secretario lee los proyectos de ley que están en el orden del día, miércoles 26 de junio de 2004:

Proyectos de ley anunciados para la próxima semana:

— Proyectos de ley números (…) 206 de 2004.

El señor Presidente levanta la sesión y convoca para el día 26 de mayo de 2004” (3) .

El proyecto fue aprobado por unanimidad el 26 de mayo de 2004 (Acta 28/2004) (4) y contó con un quórum deliberatorio y decisorio de once (11) senadores de los trece (13) que conforman la comisión.

5.2.2.2. Trámite en la plenaria del Senado de la República.

La ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue presentada el 8 de junio de 2004 por el senador Francisco Murgueitio Restrepo y publicada en la Gaceta del Congreso 267 del 11 de junio del mismo año (5) .

El secretario general del Senado de la República certificó a la Corte que el anuncio de la votación consagrado en el artículo 160 de la Constitución Política fue realizado en la sesión plenaria del 15 de junio de 2004. Acerca de esta etapa del procedimiento legislativo, el Acta 51 de la sesión mencionada señala lo siguiente:

“Por instrucciones de la presidencia y en cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2003, la secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión:

Sí, señor presidente, la lista de proyectos de ley nuevos por discutir es la siguiente:

(…).

Proyecto de Ley 206 de 2004 Senado, por medio del cual se aprueba el convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia …” (6) .

Al finalizar esa sesión, el presidente convocó la siguiente para el día miércoles 16 de junio 2004 (7) .

Aunque el proyecto de ley fue incluido en el orden del día del 16 de junio de 2004 (Acta 52 contenida en la Gaceta del Congreso 361 del 19 de julio de 2004), no fue debatido ni aprobado. Igualmente, tampoco fue anunciado para la sesión siguiente, como se puede inferir de la lectura del acta respectiva.

Sobre este último particular, la Sala advierte que en el transcurso de la sesión existieron dos momentos en los que se enumeraron los proyectos que iban a discutirse y aprobarse en la siguiente sesión, en ninguno de los cuales se hizo mención a la iniciativa que dio origen a la Ley 943 de 2005.

En el primero de estos momentos se citaron algunos proyectos y, luego, el senador Jimmy Chamorro Cruz interpeló con un punto de orden, para solicitarle a la presidencia que el Proyecto de Ley 206 de 2004 Senado fuera “conciliado” el día de mañana. Para ello indicó que era “un proyecto de convenio en donde yo fui ponente, pero obviamente que hoy no se va a poder discutir puesto que está en el último punto en el orden del día”. Con todo, verificado el listado de proyectos incluido en el punto cuarto del orden del día para esa sesión, se observa que el mencionado senador hacía referencia al Proyecto de Ley 203 de 2004 Senado, iniciativa de la cual sí era ponente y que es distinta a la analizada en esta sentencia.

Después de esta interpelación, la presidencia manifestó al senador Chamorro que no se preocupara, pues “los proyectos que no alcancen a evacuarse hoy, entran mañana por supuesto”. Acto seguido, se continuó con el anuncio de otros proyectos, entre los cuales no fue incluido el asunto bajo estudio.

El segundo momento en que se efectuaron los anuncios de los proyectos fue antes de dar por terminada la sesión. En esa oportunidad la secretaría, por instrucciones de la presidencia del Senado, informó los proyectos que “quedaron pendientes” para discusión y aprobación en la sesión siguiente. De esta manera, se nombraron nuevos proyectos, entre los cuales tampoco figuraba el correspondiente a la ley aprobatoria analizada en esta sentencia.

No obstante lo anterior, el Proyecto de Ley 206 de 2004 fue incluido en el orden del día de la sesión plenaria del Senado del 17 de junio 2004 (Acta 53) (8) , sesión en el que fue aprobado por unanimidad, con un quórum deliberatorio y decisorio de noventa y cinco (95) senadores de los ciento dos (102) que conforman esa corporación.

5.2.2.3. Trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue rendida por el representante Julio E. Gallardo Archbold el 17 de agosto de 2004 y publicada en la Gaceta del Congreso 480 del 31 de agosto del mismo año (9) .

De acuerdo con la certificación enviada a la Corte Constitucional por el secretario de la Comisión Segunda de la Cámara, el anuncio de la votación dispuesto en el artículo 160 de la Constitución Política fue realizado en la sesión del 8 de septiembre de 2004 (10) . El proyecto fue aprobado por unanimidad el 22 de septiembre de 2004 (Acta 11/2004) (11) y contó con un quórum deliberatorio y decisorio de dieciocho (18) representantes.

