Sentencia C-931 de diciembre 10 de 2009

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-7729

Magistrada Ponente

Dra. María Victoria Calle Correa

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley del 21 de mayo de 1851 “sobre la libertad de esclavos”.

Actor: Antonio Eduardo Bohórquez Collazos.

Bogotá, D.C., diez de diciembre de dos mil nueve.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

I. Antecedentes

1. El 24 de abril de 2009, el ciudadano Antonio Eduardo Bohórquez Collazos demandó la Ley del 21 de mayo de 1851 “sobre libertad de esclavos”, en ejercicio de su derecho político consagrado en los artículos 40 y 241, numeral 4º, de la Constitución.

2. Mediante Auto del 18 de mayo del año en curso, el magistrado sustanciador(1) inadmitió la demanda por considerar que el texto no satisfacía los requisitos constitucionales y legales requeridos para darle trámite a su acusación normativa(2). Al actor se le concedió el término de tres días para subsanar la demanda, de acuerdo con el Decreto 2067 de 1992.

3. Conforme lo constató la Secretaría General de la Corte Constitucional, el 26 de mayo de 2009, el demandante corrigió su demanda dentro del término. Revisada la corrección hecha por el actor, mediante auto del 4 de junio de 2009, el magistrado sustanciador resolvió admitir la demanda.

4. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de referencia.

II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada:

“Ley de 1851

(Mayo 21)

Sobre Libertad de esclavos

El Senado y la Cámara de Representantes

de la Nueva Granada,

Reunidos en el Congreso,

DECRETAN

ARTÍCULO 1. Desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la república. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos.

ARTÍCULO 2. El comprobante de la libertad de cada esclavo será la carta de libertad expedida en su favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los respectivos avalúos practicados con las formalidades legales, y con las demás que dictare el Poder Ejecutivo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Ningún esclavo menor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil seiscientos reales si fuere varón, y de mil doscientos reales si fuere hembra; ningún esclavo mayor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil doscientos reales si fuere varón, y de ochocientos reales si fuere hembra.

ARTÍCULO 3. Las juntas de manumisión expedirán a los tenedores de aquellos esclavos que fueren avaluados, y a quienes se fuere dando carta de libertad de conformidad con lo dispuesto en esta ley, certificados de la presentación, avalúo y libertad de cada esclavo, a fin de que oportunamente puedan cambiar los referidos certificados por los vales de manumisión mandados a expedir por la presente ley.

ARTÍCULO 4. La junta abrirá un registro de los nombres de todos los esclavos existentes en el cantón, expresando, si fuere posible, la fecha y el lugar del nacimiento de cada uno de ellos, el distrito parroquial de su residencia y el dueño a que pertenezca. De este registro se sacará copia legalizada, la cual se enviará a la junta provisional de manumisión.

ARTÍCULO 5. Teniendo a la vista la junta provisional la copia de todos los registros de las juntas de cantón, formará un cuadro del cual enviará copia al Poder Ejecutivo por la secretaría de relaciones exteriores, a fin de que se expidan por la de hacienda los vales de la deuda creada por la presente ley, de conformidad con los reglamentos que en el particular expidiere el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 6. Los vales que se emitan conforme a esta ley, llevarán la denominación de “vales de manumisión”, y no ganarán interés. El producto anual de las condiciones establecidas por las leyes anteriores y por la presente, para la manumisión de esclavos, se destinará a la amortización anual de dichos vales, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo formará lotes de mil a diez mil reales, los cuales serán rematados en pública subasta en el mejor postor, que lo será el que ofreciere mayor cantidad, en vales de la deuda creada por la presente ley.

ARTÍCULO 7. El Poder Ejecutivo dispondrá que los tesoreros de manumisión enteren en las respectivas oficinas de hacienda, los fondos de su privativa recaudación, y tanto de estos como de los que recaudaren las oficinas de hacienda, y aplicados por leyes anteriores y por la presente a la manumisión de esclavos, se llevará cuenta separada.

ARTÍCULO 8. A fin de cada año económico se formará la cuenta general de los ingresos, y la suma total que resultare, tanto en dinero como en deudas líquidas, se destinará por el poder Ejecutivo a la amortización de los vales de la deuda creada por la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.

ARTÍCULO 9. Se aumentan los fondos destinados para la manumisión, con los siguientes impuestos que se cobrarán desde el día 1 de septiembre próximo.

1. El 6 por 100 en lugar del 4, y el 15 por 100 en lugar del 12 ½ de que habla el parágrafo 1 del artículo 1 de la ley de 22 de junio de 1850 (1).

2. El 2 por cien en lugar del 1, de que hablan los parágrafos 4, 9 y 10 del propio artículo.

3. El 4 por 100 de las rentas provenientes de capellanías y fundaciones piadosas para festividades eclesiásticas.

4. El 2 por 100 de todas las rentas provenientes de beneficios eclesiásticos y propiedades de monasterios, y cualesquiera bienes conocidos bajo la denominación común de “bienes de manos muertas”, con excepción de las rentas de los establecimientos de caridad, beneficencia y educación pública; y

5. El 4 por cien de las pensiones civiles y militares que alcancen a doscientos pesos anuales, y el 1 por 100 más sobre esta base de las pensiones que excedan de aquella suma.

ARTÍCULO 10. Las contribuciones establecidas por leyes anteriores y por la presente, con el objeto de crear fondos aplicables a la manumisión de esclavos, continuarán cobrándose hasta obtener la total amortización de los vales mencionados en los artículos 5 y 6.

ARTÍCULO 11. Los fondos de manumisión son sagrados y ninguna autoridad ni corporación pública, ni funcionario de cualquier clase que sea, podrá distraerlos de su objeto, ni darles distinta inversión de la aquí establecida; pues quedarán personalmente responsables de mancomun et insolidum, y obligados al reintegro de la suma o sumas distraídas, o invertidas en otros usos, tanto la corporación o el funcionario que diere la orden, como el funcionario o empleado que la ejecutare.

ARTÍCULO 12. Inmediatamente después de la publicación de esta ley en cada cabecera de cantón cesarán los efectos de las disposiciones contenidas en los capítulos marcados con los números 1, 2 y 3 del artículo 9 de la ley de 22 de junio de 1850; pero serán pagadas en dinero las deudas contraídas hasta dicho día, por los fondos de manumisión. De ahí en adelante los fondos que se colectaren servirán para llevar a ejecución las disposiciones contenidas en la presente ley.

ARTÍCULO 13. Ningún esclavo prófugo será avaluado antes de su aprehensión, ni expedido por su valor el certificado mencionado en el artículo 3. Tampoco lo serán los esclavos mayores de sesenta años, los cuales son libres ni los manumisos nacidos después de la publicación de la ley 7, parte 6, tratado 1, de la recopilación granadina, los cuales no son vendibles.

ARTÍCULO 14. Son libres de hecho todos los esclavos procedentes de otras naciones que se refugien en el territorio de la Nueva Granada, y las autoridades locales tendrán el deber de protegerlos y auxiliarlos por todos los medios que estén en la esfera de sus facultades.

ARTÍCULO 15. Autorízase al Poder Ejecutivo para que pueda celebrar un tratado público con el gobierno de la república del Perú, por medio del cual se obtenga la libertad de los esclavos granadinos que han sido importados al territorio de aquella nación, abonando la Nueva Granada la indemnización que haya que darse a los actuales poseedores de aquellos esclavos, en parte de la cantidad que corresponde a esta República en la que adeudaba la del Perú a la antigua Colombia.

ARTÍCULO 16. Los derechos que se causen a deber a la renta de manumisión por fallecimiento de una personas que haya dejado bienes en diferentes provincias, se liquidarán en aquella en que hayan fallecido, y para el pago de ellos se pondrán de acuerdo con las respectivas juntas de manumisión.

