Sentencia C-940 de octubre 1º de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

Sentencia C-940 de 2008 

Ref.: Expediente D-7204

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: Roberth Lesmes Orjuela

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 719, 720 (parcial) y 721 del Código Civil.

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, acorde con su publicación en el Diario Oficial 7.019 del 20 de abril de 1887.

“Ley número 57 de 1887

(Abril 15)

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—Regirán en la República, noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas de que ella trata, los códigos siguientes:

El Civil de la Nación, sancionado el 26 de Mayo de 1873:

(… ).

De las accesiones del suelo

Aluvión

ART. 719.—Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas.

Accesión del aluvión

ART. 720.—El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua; pero en puertos habilitados pertenecerá a la unión.

El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas, forma parte de la ribera o del cauce, y no accede mientras tanto a las heredades contiguas.

Demarcación

ART. 721.—Siempre que prologadas las antedichas líneas de demarcación, se corten una a otra, antes de llegar al agua, el triángulo formado por ellas y por el borde del agua, accederá a las dos heredades laterales; una línea recta que lo divida en dos partes iguales, tiradas desde el punto de intersección hasta el agua, será la línea divisoria entre las dos heredades”.

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, esta Corte es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia puesto que la disposición demandada forma parte de una Ley de la República.

2. El asunto bajo revisión y el problema jurídico.

La demanda de inconstitucionalidad presentada dentro del presente proceso, se dirige contra los artículos 719, 720 (parcial) y 721 del Código Civil, por considerar que estas disposiciones vulneran los artículos 2º, 29, 58, 63, 79, 80 y 102 de la Constitución Nacional, al permitir que los terrenos conformados por el fenómeno natural del aluvión accedan a las heredades ribereñas, cuando a partir de la vigencia del Código de Recursos Naturales —art. 83— estos bienes son propiedad del Estado, y por tanto de conformidad con los artículos 63 y 102 de la Constitución son bienes de uso público que pertenecen a la Nación y en consecuencia son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Encuentra la Corte que los artículos 719, 720 (parcial) y 721 del Código Civil fueron modificados por disposiciones contenidas en el Código de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, Decreto-Ley 2811 de 1974, referentes al recurso natural del agua, preceptos que no fueron demandados en esta oportunidad. Por tanto, la Corte entrará en primer lugar a analizar si al no haberse demandado conjuntamente los preceptos que modificaron las disposiciones demandadas existe demanda en forma o por el contrario hay lugar a inhibición por parte de esta corporación por configurarse inepta demanda.

Sólo si la presente demanda supera el examen propuesto, corresponderá a la Corte entrar a estudiar de fondo los cargos presentados para resolver si los artículos 719, 720 (parcial) y 721 del Código Civil, vulneran el preámbulo y los artículos 2º, 29, 58, 63, 79, 80 y 102 de la Constitución Nacional, en razón a que configuran un modo de propiedad por accesión relativo al aluvión, y permiten por tanto que aquellos terrenos denominados de aluvión accedan a las heredades ribereñas de propiedad privada, pasando de ser terrenos de propiedad del Estado —de conformidad con el art. 83 del Código de Recursos Naturales— a ser terrenos de propiedad privada, lo cual viola las disposiciones constitucionales relativas a los bienes de uso público pertenecientes a la Nación —C.N., arts. 63 y 102—.

1. Criterios jurisprudenciales para la configuración de verdaderos cargos de constitucionalidad.

En reiteradas jurisprudencias, esta corporación ha insistido en la necesidad que las demandas de inconstitucionalidad sujetas a estudio, cuenten con verdaderos cargos contra las normas acusadas.

Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que estos permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.

En este orden de ideas, no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad. En efecto, es necesario que los razonamientos alegados contengan unos argumentos mínimos que puedan llevar a esta corporación a desconfiar de la constitucionalidad de la norma acusada, argumentos que sean capaces de generar una duda aunque sea mínima respecto de la armonía de las normas acusadas respecto de los textos constitucionales que se consideran infringidos.

Así las cosas, para que la acción pública de inconstitucionalidad sea efectiva como forma de control del poder político, los razonamientos en ella expuestos deben corresponder con unos argumentos mínimos desarrollados de una manera racional, lógica, coherente, congruente, verdadera, concreta y adecuada que correspondan a unos parámetros de acusación que logren despertar una sospecha respecto de la constitucionalidad de las disposiciones demandadas y presenten un marco de acusación que se pueda verificar, analizar y evaluar posteriormente por esta corporación.

Esta exigencia constituye un requerimiento esencial y básico para que la Corte pueda entrar a adelantar un análisis abstracto de constitucionalidad, esto es, para que pueda desarrollar un estudio de fondo respecto del asunto planteado y, no se malogre la posibilidad constitucional de obtener de parte de esta corporación un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado, en cuanto esta Corte deba abstenerse de pronunciarse sobre la cuestión planteada debido a “razonamientos“ que no permiten tomar una decisión de fondo.

En este orden de ideas, esta corporación ha entendido que los cargos de inconstitucionalidad deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes (1) .