5.2.2.4. Trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue rendida el 8 de octubre de 2004 por el representante Julio E. Gallardo Archbold y publicada en la Gaceta del Congreso 614 del 14 de octubre del mismo año (12) .

El secretario general de la Cámara de Representantes certificó a la Corte que el anuncio de la votación previsto en el artículo 160 de la Constitución Política fue realizado en la sesión plenaria del 13 de diciembre de 2004 (13) . El proyecto de ley fue aprobado en segundo debate por la mayoría de los presentes en la sesión del 14 de diciembre de 2004 (Acta 53) (14) y contó con un quórum deliberatorio y decisorio de ciento sesenta y cinco (165) representantes.

5.2.2.5. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional.

La Ley 943, aprobatoria del instrumento internacional, fue sancionada por el Presidente de la República el 8 de febrero de 2005 y publicada en el Diario Oficial 45.816 del mismo día. Igualmente, dicha norma fue remitida a la Corte Constitucional para los efectos del artículo 241-10 de la Constitución Política el 11 de febrero del mismo año, a través de oficio suscrito por el secretario jurídico de la presidencia.

Con base en la anterior comprobación, la Corte advierte que existió una irregularidad en el procedimiento legislativo surtido en la plenaria del Senado de la República, en cuanto a los anuncios para votación, que resultaría contraria prima facie a lo dispuesto por el inciso final del artículo 160 de la Carta Política, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003. Por tanto, deberá verificarse si esa irregularidad constituye un vicio de constitucionalidad insubsanable que genere la inexequibilidad de la norma demandada, labor que asume la Sala a continuación.

El requisito constitucional del anuncio para votación de los proyectos de ley.

El inciso final del artículo 160 de la Constitución Política dispone que ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. En el mismo sentido, establece que el aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.

Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación sobre la materia (15) , el anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios constitucionales primordiales para la actividad legislativa. En efecto, el anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 40 de la Constitución Política.

Este precedente ha previsto, además, las condiciones fácticas requeridas para acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio de la votación. Así, resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio de la votación de un proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende, distinta a la que se lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la presidencia de la cámara correspondiente informa expresa y claramente a sus integrantes que determinado proyecto de ley será sometido a votación en sesión posterior; y (iii) la fecha de esa sesión posterior para la cual fue convocada la votación sea determinada o, al menos, determinable.

En el mismo sentido, la Corte ha estimado que el incumplimiento del requisito mencionado es un vicio de naturaleza insubsanable, que acarrea la inexequibilidad de la disposición. Ello debido a que se trata de una instancia del procedimiento legislativo prevista de forma expresa por la Carta Política. Por ende, hace parte de las disposiciones que conforman el parámetro superior para la validez del procedimiento legislativo destinado a la creación de normas jurídicas, por lo cual debe ser aplicada de forma preferente en virtud del principio de supremacía constitucional (C.P., art. 4º).

Bajo la misma perspectiva y de conformidad con lo expresado anteriormente, esta exigencia busca hacer eficaces tanto el principio de publicidad y transparencia en el trámite legislativo, como la democracia participativa y el respeto de las minorías parlamentarias. Así, se trata de un presupuesto formal relevante para la adecuada formación de la voluntad democrática de las cámaras legislativas, esto es, que hace parte del mínimo de requisitos exigibles para que el procedimiento de formación de las leyes cumpla con sus propósitos constitucionales.

Por último, la omisión del anuncio para la votación es un vicio de procedimiento que afecta el trámite subsiguiente puesto que, en atención del principio de consecutividad, la validez de cada una de las etapas del procedimiento para la formación de las leyes depende, a su vez, de la validez de las actuaciones antecedentes. En esa medida, no sería posible aplicar la facultad de subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución Política.

Para la solución de la controversia jurídica planteada en el presente estudio de constitucionalidad, es importante estudiar el tópico relativo al alcance del anuncio de votación en aquellos eventos en que, ante la imposibilidad de agotar el orden del día previsto para la sesión, no se somete a aprobación el proyecto de ley anunciado, por lo que el asunto debe postergarse. Ante esta hipótesis, la obligación prevista en el artículo 160 de la Constitución Política impone la necesidad de que el anuncio deba reiterarse en la sesión en que no pudo llevarse a cabo la votación, pues de otra manera la iniciativa se sometería a aprobación en una sesión distinta a la que previamente se haya anunciado.