ARTÍCULO 17. Si el individuo que fallezca dejare bienes en diferentes cantones de una misma provincia, la liquidación y el pago se harán en el cantón en que haya fallecido, si la junta provincial de manumisión no designare al efecto uno de los otros en que se encuentre parte de los bienes.

ARTÍCULO 18. Los que reconozcan censos cuya hipoteca consista en esclavos, o en fincas con esclavos, podrán redimirlas con vales de los mandados expedir por la presente ley, siendo admisibles en pago por su valor nominal

ARTÍCULO 19. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a las de la presente ley, y el Poder Ejecutivo dictará todos los reglamentos y órdenes del caso a fin de que tenga su más puntual cumplimiento.”

Ejecútese y publíquese

Dada en Bogotá, a 21 de mayo de 1851

III. Demanda

1. El ciudadano Antonio Eduardo Bohórquez Collazos presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley del 21 de mayo de 1851 ‘sobre la libertad de esclavos’ por considerar que esta ley vulnera el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 11 y 13 de la Constitución Política.

Según el actor, (i) la ley acusada desconoció el principio de dignidad humana, dado que contempló una indemnización a favor de los tenedores de personas esclavizadas, en el marco del proceso de manumisión, cosificando de esta manera a los últimos, asignándoles una condición de mercancía y perpetuando, su discriminación social. Adicionalmente, (ii) argumentó que de la ley acusada se desprende un caso de ‘omisión legislativa relativa’. Para sostener este planteamiento, el actor manifestó que la norma objeto de análisis, si bien ordenó la liberación de todas las personas esclavizadas hace más de un siglo, no estableció un sistema de indemnizaciones a favor de los manumitidos y de sus descendientes, como sí lo hizo a favor de los llamados propietarios. En este sentido, afirmó que la ley objeto de estudio omitió, de manera deliberada, regular lo atinente a las indemnizaciones que debían recibir los libertos por los daños materiales e inmateriales sufridos como consecuencia de la esclavitud.

2. En la corrección de la demanda, el actor, además de justificar sus acusaciones iniciales, concentró su argumentación en sostener que, aunque los mandatos de la ley atacada no están produciendo efectos materiales actualmente, la omisión alegada sigue vigente, razón que habilitaría el estudio de su demanda por parte de esta corporación. En este sentido, afirmó que la ley demandada no ha perdido vigencia pues: (a) ninguna norma posterior a su promulgación la ha derogado o subrogado, y (b) la desigualdad de trato allí establecida no ha sido corregida por el legislador. Concluyó sosteniendo que dicha omisión repugna al Constituyente del 91 que ha expedido “una carta fundamental donde propone como centro y guía de toda actividad estatal y social, el respeto a la vida humana digna, en el marco de un orden de justeza material, con democracia racial, y bajo el precepto inequívoco de la igualdad material”.

3. Por los motivos expuestos, el actor solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la ley demandada con excepción de sus artículos 1º, 14 y 19 o que, en su lugar, se declarara su constitucionalidad condicionada al reconocimiento de una indemnización tendiente a reparar a los descendientes de las personas esclavizadas que fueron liberadas en virtud de la ley acusada.

IV. Intervenciones

1. Intervención del Ministerio de Cultura.

Martín Francisco Ortiz Herrera, en su condición de apoderado del Ministerio de Cultura, manifestó que a pesar de que la ley objeto de examen ya salió del ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional debería realizar un pronunciamiento sobre el contenido de la Ley del 21 de mayo de 1851.

1.1. Sostuvo que la norma estudiada no estaba vigente, pues había sido expresamente derogada por varias disposiciones constitucionales contenidas en las Cartas de 1858 (art. 11), 1863 (art. 12), 1886 (art. 22) y 1991 (art. 13 y 17). A pesar de lo anterior, estimó que si bien la Corte no puede pronunciarse de fondo respecto de la constitucionalidad de la ley demandada, debería “entrar (…) a analizar las situaciones de hecho y de derecho que con fines de pedagogía jurídica, económica, política o sociológica requiera el país en procura de hacer justicia, máxime cuando se trata de normas que por su misma condición de no vigentes, no volverán a ser discutidas en el escenario público, ni abordados con trascendencia en la conciencia social y colectiva de un país, siendo un antecedente bochornoso en la historia de nuestro país”. En esa dirección, solicitó a la Corte realizar un estudio sobre la figura de la esclavitud y su “inaceptable ocurrencia en la sociedad actual”, con el fin de que realice, por vía de jurisprudencia, una reivindicación histórica con la población afrodescendiente.

1.2. Por último, manifestó que la Corte no puede ordenar, dentro de un proceso de constitucionalidad, una indemnización como medida de reparación, puesto que esta acción no ha sido diseñada para tal fin.

2. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.

Ana Beatriz Castellanos Burgos, actuando en nombre y representación del Ministerio del Interior y de Justicia solicitó a la Corte que se declara inhibida para conocer de la presente demanda por (i) carencia actual de objeto sobre el cual efectuar el análisis de constitucionalidad y (ii) por ineptitud sustancial de la demanda.

2.1. En primer lugar, afirmó que en la Sentencia C-571 de 2004, la Corte Constitucional sistematizó los requisitos para determinar la procedencia del examen de constitucionalidad de una norma anterior a la expedición de la Constitución de 1991. Según la representante del ministerio, de acuerdo a los parámetros definidos en esta sentencia, para que la Corte pueda analizar la constitucionalidad de una norma anterior a la Carta del 91 se debe estar frente a una norma que: “(1) estuviere ‘en tránsito de ejecución’ al momento de expedirse la nueva Constitución, por no haberse consolidado o concretado la respectiva situación jurídica bajo la vigencia de la Constitución de 1986 o, (2) se trate de una norma expedida durante la vigencia de la Constitución derogada y, por tanto, de ‘legislación preexistente’, aunque ya no esté surtiendo efectos jurídicos”.

2.2. Teniendo en cuenta este planteamiento, según la representante del Ministerio del Interior y de Justicia, en el presente caso se debe determinar si, al momento de entrar en vigencia la Constitución de 1991, la ley demandada estaba en tránsito de ejecución o si se trataba de una norma preexistente expedida durante la vigencia de la Constitución derogada. Por ello, luego de hacer un detallado recorrido histórico sobre las diferentes disposiciones relacionadas con la prohibición de la esclavitud, consagradas en las Constituciones expedidas desde 1851 hasta nuestros días, la interviniente concluyó que, en el caso concreto, no se configuraba ninguna de las situaciones que posibilitan el control por parte de esta corporación. Así, la representante del Ministerio del Interior y de Justicia estimó que la ley demandada dejó de tener efectos mucho antes de la expedición de la Constitución de 1991. Por tanto, de conformidad con lo expuesto en el fallo precitado y lo dicho en la Sentencia C-379 de 1998, en el caso bajo estudio existe una carencia actual de objeto sobre el cual efectuar el respectivo control de constitucionalidad.

2.3. Por último, la interviniente consideró que la demanda contra la Ley de 21 de mayo de 1851 no cumplía con el requisito de exponer razones de inconstitucionalidad ciertas pues recaía sobre una proposición jurídica deducida por el actor. Según la representante del Ministerio del Interior y de Justicia, la ley no establece una desigualdad de tratamiento entre propietarios y esclavos, ni vulnera la dignidad de los libertos pues, por el contrario, esta ley reconoció la condición de personas a los esclavos. Además, la ley demandada no consagró una indemnización a favor de los propietarios de esclavos sino “un valor representativo de lo que cada tenedor o poseedor del respectivo esclavo pagó por él en su momento y, por ello, al contemplar un avalúo de los esclavos no lo [hizo] con el fin de desconocerse dignidad humana sino como referente del valor a devolver a dichos tenedores o poseedores”.

3. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Hernán Alejandro Olano García, actuando como comisionado de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, instó a la Corte a declararse inhibida debido a que la ley demandada no está vigente, en tanto, “no sigue produciendo efectos jurídicos”. Adicionalmente, las Constituciones de 1853, 1858, 1863, 1886 y 1991 contemplaron disposiciones en las que se consolidó la prohibición de la esclavitud, por lo que carecería de objeto un pronunciamiento al respecto.

4. Intervención de la Universidad Icesi.

Yesid Echeverri Enciso, del departamento de estudios jurídicos de la Universidad ICESI, solicitó a la Corte Constitucional que se abstuviera de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley del 21 de mayo de 1851 pues se trataba de una norma derogada cuyos efectos jurídicos habían sido superados con la expedición de las Constituciones de 1853, 1863, 1886 y 1991. Luego de hacer un recorrido por las disposiciones relacionadas con la proscripción de la esclavitud en cada uno de los textos constitucionales, sostuvo que “se puede apreciar como resultado lógico de la derogatoria tácita de la Ley 21 de mayo de 1851 los artículos acusados quedan desprovistos de toda eficacia”. Por último, afirmó que las pretensiones del demandante, en el sentido de corregir “errores histórico políticos”, no pueden ser resueltas por vía judicial acusando al legislador de 1851 de incurrir en una omisión legislativa, sino acudiendo al “plano de lo político” para que se expidan leyes tendientes a superar la discriminación contra las comunidades afrodescendientes. En ese orden de ideas, concluyó que “lo anteriormente expuesto no constituye un impedimento para que la Corte (…) exhorte al legislador a dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 13 de la Constitución de 1991 y legisle en procura de superar las desigualdades materiales” que padece la población afrodescendiente.

5. Intervención de la Universidad Santiago de Cali.

Germán de Jesús Castaño Rodríguez, director del programa de derecho de la Universidad Santiago de Cali, intervino en el presente caso para pedirle a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de la norma demandada. En primer lugar, consideró que la ley objeto de estudio no ha sido la causa del racismo y ni de la discriminación en contra los afrodescendientes, ni tampoco podía esperarse de ella que eliminara “la falta de igualdad y fraternidad entre los colombianos, así como la discriminación hacia ciertas comunidades”. En segundo lugar, el interviniente afirmó que la acción pública de constitucionalidad no puede ser empleada como un mecanismo idóneo para solicitar indemnizaciones de perjuicios. Por el contrario, sostiene el interviniente, que si esta es la intención del actor, este debe acudir a otra jurisdicción. En tercer lugar, aseguró que la Corte Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma bajo el argumento de que violaba derechos que, al momento de su expedición, no existían. En cuarto lugar, respecto de la vigencia de la ley, sostuvo que la norma estudiada “ya fue ejecutada, ya produjo sus efectos y después de su sanción han pasado cuatro ordenamientos constitucionales”. Con base en todo lo anterior, concluyó que no es posible otorgarle efectos retroactivos a la Constitución Política de 1991 para estudiar la exequibilidad de leyes que no están vigentes, ni produciendo efectos jurídicos al momento de la interposición de la demanda.

6. Intervención de la Universidad del Cauca.

Martha Lucía Chaves Zúñiga, decana (e) de la facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la Universidad del Cauca, remitió a esta corporación el concepto elaborado por el grupo de investigación “Derecho, Constitución y Democracia” de esta facultad, dirigido por la profesora Kenny Elizabeth Campo Zarzosa, en el que solicitan que la Corte se declare inhibida para fallar en este asunto. En el concepto se argumenta que el contenido normativo de la Ley del 21 de mayo de 1851 se agotó, en tanto sus mandatos ya produjeron sus efectos, dado que estaban destinados a cumplirse en un espacio de tiempo determinado y “aunque no se pueda establecer una fecha cierta de terminación del proceso de redención de los vales [que se cancelaban a los tenedores de esclavos], dicho proceso debió culminar en algún momento de la segunda mitad del siglo XIX, con lo cual se entiende agotado su propósito”. Por consiguiente, sostienen que aunque la ley evidentemente consagró un trato discriminatorio al ordenar una compensación a los esclavistas y no a los esclavos, “el cargo por omisión legislativa relativa planteado por el demandante estaría llamado a prosperar si la ley demandada no hubiese perdido vigencia”, pero como su contenido ya se agotó y además le han sobrevenido varias disposiciones de orden constitucional que han proscrito la práctica de la esclavitud, no se cumplen los parámetros jurisprudenciales para que la Corte declare que la existencia de una omisión legislativa, específicamente el primer requisito señalado en la Sentencia C-427 de 2000, esto es, “la existencia de la norma sobre la cual se predica la omisión”.

7. Intervención del ciudadano Jack J. Smith May.

El ciudadano Jack J. Smith May sostuvo que la Corte en el presente caso debe plantearse dos problemas: el primero en relación con la determinación de la vigencia de la ley acusada, y el segundo, sobre la procedencia de la acción de constitucionalidad para obtener “algún tipo de sanción onerosa”. Respecto del problema de vigencia que plantea la demanda, estimó que aunque la ley acusada se encuentra derogada, ha provocado serias lesiones morales a la comunidad afrocolombiana. Manifiesta que estas lesiones, sin embargo, no pueden ser indemnizadas por la vía de la acción pública de inconstitucionalidad dado que de la naturaleza y finalidad de esta acción no se desprende un carácter reparatorio de daños ocurridos. A pesar de lo anterior, afirma que dada la trascendencia social del tema en cuestión, la Corte debe exhortar al Congreso de la República para que “regul[e] la brecha de la desigualdad existente entre las denominadas poblaciones minoritarias del país, consideradas como tales los pueblos afrodescendientes, raizales e indígenas y en general todos los sectores menos favorecidos”.

8. Intervención del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN).

Eliana Fernanda Antonio Rosero, asesora jurídica y José Santo Caicedo, del Equipo de Coordinación Nacional de Proceso de Comunidades Negras en Colombia, solicitaron que la Corte Constitucional declare que existe una omisión legislativa relativa, dado que a su juicio, “los efectos de la Ley 21 de mayo de 1851 siguen vigentes en el tiempo y en el espacio y por tanto es una discusión y una reflexión que debe darse en beneficio de los afrocolombianas y del Estado Colombiano”. Por tanto, constituye un deber de la Corte ordenar que se realice una reparación colectiva que reivindique su identidad “como grupo étnico, como individuo cultural, política y socialmente diferenciado” destinada a “generar condiciones de igualdad real y material entre los afrocolombianas y el resto de la sociedad”.

Para argumentar su posición, los intervinientes afirmaron, en primer lugar, que la esclavitud no es solo un asunto del pasado sino que aún hoy es una realidad padecida por las comunidades afrodescendientes. En este sentido, aseguraron que la reparación colectiva a la que tiene derecho la comunidad afrocolombiana debe empezar por el reconocimiento histórico de la existencia de la esclavitud. Por ello, consideraron que en el presente caso, el Estado debía reparar a la comunidad afrodescendiente siguiendo los principios de proporcionalidad e integralidad, y reconocimiento de la responsabilidad del Estado dado que “por su acción y omisión se han violado los derechos del Pueblo Negro”. En consecuencia la reparación colectiva reclamada debe “implica[r] una política de Estado que vincule el pasado y el presente”.

9. Intervención conjunta del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia y del Observatorio de Discriminación Racial.