Pues bien, los cargos serán claros si permiten comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Para que dicha comprensión se presente por parte del juez de constitucionalidad, no solo es forzoso que la argumentación tenga un hilo conductor, sino que quien la lea —en este caso la Corte Constitucional— distinga con facilidad las ideas expuestas, las razones esbozadas, que los razonamientos sean sencillamente comprensibles. Para esto, es necesario que la argumentación del actor constitucional se desenvuelva de una manera lógica, coherente y congruente, de tal manera que no presente confusión, o ambigüedad.

En cuanto a la certeza, los cargos gozarán de esta en dos aspectos diferentes: i) en primer lugar, siempre y cuando las acusaciones se realicen respecto de una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, y ataquen la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; ii) en segundo lugar, serán ciertos los cargos elevados, siempre y cuando ellos no constituyan inferencias o consecuencias subjetivas derivadas por el actor respecto de las disposiciones demandadas, al extraer de éstas efectos o implicaciones jurídicas que las normas no contemplen objetivamente dentro de su ámbito normativo. En este sentido, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del “texto normativo”. Así las cosas, los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias del demandante respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto.

La especificidad como parámetro de los cargos y razonamientos de la demanda, exige que éstos deban mostrar sencillamente una acusación de inconstitucionalidad de manera concreta contra la disposición atacada. Así las cosas, los cargos de inconstitucionalidad deben dirigirse mediante acusaciones concretas directamente contra la norma demandada y no pueden sustentarse en exposiciones vagas, indeterminadas, indirectas, abstractas y globales, que en cuanto tales, no permitan directamente realizar un juicio de constitucionalidad. En resumen, este parámetro pretende que el cargo realizado sea efectivamente de inconstitucionalidad y que sus fundamentos sean específicos, determinados, concretos, precisos y particulares en relación a la norma acusada.

En igual forma, los cargos deben ser pertinentes. A parte de que los cargos no pueden ser confusos, inciertos, vagos, abstractos e indeterminados, es necesario que éstos efectiva y realmente ostenten una naturaleza constitucional. Esto significa, (i) de un lado, que los cargos contrapongan normas de inferior categoría a las normas constitucionales; (ii) de otro lado, que los razonamientos que se esbocen sean de orden constitucional, esto es, respecto de la vulneración del contenido normativo de las normas de superior jerarquía. Por esta razón, no podrán ser aceptados cargos basados en argumentos legales, doctrinarios, políticos, concepciones del bien, contextuales o de conveniencia. De igual manera, no aparejan pertinencia aquellos cargos que pretenden sustentar la inconstitucionalidad de la norma acusada en relación con su aplicación práctica, o que tenga relación con situaciones de hecho, y que se base por tanto en ejemplos, acaecimientos particulares, hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias, en las que hipotéticamente se aplicó o será aplicada la norma demandada.

Finalmente, los cargos deben ser suficientes. La suficiencia de los cargos de constitucionalidad hace referencia a que la carga argumentativa que recae sobre el actor, debe desarrollarse de una forma mínima y proporcional al objetivo de demostrar la inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado. De esta manera, se deben exponer razonamientos lo bastante fundados para que pueda pretender desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico, presunción de corrección frente al texto constitucional que se deriva del principio democrático y de las reglas formales y sustanciales del procedimiento democrático de producción de normas y por tanto amerite el adelantamiento de un estudio de constitucionalidad.

El cumplimiento de los anteriores requisitos aseguran entonces que los cargos presentados en la demanda “despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional (2) ”. Cuando estos requisitos no se cumplen, existe ineptitud sustantiva de la demanda por inexistencia de cargos de constitucionalidad, y la Corte no puede entrar a pronunciarse de fondo respecto del litigio constitucional planteado.

Pasa la Corte a estudiar si las impugnaciones presentadas por los demandantes en esta oportunidad satisfacen estos criterios para constituir verdaderos cargos de constitucionalidad.

2. Los cargos formulados por el demandante en relación con los requisitos mínimos exigidos por esta corporación. Ineptitud sustantiva de la demanda.

2.1. Las disposiciones acusadas dentro del presente proceso de constitucionalidad son los artículos 719, 729 y 721 del Código Civil.

El artículo 719 del Código Civil es una norma que define el fenómeno natural del aluvión como “el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas”. Este artículo es demandado en su totalidad.

El artículo 720 del Código Civil se demanda parcialmente dentro de este proceso de constitucional, en la expresión “el terreno de aluvión accede a las heredades riberanas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua”, contenida en el inciso primero de dicha norma.

Esta expresión prescribe que el terreno de aluvión, previamente definido por el artículo 719 del Código Civil, accede a las heredades riberanas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua. De esta disposición demandada quedan exceptuados en el resto del primer inciso del artículo 720 del Código Civil, aquellos terrenos de aluvión que se encuentren ubicados en puertos habilitados, de los cuales se afirma expresamente que pertenecen a la unión o Nación. Así mismo, en el inciso segundo del artículo 720 del Código Civil quedan exceptuados de la accesión por aluvión, de que trata el inciso primero de ese mismo artículo, los terrenos que ocupa y desocupa periódicamente las aguas en sus creces y bajas, de los cuales afirma que forman parte de la ribera o del cauce y no acceden a las heredades ribereñas.