Esta fue, precisamente, la conclusión adoptada por la Corte Constitucional en la reciente sentencia C-473 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esa oportunidad, el pleno de esta corporación estimó que si bien algunas de las votaciones de un proyecto de ley estatutaria se habían pospuesto, esta circunstancia no originaba el incumplimiento de lo consagrado en el artículo 160 de la Constitución Política, habida cuenta que no se había interrumpido “la secuencia de anuncios y citaciones cuando se postergó la consideración del proyecto. Siempre, al terminarse la sesión en la cual se ha debido discutir y votar el proyecto sin que se hubiere alcanzado a agotar el orden del día, el Presidente, directamente, o el secretario correspondiente, por autorización de este, (i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión, (ii) especificó el número y el nombre del proyecto de ley correspondiente al mecanismo de búsqueda urgente, y (iii) puntualizó que la consideración de dicho proyecto se haría en la próxima sesión, no en una fecha indeterminada o indeterminable”.

Por ende, la regla subyacente a las consideraciones de la Corte en la sentencia mencionada consiste en que el requisito del anuncio de la votación deja de cumplirse cuando se rompe la secuencia de citaciones y anuncios, evento en el cual la votación se lleva a cabo en una sesión distinta a la que fue anunciada, esto es, contrario a lo dispuesto en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.

Visto lo anterior, la Corte observa que la mencionada interrupción existió en el trámite legislativo bajo estudio para el caso de la aprobación de la iniciativa en segundo debate en el Senado de la República. En efecto, en la plenaria del 15 de junio de 2004 fue anunciada la votación del proyecto para la sesión siguiente, esto es, el 16 de junio del mismo año. Así, la iniciativa fue incluida en el orden del día de esa sesión, más no fue discutida ni aprobada, por lo que, en atención al requisito fijado en el artículo 160 de la Constitución Política, debió continuarse con la secuencia de anuncios. Sin embargo, esta obligación fue pretermitida al aprobar el proyecto en la plenaria del 17 de junio de 2004, esto es, en una sesión distinta a aquella en la fue anunciada la votación. En consecuencia, se incurrió en un vicio en el procedimiento legislativo que, de acuerdo con los argumentos expuestos, acarrea la inexequibilidad de la ley aprobatoria.

No obstante, podría argumentarse que esta conclusión no es acertada. Esto en la medida en que ante la interpelación de un senador durante la sesión del 16 de junio de 2004, la presidencia manifestó que los proyectos que no alcanzaran a evacuarse en esa plenaria, serían resueltos en la siguiente, lo que podría considerarse como el anuncio de la votación de la iniciativa bajo estudio para la sesión del 17 de junio de 2004. Además, esta posición estaría sustentada en el artículo 80 del reglamento del Congreso, en cuanto dispone que en el evento en que en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su conclusión.

La Corte, empero, no comparte esta argumentación pues, como se indicó en apartado anterior de esta sentencia, una de las condiciones para el cumplimiento del requisito contemplado en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política consiste en que el anuncio de la votación debe ser expreso e inequívoco, para lo cual la Presidencia debe manifestar a los integrantes de la cámara legislativa que en una sesión futura, determinada o determinable, se va a votar un proyecto de ley en específico. De esta manera, la simple expresión sobre la posibilidad de tratar los puntos restantes del orden del día en la sesión siguiente no puede equipararse al cumplimiento de los requisitos fácticos para el anuncio de la votación, ya que una manifestación en ese sentido no otorga claridad alguna en relación con la identificación del proyecto que se someterá a aprobación por parte de la célula legislativa correspondiente.

La Sala insiste en que el requisito para el procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de manera específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o determinable, en que se realizará esa reunión. Así, para el caso bajo estudio, la simple manifestación del presidente del Senado acerca de la posibilidad de continuar en la sesión siguiente con el debate y aprobación de los asuntos incluidos en el orden del día que no alcanzaren a evacuarse es una expresión inexacta, que impide la identificación suficiente del proyecto anunciado. En consecuencia, no puede ser equivalente al aviso para la votación previsto en la norma citada.