Los ciudadanos Rodrigo Uprimny, Nelson Sánchez y César Rodríguez, en su condición de miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia y del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, intervinieron en el presente asunto con el fin de solicitar a la Corte que declare que “existe un deber del Estado colombiano de otorgar una reparación colectiva a la población afrodescendiente debido al crimen de esclavitud que sufrieron sus antepasados y cuyas consecuencias persisten en la discriminación que vive esa población. Que por esa razón la ley acusada, que está aún formalmente vigente, incurrió en una omisión legislativa relativa sobreviniente, cuyos efectos jurídicos inconstitucionales, persisten, por lo cual procede una pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional que corrija esa situación”. En consecuencia, piden a la Corte que en la parte resolutiva señale “que es deber del Congreso y del Gobierno elaborar una política de reparación por el crimen de esclavitud en un término razonable y luego de los correspondientes procesos de consulta con estas comunidades étnicas; y que debe tratarse de una política integral y colectiva de reparación para la población afrodescendiente”.

9.1. Para tal efecto, distribuyeron su intervención en una parte introductoria y dos grandes partes sustanciales: en la parte introductoria, exponen una serie de argumentos encaminados a demostrar por qué en el presente asunto la Corte no debería inhibirse a pesar de existir algunas razones por las que aparentemente pudiera hacerlo, y exponen la metodología mediante la cual, a su juicio, deberían abordarse los problemas que plantea la demanda. Las otras dos partes hacen referencia a: (i) el deber del Estado colombiano de reparar el crimen de esclavitud y el derecho a la reparación de la población afrodescendiente; y (ii) la procedencia de un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional que declare la omisión legislativa y ordene una política de reparación de la esclavitud.

9.2. En la parte introductoria sostienen que, en principio, existen cuatro razones u objeciones por las cuales se podría pensar que esta corporación debe declararse inhibida para conocer del presente asunto, pero que no son lo suficientemente sólidas para evitar que la Corte declare que la ley bajo examen “incurrió en una omisión legislativa relativa en cierta forma sobreviniente”: la primera la denominan objeción sustantiva, según la cual la Corte no podría emitir un pronunciamiento que ordenara la reparación de injusticias de orden histórico, dado que las víctimas directas del crimen de esclavitud ya desaparecieron. La segunda objeción es de orden institucional. Hace referencia a que dadas las competencias de la Corte Constitucional, esta no podría formular ningún tipo de política de reparaciones porque ello implicaría entrometerse en ámbitos propios de otras ramas del poder. La tercera objeción tiene que ver con la inocuidad de la decisión. Según esta objeción, teniendo en cuenta que la ley que estamos analizando “fue expedida hace más de 150 años y [sus] efectos parecen haberse agotado totalmente, pues los esclavos fueron liberados y las indemnizaciones a los propietarios fueron otorgadas”, la Corte no puede pronunciarse de fondo por carencia actual de objeto. Por último, la cuarta objeción sostiene que, en el presente asunto, estaríamos en presencia de una omisión legislativa absoluta por lo cual la Corte no tendría competencia para fallar de fondo.

9.3. Con el fin de estructurar una argumentación encaminada a defender la idea según la cual las objeciones mencionadas pueden ser superadas manifiestan que resulta más útil, metodológicamente, abordar primero el tema sustancial relacionado con el derecho a la reparación y luego, desarrollar los temas procesales y de competencia de la Corte frente al análisis de constitucionalidad de la ley demandada.

9.3.1. En la primera parte de la intervención, que se refiere al tema sustancial, se plantea el siguiente problema jurídico: ¿se deben reparar, hoy en día, los daños sufridos como consecuencia de la esclavitud? Para responder a esta pregunta, en primer lugar, describen los requisitos necesarios para que surja la obligación de reparar “injusticias históricas”. A continuación, explican que el deber de reparar a las víctimas de la esclavitud se deriva de las siguientes razones: (i) porque el daño es actual pues, desde la adopción de la institución de la esclavitud, se ha discriminado de manera continua y permanente a la población afrocolombiana y los efectos de la esclavitud se han mantenido en el tiempo de manera ininterrumpida; (ii) porque esos efectos se manifiestan en la marginalización y exclusión de esta población, como lo demuestran las cifras relacionadas, con la satisfacción de los derechos a la vivienda, a la salud, a la educación y la existencia del desplazamiento forzado que afecta de manera particular a la población afrocolombiana; (iii) porque la población afrocolombiana es, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y con el ordenamiento jurídico interno, titular del derecho fundamental a la reparación integral y colectiva del daño sufrido como consecuencia de la institución de la esclavitud y de su falta de reparación. Posteriormente, establecen la forma en la que la población afrocolombiana debe ser reparada. Así, señalan los objetivos que, de acuerdo al bloque de constitucionalidad, deben ser respetados para que exista una reparación integral de los daños causados por violación de los derechos humanos. Para finalizar esta parte, ponen de presente que el responsable de la reparación es el Estado ya que, en el caso objeto de estudio, los que causaron el daño no son personas determinadas.

9.3.2. En la segunda parte de la intervención, manifiestan que, en este asunto, procede un pronunciamiento de fondo que declare la omisión legislativa y ordene una política de reparación de la esclavitud. Para fundamentar esta tesis, argumentan que la ley acusada incurrió “en una omisión legislativa relativa, puesto que su propósito expreso era liberar a los esclavos y que estos gozaran de los mismos derechos que el resto de la población. Pero precisamente al omitir una política de reparación de los esclavos y por el contrario establecer una compensación económica para los victimarios, esto es los propietarios, la ley siguió discriminando a los antiguos esclavos e incurrió en una omisión relativa frente a su propio propósito, que era lograr no solo liberar a los esclavos sino lograr la igualdad de derechos de esa población con el resto de los colombianos”.

Una vez determinados los requisitos fijados jurisprudencialmente por esta corporación para que se configure una omisión legislativa relativa, concluyen que en el caso de la ley demandada, existe una omisión en algún sentido sobreviniente debido a que: (i) la demanda recae sobre una ley concreta; (ii) la norma demandada excluye supuestos de hecho esenciales para que sea constitucional pues, por un lado, genera una desigualdad injustificada entre los esclavistas y los esclavizados en la medida en que solo indemniza al primer grupo y, por otro lado, regula defectuosamente el objetivo de la misma ley consistente en lograr la igualdad de derechos de la población esclava con el resto de los colombianos, para lo cual era necesario reparar a las víctimas de la esclavitud; (iii) la falta de reparación no se justifica en razones suficientes ni objetivas; (iv) con la omisión se perpetúan los efectos de la esclavitud y se genera una desigualdad injustificada entre los propietarios y los antiguos esclavos; (v) la falta de reparación de los antiguos esclavos constituye una violación del deber del legislador de construir un orden justo y democrático, con igualdad material y dignidad para sus habitantes.

A partir de lo anterior, establecen que la Corte debe pronunciarse de fondo debido a que la ley acusada está vigente y sigue produciendo efectos jurídicos inconstitucionales. Así, la norma demandada no se encuentra derogada porque en nuestro ordenamiento jurídico (i) no existe una norma posterior que establezca su derogación expresa ni que contenga una disposición con un sentido normativo contrario a la ley demandada y; (ii) no existe una norma posterior que regule de manera integral la materia regulada por la Ley de 21 de mayo de 1851. Incluso —sostienen— que aunque se concluya que la norma está derogada, procede un pronunciamiento de fondo debido a que la norma demandada sigue produciendo efectos sobre la población afrodescendiente en la medida en que estableció que esa población gozaba de los mismos derechos de los demás granadinos y, sin embargo, no consagró medidas adecuadas para reparar a los antiguos esclavos, situación que sigue “alimentando la discriminación de la población afrodescendiente”.