De otra parte el artículo 721 del Código Civil, demandado en su totalidad, regula lo correspondiente a la demarcación de los terrenos de aluvión de que trata el artículo anterior, para determinar qué terrenos acceden a las heredades ribereñas. De esta manera prescribe esta norma que prolongadas las líneas de demarcación de que trata el artículo 720 del Código Civil, y cuando se corten estas líneas unas a otras antes de llegar al agua, el triángulo formado por ellas y por el borde del agua, accederá a las dos heredades laterales. Con el fin de determinar qué área accede a qué heredad, agrega la disposición, que se debe trazar una línea recta que divida el triángulo formado en dos partes iguales, tomadas desde el punto de intersección hasta el agua, y que esta línea trazada será la línea divisoria entre las dos heredades.

Los cargos de la demanda alegan que estas disposiciones vulneran los artículos 2º, 29, 58, 63, 79, 80 y 102 de la Constitución Nacional, al permitir que los terrenos conformados por el fenómeno natural del aluvión accedan a las heredades ribereñas, cuando a partir de la vigencia del Código de Recursos Naturales —art. 83— estos bienes son propiedad del Estado, y por tanto de conformidad con los artículos 63 y 102 de la Constitución son bienes de uso público que pertenecen a la Nación y en consecuencia son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

2.2. Encuentra la Sala que las disposiciones demandadas en la presente ocasión han sido modificadas por disposiciones del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, expedido en el año de 1974, cuerpo normativo que dispone una serie de preceptos orientados a la conservación, preservación de los recursos naturales y al reconocimiento de que los terrenos de playas y riberas de los mares, ríos, lagunas, etc, son de suma importancia ambiental y ecológica, y consagra por tanto que dichos bienes pertenecen al Estado.

En relación con los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, el artículo 42 del Decreto 2811 establece que pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. Y el artículo 43 sostiene que en todo caso el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en dicho código y otras leyes pertinentes.

En el artículo 83 del Código de Recursos Naturales se determina que son bienes del Estado, salvo los derechos adquiridos:

“a) El álveo o cauce natural de las corrientes;

b) El lecho de los depósitos naturales de agua;

c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres;

d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;

e) Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares;

f) Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas”.

De lo anterior, colige la Sala que el Decreto-Ley 2811 de 1974, modificó las disposiciones del Código Civil —arts. 720 y 721— sobre el modo de adquirir la propiedad por accesión relativa al fenómeno del aluvión. En este sentido, reitera la Sala su jurisprudencia en el sentido de que el Código de Recursos Naturales modificó normas del Código Civil, lo cual se explica por la finalidad de la regulación ecológica que buscaba el Código de Recursos Naturales, de tal manera que asuntos que antes eran de la legislación civil pasaron a hacer parte de la legislación ambiental.

No obstante lo anterior, encuentra esta Corte que la demanda presentada en esta oportunidad se limita a acusar las disposiciones del Código Civil —arts. 719, 720 (parcial) y 721— sin demandar al mismo tiempo las disposiciones contenidas en las normas del Código de Recursos Naturales, que las modificaron tácitamente.

2.3. Por consiguiente, la Corte evidencia que al haber sido los artículos 719, 720 (parcial) y 721 del Código Civil modificados por disposiciones contenidas en el Código de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, Decreto-Ley 2811 de 1974, referentes al recurso natural del agua, disposiciones que no fueron demandadas en esta oportunidad, ello implica que la presente demanda no cumple con los requisitos de certeza y especificidad que se exige de los cargos de inconstitucionalidad que se formulen contra las normas acusadas, lo que impide a esta corporación pueda entrar a emitir un fallo de fondo sobre las mismas.

Así las cosas, los cargos no gozan de certeza y especificidad, por cuanto las acusaciones no se realizaron respecto de proposiciones jurídicas completas, presentes en el ordenamiento jurídico, y se atacaron normas que han sido modificadas por otros preceptos, sin demandar conjuntamente los contenidos normativos que modificaron las disposiciones acusadas. Por tanto, la Corte no puede entrar a pronunciarse de fondo respecto de enunciados normativos que han sido modificados, sin que éstos hayan sido demandados conjuntamente con los preceptos que las modificaron.

Por las anteriores razones, la Sala concluye que en el presente caso se configura ineptitud sustantiva de la demanda, razón por la cual esta Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo respecto de los artículos 719, 720 (parcial) y 721 del Código Civil.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de los artículos 719, 720 (parcial) y 721 del Código Civil.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Sentencia C- 1052 de 2001 Corte Constitucional.

(2) Ibídem. Respecto de los requisitos mínimos que deben tener los cargos véase las siguientes sentencias de esta corporación: C-918 de 2002, C- 150, C- 332 y C- 569, estas últimas de 2003.

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