Igualmente, la aplicación del artículo 80 de la Ley 5ª de 1992 no es, en ningún caso, incompatible con la exigencia constitucional del anuncio previo a la votación en los términos expuestos, debido a que (i) como se anotó, el parámetro esencial y prevalente para la validez del trámite legislativo está constituido por las normas de procedimiento fijadas por la Carta Política, entre ellas la que consagra la obligación de efectuar el anuncio mencionado; (ii) de conformidad con el principio de supremacía constitucional (C.P., art. 4º), la aplicación de una norma reglamentaria del procedimiento legislativo carece de un alcance tal que prive de efectos a una disposición constitucional que impone requisitos a ese mismo procedimiento y (iii) en todo caso, la aplicación de la norma orgánica puede efectuarse en armonía con el precepto constitucional, pues el hecho que el Reglamento del Congreso prevea que el orden del día inconcluso deba continuarse en la sesión siguiente no excluye la necesidad que los asuntos que no hayan sido tratados deban anunciarse para dicha sesión futura.

Incluso, esta interpretación es propia de la práctica parlamentaria, como se puede observar para el caso de la actuación surtida en la Comisión Segunda del Senado, corporación que ante la necesidad de postergar la votación del proyecto de ley bajo estudio, prevista inicialmente para el 25 de mayo de 2004, reiteró el anuncio para la sesión siguiente del 26 de mayo del mismo año, en la que efectivamente se impartió aprobación a la iniciativa. En igual sentido, para la plenaria del Senado también era claro que debían anunciarse los proyectos que serían sometidos a votación en la sesión del 17 de junio de 2004, pues no de otra manera se explica que en dos momentos distintos de la sesión del 16 de junio la presidencia haya ordenado dar lectura a la lista de iniciativas pendientes de ese trámite. Asunto distinto es que se haya omitido incluir dentro de esa citación el proyecto de ley materia del presente análisis.

En definitiva, para el presente caso se está ante un vicio de procedimiento, derivado del incumplimiento manifiesto del requisito previsto en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política. Esta infracción, habida cuenta de su relevancia constitucional, el momento del trámite legislativo en que ocurrió y las particulares condiciones del caso, constituye una irregularidad de carácter insubsanable que genera la inexequibilidad de la Ley 943 de 2005.

6. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la Ley 943 del 8 de febrero de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de La Paz a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”, por vicios en el procedimiento para su formación.

2. Comuníquese esta sentencia al Gobierno Nacional, por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Cfr. Folios 25 a 28 del cuaderno principal.

(2) Cfr. Gaceta del Congreso 843 del 22 de diciembre de 2004, página 24.

(3) Cfr. Gaceta del Congreso 249 del 13 de mayo de 2005. página 2.

(4) Cfr. Gaceta del Congreso 249 del 13 de mayo de 2005.

(5) Cfr. Folios 19 y 20 del cuaderno de pruebas 1.

(6) Cfr. Gaceta del Congreso 360 del 19 de julio de 2004.

(7) Ibídem. Página 52.

(8) Cfr. Gaceta del Congreso 362 del 19 de julio de 2004.

(9) Cfr. Folios 49 y 41 del cuaderno de pruebas 1.

(10) Cfr. Gaceta del Congreso 07 del 25 de enero de 2005 páginas 2-3. Al respecto se observa en el acta que el presidente de la comisión manifestó: “Anuncio de proyectos para discusión en la sesión del 22 de septiembre, esa sesión es la del miércoles 22 de septiembre, obviamente del año en curso. || Proyecto de Ley 011 de 2004 Cámara, 206 Senado,“por medio del cual se aprueba el “Convenio de Reconocimiento y Validez de Títulos, Diplomas y Certificado Académicos de Estudios parciales de Educación Superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”.

(11) Ibídem.

(12) Cfr. Folios 19 y 20 del cuaderno de pruebas 1.

(13) Cfr. Gaceta del Congreso 49 del 14 de febrero de 2005. Páginas 51-52. Sobre el particular puede constatarse en el acta correspondiente: “Antes de la votación nominal, leamos los proyectos para el día de mañana. || La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera): (…) Proyecto de Ley 011 de 2004 Cámara, 206 de 2004 Senado”. Igualmente, al finalizar la sesión, la Presidencia convocó una nueva para el día martes 14 de diciembre de 2004.

(14) Cfr. Gaceta del Congreso 18 del 2 de febrero de 2005.

(15) Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-333 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-400 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto y C-473 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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