9.4. Con base es los motivos antes expuestos, concluyen que la Corte debe declarar la existencia de una omisión legislativa relativa y diseñar un remedio judicial flexible, encaminado ordenar las medidas pertinentes para reparar integralmente a la población afrodescendiente.

V. Concepto de la Procuraduría General de la Nación

El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias descritas en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, presentó concepto en el presente trámite, solicitando a esta corporación que se declare inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley demandada.

1. En primer lugar, se pronunció sobre la vigencia de la ley demandada en el ordenamiento jurídico. Al respecto, estableció que la norma objeto de estudio fue subrogada tácitamente, por una parte, por las constituciones expedidas con posterioridad a su promulgación (Constituciones de 1853, 1858, 1863, 1886 y 1991) y, por otra parte, por los instrumentos internacionales que hacían parte del bloque de constitucionalidad. En efecto, tanto estas Constituciones como los instrumentos internacionales que integraban el bloque de constitucionalidad, habían eliminado cualquier rezago de esclavitud en el país y constituían un marco de protección de las personas contra toda forma de explotación en su contra.

2. Finalmente, aseguró que, como ninguno de los procesos de manumisión estaba abierto en la actualidad, los efectos de la ley demandada habían cesado y, en consecuencia, se configura el fenómeno de la sustracción de materia que imposibilita a la Corte para revisar la constitucionalidad de la norma demandada.

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De acuerdo con el mandato contenido en el numeral 40 del artículo 241 de la Constitución Política, esta corporación es competente para conocer y decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

2. Planteamiento del problema jurídico.

2.1. De conformidad con los antecedentes expuestos, la Sala Plena advierte que en el presente asunto, se somete a consideración de la Corte Constitucional el siguiente problema jurídico: ¿incurrió el legislador en una omisión legislativa relativa al haber promulgado la Ley del 21 de mayo de 1851 ‘sobre la libertad de esclavos’, por cuanto diseñó un sistema de indemnizaciones para los llamados propietarios de las personas esclavizadas, pero no contempló forma alguna de reparación para las víctimas del crimen de esclavitud?

2.2. Este problema plantea una cuestión que está más allá de las competencias propias de la Corte Constitucional. Considera que no puede entrar a resolver de fondo el problema jurídico planteado por la demanda, esto es, debe inhibirse para conocer la demanda de inconstitucionalidad por ‘sustracción de materia’ o por ‘carencia de objeto’, en tanto constata que la Ley del 21 de mayo de 1851 ‘sobre la libertad de esclavos’ no está vigente y, además, no se ‘proyectan sus consecuencias jurídicas hacia el futuro’. No le es dado al juez constitucional, al terminar la primera década del siglo XXI, entrar a juzgar una de las decisiones legales más controversiales y celebradas que se hubiese presentado al inicio de la historia republicana de Colombia, a mediados del siglo XIX, bajo los parámetros del orden constitucional vigente, cuando esta tal decisión no está vigente y no produce efectos jurídicos.

2.3. Para analizar este problema jurídico previo y fundamentar la decisión adoptada, a continuación la Sala (i) presentará los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional para establecer cuando puede emitir pronunciamientos de fondo sobre una norma legal; (ii) contextualizará históricamente la ley acusada y (iii) establecerá su vigencia y la posibilidad de que siga produciendo efectos.

3. La Corte Constitucional puede emitir pronunciamientos de fondo sobre normas legales vigentes o que están produciendo efectos jurídicos.

3.1. El ejercicio de la Corte Constitucional de la función de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, con ocasión del control constitucional de las leyes, mediante el ejercicio de la acción pública de inexequibilidad (arts. 40, 241-4), “está condicionado al cumplimiento de dos presupuestos básicos e insustituibles: (i) que la demanda ciudadana haya sido presentada en legal forma, esto es, que reúna los requisitos mínimos señalados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 para ser admitida, y (ii) que las normas acusadas, cuya validez se cuestiona, hagan parte del ordenamiento jurídico vigente o, en su defecto, se encuentren produciendo efectos jurídicos actuales”(3). Desde su inicio, la jurisprudencia ha sostenido que no puede estudiar la constitucionalidad de normas que ya no hacen parte del ordenamiento, bien sea porque no están vigentes o porque simplemente, ya no producen efectos(4). Así pues, la Corte no puede conocer de fondo las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones que han perdido plenamente su vigencia, en tales casos es incompetente por ‘sustracción de materia’, denominada también ‘carencia actual de objeto’(5).

3.2. La jurisprudencia constitucional ha insistido en resaltar que la Corte Constitucional no puede considerarse incompetente para conocer una demanda de inconstitucionalidad por ‘sustracción de materia’ o ‘carencia de objeto’, simplemente por el hecho de haber constatado que las disposiciones acusadas fueron formalmente derogadas. En efecto, como se ha señalado desde el inicio de la jurisprudencia, es deber de la Corte Constitucional “evitar que normas pretéritas ya no vigentes, pero inconstitucionales, proyecten sus consecuencias jurídicas hacia el futuro”(6) (esta posición ha sido reiterada en varias ocasiones(7)). En otras palabras, cuando se demanda una norma derogada, antes de declararse inhibida por carencia actual de objeto, la Corte ha de establecer si la norma continúa produciendo efectos jurídicos. Si ello es así, debe proceder a pronunciarse de fondo, definiendo si el contenido normativo de la disposición derogada se ajusta o no a la Constitución Política.

3.3. Así pues, en los casos en los que la Corte Constitucional es incompetente para conocer una acción de inconstitucionalidad en contra de una norma, por ‘sustracción de materia’ o ‘carencia de objeto’, es preciso distinguir al menos dos situaciones: (i) cuando la demanda se dirige contra disposiciones derogadas y (ii) cuando la demanda recae sobre disposiciones que contienen mandatos específicos ya ejecutados.

3.3.1. Frente al primer evento, como se dijo, la jurisprudencia ha señalado que “la decisión de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una disposición derogada, que determina su exclusión del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, su ineptitud para producir efectos, carece de sentido si, ex ante, y por disposición del mismo legislador, la norma ha perdido su vigencia dentro del ordenamiento. Por tal razón, ante esa eventualidad la Corte debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo”(8).

3.3.1.1. La jurisprudencia ha precisado que la derogatoria de una ley conlleva la cesación de sus efectos jurídicos, lo cual ocurre en al menos tres casos: (i) cuando una ‘nueva ley suprime formal y específicamente la anterior’ [derogatoria explícita]; (ii) ‘cuando la ley nueva contiene disposiciones incompatibles o contrarias a las de la antigua’ [derogatoria implícita], y (iii) ‘cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de estas y las de la ley nueva’ [derogatoria por regulación integral](9).

3.3.1.2. Con relación a las normas que derogan otras normas, la jurisprudencia ha indicado que estas también son objeto de acciones de inconstitucionalidad. Al respecto, ha sostenido que no es “cierto que una norma derogatoria cese de producir efectos una vez promulgada, ya que ella, al eliminar otras disposiciones, ha producido una transformación del orden normativo”; esto en razón a que a pesar de que “el efecto de la norma derogatoria agote su objeto una vez promulgada, los efectos de su contenido normativo subsisten, pues la expulsión de las normas derogadas se mantiene en el tiempo, siempre y cuando, obviamente, que la norma derogatoria se ajuste al ordenamiento constitucional”(10). Por tanto, las normas que derogan otras normas legales, pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, en tanto estas sigan produciendo efectos.

3.3.2. Frente al segundo evento, la jurisprudencia constitucional ha considerado que carece de competencia para conocer de demandas contra leyes cuyo objeto ya se cumplió, y no siguen produciendo efectos. Así, desde su inicio, consideró que debe inhibirse de conocer la constitucionalidad de una norma que “ya agotó plenamente su contenido”(11). En tal sentido, “[c]uando se demandan normas que contienen mandatos específicos ya ejecutados, es decir, cuando el precepto acusado ordena que se lleve a cabo un acto o se desarrolle una actividad y el cumplimiento de esta o aquel ya ha tenido lugar”, dijo la Corte enfáticamente en la Sentencia C-350 de 1994 que, “carece de todo objeto la decisión de la Corte y, por tanto, debe ella declararse inhibida En efecto, si hallara exequible la norma impugnada no haría otra cosa que dejar en firme su ejecutabilidad y, habiéndose dado ya la ejecución, la resolución judicial sería inútil y extemporánea. Y si la encontrara inexequible, no podría ser observada la sentencia en razón de haberse alcanzado ya el fin propuesto por quien profirió la disposición; se encontraría la Corte con hechos cumplidos respecto de los cuales nada podría hacer la determinación que adoptase”(12).

3.4. La regla constitucional para establecer la incompetencia de la Corte Constitucionalidad en materia de acciones de inconstitucionalidad por sustracción de materia, ha sido clara y constante. Las ocasiones en que la Corte ha debatido su aplicación, lo ha hecho en razón de discrepancias sobre si una norma específica sigue produciendo efectos jurídicos o no, pero no sobre cuestionamientos o desacuerdos sobre la regla jurisprudencial, en sí misma considerada(13). Así ocurrió, por ejemplo, a propósito de una demanda en contra de normas con fuerza de ley, anteriores a la Constitución de 1991, que habían dado competencia a jueces civiles del circuito para conocer de ciertos delitos [C-634 de 1996]. En ese caso, se consideró que el nuevo sistema penal había sido implantado en el ordenamiento jurídico con la nueva Constitución (1991), “lo cual indica que hace más de cuatro años que dicha normatividad dejó de afectar a la Carta Fundamental”(14). Son varias las ocasiones en las que esta regla jurisprudencial ha sido reiterada y aplicada(15).

3.5. En conclusión, la Corte Constitucional es incompetente para conocer una acción de inconstitucionalidad por carencia de objeto (‘sustracción de materia’), cuando la norma (1) se encuentra derogada y (2) no produce efectos. Los criterios que ha de tener en cuenta la Corte Constitucional para llegar a concluir que se encuentra en un caso concreto ante esta situación, fueron recopilados por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:

“[En primer lugar], (i) la Corte constata si la norma bajo análisis ha sido expresamente derogada o no. Si no hay derogatoria expresa, (ii) la Corte precisa el contenido y ámbito de la norma supuestamente derogada; (iii) examina si ha habido una modificación integral del régimen regulado por la norma supuestamente derogada; y (iv) determina si hay contradicciones entre el ámbito regulado por la norma supuestamente derogada y las normas expedidas posteriormente y aplicables al mismo supuesto de la norma presuntamente derogada. Si de este análisis surge con claridad que la norma no se encuentra vigente, la Corte se inhibe de proferir un pronunciamiento de mérito. Si luego de dicho análisis, (v) persisten dudas sobre la vigencia de la norma, y sobre si sus efectos se han perpetuado en el tiempo, la Corte ha procedido al análisis de su constitucionalidad”(16).

3.6. Hechas las anteriores anotaciones, pasa la Corte a establecer si la Ley del 21 de mayo de 1851 ‘Sobre la libertad de esclavos’ se encuentra derogada y si produce efectos jurídicos en la actualidad.

4. La Ley del 21 de mayo de 1851 sobre libertad de esclavos no se encuentra vigente ni está produciendo efectos.

4.1. La Corte Constitucional es incompetente para conocer la Ley de 21 de mayo de 1851, ‘sobre la libertad de los esclavos’, por sustracción de materia, en la medida que la norma ni se encuentra vigente ni está produciendo más efectos dentro del ordenamiento jurídico vigente(17). La ley sobre libertad de 1851 no ha sido derogada expresamente por ninguna norma legal posterior, no obstante, su contenido normativo o bien fue regulado en normas posteriores, o bien ya se agotó, al tratarse de procedimientos y actos administrativos que ya tuvieron lugar.

4.2. La Ley del 21 de mayo de 1851, fue expedida bajo la vigencia de la Constitución de la República de la Nueva Granada de 1843. A los pocos días, y como parte del mismo proceso político, fue aprobada la Constitución de la República de la Nueva Granada en 1853 que elevó por primera vez a rango constitucional la prohibición de la esclavitud. De esta manera, dispuso en su artículo 6º que ‘no hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada’. Más adelante, este enunciado normativo fue recogido por las constituciones políticas de 1858 (art. 11); la de 1863 (art. 12); la de 1886 y, finalmente, la de 1991 (art. 17). Adicionalmente, la prohibición de esclavitud también se encuentra consagrada en el bloque de constitucionalidad. La Declaración americana de derechos humanos (Bogotá, 1948) estableció en su artículo 1º, que ‘todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona’. Al finalizar el mismo año, en la Declaración universal de derechos humanos (1948) se consagró categóricamente en el artículo 4º que ‘nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas’. Posteriormente, en el ámbito internacional el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP, 1966) estableció que ‘nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas’ (art. 8º)(18), y, en el interamericano, la Convención americana sobre derechos humanos (San José, 1969) reiteró la prohibición (art. 6º), con tres precisiones(19). Una protección especial y explícita a las mujeres [‘nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas’ (art. 6º, num. 1º)]; la aclaración de que ‘nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso (art. 6º, num. 2º); y la identificación de labores que a la luz de la convención no constituyen trabajo forzoso u obligatorio (art. 6º, num. 3º).

Para la Sala es claro entonces, que la prohibición a la esclavitud que existe en el orden constitucional vigente, en modo alguno está regida por la Ley de 21 de mayo de 1851. Si a una persona se le desconociera su libertad y se le pretendiera esclavizar hoy en día, omitiendo así la expresa prohibición constitucional que existe al respecto, su reclamo estaría basado en los derechos que lo protegen de esa situación y que se encuentran en las cartas de derechos contempladas en la Constitución, y en los ámbitos internacional y regional. La Ley de 1851 objeto del presente proceso de constitucionalidad, no es la fuente de derecho que se encarga de expulsar del orden constitucional vigente la institución de la esclavitud.

4.3. Por otra parte, la Sala considera que en ley acusada no está produciendo efectos jurídicos en el orden constitucional vigente. La Ley del 21 de mayo de 1851, la ley de libertad, tuvo dos propósitos centrales, liberar a las personas esclavizadas y organizar el pago de las indemnizaciones a los propietarios. Se decidió que el primero de enero de 1852 quedarían en libertad todos los esclavos que existieran en el territorio de la República, por lo que ‘desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos’ (art. 1º). Para el segundo se adoptaron diversas medidas, dentro de la que se destaca la expedición por parte del Estado de unos títulos (vales de manumisión), que tenían por objeto garantizar y poder hacer efectiva la deuda que se adquirió.

4.3.1. Con relación a la primera consecuencia jurídica de la ley acusada, se ha de reiterar que las normas constitucionales vigentes, así como las cartas de derechos, internacional e interamericana, que sobrevinieron a la Ley del 21 de mayo de 1851, son las disposiciones que integralmente se ocupan en la actualidad de mantener en libertad a las personas y prohibir que sean esclavizadas hoy en día. Es el principio de dignidad humana, el concepto central del Estado social y democrático de derecho, instaurado en 1991, el que excluye por completo y en todo sentido, la criminal institución de ‘la esclavitud’.

4.3.2. En cuanto al segundo aspecto de la norma, las investigaciones de historia económica han permitido esclarecer que buena parte de estos pagos sí se realizaron. En todo caso, las deudas que no hayan sido satisfechas, o prescribieron por el paso del tiempo, simplemente serían imposibles de cobrar bajo el orden constitucional vigente. No existe por tanto, un texto normativo de la Ley de 21 de mayo de 1851 que se encuentre vigente, respecto del cual la Corte pueda pronunciarse de fondo. Por ello la Corte se inhibirá de conocer la acción de inconstitucionalidad estudiada en el presente proceso.

4.3.3. Las consecuencias que las leyes de esclavitud y regulaciones posteriores que ya no se encuentran vigentes, son de carácter social y cultural. No se trata de efectos jurídicos específicos que dependan de dichas normas y sean controlables por los jueces, sino de consecuencias sociológicas que sumadas a muchas otras causas sieguen teniendo efectos negativos sobre las comunidades afrocolombianas. Pero, como se dice, no son consecuencias jurídicas que se derivan directamente de la disposición en cuestión, ni porque esté vigente la norma, ni porque sin tener efectos, erradamente se le siga aplicando.

No descarta la Sala que dentro de las consecuencias sociales y culturales que se hayan generado, se encuentre el sustento de normas legales vigentes que tienen contenidos jurídicos que siguen siendo aplicables, y que tienen un claro carácter discriminatorio. Pero tales casos son situaciones jurídicas, que si bien pueden tener una conexión histórica con la Ley de mayo 21 de 1851, no depende jurídicamente de este estatuto. Son consecuencias que se siguen de otras normas del ordenamiento legal y, por lo tanto, los reclamos en su contra se han de dirigir hacia dichos referentes jurídicos y normativos específicos. Los efectos de la ley acusada, como se dijo, ya han cesado.

4.4. Dentro del proceso de constitucionalidad, la mayoría de los intervinientes consideraron que la ley objeto de examen no se encuentra vigente porque (i) su contenido fue derogado tácitamente por los textos constitucionales que le sobrevinieron y, o, (ii) porque materialmente no está produciendo efectos jurídicos, en tanto sus mandatos ya se cumplieron(20). En consecuencia, estas intervenciones coinciden con esta Sala en que la Corte se debe inhibir para pronunciarse de fondo sobre la demanda de la referencia.

4.4.1. Sin embargo, algunas de las intervenciones coinciden con el demandante en que la Corte debería declarar que la Ley de 21 de mayo de 1851 incurrió en una omisión legislativa, al no haber reparado integralmente a las personas que habían sido víctimas del crimen de esclavitud. Ahora bien, en la medida que la Corte Constitucional solo puede conocer de una demanda contra una norma que haga parte del ordenamiento, o que aún produzca efectos en este, una de las intervenciones que participó para ayudar a la demanda en su pretensión, sostuvo que esta situación sí ocurría, por las siguientes razones:

“[…] la Ley del 21 de mayo de 1851, ‘sobre libertad de los esclavos’, no perdido vigor, no se encuentra derogada ni expresa, ni tácita y mucho menos orgánicamente. Sin embargo, aun cuando se considere que no se encuentra vigente en cualquiera de las formas antes anunciadas, la norma demandada sigue produciendo efectos en la población afrodescendiente, su eficacia se ha prolongado en el tiempo,

[…] la norma demandada sigue produciendo efectos, pues la norma a pesar de disponer la libertad de los esclavizados omite disponer las condiciones de igualdad en que esta se materializa. […]”(21).

4.4.2. Para la Sala este argumento no es de recibo porque es circular, incurre en una petición de principio, esto es, se presupone la conclusión a la cual se quiere llegar. En efecto, la intervención citada, al igual que la demanda, pretende demostrar que la ley omitió incluir un contenido normativo, a saber, ‘disponer las condiciones de igualdad en que la igualdad de las personas esclavizadas se materializa’. Ahora bien, en la medida que la acción de inconstitucionalidad solo puede ser conocida si se dirige en contra de una norma legal que se encuentra vigente o produciendo efectos, la intervención sostiene que la ley acusada sí está vigente, porque por la misma razón por la que posteriormente se espera que se declare inconstitucional, a saber, que no dispuso ‘las condiciones de igualdad en que la igualdad de las personas esclavizadas se materializa’.

La intervención citada trata de justificar la circularidad argumentativa al sostener que primero es necesario establecer que Colombia tiene la obligación de reparar y resarcir el crimen de la esclavitud y, ahí sí, entrar a determinar si la norma está vigente y se encuentra produciendo efectos aún. Además que el orden del análisis de constitucionalidad propuesto por la intervención, desconoce la metodología prevista por la jurisprudencia y no permite llegar a la conclusión que pretende sostener. En efecto, constatar que Colombia tiene la obligación de disponer las condiciones de igualdad en que la igualdad de las personas esclavizadas se materializa’ no implica de forma alguna (i) demostrar que la ley objeto de la acción pública está vigente o produciendo efectos, y (ii) que obligación omitida se ha debido incluir en dicha ley.

4.5. Dadas las consideraciones previas, no le corresponde a la Corte establecer en el presente caso, en qué condiciones una norma anterior a la Constitución de 1991, que no contempló algún mandato que pueda ser exigible ahora, a la luz de la Carta Política, puede ser objeto de control de constitucionalidad por esa razón.

4.6. En conclusión, la Corte Constitucional es incompetente para conocer la Ley de 21 de mayo de 1851, ‘sobre la libertad de los esclavos’, por sustracción de materia, en la medida que la norma ni se encuentra vigente ni está produciendo más efectos dentro del ordenamiento jurídico vigente; por lo tanto se inhibirá de conocer la demanda presentada en su contra y objeto del presente proceso constitucional.

5. Precisiones acerca del alcance de la decisión.

La declaratoria de inhibición en el presente caso no implica desconocer en modo alguno, los graves efectos que produjo la esclavitud en las personas que la padecieron y la sufrieron, fuese cual fuese su color de piel. Tampoco implica restar importancia a la deliberación que, en democracia participativa, se ha de dar acerca de las consecuencias e implicaciones de las prácticas racistas, pasadas y presentes, así como de las medidas que se han de tomar para evidenciarlas, abolirlas, superarlas, repararlas y asegurar que no se repitan nunca más.

La decisión que la Corte Constitucional adopta en la presente sentencia se limita a señalar que, en sede de revisión de constitucionalidad, esta corporación carece de competencia para evaluar la Ley del 21 de mayo de 1851. No puede pronunciarse, específicamente, sobre si esa ley observa o no los parámetros constitucionales actuales, pues tal, no es una función que se le haya asignado, por las razones antes dichas. En todo caso, esto no obsta, en modo alguno, para que el debate se dé, como en efecto se da en la actualidad, en democracia.

6. Conclusión.

En conclusión, la Corte Constitucional reitera que puede inhibirse para conocer una demanda de inconstitucionalidad por ‘sustracción de materia’ o por ‘carencia de objeto’, cuando haya constatado que no se encuentra vigente y no se ‘proyectan sus consecuencias jurídicas hacia el futuro’. En el presente caso, la Corte se inhibirá de conocer la acción de inconstitucionalidad de la referencia, por cuanto la Ley de 21 de mayo de 1851, sobre libertad de los esclavos no se encuentra vigente y no produce consecuencias jurídicas en el presente.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo acerca de la Ley del 21 de mayo de 1851 adoptada por el Congreso de la Nueva Granada —Sobre la libertad de esclavos—, por carencia actual de objeto de juzgamiento.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla, Presidente—María Victoria Calle Correa, con aclaración de voto—Mauricio González Cuervo—Juan Carlos Henao Pérez, con salvamento de voto—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva, con salvamento de voto.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

Anexo - Índice

I. Antecedentes

II. Normas demandadas

III. Demanda

IV. Intervenciones

1. Intervención del Ministerio de Cultura

2. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia

3. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

4. Intervención de la Universidad Icesi

5. Intervención de la Universidad Santiago de Cali

6. Intervención de la Universidad del Cauca

7. Intervención del ciudadano Jack J. Smith May

8. Intervención del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN)

9. Intervención conjunta del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia y del Observatorio de Discriminación Racial

V. Concepto de la Procuraduría General de la Nación

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

2. Planteamiento del problema jurídico.

3. La Corte Constitucional puede emitir pronunciamientos de fondo sobre normas legales vigentes o que están produciendo efectos jurídicos.

4. La Ley del 21 de mayo de 1851 sobre libertad de esclavos no se encuentra vigente ni está produciendo efectos.

5. Precisiones acerca del alcance de la decisión.

6. Conclusión.

Anexo - Índice

Salvamentos y aclaraciones

(1) Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, quien sustanció inicialmente el proceso.

(2) Mediante auto de mayo 18 de 2009, el Magistrado Juan Carlos Henao Pérez inadmitió la demanda de la referencia por considerar que la demanda no había presentado razones ‘claras’ y ‘suficientes’ que sustentaran su solicitud de inexequibilidad. (Exp., fls. 10-13).

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-110 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); en tales términos sintetizó la Sala Plena la jurisprudencia sobre la materia; en este caso se inhibió para pronunciarse sobre el artículo 1º, parcial, de la Ley 4ª de 1976, por no estar vigente y no producir efectos.

(4) Corte Constitucional, Auto 007 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein); en este caso se resolvió rechazar una demanda en contra de normas con fuerza legal (D. 2687/88, arts. 1º, 13 y 25) por considerar que habían perdido vigencia.

(5) Corte Constitucional, Auto 007 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein). Esta posición ha sido reiterada, entre otros casos, en las sentencias C-055 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-329 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Clara Inés Vargas Hernández, Eduardo Montealegre Lynett), C-338 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-397 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); en este caso la Corte resolvió pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas con fuerza de ley que pese a estar derogadas, seguían produciendo efectos jurídicos. Dijo la Corte: “Tal es la hipótesis específica en que se halla el artículo ahora enjuiciado, pues en él se consagraban las funciones de la Sala General de la Superintendencia de Valores, muchas de las cuales fueron en su momento ejercidas a través de resoluciones, unas de carácter general, otras con efectos individuales y concretos, cuyas consecuencias todavía se siguen produciendo en procesos administrativos, investigativos e indagaciones en casos particulares”. En este caso se estudió una demanda contra varias normas de la Ley 32 de 1979 y de los decretos 831 de 1980 y 0653 de 1993.

(7) En la Sentencia C-110 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), por ejemplo, se reiteró esta posición en los siguientes términos: “la simple derogatoria formal de una ley (…) no conduce necesariamente a su inexistencia, pues es posible que, desde el punto de vista material, dicha ley siga produciendo efectos con posterioridad a su desaparición, es decir, continúe proyectándose ultractivamente respecto de hechos acaecidos durante su vigencia. Cuando esta situación tiene ocurrencia, debe adelantarse el juicio de inconstitucionalidad [a fin de] evitar que normas pretéritas ya no vigentes, pero inconstitucionales, proyecten sus consecuencias jurídicas hacia el futuro”.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-329 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Clara Inés Vargas Hernández, Eduardo Montealegre Lynett); en este caso se inhibió de pronunciarse de fondo sobre la demanda que había sido presentada, por considerar que se trataba de normas derogadas que ya no producían efecto [el art. 24 de la L. 3ª/86 (normas sobre administración departamental y se dictan otras disposiciones) y el artículo 50 del Decreto 1222 de 1986 (Código de Régimen Departamental)].

(9) Esta posición fue fijada en la Sentencia C-634 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz) y ha sido reiterada en varias ocasiones, entre ellas, en las sentencias C-329 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Clara Inés Vargas Hernández, Eduardo Montealegre Lynett), C-895 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C-836 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-823 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-397 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-640 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

Corte Constitucional, sentencias C-634 de 1996, C-443 de 1997, C-896 de 2001, C-1190 de 2001, C-1289 de 2001, C-419 de 2002, C-1006 de 2003, C-159 de 2004, C-857 de 2005, C-823 de 2006, y C-215 de 2007, A 089 de 2008.

(10) Corte Constitucional, Sentencia C-055 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); en este caso se resolvió declarar exequible el artículo 18 de la Ley 48 de 1990, en el cual se estableció la vigencia de la misma y que normas se derogaba con su expedición.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero; S.P.V. Jorge Arango Mejía, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa; S.V. Eduardo Cifuentes Muñoz, Hernando Herrera Vergara) En este caso resolvió, entre otras cosas, inhibirse de conocer una norma [inc. segundo del art. 4º de la L. 84/93], por cuanto su contenido se había agotado plenamente. La norma decía: ‘Habrá un periodo general de zonificación municipal de (2) meses comprendidos entre el 13 de noviembre de 1993 y el 13 de enero de 1994.’ La demanda fue decidida el 23 de marzo. Los salvamentos de voto versaron sobre otras cuestiones diferentes a la citada.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-350 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo; S.P.V. José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa); coincidiendo con la posición jurisprudencial establecida en la Sentencia C-145 de 1994, la Corte resolvió en este caso, entre otras cosas, declararse inhibida para resolver de fondo la constitucionalidad de varias normas de las leyes 33 de 1927 y 1ª de 1952. Las divergencias del salvamento parcial de voto versaron sobre cuestiones de fondo, y no en relación a la regla jurisprudencial que se cita.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-329 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Clara Inés Vargas Hernández, Eduardo Montealegre Lynett); en este caso, los salvamentos coincidieron en que la regla jurisprudencial aplicada por la mayoría de la Sala era la indicada para solucionar el caso, pero discreparon de la decisión final, por considerar que las normas sí seguían produciendo efectos jurídicos y que, por tanto, la Corte sí era competente para conocer de fondo los cargos de la demanda.

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz); en este caso la Corte se inhibió de conocer una demanda contra el numeral segundo del artículo 3º del Decreto 2273 de 1989.

(15) De forma similar decidió la Corte en la Sentencia C-338 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), a propósito de una demanda contra el artículo 34 de la Ley 633 de 2000, que había sido derogado por la Ley 716 de 2001, y que ya no producía ni podría producir efectos. Al respecto ver también las sentencias C-626 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); C-170 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil, S.P.V. Jaime Araújo Rentería); C-110 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-397 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-522 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(16) En estos términos recogió la Corte Constitucional los criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional, en la Sentencia C-397 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), caso en el que resolvió inhibirse de conocer de fondo una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 3º de la Ley 53 de 1945.

(17) Es preciso señalar que aunque la acción de tutela no “ha sido concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas jurídicas. Cuando la Corte ha entrado a definir si la norma demandada está vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto de control”. Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-898 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); caso en que se inhibió de pronunciarse sobre una demanda en contra de varios artículos del Decreto 1355 de 1970, ‘por el cual se dictan normas de policía’. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias C-992 de 2004 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; S.V. Jaime Araújo Rentería), C-1026 de 2004 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-823 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Rodrigo Escobar Gil), C-338 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla, S.V. Jaime Araújo Rentería) y C-640 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(18) El PIDCP (1966) fue incorporado al orden interno mediante la Ley 74 de 1968.

(19) El Pacto de San José (1969) fue incorporado al orden interno mediante la Ley 16 de 1972.

(20) En esta dirección, el concepto del Procurador General de la Nación y las intervenciones del Ministerio de Cultura, del Interior y de Justicia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia; de las universidades Icesi, Santiago de Cali, del Cauca y del ciudadano Jack Smith May.

(21) Ver la intervención de DeJusticia.